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8M desde el pie: Las razones de un paro que se impone desde abajo

Desde Jujuy, Tucumán, la provincia de Buenos Aires y todo el país las mujeres se preparan para parar y organizan marchas e intervenciones en la calle de cara a un nuevo 8M. Cómo surgió esta revolución que reclama mejores condiciones de vida, menos violencia y acciones concretas y urgentes del Estado. Lo que se denuncia: las policías, las complicidades gubenamentales y la impunidad judicial. Lo que deja la pandemia. Y lo que brota desde abajo: una organización creciente ante los femicidios que no paran. Cómo serán las movilizaciones y lo que dicen las mujeres y disidencias y las familias de víctimas desde los territorios.
Por Inés Hayes y Melissa Zenobi
Un 8 de marzo de 2017 fue el primer año que en Argentina las mujeres y diversidades pararon. “Si nuestro trabajo no vale, que produzcan sin nosotras”, dijeron y se convocaron masivamente en plazas, calles y lugares de trabajo para hacerse escuchar. Venían de la experiencia que dejó el 19 de octubre de 2016, primer paro de Mujeres en nuestro país, luego del femicidio de Lucía Pérez.
Este lunes tendrá lugar el sexto paro, porque a pesar del tiempo y del cambio de Gobierno, las demandas del movimiento feminista siguen más vigentes que nunca. Con 66 femicidios en lo que va del año –según datos del Observatorio contra la violencia patriarcal Lucía Pérez-, el eje está puesto en seguir luchando contra la violencia machista en todas sus expresiones. Como en cada oportunidad, habrá paro, acciones y marchas en todo el territorio nacional producidas por el desborde que impulsa la urgencia y la necesidad.
“Estamos planteando reclamos relacionados con la violencia de género que padecemos las mujeres en Jujuy, por eso también el 8 haremos una presentación para pedir un jury al juez Pablo Martín Pullen Llermanos quien tuvo una participación directa en la vulneración de derechos de Marina Paniagua, otorgando la libertad a su femicida cuando había informes que mostraban el riesgo que implicaba para Marina”, explica Mariana Vargas, abogada de la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy, una provincia en la que los femicidios en pandemia encendieron todas las alertas. El lunes a las 17 se concentrarán en la plaza principal para volver a decir que el Estado y la Policía son responsables de los femicidios y pedirán una vez más la renuncia de Alejandra Martínez, presidenta del Consejo Provincial de la Mujer y la Igualdad de Género de Jujuy: “Entendemos que la omisión del Estado en lugares clave como el que ella dirige, hace que a las mujeres nos cueste la vida”, señala Vargas.
En la Ciudad de Buenos Aires, las mujeres y disidencias de la organización territorial La Dignidad movilizarán el martes 9 a distintas comisarías de la Ciudad. ¿Por qué eligieron plantar sus reclamos ahí? Lo explica Lucila González: “Las comisarías son el primer lugar que tenemos para ir cuando somos violentadas, y ahí muchas veces no nos toman las denuncias, o somos revictimizadas, descreen de nuestras palabras y relatos y somos violentadas una y otra vez. Vamos a acompañar la movilización al Congreso Nacional del 8 de marzo, pero también creemos que son necesarias las acciones concretas y directas en la calle y en las instituciones responsables”.
Responder con los pies
La semana pasada General Madariaga, una localidad bonaerense de 20 mil habitantes, fue noticia por el femicidio de Graciela Noemí Funes, asesinada a balazos por el oficial de policía Franco Mauricio Torres, cuando intentaba evitar que el oficial abusara de su hija. “Estamos preocupadas por el aumento de la violencia, pero también conmovidas porque cada vez somos más las mujeres y disidencias que se están sumando a la organización acá en Madariaga”, explica Celeste ladino, de la Multisectorial de Mujeres y Disidencias que nació de las celebraciones en la plaza local por la conquista que significó el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en diciembre pasado. “La multisectorial busca ser un nexo entre todas las personas y organismos del Estado que deberían intervenir para que no pasen estas cosas”, cuenta Celeste, luego de la multitudinaria movilización espontánea que se realizó el día del brutal femicidio de Graciela. “Todo el pueblo salió a la calle, eran cuadras de movilización”, detalla Celeste. Este 8M realizarán una jornada extendida en la plaza principal para debatir y reflexionar sobre las problemáticas que atraviesan a las mujeres y disidencias. También habrá una “feria consciente, autogestiva y feminista y música en vivo”.
“Hablar de barrio y organización es hablar de compañeras que cada día resisten y sobreviven en el hambre y la miseria, desde siempre”, señala desde Tucumán, Leonor Cruz, responsable del área de género de la Federación Nacional Territorial y miembro de la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Tucumán. Bajo la consigna “Trabajadoras somos todas”, este lunes las mujeres de los territorios van al paro: “porque luchamos y deseamos un presente sin estigmas, sin estereotipos, sin violencias. Para que dejen de matarnos, de violarnos, de golpearnos. Las mujeres de los barrios paramos por un país más justo y porque no nacimos para revolver la olla, nacimos para cambiar la historia y lo hacemos juntas y organizadas”, sintetiza Leonor.
Parar la olla
En medio de la pandemia, las mujeres del Centro Cultural y Comunitario al Pié del Cañón de Moreno, sintieron en carne propia que la violencia era una consecuencia inherente de la sociedad machista en la que se vive, que el encierro de las medidas de aislamiento, profundizó aun más. “Desde la olla popular veíamos que el confinamiento fue un detonante que se sumó al resto de las problemáticas que veníamos viviendo las mujeres y las disidencias”, dice Lorena Alderete y remarca el impacto que tuvieron la falta de respuestas de las instituciones del Estado. Sin embargo, el movimiento feminista de Moreno no estuvo quieto en pandemia: “Marchamos para denunciar estas situaciones de vulnerabilidad en que estamos la mujeres de los territorios cada vez que lo necesitamos”, dijo Alderete.
“Este 8 de marzo salimos a protestar por todas las mujeres de la economía popular”, agrega Liliana Condori, referente del MTE y de la UTEP Mujeres y diversidad. Es que en este tiempo de pandemia, fueron las mujeres de los territorios “quienes estuvieron en la primera línea, garantizando el alimento para las familias, a través de los merenderos y comedores comunitarios”, dice y lamenta que aún no sean reconocidas salarialmente como trabajadoras y que tampoco se las tenga en cuenta de manera prioritaria para el Plan de Vacunación. Condorí coincide que el aislamiento profundizó la violencia “porque muchas de ellas están conviviendo las 24 horas con su agresor, y pareciera que no hay justicia: los teléfonos de la línea 144 no atienden los fines de semana”.

Cuidar es un trabajo
“Llegamos al 8M con crisis sanitaria, pero ratificando desde todos los sectores que la calle es el lugar donde conquistamos cada uno de nuestros derechos y no la podemos abandonar aunque sabemos cómo nos tenemos que cuidar. A eso lo sabemos muy bien porque la gestión de la pandemia recayó en sectores feminizados”, afirma Clarisa Gambera, directora de Géneros y Diversidades de ATE Nacional y secretaria de Géneros de CTA A Capital Federal. “Estamos demandando derechos y salarios para todas, porque trabajadoras somos todas, tenemos compañeras que están situación de precariedad laboral, que cobran muy por debajo de la canasta básica”, señala Gambera y asegura que el tema de los femicidios es otro de los ejes fundamentales: “Quedó en evidencia que no funciona la justicia, no funcionan las fuerzas de seguridad ni las políticas públicas”. Advierte también que sacar de la precarización a quienes trabajan para erradicar las violencias es fundamental.
Cecilia Barros, del Movimiento Evita, agrega: “Llegamos con mucho dolor, bronca y angustia por la pérdida cotidiana de una compañera, de una mujer, de una madre, de una hermana. Venimos desarrollando un trabajo territorial extenso a lo largo y a lo ancho de todo el país con las promotoras territoriales contra la violencia de género. Nuestras compañeras acompañan en todo el proceso anterior y posterior a las denuncias porque solo de esa forma se generan abordajes integrales, entendiendo que para llegar a las instituciones oficiales, primero hay que reconstruir los tejidos comunitarios porque una de las características de la violencia machista es el aislamiento y económico”.
“El 8 vamos a pedir el reconocimiento económico e institucional de la tarea que realizan nuestras compañeras, quienes además de acompañar y sostener, ayudan a encontrar mecanismos en cooperativas, por ejemplo, para que las mujeres puedan sostenerse económicamente y puedan salir de las redes de la violencia”, agrega Cecilia.
Voz propia
Erica Bellini del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas dice a lavaca: “Llegamos a este 8 M luego de un contexto muy difícil por la pandemia, pero seguimos pensando cómo afrontar el sistema patronal que nos dejó el patriarcado en las fábricas recuperadas tratando de fortalecer una mirada crítica y reconociendo los comportamientos machistas y violentos de nuestros propios compañeros, viendo cómo se pueden trabajar sus masculinidades y sus prácticas y tratando de avanzar en un modelo que desde la autogestión nos tenga como protagonistas y no siendo habladas por nuestros compañeros”.
Las trabajadoras y disidencias del subte también llegan al 8M organizadas: “Hacemos hincapié en la necesidad de la redistribución de la riqueza para que podamos tener empleos genuinos, sin precarización y que tengamos una política integral de cuidados, que se valoren los trabajos dentro de nuestras casas que implican una triple jornada. Celebramos la conquista de la Ley Voluntaria del Embarazo y haber conquistado un Ministerio, pero entendemos que tenemos que seguir profundizando las políticas para que no haya femicidios, transfemicidios ni travesticidios, porque no queremos más muertes”, sintetiza Karina Nicoletta, trabajadora y delegada de las trabajadoras del subte.
Esenciales y desiguales
Este 8 de marzo también paran las trabajadoras de la salud, que no tuvieron ni un solo día de descanso durante 2020. “Deseamos y merecemos un mundo con más igualdad, sin estereotipos ni violencias, pero sin lucha no va a ser posible, por eso salimos a la calle una vez más. El año pasado quedaron expuestas de manera brutal las diferencias entre varones y mujeres: estuvimos al frente de los cuidados con sueldos menores al de los varones y esto nos demuestra que es necesario seguir trabajando en políticas públicas para frenar esta desigualdad. Seguimos diciendo que no hay equidad de género y que tenemos que seguir trabajando por erradicar la violencia en el mundo del trabajo. Reclamamos este 8 de marzo el fin de la violencia, porque la deuda sigue siendo con nosotras”, dice a lavaca Fernanda Boriotti, presidenta de la Fesprosa, federación que reúne a los y las trabajadoras de la salud de todo el país.
En un mundo cada vez más desigual, la CTA Autónoma está planteando la necesidad de una justa distribución de la riqueza con criterios igualitarios: “Terminar con las desigualdades no solamente supone, aunque es esencial, terminar con las desigualdades de género dentro de las organizaciones sindicales y del mundo del trabajo. Estamos dando las batallas dentro de nuestras organizaciones, pero el desafío tiene que ver con un debate profundo y una confrontación fuerte con el capitalismo. La distribución de la riqueza tiene que ser con criterios de igualdad y de equidad y todas las interseccionalidades que tiene la opresión en todo sentido”, afirma Claudia Baigorria, secretaria adjunta de esa Central.
Por qué paramos
Marta Montero, mamá de Lucia Pérez, la joven asesinada en Mar del Plata lamenta llegar a este 8M con 66 mujeres muertas en lo que va del año: “Estamos fracasando constantemente”, y explica por qué: “Si una mujer denunció, no se la tuvo en cuenta y después aparece muerta es porque el Estado sigue llegando tarde. Si no nos hacemos cargo de esto, si siempre es algo que le pasa a otro, es muy difícil revertir esta situación. Necesitamos que cuando una mujer denuncia no se la encierre en un refugio, sino que se encierre al violento, que es el responsable. El que está decidido a hacer mal, lo va a hacer. Por eso el seguimiento debe ser con él, no con la mujer que denuncia. Falta compromiso, políticas sociales, un Estado presente, una justicia que funcione y que no tenga que esperar años por justicia. Luchamos para que no nos maten a nosotras. Por eso seguimos en la calle, por eso salirnos y seguimos andando”.
Zulma, de la organización Mujeres al Oeste que desde hace tantos años teje en los bordes bonaerense solidaridad feminista, sintetiza: “A las mujeres nos falta todavía cambiar muchas cosas. En primer lugar, cambiar el mundo. Lo estamos haciendo de a poco, con la revolución cotidiana del feminismo. Nos falta, también, mejorar el boceto del mundo que queremos hasta trazar un cuadro con más detalles. Nos falta mucho, entonces, para lograr que tratemos a este mundo de otra manera, para sentirnos parte de él sin explotarlo, maltratarlo ni violentarlo. Eso es fundamental. Nos falta transformar en bienes comunes todo lo que hoy en día está usurpando el capitalismo. Nos falta no solo voltear al patriarcado, porque solo no se va a caer, sino también al capitalismo. Nuestra lucha no se trata ya de conquistar derechos sino de construir otro: un mundo feminista”.
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Lucía Pérez: la lucha para que al femicida Matías Farías no le bajen la condena

(por Evangelina Bucari desde Mar del Plata, para lavaca)
Casi una década después del crimen que conmocionó a la Argentina y dio origen al primer Paro Nacional de Mujeres, el caso de Lucía Pérez enfrenta un nuevo capítulo judicial y otra instancia de revictimización para su familia, que ya atravesó todo tipo de maltratos en la búsqueda de justicia por el narcofemicidio de su hija de tan solo 16 años. (Foto de portada, Marta Montero y Guillermo Pérez, padres de Lucía, junto al abogado Juan Pablo Gallego)
En los tribunales de la calle Almirante Brown, en Mar del Plata, se lleva adelante una audiencia de cesura, un proceso de dos jornadas para determinar una nueva pena para Matías Farías, condenado por femicidio pero beneficiado el año pasado por un polémico cambio de carátula que hora le permitirá recibir una sentencia significativamente más baja que la prisión perpetua que cumplía.
Tras un primer día (el miércoles 29 de abril) marcado por las declaraciones testimoniales que buscaron trazar el perfil del condenado y el impacto del crimen, la segunda jornada estará centrada en los alegatos finales de las partes.
El eje de la controversia radica en un fallo de 2025 de María Florencia Budiño y Víctor Violini, integrantes del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, quienes resolvieron que el asesinato de Lucía no constituyó un femicidio, sino un “abuso sexual agravado”.
Esta reconfiguración del delito tiene consecuencias directas en la condena: mientras que el femicidio conlleva prisión perpetua, la nueva carátula reduce el rango de la pena a un espectro de entre 8 y 20 años de prisión.
La querella, encabezada por el abogado Juan Pablo Gallego, adelantó que tanto la fiscalía como ellos pedirán la pena máxima posible. Sin embargo, aclaró que también plantearán una vía alternativa: “De manera subsidiaria, vamos a sostener la figura de femicidio, porque entendemos que la orden de Casación ha quedado abstracta”.
Sobre lo ocurrido en la primera jornada, el abogado destacó que “solo declararon los padres de Lucía”, y que Marta Montero, la madre, “tuvo una posición muy categórica, responsabilizando al Estado por el daño que viene padeciendo la familia”.
Gallego también cuestionó con dureza a la defensa: “Presentaron dos testigos falsos que terminaron en un papelón, en un contexto de muchísimo agravio hacia la víctima”. Pese a ese escenario, aseguró que la querella se retiró conforme con el desarrollo de la audiencia y con expectativas de cara a los alegatos finales.
En medio de esta tensión, la causa sumó otro giro relevante. Juan Pablo Offidani, condenado como partícipe secundario, vio revocada su libertad condicional hace apenas unos días. La Cámara de Apelación y Garantías hizo lugar al recurso del fiscal y la familia, y determinó que no se cumplían las condiciones para su excarcelación.
Offidani, quien inicialmente había sido beneficiado con la libertad tras pasar nueve años detenido, ahora deberá someterse a un régimen de semilibertad estrictamente supervisado, con salidas diurnas limitadas y la prohibición absoluta de acercarse a menos de 200 metros de la familia Pérez Montero.

En la puerta del juzgado, familiares y manifestantes con el abogado Juan Pablo Gallego, que explica:“Estamos ante un caso en el que, por motivos que se desconocen o por relaciones de poder, se busca beneficiar a una persona claramente identificada como autor de un crimen que el Código Penal define como femicidio”.
Ni un paso atrás
La defensa de la familia Pérez Montero advirtió que si el tribunal local no convalida la gravedad del crimen y el perfil peligroso del condenado, recurrirán a la Corte Suprema o incluso a instancias de justicia internacional.
En cuanto a los fundamentos del fallo que modificó la calificación del caso, Gallego fue contundente: “En casi todos los párrafos, la propia Casación reconoce que se trata de un delito en un contexto de violencia de género, por lo que no se entiende el motivo de haber descartado el femicidio”.
En esa línea, vinculó la decisión con una coyuntura política específica: “En ese momento –señaló– se hablaba de eliminar la figura del Código Penal, cosa que finalmente no ocurrió”. De todos modos, se mostró confiado en que esa interpretación pueda revertirse.
Fue enfático en afirmar que desde la familia “no vienen a inventar una verdad”, sino a mostrar que los hechos probados encajan perfectamente en la figura que intentó “borrar” la Cámara de Casación. “En la audiencia de cesura volvió a quedar acreditado, como en todas las resoluciones y los juicios, que inequívocamente existió femicidio”, remarcó el abogado. Por eso, consideró que “estamos ante un caso en el que, por motivos que se desconocen o por relaciones de poder, se busca beneficiar a una persona claramente identificada como autor de un crimen que el Código Penal define como femicidio”.
Marta, que desde el día uno no dejó de luchar por su hija y “por todas las Lucías”, tiene una pregunta muy sencilla para hacerle a la justicia: “Si lo que le hicieron a Lucía no es femicidio, ¿entonces qué es?”.
Cronología de 10 años de impunidad y lucha
2016: Lucía es drogada, violada y asesinada el 8 de octubre. Las pericias forenses confirmaron que la última penetración anal infligida a Lucía ocurrió mientras ella agonizaba. Tenía rastros de drogas en su sangre.
2018: un primer juicio «misógino» absuelve a Matías Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel, los tres implicados en la violación y el femicidio de Lucía, condenándolos solo por venta de drogas.
2020: Casación anula ese juicio por contener «intolerables prejuicios de género».
2023: en un segundo juicio, Farías es condenado a perpetua por femicidio. Y Juan Pablo Offidani recibió la pena de 15 años de prisión por resultar partícipe secundario del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes, y Alejandro Maciel, no recibió condena porque había fallecido en 2020.
2025: Un nuevo fallo de Casación “borra” el femicidio, e impone una audiencia de cesura para revisar la condena de Farías.
29 y 30 de abril de 2026: se desarrolla la audiencia de cesura.
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Cecilia Basaldúa: su cuerpo, en una fosa común

Por Bernardina Rosini para lavaca.org
Desde Córdoba
Bajo la lluvia, debajo de un árbol, rodeados de las personas que los acompañan desde el femicidio de Cecilia Basaldúa, hace 6 años, sus padres hicieron una conferencia de prensa que no tendría que haber sido necesaria. Susana Reyes y Daniel Basaldúa debieran estar viviendo esta jornada de otro modo. Debieran poder decirle a su hija que la extrañan pero que lograron hacer justicia, que descanse en paz. En cambio, están parados en el cementerio de San Vicente de Córdoba Capital, en una ciudad que no es la de ellos, sin saber con certeza si el cuerpo que está allí es el de Cecilia.
Este sábado se cumplen seis años desde que apareciera el cuerpo de Cecilia Basaldúa en un codo de río de Capilla del Monte. Tenía signos de abuso sexual y estrangulamiento. Llevaba veinte días desaparecida. Era la peor noticia que podían recibir sus padres. Hoy reciben otra: Cecilia está enterrada en una fosa común, junto a desconocidos (según el reporte que les entregaron se tratan de “Silvia Becerra” y “Eduardo Arce”) en este cementerio. Nadie les avisó. No fueron notificados. No estuvieron presentes. No dieron su autorización.

«A nosotros nos mataron a nuestra hija y queremos justicia», dice Daniel. «Debe haber responsables, debe haber firmas, nombres de quienes han autorizado esto. Se tiene que encargar la misma justicia de dar con el o los asesinos pero también de los responsables de estos traslados del cuerpo. Ya sé cuál es su argumento: que nosotros sabíamos, y lo digo de nuevo acá: nosotros no sabíamos nada».
Susana apunta a los próximos pasos: «Queremos un ADN. Nosotros no tenemos la certeza de que allí está enterrada Cecilia. Es una incógnita».
Un cuerpo desaparecido
La abogada querellante Gisela Videla explicó lo que esa incógnita significa en términos jurídicos y humanos: «Desde una perspectiva de derechos humanos, el cuerpo de Cecilia, hasta que no se sepa efectivamente dónde está, es un cuerpo que está desaparecido. Si hoy nos dicen que en la morgue ya no está y estaría supuestamente acá, pero con una cadena de custodia rota, no sabemos efectivamente: el cuerpo de Cecilia está desaparecido hasta que se haga este ADN». Y agregó: «Desde el punto de vista humano, es una crueldad manifiesta y sistemática que se viene dando para con estos padres. Sigue siendo un ninguneo y un manoseo de una situación tan dolorosa como es la de perder a una hija y a seis años que no haya ni una persona imputada en relación al hecho en sí».
Para entender cómo se llegó hasta acá hay que volver a noviembre de 2021. Antes de que comenzara el juicio que finalizaría absolviendo a Lucas Bustos, la querella presentó por escrito su oposición explícita a que el cuerpo fuera retirado de la morgue judicial. La familia quería avanzar con pericias más exhaustivas. El escrito quedó en el expediente. El cuerpo fue enterrado igual.
La familia no supo nada de esto hasta octubre de 2024, en una reunión con la actual fiscal de la causa, Sabrina Ardiles –la cuarta en hacerse cargo de una investigación que pasó también por Paula Kelm, el fiscal de Cámara Sergio Cuello, Barrera y Nelson Lingua–. Ardiles les mostró un papel, un comunicado. El cuerpo de Cecilia no estaba en la morgue judicial como ellos suponían desde hacía cinco años.
Cuando la fiscal habló públicamente sostuvo que la familia había sido notificada. La abogada querellante Daniela Pavón lo desmintió: el oficio estaba en la causa desde noviembre de 2021, pero la querella no tuvo acceso al expediente de Bustos desde su elevación a juicio. No existieron las varias notificaciones que mencionó Ardiles. El cuerpo de Cecilia Basaldúa fue inhumado sin autorización, sin consentimiento, y en condiciones que los propios trabajadores del cementerio calificaron hoy como «extrañas».

¿Quién mató a Cecilia?
Cecilia no murió una sola vez. La mató uno o varios femicidas que todavía caminan libres. La mató una fiscal que apuró el cierre de la investigación, mantuvo en prisión dos años a un joven inocente y puso la firma para que se desarrollara lo que terminó siendo un simulacro de proceso judicial. La mató un sistema que apostó durante años a fiscales que demoraron, desgastaron y clausuraron posibilidades reales de avance en la causa. La mató la burocracia que perdió el oficio, o lo ocultó, o simplemente decidió que no importaba notificar a sus padres que el cuerpo de Cecilia sería retirado de la morgue y enterrado. Cada institución que intervino en esta causa dejó su marca sobre ella. Una cadena de violencias. Una cadena de femicidas.
Además de los cuatros fiscales, el cuadro de estos seis años es éste:
- Cuatro policías presos por violencia de género, entre ellos quienes dirigieron la búsqueda y la investigación original.
- Un imputado absuelto porque las pruebas no existían.
- Un sospechoso principal -Mario Mainardi, la última persona que alojó a Cecilia en Capilla del Monte- que vendió sus pertenencias, borró mensajes, pintó la casa donde ella se hospedaba (donde se registraron once muestras positivas de luminol) y se mudó a Rosario: libre, sin imputación, sin investigación que lo alcance.
- Y un cuerpo enterrado sin autorización, en una ciudad que no es la de su familia, en una fosa que no eligieron.
La Ley de Víctimas 27.372 existe para que nada de esto ocurra: garantiza el derecho a ser asesorado, a acceder a la justicia, a recibir protección y a ser escuchado durante todo el proceso penal. El Estado cordobés la violó en cada uno de esos puntos tal vez porque se entrena para lo contrario.
Al cerrar la jornada en el cementerio, Daniel y Susana repitieron el profundo agradecimiento a quienes siempre los acompañan, “la familia Basaldúa ahora es grande, y yo sé que Cecilia nos está dando fuerza, está por ahí dándonos fuerza”. Gran número de las mujeres presentes vinieron desde Capilla del Monte, traen su rostro y gritan “Cecilia Gisela Basaldúa, ¡Presente! ¡Ahora y Siempre!”
Este sábado la actividad continuaba en Capilla del Monte donde la Mesa de Trabajo «Justicia por Cecilia» convocó una movilización “por Memoria, por Verdad y Justicia, y para que los culpables de su femicidio sean condenados”.
La semana que viene, sus abogadas harán una presentación judicial para determinar responsabilidades en torno a las órdenes que se dieron para sepultar sus restos sin consultar a la familia.

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Adiós a Claudia Rodríguez: la Trans andina que propuso politizar el amor

Referente del movimiento trans latinoamericano, activista, poeta, escritora y tanto más, escribió sobre su infancia, la militancia trans, la vida sexual y se autoproclamó Miss Sida en 2007. Claudia Falleció este 29 de Noviembre. Su pelea incluyó al pueblo mapuche, la educación pública, los sin techo, y planteó siempre una filosa crítica al neoliberalismo, que quita posibilidades de vida y las transforma solo en posibilidad de consumo. En uno de sus viajes a la Argentina compartió con la revista MU sus ideas sobre el orgasmo, el feminismo sin resentimiento, la creación, y por qué hay que politizar el amor. Un modo de homenajearla, de recordarla, y a la vez de volver a estar en contacto con un pensamiento y una acción que dejan una sensible huella cultural, artística y política.
Por María del Carmen Varela
Foto: Lina Etchesuri

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