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El juicio al revés

Publicada

hace 2 años

28/07/2022

La madre de la víctima y la del acusado, contra la impunidad. Lucas Bustos, único imputado por el femicidio de Cecilia Basaldúa, fue absuelto el 1º de julio. La decisión fue celebrada por la familia de la víctima que consideraba a Bustos inocente, o “perejil”. Tras el veredicto la madre de Cecilia dio un fuerte abrazo a la madre del acusado. MU las reunió en esta nota. Lo que las une: la lucha contra la impunidad, la complicidad policial y de la fiscalía, que deberá ser investigada. Y lo que resta para saber el trasfondo del crimen y que exista verdadera justicia. Por Bernardina Rosini.

El juicio al revés — Dos Susanas: las madres de Cecilia y Lucas. Fotos: Bernardina Rosini

Las dos tienen casi la misma altura, son pequeñas, menudas. Tienen, también, el mismo nombre: Susana. Una de ellas cuenta que su nombre se refiere a la alegría. Busco, es verdad: alegría y flor de loto, flor que sobrevive en entornos difíciles, en el agua pantanosa.

Agua turbia. Justamente el codo de río donde encontraron el cuerpo de Cecilia Basaldúa no es un lugar donde se vaya a pasear, a darse un baño. Cecilia estuvo desaparecida 20 días en Córdoba, donde había decidido asentarse después de un largo recorrido por Latinoamérica, para escribir un libro sobre esa experiencia viajera. En medio de la pandemia, el 25 de abril de 2020 su cuerpo sin vida apareció con signos de abuso sexual y estrangulamiento.

Sus padres, Daniel y Susana habían viajado a Capilla del Monte el día anterior para participar de las actividades de búsqueda y presenciar los operativos. La fiscal a cargo de la investigación del crimen era Paula Kelm. La familia denuncia que se encargó desde el primer momento de manipular la causa: los testimonios, las pruebas, las líneas de investigación. La última persona que la vio con vida, Mario Mainardi, dueño de la casa donde Cecilia se estaba alojando, no fue investigado como sospechoso. Sin embargo, pudo averiguar la familia Basaldúa, él regaló y vendió pertenencias de Cecilia en los días siguientes; en su casa dieron positivo once puntos de luminol -sustancia que revela la presencia de rastros de sangre-; borró los mensajes de su celular; pintó la casa; y se mudó repentinamente a Rosario.

Susana, mamá de Cecilia, pidió desde el primer momento que se lo investigara, y a través de él, que se haga justicia, y también verdad. Por eso está sentada junto a otra Susana, la mamá de Lucas Bustos, el joven que fue detenido por la fiscal, aun cuando la única prueba en su contra era el testimonio de oficiales de la policía que dijeron que lo habían escuchado confesar el crimen. La fiscal no esperó resultados de pruebas de ADN ni obtener algún otro indicio que demostrara siquiera algún encuentro entre Lucas y Cecilia. Cerró la investigación y la elevó a juicio. La familia de Cecilia no acompañó la acusación, entonces esta historia empieza con lo insólito: un juicio en el que la querella y la defensa estaban de acuerdo. Y del otro lado, la impunidad.

Susana Villarreal nació en Córdoba capital hace 67 años y cuando pisaba los 30 se trasladó a unos 100 kilómetros, a las afueras de Capilla del Monte. Vive camino a Los Mogotes, una zona rural a la vera del río Calabalumba. Allí, con su marido crio a sus nueve hijos. Cuenta todo esto mientras la jornada final del juicio que tiene como único imputado de homicidio a su hijo menor se toma un receso. Está acompañada de sus hijas, al igual que en las jornadas anteriores; discreta, siempre silenciosa, de mirada gentil.

El juicio llevó exactamente dos meses: se inició el pasado 3 de mayo. Desde ese entonces venía sucediendo lo que se esperaba de este proceso: la exhibición de la debilidad de las pruebas que sostienen la acusación contra su hijo Lucas Bustos; y las irregularidades de la investigación que encabezó, en general, la fiscal Paula Kelm.

Dice que no cree en la justicia, mucho menos en esta fiscal: la misma Kelm que cerró la investigación con Lucas como único sospechoso, ya metió preso a su hijo mayor por un supuesto robo de celular que, asegura la madre, no se cometió. “Sigue preso, sí. Yo sé que no fue él. Tenía trabajo estable, tenía un sueldo. No va a entrar a una casa para robar un celular. No somos gente violenta, para nada. Conozco a mis hijos: sé que Lucas es incapaz de matar a alguien”, dice a MU.

Lucas tiene 24 años, es peón de albañil y ayudaba a su hermano en la construcción de su casa al momento en que la policía fue a buscarlo. No habló en todo el juicio: solo cumplió con la formalidad de dar sus datos biográficos al Tribunal en la sesión de apertura y responder aquellas preguntas que los jueces hicieron “con el fin de conocerlo”: consultaron sobre sus consumos de alcohol y sustancias. La siguiente pregunta fue si era beneficiario de algún plan social. Y eso fue todo.

La libertad perdida

Susana Reyes tiene 65 años, nació en Salta. A los 19 años se mudó a Buenos Aires. Habla de una infancia maravillosa, dice que la fuerza que tiene se debe a que creció feliz en su tierra norteña. Tuvo cuatro hijos; Cecilia Basaldúa, la mayor.

Trabaja en el Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires, pero cuando los niños eran pequeños, era cajera en un supermercado. Por entonces imaginaba la infancia de sus hijos en la ciudad: quería que tuvieran actividades. Probó con clases de baile, pero a Cecilia no le interesaba bailar. Una tarde de verano la vio en el patio repetir los movimientos de una película de arte marcial y acto seguido la anotó, a sus 8 años, en clases de Taekwondo. A los 15 Cecilia ya ostentaba el cinturón negro de la disciplina. Después vino el hockey sobre césped y hielo. En esta última modalidad llegó a integrar la Selección Argentina. “Era ágil como el viento”, describe su madre. Con la Selección viajó a México a competir y decidió quedarse para iniciar un viaje por Latinoamérica. Así, la deportista devino mochilera.

Susana siempre alentó a que Cecilia explorara sus facetas, “que vaya hacia donde quisiera ir”. Cecilia se lo agradecía cada tanto, a la distancia, a través de mensajes de Facebook. Podía compartir con su mamá lo que se iba encontrando, el mundo que la sorprendía. Cinco años recorriendo pueblos, ciudades, montes, islas y ríos… Quería tomarse un tiempo y escribir un libro sobre esa experiencia. Con ese objetivo se fue a Capilla del Monte en marzo de 2020, donde la agarró la pandemia.

“El último mensaje que le envié a Cecilia fue una oración de la Virgen de Guadalupe, la virgen mestiza de origen mexicano, al iniciar su viaje me envió un rosario de la virgencita”, dice su mamá.

Ese mensaje no tuvo respuesta.

En Capilla

La desaparición y muerte de Cecilia ocurrió en un momento particularmente desfavorable: recién declarada la pandemia y decretado el aislamiento obligatorio. Inmovilidad y recursos dispuestos a un único efecto. Desprotección, dificultad para comunicarse, para trasladarse. Miedo y confusión. El accionar de la fiscal Paula Kelm y del cuerpo policial local se evidenciaba antojadizo e impune. La fiscal no sintió necesidad de recorrer el terreno del caso que investigaba; la policía judicial no intervino y la policía local se ocupó del procedimiento. A su manera.

“La investigación la dirigía yo”, alardeó el comisario Diego Bracamonte a la hora de dar testimonio. Unos días después el juicio entró en una pausa por la presentación de las abogadas de la familia Basaldúa de una prueba considerada “trascendental”: a pocos días de la desaparición de Cecilia y a 600 metros de donde se halló finalmente su cuerpo, una familia denunció ante la policía de Capilla del Monte que había encontrado en una casa deshabitada que es de su propiedad una habitación con manchas de sangre en la cama, un colchón, sábanas y hasta un velador. Realizaron la denuncia y, comandada por Bracamonte, la policía se acercó y tomó muestras. Pero la fiscalía no dio curso a la investigación y los análisis sobre las muestras nunca se hicieron.

Susana, la mamá de Lucas, recuerda esa mañana temprana en la que tres patrulleros llegaron a su casa. Los policías preguntaban si habían visto a alguien sospechoso por aquella zona. Allá, tan distantes del pueblo, los Bustos no habían visto nada raro. A la tarde la policía regresó para, supuestamente, tomar una declaración formal y dejarla asentada en la comisaría. Se llevaron a dos de los hermanos: Santiago y Lucas.

“Mi hijo menor es mi tesoro, lo dejaron detenido y yo no podía verlo. Su hermano me contó temblando que escuchaba desde otra habitación de la comisaría los golpes que le daban. Pretendían que reconozca algo que no había hecho”, relata.

Lucas estuvo dos años preso.

Mientras tanto, el director provincial de Defensa Civil, Diego Concha –funcionario de larga trayectoria local– renunció y quedó detenido inmediatamente por una denuncia de abuso sexual a una joven bombera que posteriormente se quitó la vida. Se sumó a la denuncia de una ex pareja que señaló que le había gatillado un arma en la cabeza en medio de una discusión. Recientemente se solicitó se coteje el ADN de Concha por el caso de un femicidio ocurrido en 2015.

Otro de los policías involucrados en la investigación, el oficial Ariel Zárate, testificó de manera virtual en el juicio por encontrarse detenido en otra causa, por “robo, lesiones leves calificadas y privación ilegítima de la libertad” a una joven de 21 años.

Mientras esta nota se escribe, el comisario inspector Diego Bracamonte fue desplazado de sus funciones y se pide su procesamiento por encubrimiento. Días atrás falleció un hombre de 36 años en el vestíbulo de la comisaría de La Falda: se publicaron videos de agentes policiales dándole una golpiza a ese hombre que padecía un brote psicótico.

En Capilla del Monte se repite: no son casos aislados. Se trata de una red de impunidad que funciona regionalmente, en sintonía con la fiscalía.

La fuerza y la presencia

Hay distintas formas de concebir la fuerza. Amador Fernández Savater escribió un libro llamado La fuerza de los débiles motivado por la pregunta sobre aquellos movimientos que no teniendo el poder, la superioridad numérica, los recursos, la estructura, sin embargo logran incidir, generar un cambio e incluso vencer a los poderosos.

¿Cómo ellas pudieron lograr atravesar el sistema policial y judicial corrupto de Punilla, sortear un proceso trucho y liberar a Lucas tras dos años preso injustamente? Amador señala que la fuerza de los débiles radica en el plus de fuerza que otorga, como base, la activación de lo propio. Cuando uno pelea por sí mismo, para sí mismo y por los suyos. Por otro lado, la potencia de la sensibilidad, de la solidaridad, de la empatía: el otro me importa. Esto sostenido por los vínculos, que acogen, sostienen y apoyan.

Y los padres de Cecilia lo han tenido claro: localmente conformaron “La Mesa de Trabajo por Verdad y Justicia por Cecilia Basaldúa”, además son parte del grupo “Familiares Sobrevivientes de Femicidios” con quienes se reúnen mensualmente en Plaza de Mayo para compartir experiencias, información, sentires, la visibilización de los casos y las demandas al Estado.

Los días que duró el juicio, en las afueras de los tribunales de Cruz del Eje hubo acampe feminista, olla popular, batucada, performances y radio abierta.

Susana Villarreal, horas antes del veredicto dijo que dejaba la suerte de su hijo en manos de Dios, que para ellos la justicia no está, pero sí puede estar la protección del cielo. Mientras lo decía las puertas de Tribunales temblaban: son bombos, cantos, bailes y golpes sobre las ventanas. “Ahora, ahora, resulta indispensable, justicia por Cecilia, el Estado es responsable”.

Al concluir los alegatos finales, la madre de Cecilia quiso decir unas palabras. La sangre india de la que se jacta hizo lo suyo. Señalando al fiscal Sergio Cuello planteó: “Esto fue un mamarracho. Sostuvo el pedido de perpetua para un joven inocente, sin tener pruebas. Nunca las tuvieron. Faltó a su palabra, prometió que iríamos hacia la verdad. Voy a pedir un juicio político para vos”.

Hay, también, distintas formas de concebir la muerte. Esta fue una. Susana Reyes cuenta que practicar yoga le ayuda mucho: años atrás la había sacado de una depresión por la pérdida de su padre. Que por la pandemia, las clases se hacen en la plaza. Que se acuesta, respira, mira moverse el verde allá arriba. Cierra los ojos, inmóvil como una montaña. Siente, de pronto, la presencia de Cecilia.

Qué nos revela la palabra femicidio y por qué es necesario recordarlo hoy

Jorge Nawel: modo mapuche

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102 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez

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hace 5 días

01/05/2024

En lo que va del año el Observatorio Lucía Pérez, primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal, registró 102 femicidios y travesticidios en todo el país. Durante el último mes fueron 13 femicidios y un travesticidio: el de Dámaris Julieth León Guamán, en el barrio porteño de Almagro, 38 años. El asesinato de Damaris generó movilizaciones: fue una de las 118 marchas que se registraron durante el año; practicamente una por día.

102 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez

Como resultado de los 102 femicidios y travesticidios se registraron además 65 huerfanxs por femicidios.

Además, en lo que va del 2024, se registraron 75 tentativas de femicidios.

Y llevamos 1174 días preguntándonos ¿dónde está Tehuel de la Torre?

No son cifras:es la cartografía de la violencia patriarcal.

El Observatorio Lucía Pérez es una herramienta de análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca. Se elaboran una serie de padrones que compartimos en la web de manera libre, los cuales comenzaron a confeccionarse en talleres que realizamos con víctimas de violencias, familias sobrevivientes de femicidios, organizaciones sociales y activistas del movimiento trans. Los datos así recogidos, sumados al seguimiento de lo publicado en medios de todo el país, son luego chequeados y precisados con fuentes judiciales y periodísticas.

Todo la información que producimos es de público y libre acceso en en www.observatorioluciaperez.org

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Nota

4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas

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hace 1 semana

26/04/2024

La familia de la joven asesinada en Capilla del Monte volvió a viajar de Buenos Aires a Córdoba para reclamar que se asigne urgentemente un fiscal en la causa y que se investigue su femicidio. Hace 4 años el cuerpo de Cecilia fue encontrado luego de estar 20 días desaparecido; su familia denuncia una trama local que involucra a la última persona que la vio con vida, el ex boxeador Mario Mainardi, jamás investigado, y la complicidad de la justicia de Cruz del Eje, representada por Paula Kelm, que buscó inculpar a un perejil. Gracias a la lucha familiar se logró anular esa línea de investigación, que culminó en un juicio nulo, pero desde entonces no se retomó la instrucción; y pese a que en diciembre se anunció que un nuevo fiscal tomaría la causa, eso no sucedió, y las dilaciones siguen. Crónica de una nueva reunión con promesas y sin hechos, cuando la impunidad se hace cada vez más grande y el reclamo, también: “Verdad y justicia para Cecilia Basaldúa”.

Por Bernardina Rosini

Daniel y Susana, padre y madre de Cecilia Basaldúa ya perdieron la cuenta de las veces que han viajado desde la ciudad de Buenos Aires a Córdoba con el único objetivo de lograr justicia por su hija. Han perdido esa cuenta pero no la cantidad de días que contabiliza la impunidad: 1460, es decir, cuatro años.

En efecto, hace cuatro años (el 25 de abril de 2020) encontraron el cuerpo de Cecilia Gisela Basaldúa en un codo del Río Calabalumba en Capilla del Monte, luego de veinte días de estar desaparecida. Cuando Daniel y Susana llegaron ayer a los Tribunales en Córdoba Capital, se los ve invadidos por la bronca y el hartazgo. Son cuatro años sin Cecilia y a la par sostienen que las líneas de investigación han sido deliberadamente manipuladas y el material probatorio de contundencia, ignorado.

La última vez que estuvieron parados sobre esa vereda fue el pasado 7 de diciembre, tras reunirse con el Fiscal General Juan Manuel Delgado. Celebraban la noticia: “Tenemos fiscal, vinimos con 3.000 firmas de apoyo pidiendo fiscal y lo tenemos. Es el Nelson Lingua y comienza el 1° de febrero, después de la feria judicial”. Cinco meses después, otra vez viajan 700 kilómetros para golpear la puerta del Palacio de Justicia pues tal designación no sucedió y la causa acumula once meses sin fiscal a cargo de la instrucción.

4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas — Daniel Basaldúa y Susana Reyes, papá y mamá de Cecilia: viajaron desde Buenos Aires para mantener una reunión y reclamar justicia por su hija.

El baile del fiscal

Mientras los Basaldúa llegaban el 25 de abril nuevamente a Córdoba para pararse frente a Tribunales y exigir justicia, fueron notificados que la Fiscal General Adjunta Bettina Croppi los convocaría a una reunión.

Antes de ingresar al edificio Daniel comparte la situación actual de la causa “Nos vienen diciendo que no designan fiscal porque falta una firma: me cuesta creerlo. No puedo hacer nada más que venir y reclamar. Hasta ahora la única justicia que logramos fue que no metan preso a un inocente”.

Hoy le cuesta hablar; tiene un nudo en la garganta y el rostro de su hija estampado sobre el pecho. “Sólo espero que esta investigación vaya tras los verdaderos sospechosos, tras Mario Mainardi, última persona que vio a Cecilia con vida, quien tenía pertenencias de ella y las regaló; la policía y la fiscal Paula Kelm contaban con ésta y más información y nunca lo investigaron. No podemos creer que Mainardi, que dijo trabajar en Uber porque no podía acreditar ingresos, tenga más poder que Diego Concha, quien fue durante décadas Director de Defensa Civil de la provincia y sin embargo hoy está preso”.

Daniel pasa lista de todos los uniformados que participaron del caso y que hoy se encuentran desplazados, procesados o presos por distintas causas: el común denominador es la violencia de género.

Mientras las abogadas ingresan junto a los padres de Cecilia a la reunión, afuera les esperan periodistas, agrupaciones feministas, trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos y familiares víctimas de violencia institucional. Repiten el colgado de banderas, los carteles con rostros de otras víctimas, y los cantos que se recitan como mantras: “¡¡Queremos fiscal, queremos fiscal, queremos fiscal!!” y “¡¡Justicia, justicia, justicia!!”.

Al salir, Giselle Videla -una de las abogadas de la familia- comparte lo conversado en la reunión: “Para iniciar nos han pedido disculpas puesto que en noviembre nos dieron la seguridad que tendríamos fiscal apenas finalizada la feria judicial. Como hoy no hay fiscal, y están subrogando fiscales de otros territorios que toman la causa por un plazo corto de tiempo, el avance es mínimo. Nos informaron en relación a esta situación que la designación de Nelson Lingua espera la firma del gobernador, Martín Llaryora. Ahora bien, nos enteramos que será designado como Fiscal reemplazante, y no como Fiscal titular puesto que Lingua no ha rendido el concurso que lo habilita para ese cargo; debe rendirlo ahora y recién en julio- agosto podremos saber si será finalmente el fiscal titular de la causa”.

Para que se entienda: desde que el tribunal absolviera a Lucas Bustos en julio del 2022 reconociendo su inocencia y su no vinculación al crimen, y ordenara una nueva instrucción para dar con los responsables del femicidio, la causa demoró meses en ser asignada a un fiscal. Luego recaería en el Dr Raymundo Barrera de Cruz del Eje, fiscal que, hábil con el calendario, entre feria judicial y licencias llegó a junio del 2023, mes en el que se jubiló.

Por la presión de la familia Basaldúa, en diciembre el mismísimo Fiscal General anunció la designación del Lingua el 3 de febrero; eso no sucedió y no hay certeza de que Lingua resulte el fiscal que definitivamente dirigirá la instrucción, puesto que no cumple con los requisitos.

Preguntas sin respuesta

Es mediodía y el cielo se refleja en las ventanas del edificio neoclásico de la calle Caseros; da la impresión que adentro estuviera vacío, que sólo es una fachada. “Hoy, 25 de abril se cumplen cuatro años de la aparición del cuerpo sin vida de Cecilia Gisela Basaldúa” lee Susana de la pantalla de su celular; ella también lleva una remera con el rostro sonriente de su hija. Sigue:

“Cuatro años de impunidad y de violencia sistemática por parte del Poder Judicial a quienes pedimos y exigimos justicia por ella. La causa volvió a foja cero en el 2022 luego de pasar por un juicio vergonzoso.

El tiempo pasa y los asesinos de Cecilia siguen libres e impunes. No tenemos fiscal ni respuestas” y continúa “¿Cómo vamos a llegar a la verdad? ¿Qué fue lo que pasó con Cecilia? ¿Por qué tardó tanto en aparecer? ¿Dónde está Mario Mainardi? ¿Por qué la fiscal Paula Kelm ordenó tan rápidamente detener a un joven sin tener pruebas? Todas estas preguntas nos conducen una y otra vez a un círculo cerrado de impunidad entre funcionarios judiciales que se jactan en demostrar un abuso de poder constante”.

La carta leída en la vereda, casi sobre la calle, concentra todas las preguntas que la investigación del femicidio debiera responder.

Y la carta también cierra como se espera que cierre la investigación: “Verdad y Justicia para Cecilia Basaldúa”.

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91 femicidios y ninguna respuesta

Publicada

hace 1 semana

25/04/2024

“Nosotras, familias sobrevivientes de femicidios nos dirigimos a usted para solicitar con respeto y esperanza una audiencia” dice la 2ª carta del colectivo que nuclea a familiares de todo el país, dirigida a Javier Milei. Este 8 de abril las Familias Sobrevivientes de Femicidios se reunieron en Plaza de Mayo, como todos los primeros lunes de cada mes, mientras el mundo seguía el eclipse de sol. Denunciaron en un documento –también presentado en la Casa Rosada– que hasta el domingo 7 se produjeron 91 femicidios en el año, que dejaron además 9 víctimas menores asesinadas y 52 huérfanos. Hay, en lo que va de 2024, 18 mujeres desaparecidas. Luego las Familias hablaron sobre las causas, el factor narco y la responsabilidad del Estado.

Marta, madre de Lucía Pérez y Facundo, el papá de Luna Ortiz. La lectura del documento que exhibe el nivel de violencia contra las mujeres en el país.

En sintonía con el eclipse de sol de este lunes, la Plaza de Mayo presentó de pronto un clima desapacible, frío, ventoso, mientras las Familias Sobrevivientes de Femicidios volvieron a presentarse allí para visibilizar el reclamo sobre las mujeres asesinadas y para solicitar por carta (la 2ª en el año) que el presidente Javier Milei las reciba.

El grupo, alineado en sillas negras de espaldas a la Casa Rosada, aguantó la ventolera y leyó un documento del que se desprenden distintos datos:

º Hubo 91 femicidios en los 98 días del año hasta el domingo 7 de abril, registrados por el Observatorio Lucía Pérez.
º Además, 9 víctimas menores fueron asesinadas en el transcurso de esos femicidios.
º Otro saldo: 52 huérefanxs.
º Se contabilizaron otros 62 intentos de femicidios.
º Hay en el país 18 mujeres desaparecidas en lo que va de 2024.

Mariela, y el reclamo por su hija.

Genocidio por goteo

Sobre estas cifras –que revelan lo que Marta Montero (madre de Lucía Pérez) define como “genocidio por goteo”– no ha habido respuesta alguna por parte del Estado.

El texto de la misiva fue presentado por la propia Marta, su esposo Guillermo Pérez, Susana Reyes (madre de Cecilia Basaldúa), Mariela Quintanilla (madre de Iara Nardelli), Facundo Ortiz y Marisa Rodríguez (padres de Luna Ortiz) en nombre del colectivo.

El texto: “Señor Presidente de la Nación Argentina. Nosotras, familias sobrevivientes de femicidios nos dirigimos a usted para solicitar con respeto y esperanza una audiencia. Creemos necesario y urgente ser escuchados por usted. Desde ya, muchas gracias”. En marzo se había presentado la primera carta en la Casa Rosada y les dijeron que sería derivada a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Susana con imágenes de su hija, Cecilia Basaldúa.

Asesinadas en democracia

Susana Reyes, con una foto de su hija y las palabras “Verdad y justicia”, recordó que hace cuatro años desaparecía Cecilia Basaldúa en Córdoba, cuyo cuerpo apareció el 25 de abril de 2020. “Y todavía estamos luchando para tener un fiscal en la causa por el crimen de mi hija, porque hubo un primer juicio en el que metieron preso a un inocente. Hay muchas causas armadas en Córdoba. Ahora estamos esperando que nos nombren nuevo fiscal, porque el que nos habían designado se jubiló el año pasado en agosto. Y no salió el decreto del nuevo. Nosotros vamos a seguir siempre. Estamos luchando no solo por Cecilia sino por todas y todos los asesinados en democracia”.

Susana agrega: “Queremos que nos reciban para ver si nos pueden escuchar, si pueden hacer algo. Cada vez son más muertes que se siguen sumando. Hay niños huérfanos y las madres también quedamos huérfanas por la muerte de nuestras hijas. Así que vamos a seguir peleando hasta las últimas consecuencias”.

Marisa y Facundo, los padres de Luna Ortiz. El caso de su hija (drogada y muerta por sus captores) fue calificado como “homicidio imprudente”. Las familias reclaman justicia.

Homicidios imprudentes

Facundo suma sobre la historia de su hija, Luna Ortiz (19 años cuando fue asesinada el 2 de junio de 2017): “Hace ya siete años que asesinaron a Luna y todavía no podemos llegar a conseguir justicia, es una lucha interminable. La causa está en Casación, la Sala I. Es algo muy importante. Necesitamos que estos jueces nos escuchen y tomen una buena decisión condenando a Villarreal por femicidio”.

Para comprender: Luna fue contactada por Isaías Villarreal el 2 de junio de 2017 mediante Facebook. Se encontraron y él la llevó a su casa, donde la esperaban otros dos hombres: ahí la drogaron, la alcoholizaron y la trasladaron en un raid en el que la intercambiaban como mercancía. Un día después, el 3 de junio de 2017, encontraron el cuerpo de Luna sin vida en la casa del propio Villarreal. Los jueces Ariel Introzzi Truglia y Sebastián Hipólito Urquijo y la jueza Verónica Mara Di Tommaso lo condenaron finalmente al máximo posible solicitado por un delito menor: 4 años y 11 meses por “suministro gratuito de estupefacientes destinado al consumo personal en concurso real con homicidio imprudente”.

Marisa, la madre de Luna, agrega: “El femicidio sigue impune, nos encontramos en la etapa de Casación otra vez planteando un femicidio. Apelando lo después de siete años de impunidad porque los jueces liberaron a uno de los femicidas de Luna. Vamos a seguir luchando porque queremos justicia por Luna y por todas nuestras hijas”.

Lucía Pérez y Carla Soggiu. “Luchamos por justicia para todas”.

¿Cuál es la responsabilidad del Estado?

Guillermo (el padre de Lucía Pérez): “Hace 8 años que venimos buscando justicia por nuestra hija (el femicidio ocurrió el 8 de octubre de 2016 y provocó el Primer Paro Nacional de Mujeres). Ahora el 29 de abril tenemos el recurso de Casación”. En el caso de Lucía, en marzo de 2023 hubo sentencia a perpetua en un caso (Matías Farías), y el otro acusado (Juan Pablo Offidani) terminó con una condena menor, 15 años en total, como “partícipe secundario” del crimen, que incluye la condena a ambos por la venta de drogas en la puerta de una escuela secundaria, lo que desencadenó toda la tragedia. La familia apeló la sentencia a Offidani, y las defensas de los acusados apelaron sus condenas. Es lo que comenzará a debatirse en el tribunal de Casación bonaerense.

“Queremos justicia” dice Guillermo, “y que nuestras hijas puedan descansar”.

En el documento presentado el mes pasado al gobierno junto a la solicitud de audiencia, se planteaba una mirada amplia y a la vez profunda de lo que ocurre: “No podemos hablar de femicidios y travesticidios sin hablar de narcotráfico, como no podemos hablar, sin nombrarlo, de ningún otro tema de esta emergencia social que estamos padeciendo hoy: hambre, desocupación, destrucción de la educación y salud pública. Todos fuegos que alimentan el incendio de nuestro futuro y paz social”.

Marta Montero habla sobre el rol estatal: “El Estado es responsable, por eso hablamos de genocidio, con un Estado que no hizo ni hace nada por evitarlo. Y decimos que son narcofemicidios, porque muchísimas veces tienen que ver con esa cuestión de lo narco, donde el Estado no solo está ausente sino que muchas veces está presente, porque ¿quién es el que no hace nada cuando venden droga en la puerta de una escuela? La policía, que es parte del Estado. ¿Y quién deja impunes muchos de estos crímenes? El Poder Judicial, que es parte del Estado”.

¿Y en los casos en que el origen es la violencia dentro de una pareja? “El Estado también es responsable al no avanzar en las investigaciones, al ocultar pruebas muchas veces, al dejar impune al asesino, al no atender a las víctimas, a los huérfanos, a las familias. Pero además, muchas veces esa violencia se genera por lo que hablábamos antes: el tema de la droga, la violencia que se genera territorialmente y en la gente que está en eso, que termina golpeando y matando a las mujeres”.

Marta y Guillermo, los padres de Lucía.

El caso de Lucía implica una ruptura y un precedente, porque la familia logró que se anule el primer y vergonzoso juicio que absolvió a Farías y Offidani por el femicidio, acusándolos solamente de vender droga en vereda de la escuela marplatense a la que iba Lucía, que tenía 16 años cuando la mataron. Esa anulación permitió el segundo juicio (el que ahora irá a Casación por las respectivas apelaciones) y motivó además un jury: un juicio a los jueces de aquel primer proceso. “Estamos esperando que se concrete, porque ya está todo listo” explica Marta.

El rol de Marta Montero en Mar del Plata generó la invitación a participar con una ponencia en la 5º Asamblea Mundial por la Salud de los Pueblos que se está llevando a cabo en esa ciudad hasta el 11 de abril. Marta intervendrá este martes 9 en una sesión que tratará “Justicia de género en salud. Praxis feminists por la justicia en salud”. En el panel coordinado por Melanie Alperstein (Sudáfrica) intervendrá Marta (Femicidio, luchas por la justicia de género y rendición de cuentas), Julie Dale, de Brasil (Violencia y discriminación contra LGBTQI+), Zahira Bouhabra (en conexión desde Marruecos), y hablará sobre Resistencia a los sistemas violentos y respuesta a las crisis de violencia de género Rawia Mahmoud (en conexión desde Sudán).

Lo crucial del trabajo de la familia continúa en Mar del Plata con La Casa de Lucía, punto de encuentro, de conferencias, recitales, eventos culturales y lugar además de acompañamiento para otras familias víctimas de violencia o de femicidios.

O sea que allí se reúne lo académico con lo barrial y la solidaridad concreta, no discursiva. Sostiene Marta: “Para nosotros es una alegría, porque hay un enorme movimiento alrededor de las cosas que se hacen allí. Vienen mujeres, familias, también estudiantes, abogados, de todo. Estamos empezando un curso de huerta, pero también va a ser lugar para que terminen la secundaria quienes no pudieron hacerlo. Y el acompañamiento a otras familias es fundamental, porque a todos nos pasa que ante la justicia estamos desorientados, te hablan de modos que no entendés muchas veces. Con la experiencia que lamentablemente hemos tenido, ahora podeos ayudar a otra gente que pasa por lo mismo para que conozca y entienda sus derechos, y cómo llevar adelante las causas”.

Vuelve a hablar sobre la casa, y la cantidad y calidad de eventos que allí suceden: “Eso sorprendió incluso a los vecinos. Nos decían que era una casa que había estado siempre cerrada, oscura, abandonada (había pertenecido a un grupo narco, según puede verse en MU 190). Y la gente del barrio nos dice que hoy pudimos transformar esa oscuridad en una luz muy linda, que les da entusiasmo. Imaginate la alegría que es para nosotros” dice Marta, cuando se iban de Plaza de Mayo habiendo presentado la carta y el informe y –sorprendentemente- el lunes frío, ventoso, desapacible y eclipsado se transformaba en un día de otoño cálido y luminoso.

El próximo encuentro está previsto para el 6 de mayo.