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El contexto del juicio por Lucía Pérez: ¿qué son los femicidios territoriales?

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Este martes 7 de febrero comienza un proceso inédito: se realizará en Mar del Plata el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, tras la anulación del fallo original que la Cámara de Casación bonaerense consideró “subjetivo y tendencioso, prejuicioso, parcial y discriminatorio” por su falta de “perspectiva de género”.

Estas son las hipótesis publicadas en la revista MU por el Observatorio Lucía Pérez (que ha creado el primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal). El trabajo explica el contexto de crímenes como el de Lucía, ocurrido en octubre de 2016, que provocó el primer Paro de Mujeres en el país. Los femicidios territoriales como tramas barriales que degradan el valor de la vida, mucho más allá de los vínculos de pareja y la intimidad. Fuerzas de seguridad, fiscales y jueces implicados en esos delitos y su impunidad, no solo como cómplices. Un cambio de paradigma a la hora de pensar la violencia machista: el rol de lo narco, la conexión con el extractivismo y la pobreza. Y las familias luchando contra la máquina de muerte.

Por Claudia Acuña, Florencia Paz Landeira y Anabella Arrascaeta.

Desde el Observatorio Lucía Pérez venimos registrando e interrogando las cifras de la violencia patriarcal. Propusimos entonces la categoría de “femicidios territoriales” para intentar comprender la singularidad de crímenes como los de Lucía Pérez, Melina Romero, Iara Rueda, Luna Ortiz o Araceli Fulles. Femicidios que no se ajustan a los modelos epistémicos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con  participación de agentes estatales tales como policías, penitenciarios y fiscales. 

El contexto del juicio por Lucía Pérez: ¿qué son los femicidios territoriales?
Cifras que lo dicen todo: 328 femicidios registrados en 2022 y 25 en el primer mes de 2023. El Observatorio Lucía Pérez es el primer padrón público y autogestionado de violencia patriarcal.

Participación activa, en tanto que genera condiciones de posibilidad para estas muertes en esos territorios; y también participación concreta, al garantizar y perpetuar la impunidad de esos femicidios, falseando pruebas y entorpeciendo procesos judiciales. Marta Montero, madre de Lucía Pérez, prefiere llamarlos “narcofemicidios”; nosotres sumamos la referencia al territorio que quizá nos permita enfocar los factores que lo producen: los narco-femicidios se originan en narco-territorios concretos.

En primer lugar, es necesario definir que llamamos “narco” a una actividad criminal que se lleva a cabo “con la participación ilícita de actores del Estado” (Javier Auyero, Katherine Sobering, Entre narcos y policías). Lo narco opera a través de una necromáquina cuya tarea es acallar, atemorizar y doblegar resistencias hasta esclavizar las fuerzas de producción necesarias para extraer capital de todo lo vivo: cuerpos, territorios, medio ambiente, datos (Rossana Reguillo, Necromáquina).

Lo narco produce una forma característica de femicidio porque le otorga a ese crimen un significado político y cultural. En palabras de Reguillo, “mata dos veces: la del asesinato y la de tu muerte convertida en dato mediático”. Tal como define la filósofa italiana Adriana Cavarero cuando traza una relación entre el genocidio del Holocausto y estos crímenes, en ambos casos se trata de “una violencia que no se contenta con matar porque sería demasiado poco: al destruir el cuerpo singular constituye el acto del fin no de la vida, sino de la condición humana”.

Lo narco gobierna territorios azotados por las políticas neoliberales que durante décadas destruyeron tanto puestos de trabajo como instituciones estatales que debían contener las consecuencias. Esas características unen la postal de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, con la de Palpalá, en Jujuy, escenas del crimen de los femicidios de Araceli Fulles y Iara Rueda. Dominan también puertos como los de Mar del Plata y Rosario, ciudades hermanadas por los nombres de Lucía Pérez y cada una de las 50 mujeres masacradas este año en balaceras. Pero son sólo aquellos femicidios que con gran esfuerzo de sus familias y su comunidad han logrado trascender con nombre y rostro los que nos han obligado a fijar la mirada en esos territorios.

El contexto del juicio por Lucía Pérez: ¿qué son los femicidios territoriales?

Qué vimos

En San Martín, por ejemplo, vimos que Araceli Fulles estuvo 22 días desparecida, sin que ninguno de los rastrillajes organizados por la policía la encontraran. Su cuerpo fue hallado, finalmente, por su hermano, enterrado debajo de la cama del sospechoso que justo en ese momento estaba declarando ante la fiscal, quien lo dejó ir. El hombre fue detenido en otro barrio de la periferia, dos días después y gracias a que  una mujer paraguaya, embarazada y en ojotas, lo corrió y entregó a los gendarmes que militarizaban el barrio para “custodiarlo”. Tiempo después, ese único detenido fue asesinado: le hicieron tragar agua hirviendo en la prisión en la que el Servicio Penitenciario estaba a cargo de su seguridad. Finalmente, en un tribunal rodeado por miles de personas que clamaban “Justicia por Araceli”, los autores materiales del femicidio fueron condenados a prisión perpetua. Sin embargo, no fueron sometidos a ningún proceso judicial ni el comisario ni los agentes que encubrieron a la banda de narcomenudeo que operaba en el barrio y mató a Araceli. Hubo, sí, varias condenas  a autoridades policiales en otros procesos judiciales contemporáneos al que investigó el femicidio de Araceli y que probaron las vinculaciones en ese territorio entre bandas narcos y fuerzas de seguridad. La última fue en septiembre de este año, cuando la jueza federal Alicia Vence procesó con prisión preventiva al comisario Osvaldo Javier Calderón y dos oficiales de la Comisaría Primera de San Martín.

El contexto del juicio por Lucía Pérez: ¿qué son los femicidios territoriales?

Territorios, cuerpos y violencias

Al hablar de territorio nos referimos no solo a la base material y orgánica de los ecosistemas, sino también a la historia y las relaciones que se han entretejido en estos de modo constitutivo. El territorio aparece entonces como una trama de redes de relaciones que, en su dimensión conflictiva y contradictoria, configura experiencias y sujetos singulares marcados por variables procesos de jerarquización y de desigualdad. 

Hay en la palabra “territorio” una serie de sentidos contradictorios anudados. Por un lado, en su propio origen etimológico aparece asociada a una voluntad de control y de dominio, en un lenguaje bélico y de conquista. Pero el territorio, en sus usos sociales y locales, también alude al saber de la experiencia, a una relación de alteridad respecto de espacios institucionales y burocratizados; el territorio, en este sentido, puede ser una analogía de la calle o, para decirlo en términos más amplios, del espacio de la vida cotidiana. El territorio también es, en un sentido más literal, la tierra. El cuerpo –nuestro cuerpo– puede ser también vivido e interpelado como territorio. Pero acá aparece otra vez la alteridad. Porque no todos los cuerpos aparecen como territorios en disputa, sino especialmente aquellos cuerpos feminizados, racializados, empobrecidos y marginados. Se va armando así un mapa imaginario de cuerpos y territorios simultánea e inextricablemente sometidos a procesos de desvalorización, violencia y explotación; de despojos múltiples de la vida en todas sus formas. 

Pensados los territorios como configurados por relaciones de poder, las desigualdades de género sin duda se despliegan y concretan en ellos de un modo fundamental. Desde esta perspectiva, entonces, el territorio aparece como espacio tallado en donde se producen y reproducen desigualdades étnico-raciales, de género, de clase, de edad y deviene, así, un espacio de disputa. Los territorios son campos de fuerza, producto y objeto de disputas, resistencias y dominios. Por lo tanto, están siempre en devenir, nunca acabados, nunca cerrados; contingentes.

¿Es posible trazar una frontera clara y objetiva entre el cuerpo y el territorio? ¿Qué paisaje habita nuestros cuerpos? Al respecto, la filósofa feminista Donna Haraway pregunta provocadoramente por qué nuestros cuerpos deberían terminar en la piel. Los cuerpos están situados e interconectados de forma profunda con la trama de la vida. Pensar en lo viviente desde la interconexión, la interdependencia y la existencia de flujos continuos nos abre la mirada a reconocer patrones comunes que, en nuestro espacio y tiempo, hablan de formas sistemáticas de extracción de valor, despojo y violencia extractivista. Se trata de advertir la concurrencia entre procesos de pobreza y desigualdad, de violencias de género y ambientales, que expresan una lógica depredadora común que exponen cotidiana y persistentemente a las personas, a los territorios y, en última instancia, a la vida.

El contexto del juicio por Lucía Pérez: ¿qué son los femicidios territoriales?

Patriarcado, extractivismo y terricidio

Hace ya décadas que, desde el feminismo, se han señalado analogías entre la explotación de los territorios desde la lógica de la ganancia capitalista y la explotación de los cuerpos feminizados desde la lógica patriarcal. En este sentido, Vandana Shiva afirma que la apropiación de recursos, esencial para el “crecimiento”, crea una cultura de la violación: violación de la Tierra, de las economías locales y también de las mujeres. El modelo extractivista concibe a los territorios y los cuerpos feminizados como recursos a explotar y como zonas a sacrificar en función de consolidar una forma de dominación. De hecho, en la base del ordenamiento moderno-colonial, no solo se saquearon territorios, sino también cuerpos racializados y esclavizados. En la actualidad, esta cualidad extractiva, apropiadora y cosificadora de los cuerpos aparece como nodal a la violencia femicida. 

Desde esta lente, el extractivismo no es solo un modo de saqueo y explotación de la naturaleza, sino que también implica una racionalidad y una relacionalidad particulares. Es un modo de concebir las relaciones con otros humanos y no humanos y el espacio que co-habitamos. Las prácticas extractivistas se asientan en jerarquías raciales, de género y clase, multiplican las formas de violencia y exacerban las injusticias. El extractivismo configura no solo territorios, sino también relaciones sociales y las subjetividades de quienes los habitan. Se trata de prácticas sistemáticas de extracción de la vida en todas sus formas y dimensiones. Las violencias de todo tipo son consustanciales al extractivismo y se refuerzan como forma de producción de lo social. 

Esta relación inherente entre extractivismo y violencia se expresa en la desestructuración de las tramas sociales y comunitarias, en el despojo de los medios de subsistencia y de sostenimiento de la vida, en la polarización y estratificación social, en el agravamiento de la criminalización y la represión estatal y, también, en la violencia contra las mujeres y el recrudecimiento de formas patriarcales de dominación y opresión. Para nombrar este entrelazamiento entre las formas neocoloniales del despojo de los espacios de vida y la profundización de las jerarquías de género, se ha propuesto el concepto de “repatriarcalización de los territorios”. Sobre todo, han sido los estudios sobre proyectos extractivistas vinculados a la minería y los combustibles fósiles los que alertaron cómo estos conducen a la masculinización de los territorios, con un aumento significativo de la violencia de género y la explotación sexual.

En el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries de este año, en un taller sobre “Pueblos fumigados”, una mujer decía que nuestros territorios nos exponen y nos entrampan entre el femicidio y el cáncer. En este y otros espacios de activismo, queda claro que no son solo las mujeres las afectadas por este entrecruzamiento de violencia ambiental y de género, sino que también son las primeras en advertir las consecuencias del modelo extractivista en sus cuerpos, los de sus hijos y los de sus comunidades. Se constituyen, así, en la primera línea de la defensa de los territorios y rápidamente se vuelven blanco de persecución y amenazas cuya expresión más extrema son los femicidios extractivistas. 

En este contexto, lo narco resulta un eslabón clave de la cadena de extracción de ganancias en cuerpos y territorios que han sido oscurecidos por la desigualdad social producida por las políticas económicas neoliberales. Lo narco convierte en consumidores y productores a aquellas poblaciones que el sistema formal descarta. Rita Segato lo describe como un segundo Estado. Sin embargo, consideramos que en países no europeos esa dualidad es, en realidad, una unidad porque es la clave constitutiva en la que se establecieron los Estados coloniales para garantizar la gobernabilidad. Recordamos también que en Argentina se utiliza el término “en blanco” y “en negro” para distinguir la economía “formal” de la “informal”. Aquello, entonces, que habita el “Estado en Negro”  es la resistencia y lo narco es la respuesta para neutralizarla ante la impotencia del  “Estado en Blanco”.

Desde la perspectiva que venimos sosteniendo, todavía parece necesario remarcar el carácter sistémico y civilizatorio de esta crisis y continuar desanudando las lógicas androcéntricas y patriarcales de las formas de producción basadas en el despojo, la extracción y el aniquilamiento de cuerpos y territorios.

El contexto del juicio por Lucía Pérez: ¿qué son los femicidios territoriales?

Territorios en disputa

Las víctimas de femicidio y sus familias organizadas en busca de justicia nos enseñaron que para deconstruir las violencias que culminaron en estas muertes no basta con problematizar el amor romántico y los ideales de pareja. Ni tampoco alcanza con desafiar las fronteras de lo doméstico, ni las estrategias de empoderamiento. Se volvió necesario indagar en las fuerzas estructurales y cotidianas que están minando las tramas comunitarias de sostenimiento y reproducción de la vida. Y situar a los femicidios en un aumento generalizado de la violencia, la narcocriminalidad con alto involucramiento policial y penitenciario y de la crueldad y, en términos más amplios, en procesos extractivos y de despojo y precarización de las condiciones de existencia donde todos los bienes aumentan su valor a ritmo constante hasta volverse inaccesibles, excepto la vida, que cada vez vale menos. Mejor dicho, algunas vidas. 

Desde esta óptica, pusimos la lupa en Rosario, ciudad que nos señala cómo el cuerpo de las mujeres emerge como un renovado territorio de disputa en el contexto del entramado narco-policial-penitenciario de la ciudad. Coincidimos con Rossana Reguillo cuando caracteriza a estas violencias como “pasillos”: “vestíbulos entre un orden colapsado y otro que todavía no es, pero está siendo. De ahí su enorme poder fundante y su simultánea ligereza”. La tensión actual es producto de la crisis del Estado en Blanco que deja expuesto al Estado en Negro y provoca la disputa por el control de todo el aparato.

Lo que la violencia hace emerger sin pudor son territorios en disputa, sí, todavía. 

Pero una disputa desigual, invisibilizada por los supuestos creadores de sentido social: medios y academia. 

La sociedad mexicana y en especial, las mujeres de Ciudad de Juárez, batallan desde hace décadas contra la máquina femicida ante el monumental silencio académico de la UNaM, la mayor unidad de producción de teoría social iberoamericana. Silencio que funciona como un enorme operativo de lavado epistémico de lo narco 

Los territorios argentinos que luchan hoy para que el narco-fascismo no termine de capturar el aparato del Estado y con él, la democracia, requieren toda la luz y compañía que muchos sectores políticos, culturales y sociales les siguen negando.

Epílogo

Los femicidios abren surcos y dejan al descubierto hilos de injusticias e impunidad que, como fibra poderosa sedimentada en el tiempo, amenazan a la vida en su totalidad y refuerzan modos desiguales, estructuralmente, de ser y estar en el mundo. 

Un femicidio es un cimbronazo, y ya son 300 las muertas por violencia patriarcal en este 2022. 

Acá estamos, entre ruinas, caminando con la tierra resquebrajada de muerte a nuestros pies. 

Las mujeres, travestis y trans nos vemos empujadas a pensar desde el dolor, para intentar regar nuestros territorios arrasados y dotarlos de horizontes de verdad y de justicia.  

Nuestras muertas nos duelen, pero también nos hablan. 

Sus cuerpos narran una historia personal y colectiva. 

En tiempos de análisis políticos, encuestas y especulaciones electorales, ¿no son las historias de estos 300 femicidios y transfemicidios las que debemos comprender para trazar una radiografía de época? 

Es urgente. Porque enfrente está la muerte.

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La escena del crimen

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El domingo pasado Justo Fernando Barrientos incendió la habitación de un hotel de Barracas, Buenos Aires, donde vivían cuatro mujeres, vecinas suyas. Pamela Cobas, 52 años, murió el lunes. Este miércoles falleció también Mercedes Figueroa. Andrea y Sofía están internadas, la primera en grave estado. Barrientos intentó suicidarse cortándose el cuello con una sierra: también fue internado. Lavaca estuvo en el lugar tratando de reconstruir lo que ocurrió. Las voces de los vecinos y vecinas y de la dueña del hotel.

Texto Francisco Pandolfi.

Afuera no quedan rastros de lo que pasó el domingo rozando la medianoche. Ya no hay consigna policial. Ni conmoción ni medios de comunicación.

La puerta de calle –de chapa, bordó, gastada– está cerrada. De un lado, una persiana de metal amarrada entre cables. Del otro, las persianas abiertas de par en par: si no fuera por Juan, el vecino que desde su habitación trabaja arreglando ropa, daría la sensación que este hotel familiar estuviese totalmente abandonado.

Olavarría 1621, Barracas, Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

La escena del crimen

Así quedó parte de la habitación quemada.

Allí Justo Fernando Barrientos, uno de los inquilinos del hotel, prendió fuego la habitación donde vivían dos parejas de mujeres. La investigación judicial reside en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 14, a cargo de Edmundo Rabbione. Pamela Cobas, de 52 años, falleció por las quemaduras el lunes en el Hospital del Quemado. Mercedes Figueroa murió este miércoles 8 de mayo. Andrea está en grave estado en el mismo hospital. Sofía, internada en el Penna, está fuera de peligro. Se sabe, también, que Justo Fernando Barrientos intentó suicidarse, que fue detenido por la Policía de la Ciudad y que está internado en el Argerich.

Juan acepta hablar con lavaca. Cuenta que vive en el hotel desde hace 22 años, que siempre la debió remar un montón: muestra los callos de la mano para acreditarlo. Cuenta que vivió un año en el Parque Lezama, que se la rebuscó trabajando toda la vida, que mucho tiempo fue mantero y otras muchas, también, fueron las veces que terminó en un calabozo porque la policía le quería sacar su poca mercadería. Y que cuando no había nada que vender, se tomaba el tren Roca en Constitución, hasta Glew, donde se colgaba de los árboles, cosechaba eucaliptus, laurel y romero, y con ellos hacía ramitos que ofrecía para parar la olla.

Dice que ahora la cosa está muy jodida. Que vende en la feria de la calle Patricios. Que hasta hace una semana pagaba 50 mil pesos la piecita, pero que el viernes pasado le aumentaron a 60 mil. Y está enojado, también, porque el mismísimo lunes, un puñado de horas después del incendio, el yerno de la dueña pasó a cobrar y le pidió 70. “Acá no tenemos agua caliente; me tengo que bañar calentándome una ollita. ¿A vos te parece? Tampoco tenemos luz en los baños ni en la cocina, que son compartidos”.

Juan dice que conocía sólo de vista a las chicas y a Justo Fernando Barrientos; que nunca había escuchado ningún problema, y que estaba durmiendo cuando pasó lo que pasó. Y también me aconseja, cuando lo ve venir a Eduardo: “ahí está el encargado; hablá con él”.

Mientras abre la puerta, Eduardo se presenta como un “changarín” que trabaja como pintor “y de lo que haga falta”. Tiene 59 años bien disimulados y vive en el hotel desde el 2016, a cambio de la limpieza y la mantención del lugar. “Estamos muy mal económicamente; los precios en el supermercado no bajan y hay que dejar de comer; o elegir cuándo hacerlo. ¡Andá a comprar un litro de aceite hoy! Para vivir hay que gastar diez lucas por día, ¿y quién tiene esa plata?”.

Contextualiza la trama social del hotel: “Lo habita gente trabajadora y también que está en la indigencia; que vivía en la calle y se viene acá porque no es un alquiler caro. Por esta zona hay cada vez más gente en situación de calle, porque no hay laburo”. Sigue: “Todo se está poniendo más bravo. Lo veo en mí y en el resto: para que alcance, hay que levantarse más temprano y volver más tarde de hacer changas. En el hotel somos todos pobres, y ni trabajando a full llegás a fin de mes. Está jodida la vida”.

¿Percibís una relación entre el crimen y el contexto? “Sí, claro. La violencia sucede a raíz de lo que nos pasa a nivel social. Trae un montón de problemas el cómo vivimos. Este es un barrio tranquilo, este hotel es un lugar tranquilo para dormir, aunque ahora aparecen un montón de notas diciendo mentiras sobre lo que pasaba acá adentro”.

La escena del crimen

El baño al que llevaron a las chicas quemadas: “Se pusieron abajo de la ducha, pero ya estaban muy incendiadas… muy incendiadas; sin pelo ya”.

¿Por qué Justo Fernando Barrientos hizo lo que hizo? “Yo no sé lo que pasó. Nunca había escuchado una discusión entre ellos. Con él y las chicas mi relación era hola y chau. A él siempre lo veíamos andar en bicicleta, y hace dos o tres meses me llamó la atención que no la tenía y entonces le pregunté; me dijo que estaba mal porque se la habían robado en Pompeya. Hace changas, creo que es plomero”.

Se abre la puerta y María Rosa, la dueña del hotel, está sentada en uno de los escalones por los que se entra. Grita (me grita): “¿Vos querés saber qué pasó? Yo te voy a contar lo que pasó, porque acá todo el mundo viene a preguntar, pero nadie viene a traer soluciones”. María Rosa tiene 89 años, un crucifijo enorme en el pecho y la tonada gallega. “Hasta me hicieron una denuncia ahora, ¿vos podés creer? Algunos me deben 7, 8 meses de alquiler y encima me denuncian a mí, diciendo que no andaban los matafuegos cuando tengo todo en regla. Eso me tenés que venir a preguntar, que tuve que comprar unos materiales y ni le pude pagar a la señora de la ferretería, que me conoce y me fío; que estoy esperando que me paguen un alquiler y con eso pagarle al plomero que está haciendo arreglos”.

Después del inicio catártico, pregunta qué medio de comunicación es el que ahora está sentado a su lado. Y asegura: “Yo le digo toda la verdad. Hay que ver más allá del incendio; lo que pasó fue una desgracia. Porque yo le voy a decir una cosa, las dos chicas…”. La charla se interrumpe. Y María Rosa empieza a darle explicaciones, sin que se las pida, a la señora rubia que acaba de pararse frente a ella. “Ya estoy arreglándolo doñita, ¿le cayó agua?”. La mujer, de cuarentilargos o cincuentipocos, le responde con respeto, como si acabara de tomarse un sedante, o de apretar el freno de mano, para no mandarla a la mierda:

–No, no. Hace más de un mes que cae agua, pero cada vez más. Había una grieta, y después se hizo otra.

–Ahí está el plomero, ¿quiere ir a ver? Suba, suba pa’ que vea.

–No, no, yo quiero que lo resuelva, porque ya se me arruinó la cocina y me está arruinando todo.

–Lo que pasa es que la gente no me paga. Estoy cobrando 50 mil pesos y la gente no me paga. Me deben 7, 8, 9 meses, no puedo hacer milagros porque tengo que pagar la luz, el gas y el agua, porque si no me cortan y hay gente que sí paga.

–Yo sé que esta semana es complicada por lo que pasó, que por ahí no es momento, pero yo quiero que entienda una cosa: usted tiene sus problemas y yo tengo los míos, y a mí se me está viniendo la casa abajo en aspectos que no son de mi injerencia, que no los puedo arreglar porque están dentro de su casa.

–Sí doña, lo sé; ya lo están arreglando. Entiéndame, doña; no hay plata, la gente no me paga.

La “doña” se va y María Rosa continúa su relato: “Decía que las chicas nunca tuvieron ningún problema, que ellas me pagaban siempre; y el hombre lo mismo, cumplía todos los meses”.

La escena del crimen

Así quedó la habitación tras el incendio.

¿Qué pasó la madrugada del lunes? “Yo muy bien no sé; conmigo se comportaban siempre de manera normal, el señor y las chicas. Nunca tuve un problema, nunca. Ni un sí ni un no. Lo que sé es que las chicas dormían de día y de noche estaban levantadas; entonces si usted trabaja de día y quiere dormir de noche, hasta los pasos se sienten, y eso es lo que pasó. En los hoteles pasa esto, se habla fuerte y el hombre se habrá cansado de eso. Se ve que tiró algo inflamable y ahí prendió fuego”.

María Rosa llegó al país a sus 19 años de las Islas Canarias, tiene 4 hijos y hace cuatro décadas compró este hotel “con sangre”, porque el crédito que sacó “tenía unos intereses impagables”. Asocia: “Como los créditos UVA de hoy”. También comenta que las últimas horas estuvo yendo de hospital a hospital para ver a las chicas y al hombre. Cuando le menciono que Pamela falleció, que Justo Barrientos la asesinó, me dice que no. Que no puede ser. Pero fue.

En el libro de actas del hotel estaban registradas dos de las cuatro chicas: Pamela y Mercedes. La dueña sabía que se habían sumado otras dos mujeres hacía algunos meses, pero como vivían lejos les daba “lástima” decirles que se fueran. En el registro interno del hotel figura que Justo Fernando Barrientos tiene 72 años.

María Rosa retoma la catarsis: “Acá hay 20 piezas divididas en tres pisos y hasta hace una semana cobraba 50 mil pesos cada una; están todas llenas, algunos me pagan por mes, otros por día. ¿Qué hago yo con esa plata? Este mes lo tuve que aumentar a 60 mil. O sea, 2 mil por día. ¿A usted le parece? Un litro de vino vale eso; un sachet de leche vale eso. ¿Estoy cobrando mucho? Y subí porque este mes vino muy cara la luz, el agua, el gas. ¡Más de 200 mil tengo que pagar de cada impuesto! Si antes pagaba un peso, ahora pago 6; es una barbaridad”.

Se explaya sobre el crimen: “Fue un momento de calentura. ¿No vio lo que pasa en los matrimonios? ¿Y cómo matan a los chicos? Es un momento donde la gente se aparta de Dios y el diablo la toma. Yo creo que pasó eso”. ¿Alguna vez Justo Fernando Barrientos le hizo algún comentario en contra de las chicas? “No, y eso que yo hablaba con él. Él vive en el hotel desde hace seis años; las chicas hace dos. Este lugar es tranquilo; fíjese, escuche; no se siente nada; pero bueno, se ve que de noche había ruido, aunque él nunca me dijo nada”.

¿Alguna vez escuchó que en el hotel discriminaran a las chicas porque eran pareja?

“No, no. Cada una hace de su cuerpo lo que quiere. Mire usted que hasta el Papa lo acepta”. Luego sugiere: “Tenés que hablar con Don Miguel, él fue quien las ayudó a las chicas, que las llevó al baño cuando se incendió la pieza”.

Miguel está en su habitación del primer piso, donde también vivían las chicas y Justo Fernando Barrientos. Miguel lleva puesta una camiseta de fútbol de la Juventus, de Italia. Pide no grabar la conversación y luego va a requerir, acentuando la voz, que esta nota refleje las palabras tal cual las dice. “Yo hablé en una nota televisiva y dije que ellas eran conflictivas y me empezaron a criticar, pero me sacaron de contexto; quise decir que discutían entre ellas. Yo sé que al decir esto van a decir que soy un machirulo. Fernando (lo llama por su segundo nombre) era un tipo que no hablaba con nadie, era educado. Ellas tenían una vida diferente; hacían ruido de noche y llegó un momento que el hombre explotó. No es justificable todo lo que hizo, no tiene perdón de Dios, pero explotó; le agarró un brote psicótico”.

Reitera: “Te pido que lo pongas como yo te lo digo”.

Y arranca su relato: “Eran como las doce y pico de la noche, estaba acostado y sentí como si hubiera explotado una pyrex. Empezamos a escuchar gritos. Para ese momento, Fernando ya había tirado lo que aparentemente fue una especie de bomba; tiró alcohol y salieron las dos chicas quemadas, gritando; con dos vecinos de arriba intentamos apagar el fuego, ayudarlas; las chicas fueron al baño, se pusieron abajo de la ducha, pero ya estaban muy incendiadas… muy incendiadas; sin pelo ya”.

Sigue: “Este hombre subió arriba, con una sierra y se cortó el cuello. Después vinieron los bomberos, la policía y el SAME. Eso es lo que ocurrió, nada más”.

Para usted ¿fue un crimen de odio por la orientación sexual de las chicas?

–No sé el pensamiento de Fernando al respecto.

–¿Alguna vez había tenido un brote similar al que describe?

–No. Que quede claro que no lo justifico: es atroz lo que hizo. Jamás… creo, porque uno nunca sabe cómo puede reaccionar la cabeza de uno, me podría pasar a mí. Es una locura lo que ha pasado.

Miguel, que vive en el hotel desde hace 12 años, dice: “acá vive gente trabajadora” y señala con las manos a distintas piezas: “Jubilado; jubilado; jubilado (se señala); ese muchacho hace delivery; jubilado; ese es vendedor ambulante; jubilado; ese muchacho no sé a qué se dedica; el que entró recién acaba de volver de trabajar y se fue a las 6 de la mañana. Yo soy jubilado, pero tengo que seguir laburando: me levanto a las 4 de la madrugada porque a las 6 empiezo a preparar los paquetes que entrego en el correo”.

Afuera, en la puerta de entrada, no quedan rastros de lo que pasó, pero adentro hay un montón. No sólo en la pieza de las chicas, donde la ropa está apilada en el piso; mojada; quemada. También hay rastros en el estado general de este hotel de paredes descascaradas, de olor a humedad, de servicios básicos que escasean, de márgenes en el centro de un barrio que desde hace años es imán para inversores de proyectos inmobiliarios.

A las certezas de que Pamela y Mercedes fueron asesinadas y de que Justo Fernando Barrientos fue quien las mató, le sigue una catarata de dudas: ¿Cuántas capas tiene esta historia? ¿Cuántas complejidades atraviesan al crimen de Pamela y Mercedes, y el atentado a las otras dos chicas? ¿Qué nos dice esta mansión deteriorada de Barracas, además de decirnos que Pamela ya no nos podrá decir? Miguel cree que para entender lo que pasó no alcanza con mirar el horror de hoy, de esta pieza. Después de aclarar por enésima vez que ponga todo tal cual lo dijo, cierra: “Somos un país sin esperanza, somos una sociedad enferma”.

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102 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez

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En lo que va del año el Observatorio Lucía Pérez, primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal, registró 102 femicidios y travesticidios en todo el país. Durante el último mes fueron 13 femicidios y un travesticidio: el de Dámaris Julieth León Guamán, en el barrio porteño de Almagro, 38 años. El asesinato de Damaris generó movilizaciones: fue una de las 118 marchas que se registraron durante el año; practicamente una por día.

102 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez

Como resultado de los 102 femicidios y travesticidios se registraron además 65 huerfanxs por femicidios.

Además, en lo que va del 2024, se registraron 75 tentativas de femicidios.

Y llevamos 1174 días preguntándonos ¿dónde está Tehuel de la Torre?

102 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez
102 femicidios y travesticidios en lo que va del año: datos del Observatorio Lucía Pérez

No son cifras:es la cartografía de la violencia patriarcal.

El Observatorio Lucía Pérez es una herramienta de análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca. Se elaboran una serie de padrones que compartimos en la web de manera libre, los cuales comenzaron a confeccionarse en talleres que realizamos con víctimas de violencias, familias sobrevivientes de femicidios, organizaciones sociales y activistas del movimiento trans. Los datos así recogidos, sumados al seguimiento de lo publicado en medios de todo el país, son luego chequeados y precisados con fuentes judiciales y periodísticas.

Todo la información que producimos es de público y libre acceso en en www.observatorioluciaperez.org

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4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas

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La familia de la joven asesinada en Capilla del Monte volvió a viajar de Buenos Aires a Córdoba para reclamar que se asigne urgentemente un fiscal en la causa y que se investigue su femicidio. Hace 4 años el cuerpo de Cecilia fue encontrado luego de estar 20 días desaparecido; su familia denuncia una trama local que involucra a la última persona que la vio con vida, el ex boxeador Mario Mainardi, jamás investigado, y la complicidad de la justicia de Cruz del Eje, representada por Paula Kelm, que buscó inculpar a un perejil. Gracias a la lucha familiar se logró anular esa línea de investigación, que culminó en un juicio nulo, pero desde entonces no se retomó la instrucción; y pese a que en diciembre se anunció que un nuevo fiscal tomaría la causa, eso no sucedió, y las dilaciones siguen. Crónica de una nueva reunión con promesas y sin hechos, cuando la impunidad se hace cada vez más grande y el reclamo, también: “Verdad y justicia para Cecilia Basaldúa”.

Por Bernardina Rosini

Daniel y Susana, padre y madre de Cecilia Basaldúa ya perdieron la cuenta de las veces que han viajado desde la ciudad de Buenos Aires a Córdoba con el único objetivo de lograr justicia por su hija. Han perdido esa cuenta pero no la cantidad de días que contabiliza la impunidad: 1460, es decir, cuatro años. 

En efecto, hace cuatro años (el 25 de abril de 2020) encontraron el cuerpo de Cecilia Gisela Basaldúa en un codo del Río Calabalumba en Capilla del Monte, luego de veinte días de estar desaparecida. Cuando Daniel y Susana llegaron ayer a los Tribunales en Córdoba Capital, se los ve invadidos por la bronca y el hartazgo. Son cuatro años sin Cecilia y a la par sostienen que las líneas de investigación han sido deliberadamente manipuladas y el material probatorio  de contundencia, ignorado

La última vez que estuvieron parados sobre esa vereda fue el pasado 7 de diciembre, tras reunirse con el Fiscal General Juan Manuel Delgado. Celebraban la noticia: “Tenemos fiscal, vinimos con 3.000 firmas de apoyo pidiendo fiscal y lo tenemos. Es el Nelson Lingua y comienza el 1° de febrero, después de la feria judicial”. Cinco meses después, otra vez viajan 700 kilómetros para golpear la puerta del Palacio de Justicia pues tal designación no sucedió y la causa acumula once meses sin fiscal a cargo de la instrucción.

4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas
Daniel Basaldúa y Susana Reyes, papá y mamá de Cecilia: viajaron desde Buenos Aires para mantener una reunión y reclamar justicia por su hija.

El baile del fiscal

Mientras los Basaldúa llegaban el 25 de abril nuevamente a Córdoba para pararse frente a Tribunales y exigir justicia, fueron notificados que la Fiscal General Adjunta Bettina Croppi los convocaría a una reunión. 

Antes de ingresar al edificio Daniel comparte la situación actual de la causa “Nos vienen diciendo que no designan fiscal porque falta una firma: me cuesta creerlo. No puedo hacer nada más que venir y reclamar. Hasta ahora la única justicia que logramos fue que no metan preso a un inocente”. 

Hoy le cuesta hablar; tiene un nudo en la garganta y el rostro de su hija estampado sobre el pecho. “Sólo espero que esta investigación vaya tras los verdaderos sospechosos, tras Mario Mainardi, última persona que vio a Cecilia con vida, quien tenía pertenencias de ella y las regaló; la policía y la fiscal Paula Kelm contaban con ésta y más información y nunca lo investigaron. No podemos creer que Mainardi, que dijo trabajar en Uber porque no podía acreditar ingresos, tenga más poder que Diego Concha, quien fue durante décadas Director de Defensa Civil de la provincia y sin embargo hoy está preso”. 

Daniel pasa lista de todos los uniformados que participaron del caso y que hoy se encuentran desplazados, procesados o presos por distintas causas: el común denominador es la violencia de género. 

Mientras las abogadas ingresan junto a los padres de Cecilia a la reunión, afuera les esperan periodistas, agrupaciones feministas, trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos y familiares víctimas de violencia institucional. Repiten el colgado de banderas, los carteles con rostros de otras víctimas, y los cantos que se recitan como mantras: “¡¡Queremos fiscal, queremos fiscal, queremos fiscal!!” y “¡¡Justicia, justicia, justicia!!”.

Al salir, Giselle Videla -una de las abogadas de la familia- comparte lo conversado en la reunión: “Para iniciar nos han pedido disculpas puesto que en noviembre nos dieron la seguridad que tendríamos fiscal apenas finalizada la feria judicial. Como hoy no hay fiscal, y están subrogando fiscales de otros territorios que toman la causa por un plazo corto de tiempo, el avance es mínimo. Nos informaron en relación a esta situación que la designación de Nelson Lingua espera la firma del gobernador, Martín Llaryora. Ahora bien, nos enteramos que será designado como Fiscal reemplazante, y no como Fiscal titular puesto que Lingua no ha rendido el concurso que lo habilita para ese cargo; debe rendirlo ahora y recién en julio- agosto podremos saber si será finalmente el fiscal titular de la causa”. 

Para que se entienda: desde que el tribunal absolviera a Lucas Bustos en julio del 2022 reconociendo su inocencia y su no vinculación al crimen, y ordenara una nueva instrucción para dar con los responsables del femicidio, la causa demoró meses en ser asignada a un fiscal. Luego recaería en el Dr Raymundo Barrera de Cruz del Eje, fiscal que, hábil con el calendario, entre feria judicial y licencias llegó a junio del 2023, mes en el que se jubiló. 

Por la presión de la familia Basaldúa, en diciembre el mismísimo Fiscal General anunció la designación del Lingua el 3 de febrero; eso no sucedió y no hay certeza de que Lingua resulte el fiscal que definitivamente dirigirá la instrucción, puesto que no cumple con los requisitos.

4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas

Preguntas sin respuesta

Es mediodía y el cielo se refleja en las ventanas del edificio neoclásico de la calle Caseros; da la impresión que adentro estuviera vacío, que sólo es una fachada. “Hoy, 25 de abril se cumplen cuatro años de la aparición del cuerpo sin vida de Cecilia Gisela Basaldúa” lee Susana de la pantalla de su celular; ella también lleva una remera con el rostro sonriente de su hija. Sigue:

Cuatro años de impunidad y de violencia sistemática por parte del Poder Judicial a quienes pedimos y exigimos justicia por ella. La causa volvió a foja cero en el 2022 luego de pasar por un juicio vergonzoso.

El tiempo pasa y los asesinos de Cecilia siguen libres e impunes. No tenemos fiscal ni respuestas” y continúa “¿Cómo vamos a llegar a la verdad? ¿Qué fue lo que pasó con Cecilia? ¿Por qué tardó tanto en aparecer? ¿Dónde está Mario Mainardi? ¿Por qué la fiscal Paula Kelm ordenó tan rápidamente detener a un joven sin tener pruebas? Todas estas preguntas nos conducen una y otra vez a un círculo cerrado de impunidad entre funcionarios judiciales que se jactan en demostrar un abuso de poder constante”. 

La carta leída en la vereda, casi sobre la calle, concentra todas las preguntas que la investigación del femicidio debiera responder. 

Y la carta también cierra como se espera que cierre la investigación: “Verdad y Justicia para Cecilia Basaldúa”.

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