En agosto de 2004, la escritora y periodista Cristina Civale publicó «Esclavos, informe urgente sobre la inmigración en España», una investigación periodística sobre la llegada clandestina de africanos a la Península Ibérica. Lo hizo un año antes de que diarios de todo el mundo relataran el asesinato de cinco africanos en la frontera de Melilla, un enclave español en el norte del Continente Negro, y de cuyas balas ni España ni Marruecos. Civale describe las formas de represión que impiden a los hambrientos subsaharianos llegar a los países europeos. El libro, publicado por Editorial Sudamericana, perteneciente al grupo español Random House Mondadori, fue descatalogado hace diez días. Aquí se reproduce el capítulo 3, ÁfricaXpress, donde la autora relata cómo aquellos que sueñan un trabajo que les permita el sustento pueden ser arrojados al mar por quienes los transportan, o cómo son capaces de saltar vallas de seis metros, protegidas con alambres de púas y agentes de la Guardia Civil española.

La primavera y el mar mediterráneo en calma es símbolo de alerta para quienes trabajan en las costas del Levante español. Guardacostas, miembros de la Cruz Roja y otras organizaciones humanitarias se aprontan para recibir a una avalancha humana. Africanos en busca de un destino más luminoso en la tierra del sol.

Radares ultramodernos, detectores de calor y lanchas rápidas, son los elementos de los que se vale la guardia costera para atrapar a estos barcos clandestinos, las pateras, como en una película mala de piratas. Los conductores de las pateras, llamados tiburones, están al tanto de que existen operativos que puede truncar sus planes. Por eso, ante el menor peligro, no dudan en deshacerse de sus clientes -que han pagado por el viaje un promedio de 4 mil euros por persona- tirándolos al mar como si se tratase de un fardo de mercadería de contrabando. No importa que no sepan nadar o que las condiciones del viaje los hayan dejado heridos o exhaustos (a pesar de que la distancia es de algo más de 10 kilómetros). Los tiburones no quieren ser atrapados. Tienen que seguir trabajando. Comprar otro barco e intentar hacerlo llegar a la costa con su carga de humanidad llena de esperanza pero también de miedo.

Desde finales de los años noventa, y con periodicidad y número creciente, llegan a estas costas (las del Estrecho y Canarias principalmente) un tipo de embarcación precaria y ligera: las pateras. Se trata de barcas neumáticas de marca Zodiac que, con capacidad, para 40 personas, cargan más de 100 en una ruta que va desde algún punto del norte de África con destino a alguna de las citadas costas del poniente español. Los puntos de partida y destino se fueron desplazando con el tiempo para evitar los radares policiales.

El negocio comenzó en las costas de Marruecos pero hoy se extiende a las de Argelia lo que hace, a su vez, que cambien los puntos de destino: llegan menos pateras al Estrecho y aumenta el número en las costas de las Canarias. De Marruecos al estrecho hay sólo 13 kilómetros; a Fuerteventura, la isla más cerca, unos 120, pero sus costas todavía están menos preparadas para lo que llaman despectivamente «el aluvión». El viaje a las islas puede durar de 14 horas hasta dos o tres días según el tipo de embarcación.

Los viajantes provienen de todas partes de África, pero sobre todo de Marruecos y de países del Subsahara: Camerún, Congo, Gambia, Ghana, Guinea Bisseau, Guinea Conakry, Costa de Marfil, Liberia, Mali, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo.

Se conoce con el nombre de «atunes» a estos inmigrantes que están dispuestos a dejar su vida en el mar. El hambre es menos tentador que el sueño de El Dorado que les venden sus reclutadores. Todos llegan sin documentos de sus países y ya han aprendido una lección: esquivar la pregunta que intenta indagar de dónde provienen. Si su país de origen es desconocido, la deportación se hace impracticable. Y entonces se quedan, primero detenidos, luego libres y clandestinos.Este negocio mueve al año, según fuentes de la Cruz Roja, 7 mil millones de dólares.

El procedimiento de avistaje de pateras es el siguiente: Apenas las patrullas de la Guardia Civil detectan una embarcación, avisan al Centro de Cruz Roja. De inmediato, el médico, los voluntarios y las ambulancias parten en dirección a la playa o al puerto indicados para atender las emergencias que se puedan presentar. En un primer momento, los inmigrantes, gozan de estos beneficios ya que se les da el tratamiento internacional de náufragos, pero una vez repuestos pasarán a formar filas para la deportación.

Hipotermia, quemaduras y distintos tipos de traumatismos son las lesiones más frecuentes. Apenas ponen los pies en España, aquellos que no logran escapar a la Guardia Civil, son sometidos a un examen médico. Si no necesitan hospitalización pueden ser trasladados a la Isla de las Palomas, donde un antiguo cuartel militar funciona como centro de acogida. Allí son registrados y se les entrega un documento donde se les informa que en 15 días deben abandonar España.

Los marroquíes pueden ser deportados -salvo que logren escapar- porque existe un acuerdo entre el gobierno español y el marroquí para tales fines. Suelen ser trasladados a la comisaría de Algeciras y de allí al ferry que los devolverá a su país. A pesar de la normativa existente, esta no siempre se cumple y los magrebíes logran sortear el viaje de retorno. Las mafias han sofisticado su trabajo y ahora venden una suerte de billetes especiales por los cuales si el cliente es deportado, tiene derecho, apenas llega al puerto marroquí, a subirse nuevamente a otra embarcación para volver a España. Estos «tickets» cuestan alrededor de 6 mil euros, el mismo precio que el de los ferry que cuentan con personal español que hacen la vista gorda ante la entrada de marroquíes indocumentados o africanos que llegan a Marruecos con ese dinero para aprovechar esta oferta de viaje.

Los africanos no marroquíes que llegaron en el viaje común de la patera, no pueden ser deportados, a pesar de la orden emitida por la guardia civil, dado que no

existen tratados con su países de origen. Lo que luego sucede es casi surrealista. El gobierno local, para evitar la provocación de tanto africano libre dando vueltas por ahí, los fleta literalmente en aviones a la Península con destino a Madrid, Barcelona o el País Vasco. Antes de subirlos a los aviones los proveen de una lista con los nombres de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que podrán ayudarlos. Los echan oficialmente pero por otro lado los incitan a que se queden, ilegalmente, claro. Este procedimiento fue confirmado por varias ONGs. SOS Racisme aseguró haber visto las listas otorgadas por las autoridades que, hasta por los menos durante 2002, estaban escritas en papeles con membretes oficiales. Ahora tienen el cuidado de fotocopiar la información del otro lado de la hoja, donde el membrete queda cubierto. Los africanos llegaban con la idea de que en estas instituciones conseguirían techo y comida y hasta trabajo. La realidad es que ellas sólo pueden orientarlos en cómo insertarse en la sociedad, pero en una primera instancia no faltó nunca un voluntario que, apenas llegados, se los llevase al bar más próximo para ofrecerles de comer de su propio bolsillo. Aunque saben que la caridad no es la solución, en una primerísima instancia no parecería haber otro camino.

Es lo que sucede en la Vicaria General de Ceuta que a finales de noviembre de 2003 exigió a la Administración que los ayude a costear la atención que prestan a más de 260 subsaharianos acogidos por ellos en un antiguo colegio propiedad del Obispado de Cádiz y Ceuta. Desde el 6 de octubre de 2003 ofrecieron recursos excepcionales para atender a ese enorme grupo de personas que vivía fuera del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. La Vicaría aclaró que su gestión contó exclusivamente con el apoyo material y humano de la iglesia. Hasta finales de noviembre habían sacado de sus bolsillos 12 mil euros para llevar adelante su acto de caridad. «Nosotros seguiremos atendiéndolos mientras podamos pero es que además del problema económico hay otro de recursos humanos», indican fuentes de la Vicaría. Según Médicos sin Fronteras existen otras doscientas personas que duermen a la intemperie en la misma zona y que no son acogidos por nadie.

Las mujeres embarazadas o con niños constituyeron hasta mediados de 2003 una parte menor pero importante en la circulación de la mafia de las pateras. Sobre todo las procedentes de Nigeria. Muchas veces terminaban en centros de acogida de la Cruz Blanca donde el padre Isidoro, conocido como Fray Patera, las recibía hasta que alguien las reclamaba o se marchaban a seguir su incierto camino hacia delante. En general este camino se iniciaba con la venta del niño. Las mafias inducían a las mujeres a embarazarse antes de embarcarse para luego venderles a su hijos. Procedían así: Existían cortijos donde las mafias alojaban a estas mujeres una vez que podían salir de la custodia policial. En ellos, llegaron a vivir más de 100 mujeres que esperaban dar a luz. Las mafias de venta de niños -una sociedad donde estaban involucrados españoles, nigerianos y magrebíes- contaban con otro ingreso: el de la prostitución a la que obligaban a estas mujeres que por 15 euros ofrecían un servicio completo.

Una vez nacido el niño podía ser vendido en 2 mil o 3 mil dólares. Los compradores eran siempre procedentes de otro país de la Unión Europea, no de España, principalmente franceses o alemanes.

Pero ya a mediados de 2003 las mujeres y sus embarazos comenzaron a ser una complicación para las mafias más que una fuente de recursos. Estas mujeres compradas en sus aldeas por los jefes de las mafias a los que llaman «fathers» y con los que tienen una dependencia total, son ahora obligadas a abortar si es que cometieron el error de quedar embarazadas y si lo quedaron fruto de una violación. Actualmente llegan a abortar bebés a punto de nacer con las secuelas tremendas que esto acarrea para su salud o a la continuación de sus propias vidas. El rechazo de bebés en las pateras llegó a producir el asesinato de recién nacidos en las costas por parte de los fathers.

A partir de mediados de 2002 se comenzó a observar otro fenómeno inquietante: el de menores convertidos en patrones de pateras. Con este procedimiento las mafias intentan evitar la prisión y la devolución de los patrones a su

país. Durante 2001 fueron arrestados 196 patrones de pateras, en su mayoría magrebíes y durante el 2002, la cifra rodeó los 90. Ante esta presión, las mafias

recurren a menores de edad que no pueden ser arrestados tan fácilmente. Expulsarlos del país es difícil ya que las Fuerzas de Seguridad deben poner en conocimiento a

los Servicios de Protección de menores y presentar el hecho ante fiscal de turno. Tras comprobar si es posible la reagrupación familiar, la administración debe decidir si procede el retorno a su país o su permanencia en España. En el caso de que el chico haya sido detenido, se le juzga por el delito cometido y si es condenado se lo ingresa en un centro de menores.

La mayoría de los conductores arrestados se hacinan en la prisión de Tahiche, en la isla de Lanzarote, que ya está completamente saturada. Los propios funcionarios de la cárcel aceptaron que la situación es muy dramática: no hay celdas de aislamiento, las condiciones sanitarias son precarias y aparecieron casos de tuberculosis.

En sólo dos años (de 2000 a 2002) se cuadruplicó el número de inmigrantes que llegan en pateras. En 2000 fueron 2410 y en 2002 pasó a ser según unas fuentes 9765 y según otras se habría elevado a más de 16 mil. El 15 de octubre de 2003 hubo alerta en las costas españolas ya que llegaron en ese único día 550 inmigrantes desde África. Alcanzaron las costas andaluzas y canarias en nueve embarcaciones. Las costas

andaluzas, en especial la gaditana que rodea la localidad de Tarifa, han sido las más afectadas por la llegada de pateras. Hasta 389 inmigrante llegaron en ocho embarcaciones a las playas de Andalucía, a Tarifa y a Motril, en Granada. Seis de las pateras con 358 inmigrantes (incluidos dos que trataban de cruzar el Estrecho a bordo de flotadores) llegaron a Tarifa. En el contingente se incluyeron tres bebés, seis menores y seis mujeres embarazadas. A su vez, ese mismo día en Granada, la Guardia Civil interceptó una embarcación neumática con 31 inmigrantes. En la Isla de Fuerteventura, un total de 72 inmigrantes fueron detenidos. Esta llegada masiva -que sólo puede compararse con la del 18 de agosto de 2001 cuando llegaron 567 inmigrante a las costas españolas- produjo un llamamiento por parte del gobierno español al gobierno marroquí para que detenga la partida de pateras. Pero esta formalidad, disfrazada de escándalo, no suena muy efectiva a la hora de encarar a fondo el problema de las mafias y la fábrica de esclavos.

El saldo de la llegada masiva del 15 de octubre fue de 36 inmigrantes ahogados de los 50 que llegaron a Rota en Cádiz y la denuncia por parte de las organizaciones humanitarias de que la Guardia Civil tardó una hora en acudir al rescate de los barcos luego de recibir las alertas. La guardia se defendió confirmando que no contaba ni siquiera con una verdadera embarcación de rescate. El 9 de noviembre de 2003 proporcionaron a la prensa un informe de la situación de las embarcaciones de rescate en la Bahía de Cádiz el día del naufragio. Contaban, es un modo de decir, con trece embarcaciones. Una patrullera ligera averiada desde el 15 de septiembre; otra patrulla ligera neumática averiada desde principios de agosto. Una lancha Sunseeker y una lancha neumática decomisadas e inoperativas por un temporal. Un barco de rescate averiado en el Puerto de Cádiz y un remolcador que acudió a Tarifa a ayudar a un pesquero marroquí. Finalmente contaban con cinco remolcadores, uno de ellos fue el que partió a las 8 de la noche para ayudar a la patera donde viajaban 50 personas de las cuales 36 perecieron ahogadas.

Sobre finales de octubre de 2003 comenzó a detectarse un fenómeno completamente nuevo: el de pateras exclusivamente cargadas con menores de edad: desde adolescentes hasta niños. Todos difíciles de deportar y probablemente ya vendida -su fuerza de trabajo o su cuerpo- por las mafias antes del embarque.

En el Nuevo Dorado, no sólo los puede esperar -a adultos o niños- la explotación. La muerte también se da cita abrazada a las malas condiciones de las embarcaciones en las que viajan y a un agua rebelde, no apta para quienes no están bien alimentados o no son consumados nadadores.

Durante 2003, un total de 76 inmigrantes murieron y 30 desaparecieron en aguas de Canarias debido al naufragio de las pateras en las que viajaban, según datos de la Delegación de Gobierno de Canarias. Todo ello sin contar la cantidad de pateras que pierden el rumbo mucho antes de avistar las costas y de las cuales es imposible tener una cifra.

Un total de 434 sin papeles ha arribado en patera a la isla de Lanzarote. Mientras tanto, a la isla de Fuerteventura han llegado por mar 2.765 inmigrantes. El Cabildo Insular de Fuerteventura viene exigiendo a la Administración del Estado una investigación en profundidad sobre las causas que produjeron las muertes y desapariciones de inmigrantes como consecuencia de los hundimientos de las pateras. Además, reclama al Gobierno que aumente las medidas de seguridad y los medios humanos y materiales adecuados para la eficacia de la vigilancia costera y el rescate de estas personas.

El viceconsejero de Asuntos Sociales e Inmigración de Canarias, Benito Codina, afirma sin reparos que las mafias dedicadas al tráfico de personas modificaron la estructura de las pateras. Según pudo saberse, se pretende así lograr mayor rapidez y una travesía más corta, pero las embarcaciones son ahora aún menos estables. Benito Codina añadió que los cambios realizados en la altura de la borda y en la quilla permiten que la embarcación tenga menos rozamiento con el agua y sea más rápida. Sin embargo, este cambio también produce que el centro de gravedad de las pateras sea más alto y «cualquier embate hace que vuelquen». Según la legislación española, no podrían navegar ni en un lago falso.

Caso 2
El mediterráneo teñido de muerte

Agosto de 2003 comenzó con la misma tragedia en aguas de Fuerteventura con la que se despidió el mes de julio. Diez inmigrantes murieron ahogados tras zozobrar su patera, sólo un día después de que otros 15 indocumentados fueran devorados por el mar. Ocurrió alrededor de las 3.30 de la madrugada, cerca de la costa, en la zona conocida como Los Charcos, en Jacomar, en el municipio de Antigua. La patera, en la que viajaban 29 personas, encalló contra unas rocas. Los inmigrantes salieron espantados del barco precario, que se hundía a un ritmo acelerado, pero a 10 de ellos les fue imposible alcanzar tierra. La gran mayoría de los africanos que llegan a las costas españolas no sabe nadar y, otros, con algunas nociones, no pueden hacer frente a la bravura de las aguas, ensañadas de corrientes; ni mucho menos pueden enfrentar el miedo o el cansancio después de una travesía tan agotadora como incierta. No llevaban chaleco salvavidas.

Los 10 cadáveres, entre los que se encuentra un menor de edad, fueron recuperados por la Guardia Civil, después de que un pescador, a primera hora de la mañana, los descubriera. Los 18 supervivientes, que fueron localizados ya amanecido el día, explicaron a la Guardia Civil que el patrón de la patera huyó por una zona montañosa tras el suceso.

Caso 3
Tumberos

El 18 de febrero de 2001 el periodista Javier Espinosa del diario El Mundo fue enviado especial a Beni Mellal, en Marruecos. Allí escribió una crónica tierna en la que cuenta la historia de los cadáveres de los marroquíes devueltos a su país y del encargado de transportarlos. Espinosa llamó a su crónica «El rubio de los cadáveres». Es una cara desconocida pero altamente conmovedora del fenómeno de los africanos que quieren llegar al Dorado. Ellos también, aunque no parezca, tienen una familia que los llora. Es la historia de quienes no lo logran y mueren; es la historia de sus deudos en busca de los cuerpos muertos de sus seres amados. La crónica cuenta un viaje en la vida de Ángel Zamora, conocido como el rubio de los cadáveres, el hombre encargado de devolver los cuerpos muertos de los marroquíes que se ahogan en su intento de llegar a España. En la crónica Ángel cuenta al periodista de El Mundo que ese viaje era excepcional porque el tribunal les había permitido llevar las ropas de los 14 cadáveres. Logró meterlas en bolsas de color azul y les puso unas etiquetas. Una vez en el pueblo, Ángel tomó un alambre de tender ropa y extendió las vestimentas allí. Inmediatamente se arremolinó la gente alrededor de las prendas, intentando reconocer las de sus familiares. «Aquí resulta fácil -contó Ángel- porque no tienen más que dos pantalones y dos camisas. O sea, que todo el mundo sabe identificar a un muerto por la indumentaria que llevaba». La gente lo paraba en la calle, se le tiraba encima. «Llegué a temer por mi integridad física porque algunas personas se volvían como locas. Acudieron casi un millar. Estuve dos semanas desplazándome de aldea en aldea con la ropa. Al final conseguimos identificar cinco cuerpos que trajimos a la semana siguiente para enterrarlos».

Angel Zamora y su hermano Martín tienen un tanatorio que se ocupa de trasladar los cadáveres de la península a Marruecos. La empresa es todo un referente para cientos de familias marroquíes que sufrieron la pérdida de algún familiar en el Estrecho. Los hermanos no sólo dan sepultura a los cadáveres, afirma la crónica de Sepúlveda, actúan como detectives que indagan para descubrir la identidad de los inmigrantes fallecidos. «Aprovechamos los recorridos por Marruecos para preguntar a la gente, cuenta. Otras veces los muertos llevan números de teléfono en el bolsillo, lo que nos permite hablar con sus allegados. O si viene alguien de la misma localidad le dejamos ver el cuerpo y le pedimos que con esa referencia pregunte en su pueblo. Ahora han comenzado a tomar muestras de ADN y la semana pasada vino un doctor de Rabat buscando a un familiar». A veces Ángel atraviesa por la noche las rutas marroquíes sólo con su camioneta llena de cadáveres y probablemente se siente dichoso, en el medio de semejante desgracia, de poder devolver con la muerte la dignidad de un nombre y la de una sepultura que macabramente se convierte en lo más humano que quienes viajan en una patera pueden conseguir.

Dos años después, no se sabe nada de El rubio de los cadáveres, no se sabe si sigue con este trabajo o si ahora se habrá convertido en un buitre más, de esos que se aprovechan de la desgracia de los inmigrantes. El presidente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes, ATIME, de Andalucía, Kamal Rahmouni, solicitó en noviembre de 2003 la intervención de las autoridades españolas para evitar una situación indecorosa, probablemente ilegal: las funerarias españolas piden para la repatriación de los cadáveres de los inmigrantes entre mil ochocientos y tres mil euros. Las familias no pueden asumir ese coste para devolver a sus muertos a casa, sobre todo cuando la muerte también se llevó la única esperanza de salir de la pobreza que les quedaba. Los 2 mil euros de media que se necesitan son excesivos para gente que no tiene ni para comer.

Kamal Rahmouni expresó que es el Gobierno marroquí quien tiene la responsabilidad moral y política de hacerse cargo de la repatriación de los cadáveres. En el caso de las víctimas del naufragio registrado el día 25 de octubre de 2003 frente a las costas de Rota la Fundación Hassan II, gestionada por la Casa Real Alauí, se hizo cargo de la repatriación de los muertos.

Un total de 54 familias de las víctimas de aquel naufragio continúan todavía a la espera de confirmar la muerte de alguno de sus miembros, pero sólo tres pudieron desplazarse hasta Algeciras para identificar los cadáveres que permanecen en el tanatorio de Los Barrios, en Cadiz, ya que el resto tuvo problemas para conseguir el visado, según ha declarado Rahmouni.

De los 36 cadáveres que permanecen en Los Barrios sólo uno ha sido identificado en la funeraria por su hermano, que ya residía en Europa, por lo que se está tramitando su repatriación. Entre los cuerpos restantes, sólo tres pueden ser reconocidos de forma visual, mientras que los otros 32 se encuentran en un estado «muy complicado, casi descompuestos», por lo que ha de procederse a las pruebas de ADN.

Todos los inmigrantes ilegales que mueren en su intento por alcanzar Europa y que no pueden ser identificados son enterrados en España. Los cementerios de los municipios de la Bahía de Algeciras están repletos de sepulturas anónimas encabezadas por este epígrafe: «Inmigrante número X», a la espera de su reclamación.

Caso 4

Edith es una nigeriana de 23 años. La dejaron embarazada en la frontera de Ujda dos violadores. Quería llegar a Tánger para allí subirse a una patera. Era la segunda vez que lo intentaba. La primera vez fue detenida por un policía en la mezquita de Tánger porque se atrevió a salir de la chabola donde permanecía escondida. En Marruecos ya no quieren saber nada con los subsaharianos y están obligados a esconderse. Han cerrado las dos pensiones que solían alojarlos antes de subir a la patera y lo único que les queda es irse a los bosques o a barrios marginales a conseguir algún lugar en una chabola hasta que salga la patera. Eso es lo que estaba haciendo Edith esa primera vez. Fue deportada a la frontera y en su nuevo intento tardó un mes en llegar de nuevo a Tánger caminando. Se puso bajo la protección de un «father» que cuando supo que estaba embarazada de cuatro meses, la obligó a abortar. Y así lo hizo. El aborto y el dinero fueron su billete para llegar a España.