Nota
La vida por un trabajo: emigración africana hacia España
En agosto de 2004, la escritora y periodista Cristina Civale publicó “Esclavos, informe urgente sobre la inmigración en España”, una investigación periodística sobre la llegada clandestina de africanos a la Península Ibérica. Lo hizo un año antes de que diarios de todo el mundo relataran el asesinato de cinco africanos en la frontera de Melilla, un enclave español en el norte del Continente Negro, y de cuyas balas ni España ni Marruecos. Civale describe las formas de represión que impiden a los hambrientos subsaharianos llegar a los países europeos. El libro, publicado por Editorial Sudamericana, perteneciente al grupo español Random House Mondadori, fue descatalogado hace diez días. Aquí se reproduce el capítulo 3, ÁfricaXpress, donde la autora relata cómo aquellos que sueñan un trabajo que les permita el sustento pueden ser arrojados al mar por quienes los transportan, o cómo son capaces de saltar vallas de seis metros, protegidas con alambres de púas y agentes de la Guardia Civil española.
La primavera y el mar mediterráneo en calma es símbolo de alerta para quienes trabajan en las costas del Levante español. Guardacostas, miembros de la Cruz Roja y otras organizaciones humanitarias se aprontan para recibir a una avalancha humana. Africanos en busca de un destino más luminoso en la tierra del sol.
Radares ultramodernos, detectores de calor y lanchas rápidas, son los elementos de los que se vale la guardia costera para atrapar a estos barcos clandestinos, las pateras, como en una película mala de piratas. Los conductores de las pateras, llamados tiburones, están al tanto de que existen operativos que puede truncar sus planes. Por eso, ante el menor peligro, no dudan en deshacerse de sus clientes -que han pagado por el viaje un promedio de 4 mil euros por persona- tirándolos al mar como si se tratase de un fardo de mercadería de contrabando. No importa que no sepan nadar o que las condiciones del viaje los hayan dejado heridos o exhaustos (a pesar de que la distancia es de algo más de 10 kilómetros). Los tiburones no quieren ser atrapados. Tienen que seguir trabajando. Comprar otro barco e intentar hacerlo llegar a la costa con su carga de humanidad llena de esperanza pero también de miedo.
Desde finales de los años noventa, y con periodicidad y número creciente, llegan a estas costas (las del Estrecho y Canarias principalmente) un tipo de embarcación precaria y ligera: las pateras. Se trata de barcas neumáticas de marca Zodiac que, con capacidad, para 40 personas, cargan más de 100 en una ruta que va desde algún punto del norte de África con destino a alguna de las citadas costas del poniente español. Los puntos de partida y destino se fueron desplazando con el tiempo para evitar los radares policiales.
El negocio comenzó en las costas de Marruecos pero hoy se extiende a las de Argelia lo que hace, a su vez, que cambien los puntos de destino: llegan menos pateras al Estrecho y aumenta el número en las costas de las Canarias. De Marruecos al estrecho hay sólo 13 kilómetros; a Fuerteventura, la isla más cerca, unos 120, pero sus costas todavía están menos preparadas para lo que llaman despectivamente “el aluvión”. El viaje a las islas puede durar de 14 horas hasta dos o tres días según el tipo de embarcación.
Los viajantes provienen de todas partes de África, pero sobre todo de Marruecos y de países del Subsahara: Camerún, Congo, Gambia, Ghana, Guinea Bisseau, Guinea Conakry, Costa de Marfil, Liberia, Mali, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo.
Se conoce con el nombre de “atunes” a estos inmigrantes que están dispuestos a dejar su vida en el mar. El hambre es menos tentador que el sueño de El Dorado que les venden sus reclutadores. Todos llegan sin documentos de sus países y ya han aprendido una lección: esquivar la pregunta que intenta indagar de dónde provienen. Si su país de origen es desconocido, la deportación se hace impracticable. Y entonces se quedan, primero detenidos, luego libres y clandestinos.Este negocio mueve al año, según fuentes de la Cruz Roja, 7 mil millones de dólares.
El procedimiento de avistaje de pateras es el siguiente: Apenas las patrullas de la Guardia Civil detectan una embarcación, avisan al Centro de Cruz Roja. De inmediato, el médico, los voluntarios y las ambulancias parten en dirección a la playa o al puerto indicados para atender las emergencias que se puedan presentar. En un primer momento, los inmigrantes, gozan de estos beneficios ya que se les da el tratamiento internacional de náufragos, pero una vez repuestos pasarán a formar filas para la deportación.
Hipotermia, quemaduras y distintos tipos de traumatismos son las lesiones más frecuentes. Apenas ponen los pies en España, aquellos que no logran escapar a la Guardia Civil, son sometidos a un examen médico. Si no necesitan hospitalización pueden ser trasladados a la Isla de las Palomas, donde un antiguo cuartel militar funciona como centro de acogida. Allí son registrados y se les entrega un documento donde se les informa que en 15 días deben abandonar España.
Los marroquíes pueden ser deportados -salvo que logren escapar- porque existe un acuerdo entre el gobierno español y el marroquí para tales fines. Suelen ser trasladados a la comisaría de Algeciras y de allí al ferry que los devolverá a su país. A pesar de la normativa existente, esta no siempre se cumple y los magrebíes logran sortear el viaje de retorno. Las mafias han sofisticado su trabajo y ahora venden una suerte de billetes especiales por los cuales si el cliente es deportado, tiene derecho, apenas llega al puerto marroquí, a subirse nuevamente a otra embarcación para volver a España. Estos “tickets” cuestan alrededor de 6 mil euros, el mismo precio que el de los ferry que cuentan con personal español que hacen la vista gorda ante la entrada de marroquíes indocumentados o africanos que llegan a Marruecos con ese dinero para aprovechar esta oferta de viaje.
Los africanos no marroquíes que llegaron en el viaje común de la patera, no pueden ser deportados, a pesar de la orden emitida por la guardia civil, dado que no
existen tratados con su países de origen. Lo que luego sucede es casi surrealista. El gobierno local, para evitar la provocación de tanto africano libre dando vueltas por ahí, los fleta literalmente en aviones a la Península con destino a Madrid, Barcelona o el País Vasco. Antes de subirlos a los aviones los proveen de una lista con los nombres de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que podrán ayudarlos. Los echan oficialmente pero por otro lado los incitan a que se queden, ilegalmente, claro. Este procedimiento fue confirmado por varias ONGs. SOS Racisme aseguró haber visto las listas otorgadas por las autoridades que, hasta por los menos durante 2002, estaban escritas en papeles con membretes oficiales. Ahora tienen el cuidado de fotocopiar la información del otro lado de la hoja, donde el membrete queda cubierto. Los africanos llegaban con la idea de que en estas instituciones conseguirían techo y comida y hasta trabajo. La realidad es que ellas sólo pueden orientarlos en cómo insertarse en la sociedad, pero en una primera instancia no faltó nunca un voluntario que, apenas llegados, se los llevase al bar más próximo para ofrecerles de comer de su propio bolsillo. Aunque saben que la caridad no es la solución, en una primerísima instancia no parecería haber otro camino.
Es lo que sucede en la Vicaria General de Ceuta que a finales de noviembre de 2003 exigió a la Administración que los ayude a costear la atención que prestan a más de 260 subsaharianos acogidos por ellos en un antiguo colegio propiedad del Obispado de Cádiz y Ceuta. Desde el 6 de octubre de 2003 ofrecieron recursos excepcionales para atender a ese enorme grupo de personas que vivía fuera del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. La Vicaría aclaró que su gestión contó exclusivamente con el apoyo material y humano de la iglesia. Hasta finales de noviembre habían sacado de sus bolsillos 12 mil euros para llevar adelante su acto de caridad. “Nosotros seguiremos atendiéndolos mientras podamos pero es que además del problema económico hay otro de recursos humanos”, indican fuentes de la Vicaría. Según Médicos sin Fronteras existen otras doscientas personas que duermen a la intemperie en la misma zona y que no son acogidos por nadie.
Las mujeres embarazadas o con niños constituyeron hasta mediados de 2003 una parte menor pero importante en la circulación de la mafia de las pateras. Sobre todo las procedentes de Nigeria. Muchas veces terminaban en centros de acogida de la Cruz Blanca donde el padre Isidoro, conocido como Fray Patera, las recibía hasta que alguien las reclamaba o se marchaban a seguir su incierto camino hacia delante. En general este camino se iniciaba con la venta del niño. Las mafias inducían a las mujeres a embarazarse antes de embarcarse para luego venderles a su hijos. Procedían así: Existían cortijos donde las mafias alojaban a estas mujeres una vez que podían salir de la custodia policial. En ellos, llegaron a vivir más de 100 mujeres que esperaban dar a luz. Las mafias de venta de niños -una sociedad donde estaban involucrados españoles, nigerianos y magrebíes- contaban con otro ingreso: el de la prostitución a la que obligaban a estas mujeres que por 15 euros ofrecían un servicio completo.
Una vez nacido el niño podía ser vendido en 2 mil o 3 mil dólares. Los compradores eran siempre procedentes de otro país de la Unión Europea, no de España, principalmente franceses o alemanes.
Pero ya a mediados de 2003 las mujeres y sus embarazos comenzaron a ser una complicación para las mafias más que una fuente de recursos. Estas mujeres compradas en sus aldeas por los jefes de las mafias a los que llaman “fathers” y con los que tienen una dependencia total, son ahora obligadas a abortar si es que cometieron el error de quedar embarazadas y si lo quedaron fruto de una violación. Actualmente llegan a abortar bebés a punto de nacer con las secuelas tremendas que esto acarrea para su salud o a la continuación de sus propias vidas. El rechazo de bebés en las pateras llegó a producir el asesinato de recién nacidos en las costas por parte de los fathers.
A partir de mediados de 2002 se comenzó a observar otro fenómeno inquietante: el de menores convertidos en patrones de pateras. Con este procedimiento las mafias intentan evitar la prisión y la devolución de los patrones a su
país. Durante 2001 fueron arrestados 196 patrones de pateras, en su mayoría magrebíes y durante el 2002, la cifra rodeó los 90. Ante esta presión, las mafias
recurren a menores de edad que no pueden ser arrestados tan fácilmente. Expulsarlos del país es difícil ya que las Fuerzas de Seguridad deben poner en conocimiento a
los Servicios de Protección de menores y presentar el hecho ante fiscal de turno. Tras comprobar si es posible la reagrupación familiar, la administración debe decidir si procede el retorno a su país o su permanencia en España. En el caso de que el chico haya sido detenido, se le juzga por el delito cometido y si es condenado se lo ingresa en un centro de menores.
La mayoría de los conductores arrestados se hacinan en la prisión de Tahiche, en la isla de Lanzarote, que ya está completamente saturada. Los propios funcionarios de la cárcel aceptaron que la situación es muy dramática: no hay celdas de aislamiento, las condiciones sanitarias son precarias y aparecieron casos de tuberculosis.
En sólo dos años (de 2000 a 2002) se cuadruplicó el número de inmigrantes que llegan en pateras. En 2000 fueron 2410 y en 2002 pasó a ser según unas fuentes 9765 y según otras se habría elevado a más de 16 mil. El 15 de octubre de 2003 hubo alerta en las costas españolas ya que llegaron en ese único día 550 inmigrantes desde África. Alcanzaron las costas andaluzas y canarias en nueve embarcaciones. Las costas
andaluzas, en especial la gaditana que rodea la localidad de Tarifa, han sido las más afectadas por la llegada de pateras. Hasta 389 inmigrante llegaron en ocho embarcaciones a las playas de Andalucía, a Tarifa y a Motril, en Granada. Seis de las pateras con 358 inmigrantes (incluidos dos que trataban de cruzar el Estrecho a bordo de flotadores) llegaron a Tarifa. En el contingente se incluyeron tres bebés, seis menores y seis mujeres embarazadas. A su vez, ese mismo día en Granada, la Guardia Civil interceptó una embarcación neumática con 31 inmigrantes. En la Isla de Fuerteventura, un total de 72 inmigrantes fueron detenidos. Esta llegada masiva -que sólo puede compararse con la del 18 de agosto de 2001 cuando llegaron 567 inmigrante a las costas españolas- produjo un llamamiento por parte del gobierno español al gobierno marroquí para que detenga la partida de pateras. Pero esta formalidad, disfrazada de escándalo, no suena muy efectiva a la hora de encarar a fondo el problema de las mafias y la fábrica de esclavos.
El saldo de la llegada masiva del 15 de octubre fue de 36 inmigrantes ahogados de los 50 que llegaron a Rota en Cádiz y la denuncia por parte de las organizaciones humanitarias de que la Guardia Civil tardó una hora en acudir al rescate de los barcos luego de recibir las alertas. La guardia se defendió confirmando que no contaba ni siquiera con una verdadera embarcación de rescate. El 9 de noviembre de 2003 proporcionaron a la prensa un informe de la situación de las embarcaciones de rescate en la Bahía de Cádiz el día del naufragio. Contaban, es un modo de decir, con trece embarcaciones. Una patrullera ligera averiada desde el 15 de septiembre; otra patrulla ligera neumática averiada desde principios de agosto. Una lancha Sunseeker y una lancha neumática decomisadas e inoperativas por un temporal. Un barco de rescate averiado en el Puerto de Cádiz y un remolcador que acudió a Tarifa a ayudar a un pesquero marroquí. Finalmente contaban con cinco remolcadores, uno de ellos fue el que partió a las 8 de la noche para ayudar a la patera donde viajaban 50 personas de las cuales 36 perecieron ahogadas.
Sobre finales de octubre de 2003 comenzó a detectarse un fenómeno completamente nuevo: el de pateras exclusivamente cargadas con menores de edad: desde adolescentes hasta niños. Todos difíciles de deportar y probablemente ya vendida -su fuerza de trabajo o su cuerpo- por las mafias antes del embarque.
En el Nuevo Dorado, no sólo los puede esperar -a adultos o niños- la explotación. La muerte también se da cita abrazada a las malas condiciones de las embarcaciones en las que viajan y a un agua rebelde, no apta para quienes no están bien alimentados o no son consumados nadadores.
Durante 2003, un total de 76 inmigrantes murieron y 30 desaparecieron en aguas de Canarias debido al naufragio de las pateras en las que viajaban, según datos de la Delegación de Gobierno de Canarias. Todo ello sin contar la cantidad de pateras que pierden el rumbo mucho antes de avistar las costas y de las cuales es imposible tener una cifra.
Un total de 434 sin papeles ha arribado en patera a la isla de Lanzarote. Mientras tanto, a la isla de Fuerteventura han llegado por mar 2.765 inmigrantes. El Cabildo Insular de Fuerteventura viene exigiendo a la Administración del Estado una investigación en profundidad sobre las causas que produjeron las muertes y desapariciones de inmigrantes como consecuencia de los hundimientos de las pateras. Además, reclama al Gobierno que aumente las medidas de seguridad y los medios humanos y materiales adecuados para la eficacia de la vigilancia costera y el rescate de estas personas.
El viceconsejero de Asuntos Sociales e Inmigración de Canarias, Benito Codina, afirma sin reparos que las mafias dedicadas al tráfico de personas modificaron la estructura de las pateras. Según pudo saberse, se pretende así lograr mayor rapidez y una travesía más corta, pero las embarcaciones son ahora aún menos estables. Benito Codina añadió que los cambios realizados en la altura de la borda y en la quilla permiten que la embarcación tenga menos rozamiento con el agua y sea más rápida. Sin embargo, este cambio también produce que el centro de gravedad de las pateras sea más alto y “cualquier embate hace que vuelquen”. Según la legislación española, no podrían navegar ni en un lago falso.
Caso 2
El mediterráneo teñido de muerte
Agosto de 2003 comenzó con la misma tragedia en aguas de Fuerteventura con la que se despidió el mes de julio. Diez inmigrantes murieron ahogados tras zozobrar su patera, sólo un día después de que otros 15 indocumentados fueran devorados por el mar. Ocurrió alrededor de las 3.30 de la madrugada, cerca de la costa, en la zona conocida como Los Charcos, en Jacomar, en el municipio de Antigua. La patera, en la que viajaban 29 personas, encalló contra unas rocas. Los inmigrantes salieron espantados del barco precario, que se hundía a un ritmo acelerado, pero a 10 de ellos les fue imposible alcanzar tierra. La gran mayoría de los africanos que llegan a las costas españolas no sabe nadar y, otros, con algunas nociones, no pueden hacer frente a la bravura de las aguas, ensañadas de corrientes; ni mucho menos pueden enfrentar el miedo o el cansancio después de una travesía tan agotadora como incierta. No llevaban chaleco salvavidas.
Los 10 cadáveres, entre los que se encuentra un menor de edad, fueron recuperados por la Guardia Civil, después de que un pescador, a primera hora de la mañana, los descubriera. Los 18 supervivientes, que fueron localizados ya amanecido el día, explicaron a la Guardia Civil que el patrón de la patera huyó por una zona montañosa tras el suceso.
Caso 3
Tumberos
El 18 de febrero de 2001 el periodista Javier Espinosa del diario El Mundo fue enviado especial a Beni Mellal, en Marruecos. Allí escribió una crónica tierna en la que cuenta la historia de los cadáveres de los marroquíes devueltos a su país y del encargado de transportarlos. Espinosa llamó a su crónica “El rubio de los cadáveres”. Es una cara desconocida pero altamente conmovedora del fenómeno de los africanos que quieren llegar al Dorado. Ellos también, aunque no parezca, tienen una familia que los llora. Es la historia de quienes no lo logran y mueren; es la historia de sus deudos en busca de los cuerpos muertos de sus seres amados. La crónica cuenta un viaje en la vida de Ángel Zamora, conocido como el rubio de los cadáveres, el hombre encargado de devolver los cuerpos muertos de los marroquíes que se ahogan en su intento de llegar a España. En la crónica Ángel cuenta al periodista de El Mundo que ese viaje era excepcional porque el tribunal les había permitido llevar las ropas de los 14 cadáveres. Logró meterlas en bolsas de color azul y les puso unas etiquetas. Una vez en el pueblo, Ángel tomó un alambre de tender ropa y extendió las vestimentas allí. Inmediatamente se arremolinó la gente alrededor de las prendas, intentando reconocer las de sus familiares. “Aquí resulta fácil -contó Ángel- porque no tienen más que dos pantalones y dos camisas. O sea, que todo el mundo sabe identificar a un muerto por la indumentaria que llevaba”. La gente lo paraba en la calle, se le tiraba encima. “Llegué a temer por mi integridad física porque algunas personas se volvían como locas. Acudieron casi un millar. Estuve dos semanas desplazándome de aldea en aldea con la ropa. Al final conseguimos identificar cinco cuerpos que trajimos a la semana siguiente para enterrarlos”.
Angel Zamora y su hermano Martín tienen un tanatorio que se ocupa de trasladar los cadáveres de la península a Marruecos. La empresa es todo un referente para cientos de familias marroquíes que sufrieron la pérdida de algún familiar en el Estrecho. Los hermanos no sólo dan sepultura a los cadáveres, afirma la crónica de Sepúlveda, actúan como detectives que indagan para descubrir la identidad de los inmigrantes fallecidos. “Aprovechamos los recorridos por Marruecos para preguntar a la gente, cuenta. Otras veces los muertos llevan números de teléfono en el bolsillo, lo que nos permite hablar con sus allegados. O si viene alguien de la misma localidad le dejamos ver el cuerpo y le pedimos que con esa referencia pregunte en su pueblo. Ahora han comenzado a tomar muestras de ADN y la semana pasada vino un doctor de Rabat buscando a un familiar”. A veces Ángel atraviesa por la noche las rutas marroquíes sólo con su camioneta llena de cadáveres y probablemente se siente dichoso, en el medio de semejante desgracia, de poder devolver con la muerte la dignidad de un nombre y la de una sepultura que macabramente se convierte en lo más humano que quienes viajan en una patera pueden conseguir.
Dos años después, no se sabe nada de El rubio de los cadáveres, no se sabe si sigue con este trabajo o si ahora se habrá convertido en un buitre más, de esos que se aprovechan de la desgracia de los inmigrantes. El presidente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes, ATIME, de Andalucía, Kamal Rahmouni, solicitó en noviembre de 2003 la intervención de las autoridades españolas para evitar una situación indecorosa, probablemente ilegal: las funerarias españolas piden para la repatriación de los cadáveres de los inmigrantes entre mil ochocientos y tres mil euros. Las familias no pueden asumir ese coste para devolver a sus muertos a casa, sobre todo cuando la muerte también se llevó la única esperanza de salir de la pobreza que les quedaba. Los 2 mil euros de media que se necesitan son excesivos para gente que no tiene ni para comer.
Kamal Rahmouni expresó que es el Gobierno marroquí quien tiene la responsabilidad moral y política de hacerse cargo de la repatriación de los cadáveres. En el caso de las víctimas del naufragio registrado el día 25 de octubre de 2003 frente a las costas de Rota la Fundación Hassan II, gestionada por la Casa Real Alauí, se hizo cargo de la repatriación de los muertos.
Un total de 54 familias de las víctimas de aquel naufragio continúan todavía a la espera de confirmar la muerte de alguno de sus miembros, pero sólo tres pudieron desplazarse hasta Algeciras para identificar los cadáveres que permanecen en el tanatorio de Los Barrios, en Cadiz, ya que el resto tuvo problemas para conseguir el visado, según ha declarado Rahmouni.
De los 36 cadáveres que permanecen en Los Barrios sólo uno ha sido identificado en la funeraria por su hermano, que ya residía en Europa, por lo que se está tramitando su repatriación. Entre los cuerpos restantes, sólo tres pueden ser reconocidos de forma visual, mientras que los otros 32 se encuentran en un estado “muy complicado, casi descompuestos”, por lo que ha de procederse a las pruebas de ADN.
Todos los inmigrantes ilegales que mueren en su intento por alcanzar Europa y que no pueden ser identificados son enterrados en España. Los cementerios de los municipios de la Bahía de Algeciras están repletos de sepulturas anónimas encabezadas por este epígrafe: “Inmigrante número X”, a la espera de su reclamación.
Caso 4
Edith es una nigeriana de 23 años. La dejaron embarazada en la frontera de Ujda dos violadores. Quería llegar a Tánger para allí subirse a una patera. Era la segunda vez que lo intentaba. La primera vez fue detenida por un policía en la mezquita de Tánger porque se atrevió a salir de la chabola donde permanecía escondida. En Marruecos ya no quieren saber nada con los subsaharianos y están obligados a esconderse. Han cerrado las dos pensiones que solían alojarlos antes de subir a la patera y lo único que les queda es irse a los bosques o a barrios marginales a conseguir algún lugar en una chabola hasta que salga la patera. Eso es lo que estaba haciendo Edith esa primera vez. Fue deportada a la frontera y en su nuevo intento tardó un mes en llegar de nuevo a Tánger caminando. Se puso bajo la protección de un “father” que cuando supo que estaba embarazada de cuatro meses, la obligó a abortar. Y así lo hizo. El aborto y el dinero fueron su billete para llegar a España.
Nota
Tres audiencias ante la CIDH que cuestionaron las políticas de Milei sobre mujeres, derechos humanos y economía popular
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió tres audiencias temáticas a las organizaciones de la sociedad civil de Argentina para escuchar el impacto de las medidas regresivas que adoptó el Estado en políticas sociales, económicas y culturales. El gobierno de Javier Milei debió responder en Washington, sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante las autoridades internacionales respecto a la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Hubo en total tres audiencias:
- Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular;
- Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género;
- Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos.
En el caso de violencia contra las mujeres y niñas, la presidenta de la CIDH Roberta Clarke planteó que se trata de “delitos de lesa humanidad”. La actitud del gobierno argentino, y los detalles de cada una de las audiencias.
Por Lucrecia Raimondi
Las audiencias ante la CIDH que se llevaron a cabo el jueves 14 noviembre reunieron a organizaciones sociales y de derechos humanos en la sede de la Ex Esma, desde donde se realizó la conexión. Fueron solicitadas por entidades de derechos humanos, políticas, sindicales, feministas, sociales, académicas y religiosas.
Durante el 191º Período de Sesiones, en un hecho inédito, la CIDH otorgó a la Argentina el tratamiento de tres temas:
- El “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular”;
- la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género”;
- el “Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos”.
En 10 meses de gestión, el gobierno de Milei debió presentarse cuatro veces a la CIDH para dar respuesta ante los reclamos de la sociedad civil por la violación a los derechos humanos. La primera fue en julio de este año sobre la “Situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión” a partir de la represión durante el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso Nacional.
Los representantes del Estado argentino sostuvieron la postura ultraliberal del presidente Javier Milei en todos los ámbitos internacionales de derechos humanos. Ante la CIDH, las intervenciones del gobierno y de la sociedad civil mostraron un país con una profunda división. En la exposición de los funcionarios oficiales quedó explícita su postura en “concordancia con los principales lineamientos del gobierno” en relación a la “racionalización de la gestión de los recursos disponibles”, según ellos como consecuencia de “la herencia institucional, económica y social recibida por la actual administración”.
En las tres audiencias el ex juez Alberto Baños, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, argumentó que “los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes y la reducción de personal ineficiente, tienen que ver con la búsqueda de saneamiento que permita un renacimiento de la economía”. Las intervenciones de Baños se vieron plagados de un tono entre irónico y agresivo hacia las políticas de derechos humanos, con la habitual retórica oficialista que justifica la regresión en materia social amparándose en la crisis económica.
Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil presentaron informes detallados del impacto negativo de las políticas de ajuste y desregulación del Estado en tres áreas donde Argentina es un ejemplo para el mundo:
- la colaboración comunitaria contra la pobreza en los barrios vulnerables,
- la lucha social por la erradicación de la violencia de género,
- las políticas de memoria, verdad y justicia por la no repetición del terrorismo de Estado.
La sociedad civil peticionó a la CIDH una visita a la Argentina para monitorear la situación con el fin de impulsar al Estado a cumplir con sus obligaciones y respetar los estándares internacionales de derechos humanos.
Milei pretende diferenciarse de la Agenda 2030, consensuada en la ONU como el “Pacto del Futuro”, que reúne esfuerzos para garantizar derechos de tercera generación y de incidencia colectiva. “Aunque bienintencionado en sus metas, es un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas”, disertó el presidente de Argentina en septiembre ante la 79º Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Al cierre de su discurso advirtió que “la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio, ni la violación de los derechos naturales de los individuos, no importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución”. En esa línea fue la intervención de Baños, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La economía popular y el avance narco
La primera audiencia sobre el “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular” fue solicitada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO).
La principal denuncia de este sector fue la falta de entrega de alimentos a los comedores comunitarios, el desmantelamiento de los programas de empleo social, la persecución y la estigmatización de las organizaciones sociales. Natalia Zarza, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos e integrante de la UTEP describió la dramática situación de los barrios populares ante la falta de alimentos: “No llegamos a fin de mes, no tenemos a la noche un plato de comida todos los días. Los espacios que brindan los alimentos a los pibes se hacen de manera amorosa y con compromiso, son una herramienta fundamental de contención. Pero cuando el Estado se retira avanza el narcotráfico que le destruye el proyecto de vida a nuestros pibes. Estoy acá con mucha bronca, vengo para que me escuchen. No somos fantasmas, somos los que sostenemos los comedores comunitarios dándole de comer a los chicos y los ancianos de todos los barrios de la Argentina”.
Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, explicó las consecuencias de la política de ajuste: “En nuestro país hay 10 millones de indigentes, hay más de 20 millones de compatriotas que están en la pobreza que no pueden comer todos los días, que saltean comida. El gobierno congeló el salario social complementario, implica que el Potenciar Trabajo, que percibían trabajadores y las trabajadoras de la economía popular producto de una tarea socio productiva, cayera en peores condiciones sociales de las que estaban en términos de pobreza. El gobierno tomó una decisión de avanzar en un proceso de ajuste, no solo en la política de economía popular, sino en muchas políticas. Nosotros hacemos mucho hincapié en que cuando se destruye la comunidad avanza el narcotráfico, se rompen las redes de contención social y de contención comunitaria”.
Además Gramajo detalló: “Lo que hemos planteado hasta acá es producto de las decisiones que ha tomado el gobierno. Los trabajadores de la economía popular y trabajadores formales van perdiendo su trabajo y su poder adquisitivo, los jubilados y jubiladas caen en la pobreza, millones de niños y niñas van todos los días a dormirse sin comer, más de 10.000 empresas han cerrado, privatizó las empresas del Estado. El gobierno decidió desfinanciar la educación y la salud pública” y concluyó que para la sociedad civil peticionante “esto representa un plan de miseria planificado, un plan de exterminio social y una gran crisis humanitaria que necesita el acompañamiento de los diferentes organismos internacionales. Porque el avance en el narcotráfico que se ve en el territorio argentino y también la gran tasa de suicidios que ha aumentado violentamente, son producto del deterioro económico y social que está viviendo nuestro pueblo”.
En respuesta a los planteos de las organizaciones, Baños acusó a Gramajo de tener un “discurso político”, habló de infiltrados en las manifestaciones, de comedores fantasmas y tildó a la militancia social de coercitiva. Además sostuvo que “las políticas de intermediación y asistencialismo clientelar llevaron al país años de pobreza estructural” y agregó que “durante épocas de pobreza estructural y asistencialismo clientelar, tampoco se presentó ningún pedido de audiencia pública”, cosa que en la Ex Esma fue interpretada como una chicana.
Ante la pregunta del comisionado Caballero sobre si era una proyección o un dato concreto que la pobreza disminuyera a la par de la baja de la inflación, Baños agitó el discurso libertario: “No es que en el segundo semestre del 2024 la pobreza bajó sino que en este segundo semestre estamos viendo que la pobreza empieza a bajar a partir de una sostenida baja en los índices de inflación”.
Al cierre de su intervención sobre este tema, Baños describió para quién gobierna el presidente: “La gestión encabezada por el presidente Milei es para mejorar la calidad de vida de los argentinos de todas las clases socioeconómicas, apuntar a lograr una vida en libertad y hacer de la propiedad de cada uno un fin en sí mismo”.
La voz de los marginados
Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, se dirigió a los funcionarios en relación a las respuestas insuficientes del Estado y la evidente falta de diálogo ante los reclamos de los trabajadores de la economía popular: “Quiero invitarles a las dependencias del Estado a que básicamente reconozcan los derechos humanos y políticos en el marco de los derechos humanos. ¿Entienden esta lucha de poder que existe entre las instituciones y las personas? Por ejemplo, eso tiene que ver con la distribución de recursos. Cuando hay desigualdades muchos quedan afuera en sus necesidades, no son cumplidas. Esta es la historia que vive nuestra región, de arriba hacia abajo. Entonces, el marco de los derechos humanos dicta que los Estados tienen que proteger los derechos y los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil tienen el papel de monitorear lo que están haciendo los Estados para cumplir con los derechos humanos. La Comisión también tiene que ser la voz de los marginalizados”.
Además, se refirió a la denuncia por la estigmatización y las campañas de desprestigio al sector de la economía popular que sostiene los comedores en los barrios: “La sociedad civil y los defensores de derechos humanos no deben recibir ningún tipo de represalia. Deben en forma sustantiva ser esa voz, no solamente una voz desde afuera, sino una voz que puede sentarse a la mesa de negociaciones para que se vean sus perspectivas, para que se vea el monitoreo que han realizado en cuanto a las políticas. Los defensores de derechos humanos están trabajando con mucho valor en contra de los poderes que tiene el Estado y por supuesto esto lo vemos en toda nuestra región. Así que quiero honrar la integridad del trabajo que están haciendo ustedes y sus intenciones”.
“La violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”
En la segunda audiencia sobre la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género” participaron como peticionantes Amnistía Internacional, el CELS, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables. Los principales ejes de denuncia fueron el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y su posterior cartera disminuida en Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, la reducción drástica de los Centros de Acceso a la Justicia, el desfinanciamiento de la línea telefónica 144, del Programa Acompañar y el Programa Acercar que brindaba asistencia integral a las víctimas de violencia de género.
Destacaron la falta de políticas de prevención del abuso sexual en la infancia, las barreras para el acceso al aborto legal, el cierre del Plan ENIA de prevención de embarazos no deseados en la adolescencia, más el desmantelamiento de programas que promovían la equidad de género en empresas y de ayuda económica para personas trans. La audiencia comenzó con un claro mensaje de Clarke: “Dediqué casi toda mi vida profesional a este tema y no se ha visto una disminución en las estadísticas. Tal vez no contemos con cifras exactas por subregistro, pero la violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”.
Natalia Gerardi, directora ejecutiva de ELA, puso en contexto a la CIDH: “Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, el actual gobierno ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT. Desmanteló políticas públicas exitosas, desprestigió sin evidencias las instituciones encargadas de garantizarlas, recortó de manera arbitraria las partidas presupuestarias y redujo el personal que sostenía la implementación de las políticas públicas mediante despidos masivos. Con estas acciones el Estado incumple pactos y tratados internacionales vigentes como la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”. Gerardi explicó que el desmantelamiento sistemático de estas políticas “se enmarca en un acelerado proceso de des responsabilización, el Estado Nacional abandona a las mujeres renunciando a su rol de rectoría en materia de política pública y garante de un piso mínimo de derechos en todo el país” y enfatizó en que “son medidas regresivas tomadas en manifiesto incumplimiento de los principios de progresividad y no regresividad en derechos humanos”.
Juliana Miranda, del Centro de Estudios Legales y Sociales, cuestionó ante la CIDH la actitud internacional del Estado argentino: “Nuestro país fue el único que se negó a firmar la Declaración sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres del G20. Hoy mismo, hace unas horas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, Argentina fue el único estado de 184 países que votó en contra de una resolución que llama a intensificar esfuerzos contra la violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital. Estas acciones regresivas del Estado, en términos de protección del colectivo de mujeres y personas LGBT, es contraria a los estándares fijados por la normativa internacional y los antecedentes del sistema interamericano e incluso los compromisos que asumió en la emblemática solución amistosa por el intento de feminicidio y actuación estereotipada y discriminatoria en perjuicio de Ivana Rosales”.
En ese sentido, Miranda analizó lo discordante de esta posición en relación a los derechos adquiridos con que cuentan las niñas, mujeres y disidencias en Argentina: “Este giro en la política exterior alejó al país de sus alianzas en América Latina y de los foros multilaterales regionalistas en los que promovió el avance de la protección de este colectivo, con la excusa de considerar los derechos humanos como ineficaces e ideológicamente dirigidos. Argentina se está alejando de su rol de liderazgo histórico en la promoción de derechos de las mujeres, iniciativas contra la violencia de género y la promoción y protección de derechos sexuales y reproductivos”.
La respuesta de Baños fue la misma: la crisis económica y la ineficacia del Estado. “Los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes. La reducción de personal ineficiente tiene que ver con la búsqueda de saneamiento que permitan un renacimiento de la economía. Por la reestructuración total, los programas del ministerio fueron asumidos por la entonces Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, donde se evaluaron oportunamente las estructuras organizativas. El análisis realizado puso en evidencia la superposición de tareas y duplicación de funciones con el consecuente exceso de personal, incluyendo coordinaciones y programas con objetivos similares. Se detectaron inconsistencias en materia patrimonial, incluyendo el incumplimiento de la aplicación de la normativa vigente en relación al seguimiento, supervisión y rendición de cuentas. Atento a eso, fue necesario llevar adelante un realineamiento de las acciones y programas provenientes de la ex subsecretaria”, justificó Baños.
Además, el Secretario de Derechos Humanos desacreditó y desconoció la especificidad de las políticas llevadas adelante hasta el momento, diseñadas y articuladas con actores sociales especializados en materia de género: “No existe, como pretenden las organizaciones peticionantes, un retroceso o proceso de desarme, desmantelamiento y el remanido y machacante uso de la violación al principio de progresividad y no regresividad porque son inexistentes las políticas orientadas a proteger, acompañar y asistir a la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad”.
Proyectos de vida y niñas violadas
Ante la falta de reconocimiento del Estado de Argentina a las políticas iniciadas contra la violencia de género y por la igualdad de las mujeres, el comisionado José Luis Caballero Ochoa apuntó: “Lo que no se nombra no existe. Esta es una convicción que me parece muy importante en el terreno del derecho de los derechos humanos. Si decían ustedes que la violencia no tiene género, si decimos que la violencia no tiene género, la protección del género no existe cuando hay discriminación estructural de años sobre grupos o colectivos tradicionalmente invisibilizados como las mujeres y el colectivo LGBTI, en violencia de género o en políticas de cuidado. Si no se protege, no existe. Este es un principio básico del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho discriminatorio, de la igualdad. En ese sentido, debemos tener visiones muy claras desde la Comisión Interamericana”.
Amplió su llamado de atención dirigiéndose al Estado argentino luego de escuchar su postura: “El principio de progresividad es un principio que forma los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, progresivos, interdependientes, indivisibles, inalienables. La prohibición de regresividad es un piso mínimo que tenemos en el patrimonio de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos”.
En línea con su colega, la presidenta de la CIDH reforzó: “Me siento dando un sermón. A pesar de la ideología de igualdad de género, los actores estatales tienen que responder. Gran parte de la arquitectura del Estado comparte la cultura prevaleciente en donde se normaliza e invisibiliza esa violencia específica contra las mujeres. Entonces les pido como funcionarios del gobierno tener la conversación sobre por qué se tiene que nombrar, nombrar específicamente es importante porque tiene importancia simbólica”.
El secretario de Derechos Humanos cuestionó a las peticionantes respecto al acceso al aborto legal con una postura antiderechos: “La Convención Americana de Derechos Humanos protege la vida en general desde la concepción. La República Argentina es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño que su preámbulo establece que la vida se debe proteger tanto antes como después del nacimiento. Seguramente los solicitantes están al tanto de que la Plataforma de Beijing y la del Cairo, no incluyen el aborto entre los derechos sexuales y reproductivos”.
Sobre el desmantelamiento del Plan ENIA, Baños sostuvo: “No es razonable exigir que se lleve adelante una política pública en donde les fallamos a las niñas y adolescentes”.
En respuesta, Clarke interpeló al Estado en relación a la violencia contra niñas, niños y adolescentes: “¿Dónde está la voluntad de proteger a los niños? ¿Cuál es el enfoque del Estado para darles a los niños y adolescentes lo necesario para protegerse? Los adultos tienen la responsabilidad de protegerse, pero se les pueden dar herramientas a los niños a través de la escuela, la educación sexual tiene relación. Doctor Baños, usted en la sesión anterior habló de darles autonomía a los niños para el proyecto de vida. Una niña de diez años que ha sido violada y quedó embarazada, ¿Cómo es su proyecto de vida en realidad? Pregunto para hacerme una idea de cuál es el enfoque de protección de los niños en tales situaciones”.
En su momento de réplica, Gerardi aseveró que “no hay una sola manera de garantizar la implementación de políticas públicas, pero sí hay una sola manera de garantizar su existencia y es con financiamiento en el presupuesto nacional. ¿De qué manera piensan que pueden implementar una política pública de atención y de distribución de recursos económicos para atención de violencia doméstica con cero presupuesto para el 2025? Al mismo tiempo, este presupuesto contiene una enorme cantidad de partidas dedicadas a exenciones tributarias y regímenes especiales como el régimen de minería”. También, contrapuso el cuestionamiento de Baños respecto al aumento de las denuncias a la Oficina de Violencia Doméstica: “Claro que aumentó a lo largo de los años la cantidad de consultas recibidas, porque aumentó el conocimiento y la percepción social de las mujeres, en particular de que hay algo que está mal en las formas de violencia que vivimos y que hay lugares donde podemos recurrir. Eso habla bien de la existencia de una política de conocimiento y difusión de derechos y de conocimiento y existencia de los lugares a los que se puede recurrir para conocer si aumenta o disminuye la incidencia de la violencia en el país”.
Estela de Carlotto: “Vengo a pedir su ayuda”
Estela Carlotto (Abuelas) junto a Taty Almeida (Madres Línea Fundadora) y, a su derecha, Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S.
El auditorio de la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en el Espacio por la Memoria Ex ESMA, estuvo repleto de movimientos sociales, organizaciones religiosas, sindicatos, universidades, equipos de investigación, organizaciones feministas, clubes y redes de comunicación comunitaria que acompañaron a los organismos de derechos humanos.
En conexión por videoconferencia expusieron sus opiniones Estela de Carlotto por Abuelas, Taty Almeida por Madres y Carlos Pisoni por H.I.J.O.S. De forma presencial en Washington, participó una comitiva de los organismos integrada por Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; la nieta restituida Claudia Poblete, Carolina Vilella, integrante del equipo jurídico Abuelas de Plaza de Mayo; Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, y el escritor Martín Kohan.
“Vinimos por primera vez a pedir su ayuda cuando en nuestro país nos cerraban todas las puertas y negaban las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras y todos los organismos fue siempre fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Ya con 94 años, vengo a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos y el Proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia. Todavía buscamos a 300 hombres y mujeres que hoy son padres y madres, por lo que también nos encontramos buscando a nuestros bisnietos”, expresó Estela de Carlotto como peticionante.
Durante la audiencia los organismos de derechos humanos expusieron el retroceso en las políticas públicas de memoria restaurativa. Explicaron cómo desde diciembre de 2023 el Poder Ejecutivo concretó sus promesas de campaña en la destrucción simbólica y material de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, de Reparación y No Repetición. A través del desfinanciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y de las recompensas para la búsqueda de prófugos de delitos de lesa humanidad, el cierre de líneas de trabajo en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) para la búsqueda de los nietos apropiados y del Equipo de Relevamiento y Análisis documental del Ministerio de Defensa orientado a la apertura de los archivos. En paralelo avanzó con despidos masivos de trabajadores, vaciamiento de instituciones y la puesta en venta de sitios de memoria.
El secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa del Ministerio de Defensa, Juan Battaleme, volvió a justificar el ajuste por “la necesidad de optimizar recursos” frente a la crisis económica. A los trabajadores de los organismos de derechos humanos los acusó de que “actuaban como vengadores”, al Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA) y sus representantes los definió como un “ente opaco e inorgánico que funcionaban sin un superior jerárquico que imponga los criterios de actuación” y que “la arbitrariedad en esta dependencia era moneda corriente”. Battaleme expresó la posición del Gobierno en relación a la apertura de los archivos de integrantes de las fuerzas armadas para identificar su participación en el terrorismo de Estado: “No podemos permitir bajo ninguna circunstancia indagaciones generales o excursiones de pesca. Quiero recordar que toda la información de los legajos personales de militares se encuentran clasificados como secreto militar”.
En el cierre de su exposición, Battaleme quiso dejar un mensaje: “La lucha por la justicia es para nosotros un compromiso con todos los argentinos, no debe ni puede transformarse en un terreno de venganza o abuso de poder. Avancemos juntos en la búsqueda de un futuro donde la justicia sea para todos y la memoria completa una base sólida de libertad”, aclaró el funcionario con sentimientos de “profundo deber y convicción”. Por su parte, Alberto Baños, reafirmó esta posición del gobierno de Milei: “El problema aquí es que se consideran dueños del relato. Hablan de negacionismo y que se abandona la política de memoria. Pero la memoria es para todas las víctimas. Sin excusas ni banderas. Por las señoras que hoy participaron en el video uno no puede tener sino empatía por la situación que han vivido y siguen viviendo. Pero eso no las puede convertir en directoras de las políticas públicas a más de 40 años de perpetrados los hechos. Nosotros seguimos respetando la memoria de quienes hayan perdido sus vidas y hayan sido víctimas. Pero también el Gobierno está respetando la memoria de aquellos que hayan sido víctimas del accionar terrorista. Hablan de negacionismo pero en realidad pretenden dirigir las políticas públicas en materia de derechos humanos de las que el Estado hace honra y no cede ante las presiones ideológicas”.
La indignación en el auditorio de Abuelas pesaba en el aire. Estela y Taty negaban con la cabeza, se agarraban la mano, resoplaban por el desagrado de escuchar a los funcionarios argentinos hablar de esa manera ante un organismo internacional de derechos humanos. Los participantes aguantaron las ganas de chiflar y putear. Cuando terminó la audiencia, pudieron descargar: “¡30 mil detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre!”, gritaron entre abrazos y dedos en V en alto, con la convicción de no bajar jamás los brazos.
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Arif Bulkan, transmitió por videollamada la opinión de la ONU respecto a la Argentina: “La Oficina que represento comparte las preocupaciones de diversos actores sobre el cambio de narrativa de políticas y de institucionalidad en torno al proceso de memoria, verdad y justicia desde la recuperación de la democracia argentina”. Bulkan reconoció el esfuerzo del Estado y de la sociedad “por enfrentarse al legado de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar”. Destacó el trabajo de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, puso en valor los museos y sitios de memoria, en particular la Ex ESMA como Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Arif Bulkan fue categórico en remarcar que la situación económica no puede ser motivo de regresiones en materia de derechos humanos: “La existencia de una crisis económica no debería significar la limitación de recursos humanos y financieros para ciertas áreas de crucial importancia para los procesos de justicia transicional y reconciliación, como lo son las entidades dedicadas al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La oficina expresa su preocupación por los riesgos que esto podría implicar para la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición”.
Además, expresó que en el Alto Comisionado de la ONU “preocupa la retórica de algunas autoridades que parecerían banalizar o relativizar los crímenes de la dictadura y cuestionar el proceso de juzgamiento de los responsables, lo que tiene un impacto real victimizante en las víctimas de la dictadura y además afecta al derecho a la memoria ante la sociedad en su conjunto. La Oficina quisiera alertar a la Comisión que todos estos cambios podrían contribuir a debilitar el proceso de justicia transicional que fue y es tan importante para nuestra región y al mundo”.
Taty Almeida valoró la postura de los organismos internacionales: “Las mentiras que hemos escuchado por parte del Gobierno es lamentable, pero fue muy buena la postura de la ONU y de la CIDH. Los invitamos a que nuevamente vengan para que comprueben personalmente que todo lo que se ha denunciado es la verdad”. Por su parte, Miguel “Tano” Santucho, hijo de desaparecidos y parte del directorio de Abuelas, también expresó a lavaca sentir vergüenza de los funcionarios argentinos: “Una vez más hablaron de revanchismo y de organismos militantes, que lo somos, de una justicia y una verdad histórica que estamos reconstruyendo. Los que niegan toda la información son justamente el Estado Nacional y en particular las Fuerzas Armadas. Ellos saben perfectamente dónde están los 300 hombres y mujeres que estamos buscando. Desde que perpetraron los crímenes de lesa humanidad nunca permitieron acceder ni dieron ninguna información. Y ahora, en una tribuna tan importante como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos injurian de esta manera”.
Uno de los comisionados habló de la reconciliación en relación a la justicia transicional, un tema sensible en la lucha por el esclarecimiento de los crímenes de la última dictadura, que fue utilizado para instalar la teoría de los dos demonios y evitar el juzgamiento de los responsables. “Desde los 90 que vengo escuchando la palabra reconciliación -siguió Santucho- y yo siempre dije que la reconciliación es posible en la medida que se pueda hacer justicia, que se puedan hablar, que se puedan aclarar los casos que pasaron, que se puedan recuperar los nietos. Pero no hay ningún tipo de colaboración de parte de los perpetradores del terrorismo de Estado, que no hay ninguna persona que haya abierto los archivos o la información. Es muy difícil plantear una reconciliación porque todavía nos falta mucho por reconstruir y mucha justicia por obtener. Mi postura particular es que cuando tengamos justicia y encontremos los 300 nietos, nos sentaremos a hablar de reconciliación”.
Nota
Rosario y el asesinato de “Pillín” Bracamonte: las hipótesis, la pelea entre bandas y un corte de luz antes de las balas
En el atentado número 30 contra su vida, Andrés “Pillín” Bracamonte –líder de la barra brava de Rosario Central desde hace al menos 25 años– fue asesinado a balazos este sábado junto a su segundo, Daniel “Rana” Atardo. Ocurrió en el marco de un partido de Central contra San Lorenzo. Hubo una posible zona liberada, luces cortadas en la zona, y un crimen que se veía venir pese a la aparente calma de la violencia en Rosario en los últimos meses. Publicamos aquí las crónicas del medio cooperativo rosarino El Ciudadano, que dan cuenta del hecho, las primeras hipótesis, un perfil de Bracamonte y el contexto. Todo puede seguirse además en El Ciudadano (elciudadanoweb.com). Y agregamos una reflexión del periodista y diputado Carlos del Frade quien anticipa que estos asesinatos tendrán igual o mayores efectos que todo lo que ocurrió tras el crimen del “Pájaro” Cantero.
La muerte de Pillín: las hipótesis detrás del crimen que agita la pelea entre bandas y un sugestivo corte de luz antes de las balas
Quizás por haber sido víctima de 29 ataques a balazos, estaba regalado en una calle donde tampoco le llamo la atención que la luz estuviera cortada antes de que lo asesinaran. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).
Con 29 ataques a balazos en el lomo, Andrés Bracamonte, único barrabrava capaz de sostenerse 25 años en el paravalancha canalla sabía que lo querían matar. Desde antes del último ataque, en agosto pasado, tenía esa certeza. Pero igual estaba regalado en la esquina de Avellaneda y Reconquista, con la luz cortada, sin sospechar lo que vendría. Algunos aseguran que contaba dinero de la recaudación.
El asesinato de Samuel Medina, el Gordo Samu, yerno del Guille Cantero abrió una serie de hipótesis que hoy desembocan en la muerte de Pillín. Una daba cuenta de una pelea entre Los Monos y Bracamonte que sus allegados desmienten. El Gordo Samu era allegado a Pillín, viajaban juntos y su muerte está orientada hacia una banda de un barrio periférico manejada desde Buenos Aires que la fiscalía tenía entre manos, según allegados a la investigación. Uno de los integrantes de esa banda fue golpeado personalmente por Pillín, algo que en la jerga se considera una especie de humillación. Pillín lo sabía, pero llama la atención que estuviera tan regalado en la esquina de Reconquista y Avellaneda. También llama la atención que un rato antes del ataque a balazos cortaran la luz de la calle en el marco de un partido de Central. Lo mataron a oscuras; a él y a su sucesor. Una versión da cuenta de que la pelea con el grupo del barrio periférico fue para evitar comercialización de sustancias en la cancha: Pillín no quería la Federal encima de ellos.
La escena del crimen, en las afueras del estadio de Rosario Central.
La banda señalada, que ya fue allanada, está vinculada directamente con una banda contraria a Los Monos. Si esta hipótesis se confirma habrá dos sectores en disputa, por un lado las dos grandes bandas que operan en Rosario y por otro lado la sucesión del paravalancha.
El perfil de un duro: a Pillín lo habían intentado matar 29 veces en los 25 años que estuvo al frente de la barra de Central
Andrés Bracamonte estuvo al frente de la barra canaya desde fines de siglo pasado, cuando era uno de los 7 jefes de fracciones internas y se quedó con todo. Desde entonces hubo plomos contra él: lo hirieron, lo rozaron, pero logró reponerse una y otra vez. Esta vez no pudo. Por El Ciudadano (elciudadanoweb.com).
—¿Es verdad que a Pillín lo balearon 29 veces?
—Sí, de locos, pero sí. Espero que podamos festejar las 30 con él sentado a mi lado.
Así confirmaba el número de gambetas a la muerte que llevaba Andrés Bracamonte un amigo que había ido a acompañar al hospital donde lo revisaban por heridas menores y roces de bala. Era el sábado 10 de agosto y Rosario Central acababa de vencer 1 a 0 en el Gigante de Arroyito a su archirrival Newell’s Old Boys. Y en medio de un torrente de personas a pie que caminaban por los bordes del parque Alem iba Pillin en su auto, despacio, junto a su pareja, y en avenida de los Trabajadores y José María Drago rociaron a ambos a balazos.
No habían ido a ver el partido, Pillín tenía restricción para entrar.
Según contaron testigos, un motociclista se acercó al auto y disparó ocho veces. Escapó. El entorno del jefe de la barra reaccionó rápido, pero no logró dar con el tirador. A Pillín una bala le entró en la espalda; también salió. No afectó ningún órgano, dijeron después en el hospital. A su pareja las balas le dieron en la zona costal derecha y en el codo derecho. También la atendieron sin que su vida estuviera en riesgo.
Pillín un cuarto de siglo al frente de la barra de Central. Había llegado a la cima antes del año 2000: era 1999 cuando quedó como jefe indiscutible de todas las fracciones. Y en los 25 años que se mantuvo fue acusado, condenado, detenido, liberado y baleado 29 veces.
De esos ataques, hay pocos registros en las crónicas policiales. Pero en el entorno del mandamás los tienen contados.
En julio de 2002, Pillín atacado por un desconocido que logró impactarle tres balas en el cuerpo. Fue en la puerta de un gimnasio ubicado en Ovidio Lagos al 1000. Pillín estaba en la puerta y vio a un desconocido cruzar la calle. Ese hombre extrajo un arma y le efectuó cuatro disparos, tras lo cual escapó a la carrera hacia la esquina donde al parecer lo aguardaba un auto.
Pillín recibió tres impactos de bala, dos en cada brazo y un tercero en la pierna derecha; el tirador falló el cuarto, que tenía como destino la otra pierna. Un balazo le provocó una fractura y el que recibió en el otro brazo le cortó una vena, lo que le produjo una importante pérdida de sangre.
En 2006 fue baleado por desconocidos en la puerta de su casa donde vivía entonces, en la zona norte. Recibió cuatro balazos: uno en el abdomen con orificio de salida, uno en cada pierna y otro en un tobillo. Rápidamente recibió el alta.
En febrero de este año, desconocidos balearon el frente de Los Álamos Club de Campo, el country de Ybarlucea donde vivía actualmente. Dejaron una nota amenazante contra el líder de la pesada.
Mediático
Pillín no pudo entrar a la cancha desde 2018. Antes del partido que Central disputó ante Talleres por la Copa Argentina, Bracamonte fue detenido mientras repartía entradas de protocolo, destinadas a dirigentes, en las inmediaciones del estadio de Lanús, donde se disputó el partido. Sólo quedó unas horas demorado. Pero la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) dispuso su prohibición de ingreso a los estadios.
En junio de 2010 fue uno de los diez barrabravas argentinos que no pudieron ingresar a Sudáfrica y fue deportado a la Argentina. Bracamonte, quien tenía tres causas judiciales en trámite, había sido autorizado por la Justicia local a salir del país.
Tres años antes el programa Crónicas Extremas del canal América filmó desde adentro a Los Guerreros, la barra canalla, con Pillín como estrella principal. Eso incluyó una visita a La Carpita, que el capo de la pesada también administra.
Causas judiciales
En diciembre pasado, Pillín pasó una semana preso, pero recuperó la libertad antes de la Navidad. Fue por una causa que involucra a un dirigente de la Uocra local por asociación ilícita, pero finalmente logró que sólo pesara sobre él una causa por extorsión.
Esa causa contra el gremio de albañiles reflotó un caso por lavado de activos que pesaba sobre Bracamonte, a raíz de la incautación de un cheque por el pase de un futbolista en su vivienda de Ybarlucea. Tras la imputación cuatro años atrás la causa quedó congelada, pero en diciembre la Justicia local decidió pasarla al fuero federal. Ante la apelación, la Cámara definió, finalmente, que la causa debía seguir bajo la órbita provincial.
Parecía intocable desde cualquier arista. Pero la suerte, si de tal cosa se trataba, esta vez le falló.
Daniel “Rana” Atardo, segundo de Pillín. Ambos asesinados ayer en Rosario.
Vienen días bravos
Este es el texto que escribió y distribuyó el periodista y diputado provincial santafesino Carlos del Frade, que este domingo a las 21 organizará un vivo en su Instagram @defradecarlos sobre las causas y consecuencias del asesinato de Pillín.
Por Carlos Del Frade
El asesinato del Pillín corta en dos la historia del presente criminal en Rosario.
Tendrá la misma o una mayor profundidad de lo que sucedió después del asesinato del Pájaro Cantero.
Era el único jefe de una barrabrava de primera división que permaneció por treinta años liderando esos negocios que surgen desde la cancha chica del fútbol y se expanden en la cancha grande de la realidad.
Más allá de las primeras informaciones, es claro que los últimos tres atentados contra él y su gente en los partidos de Central como local exhibían una voluntad manifiesta de matarlo.
Vienen días bravos en la ex ciudad obrera.
Portada
Hasta siempre, Mirta
Lo dijo con una sonrisa, amorosa, y con la mirada encendida, directo a los ojos: “El miedo es para los cobardes”. Fue un jueves de puro sol, cuando le preguntamos si tenía miedo en este contexto, antes de comenzar una nueva ronda que justo ella, con otras trece madres, fundó el 30 de abril de 1977, cuando buscaban con desesperación a sus hijos e hijas.
Mirta Acuña de Baravalle buscaba, además, a un nieto o nieta: su hija Ana María, a quien secuestraron el 26 de agosto de 1976 junto a su compañero Julio César Galizzi, estaba embarazada. Mirta murió este viernes sin saber qué pasó con ellos.
Su despedida será de 16 a 19 en el hall del Municipio de San Martín, el partido donde ella vivía, donde jugaba al scrabble sin cansarse, y donde seguía todos los jueves las rondas de Madres Línea Fundadora por las transmisiones de medios comunitarios, mandando saludos en vivo y recordatorios que una hermana leía sobre otras personas desaparecidas.
Tenía 99 años, la mirada encendida y la sonrisa amorosa, para indicarle a nuevas generaciones que la lucha sigue.
Gracias, Mirta.
Presente, ¡ahora y siempre!
Mirta en las marchas masivas del 24 de Marzo, marchando por la memoria, la verdad y la justicia junto a sus compañeras de Madres Líneas Fundadora. Foto Lina Etchesuri para lavaca
24 de Marzo de 2017. Mirta acompañada por Victoria Moyano, nieta recuperada. Foto Lina Etchesuri para lavaca
Esta foto fue tomada el 29 de febrero de este año y fue el último jueves de ronda donde estuvieron las tres Madres Líneas Fundadora juntas: Nora Cortiñas (fallecida el 30 de mayo), Mirta Baravalle (en el centro) y Elia Espen. Consultada sobre si tenía miedo en un contexto de discursos de odio y negacionistas, Mirta respondió a Lavaca con una sonrisa: “El miedo es para los cobardes”. Foto Lina Etchesuri para lavaca
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