Actualidad
Amenaza de desalojo de la comunidad mapuche de Los Alerces: “Somos un estorbo para sus planes”
Se vence mañana el plazo judicial para desalojar el sector del Parque Los Alerces ocupado desde 2020 por la comunidad mapuche Pailako. Detalles del caso, lo que plantea la comunidad, la ausencia de diálogo, la influencia de Milei y del gobernador chubutense, y qué pasó antes para llegar a esta situación. El contexto, según el pueblo mapuche, que incluye al gobierno kirchnerista que no concretó el mandado constitucional para relevar y reconocer las tierras que les corresponden. Por Francisco Pandolfi
Este jueves 9 de enero es el límite judicial impuesto a la comunidad mapuche Pailako, en el Parque Nacional Los Alerces, provincia de Chubut, para concretar su desalojo. El 2 de enero les dieron cinco días hábiles para concretarlo.
Desde la lof, le dicen a lavaca: “Parques Nacionales, en nombre del Estado argentino, está forzando un desalojo aplicando normativa creada en el gobierno de facto militar, sumándole a la reciente derogación de la Ley de Emergencia territorial que los impedía. Están llevando adelante una campaña racista sobre las personas que estamos aquí, no reconociendo la preexistencia, menospreciando nuestra cosmovisión, nuestra cultura, nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia rechazó todos los intentos de nuestros abogados y abogadas de frenar el desalojo, en una clara voluntad negacionista de entablar una mesa de diálogo. Detrás de esto hay intereses inmobiliarios, extractivistas, turísticos, y somos un estorbo para sus planes”. La idea del diálogo no prosperó para esta comunidad que se instaló en un sector de Los Alerces en 2020, reivindicando derechos ancestrales de cinco generaciones habitando en la zona. El 10 de diciembre pasado Javier Milei declaró por decreto el fin de la Ley de Emergencia para la concreción del reconocimiento a la posesión comunitaria de tierras por parte de los pueblos indígenas. Esa Ley 26.160 mantenía la suspensión de los desalojos sobre esas tierras. Después del decreto la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia dispuso el 20 de diciembre que ya no existe la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras indígenas, por lo que podía procederse al desalojo en el caso de Los Alerces.
Imagen publicada en la revista MU de Los Alerces tras los incendios del año pasado. Fotos: Nicolás Palacios/lavaca.org.
El juez federal de Esquel, Guido Otranto (recusado en 2017 por la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, en medio de una violenta represión de Gendarmería), exhortó a la comunidad a abandonar su tierra hasta este jueves 9 de enero. De lo contrario, notificó que ejecutará el desalojo «por la fuerza pública». Tanto el director de Parques Nacionales, Cristian Larsen, como el gobernador de Chubut, Ignacio Torres (que el año pasado endilgó sin prueba alguna a la lof como responsable de los incendios en Los Alerces:
https://lavaca.org/notas/jamas-provocariamos-un-incendio-la-respuesta-de-la-comunidad-mapuche-acusada-por-el-gobernador-de-chubut/) informaron que presenciarán el desalojo.
En su primer año de gobierno el gobierno de Javier Milei cabalgó con toda su libertad discursiva y de acción por encima de las 40 naciones originarias que habitan lo que hoy es Argentina. Al intento ni bien iniciado su mandato de derogar la Ley de Tierras, que limita la posesión en manos extranjeras (decreto hoy frenado judicialmente) se le sumaron varios atropellos.
Los principales, en términos concretos, la derogación de la resolución 4811/96 que regulaba el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, para inscribir las personerías jurídicas, y el desguace del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Se puede contabilizar además el cambio de nombre al Salón de los Pueblos Originarios de la Casa de Gobierno; la disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
El contexto mapuche
Jorge Nawel es autoridad política de la Confederación Mapuche de Neuquén, y brinda un panorama para comprender la situación de las políticas sobre los pueblos indígenas. “Milei determinó distintos enemigos para su proyecto global y uno somos las naciones indígenas, porque habitamos lugares estratégicos para sus políticas de saqueo. Es un presidente al que no le interesa la industrialización, la educación y la salud pública, y todo su sistema económico se sostiene en la cuestión financiera y extractivista. Dentro de ese modelo sostenido en la explotación hidrocarburífera, minera, de litio, los pueblos somos una interferencia, y para facilitar el saqueo necesita privarnos de cualquier herramienta de defensa que tengan las más de 2.000 comunidades en el país y las más de 40 naciones indígenas que habitamos lo que hoy es Argentina. Así que cualquier ataque de Milei hacia nosotros no nos sorprende y siempre estamos esperando un próximo golpe”.
Aclara sobre el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas: “Claudio Avruj es su titular y fue secretario de Derechos Humanos en la gestión de Macri. Es un conocido actor de políticas anti-indígenas. Al INAI lo desguazaron, lo vaciaron de contenido y de cuadros técnicos. Cuando hoy interviene, es para favorecer a nuestros sectores enemigos, así que no tenemos ninguna expectativa de que esto vaya a cambiar en el tiempo que dure su gestión”.
Escena de cultivo en la comunidad amenazada de desalojo. Fotos: Nicolás Palacios/lavaca.org
Democracia y racismo
–¿Cuál es la mayor preocupación frene al futuro?
–Que no hay oposición política. Este ajuste perverso contra los más postergados y débiles; estos abusos que genera un gobierno de verdaderos aventureros, lo pueden hacer porque enfrente hay una gran pasividad de la oposición, que está especulando –y que demuestra la pobreza de la política– con que una vez más sea el pueblo pobre el que salga a poner el cuerpo y la vida, y recién ahí aparecer como los defensores de las causas populares. Es vergonzoso que la dirigencia no se ponga a la altura de esta tragedia que estamos viviendo, porque la aparición de esta gente solo favorece a una porción muy pequeña de la población. No hay reacción de los partidos opositores, enfrascados en ver cómo salvan su pellejo, cómo sobreviven a todo el descreimiento general que va creciendo en esta falsa democracia, totalmente incompleta.
–¿Y en ese caso?
Todo queda en nuestras manos: la defensa de nuestros derechos no depende de las instituciones, sino de nuestro poder de organización y movilización. Eso siempre fue así, pero en determinados momentos históricos supimos tener aliados. El gobierno nacional muchas veces lo fue, al ser una especie de garante o fiscal en nuestra lucha contra los intereses locales, los gobiernos provinciales que son los grandes deudores de los pueblos indígenas, por ser quienes tienen las facultades, la competencia y la jurisdicción para devolver nuestra tierra. Son los gobiernos provinciales los que deben otorgar la personería jurídica o aplicar la educación intercultural, por ejemplo. Hoy, sin embargo, el gobierno nacional sólo fogonea la criminalización y un absoluto odio racial, lo que genera que el abuso sea todavía mayor.
De CFK a Milei
–Todos los caminos conducen al extractivismo, al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones). ¿Qué pasó para llegar hasta acá, a esta situación?
–Se llegó porque los gobiernos anteriores, más allá que se calificaran de demócratas, de progresistas, de nacionales y populares, todos defendieron siempre la matriz extractivista. Nosotros luchamos contra un modelo nocivo para la vida, la seguridad, para el aire que respiramos, como es el fracking que lo instaló Cristina Kirchner. En el momento de su mayor poder político nos entrevistamos con ella en el marco del Bicentenario (2010). No le pedimos que fuera una abanderada de la causa indígena, sino solo dos cosas: que nos garantice los derechos fundamentales como propiedad comunitaria de la tierra y el derecho a la consulta libre e informada. Ella tenía todas las facultades y posibilidades para hacerlo; contaba con mayoría absoluta en el Congreso para que esas leyes fueran realidad y sin embargo nunca lo logramos. En cambio lo que sí pasó fue que en 2013 se instaló el fracking (método de extracción de hidrocarburos empleando grandes cantidades de agua y contaminantes) con un pacto que hizo aquel gobierno con Chevron, una de las petroleras más contaminantes y desprestigiadas del mundo. Así lograron una alianza para explotar Vaca Muerta. Entonces, este perverso que ahora gobierna, encontró todas las condiciones para que la explotación fuera totalmente impune, al punto que hoy les permite instalar un comando unificado conducido por Patricia Bullrich, para que nadie interfiera sobre Vaca Muerta. En esto se ve claro cómo surgió Milei y cómo ante la enorme pasividad del poder político opositor, ejecuta las barbaridades que quiere.
Desalojo anunciado
El último 10 de diciembre, en coincidencia con el Día de los Derechos Humanos y a un año de tomar el poder, el gobierno nacional derogó la Ley de Emergencia Territorial Indígena, cuya prórroga vencía en noviembre de 2025 y suspendía los desalojos sobre tierras comunitarias de los pueblos originarios.
Cruz Cárdenas, uno de los integrantes de la comunidad Pailako.
Opina Jorge Nawel: “Por un lado, esa ley implicaba un relevamiento territorial de las comunidades, que en manos de este INAI era una herramienta peligrosísima, por sus múltiples abusos de poder, y su apoyo a los terratenientes y a las empresas transnacionales. Desde este punto no nos parece tan grave, porque Nación deja de tener injerencia en las disputas que tenemos con los gobiernos provinciales, así que ahora queda planteado el escenario para que las provincias muestren sus verdaderas caras: si van a resolver nuestra cuestión territorial o si van a seguir favoreciendo la usurpacion de los territorios”.
Los desalojos: “El problema mayor de la derogación de la ley de emergencia territorial es que detenía los desalojos. La necesidad de legislar en este aspecto se dio posterior al 2000, cuando se dictaron numerosas órdenes de desalojos, todas aplicadas con una violencia incontrolable. La ley aprobada en 2006 puso un freno a esa represión. Y en estos casi 20 años logramos –con mucha lucha y movilización–, la aprobación de numerosos instrumentos de derechos y jurisprudencia, así que si hay jueces y fiscales que creen que tienen las manos libres para cometer cualquier tipo de abuso, se equivocan y no nos vamos a quedar pasivos ante su intento de seguir violando nuestros derechos”.
–Existe una inminente amenaza de desalojo de la lof Pailako, en el Parque Nacional Los Alerces, que el juez Guido Otranto fijó para este jueves 9 de enero. ¿Qué significa este avance judicial?
–Esto tiene que ver con las políticas de Parques Nacionales. En el 2000, 2001 logramos en el Parque Nacional Lanín una política de co-manejo, en conjunto con el Estado, que pretendíamos que fuera ejemplificadora y se reprodujera en todo el país, porque las 40 naciones indígenas están superpuestas en áreas protegidas, pero no logramos que se replicara en otros parques, donde hay un abuso total hacia la población local, y los guardaparques son una especie de militarización en territorios indígenas. En el gobierno de Alberto Fernández pretendimos desarrollar esta política pero no hubo avances, en ningún sentido. Y así llegó Milei, que con una perversidad total dejó cesantes a numerosos trabajadores, muchos de ellos del pueblo mapuche. Además, prohibió todo tipo de manifestación política cultural; sacó resoluciones donde imposibilitó que se levantara la bandera del pueblo nación mapuche; prohibió a sus cuadros intermedios que promovieran festividades como el We Xipantu, que es el año nuevo mapuche. Entonces, hoy los Parques Nacionales son un escenario de enfrentamiento, de criminalización grave. Si se llega a concretar mañana el desalojo de lof Pailako, significará una puerta abierta para toda una política de represión. La comunidad dijo que no va a permitirlo y veremos hasta dónde se animan a aplicar la violencia que vienen prometiendo. Lof Pailako tiene muchísimo acompañamiento, estamos todos movilizados y denunciando esta política perversa de Parques Nacionales. Los pueblos indígenas no vamos a bajar los brazos ante todas las amenazas, ningún pueblo se entrega mansamente como si fuéramos ovejas que vamos al matadero.
“No nos van a poder borrar”
–Jorge, ¿cómo se reflexiona y se acciona ante este presente?
–Nos obliga a potenciar la organización y el grado de movilización que como pueblos indígenas podamos demostrar. Nunca vamos a bajar los brazos porque sabemos que estamos defendiendo un territorio valioso para este modelo depredador. Cada día estamos haciendo una política de resistencia, unificando las luchas para ponerle límites a quienes hoy gobiernan promocionando el sálvese quien pueda. En juego está nuestra vida, así que debemos potenciarnos y articularnos con los otros sectores también castigados, algunos incluso más que los propios pueblos indígenas. Ellos no van a poder, por más que consigan la complicidad de jueces y fiscales para ensayar políticas de desalojo, o que nos califiquen de usurpadores, violentos o terroristas. Más allá de todas esas campañas que montan junto a poderosos medios de comunicación, los pueblos indígenas estamos acá, en el centro de los intereses de este capitalismo depredador y no nos van a poder borrar. Si no lo hicieron con la fuerza de las armas hace 140 años atrás, menos lo van a poder hacer hoy.
Actualidad
Coimas: los próximos pasos de la investigación que acorrala a los Milei
La revelación de los audios del abogado Diego Spagnuolo mientras dirigía la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) hablando sobre la estructura de corrupción en la que aparecen involucrados los hermanos Javier y Karina Milei, Eduardo y Martín Menem, estalló esta semana en la que el gobierno intentó vetar, justamente, la emergencia en discapacidad. Entre tantas cosas, se escucha a Spagnuolo (amigo y abogado del Presidente y afín a su círculo íntimo) explicar que le dijo al propio Milei: “Javi, vos sabés que están choreando. Sabés que tu hermana está choreando, no te podés hacer el boludo conmigo”. En la foto de portada se ve a Spagnuolo rodeado por los hermanos, y detrás suyo asoma Martín Menem.
Publicamos aquí el artículo del diario cooperativo Tiempo Argentino, en el que se explica el rumbo de la investigación.
La decisión de la fiscalía de analizar los celulares por el Ministerio Público para excluir a las fuerzas federales (dirigidas por Patricia Bullrich). Los documentos que confirman el estrecho vínculo del ex titular de la ANDIS con el presidente de la Nación. La posibilidad de que se adhiera al régimen del arrepentido. Qué dicen los juristas.
Por Ariel Stemphelet
Diario Tiempo Argentino
Uno de los principales motivos que mantiene el nerviosismo en la plana mayor del gobierno de Javier Milei es la posibilidad de que el removido titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) hable en la Justicia y lo que pueda llegar a decir. Nadie descarta que Diego Spagnuolo, cuya voz protagoniza la grabación en la que quedó expuesto un presunto esquema de corrupción en la compra de medicamentos, pida convertirse en arrepentido para intentar mitigar una eventual condena.
Spagnuolo es uno de los investigados en la causa a cargo del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, iniciada a partir de una grabación revelada por el equipo periodístico de Jorge Rial. Ahí se lo escucha describir un presunto entramado de retornos millonarios del que serían parte la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, su ladero Eduardo “Lule” Menem, el exdirector de Acceso a Servicios de Salud Daniel Garbellini, y la droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker.
De momento, sobre Spagnuolo, este abogado y exfuncionario que mantuvo una relación por demás cercana con el presidente, pesa una prohibición de salida del país ordenada tras el allanamiento a sus viviendas y el secuestro de dos celulares cuyo análisis marcará, en parte, el devenir de la investigación.
Fuentes inobjetables confirmaron a Tiempo que la extracción del contenido será llevada a cabo por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal. Es decir: no intervendrá ninguna de las fuerzas federales a cargo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La denuncia inicial que presentó el abogado Gregorio Dalbón tras la difusión del audio comenzó a analizarse en Comodoro Py el miércoles pasado y para el jueves a la noche Casanello había ordenado una batería de allanamientos en los que se pudo recolectar prueba clave. Los procedimientos estuvieron a cargo de la Policía de la Ciudad y se llevaron a cabo en domicilios de Spagnuolo, la sede de ANDIS y la de Suizo Argentina, además de las viviendas de sus propietarios.
Con secreto de sumario de por medio y la posibilidad de que se produzcan nuevas medidas en los próximos días, Picardi trabaja con hermetismo en el análisis de las pruebas. En los allanamientos encontraron documentos vinculados a la compra de medicamentos, dispositivos electrónicos y sobres con más de 200 mil dólares secuestrados a Emanuel Kovalivker, uno de los directivos de la droguería.
Spagnuolo, en selfie con Eduardo «Lule» Menem, Karina Milei y Martín Menem.
¿Se arrepiente Spagnuolo?
Con las pruebas sobre la mesa y a medida que haya nuevos elementos se abre la posibilidad de que Spagnuolo sea llamado a declarar y, eventualmente, de que pida acogerse a la figura del arrepentido o de imputado colaborador.
“Para que eso ocurra tienen que cumplirse varios requisitos, dos de ellos insoslayables: que el arrepentido involucre a alguien con más poder o autoridad que él y que los datos que proporcione se corroboren por algún medio probatorio. Y tiene que haber una evaluación preliminar del fiscal”, explicó a Tiempo el abogado Gustavo Feldman, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal. Un conocido juez federal lo ratificó ante este medio: el arrepentido siempre tiene que apuntar para arriba, nunca por debajo de su nivel jerárquico.
El vínculo Spagnuolo-Milei
Como Spagnuolo estaba entre los hombres de confianza del presidente, la expectativa y el nerviosismo en torno a sus movimientos en la Justicia son altos. Se trata, nada menos, que de una de las personas que más veces se juntó con Milei en Olivos y la Casa Rosada; de un hombre que fue más que “abogado en alguna causa” vinculada al mandatario, como intentó minimizar el viernes el jefe de Gabinete Guillermo Francos.
De hecho, sobre ese último punto, Tiempo accedió a un documento legal que grafica el nivel de confianza que había entre Milei y este exfuncionario. Se trata de un “poder general para asuntos judiciales” con el que el mandatario facultó a Spagnuolo para actuar en su nombre en “las acciones judiciales y/o extrajudiciales pendientes o que se inicien en las que el poderante (Milei) esté interesado”.
El abogado Spagnuolo, que describió el sistema de corrupción en el gobierno, a quien su amigo Milei había firmado un poder general para asuntos judiciales.
El poder también se lo extendió a Francisco Oneto y Bibiana Bianco, sus otros dos abogados, y fue firmado el 8 de octubre del 2024 ante la escribana pública Wanda Liberztein.
Este instrumento legal fue presentado en al menos dos demandas civiles que promovió el presidente contra periodistas y contra la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, según pudo saber este medio. En esas causas, Spagnuolo todavía figura como abogado de Milei.
El documento toma aún más relevancia si se tiene en cuenta que habría sido firmado unos meses después de la supuesta advertencia que Spagnuolo le hizo a Milei sobre que su hermana obtenía retornos económicos a partir de los contratos en la Agencia de Discapacidad. “Javi, vos sabés que están choreando. Sabes que tu hermana está choreando, no te podés hacer el boludo conmigo”, le habría dicho, según se lo escucha contar en la grabación.
Complejo escenario judicial
La potencia de este escándalo, que podría traerle al gobierno consecuencias incalculables, agravó aún más un escenario judicial por demás complicado para la gestión libertaria.
El audio atribuido a Spagnuolo se conoció la misma semana en la que el juez federal Ernesto Kreplak no solo detuvo a las principales autoridades de HLB Pharma en la causa del fentanilo contaminado sino que también apuntó la investigación hacia el Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones, hombre del asesor Santiago Caputo. Hasta hace unos pocos días esa cartera era querellante.
No menos complicado para Milei es el derrotero de la causa $Libra, que obligó a la defensa de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, socios del mandatario en el lanzamiento y la promoción del token sospechado de estafa, a apelar un congelamiento de fondos aparentemente vinculados con posibles pagos a funcionarios públicos.
Como ocurrió en mayo, otra vez el abogado Daniel Rubinovich no solo presentó un escrito para desligar a sus defendidos, también dedicó sendos párrafos a desacreditar la teoría que sostiene que habrían existido pagos de empresarios cripto al presidente o su entorno.
“No se identifican montos, lugares ni destinatarios y se llega al extremo de reconocer que no se sabe si el supuesto pago habría sido al presidente o a un ‘círculo cercano’ nunca identificado”, planteó.
También dijo que “las visitas (de Novelli y Terrones Godoy) a Casa Rosada y Olivos fueron todas registradas oficialmente”. Si bien Milei no tiene designado defensor en la causa está claro que tiene quienes lo defienden.
Imagen de la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Actualidad
Una buena y otra malísima
Por dos votos la Cámara de Diputados no logró los 2/3 necesarios para derogar el veto de Javier Milei a la ley que proponía devolver un 7,2% a los jubilados rebanado por el propio gobierno al asumir. Tampoco se pudo aumentar el bono a los pasivos que cobran la mínima, que se mantiene en 70.000 pesos desde hace más de un año. Hubo 160 votos a favor de rechazar el veto, 83 que lo mantuvieron, y 6 abstenciones después de la feria de negociaciones habitual en las previas a este tipo de definiciones. En este caso los gobernadores absorbidos por el mielísmo jugaron un rol central para garantizar esa diferencia mínima que vuelve a ensañarse con uno de los sectores más postergados de la sociedad.
Esa malísima novedad había tenido como contracara durante la tarde los 2/3 de votos que sí se lograron para tumbar otro despropósito: el veto de Milei a la emergencia en discapacidad. Fueron 172 contra 73 y 2 abstenciones. La votación generó una enorme emoción entre pacientes y familiares que habían concurrido al Congreso para esperar el resultado. Esa presencia fue tal vez la que disuadió a la policía de organizar otra jornada de represión. La emergencia en discapacidad establece la regularización de pagos y la actualización de aranceles con las prestadoras del sistema de salud, garantizar el financiamiento de las pensiones por discapacidad, el fortalecimiento de los talleres y los centros de día y el cumplimiento del cupo laboral, entre otros puntos. Diputados seguía sesionando mientras se difundían los audios del director de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo detallando maniobras de corrupción con los laboratorios para la compra de medicamentos sin licitación, programados desde la cúpula del gobierno. Algunas escenas de la jornada.
Verónica y Mariel están abrazadas, esperando. Están frente al Congreso de la Nación. A su lado tienen una silla de ruedas gigante, inflable, de colores, que choca contra la valla policial insólita que separa una plaza pacífica de un Palacio encerrado. Alrededor hay voces que salen de celulares que transmiten en vivo la sesión de la Cámara de Diputados. Están por decidir si rechazan o no el veto presidencial a la ley que declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027. El temor es que si la oposición no reúne los dos tercios necesarios para rechazarlo, el veto queda firme de manera inmediata.
Verónica y Mariel son amigas y vinieron de Quilmes por sus hijos. Verónica tiene dos: el de 12 tiene TEA (Trastorno del Espectro Autista) y el de 8, TDAH (Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad). Mariel tiene uno, de 15 años, con TEA. Ambas no entienden cómo pueden estar este miércoles, frente al Congreso, escuchando una sesión por lo más básico y elemental de la vida. “No llegamos a fin de mes”, dice Verónica. “Mi nena hace terapia desde los 3, mi otro hijo desde los 5. Imaginate el costo que sería. Un test psicopedagógico está arriba de los 200.000 pesos y yo soy auxiliar de escuela: gano $530.000”.
Mariel es ama de casa: “Que el presidente apunte a la casta, no hacia los jubilados y discapacitados que estamos acá”.
Por atrás, la marcha de jubilados de todos los miércoles comienza, y frente al Congreso la expectativa crece.
Están por votar.
Silencio absoluto.
Se escuchan las voces que salen de los celulares, que transmiten ese adentro que está completamente vallado. De pronto, el estallido y la emoción: la Cámara de Diputados acaba de rechazar con 172 votos (73 en contra y 2 abstenciones) el veto. Es un primer paso de dos: para revertir el veto presidencial de forma completa, habrá que reunir dos tercios también en el Senado.
Verónica y Mariel se abrazan. Entre sí y con el resto.
La emoción y la realidad
Es un abrazo colectivo del que también forma parte Aldana, que trabaja en una “escuela especial”, como la llama. Está notablemente emocionada. Lo dicen sus ojos y las palabras. “Que haya pasado esto es increíble. Demuestra que peleando podemos lograr que no les saquen los derechos a las personas con discapacidad. Porque no son privilegios lo que tienen, son derechos”.
Antes de irse, dirá: “Llegamos a mitad de camino. Pero ahora no nos para nadie”. Y se vuelve a emocionar al mirar que en la concentración de este miércoles hay muchos otros eslabones de una cadena que está luchando en distintas calles contra este gobierno: universidades, trabajadores despedidos, profesionales de la salud del hospital Garrahan (quienes volantean para invitar a un festival el próximo domingo 24 de agosto a las 14 en el Parque Lezama), organizaciones sociales, políticas y sindicales.
Un abrazo de muchos brazos en el que está Silvana, que integra un centro que trabaja con personas con discapacidad. Afirma que la emergencia es vital: “El nomenclador nacional está congelado desde diciembre y no tuvimos ningún aumento de los aranceles. También este año sucedió un recorte de las prestaciones, autorizaron menos cantidad de sesiones y menos tiempo, es decir se suele aprobar desde enero a diciembre las prestaciones de salud y este año autorizaron desde marzo, abril”. ¿Cómo se sigue de aquí en más? “Manifestándose, ocupando las calles, pero sobre todo informando a la gente. Hoy la calle es un noticiero, no tan tendencioso como otros. En la calle está la realidad”.
Un abrazo al que se une Eduardo Ferreira, que está en la plaza por reclamo doble. Además de ser un jubilado (70 años) que cobra la mínima, viene por Noelia, su hija con discapacidad de 37. Lleva un cartel en la mano que dice: “Milei, sos un mono con navaja”. Eduardo cuenta que está “triste” y “estresado” porque la jubilación no le alcanza y porque lo que le dan por su hija “son dos pesos”. Se pone contento con el rechazo al veto a la emergencia en discapacidad e implora que pase con lo mismo con el aumento a las jubilaciones, que se debate también en la jornada de hoy. “Este gobierno empezó mal, sigue mal y no tengo esperanzas que cambie por un motivo claro: el recorte se lo hizo a los pobres. Si se lo hacía a los legisladores, a los jueces, yo mismo lo aplaudía, pero no, están llevando al pueblo a la miseria”.
La emergencia en discapacidad establece la regularización de pagos y la actualización de aranceles con las prestadoras del sistema de salud, garantizar el financiamiento de las pensiones por discapacidad, el fortalecimiento de los talleres y los centros de día y el cumplimiento del cupo laboral, entre otros puntos.
Campo, autos importados y exterminio
Unos minutos antes de iniciar la sesión en el Congreso, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que el gobierno analizaba un aumento en las prestaciones en discapacidad, acaso como forma de diluir la oposición a veto. Roxana es de Quilmes y junto a ella está su hijo con discapacidad. Dice que la lucha viene “desde hace muchos”, pero que la situación actual llegó a “un nivel terrible”, y que si el gobierno ahora hace promesas es porque “se dan cuenta que están corridos del camino del bien. Porque si van a ajustar a los jubilados, a las personas con discapacidad, con adicciones que han cerrado tantos lugares de tratamiento, lo que están haciendo es un exterminio… un exterminio silencioso”. Y denuncia: “Ellos saben dónde pueden ajustar, pero eligen bajarle las retenciones al campo, sacarle impuestos a los autos importados”.
Hábeas corpus
Este mediodía, previo al inicio de una nueva marcha, el equipo de lavaca presentó en Tribunales una serie de hábeas corpus preventivos para exigir condiciones seguras para sus cuerpos y la información que se produce durante la movilización de las y los jubilados. Sin embargo, esta vez la noticia no fue la represión, ni las detenciones arbitrarias, ni la prensa otra vez como blanco de la violencia policial. Esta vez llegó desde el Congreso, quizá vaticinando lo que minutos antes se dijo en la radio abierta que todos los miércoles llevan adelante las organizaciones de jubilados: “La única manera de ponerle un freno a este gobierno es ir uniendo las piezas de las distintas luchas”.
El gobierno, fracasada la maniobra de Adorni de anunciar supuestos aumentos para el sector de discapacidad (para evitar que le tumbaran el veto) dejaba trascender que irá a la justicia para rechazar la decisión del Congreso.
Luego llegó la votación que volvió a atacar y a marginar a los jubilados, que este miércoles marcharon intuyendo que nada iban a lograr. También se iba a votar la extensión de la moratoria previsional, la emergencia para Bahía Blanca, descartada de la ayuda oficial tras el temporal que sufrió a principios de año, y la conformación de la comisión del caso de corrupción Libra.
Continuará…
Actualidad
Intoxicados
Por Claudia Acuña. Las víctimas intoxicadas con monóxido de carbono se duplicaron este año y ese aumento fue alertado por las empresas distribuidoras de gas: todas expresaron por escrito que la resolución dictada por Carlos Alberto María Casares -el interventor de Enargas (foto)-, implicaba ese peligro. Y sucedió: de la media anual de 300 casos ya hay más de 600 intoxicados en este 2025. Lo más grave: también hay 15 muertos.
La particularidad de estas cifras es clara cuando se agrega la ubicación de los afectados: los barrios porteños de Coghlan, Núñez o Palermo, por ejemplo. No se trata entonces de braseros encendidos en las periferias, sino de las graves consecuencias de un cambio que consagró Casares con la resolución Nª 487 –firmada a fines de agosto del año pasado– y que autoriza a las empresas extractivas a aumentar el poder calorífico del gas que ponen a disposición de las distribuidoras: se elevó de 9.300 a 12.300 calorías por metro cúbico. El peligro: los aparatos domésticos no están preparados para recibir esa potencia. “Uno de los principales puntos de alerta es el riesgo de generación de monóxido de carbono en artefactos que no estén preparados para operar con el nuevo nivel de poder calorífico”, advirtieron por escrito las empresas encargadas de distribuir el gas en todo el país. La Dirección de Protección al Consumidor de Neuquén también advirtió por escrito a Casares: “esto representa una amenaza directa para la salud y la seguridad de los usuarios del servicio de gas por redes”.
El mayor poder calórico es posible cuando al gas no se le quita ni el propano, ni el butano ni el etano. El cambio de normativa, entonces, ahorra este proceso y beneficia así a las empresas extractiva que operan en Vaca Muerta. especialmente a Techint, holding en el cual Casares trabajó durante 24 años. Para el aumento de calorías alega que se realizaron pruebas que arrojaron “aumentos insignificantes” de emisión de monóxido de carbono, pero las distribuidoras de gas y fabricantes de artefactos domésticos plantearon ante Enargas por escrito que no tuvieron acceso a esas pruebas para deslindar responsabilidades legales. Según las investigaciones de la periodista especializada Luciana Glezer estas fueron las advertencias remitidas:
- Camuzzi Gas, a través de una nota al Ente: interrogó la validez de los ensayos que sostiene la Resolución porque fueron «encargados al IAPG, y los cuales mostraron niveles de generación de monóxido de carbono dentro de la normativa vigente, la generación de monóxido con gases de la que corresponden a los cambios propuestos fue superior a los que correspondían con la calidad de gas actualmente vigente», dice la empresa en la misiva enviada el 16 de septiembre de 2024. «No podemos dejar de mencionar esta comprobada situación y las posibles consecuencias que puede tener sobre la seguridad de las personas», concluyó Camuzzi.
- Naturgy deslindó responsabilidades. «Respecto a las nuevas especificaciones de calidad de gas natural que se autoricen a comercializar en el país, así como su incidencia en los procesos de combustión, exceden claramente la competencia y responsabilidad de esta distribuidora», dice la nota de Naturgy, fechada el 13 de septiembre.
- Ecogas consideró «necesario manifestar que no puede garantizar el correcto funcionamiento de los artefactos diseñados para operar con los parámetros actuales».
Otro beneficio de la actual gestión para el holding Techint: Glezer también informa que “un error” en el cálculo de previsión de Enargas motivó que el Estado tuviera que pagar casi el doble por el gas de Vaca Muerta.
Las consecuencias:
Un informe publicado en 2 de julio pasado en el portal Chequeado informa que los casos por intoxicación con monóxido de carbono aumentaron este año un 57% según datos del Ministerio de Salud de la Nación. También recuerda que la media de casos anuales es de 300 mientras que a junio de este año ya se habían registrado 473.
Restaba entonces conocer los datos del mes más riesgoso: julio. El relevamiento realizado por lavaca del registro de notas periodísticas sobre los desastres sembrados por el exceso de monóxido de carbono eleva la cifra a 605 intoxicaciones y 15 muertos. Algunos casos:
- En sólo tres días el Hospital Materno Infantil de La Plata atendió 32 niños intoxicados con monóxido de carbono. Cinco pacientes fueron menores de un año, siete menores de cinco años y veinte entre los seis y catorce años de edad.
- En Córdoba hubo seis muertos, en Santa Fe tres y en Chaco dos: un padre de 25 años y su hijo de 4.
En tanto en la Cámara de Diputados de la Nación se espera el avance del proyecto que presentó la diputada Micaela Morán (Frente Renovador) para citar a empresas, distribuidoras y autoridades en una audiencia que investigue la relación entre el aumento de casos y la nueva regulación.
FUENTES
1/7/25
1/7/25
2/7/25
2/7/25
2/7/25
2/7/25
3/7/25
4/7/25
5/7/25
5/7/25
5/7/25
5/7/25
5/7/25
6/7/25
7/7/25
7/7/25
7/7/25
7/7/25
8/7/25
8/7/25
9/7/25
10/7/25
10/7/25
23/7/25
24/ 7/25
24/ 7/25
27/7/25
28/7/25
1/8/25
Estilo Estela
Parlamento de Artistas: una sesión política y experimental desde el disparate artístico
El clima del cambio
San Cayetano desde abajo
No binarismo: autogestión de la identidad
La policía apunta, las cámaras enfocan: señalan al cabo 1º Guerrero, como presunto autor del disparo contra Pablo Grillo
Conmovedora acción contra los femicidios en el estadio de Argentinos Juniors
Orgullo travesti-trans: Carla Morales lee a Marlene Wayar
Las fuerzas del cuerpo
Residencia (A)narcocapitalismo y cuerpos sociales: puesta en escena
CABAHace 4 semanasVilla Lugano: una movilización en contra del “Máster Plan”
#NiUnaMásHace 3 semanasFemicidios en julio: la noticia es el horror
ActualidadHace 3 semanasMendoza movilizada: sábado de caravanazo contra la minera San Jorge
ActualidadHace 4 semanasMarcha de jubilados: balas y bolitas
ActualidadHace 3 semanasDiscapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”