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Amenaza de desalojo de la comunidad mapuche de Los Alerces: “Somos un estorbo para sus planes”

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Se vence mañana el plazo judicial para desalojar el sector del Parque Los Alerces ocupado desde 2020 por la comunidad mapuche Pailako. Detalles del caso, lo que plantea la comunidad, la ausencia de diálogo, la influencia de Milei y del gobernador chubutense, y qué pasó antes para llegar a esta situación. El contexto, según el pueblo mapuche, que incluye al gobierno kirchnerista que no concretó el mandado constitucional para relevar y reconocer las tierras que les corresponden. Por Francisco Pandolfi

Este jueves 9 de enero es el límite judicial impuesto a la comunidad mapuche Pailako, en el Parque Nacional Los Alerces, provincia de Chubut, para concretar su desalojo. El 2 de enero les dieron cinco días hábiles para concretarlo.

Desde la lof, le dicen a lavaca: “Parques Nacionales, en nombre del Estado argentino, está forzando un desalojo aplicando normativa creada en el gobierno de facto militar, sumándole a la reciente derogación de la Ley de Emergencia territorial que los impedía. Están llevando adelante una campaña racista sobre las personas que estamos aquí, no reconociendo la preexistencia, menospreciando nuestra cosmovisión, nuestra cultura, nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia rechazó todos los intentos de nuestros abogados y abogadas de frenar el desalojo, en una clara voluntad negacionista de entablar una mesa de diálogo. Detrás de esto hay intereses inmobiliarios, extractivistas, turísticos, y somos un estorbo para sus planes”. La idea del diálogo no prosperó para esta comunidad que se instaló en un sector de Los Alerces en 2020, reivindicando derechos ancestrales de cinco generaciones habitando en la zona. El 10 de diciembre pasado Javier Milei declaró por decreto el fin de la Ley de Emergencia para la concreción del reconocimiento a la posesión comunitaria de tierras por parte de los pueblos indígenas. Esa Ley 26.160 mantenía la suspensión de los desalojos sobre esas tierras. Después del decreto la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia dispuso el 20 de diciembre que ya no existe la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras indígenas, por lo que podía procederse al desalojo en el caso de Los Alerces.

Amenaza de desalojo de la comunidad mapuche de Los Alerces: “Somos un estorbo para sus planes”

Imagen publicada en la revista MU de Los Alerces tras los incendios del año pasado. Fotos: Nicolás Palacios/lavaca.org.

El juez federal de Esquel, Guido Otranto (recusado en 2017 por la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, en medio de una violenta represión de Gendarmería), exhortó a la comunidad a abandonar su tierra hasta este jueves 9 de enero. De lo contrario, notificó que ejecutará el desalojo «por la fuerza pública». Tanto el director de Parques Nacionales, Cristian Larsen, como el gobernador de Chubut, Ignacio Torres (que el año pasado endilgó sin prueba alguna a la lof como responsable de los incendios en Los Alerces:

https://lavaca.org/notas/jamas-provocariamos-un-incendio-la-respuesta-de-la-comunidad-mapuche-acusada-por-el-gobernador-de-chubut/) informaron que presenciarán el desalojo.

En su primer año de gobierno el gobierno de Javier Milei cabalgó con toda su libertad discursiva y de acción por encima de las 40 naciones originarias que habitan lo que hoy es Argentina. Al intento ni bien iniciado su mandato de derogar la Ley de Tierras, que limita la posesión en manos extranjeras (decreto hoy frenado judicialmente) se le sumaron varios atropellos.

Los principales, en términos concretos, la derogación de la resolución 4811/96 que regulaba el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, para inscribir las personerías jurídicas, y el desguace del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Se puede contabilizar además el cambio de nombre al Salón de los Pueblos Originarios de la Casa de Gobierno; la disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

El contexto mapuche

Jorge Nawel es autoridad política de la Confederación Mapuche de Neuquén, y brinda un panorama para comprender la situación de las políticas sobre los pueblos indígenas. “Milei determinó distintos enemigos para su proyecto global y uno somos las naciones indígenas, porque habitamos lugares estratégicos para sus políticas de saqueo. Es un presidente al que no le interesa la industrialización, la educación y la salud pública, y todo su sistema económico se sostiene en la cuestión financiera y extractivista. Dentro de ese modelo sostenido en la explotación hidrocarburífera, minera, de litio, los pueblos somos una interferencia, y para facilitar el saqueo necesita privarnos de cualquier herramienta de defensa que tengan las más de 2.000 comunidades en el país y las más de 40 naciones indígenas que habitamos lo que hoy es Argentina. Así que cualquier ataque de Milei hacia nosotros no nos sorprende y siempre estamos esperando un próximo golpe”. 

Aclara sobre el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas: “Claudio Avruj es su titular y fue secretario de Derechos Humanos en la gestión de Macri. Es un conocido actor de políticas anti-indígenas. Al INAI lo desguazaron, lo vaciaron de contenido y de cuadros técnicos. Cuando hoy interviene, es para favorecer a nuestros sectores enemigos, así que no tenemos ninguna expectativa de que esto vaya a cambiar en el tiempo que dure su gestión”.

Amenaza de desalojo de la comunidad mapuche de Los Alerces: “Somos un estorbo para sus planes”

Escena de cultivo en la comunidad amenazada de desalojo. Fotos: Nicolás Palacios/lavaca.org

Democracia y racismo

–¿Cuál es la mayor preocupación frene al futuro?

–Que no hay oposición política. Este ajuste perverso contra los más postergados y débiles; estos abusos que genera un gobierno de verdaderos aventureros, lo pueden hacer porque enfrente hay una gran pasividad de la oposición, que está especulando –y que demuestra la pobreza de la política– con que una vez más sea el pueblo pobre el que salga a poner el cuerpo y la vida, y recién ahí aparecer como los defensores de las causas populares. Es vergonzoso que la dirigencia no se ponga a la altura de esta tragedia que estamos viviendo, porque la aparición de esta gente solo favorece a una porción muy pequeña de la población. No hay reacción de los partidos opositores, enfrascados en ver cómo salvan su pellejo, cómo sobreviven a todo el descreimiento general que va creciendo en esta falsa democracia, totalmente incompleta.

¿Y en ese caso?

Todo queda en nuestras manos: la defensa de nuestros derechos no depende de las instituciones, sino de nuestro poder de organización y movilización. Eso siempre fue así, pero en determinados momentos históricos supimos tener aliados. El gobierno nacional muchas veces lo fue, al ser una especie de garante o fiscal en nuestra lucha contra los intereses locales, los gobiernos provinciales que son los grandes deudores de los pueblos indígenas, por ser quienes tienen las facultades, la competencia y la jurisdicción para devolver nuestra tierra. Son los gobiernos provinciales los que deben otorgar la personería jurídica o aplicar la educación intercultural, por ejemplo. Hoy, sin embargo, el gobierno nacional sólo fogonea la criminalización y un absoluto odio racial, lo que genera que el abuso sea todavía mayor.

De CFK a Milei

–Todos los caminos conducen al extractivismo, al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones). ¿Qué pasó para llegar hasta acá, a esta situación?

–Se llegó porque los gobiernos anteriores, más allá que se calificaran de demócratas, de progresistas, de nacionales y populares, todos defendieron siempre la matriz extractivista. Nosotros luchamos contra un modelo nocivo para la vida, la seguridad, para el aire que respiramos, como es el fracking que lo instaló Cristina Kirchner. En el momento de su mayor poder político nos entrevistamos con ella en el marco del Bicentenario (2010). No le pedimos que fuera una abanderada de la causa indígena, sino solo dos cosas: que nos garantice los derechos fundamentales como propiedad comunitaria de la tierra y el derecho a la consulta libre e informada. Ella tenía todas las facultades y posibilidades para hacerlo; contaba con mayoría absoluta en el Congreso para que esas leyes fueran realidad y sin embargo nunca lo logramos. En cambio lo que sí pasó fue que en 2013 se instaló el fracking (método de extracción de hidrocarburos empleando grandes cantidades de agua y contaminantes) con un pacto que hizo aquel gobierno con Chevron, una de las petroleras más contaminantes y desprestigiadas del mundo. Así lograron una alianza para explotar Vaca Muerta. Entonces, este perverso que ahora gobierna, encontró todas las condiciones para que la explotación fuera totalmente impune, al punto que hoy les permite instalar un comando unificado conducido por Patricia Bullrich, para que nadie interfiera sobre Vaca Muerta. En esto se ve claro cómo surgió Milei y cómo ante la enorme pasividad del poder político opositor, ejecuta las barbaridades que quiere.

Desalojo anunciado

El último 10 de diciembre, en coincidencia con el Día de los Derechos Humanos y a un año de tomar el poder, el gobierno nacional derogó la Ley de Emergencia Territorial Indígena, cuya prórroga vencía en noviembre de 2025 y suspendía los desalojos sobre tierras comunitarias de los pueblos originarios.

Amenaza de desalojo de la comunidad mapuche de Los Alerces: “Somos un estorbo para sus planes”

Cruz Cárdenas, uno de los integrantes de la comunidad Pailako.

Opina Jorge Nawel: “Por un lado, esa ley implicaba un relevamiento territorial de las comunidades, que en manos de este INAI era una herramienta peligrosísima, por sus múltiples abusos de poder, y su apoyo a los terratenientes y a las empresas transnacionales. Desde este punto no nos parece tan grave, porque Nación deja de tener injerencia en las disputas que tenemos con los gobiernos provinciales, así que ahora queda planteado el escenario para que las provincias muestren sus verdaderas caras: si van a resolver nuestra cuestión territorial o si van a seguir favoreciendo la usurpacion de los territorios”.

Los desalojos: “El problema mayor de la derogación de la ley de emergencia territorial es que detenía los desalojos. La necesidad de legislar en este aspecto se dio posterior al 2000, cuando se dictaron numerosas órdenes de desalojos, todas aplicadas con una violencia incontrolable. La ley aprobada en 2006 puso un freno a esa represión. Y en estos casi 20 años logramos –con mucha lucha y movilización–, la aprobación de numerosos instrumentos de derechos y jurisprudencia, así que si hay jueces y fiscales que creen que tienen las manos libres para cometer cualquier tipo de abuso, se equivocan y no nos vamos a quedar pasivos ante su intento de seguir violando nuestros derechos”.

–Existe una inminente amenaza de desalojo de la lof Pailako, en el Parque Nacional Los Alerces, que el juez Guido Otranto fijó para este jueves 9 de enero. ¿Qué significa este avance judicial?

–Esto tiene que ver con las políticas de Parques Nacionales. En el 2000, 2001 logramos en el Parque Nacional Lanín una política de co-manejo, en conjunto con el Estado, que pretendíamos que fuera ejemplificadora y se reprodujera en todo el país, porque las 40 naciones indígenas están superpuestas en áreas protegidas, pero no logramos que se replicara en otros parques, donde hay un abuso total hacia la población local, y los guardaparques son una especie de militarización en territorios indígenas. En el gobierno de Alberto Fernández pretendimos desarrollar esta política pero no hubo avances, en ningún sentido. Y así llegó Milei, que con una perversidad total dejó cesantes a numerosos trabajadores, muchos de ellos del pueblo mapuche. Además, prohibió todo tipo de manifestación política cultural; sacó resoluciones donde imposibilitó que se levantara la bandera del pueblo nación mapuche; prohibió a sus cuadros intermedios que promovieran festividades como el  We Xipantu, que es el año nuevo mapuche. Entonces, hoy los Parques Nacionales son un escenario de enfrentamiento, de criminalización grave. Si se llega a concretar mañana el desalojo de lof Pailako, significará una puerta abierta para toda una política de represión. La comunidad dijo que no va a permitirlo y veremos hasta dónde se animan a aplicar la violencia que vienen prometiendo. Lof Pailako tiene muchísimo acompañamiento, estamos todos movilizados y denunciando esta política perversa de Parques Nacionales. Los pueblos indígenas no vamos a bajar los brazos ante todas las amenazas, ningún pueblo se entrega mansamente como si fuéramos ovejas que vamos al matadero. 

“No nos van a poder borrar”

–Jorge, ¿cómo se reflexiona y se acciona ante este presente?

–Nos obliga a potenciar la organización y el grado de movilización que como pueblos indígenas podamos demostrar. Nunca vamos a bajar los brazos porque sabemos que estamos defendiendo un territorio valioso para este modelo depredador. Cada día estamos haciendo una política de resistencia, unificando las luchas para ponerle límites a quienes hoy gobiernan promocionando el sálvese quien pueda. En juego está nuestra vida, así que debemos potenciarnos y articularnos con los otros sectores también castigados, algunos incluso más que los propios pueblos indígenas. Ellos no van a poder, por más que consigan la complicidad de jueces y fiscales para ensayar políticas de desalojo, o que nos califiquen de usurpadores, violentos o terroristas. Más allá de todas esas campañas que montan junto a poderosos medios de comunicación, los pueblos indígenas estamos acá, en el centro de los intereses de este capitalismo depredador y no nos van a poder borrar. Si no lo hicieron con la fuerza de las armas hace 140 años atrás, menos lo van a poder hacer hoy.

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El tren fantasma: paro por otro trabajador del subte muerto por el asbesto

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Un paro este lunes 4 de agosto será la primera respuesta de los metrodelegados ante el fallecimiento de Walter Berhovet, la quinta muerte sufrida por los trabajadores como consecuencia de la exposición al asbesto (o amianto) presente en vagones comprados a países como España durante la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad. Walter falleció tras un cáncer de pulmón. Además de los cinco fallecidos hay actualmente 114 afectados, cuatro con cáncer, y 2.179 bajo control médico. Cada uno, bajo la angustia de no poder saber si la enfermedad se desencadenará también en su caso.  

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP-Metrodelegados) informó que el paro del lunes abarcará a todas las líneas de subte y premetro, de 13 a 15, en repudio al fallecimiento, por cáncer de pulmón, de Walter Berhovet, uno de los trabajadores que se vio letalmente afectado por la exposición al asbesto presente en determinados vagones de los trenes subterráneos.  

El tren fantasma: paro por otro trabajador del subte muerto por el asbesto

La situación de Walter y los demás trabajadores ha sido monitoreada y confirmada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Los metrodelegados plantean: “La muerte de nuestro compañero nos llena de tristeza e indignación porque pudo haberse evitado: el asbesto está prohibido en Argentina desde el año 2003.  A pesar de ello, durante muchos años trabajamos sin ser informados de la presencia de asbesto en nuestro ámbito laboral″.

Agrega el documento gremial: “La empresa y las autoridades lo negaron hasta que nuestro sindicato demostró que los trenes CAF 5000 contenían ese mineral cancerígeno usado como aislante” y que más tarde “se comprobaría su presencia en otras flotas e instalaciones de la red”.

El tren fantasma: paro por otro trabajador del subte muerto por el asbesto

Los metrodelegados explican: “A las autoridades, que miran para otro lado, les exigimos máxima celeridad en los procesos para garantizar el urgente cambio de las flotas que contienen asbesto. Necesitamos que se aceleren las tareas de descontaminación en base a un plan integral de desasbestización” y reclaman que todas las personas que trabajan en ese ámbito deben ser puestas bajo vigilancia médica”.

Aquí, una de las investigaciones previas realizadas por lavaca y la revista MU con respecto a este tema.

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Vetos y votos

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El presidente Javier Milei vetó este sábado las leyes de aumento a las jubilaciones y de emergencia en discapacidad que había aprobado el Senado el 10 de julio. Ahora es el turno de la oposición que deberá conseguir dos tercios de la Cámara para ratificar los proyectos, en un contexto de negociaciones cruzadas marcadas por la agenda electoral de septiembre en la provincia de Buenos Aires y octubre a nivel nacional.

El proyecto de jubilaciones –aprobado en el Senado con 52 votos afirmativos, 4 abstenciones y ninguno negativo– aumentaba 7,2% los haberes y el bono de $70.000 a $110.000, que se actualizaría por inflación. También habían aprobado la restitución de la moratoria previsional. En tanto, la ley de Emergencia en Discapacidad –56 votos afirmativos, sin abstenciones ni negativos– proponía regularizar pagos, actualizar aranceles para prestadores de servicios, reformar el sistema de pensiones no contributivas y cumplir con el cupo laboral para personas con discapacidad, entre otros.

Diversas organizaciones que luchan por los derechos de personas con discapacidad (Asociación Civil Creando Huellas, NeuroCEA y el especialista Eduardo Sotelo, entre otros) lanzaron un video en redes denunciando la situación crítica con números concretos:

  • $270.000 las terapias domiciliarias.
  • $600.000 un centro terapéutico media jornada o el acompañamiento escolar.
  • $70.000 la consulta con un psiquiatra para la medicación.
  • $825.000 el cannabidiol para pacientes con epilepsia refractaria.

“Los apoyos para nuestros hijos con discapacidad son un derecho, no un privilegio. El acceso a los apoyos y recursos que necesita una persona con discapacidad es un derecho universal”. El video puede verse aquí

Héctor, jubilado, tiene 75 años y se acaba de enterar de un veto que ya sabía que iba a llegar antes del lunes, cuando terminaba el plazo. Le dice a lavaca: “Me siento impotente, si tengo que decir algo ahora, lo tengo que mandar a …ya sabés dónde. Pero no merece decirle nada”. 

Al ratificarse el veto a los jubilados, la actualización de agosto será del 1,62% en base al último índice de inflación de junio de 2025, por lo que la jubilación mínima será de $ 314.243,51 en lugar de los 441.600 que establecía la ley.

Patricia tiene 68 años y vive en el barrio porteño de Flores. “Es repugnante que justo una semana después de bajarle las retenciones al campo, vete subir nuestras jubilaciones. Da mucho dolor Tengo una mezcla de sentimientos, bronca, indignación, ira, tristeza, dolor”. 

Toda esa combinación de sentires se le hacen eco en su voz. “Nos ha costado añares y muchas vidas la conquista ciertos derechos, ver que ahora se aniquilan de un plumazo es terrible. Milei no tiene idea de la realidad que estamos pasando. Es la peor época que estoy viviendo, desde lo económico, pero también desde lo social, por el impacto que nos genera en nuestra salud, psíquica y emocional. Estoy jubilada con la mínima y debo seguir trabajando (de abogada) porque si no, no podría subsistir. Pareciera que tengo un privilegio por continuar trabajando, pero tendría que estar descansando y disfrutando de mis nietos después de tantos años de esfuerzo”. 

Ahora será el turno del palacio y la calle. Mientras el Gobierno negocia con la llamada “oposición dialoguista” buscando conseguir los 87 votos que ratifiquen el veto, tal como sucedió en septiembre del año pasado con la ley de movilidad jubilatoria, el movimiento de jubiladas y jubilados –el más activo en Argentina contra las políticas de ajuste– saldrá a las calles este miércoles, como cada semana.

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Mendoza movilizada: sábado de caravanazo contra la minera San Jorge

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Bajo el lema “el agua pura no se negocia”, las asambleas ambientales están organizando una movilización desde distintos puntos de la provincia hacia la localidad de Uspallata, epicentro de conflicto y donde este sábado el gobierno provincial convocó a una audiencia pública para tratar el proyecto San Jorge “en pleno territorio minero, en zona de montaña y de muy difícil acceso”, explican los vecinos. 

El lugar: el campamento de la propia empresa. 

El objetivo oficial del gobernador proto libertario Alfredo Cornejo es hacer la audiencia -obligatoria por ley-, pero en un lugar al que la gente no concurra para que parezca que no hay oposición al emprendimiento minero, que en realidad es rechazado por la población desde hace 18 años. 

La decisión de las comunidades fue hacer una contra-audiencia “con el pueblo y para el pueblo”. Un viaje colectivo que empezará este sábado a la madrugada desde el sur e irá subiendo por las rutas mendocinas hasta el norte. La advertencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuyo sobre los químicos que usaría la minera y las voces de la comunidad: “Nada de lo que haga el gobierno de Cornejo podrá evitar que sigamos defendiendo el agua pura”. 

Por Francisco Pandolfi

La cordillera está en peligro. 

Eso dice Eugenia Segura, vecina de la localidad mendocina de Uspallata, cuando habla con lavaca.

En ese pueblo del norte provincial del departamento de Las Heras, a 120 kilómetros de la capital y a 90 del paso fronterizo con Chile, el tándem gobierno mendocino y empresa multinacional Solway Holding busca imponer el proyecto minero de cobre y oro San Jorge. 

Mendoza movilizada: sábado de caravanazo contra la minera San Jorge

El mapa de la movilización prevista para este 2 de agosto.

Audiencia «pública» en el propio campamento minero

Así como a principios de este año la estrategia fue amedrentar a la comunidad con detenciones y la violencia de patotas oficialistas (https://lavaca.org/notas/megamineria-patotas-y-cornejo-junto-a-milei-la-asamblea-de-uspallata-resiste-al-proyecto-san-jorge/), la idea para esquivar la falta de licencia social fue hacer este sábado 2 de agosto una audiencia pública en un sitio peculiar: el gobierno al mando de Alfredo Cornejo la convocó en el campamento de la propia empresa minera, en una zona de montaña, de difícil acceso y a 45 kilómetros del centro de la ciudad. Por eso, desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata y la Asamblea por Necesidad y Urgencia de Mendoza, junto al resto de asambleas ambientales de la provincia, se decidió hacer una audiencia paralela, en simultáneo (desde las 10 de la mañana) pero “en el territorio, con el pueblo y para el pueblo”. Argumenta Eugenia: “Queremos que los niños puedan expresarse sobre el destino del agua que van a beber. Que se escuchen las sabias voces ancianas. Ya en la Audiencia Pública del 2010 les fue dicho hasta con dibujitos este ‘NO’ que sigue intacto”.

Lo que se está tejiendo en Mendoza es una movilización histórica. Otra más, como la que en 2019 marchó en contra de la derogación de la Ley 7722 que regula la actividad minera prohibiendo el uso de sustancias tóxicas para el cuidado del ambiente y el agua, lo cual se revirtió gracias a aquel evento conocido como Mendoaguazo. 

El punto de encuentro de vecinas y vecinos autoconvocados y nucleados en las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura es a las 9 de la mañana del sábado en Uspallata. Y para eso, desde las localidades Malargüe y General Alvear, bien al sur provincial, saldrán a las 3 de la madrugada. A las 4 se sumarán desde San Rafael. A las 5.40 desde la Ciudad de San Carlos. A las 6, desde Tupungato, Tunuyán y la Ciudad de Mendoza. Y a las 7.30 desde Potrerillos, para completar el Caravanazo organizado bajo la consigna «el agua de Mendoza no se negocia».

Dice Eugenia: “Avisen en Esquel, Andalgalá, Salar del Hombre Muerto. Avisen donde sea que la última ola de codicia se ensañe. Porque si les sale bien esta jugada de convocar Audiencias Públicas en el medio de la montaña en pleno invierno, la van a querer replicar en todos los territorios, como en las selvas a 45 grados. Pero si sale bien la nuestra, para que cada quien pueda decir su verdad desde el corazón y desde las evidencias, otra va a ser la historia”.

Frente a la trampa: agua y escribano público

En la audiencia del pueblo se hará un plenario donde habrá un escribano público que certifique todo lo que se diga ahí. Se transmitirá en vivo, habrá música y comida compartida durante toda la jornada. “El agua es cuestión de vida, de dignidad. Negarse a que nos pongan en lo que llaman zona de sacrificio, a merced de los caprichos empresariales”. 

Las asambleas denuncian que la audiencia oficial viola principios constitucionales y el Acuerdo de Escazú al impedir la participación amplia y accesible. Sin embargo, recibió el visto bueno de la Fiscalía de Estado en relación al lugar elegido. Nora Moyano es parte de la Asamblea de las Heras por el Agua Pura de Mendoza: “¿Cómo íbamos a ir a una audiencia manipulada por Cornejo en la casa del mismísimo patrón, el territorio de la minera San Jorge?”. 

Las trampas: “Nos están haciendo muchas zancadillas el gobierno, la minera, los empresarios y los medios de comunicación. En Uspallata no hay luz desde hace dos días y esta mañana cortaron el agua. Hicimos un hábeas corpus para que el gobierno garantice nuestra seguridad en el caravanazo, pero el poder judicial lo rechazó; ya sabemos quiénes son los jueces y los fiscales, y para quién juegan. Pero nada nos va a detener, haremos tanto el caravanazo como la audiencia pública del pueblol”. 

El Proyecto San Jorge pretende explotar minerales en las nacientes de la Cuenca del Río Mendoza, con uso intensivo de agua y químicos, poniendo en riesgo el agua que llega a diferentes comunidades. Al respecto, en mayo pasado la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuyo advirtió sobre las consecuencias del uso de los cuatro químicos necesarios para llevar a cabo el proceso: Poliacrilamida Aniónica (APAM), Óxido de Calcio (CaO), Isobutil Xantato de Sodio (SIBX) y Metil Isobutil Carbinol (MIBC). “Se desaconseja utilizar los productos químicos analizados y se enfatiza en la importancia de explorar todas las alternativas disponibles antes de recurrir a estos compuestos”. 

Mendoza movilizada: sábado de caravanazo contra la minera San Jorge

En otro apartado informa: “Es posible que el proceso industrial movilice en el agua una gran cantidad de elementos que potencialmente pueden ser tóxicos para la salud humana y ambiental. A diferencia de otros tóxicos, los elementos no son biodegradables, y por tanto una vez que ingresan a los diferentes ecosistemas su persistencia ambiental es elevada”.

Por eso Nora, que tiene 74 años y la jovialidad floreciente, mantiene una convicción inquebrantable: “Logramos que la parroquia de Uspallata nos preste el lugar, pero si no, íbamos a hacer la audiencia igual bajo la nieve, como ya lo hicimos antes en toda esta lucha que llevamos desde 2007. Estamos totalmente en rebelión y ninguna otra zancadilla que nos hagan, ni toda la suma del poder público contra nosotros, podrá evitar que sigamos defendiendo el agua”.

Eugenia propone una imagen: “Toda el agua del mundo va a hablar por nuestras voces y, como en el 2019, van a escuchar al pueblo”.

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