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Amenaza de desalojo de la comunidad mapuche de Los Alerces: “Somos un estorbo para sus planes”

Se vence mañana el plazo judicial para desalojar el sector del Parque Los Alerces ocupado desde 2020 por la comunidad mapuche Pailako. Detalles del caso, lo que plantea la comunidad, la ausencia de diálogo, la influencia de Milei y del gobernador chubutense, y qué pasó antes para llegar a esta situación. El contexto, según el pueblo mapuche, que incluye al gobierno kirchnerista que no concretó el mandado constitucional para relevar y reconocer las tierras que les corresponden. Por Francisco Pandolfi
Este jueves 9 de enero es el límite judicial impuesto a la comunidad mapuche Pailako, en el Parque Nacional Los Alerces, provincia de Chubut, para concretar su desalojo. El 2 de enero les dieron cinco días hábiles para concretarlo.
Desde la lof, le dicen a lavaca: “Parques Nacionales, en nombre del Estado argentino, está forzando un desalojo aplicando normativa creada en el gobierno de facto militar, sumándole a la reciente derogación de la Ley de Emergencia territorial que los impedía. Están llevando adelante una campaña racista sobre las personas que estamos aquí, no reconociendo la preexistencia, menospreciando nuestra cosmovisión, nuestra cultura, nuestra forma de relacionarnos con la naturaleza. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia rechazó todos los intentos de nuestros abogados y abogadas de frenar el desalojo, en una clara voluntad negacionista de entablar una mesa de diálogo. Detrás de esto hay intereses inmobiliarios, extractivistas, turísticos, y somos un estorbo para sus planes”. La idea del diálogo no prosperó para esta comunidad que se instaló en un sector de Los Alerces en 2020, reivindicando derechos ancestrales de cinco generaciones habitando en la zona. El 10 de diciembre pasado Javier Milei declaró por decreto el fin de la Ley de Emergencia para la concreción del reconocimiento a la posesión comunitaria de tierras por parte de los pueblos indígenas. Esa Ley 26.160 mantenía la suspensión de los desalojos sobre esas tierras. Después del decreto la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia dispuso el 20 de diciembre que ya no existe la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras indígenas, por lo que podía procederse al desalojo en el caso de Los Alerces.

Imagen publicada en la revista MU de Los Alerces tras los incendios del año pasado. Fotos: Nicolás Palacios/lavaca.org.
El juez federal de Esquel, Guido Otranto (recusado en 2017 por la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, en medio de una violenta represión de Gendarmería), exhortó a la comunidad a abandonar su tierra hasta este jueves 9 de enero. De lo contrario, notificó que ejecutará el desalojo «por la fuerza pública». Tanto el director de Parques Nacionales, Cristian Larsen, como el gobernador de Chubut, Ignacio Torres (que el año pasado endilgó sin prueba alguna a la lof como responsable de los incendios en Los Alerces:
https://lavaca.org/notas/jamas-provocariamos-un-incendio-la-respuesta-de-la-comunidad-mapuche-acusada-por-el-gobernador-de-chubut/) informaron que presenciarán el desalojo.
En su primer año de gobierno el gobierno de Javier Milei cabalgó con toda su libertad discursiva y de acción por encima de las 40 naciones originarias que habitan lo que hoy es Argentina. Al intento ni bien iniciado su mandato de derogar la Ley de Tierras, que limita la posesión en manos extranjeras (decreto hoy frenado judicialmente) se le sumaron varios atropellos.
Los principales, en términos concretos, la derogación de la resolución 4811/96 que regulaba el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, para inscribir las personerías jurídicas, y el desguace del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Se puede contabilizar además el cambio de nombre al Salón de los Pueblos Originarios de la Casa de Gobierno; la disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
El contexto mapuche
Jorge Nawel es autoridad política de la Confederación Mapuche de Neuquén, y brinda un panorama para comprender la situación de las políticas sobre los pueblos indígenas. “Milei determinó distintos enemigos para su proyecto global y uno somos las naciones indígenas, porque habitamos lugares estratégicos para sus políticas de saqueo. Es un presidente al que no le interesa la industrialización, la educación y la salud pública, y todo su sistema económico se sostiene en la cuestión financiera y extractivista. Dentro de ese modelo sostenido en la explotación hidrocarburífera, minera, de litio, los pueblos somos una interferencia, y para facilitar el saqueo necesita privarnos de cualquier herramienta de defensa que tengan las más de 2.000 comunidades en el país y las más de 40 naciones indígenas que habitamos lo que hoy es Argentina. Así que cualquier ataque de Milei hacia nosotros no nos sorprende y siempre estamos esperando un próximo golpe”.
Aclara sobre el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas: “Claudio Avruj es su titular y fue secretario de Derechos Humanos en la gestión de Macri. Es un conocido actor de políticas anti-indígenas. Al INAI lo desguazaron, lo vaciaron de contenido y de cuadros técnicos. Cuando hoy interviene, es para favorecer a nuestros sectores enemigos, así que no tenemos ninguna expectativa de que esto vaya a cambiar en el tiempo que dure su gestión”.

Escena de cultivo en la comunidad amenazada de desalojo. Fotos: Nicolás Palacios/lavaca.org
Democracia y racismo
–¿Cuál es la mayor preocupación frene al futuro?
–Que no hay oposición política. Este ajuste perverso contra los más postergados y débiles; estos abusos que genera un gobierno de verdaderos aventureros, lo pueden hacer porque enfrente hay una gran pasividad de la oposición, que está especulando –y que demuestra la pobreza de la política– con que una vez más sea el pueblo pobre el que salga a poner el cuerpo y la vida, y recién ahí aparecer como los defensores de las causas populares. Es vergonzoso que la dirigencia no se ponga a la altura de esta tragedia que estamos viviendo, porque la aparición de esta gente solo favorece a una porción muy pequeña de la población. No hay reacción de los partidos opositores, enfrascados en ver cómo salvan su pellejo, cómo sobreviven a todo el descreimiento general que va creciendo en esta falsa democracia, totalmente incompleta.
–¿Y en ese caso?
Todo queda en nuestras manos: la defensa de nuestros derechos no depende de las instituciones, sino de nuestro poder de organización y movilización. Eso siempre fue así, pero en determinados momentos históricos supimos tener aliados. El gobierno nacional muchas veces lo fue, al ser una especie de garante o fiscal en nuestra lucha contra los intereses locales, los gobiernos provinciales que son los grandes deudores de los pueblos indígenas, por ser quienes tienen las facultades, la competencia y la jurisdicción para devolver nuestra tierra. Son los gobiernos provinciales los que deben otorgar la personería jurídica o aplicar la educación intercultural, por ejemplo. Hoy, sin embargo, el gobierno nacional sólo fogonea la criminalización y un absoluto odio racial, lo que genera que el abuso sea todavía mayor.
De CFK a Milei
–Todos los caminos conducen al extractivismo, al RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones). ¿Qué pasó para llegar hasta acá, a esta situación?
–Se llegó porque los gobiernos anteriores, más allá que se calificaran de demócratas, de progresistas, de nacionales y populares, todos defendieron siempre la matriz extractivista. Nosotros luchamos contra un modelo nocivo para la vida, la seguridad, para el aire que respiramos, como es el fracking que lo instaló Cristina Kirchner. En el momento de su mayor poder político nos entrevistamos con ella en el marco del Bicentenario (2010). No le pedimos que fuera una abanderada de la causa indígena, sino solo dos cosas: que nos garantice los derechos fundamentales como propiedad comunitaria de la tierra y el derecho a la consulta libre e informada. Ella tenía todas las facultades y posibilidades para hacerlo; contaba con mayoría absoluta en el Congreso para que esas leyes fueran realidad y sin embargo nunca lo logramos. En cambio lo que sí pasó fue que en 2013 se instaló el fracking (método de extracción de hidrocarburos empleando grandes cantidades de agua y contaminantes) con un pacto que hizo aquel gobierno con Chevron, una de las petroleras más contaminantes y desprestigiadas del mundo. Así lograron una alianza para explotar Vaca Muerta. Entonces, este perverso que ahora gobierna, encontró todas las condiciones para que la explotación fuera totalmente impune, al punto que hoy les permite instalar un comando unificado conducido por Patricia Bullrich, para que nadie interfiera sobre Vaca Muerta. En esto se ve claro cómo surgió Milei y cómo ante la enorme pasividad del poder político opositor, ejecuta las barbaridades que quiere.
Desalojo anunciado
El último 10 de diciembre, en coincidencia con el Día de los Derechos Humanos y a un año de tomar el poder, el gobierno nacional derogó la Ley de Emergencia Territorial Indígena, cuya prórroga vencía en noviembre de 2025 y suspendía los desalojos sobre tierras comunitarias de los pueblos originarios.

Cruz Cárdenas, uno de los integrantes de la comunidad Pailako.
Opina Jorge Nawel: “Por un lado, esa ley implicaba un relevamiento territorial de las comunidades, que en manos de este INAI era una herramienta peligrosísima, por sus múltiples abusos de poder, y su apoyo a los terratenientes y a las empresas transnacionales. Desde este punto no nos parece tan grave, porque Nación deja de tener injerencia en las disputas que tenemos con los gobiernos provinciales, así que ahora queda planteado el escenario para que las provincias muestren sus verdaderas caras: si van a resolver nuestra cuestión territorial o si van a seguir favoreciendo la usurpacion de los territorios”.
Los desalojos: “El problema mayor de la derogación de la ley de emergencia territorial es que detenía los desalojos. La necesidad de legislar en este aspecto se dio posterior al 2000, cuando se dictaron numerosas órdenes de desalojos, todas aplicadas con una violencia incontrolable. La ley aprobada en 2006 puso un freno a esa represión. Y en estos casi 20 años logramos –con mucha lucha y movilización–, la aprobación de numerosos instrumentos de derechos y jurisprudencia, así que si hay jueces y fiscales que creen que tienen las manos libres para cometer cualquier tipo de abuso, se equivocan y no nos vamos a quedar pasivos ante su intento de seguir violando nuestros derechos”.
–Existe una inminente amenaza de desalojo de la lof Pailako, en el Parque Nacional Los Alerces, que el juez Guido Otranto fijó para este jueves 9 de enero. ¿Qué significa este avance judicial?
–Esto tiene que ver con las políticas de Parques Nacionales. En el 2000, 2001 logramos en el Parque Nacional Lanín una política de co-manejo, en conjunto con el Estado, que pretendíamos que fuera ejemplificadora y se reprodujera en todo el país, porque las 40 naciones indígenas están superpuestas en áreas protegidas, pero no logramos que se replicara en otros parques, donde hay un abuso total hacia la población local, y los guardaparques son una especie de militarización en territorios indígenas. En el gobierno de Alberto Fernández pretendimos desarrollar esta política pero no hubo avances, en ningún sentido. Y así llegó Milei, que con una perversidad total dejó cesantes a numerosos trabajadores, muchos de ellos del pueblo mapuche. Además, prohibió todo tipo de manifestación política cultural; sacó resoluciones donde imposibilitó que se levantara la bandera del pueblo nación mapuche; prohibió a sus cuadros intermedios que promovieran festividades como el We Xipantu, que es el año nuevo mapuche. Entonces, hoy los Parques Nacionales son un escenario de enfrentamiento, de criminalización grave. Si se llega a concretar mañana el desalojo de lof Pailako, significará una puerta abierta para toda una política de represión. La comunidad dijo que no va a permitirlo y veremos hasta dónde se animan a aplicar la violencia que vienen prometiendo. Lof Pailako tiene muchísimo acompañamiento, estamos todos movilizados y denunciando esta política perversa de Parques Nacionales. Los pueblos indígenas no vamos a bajar los brazos ante todas las amenazas, ningún pueblo se entrega mansamente como si fuéramos ovejas que vamos al matadero.
“No nos van a poder borrar”
–Jorge, ¿cómo se reflexiona y se acciona ante este presente?
–Nos obliga a potenciar la organización y el grado de movilización que como pueblos indígenas podamos demostrar. Nunca vamos a bajar los brazos porque sabemos que estamos defendiendo un territorio valioso para este modelo depredador. Cada día estamos haciendo una política de resistencia, unificando las luchas para ponerle límites a quienes hoy gobiernan promocionando el sálvese quien pueda. En juego está nuestra vida, así que debemos potenciarnos y articularnos con los otros sectores también castigados, algunos incluso más que los propios pueblos indígenas. Ellos no van a poder, por más que consigan la complicidad de jueces y fiscales para ensayar políticas de desalojo, o que nos califiquen de usurpadores, violentos o terroristas. Más allá de todas esas campañas que montan junto a poderosos medios de comunicación, los pueblos indígenas estamos acá, en el centro de los intereses de este capitalismo depredador y no nos van a poder borrar. Si no lo hicieron con la fuerza de las armas hace 140 años atrás, menos lo van a poder hacer hoy.
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Jubilados: el triunfo es seguir

El Congreso de la Nación convirtió en ley el primer triunfo social que se logró al sostener en la calle, todos los miércoles y durante casi dos años, un reclamo que ni los gases ni los palos ni las detenciones arbitrarias pudieron desalentar.
Lo que deriva, ahora, es también el primer gran desafío político para un gobierno agobiado por la debilidad de su plan económico –debilidad que ahora quiere atribuir a esta decisión legislativa– y desgastado por una retórica abusiva que lo está dejando sin aliados y rodeado únicamente por aduladores, odiadores y especuladores.
La aprobación de un aumento de las jubilaciones del 7,2%, un incremento del bono de 70.000 a 110.000 y la extensión de la moratoria extinguida por decreto fue suficiente para que, además, comenzaran los reproches públicos de la interna oficialista, que tuvieron a la gran perdedora de esta pulseada –la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich– como vocera.
La estrategia de la ministra de sofocar con palos y criminalización el reclamo social dejó ayer en evidencia su fracaso, tal como había sucedido en su anterior gestión al frente de esa cartera en tiempos de Mauricio Macri presidente.
Lejos de aprender la lección, la repitió cosechando idéntico resultado. Lo sintetiza Beatriz Blanco, 81 años, la jubilada golpeada, tumbada y gaseada durante una la jornada de protesta del 12 de marzo (en la que también fue atacado el fotógrafo Pablo Grillo que continúa su arduo proceso de rehabilitación): “Si no aflojamos, lo logramos: esa es la lección de hoy”.
Beatriz no está confiada ni esperanzada: “Estoy decidida”, dice para definir qué espera en los próximos días, cuando se defina si el Congreso apoya o desactiva el anunciado veto del presidente Milei.
Esa decisión que define el estado de ánimo de Beatriz tiene un por qué: “ya no estamos tan solos y eso nos permite creer en nosotros. Nuestra fuerza es seguir”.
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La independencia de los jubilados

Hubo marcha alrededor del Congreso vigilada por 26 vehículos de Gendarmería y Policía Federal como anticipo de las movilizaciones convocadas para la semana próxima. Sin embargo fue un 9 de Julio sin violencia contra quienes manifiestan, mientras lavaca planteaba una pregunta a jubiladas y jubilados: ¿De qué hay que independizarse?
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla
Fotos: lavaca.org
“Tengo 48 años de aportes y no llego a 500 mil pesos de jubilación. No puede ser que ni siquiera tenga para un gustito de comprarme un dulce de batata” dice a lavaca Hugo, 74 años, mientras marcha alrededor del Congreso. Tiene una barba blanquísima que le envidiaría Papá Noel. Vino desde Villa Domímico. Su síntesis para un 9 de Julio: “De lo que tenemos que independizarnos es de este gobierno, que no da para más”.

El 9 de julio de 1816, el Congreso de Tucumán, integrado por representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, proclamó la Independencia de estas tierras. Ese día, las manifestaciones populares se concentraron en los alrededores de la Casa de Tucumán, coreando el grito de «Viva la Patria».
209 años después, este 9 de julio de 2025, afuera de ese Congreso de la Nación integrado por diputados y senadores, jubiladas y jubilados proclaman de qué falta todavía independizarse en un contexto de jubilaciones licuadas (el haber mínimo a $379 mil), de barrida de la moratoria previsional y de la gratuidad los remedios.
Hugo sigue describiendo la situación tras sus 48 años de aportes, a través de un montón de preguntas: “¿Dónde está lo que pagué durante tantos años? ¿Cómo como? ¿Cómo vivo? ¿Quién me explica eso?”. Agrega otro elemento: “Soy epiléptico, tomo un remedio que me sale 200 mil pesos. Con mi señora ya no comemos a la noche. Esto es una esclavitud”.

Un dolor en el pecho
Graciela, 78 años, es de Libertad, Merlo: “Tenemos que independizarnos de esta mierda de gobierno y de todo lo que nos explotan día a día. Estoy viviendo mal, no me puedo comprar los remedios que necesito. Nos han quitado todo a los jubilados. Este es un gobierno democrático, elegido por una votación, pero tremendamente dictatorial”.
Un poco más joven, Osvaldo tiene 72 julios. Llegó desde Claypole donde vive. Dice que hay que independizarse de lo que define del siguiente modo: “Es una mafia que está regalando el país, todos los bienes naturales. Volvimos a depender de Estados Unidos, nos endeudan cada vez más, es un desastre”. Cuenta que cobra la mínima y que tiene un dolor en el pecho cada vez que lo visita alguno de sus seis nietos: “Me piden un yogur y no se los puedo comprar. Mis hijos no me ayudan aunque quieran, porque están peor”. Hace una pausa. Confiesa. “Te digo la verdad: ya no ceno, me tomo un té, no me da para otra cosa”.

Lo que quiere Milei
Alrededor del Congreso, esta vez sin vallas, dos ejércitos desproporcionados están apostados para evitar vaya a saber qué: Gendarmería Nacional (15 vehículos) y Policía Federal (11 vehículos). Pero no pueden impedir que los y las jubiladas marchen alrededor del palacio legislativo, al grito de “qué vergüenza, pegarle a un jubilado por dos pesos con cincuenta”, aunque evidentemente los haberes de los llamados efectivos son otros.
Surgen algunas preguntas entre los manifestantes:
¿Cuánto cuesta un operativo así de desmedido?
¿Por feriado se les paga doble a ese montón de uniformados?
¿Qué sentido tiene tanta parafernalia de seguridad?

Este jueves está prevista la sesión en el Senado para tratar el aumento de jubilaciones. Opina Hugo: “Milei ya dijo que lo volverá a vetar. Y eso que sería un miserable aumento, es una vergüenza, es un desalmado, una mala persona”. Argumenta Graciela: “No tengo expectativas, porque aunque el Congreso apruebe todo, el señorito que tenemos por presidente lo veta. Él quiere a los jubilados sin nada, muertos”.

Señalando la corrupción
Teresa dice que pasó los ochenta y que es de un territorio innombrable: La Matanza. Se presenta como militante comunitaria en Laferrere, con acción en la casa de salud barrial, y cuando se le pregunta por el día patrio, se enciende: “Hay que independizarse de la corrupción”, dice y señala al Congreso: “Si pueden tirarlo abajo, tírenlo, porque no me representa a mí ni a ninguno de los que estamos acá. Nosotros hacemos la patria grande, con este bastoncito que ves hice mucho por esta Patria, la amo y me la están robando. Luché mucho por ella, hijo. Mucho”. Nos pide que escuchemos un tema de Horacio Guarany,
“Qué te ha pasado justicia”. Lo que se cantaba en el siglo pasado:
A ver, señor diputado,
¿qué le ha pasado que se olvidó
del bendito pueblo obrero
que usted en campaña siempre nombró?
Tengo mis hijos pidiendo,
que por la calle siempre se ven
y usted se aumentó la dieta,
y yo a la dieta la hago muy bien.
Alicia, 80 años, es otra de las jubiladas con esa dieta (cobra la mínima, $304.723,90 más el bono de $70.000), y dice que hay que independizarse de todo: “Somos una colonia. Se han posesionado de nuestros recursos naturales, el agua, el litio, el petróleo, están regalando las mineras, la educación, la salud, la jubilación. En realidad, no tenemos nada”.

¿Qué necesitamos?: “Otra independencia”, sintetiza Alicia, que integra Jubilados Insurgentes.
Mónica, 72 años, de la Asamblea de Vecinos de Boedo, viene siempre los miércoles sin importar si llueve o hace frío, y la hace corta: “Hay que independizarnos del presidente cipayo que tenemos, de Estados Unidos y de Israel”.
A su lado está Ricardo, 84, de Lanús, conurbano sur: “Llegamos al 9 de Julio con despidos masivos, garrote y gaseo a trabajadores del INTI, de Vialidad Nacional, con una CGT traidora. Esto, con huelga y un plan de lucha se termina. En 1919, los trabajadores de la Semana Trágica luchaban por trabajar ocho horas en lugar de doce y se cargaron 700 cuerpos. Hoy la clase argentina trabaja por salarios de hambre y no se para de manos”.
Pertenece a una agrupación llamada Bastones en rebeldía y dice que viene por quienes no pueden estar por razones de salud. “Acá tiene que venir más gente, somos seis millones de jubilados…”. Se enoja, mueve la cabeza y cuenta que tiene siete categorías para englobar a quienes no vienen cada semana a lo que se transformó en el epicentro de la resistencia a este gobierno: 1) Los indiferentes 2) Los indecisos 3) Los adormecidos 4) Los que naturalizan todo 5) Los resignados 6) Los mesiánicos 7) Los hiperindividualistas. Dice que no tiene necesidad económica, pero que prefiere seguir marchando.

Las 14 organizaciones que integran la Mesa de jubiladas y jubilados en lucha convocan para el próximo miércoles 16 de julio, desde las 15, a una “gran marcha antirrepresiva entre todos los sectores que hoy padecen la crueldad de este gobierno”.
Llaman a marchar el jueves 17 con los trabajadores del Hospital Garrahan.
El 9 de julio de 1816 marcó la independencia política “de España y de toda dominación extranjera”, pero siguieron existiendo muchas formas de dependencia: económica, cultural, productiva, mental. Toda relación entre aquellos eventos de Tucumán y las cosas que ocurren 209 años después, ¿serán pura coincidencia? A más tardar la semana próxima las calles volverán a decir lo suyo.

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Otro ataque a la salud pública y al Garrahan: las movilizaciones que se vienen

No solo no soluciona el problema, sino que lo empeora: el gobierno difundió un reglamento que degrada las condiciones laborales de los profesionales de la salud residentes en hospitales nacionales al buscar convertirlos en “becarios”. Asambleas y la decisión: paro y un abrazo al Garrahan el próximo jueves 10, y la convocatoria a una gran marcha federal por la salud el jueves 17 de julio.
Por Francisco Pandolfi
Residentes sí, becarios no. Ese es el nuevo lema que hoy levantan (y denuncian) residentes de los hospitales nacionales del país, ante el nuevo reglamento que dictaminó el 2 de julio el ministerio de Salud de la Nación para las residencias médicas.
¿Qué son las residencias? Tienen como objetivo capacitar y especializar a egresados de carreras como medicina, enfermería, psicología y bioquímica, entre otras, en el marco del trabajo asistencial y académico.
¿Qué aduce el gobierno nacional para la formulación del nuevo reglamento? “Recuperar su rol formativo y permitir que los residentes puedan elegir bajo qué modalidad realizar este tramo de su formación y cómo administrar el monto de las becas percibidas. A fin de jerarquizar el carácter formativo de esta etapa, el nuevo reglamento recupera el concepto de beca (excluyendo cualquier encuadre como empleo público, relación laboral o contratación de obra o servicio) y ofrece a los residentes la posibilidad de elegir entre dos modalidades diferentes: Beca Institución (el hospital otorga la beca) o Beca Ministerio (contrato con el Ministerio de Salud). No es empleo público, no es una relación laboral. Es una etapa formativa con financiamiento estatal”.
Ante la Resolución 2109/2025, las y los residentes del Hospital Garrahan a la cabeza, y todos los profesionales de la salud del sistema de residencias nacionales realizaron ayer una conferencia de prensa en Plaza de Mayo, donde denunciaron: “Este modelo de residencias, ampliamente utilizado a nivel global y que rige en Argentina desde hace más de 30 años y que fue perfeccionándose en el tiempo, garantizó profesional altamente capacitado en cada rincón del sistema de salud. La nueva normativa desmantela las bases fundamentales del sistema, se nos atribuye libertad de elección ante dos opciones de las cuales ninguna resuelve la problemática salarial de base, y además ambas implican la pérdida de múltiples derechos laborales adquiridos; pretende transformar lo que hasta ahora era un régimen formativo en servicio, remunerado y con derechos reconocidos, en un esquema de becas sin vínculo laboral claro, ni aporte y con importantes recortes en licencia, descanso y condiciones de trabajo”.
Entre los puntos “más alarmantes”, destacaron:
- Aumento de la carga horaria y del número de guardias (de 70 horas semanales a 93).
- Eliminación del descanso post guardia (lo que implica pasar de 24 horas de corrido a 30).
- Reducción del valor de la hora trabajada: en caso de la Beca Institución, $3.200 de cobrarse un bono hospitalario. En Beca Ministerio: $2.200.
- En la Beca Institución, mayor dinero en mano, pero a expensas de la pérdida del aguinaldo, aportes previsionales y obra social.
- En la Beca Ministerio, menos dinero en mano, obra social estatal y sin posibilidad de cobrar bonos institucionales.
- En caso de rescisión de contrato, no se contará con indemnización.
- Renovación de contrato de forma anual a pesar de concursarse por formación de 3 a 4 años.
Como cierre de la conferencia, sentenciaron: “No se puede aludir a la libertad cuando se nos acorrala entre dos opciones de precarización extrema. La residencia sí es un trabajo. Exigimos la inmediata derogación de la resolución y la apertura urgente de instancias de diálogo con las y los residentes de todo el país. Sin residencia como fuente de personal capacitado, no hay futuro posible para la salud de Argentina”.
Abrazo y marcha federal
Josmar Flores Arnéz es licenciado en bioimágenes, tiene 37 años recién cumplidos y hace 16 que trabaja en el servicio de neurointervencionismo del hospital. Además, es delegado de la junta interna de ATE. Habla con lavaca: “La modificación en las residencias no sólo es una degradación de las condiciones laborales de las y los residentes, sino también implica la degradación del sistema de salud completo, porque cambian la forma de contratación quitando derechos laborales. Lo que decretan es que dejan de ser trabajadores, para hacer las tareas por una especie de bono, a través de una metodología de becas”.
Esta nueva medida se enmarca en una política de ajuste a la salud pública en general, y al hospital Garrahan en particular. El miércoles pasado, en la Cámara de Diputados se estaba tratando la emergencia para el Garrahan, pero la sesión se levantó por discusiones entre el bloque oficialista de La Libertad Avanza, y el peronismo. La emergencia quedó sin tratar…
¿Cuál es la emergencia? Josmar Flores plantea cuatro puntos clave:
- Una recomposición salarial del 100%.
- Que la persona que recién ingresa cobre lo mismo que estipula la canasta básica familiar: un millón ochocientos mil pesos.
- El aumento del presupuesto del hospital.
- Mejora en las condiciones de trabajo: que se reconozca un régimen de insalubridad especial para el hospital.
¿Cómo sigue la cuestión? “Todos los trabajadores del hospital, incluidos los residentes, hacemos asambleas conjuntas y acabamos de decidir ir a paro los próximos dos jueves –cuenta Josmar–. El 10 llamamos a un abrazo solidario al hospital, en la puerta sobre Combate de los Pozos; y 17 convocamos a toda la población a una gran marcha federal, que en la Ciudad Buenas Aires irá desde Congreso a Plaza de Mayo”.
Cierra: “Este gobierno nos ataca por muchos ángulos y la única manera de cambiar la realidad es seguir por este camino”.
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