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Femicidios hoy, Cromañón ayer: el Estado es responsable
Dos actos del 30 de diciembre quedaron enlazados. La masacre de Cromañón ocurrida hace 20 años con la muerte de 194 personas que en promedio tenían 22 años. Y la movilización de Familiares de Víctimas de Femicidios con una bandera de 50 metros que ocupó casi todo el frente de la Casa Rosada con los nombres de una masacre por goteo: 312 asesinadas hasta ayer en 2024, para desmentir la propaganda oficial. Reflexiones sobre la violencia, el mercado, el Estado, lo narco, el pasado y el futuro (y compartimos el link para ver un documental imprescindible).
Por Francisco Pandolfi Fotos: Cecilia Béthencourt y Juan Valeiro/lavaca.org
312 femicidios y travesticidios en lo que va del año.
32 femicidios en diciembre. Y todavía falta un día para que termine el mes. Y el año.
Foto: Cecilia Béthencourt / «Todos estos femicidios son de este año, eh», gritaban las familias.
194 personas asesinadas en la masacre de Cromañón, el 30 de diciembre de 2004. Más de 1.400 personas heridas. 19 sobrevivientes al horror, que se suicidaron en el pesado transcurso de estas dos décadas. Y miles y miles de personas afectadas en ambos casos.
El Estado es responsable.
Esa fue la consigna que enlazó esta tarde y en la Plaza de Mayo, a las Familias de Víctimas de Femicidios, con el Movimiento Cromañón.
Foto: Juan Valeiro / La marcha de Cromañón, con el doble de gente que años anteriores.
La bandera inconcebible
Las Familias de Víctimas de Femicidios salieron a las 16 desde el Congreso de la Nación. No hay fin de año que amaine el dolor, entonces están ahí, visibilizando cada uno de los crímenes de 2024.
Sostienen una bandera negra, de 50 metros de largo, con hojas blancas A4 que llevan los nombres (letras rojas) y las edades (letras negras) de quienes fueron asesinadas durante este año. 50 metros de largo que denuncian 312 femicidios y travesticidios, según las cifras recogidas por el Observatorio Lucía Pérez de Violencia Patriarcal. Las familias están vestidas de negro.
Caminan primero por avenida Rivadavia, luego por avenida de Mayo, hasta la Plaza. La gente las ve. Se acerca. Saca fotos. Pregunta. Hay viento, y la bandera flamea y con ella se mueven todos los crímenes de enero (33) febrero (35), marzo (21), abril (18), mayo (28), junio (23), julio (19), agosto (25), septiembre (33), octubre (21), noviembre (24), diciembre (32).
Una vez en Plaza de Mayo se ubican junto a la reja que da a la Casa Rosada, de espaldas al edificio. Extienden el telón que parece tristemente no tener fin y ocupa casi todo el frente de la sede gubernamenal. Abren delante otra bandera, negra con letras grandes y blancas, en la que se lee: Familias víctimas de femicidios, transfemicidios y desaparecidas.
Gritan “por todas las asesinadas este año” y enumeran nombres y apellidos y el “presente” y el “ahora y siempre”, que aunque pase el tiempo y los años y las veces que se repite, no deja de emocionar.
De Alcorta a Adorni
Delante de la Casa de Gobierno, algunos familiares hablan con lavaca.
Marta Montero y Guillermo Pérez son la mamá y el papá de Lucía Pérez, joven de 16 años asesinada el 9 de octubre de 2016 en Mar del Plata, desde donde viajaron anoche para participar en esta actividad. “Todas las familias que estamos acá, creemos fervientemente que vamos a generar un cambio. Estamos en el peor momento de todos, pero seguiremos luchando. Por más que hayamos tenido un revés, que no es hacia Lucía, sino contra todas las mujeres, no bajaremos los brazos. La lucha no terminó”.
Foto: Cecilia Béthencourt / Marta, Marisa y Susana, las madres de Lucía Pérez, Luna Ortiz y Cecilia Basaldúa, frente a la Casa Rosada.
Guillermo hace referencia a la absolución en noviembre pasado en el juicio político a los jueces –Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas– responsables del fallo del primer juicio (2018) por el femicidio de Lucía Pérez, que fue luego anulado por el Tribunal de Casación por la falta de perspectiva de género y la re victimización de Lucía, ordenando un segundo juicio realizado en 2023. Vale aclarar que en ese nuevo proceso, con otros magistrados, sí se condenó por el femicidio a Matías Farías y Juan Pablo Offidani.
Marta, la mamá de Lucía, dice: “Es importantísimo estar juntas y visibilizar lo que nos está pasando. Adorni (Manuel, vocero presidencial) acaba de decir que los femicidios bajaron y es mentira. Fijate las coincidencias, que lo mismo dijo en su momento la ministra Elizabeth Gómez Alcorta. Acá estamos para defendernos, para decir que mienten, que solo en la última semana hubo seis femicidios, que dos eran criaturas y la más chiquita de dos meses. Es tremendo el negacionismo que se está generando. El feminegacionismo. Niegan cómo nos matan todos los días. Pero las familias somos tenaces y cuando queremos algo, no paramos hasta conseguirlo. Y tenemos una ventaja: no nos vendemos ante nadie, que lo tengan claro, que lo sepan todos”.
Antes del acto en Plaza de Mayo, Marta y Guillermo Pérez presentaron en el Instituto Patria un pedido formal dirigido a Cristina Fernández de Kirchner para que sancione a los diputados y senadores de su partido que con su voto unánime salvaron del jury a los jueces Gómez Urso y Viñas, responsables del fallo que quiso dejar impune el femicidio de Lucía Pérez.
Foto: Cecilia Béthencourt / Daniel Basaldúa y Guillermo Pérez, papás de Cecilia y Lucía.
Narcotráfico y fotitos
Pasa un contingente de turistas. Les muestran el balcón donde se asomaba Perón ante la multitud, y últimamente Milei ante el vacío. A los turistas les muestran el balcón equivocado.
Una señora se desprende del grupo y se acerca a familiares de víctimas de femicidios que están realizando su acción en Plaza de Mayo. Recorre la bandera que ocupa todo el frente de la Rosada diciéndole a cada manifestante: «God bless you» (Dios los bendiga).
Marisa Rodríguez es la mamá de Luna Ortiz, asesinada en junio de 2017: “Juegan con la vida de nuestras pibas, y en todos los gobiernos pasa lo mismo. Por eso no nos quedamos en casa, como quieren desde el poder político, siempre ligado al narcotráfico, algo que todo el mundo sabe. Los distintos gobiernos nos invitan a participar de charlas, dicen que quieren escuchar nuestras voces, pero cuando le planteamos caminos a seguir, posibles soluciones, las minimizan, nos cambian de tema. Nos usan para la fotito y nada más”.
Foto: Cecilia Béthencourt / Susana Reyes, la mamá de Cecilia Basaldúa.
Susana y Daniel son la mamá y el papá de Cecilia Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte, Córdoba, el 20 de abril de 2020. Resume Susana: “Lo que va a cambiar esto es que deje de haber complicidad policial, judicial y política”. Agrega Daniel: “Vinimos a demostrarle en la cara al gobierno sus mentiras. Se lo mostramos acá, en esta bandera. Todos estos nombres son de 2024. Los gobiernos tuvieron y tienen muchas oportunidades para ayudar a las familias de víctimas y siempre las patean a la basura, una tras otra. La última gran oportunidad fue el jury a los jueces por el caso de Lucía, donde legisladores peronistas votaron a favor de los jueces. Fue un caso que podía haber sentado un precedente. Yo me considero peronista, pero nos traicionaron. Ahora nos sumamos a marchar por Cromañón. Otra causa en la que queda claro que el Estado es responsable y no se hace cargo de nada”.
El trayecto a pie desde Congreso a Plaza de Mayo. Se ve apenas una parte de la bandera de 50 metros de largo, con los nombres de las víctimas de femicidios perpetrados hasta el 30 de diciembre.
Trampa mortal
Termina la actividad de Familiares y comienza la otra. Los lazos son muchos. De dolor y de lucha. De denuncia y de evitar que se repita. En el medio de la Plaza, a metros de la Pirámide de Mayo, se monta un gazebo, algunas sillas y se empiezan a pegar zapatillas de papel, por todos lados. El símbolo de la masacre de 2004, el símbolo del no olvido. El símbolo de 20 años de sobrevivientes y familiares de víctimas que batallaron por justicia y contra esa corrupción dispersada por cada uno de los sectores que posibilitaron el desastre absoluto.
Foto: Juan Valeiro / La cita tiene como eje central la lectura del documento consensuado por sobrevivientes y familiares de víctimas del Movimiento Cromañón.
En el primer párrafo se denuncia esto:
“Tenía que ser una fiesta. Miles de jóvenes fueron el 30 de diciembre de 2004 a un recital de Callejeros en el boliche República Cromañón. Tenía que ser una fiesta. Pero apenas comenzado el recital, una candela impactó contra la media sombra del techo del lugar, Omar Chabán (organizador) cortó la electricidad y se desató el caos. En un instante, se pusieron en evidencia todas las irregularidades que tenía el lugar: enorme sobreventa de entradas (dado que la habilitación, que estaba vencida, era para 1.031 personas, y allí había entre 4 mil y 5 mil), puertas de salida cerradas con candado (para que nadie se pueda colar), falta de agua (para que el público consuma más), matafuegos vencidos, una media sombra inflamable para insonorizar y que el ruido no se filtrara al hotel lindero, propiedad de Rafael Levy, etcétera. Todas estas irregularidades se debían a la búsqueda de ganancia empresarial (los organizadores, el dueño del local) y a la corrupción estatal que lo permitió. El lucro por sobre todas las cosas, incluso sobre la vida.
Tenía que ser una fiesta, pero fue una trampa mortal”.
El documento visibiliza un abanico de horrores y criminalidades, así como de una lucha incansable. Podés leerlo completo acá:
Algunos ejes del texto, que repasa la historia de estos veinte años:
“Cromañón fue un crimen con responsables: el gerenciador del lugar y los músicos, organizadores del recital, y el dueño del boliche, que priorizaron el lucro por sobre la vida; los funcionarios públicos, que primero otorgaron una habilitación trucha, y luego dejaron funcionar el local a pesar de haberse vencido. De ambos lados, la corrupción fue el punto de encuentro: para dar el certificado, para sobrevender entradas, para violar las reglas de seguridad. Aníbal Ibarra (jefe de Gobierno en aquel entonces) había desarmado el cuerpo de inspectores para pasar a controlarlo con gente de su máxima confianza. La coima, se sabe, es mejor manejarla directamente con los propios. De esa combinación criminal nacieron la puerta con candado, la media sombra ilegal, toda esa muerte joven. También existió responsabilidad por el pésimo operativo de emergencia, que atestó ambulancias y hospitales, y que no aportó elementos indispensables como los tubos de oxígeno, el triage o camas en cuidados intensivos, todo lo cual hizo crecer la cantidad de muertos por la negligencia y corrupción. Por eso no le llamamos ‘tragedia’ sino ‘masacre’: un crimen”.
Foto: Juan Valeiro / Las zapatillas, como símbolo de la masacre y la lucha para que no se repita.
“En relación a la causa penal, y a pesar de las decepciones recurrentes que nos trae este Poder Judicial, decidimos impulsar la investigación. Se obtuvieron insuficientes pero importantes condenas, que sirvieron incluso para otros casos, que se hubieran ahogado en el mar de la impunidad. Lo mismo ocurrió con el impulso al Juicio Político contra Aníbal Ibarra, Jefe de gobierno de la Ciudad y principal responsable político, donde se logró, aplicando la normativa de la Constitución de la Ciudad, su destitución por mal desempeño en sus funciones”.
Macristas y Milei
Agrega el documento:
“Hay en Argentina muchas huellas por la Memoria: murales, zapatillas, árboles plantados, una estación de subte. Pero esas huellas deben confluir en un Espacio de Memoria: por eso luchamos por la expropiación del local que fue Cromañón, rescatarlo del horror y reconvertir en vida y memoria. Eso se hizo mucho más urgente cuando supimos que, inexplicablemente, los jueces le devolvieron las llaves de Cromañón a Rafel Levy, y este empresario condenado comenzó a destruir las cosas de nuestras víctimas, a tirar todo lo que había quedado dentro del boliche. Levy, el dueño oculto detrás de empresas off shore, seguía siendo un protegido del poder. Fueron 2 los proyectos de ley de expropiación presentados en la Legislatura Porteña, ambos desoídos por el macrismo. Después de 4 años volvimos a empezar en el Congreso Nacional, hasta que finalmente en 2023 se sancionó casi por unanimidad la Ley de Expropiación de Cromañón para que sea un Espacio para la Memoria. El diputado Milei, oh sorpresa, se ausentó de esa sesión. La gran demora del Poder Ejecutivo para reglamentar la ley hizo que hoy, dos años después, sigamos esperando que la expropiación se concrete”.
“Cromañón tiene que ser un espacio para la memoria colectiva con ofertas culturales abiertas a la comunidad, porque de esta manera podremos seguir construyendo otros mundos posibles. Desde hace 20 años denunciamos los peligros de que el Estado se ausente de sus funciones y se ponga al servicio del lucro empresario, pues eso llevó a la muerte a nuestras víctimas. Vemos con enorme preocupación que hoy existan fuerzas políticas con enorme poder que busquen desde el mismo Estado, destruirlo. Nos dejan cada vez con menos cuidado, a merced del sector empresario que sólo busca la ganancia fácil, protegido por las fuerzas represivas que impiden la protesta. Hoy parece que gana la codicia, amparada por la violencia estatal. Otra vez ganan el lucro y las trampas, igual que el 30 de diciembre de 2004”.
Foto: Juan Valeiro / 20 años después, y la necesidad de que siga brotando la memoria.
El documento cerró así: “A 20 años de la Masacre de Cromañón, seguimos de pie. Continuaremos exigiendo memoria, verdad y justicia. Daremos las discusiones que sean necesarias, abriremos todas las puertas que el Estado se niegue a abrir o quiera cerrar con cualquiera de las formas en que sus candados se presenten. Los derechos no se negocian. La memoria tampoco”.
Y se unieron retazos de gritos colectivos: “Por quienes no están”. “Por quienes estamos”.
“Por quienes vendrán”. “Nunca más un Cromañón”. “Justicia es que no se repita”.
El pasado, el presente y el futuro
Tras la lectura del documento, se marchó desde la Plaza de Mayo hasta el santuario de Once, en la puerta del boliche República Cromañón, donde continúa la jornada de memoria hasta la medianoche. Entre lágrimas y una fuerza inconmensurable, se canta una y otra vez: “Ni una bengala ni el rock and roll, a nuestros pibes los mató la corrupción”.
Las caras de las pibas y los pibes que fueron víctimas están por todos lados. En carteles, en banderas, en bombos, en remeras. Varios familiares llevan puesta una en la que se luce un diseño y tres líneas escritas:
El sistema envenena
La corrupción mata
La impunidad enloquece
Esta nota, llegando al santuario del barrio porteño de Once, la cierra Santiago Morales, que se presenta como sociólogo, educador popular, papá, sobreviviente y hermano de una víctima de Cromañón.
Santiago tiene 34 años, dos hijos, una compañera de vida (que hizo este documental imprescindible sobre Cromañón que se ve acá: https://youtu.be/LR9SOHc3e3E?si=qpTCfeqCLfUpKqWG).
Santi fue a ver a Callejeros aquel 30 de diciembre con su hermana Sofía y su hermano Martín. Sofía falleció. Martín y él son sobrevivientes de la masacre. Martín, el hermano mayor, entró una y otra vez al lugar a salvar vidas. Santi, que tenía 14 años, se despertó varios días después en la cama de un hospital. A 20 años Santi dice, para comprender el pasado, analizar el presente y presagiar el futuro:
Foto: Juan Valeiro / Las pibas y los pibes, en banderas, en carteles, en los gritos, en todos lados.
“Hay tres cuestiones que me interesa especialmente destacar en este aniversario número 20.
“La primera tiene que ver con la Justicia, expresada en lo que hace el Poder Judicial de nuestro país, y que no es el resultado espontáneo que se produce como consecuencia de un hecho criminal delictivo, de una masacre como esta. La justicia es el resultado de la pelea de los pueblos que nos movilizamos, que exigimos verdad, que exigimos castigo a los responsables, nunca desde la lógica de la venganza, siempre en la búsqueda por hacer memoria y generar condiciones para que no se repita. Fue la lucha de estos 20 años ininterrumpida de lo que podríamos llamar el Movimiento Cromañón en un sentido amplio, la que logró conquistas importantes como la destitución del jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, en un hecho inédito para la Ciudad de Buenos Aires; el juicio y condena en un tiempo récord –a cuatro años de la masacre– a funcionarios públicos y la visibilización de la responsabilidad empresarial expresada en la figura de Rafael Levy, el dueño de Cromañón y personaje siniestro que se mantenía escondido en empresas offshore, que tenía un taller textil clandestino en el subsuelo del boliche y que fue quien mandó a cerrar la puerta con candado, a tapear las ventanas, a eliminar los extractores y a poner la media sombra que contenía la guata, los dos elementos que a partir del fuego generaron la combustión mortal, similar a la de un campo de concentración nazi. El ácido cianhídrico y monóxido de carbono, en un lugar completamente cerrado, fueron letales. La posibilidad de conocer la verdad de los hechos y por lo tanto luchar para que la memoria no desaparezca fue el resultado de la movilización de familiares, sobrevivientes, amigos y amigas de las víctimas y de un pueblo solidario que se acercó y abrazó la causa”.
“Un segundo punto es que a 20 años de la masacre se están reeditando las condiciones sociales y culturales para que los cromañones se sigan repitiendo de manera exacerbada. Diciembre de 2004 es una fecha muy cercana no solo al 2001, sino a toda la década del 90, que tuvo que ver con la instalación de un modelo de cultura de la precarización absoluta de la vida, de los cuidados y de la desprotección como política de Estado. Eso hoy ha vuelto de manera recargada, por eso para mí esto que llaman batalla cultural –que paradójicamente quienes la levantan lo que quieren es el silenciamiento y la censura masiva de aquellas personas que no reproduzcan sus valores o que no se silencian– es en realidad una lucha ética, en el sentido de que hay dos paradigmas en disputa. Por un lado la ética del mercado, que se expresa de manera cabal en el gobierno de Milei en sus políticas y en su ideología. Por otro lado, la ética de la vida. La ética del mercado es hiper individualista y hace un culto de la desigualdad amparándose en la idea de meritocracia. Es esencialmente egoísta y genera condiciones permanentes de desprotección, porque lo importante es el aumento de la ganancia y el beneficio propio. En cambio, la ética de la vida es solidaria, es generosa. Se afirma en el cuidado, tiene que ver con lo comunitario, con la cooperación, con la certeza de que nadie se salva solo y de que es en la movilización de los pueblos donde es posible encontrar la esperanza y la conquista de las vidas que merecemos”.
Sigue su razonamiento Santiago: “Lo tercero que me interesa destacar es la necesidad de dejar de mirar a las juventudes como todo lo malo de una sociedad. El adultocentrismo exacerbado que llevó a culpabilizar a los jóvenes que murieron en Cromañón, o a los y las sobrevivientes, y que hoy en día también subestima, desprecia, estigmatiza los usos culturales, la mirada de las nuevas generaciones, a quienes en buena medida las han hecho responsables del ascenso de Milei. Esa mirada tiene que ser problematizada y para mí en ese sentido Cromañón es una oportunidad porque nos permite conversar con esas nuevas generaciones, afirmando que el modelo Milei es el modelo Cromañón, justamente porque se afirma en la ética del mercado. Esto nos debe acercar al encuentro con esa juventud no desde un lugar de la sospecha, la estigmatización y la subestimación, sino más bien desde la búsqueda por encontrarnos, por aprender juntos, por valorar los aportes que pueden hacer. Y por pensar que si no reforzamos esos lazos intergeneracionales que están tan deteriorados, no vamos a poder abrazarnos todo lo que necesitamos para soportar la penuria de este tiempo, que nuevamente se expresa en precariedad, en el abandono como política de Estado, en la crueldad exacerbada”.
Finalmente Santiago plantea: “El colofón de estos tres puntos es la necesidad de contar con Cromañón como espacio de memoria porque para muchos sobrevivientes, muchos amigos de víctimas, familiares, ir a ese lugar será una manera de encontrarse con sus seres queridos, de dar con cierta forma de paz, una fuente de salud mental para mucha gente. Será necesario mantenerlo, alimentarlo y desplegar allí aquello que el propio movimiento Cromañón entienda necesario”.
Santiago camina en la marcha junto a sus dos hijos, que llevan un cartel colgado, con un orgullo que no entra en este texto ni en ningún texto.
Llevan en el pecho la foto de Sofía y una inscripción:
“No pude conocer a mi tía, pero la amo”.
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Una buena y otra malísima
Por dos votos la Cámara de Diputados no logró los 2/3 necesarios para derogar el veto de Javier Milei a la ley que proponía devolver un 7,2% a los jubilados rebanado por el propio gobierno al asumir. Tampoco se pudo aumentar el bono a los pasivos que cobran la mínima, que se mantiene en 70.000 pesos desde hace más de un año. Hubo 160 votos a favor de rechazar el veto, 83 que lo mantuvieron, y 6 abstenciones después de la feria de negociaciones habitual en las previas a este tipo de definiciones. En este caso los gobernadores absorbidos por el mielísmo jugaron un rol central para garantizar esa diferencia mínima que vuelve a ensañarse con uno de los sectores más postergados de la sociedad.
Esa malísima novedad había tenido como contracara durante la tarde los 2/3 de votos que sí se lograron para tumbar otro despropósito: el veto de Milei a la emergencia en discapacidad. Fueron 172 contra 73 y 2 abstenciones. La votación generó una enorme emoción entre pacientes y familiares que habían concurrido al Congreso para esperar el resultado. Esa presencia fue tal vez la que disuadió a la policía de organizar otra jornada de represión. La emergencia en discapacidad establece la regularización de pagos y la actualización de aranceles con las prestadoras del sistema de salud, garantizar el financiamiento de las pensiones por discapacidad, el fortalecimiento de los talleres y los centros de día y el cumplimiento del cupo laboral, entre otros puntos. Diputados seguía sesionando mientras se difundían los audios del director de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo detallando maniobras de corrupción con los laboratorios para la compra de medicamentos sin licitación, programados desde la cúpula del gobierno. Algunas escenas de la jornada.
Verónica y Mariel están abrazadas, esperando. Están frente al Congreso de la Nación. A su lado tienen una silla de ruedas gigante, inflable, de colores, que choca contra la valla policial insólita que separa una plaza pacífica de un Palacio encerrado. Alrededor hay voces que salen de celulares que transmiten en vivo la sesión de la Cámara de Diputados. Están por decidir si rechazan o no el veto presidencial a la ley que declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027. El temor es que si la oposición no reúne los dos tercios necesarios para rechazarlo, el veto queda firme de manera inmediata.
Verónica y Mariel son amigas y vinieron de Quilmes por sus hijos. Verónica tiene dos: el de 12 tiene TEA (Trastorno del Espectro Autista) y el de 8, TDAH (Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad). Mariel tiene uno, de 15 años, con TEA. Ambas no entienden cómo pueden estar este miércoles, frente al Congreso, escuchando una sesión por lo más básico y elemental de la vida. “No llegamos a fin de mes”, dice Verónica. “Mi nena hace terapia desde los 3, mi otro hijo desde los 5. Imaginate el costo que sería. Un test psicopedagógico está arriba de los 200.000 pesos y yo soy auxiliar de escuela: gano $530.000”.
Mariel es ama de casa: “Que el presidente apunte a la casta, no hacia los jubilados y discapacitados que estamos acá”.
Por atrás, la marcha de jubilados de todos los miércoles comienza, y frente al Congreso la expectativa crece.
Están por votar.
Silencio absoluto.
Se escuchan las voces que salen de los celulares, que transmiten ese adentro que está completamente vallado. De pronto, el estallido y la emoción: la Cámara de Diputados acaba de rechazar con 172 votos (73 en contra y 2 abstenciones) el veto. Es un primer paso de dos: para revertir el veto presidencial de forma completa, habrá que reunir dos tercios también en el Senado.
Verónica y Mariel se abrazan. Entre sí y con el resto.
La emoción y la realidad
Es un abrazo colectivo del que también forma parte Aldana, que trabaja en una “escuela especial”, como la llama. Está notablemente emocionada. Lo dicen sus ojos y las palabras. “Que haya pasado esto es increíble. Demuestra que peleando podemos lograr que no les saquen los derechos a las personas con discapacidad. Porque no son privilegios lo que tienen, son derechos”.
Antes de irse, dirá: “Llegamos a mitad de camino. Pero ahora no nos para nadie”. Y se vuelve a emocionar al mirar que en la concentración de este miércoles hay muchos otros eslabones de una cadena que está luchando en distintas calles contra este gobierno: universidades, trabajadores despedidos, profesionales de la salud del hospital Garrahan (quienes volantean para invitar a un festival el próximo domingo 24 de agosto a las 14 en el Parque Lezama), organizaciones sociales, políticas y sindicales.
Un abrazo de muchos brazos en el que está Silvana, que integra un centro que trabaja con personas con discapacidad. Afirma que la emergencia es vital: “El nomenclador nacional está congelado desde diciembre y no tuvimos ningún aumento de los aranceles. También este año sucedió un recorte de las prestaciones, autorizaron menos cantidad de sesiones y menos tiempo, es decir se suele aprobar desde enero a diciembre las prestaciones de salud y este año autorizaron desde marzo, abril”. ¿Cómo se sigue de aquí en más? “Manifestándose, ocupando las calles, pero sobre todo informando a la gente. Hoy la calle es un noticiero, no tan tendencioso como otros. En la calle está la realidad”.
Un abrazo al que se une Eduardo Ferreira, que está en la plaza por reclamo doble. Además de ser un jubilado (70 años) que cobra la mínima, viene por Noelia, su hija con discapacidad de 37. Lleva un cartel en la mano que dice: “Milei, sos un mono con navaja”. Eduardo cuenta que está “triste” y “estresado” porque la jubilación no le alcanza y porque lo que le dan por su hija “son dos pesos”. Se pone contento con el rechazo al veto a la emergencia en discapacidad e implora que pase con lo mismo con el aumento a las jubilaciones, que se debate también en la jornada de hoy. “Este gobierno empezó mal, sigue mal y no tengo esperanzas que cambie por un motivo claro: el recorte se lo hizo a los pobres. Si se lo hacía a los legisladores, a los jueces, yo mismo lo aplaudía, pero no, están llevando al pueblo a la miseria”.
La emergencia en discapacidad establece la regularización de pagos y la actualización de aranceles con las prestadoras del sistema de salud, garantizar el financiamiento de las pensiones por discapacidad, el fortalecimiento de los talleres y los centros de día y el cumplimiento del cupo laboral, entre otros puntos.
Campo, autos importados y exterminio
Unos minutos antes de iniciar la sesión en el Congreso, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que el gobierno analizaba un aumento en las prestaciones en discapacidad, acaso como forma de diluir la oposición a veto. Roxana es de Quilmes y junto a ella está su hijo con discapacidad. Dice que la lucha viene “desde hace muchos”, pero que la situación actual llegó a “un nivel terrible”, y que si el gobierno ahora hace promesas es porque “se dan cuenta que están corridos del camino del bien. Porque si van a ajustar a los jubilados, a las personas con discapacidad, con adicciones que han cerrado tantos lugares de tratamiento, lo que están haciendo es un exterminio… un exterminio silencioso”. Y denuncia: “Ellos saben dónde pueden ajustar, pero eligen bajarle las retenciones al campo, sacarle impuestos a los autos importados”.
Hábeas corpus
Este mediodía, previo al inicio de una nueva marcha, el equipo de lavaca presentó en Tribunales una serie de hábeas corpus preventivos para exigir condiciones seguras para sus cuerpos y la información que se produce durante la movilización de las y los jubilados. Sin embargo, esta vez la noticia no fue la represión, ni las detenciones arbitrarias, ni la prensa otra vez como blanco de la violencia policial. Esta vez llegó desde el Congreso, quizá vaticinando lo que minutos antes se dijo en la radio abierta que todos los miércoles llevan adelante las organizaciones de jubilados: “La única manera de ponerle un freno a este gobierno es ir uniendo las piezas de las distintas luchas”.
El gobierno, fracasada la maniobra de Adorni de anunciar supuestos aumentos para el sector de discapacidad (para evitar que le tumbaran el veto) dejaba trascender que irá a la justicia para rechazar la decisión del Congreso.
Luego llegó la votación que volvió a atacar y a marginar a los jubilados, que este miércoles marcharon intuyendo que nada iban a lograr. También se iba a votar la extensión de la moratoria previsional, la emergencia para Bahía Blanca, descartada de la ayuda oficial tras el temporal que sufrió a principios de año, y la conformación de la comisión del caso de corrupción Libra.
Continuará…
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Intoxicados
Por Claudia Acuña. Las víctimas intoxicadas con monóxido de carbono se duplicaron este año y ese aumento fue alertado por las empresas distribuidoras de gas: todas expresaron por escrito que la resolución dictada por Carlos Alberto María Casares -el interventor de Enargas (foto)-, implicaba ese peligro. Y sucedió: de la media anual de 300 casos ya hay más de 600 intoxicados en este 2025. Lo más grave: también hay 15 muertos.
La particularidad de estas cifras es clara cuando se agrega la ubicación de los afectados: los barrios porteños de Coghlan, Núñez o Palermo, por ejemplo. No se trata entonces de braseros encendidos en las periferias, sino de las graves consecuencias de un cambio que consagró Casares con la resolución Nª 487 –firmada a fines de agosto del año pasado– y que autoriza a las empresas extractivas a aumentar el poder calorífico del gas que ponen a disposición de las distribuidoras: se elevó de 9.300 a 12.300 calorías por metro cúbico. El peligro: los aparatos domésticos no están preparados para recibir esa potencia. “Uno de los principales puntos de alerta es el riesgo de generación de monóxido de carbono en artefactos que no estén preparados para operar con el nuevo nivel de poder calorífico”, advirtieron por escrito las empresas encargadas de distribuir el gas en todo el país. La Dirección de Protección al Consumidor de Neuquén también advirtió por escrito a Casares: “esto representa una amenaza directa para la salud y la seguridad de los usuarios del servicio de gas por redes”.
El mayor poder calórico es posible cuando al gas no se le quita ni el propano, ni el butano ni el etano. El cambio de normativa, entonces, ahorra este proceso y beneficia así a las empresas extractiva que operan en Vaca Muerta. especialmente a Techint, holding en el cual Casares trabajó durante 24 años. Para el aumento de calorías alega que se realizaron pruebas que arrojaron “aumentos insignificantes” de emisión de monóxido de carbono, pero las distribuidoras de gas y fabricantes de artefactos domésticos plantearon ante Enargas por escrito que no tuvieron acceso a esas pruebas para deslindar responsabilidades legales. Según las investigaciones de la periodista especializada Luciana Glezer estas fueron las advertencias remitidas:
- Camuzzi Gas, a través de una nota al Ente: interrogó la validez de los ensayos que sostiene la Resolución porque fueron «encargados al IAPG, y los cuales mostraron niveles de generación de monóxido de carbono dentro de la normativa vigente, la generación de monóxido con gases de la que corresponden a los cambios propuestos fue superior a los que correspondían con la calidad de gas actualmente vigente», dice la empresa en la misiva enviada el 16 de septiembre de 2024. «No podemos dejar de mencionar esta comprobada situación y las posibles consecuencias que puede tener sobre la seguridad de las personas», concluyó Camuzzi.
- Naturgy deslindó responsabilidades. «Respecto a las nuevas especificaciones de calidad de gas natural que se autoricen a comercializar en el país, así como su incidencia en los procesos de combustión, exceden claramente la competencia y responsabilidad de esta distribuidora», dice la nota de Naturgy, fechada el 13 de septiembre.
- Ecogas consideró «necesario manifestar que no puede garantizar el correcto funcionamiento de los artefactos diseñados para operar con los parámetros actuales».
Otro beneficio de la actual gestión para el holding Techint: Glezer también informa que “un error” en el cálculo de previsión de Enargas motivó que el Estado tuviera que pagar casi el doble por el gas de Vaca Muerta.
Las consecuencias:
Un informe publicado en 2 de julio pasado en el portal Chequeado informa que los casos por intoxicación con monóxido de carbono aumentaron este año un 57% según datos del Ministerio de Salud de la Nación. También recuerda que la media de casos anuales es de 300 mientras que a junio de este año ya se habían registrado 473.
Restaba entonces conocer los datos del mes más riesgoso: julio. El relevamiento realizado por lavaca del registro de notas periodísticas sobre los desastres sembrados por el exceso de monóxido de carbono eleva la cifra a 605 intoxicaciones y 15 muertos. Algunos casos:
- En sólo tres días el Hospital Materno Infantil de La Plata atendió 32 niños intoxicados con monóxido de carbono. Cinco pacientes fueron menores de un año, siete menores de cinco años y veinte entre los seis y catorce años de edad.
- En Córdoba hubo seis muertos, en Santa Fe tres y en Chaco dos: un padre de 25 años y su hijo de 4.
En tanto en la Cámara de Diputados de la Nación se espera el avance del proyecto que presentó la diputada Micaela Morán (Frente Renovador) para citar a empresas, distribuidoras y autoridades en una audiencia que investigue la relación entre el aumento de casos y la nueva regulación.
FUENTES
1/7/25
1/7/25
2/7/25
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Actualidad
Marcha de jubilados: lo que une el espanto
Dos fotoperiodistas detenidas. Seis personas heridas. ¿Cuál es la causa de la tendencia represiva creciente, y en particular contra la prensa? Lo que plantean quienes monitorean la violencia policial, con cifras concretas, a cinco meses del ataque al fotógrafo Pablo Grillo que este miércoles volvió a ser operado. Mientras tanto, en Congreso se volvió a marchar: las divisiones entre diversos grupos, y lo que los une como sector que sigue siendo símbolo de movilización en estos tiempos. ¿Cómo se vive hoy? El combate a la naturalización, datos sobre emperadores, el diálogo trans con un medio oficialista. Vetos, votos y una pregunta: “¿Nos pueden entender?”.
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla
“Estamos acá porque le tenemos más miedo al hambre que a la represión”.
Quien habla es Gladys, 63 años, enfermera jubilada del hospital Rawson. Lo dice pasadas las 3 de la tarde, ni bien había arrancado la concentración de jubiladas y jubilados para exigir el “no al veto” del gobierno de Javier Milei a la módica suba de los haberes que en realidad no es una suba sino devolver ese 7,2% arrebatado con el shock inflacionario que generó al asumir.
En Congreso, dos horas después, pasará lo de siempre y lo que nunca podrá naturalizarse: la represión policial, en este caso acompañada de dos detenciones arbitrarias por parte de la Policía de la Ciudad, en la esquina de Rodríguez Peña y Bartolomé: Camila Luciana Rey, fotógrafa y Yazmín Orellano, ambas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) fueron capturadas al voleo.
Camila Luciana Rey y Yazmín Orellano. El momento de la detención «al voleo» en Congreso, y la imagen de la policía llevándolas en la comisaría. Fueron liberadas después de las 22 horas.
El puñado de fotógrafos y periodistas que presenciaron el hecho afirmaron: “Las cazaron”. Minutos después, la fuerza de seguridad porteña se las llevó en una camioneta a Combate de los Pozos 155. Luego fueron trasladadas a la comisaría de Tacuarí e Independencia. Las acusan de “lesiones”, “atentado y resistencia a la autoridad”. Después de las 22 ambas fueron liberadas.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) contabilizó seis personas heridas en dos eventos represivos de la tarde. La tendencia: hasta fines de junio, la CPM había registrado en seis meses 130 detenciones arbitrarias contra 93 del 2024. En el mismo período, las personas heridas también superaron a todas las del año pasado: 1.251. Entre ellas hubo 179 trabajadoras y trabajadores de prensa. El informe completo puede leerse aquí: https://www.comisionporlamemoria.org/project/informe-especial-represion-de-las-fuerzas-de-seguridad-a-las-manifestaciones-publicas/
Rodrigo Pomares, del Centro Provincial de la Memoria, planteó a lavaca: “Hay una preponderancia en la represión hacia los sectores de los medios y fotoperiodistas, y un límite muy concreto al desempeño de los medios de comunicación y en algunos casos de quienes cubrimos las manifestaciones con el objetivo del monitoreo”.
Para Pomares “La motivación más evidente es que quieren evitar el registro de las represiones y que se puedan reconstruir luego las secuencias de la represión como ocurrió en el caso de Pablo Grillo y tantos otros. El registro de la prensa y de quienes estábamos monitoreando permitió reconstruir lo que pasó, y aportar esos datos a la justicia. Eso es lo que parece evidente que quieren evitar”.
Otra operación a Pablo Grillo
Este martes se cumplieron cinco meses del miércoles 12 de marzo, cuando durante otra represión a la marcha de jubilados, el gendarme Héctor Guerrero le disparó de forma totalmente ilegal una granada de gas lacrimógeno al reportero gráfico Pablo Grillo. El impacto dirigido a su cabeza casi lo mata y perdió parte de la masa encefálica. Este miércoles a la mañana, Pablo fue operado con éxito una vez más: esta vez, le colocaron una prótesis en la cabeza (dos placas en ambos hemisferios). “La operación duró tres horas y salió bien, ahora hay que esperar la evolución”, dijo Fabián, su papá. El gendarme Guerrero, autor material de ese disparo, recién será indagado el próximo 2 de septiembre.
Dice Ana María, 72 años, durante la marcha: “Se está normalizando lo que jamás se debe hacer normal. Hoy prendés la tele y escuchás: ‘Otro miércoles más que les pegan a los viejos’. Todo al revés. No se puede naturalizar que se le pegue a nadie”.
Divisiones y reflexiones
El modus operandi de las Fuerzas de Seguridad genera efectos colaterales. A la represión concreta, literal, manifiesta, visible –granadas, gases, camiones hidrantes, palazos– se le suma la silenciosa, la invisible, la que divide para reinar: las fragmentaciones que se generan –o potencian– internamente entre las múltiples organizaciones de jubilados.
Hoy, mientras Jubilados Insurgentes terminaba de marchar alrededor del Congreso y doblaba en Rodríguez Peña, parte de las Mesa de Organizaciones caminaba por Hipólito Yrigoyen, mientras que otro grupo permanecía parado frente al Congreso.
Mario es un jubilado que todos los miércoles da el presente. «Más allá de las divisiones hay que tener plena conciencia de que el enemigo es uno solo: el gobierno, y el plan criminal que está aplicando. Hay que pensar mucho más en la unidad porque con ella vamos a poder conseguir disminuir la intensidad del ajuste».
Betty, 65 años, es enfermera jubilada del hospital Penna. Habla sobre la fragmentación notoria: “Vengo acá para sumar un granito de mostaza para conquistar nuestros derechos como jubilados, más allá de las organizaciones a la que cada uno represente. Yo soy autoconvocada y vengo por lo mal que la estoy pasando. Tenemos que defendernos con nuestras tristezas y con nuestras experiencias, que valen un montón”.
¿Cómo se vive en estos días? “Con los 350 mil pesos que cobro no llego a comer todos los días. Espero que este gobierno se vaya pronto y no lo digo porque sí: estoy viviendo mal, estamos viviendo mal, ¿me pueden entender? ¿nos pueden entender?”.
Un poco más allá estaba Vic, trans que había llegado desde Parque Patricios. “Vine a apoyar la lucha de los jubilados porque es una lucha contra el odio la que nos une”. Se acercó un periodista de La Nación + preguntándole si es jubilada.
Vic fue notablemente ilustrativa en su respuesta: “No. Soy odiada y hambreada y solidaria como ellos”.
Lo que no cambia
Gladys y Betty, las enfermeras jubiladas, vienen cada miércoles porque las une la bronca a esta gestión nacional. Como a tantos otros, y como decía Jorge Luis Borges, no los une el amor sino el espanto.
Hay otro punto de unión: la injusticia que están viviendo. Gladys: “Si no venimos, si no nos hacemos escuchar, van a creer que está todo bien, que estamos conformes, y no es así. Tenemos haberes miserables, mientras los legisladores cobran 9 millones, es una vergüenza”. Y subraya: “Esta vida es una vergüenza, parece como si quieran matarnos”.
Jubilada y un arma novedosa: pompas de jabón.
Betty la interrumpe: “Es que sí, nos quieren matar. Milei es un déspota, un criminal, que se complace en sacarnos a los pobres lo poco que tenemos”. Se hace una pregunta: “¿Cómo se explica, si no, que pretenda que vivamos con 350 mil pesos? Seguro que para mantener a esos perros grandes que tiene gasta mucho más que eso. Es un atorrante”.
Más allá de la represión policial (primero las fuerzas federales y desde hace tres miércoles la Policía de la Ciudad) y las divisiones de las organizaciones de jubiladas y jubilados, hay algo que no cambia: la convocatoria permanente cada miércoles a las 15 frente al Congreso de la Nación, potenciada desde hace diez días cuando Javier Milei vetó el aumento de 7.2% de las jubilaciones y el retorno de la moratoria previsional. Al ratificarse el veto, el aumento de agosto para las y los jubilados fue del 1,62%, por lo que la jubilación mínima sigue desplomada, en $ 314.243,51.
Manuel, 75 años, cuenta por qué sigue viniendo: “El objetivo común es ponerle un freno a Milei, que está haciendo padecer a la Argentina. Debe entender que es el Presidente, no un emperador como pretende ser, que no acata las leyes ni las instituciones”.
¿Cómo se lo frena? “Como creo que en la democracia, el parate a Milei debe hacerse en las urnas y para eso hay que hablar con cada persona, crear conciencia, seguir desmintiendo todas las barbaridades que dice. Por eso también estamos hoy acá y seguiremos estando”.
Manuel lleva un cartel que dice: “Milei vetó, nosotros votemos”. Y lo firma “un viejo meado”.
Cierra, hasta el próximo miércoles: “No nos quedemos en casa, es la única manera de cambiar esto”.
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