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Femicidios hoy, Cromañón ayer: el Estado es responsable

Dos actos del 30 de diciembre quedaron enlazados. La masacre de Cromañón ocurrida hace 20 años con la muerte de 194 personas que en promedio tenían 22 años. Y la movilización de Familiares de Víctimas de Femicidios con una bandera de 50 metros que ocupó casi todo el frente de la Casa Rosada con los nombres de una masacre por goteo: 312 asesinadas hasta ayer en 2024, para desmentir la propaganda oficial. Reflexiones sobre la violencia, el mercado, el Estado, lo narco, el pasado y el futuro (y compartimos el link para ver un documental imprescindible).
Por Francisco Pandolfi Fotos: Cecilia Béthencourt y Juan Valeiro/lavaca.org
312 femicidios y travesticidios en lo que va del año.
32 femicidios en diciembre. Y todavía falta un día para que termine el mes. Y el año.

Foto: Cecilia Béthencourt / «Todos estos femicidios son de este año, eh», gritaban las familias.
194 personas asesinadas en la masacre de Cromañón, el 30 de diciembre de 2004. Más de 1.400 personas heridas. 19 sobrevivientes al horror, que se suicidaron en el pesado transcurso de estas dos décadas. Y miles y miles de personas afectadas en ambos casos.
El Estado es responsable.
Esa fue la consigna que enlazó esta tarde y en la Plaza de Mayo, a las Familias de Víctimas de Femicidios, con el Movimiento Cromañón.

Foto: Juan Valeiro / La marcha de Cromañón, con el doble de gente que años anteriores.
La bandera inconcebible
Las Familias de Víctimas de Femicidios salieron a las 16 desde el Congreso de la Nación. No hay fin de año que amaine el dolor, entonces están ahí, visibilizando cada uno de los crímenes de 2024.
Sostienen una bandera negra, de 50 metros de largo, con hojas blancas A4 que llevan los nombres (letras rojas) y las edades (letras negras) de quienes fueron asesinadas durante este año. 50 metros de largo que denuncian 312 femicidios y travesticidios, según las cifras recogidas por el Observatorio Lucía Pérez de Violencia Patriarcal. Las familias están vestidas de negro.
Caminan primero por avenida Rivadavia, luego por avenida de Mayo, hasta la Plaza. La gente las ve. Se acerca. Saca fotos. Pregunta. Hay viento, y la bandera flamea y con ella se mueven todos los crímenes de enero (33) febrero (35), marzo (21), abril (18), mayo (28), junio (23), julio (19), agosto (25), septiembre (33), octubre (21), noviembre (24), diciembre (32).
Una vez en Plaza de Mayo se ubican junto a la reja que da a la Casa Rosada, de espaldas al edificio. Extienden el telón que parece tristemente no tener fin y ocupa casi todo el frente de la sede gubernamenal. Abren delante otra bandera, negra con letras grandes y blancas, en la que se lee: Familias víctimas de femicidios, transfemicidios y desaparecidas.
Gritan “por todas las asesinadas este año” y enumeran nombres y apellidos y el “presente” y el “ahora y siempre”, que aunque pase el tiempo y los años y las veces que se repite, no deja de emocionar.
De Alcorta a Adorni
Delante de la Casa de Gobierno, algunos familiares hablan con lavaca.
Marta Montero y Guillermo Pérez son la mamá y el papá de Lucía Pérez, joven de 16 años asesinada el 9 de octubre de 2016 en Mar del Plata, desde donde viajaron anoche para participar en esta actividad. “Todas las familias que estamos acá, creemos fervientemente que vamos a generar un cambio. Estamos en el peor momento de todos, pero seguiremos luchando. Por más que hayamos tenido un revés, que no es hacia Lucía, sino contra todas las mujeres, no bajaremos los brazos. La lucha no terminó”.

Foto: Cecilia Béthencourt / Marta, Marisa y Susana, las madres de Lucía Pérez, Luna Ortiz y Cecilia Basaldúa, frente a la Casa Rosada.
Guillermo hace referencia a la absolución en noviembre pasado en el juicio político a los jueces –Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas– responsables del fallo del primer juicio (2018) por el femicidio de Lucía Pérez, que fue luego anulado por el Tribunal de Casación por la falta de perspectiva de género y la re victimización de Lucía, ordenando un segundo juicio realizado en 2023. Vale aclarar que en ese nuevo proceso, con otros magistrados, sí se condenó por el femicidio a Matías Farías y Juan Pablo Offidani.
Marta, la mamá de Lucía, dice: “Es importantísimo estar juntas y visibilizar lo que nos está pasando. Adorni (Manuel, vocero presidencial) acaba de decir que los femicidios bajaron y es mentira. Fijate las coincidencias, que lo mismo dijo en su momento la ministra Elizabeth Gómez Alcorta. Acá estamos para defendernos, para decir que mienten, que solo en la última semana hubo seis femicidios, que dos eran criaturas y la más chiquita de dos meses. Es tremendo el negacionismo que se está generando. El feminegacionismo. Niegan cómo nos matan todos los días. Pero las familias somos tenaces y cuando queremos algo, no paramos hasta conseguirlo. Y tenemos una ventaja: no nos vendemos ante nadie, que lo tengan claro, que lo sepan todos”.
Antes del acto en Plaza de Mayo, Marta y Guillermo Pérez presentaron en el Instituto Patria un pedido formal dirigido a Cristina Fernández de Kirchner para que sancione a los diputados y senadores de su partido que con su voto unánime salvaron del jury a los jueces Gómez Urso y Viñas, responsables del fallo que quiso dejar impune el femicidio de Lucía Pérez.

Foto: Cecilia Béthencourt / Daniel Basaldúa y Guillermo Pérez, papás de Cecilia y Lucía.
Narcotráfico y fotitos
Pasa un contingente de turistas. Les muestran el balcón donde se asomaba Perón ante la multitud, y últimamente Milei ante el vacío. A los turistas les muestran el balcón equivocado.
Una señora se desprende del grupo y se acerca a familiares de víctimas de femicidios que están realizando su acción en Plaza de Mayo. Recorre la bandera que ocupa todo el frente de la Rosada diciéndole a cada manifestante: «God bless you» (Dios los bendiga).
Marisa Rodríguez es la mamá de Luna Ortiz, asesinada en junio de 2017: “Juegan con la vida de nuestras pibas, y en todos los gobiernos pasa lo mismo. Por eso no nos quedamos en casa, como quieren desde el poder político, siempre ligado al narcotráfico, algo que todo el mundo sabe. Los distintos gobiernos nos invitan a participar de charlas, dicen que quieren escuchar nuestras voces, pero cuando le planteamos caminos a seguir, posibles soluciones, las minimizan, nos cambian de tema. Nos usan para la fotito y nada más”.

Foto: Cecilia Béthencourt / Susana Reyes, la mamá de Cecilia Basaldúa.
Susana y Daniel son la mamá y el papá de Cecilia Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte, Córdoba, el 20 de abril de 2020. Resume Susana: “Lo que va a cambiar esto es que deje de haber complicidad policial, judicial y política”. Agrega Daniel: “Vinimos a demostrarle en la cara al gobierno sus mentiras. Se lo mostramos acá, en esta bandera. Todos estos nombres son de 2024. Los gobiernos tuvieron y tienen muchas oportunidades para ayudar a las familias de víctimas y siempre las patean a la basura, una tras otra. La última gran oportunidad fue el jury a los jueces por el caso de Lucía, donde legisladores peronistas votaron a favor de los jueces. Fue un caso que podía haber sentado un precedente. Yo me considero peronista, pero nos traicionaron. Ahora nos sumamos a marchar por Cromañón. Otra causa en la que queda claro que el Estado es responsable y no se hace cargo de nada”.

El trayecto a pie desde Congreso a Plaza de Mayo. Se ve apenas una parte de la bandera de 50 metros de largo, con los nombres de las víctimas de femicidios perpetrados hasta el 30 de diciembre.
Trampa mortal
Termina la actividad de Familiares y comienza la otra. Los lazos son muchos. De dolor y de lucha. De denuncia y de evitar que se repita. En el medio de la Plaza, a metros de la Pirámide de Mayo, se monta un gazebo, algunas sillas y se empiezan a pegar zapatillas de papel, por todos lados. El símbolo de la masacre de 2004, el símbolo del no olvido. El símbolo de 20 años de sobrevivientes y familiares de víctimas que batallaron por justicia y contra esa corrupción dispersada por cada uno de los sectores que posibilitaron el desastre absoluto.

Foto: Juan Valeiro / La cita tiene como eje central la lectura del documento consensuado por sobrevivientes y familiares de víctimas del Movimiento Cromañón.
En el primer párrafo se denuncia esto:
“Tenía que ser una fiesta. Miles de jóvenes fueron el 30 de diciembre de 2004 a un recital de Callejeros en el boliche República Cromañón. Tenía que ser una fiesta. Pero apenas comenzado el recital, una candela impactó contra la media sombra del techo del lugar, Omar Chabán (organizador) cortó la electricidad y se desató el caos. En un instante, se pusieron en evidencia todas las irregularidades que tenía el lugar: enorme sobreventa de entradas (dado que la habilitación, que estaba vencida, era para 1.031 personas, y allí había entre 4 mil y 5 mil), puertas de salida cerradas con candado (para que nadie se pueda colar), falta de agua (para que el público consuma más), matafuegos vencidos, una media sombra inflamable para insonorizar y que el ruido no se filtrara al hotel lindero, propiedad de Rafael Levy, etcétera. Todas estas irregularidades se debían a la búsqueda de ganancia empresarial (los organizadores, el dueño del local) y a la corrupción estatal que lo permitió. El lucro por sobre todas las cosas, incluso sobre la vida.
Tenía que ser una fiesta, pero fue una trampa mortal”.
El documento visibiliza un abanico de horrores y criminalidades, así como de una lucha incansable. Podés leerlo completo acá:
Algunos ejes del texto, que repasa la historia de estos veinte años:
“Cromañón fue un crimen con responsables: el gerenciador del lugar y los músicos, organizadores del recital, y el dueño del boliche, que priorizaron el lucro por sobre la vida; los funcionarios públicos, que primero otorgaron una habilitación trucha, y luego dejaron funcionar el local a pesar de haberse vencido. De ambos lados, la corrupción fue el punto de encuentro: para dar el certificado, para sobrevender entradas, para violar las reglas de seguridad. Aníbal Ibarra (jefe de Gobierno en aquel entonces) había desarmado el cuerpo de inspectores para pasar a controlarlo con gente de su máxima confianza. La coima, se sabe, es mejor manejarla directamente con los propios. De esa combinación criminal nacieron la puerta con candado, la media sombra ilegal, toda esa muerte joven. También existió responsabilidad por el pésimo operativo de emergencia, que atestó ambulancias y hospitales, y que no aportó elementos indispensables como los tubos de oxígeno, el triage o camas en cuidados intensivos, todo lo cual hizo crecer la cantidad de muertos por la negligencia y corrupción. Por eso no le llamamos ‘tragedia’ sino ‘masacre’: un crimen”.

Foto: Juan Valeiro / Las zapatillas, como símbolo de la masacre y la lucha para que no se repita.
“En relación a la causa penal, y a pesar de las decepciones recurrentes que nos trae este Poder Judicial, decidimos impulsar la investigación. Se obtuvieron insuficientes pero importantes condenas, que sirvieron incluso para otros casos, que se hubieran ahogado en el mar de la impunidad. Lo mismo ocurrió con el impulso al Juicio Político contra Aníbal Ibarra, Jefe de gobierno de la Ciudad y principal responsable político, donde se logró, aplicando la normativa de la Constitución de la Ciudad, su destitución por mal desempeño en sus funciones”.
Macristas y Milei
Agrega el documento:
“Hay en Argentina muchas huellas por la Memoria: murales, zapatillas, árboles plantados, una estación de subte. Pero esas huellas deben confluir en un Espacio de Memoria: por eso luchamos por la expropiación del local que fue Cromañón, rescatarlo del horror y reconvertir en vida y memoria. Eso se hizo mucho más urgente cuando supimos que, inexplicablemente, los jueces le devolvieron las llaves de Cromañón a Rafel Levy, y este empresario condenado comenzó a destruir las cosas de nuestras víctimas, a tirar todo lo que había quedado dentro del boliche. Levy, el dueño oculto detrás de empresas off shore, seguía siendo un protegido del poder. Fueron 2 los proyectos de ley de expropiación presentados en la Legislatura Porteña, ambos desoídos por el macrismo. Después de 4 años volvimos a empezar en el Congreso Nacional, hasta que finalmente en 2023 se sancionó casi por unanimidad la Ley de Expropiación de Cromañón para que sea un Espacio para la Memoria. El diputado Milei, oh sorpresa, se ausentó de esa sesión. La gran demora del Poder Ejecutivo para reglamentar la ley hizo que hoy, dos años después, sigamos esperando que la expropiación se concrete”.
“Cromañón tiene que ser un espacio para la memoria colectiva con ofertas culturales abiertas a la comunidad, porque de esta manera podremos seguir construyendo otros mundos posibles. Desde hace 20 años denunciamos los peligros de que el Estado se ausente de sus funciones y se ponga al servicio del lucro empresario, pues eso llevó a la muerte a nuestras víctimas. Vemos con enorme preocupación que hoy existan fuerzas políticas con enorme poder que busquen desde el mismo Estado, destruirlo. Nos dejan cada vez con menos cuidado, a merced del sector empresario que sólo busca la ganancia fácil, protegido por las fuerzas represivas que impiden la protesta. Hoy parece que gana la codicia, amparada por la violencia estatal. Otra vez ganan el lucro y las trampas, igual que el 30 de diciembre de 2004”.

Foto: Juan Valeiro / 20 años después, y la necesidad de que siga brotando la memoria.
El documento cerró así: “A 20 años de la Masacre de Cromañón, seguimos de pie. Continuaremos exigiendo memoria, verdad y justicia. Daremos las discusiones que sean necesarias, abriremos todas las puertas que el Estado se niegue a abrir o quiera cerrar con cualquiera de las formas en que sus candados se presenten. Los derechos no se negocian. La memoria tampoco”.
Y se unieron retazos de gritos colectivos: “Por quienes no están”. “Por quienes estamos”.
“Por quienes vendrán”. “Nunca más un Cromañón”. “Justicia es que no se repita”.
El pasado, el presente y el futuro
Tras la lectura del documento, se marchó desde la Plaza de Mayo hasta el santuario de Once, en la puerta del boliche República Cromañón, donde continúa la jornada de memoria hasta la medianoche. Entre lágrimas y una fuerza inconmensurable, se canta una y otra vez: “Ni una bengala ni el rock and roll, a nuestros pibes los mató la corrupción”.
Las caras de las pibas y los pibes que fueron víctimas están por todos lados. En carteles, en banderas, en bombos, en remeras. Varios familiares llevan puesta una en la que se luce un diseño y tres líneas escritas:
El sistema envenena
La corrupción mata
La impunidad enloquece
Esta nota, llegando al santuario del barrio porteño de Once, la cierra Santiago Morales, que se presenta como sociólogo, educador popular, papá, sobreviviente y hermano de una víctima de Cromañón.
Santiago tiene 34 años, dos hijos, una compañera de vida (que hizo este documental imprescindible sobre Cromañón que se ve acá: https://youtu.be/LR9SOHc3e3E?si=qpTCfeqCLfUpKqWG).
Santi fue a ver a Callejeros aquel 30 de diciembre con su hermana Sofía y su hermano Martín. Sofía falleció. Martín y él son sobrevivientes de la masacre. Martín, el hermano mayor, entró una y otra vez al lugar a salvar vidas. Santi, que tenía 14 años, se despertó varios días después en la cama de un hospital. A 20 años Santi dice, para comprender el pasado, analizar el presente y presagiar el futuro:

Foto: Juan Valeiro / Las pibas y los pibes, en banderas, en carteles, en los gritos, en todos lados.
“Hay tres cuestiones que me interesa especialmente destacar en este aniversario número 20.
“La primera tiene que ver con la Justicia, expresada en lo que hace el Poder Judicial de nuestro país, y que no es el resultado espontáneo que se produce como consecuencia de un hecho criminal delictivo, de una masacre como esta. La justicia es el resultado de la pelea de los pueblos que nos movilizamos, que exigimos verdad, que exigimos castigo a los responsables, nunca desde la lógica de la venganza, siempre en la búsqueda por hacer memoria y generar condiciones para que no se repita. Fue la lucha de estos 20 años ininterrumpida de lo que podríamos llamar el Movimiento Cromañón en un sentido amplio, la que logró conquistas importantes como la destitución del jefe de Gobierno Aníbal Ibarra, en un hecho inédito para la Ciudad de Buenos Aires; el juicio y condena en un tiempo récord –a cuatro años de la masacre– a funcionarios públicos y la visibilización de la responsabilidad empresarial expresada en la figura de Rafael Levy, el dueño de Cromañón y personaje siniestro que se mantenía escondido en empresas offshore, que tenía un taller textil clandestino en el subsuelo del boliche y que fue quien mandó a cerrar la puerta con candado, a tapear las ventanas, a eliminar los extractores y a poner la media sombra que contenía la guata, los dos elementos que a partir del fuego generaron la combustión mortal, similar a la de un campo de concentración nazi. El ácido cianhídrico y monóxido de carbono, en un lugar completamente cerrado, fueron letales. La posibilidad de conocer la verdad de los hechos y por lo tanto luchar para que la memoria no desaparezca fue el resultado de la movilización de familiares, sobrevivientes, amigos y amigas de las víctimas y de un pueblo solidario que se acercó y abrazó la causa”.
“Un segundo punto es que a 20 años de la masacre se están reeditando las condiciones sociales y culturales para que los cromañones se sigan repitiendo de manera exacerbada. Diciembre de 2004 es una fecha muy cercana no solo al 2001, sino a toda la década del 90, que tuvo que ver con la instalación de un modelo de cultura de la precarización absoluta de la vida, de los cuidados y de la desprotección como política de Estado. Eso hoy ha vuelto de manera recargada, por eso para mí esto que llaman batalla cultural –que paradójicamente quienes la levantan lo que quieren es el silenciamiento y la censura masiva de aquellas personas que no reproduzcan sus valores o que no se silencian– es en realidad una lucha ética, en el sentido de que hay dos paradigmas en disputa. Por un lado la ética del mercado, que se expresa de manera cabal en el gobierno de Milei en sus políticas y en su ideología. Por otro lado, la ética de la vida. La ética del mercado es hiper individualista y hace un culto de la desigualdad amparándose en la idea de meritocracia. Es esencialmente egoísta y genera condiciones permanentes de desprotección, porque lo importante es el aumento de la ganancia y el beneficio propio. En cambio, la ética de la vida es solidaria, es generosa. Se afirma en el cuidado, tiene que ver con lo comunitario, con la cooperación, con la certeza de que nadie se salva solo y de que es en la movilización de los pueblos donde es posible encontrar la esperanza y la conquista de las vidas que merecemos”.
Sigue su razonamiento Santiago: “Lo tercero que me interesa destacar es la necesidad de dejar de mirar a las juventudes como todo lo malo de una sociedad. El adultocentrismo exacerbado que llevó a culpabilizar a los jóvenes que murieron en Cromañón, o a los y las sobrevivientes, y que hoy en día también subestima, desprecia, estigmatiza los usos culturales, la mirada de las nuevas generaciones, a quienes en buena medida las han hecho responsables del ascenso de Milei. Esa mirada tiene que ser problematizada y para mí en ese sentido Cromañón es una oportunidad porque nos permite conversar con esas nuevas generaciones, afirmando que el modelo Milei es el modelo Cromañón, justamente porque se afirma en la ética del mercado. Esto nos debe acercar al encuentro con esa juventud no desde un lugar de la sospecha, la estigmatización y la subestimación, sino más bien desde la búsqueda por encontrarnos, por aprender juntos, por valorar los aportes que pueden hacer. Y por pensar que si no reforzamos esos lazos intergeneracionales que están tan deteriorados, no vamos a poder abrazarnos todo lo que necesitamos para soportar la penuria de este tiempo, que nuevamente se expresa en precariedad, en el abandono como política de Estado, en la crueldad exacerbada”.
Finalmente Santiago plantea: “El colofón de estos tres puntos es la necesidad de contar con Cromañón como espacio de memoria porque para muchos sobrevivientes, muchos amigos de víctimas, familiares, ir a ese lugar será una manera de encontrarse con sus seres queridos, de dar con cierta forma de paz, una fuente de salud mental para mucha gente. Será necesario mantenerlo, alimentarlo y desplegar allí aquello que el propio movimiento Cromañón entienda necesario”.
Santiago camina en la marcha junto a sus dos hijos, que llevan un cartel colgado, con un orgullo que no entra en este texto ni en ningún texto.
Llevan en el pecho la foto de Sofía y una inscripción:
“No pude conocer a mi tía, pero la amo”.

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Jubilados: el triunfo es seguir

El Congreso de la Nación convirtió en ley el primer triunfo social que se logró al sostener en la calle, todos los miércoles y durante casi dos años, un reclamo que ni los gases ni los palos ni las detenciones arbitrarias pudieron desalentar.
Lo que deriva, ahora, es también el primer gran desafío político para un gobierno agobiado por la debilidad de su plan económico –debilidad que ahora quiere atribuir a esta decisión legislativa– y desgastado por una retórica abusiva que lo está dejando sin aliados y rodeado únicamente por aduladores, odiadores y especuladores.
La aprobación de un aumento de las jubilaciones del 7,2%, un incremento del bono de 70.000 a 110.000 y la extensión de la moratoria extinguida por decreto fue suficiente para que, además, comenzaran los reproches públicos de la interna oficialista, que tuvieron a la gran perdedora de esta pulseada –la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich– como vocera.
La estrategia de la ministra de sofocar con palos y criminalización el reclamo social dejó ayer en evidencia su fracaso, tal como había sucedido en su anterior gestión al frente de esa cartera en tiempos de Mauricio Macri presidente.
Lejos de aprender la lección, la repitió cosechando idéntico resultado. Lo sintetiza Beatriz Blanco, 81 años, la jubilada golpeada, tumbada y gaseada durante una la jornada de protesta del 12 de marzo (en la que también fue atacado el fotógrafo Pablo Grillo que continúa su arduo proceso de rehabilitación): “Si no aflojamos, lo logramos: esa es la lección de hoy”.
Beatriz no está confiada ni esperanzada: “Estoy decidida”, dice para definir qué espera en los próximos días, cuando se defina si el Congreso apoya o desactiva el anunciado veto del presidente Milei.
Esa decisión que define el estado de ánimo de Beatriz tiene un por qué: “ya no estamos tan solos y eso nos permite creer en nosotros. Nuestra fuerza es seguir”.
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La independencia de los jubilados

Hubo marcha alrededor del Congreso vigilada por 26 vehículos de Gendarmería y Policía Federal como anticipo de las movilizaciones convocadas para la semana próxima. Sin embargo fue un 9 de Julio sin violencia contra quienes manifiestan, mientras lavaca planteaba una pregunta a jubiladas y jubilados: ¿De qué hay que independizarse?
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla
Fotos: lavaca.org
“Tengo 48 años de aportes y no llego a 500 mil pesos de jubilación. No puede ser que ni siquiera tenga para un gustito de comprarme un dulce de batata” dice a lavaca Hugo, 74 años, mientras marcha alrededor del Congreso. Tiene una barba blanquísima que le envidiaría Papá Noel. Vino desde Villa Domímico. Su síntesis para un 9 de Julio: “De lo que tenemos que independizarnos es de este gobierno, que no da para más”.

El 9 de julio de 1816, el Congreso de Tucumán, integrado por representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, proclamó la Independencia de estas tierras. Ese día, las manifestaciones populares se concentraron en los alrededores de la Casa de Tucumán, coreando el grito de «Viva la Patria».
209 años después, este 9 de julio de 2025, afuera de ese Congreso de la Nación integrado por diputados y senadores, jubiladas y jubilados proclaman de qué falta todavía independizarse en un contexto de jubilaciones licuadas (el haber mínimo a $379 mil), de barrida de la moratoria previsional y de la gratuidad los remedios.
Hugo sigue describiendo la situación tras sus 48 años de aportes, a través de un montón de preguntas: “¿Dónde está lo que pagué durante tantos años? ¿Cómo como? ¿Cómo vivo? ¿Quién me explica eso?”. Agrega otro elemento: “Soy epiléptico, tomo un remedio que me sale 200 mil pesos. Con mi señora ya no comemos a la noche. Esto es una esclavitud”.

Un dolor en el pecho
Graciela, 78 años, es de Libertad, Merlo: “Tenemos que independizarnos de esta mierda de gobierno y de todo lo que nos explotan día a día. Estoy viviendo mal, no me puedo comprar los remedios que necesito. Nos han quitado todo a los jubilados. Este es un gobierno democrático, elegido por una votación, pero tremendamente dictatorial”.
Un poco más joven, Osvaldo tiene 72 julios. Llegó desde Claypole donde vive. Dice que hay que independizarse de lo que define del siguiente modo: “Es una mafia que está regalando el país, todos los bienes naturales. Volvimos a depender de Estados Unidos, nos endeudan cada vez más, es un desastre”. Cuenta que cobra la mínima y que tiene un dolor en el pecho cada vez que lo visita alguno de sus seis nietos: “Me piden un yogur y no se los puedo comprar. Mis hijos no me ayudan aunque quieran, porque están peor”. Hace una pausa. Confiesa. “Te digo la verdad: ya no ceno, me tomo un té, no me da para otra cosa”.

Lo que quiere Milei
Alrededor del Congreso, esta vez sin vallas, dos ejércitos desproporcionados están apostados para evitar vaya a saber qué: Gendarmería Nacional (15 vehículos) y Policía Federal (11 vehículos). Pero no pueden impedir que los y las jubiladas marchen alrededor del palacio legislativo, al grito de “qué vergüenza, pegarle a un jubilado por dos pesos con cincuenta”, aunque evidentemente los haberes de los llamados efectivos son otros.
Surgen algunas preguntas entre los manifestantes:
¿Cuánto cuesta un operativo así de desmedido?
¿Por feriado se les paga doble a ese montón de uniformados?
¿Qué sentido tiene tanta parafernalia de seguridad?

Este jueves está prevista la sesión en el Senado para tratar el aumento de jubilaciones. Opina Hugo: “Milei ya dijo que lo volverá a vetar. Y eso que sería un miserable aumento, es una vergüenza, es un desalmado, una mala persona”. Argumenta Graciela: “No tengo expectativas, porque aunque el Congreso apruebe todo, el señorito que tenemos por presidente lo veta. Él quiere a los jubilados sin nada, muertos”.

Señalando la corrupción
Teresa dice que pasó los ochenta y que es de un territorio innombrable: La Matanza. Se presenta como militante comunitaria en Laferrere, con acción en la casa de salud barrial, y cuando se le pregunta por el día patrio, se enciende: “Hay que independizarse de la corrupción”, dice y señala al Congreso: “Si pueden tirarlo abajo, tírenlo, porque no me representa a mí ni a ninguno de los que estamos acá. Nosotros hacemos la patria grande, con este bastoncito que ves hice mucho por esta Patria, la amo y me la están robando. Luché mucho por ella, hijo. Mucho”. Nos pide que escuchemos un tema de Horacio Guarany,
“Qué te ha pasado justicia”. Lo que se cantaba en el siglo pasado:
A ver, señor diputado,
¿qué le ha pasado que se olvidó
del bendito pueblo obrero
que usted en campaña siempre nombró?
Tengo mis hijos pidiendo,
que por la calle siempre se ven
y usted se aumentó la dieta,
y yo a la dieta la hago muy bien.
Alicia, 80 años, es otra de las jubiladas con esa dieta (cobra la mínima, $304.723,90 más el bono de $70.000), y dice que hay que independizarse de todo: “Somos una colonia. Se han posesionado de nuestros recursos naturales, el agua, el litio, el petróleo, están regalando las mineras, la educación, la salud, la jubilación. En realidad, no tenemos nada”.

¿Qué necesitamos?: “Otra independencia”, sintetiza Alicia, que integra Jubilados Insurgentes.
Mónica, 72 años, de la Asamblea de Vecinos de Boedo, viene siempre los miércoles sin importar si llueve o hace frío, y la hace corta: “Hay que independizarnos del presidente cipayo que tenemos, de Estados Unidos y de Israel”.
A su lado está Ricardo, 84, de Lanús, conurbano sur: “Llegamos al 9 de Julio con despidos masivos, garrote y gaseo a trabajadores del INTI, de Vialidad Nacional, con una CGT traidora. Esto, con huelga y un plan de lucha se termina. En 1919, los trabajadores de la Semana Trágica luchaban por trabajar ocho horas en lugar de doce y se cargaron 700 cuerpos. Hoy la clase argentina trabaja por salarios de hambre y no se para de manos”.
Pertenece a una agrupación llamada Bastones en rebeldía y dice que viene por quienes no pueden estar por razones de salud. “Acá tiene que venir más gente, somos seis millones de jubilados…”. Se enoja, mueve la cabeza y cuenta que tiene siete categorías para englobar a quienes no vienen cada semana a lo que se transformó en el epicentro de la resistencia a este gobierno: 1) Los indiferentes 2) Los indecisos 3) Los adormecidos 4) Los que naturalizan todo 5) Los resignados 6) Los mesiánicos 7) Los hiperindividualistas. Dice que no tiene necesidad económica, pero que prefiere seguir marchando.

Las 14 organizaciones que integran la Mesa de jubiladas y jubilados en lucha convocan para el próximo miércoles 16 de julio, desde las 15, a una “gran marcha antirrepresiva entre todos los sectores que hoy padecen la crueldad de este gobierno”.
Llaman a marchar el jueves 17 con los trabajadores del Hospital Garrahan.
El 9 de julio de 1816 marcó la independencia política “de España y de toda dominación extranjera”, pero siguieron existiendo muchas formas de dependencia: económica, cultural, productiva, mental. Toda relación entre aquellos eventos de Tucumán y las cosas que ocurren 209 años después, ¿serán pura coincidencia? A más tardar la semana próxima las calles volverán a decir lo suyo.

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Otro ataque a la salud pública y al Garrahan: las movilizaciones que se vienen

No solo no soluciona el problema, sino que lo empeora: el gobierno difundió un reglamento que degrada las condiciones laborales de los profesionales de la salud residentes en hospitales nacionales al buscar convertirlos en “becarios”. Asambleas y la decisión: paro y un abrazo al Garrahan el próximo jueves 10, y la convocatoria a una gran marcha federal por la salud el jueves 17 de julio.
Por Francisco Pandolfi
Residentes sí, becarios no. Ese es el nuevo lema que hoy levantan (y denuncian) residentes de los hospitales nacionales del país, ante el nuevo reglamento que dictaminó el 2 de julio el ministerio de Salud de la Nación para las residencias médicas.
¿Qué son las residencias? Tienen como objetivo capacitar y especializar a egresados de carreras como medicina, enfermería, psicología y bioquímica, entre otras, en el marco del trabajo asistencial y académico.
¿Qué aduce el gobierno nacional para la formulación del nuevo reglamento? “Recuperar su rol formativo y permitir que los residentes puedan elegir bajo qué modalidad realizar este tramo de su formación y cómo administrar el monto de las becas percibidas. A fin de jerarquizar el carácter formativo de esta etapa, el nuevo reglamento recupera el concepto de beca (excluyendo cualquier encuadre como empleo público, relación laboral o contratación de obra o servicio) y ofrece a los residentes la posibilidad de elegir entre dos modalidades diferentes: Beca Institución (el hospital otorga la beca) o Beca Ministerio (contrato con el Ministerio de Salud). No es empleo público, no es una relación laboral. Es una etapa formativa con financiamiento estatal”.
Ante la Resolución 2109/2025, las y los residentes del Hospital Garrahan a la cabeza, y todos los profesionales de la salud del sistema de residencias nacionales realizaron ayer una conferencia de prensa en Plaza de Mayo, donde denunciaron: “Este modelo de residencias, ampliamente utilizado a nivel global y que rige en Argentina desde hace más de 30 años y que fue perfeccionándose en el tiempo, garantizó profesional altamente capacitado en cada rincón del sistema de salud. La nueva normativa desmantela las bases fundamentales del sistema, se nos atribuye libertad de elección ante dos opciones de las cuales ninguna resuelve la problemática salarial de base, y además ambas implican la pérdida de múltiples derechos laborales adquiridos; pretende transformar lo que hasta ahora era un régimen formativo en servicio, remunerado y con derechos reconocidos, en un esquema de becas sin vínculo laboral claro, ni aporte y con importantes recortes en licencia, descanso y condiciones de trabajo”.
Entre los puntos “más alarmantes”, destacaron:
- Aumento de la carga horaria y del número de guardias (de 70 horas semanales a 93).
- Eliminación del descanso post guardia (lo que implica pasar de 24 horas de corrido a 30).
- Reducción del valor de la hora trabajada: en caso de la Beca Institución, $3.200 de cobrarse un bono hospitalario. En Beca Ministerio: $2.200.
- En la Beca Institución, mayor dinero en mano, pero a expensas de la pérdida del aguinaldo, aportes previsionales y obra social.
- En la Beca Ministerio, menos dinero en mano, obra social estatal y sin posibilidad de cobrar bonos institucionales.
- En caso de rescisión de contrato, no se contará con indemnización.
- Renovación de contrato de forma anual a pesar de concursarse por formación de 3 a 4 años.
Como cierre de la conferencia, sentenciaron: “No se puede aludir a la libertad cuando se nos acorrala entre dos opciones de precarización extrema. La residencia sí es un trabajo. Exigimos la inmediata derogación de la resolución y la apertura urgente de instancias de diálogo con las y los residentes de todo el país. Sin residencia como fuente de personal capacitado, no hay futuro posible para la salud de Argentina”.
Abrazo y marcha federal
Josmar Flores Arnéz es licenciado en bioimágenes, tiene 37 años recién cumplidos y hace 16 que trabaja en el servicio de neurointervencionismo del hospital. Además, es delegado de la junta interna de ATE. Habla con lavaca: “La modificación en las residencias no sólo es una degradación de las condiciones laborales de las y los residentes, sino también implica la degradación del sistema de salud completo, porque cambian la forma de contratación quitando derechos laborales. Lo que decretan es que dejan de ser trabajadores, para hacer las tareas por una especie de bono, a través de una metodología de becas”.
Esta nueva medida se enmarca en una política de ajuste a la salud pública en general, y al hospital Garrahan en particular. El miércoles pasado, en la Cámara de Diputados se estaba tratando la emergencia para el Garrahan, pero la sesión se levantó por discusiones entre el bloque oficialista de La Libertad Avanza, y el peronismo. La emergencia quedó sin tratar…
¿Cuál es la emergencia? Josmar Flores plantea cuatro puntos clave:
- Una recomposición salarial del 100%.
- Que la persona que recién ingresa cobre lo mismo que estipula la canasta básica familiar: un millón ochocientos mil pesos.
- El aumento del presupuesto del hospital.
- Mejora en las condiciones de trabajo: que se reconozca un régimen de insalubridad especial para el hospital.
¿Cómo sigue la cuestión? “Todos los trabajadores del hospital, incluidos los residentes, hacemos asambleas conjuntas y acabamos de decidir ir a paro los próximos dos jueves –cuenta Josmar–. El 10 llamamos a un abrazo solidario al hospital, en la puerta sobre Combate de los Pozos; y 17 convocamos a toda la población a una gran marcha federal, que en la Ciudad Buenas Aires irá desde Congreso a Plaza de Mayo”.
Cierra: “Este gobierno nos ataca por muchos ángulos y la única manera de cambiar la realidad es seguir por este camino”.
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