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Lugano resiste al “máster plan” que intenta imponer Macri

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El vecindario de Villa Lugano realiza asambleas y guardias para evitar que el gobierno porteño comience a talar árboles en lo que consideran un ecocidio, cerrar accesos de la autopista Dellepiane y modificar al barrio sin consulta a los vecinos, cosa que sí hacen en los barrios del norte, como Belgrano y Palermo.

El mismo mecanismo obligó en 2024 a que la la comunidad frenase obras que Jorge Macri intentaba imponer, incluso con mujeres atándose a los árboles y gente atrincherándose contra las máquinas. Detalles de un negocio de más de 7 mil millones de pesos que la comunidad rechaza (tala de 437 árboles y un nuevo peaje, entre otras cosas). El mismo vecindario hizo un relevamiento casa por casa con los frentistas a la autopista Dellepiane: más del 70% no tenía idea de la existencia del Máster Plan.

Presentaron por escrito pedidos de información pública a AUSA (Autopistas), APRA (Agencia de Protección Ambiental), Ministerio de Infraestructura y a la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño. Cero respuesta a ese reclamo de ser tenidos en cuenta como parte de la convivencia democrática. Los guardianes de los árboles, y las escenas de la organización barrial para rechazar el proyecto.

Por Francisco Pandolfi

La gente de Lugano se reúne en el centro. No están de paseo, ni de compras, ni miran vidrieras. Las y los vecinos autoconvocados se vuelven a juntar, una vez más, para defender a la sureña comuna 8. Vuelven a ver el barrio en peligro.

Es la misma comunidad organizada, sin bandera partidaria, que el año pasado se formó con el nombre No dividan Lugano, y evitó que el gobierno porteño hiciera una serie de pasos bajo a nível, que no tenían ningún beneficio vecinal y sí un amplio abanico de perjuicios: encajonaban al barrio, lo fragmentaban con murallas, lo hacían intransitable para los vecinos, en pro de un negocio poco claro de 4.500 millones de pesos (de un año atrás).

Cuando empezaron a llegar las máquinas demoledoras y excavadoras, y luego se agregaron las topadoras, el vecindario salió a la calle. Mujeres y hombres se atrincheraron para defender árboles de más de 100 años. Las mujeres, sobre todo, decidieron atarse a los árboles para defenderlos, mientras muchos vecinos –profesionales y arquitectos del barrio incluidos– mostraban los errores de ese plan y formas mucho más sensatas de hacer las cosas.  

En esta crónica contamos todo lo que fue ese proceso, una especie manual de organización comunitaria: https://lavaca.org/mu198/la-comunidad-organizada-triunfo-vecinal-en-villa-lugano/

Sin embargo, no hubo tiempo para festejar el freno puesto a Jorge Macri, porque tan sólo un par de semanas después empezó otra embestida, otra vez a espaldas de la gente. 

En esta oportunidad, a través de una obra denominada Máster Plan Autopista Dellepiane, con un costo de más de 7.000 millones de pesos, tala de 437 árboles, cierre de 14 ingresos y egresos a la autopista, y (lo que tal vez sea el fondo recaudatorio de todo) otro peaje.   

Por eso el vecindario se vuelve a juntar en el centro de Villa Lugano. Ya han demostrado su capacidad de resistencia, y aquí empiezan a levantar la guardia para informar lo que está pasando, seguir acumulando fuerzas y a planificar los pasos a seguir.

El encuentro es en la Plaza Unidad Nacional. 

Nada menos.

Lugano resiste al “máster plan” que intenta imponer Macri

Primero proyectaron un documental sobre la lucha del colectivo No Dividan Lugano, que frenó la construcción de los túneles. Luego, con el recuerdo a flor de piel, se habla de esta nueva pelea, que también tiene su historia: los primeros días de noviembre de 2024 se llevó a cabo una audiencia pública donde más de 100 vecinos exigieron una mesa de trabajo conjunta con el gobierno de la Ciudad, así como la información pública y detallada. Hasta el día de hoy, denuncia la comunidad, solo recibieron un amenazante silencio como respuesta.

¿Qué dice el gobierno porteño?

El proyecto abarca una traza de 4.6 kilómetros en la autopista Dellepiane (que une la Ricchieri con la 25 de Mayo), desde avenida General Paz hasta avenida Lacarra. La empresa a cargo de la obra es Eleprint S. A. y el monto adjudicado para su realización es de más de 7 mil millones de pesos ($7.682.057.632, 70). La gestión del PRO en la ciudad de Buenos Aires informó en un documento de 1.200 páginas estos puntos principales con el fin de “incrementar la seguridad vial en la autopista y disminuir la siniestralidad” y “mejorar el uso del transporte público”:

-Incorporación dos carriles centrales para el transporte público, en el medio de la autopista (Un metrobús, aunque no lo mencionen con ese nombre).

-Ensanchamiento de las colectoras. 

-Y el punto neurálgico de esta obra, como parte del sistema recaudatorio del gobierno porteño: la instalación de un nuevo peaje a la altura de Lacarra, a tan sólo 4 kilómetros del que ya está emplazado. 

Otra arista a tener en cuenta: el proyecto menciona a la ley 104 de acceso a la información pública. Para eso no hay colectoras ni carriles: el acceso a la información pública sigue bloqueado.  

Fuera árboles, adentro el peaje

El micrófono va pasando de mano en mano en el encuentro. Vecinos de cualquier edad, trabajo y de distintos niveles económicos, comparten lo que los une, lo que es público. El micrófono amplifica los argumentos. 

Lugano resiste al “máster plan” que intenta imponer Macri
  • “Este proyecto solo traerá más cemento y más tránsito. Y va a afectar sustancialmente la vida de quienes vivimos acá. Es una mega obra a escala metropolitana y ni siquiera tenemos toda la información concreta de cómo son los pasos a seguir. Desde noviembre exigimos una mesa de trabajo conjunta y solo hubo oídos sordos”. 
  • “Para lo que buscan hacer deberán talar muchísimos árboles añosos y frondosos. Los mismos vecinos hicimos un relevamiento que demostró que buscan sacar una cantidad muy superior a la que informaron la Dirección de Arbolado del gobierno y AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima, empresa que tiene la concesión de la autopista). Son 176 árboles de Dellepiane Sur y 261 de Dellepiane Norte. O sea, 437, un bosque urbano, con su fauna nativa. Es un ecocidio lo que intentan hacer”.
  • “Y encima nos mienten sin parar. Para convencernos prometen que al lado de la autopista harán dos parques lineales, y nos muestran los planos con árboles enormes, que dan una sombra espectacular. Esos mismos árboles que planifican derribar. ¿Tan loco es exigir la verdad”.
  • “Con el paso del tiempo van modificando la obra al planteo original, y no lo comunican. La semana pasada hicimos una recorrida con AUSA. En una primera instancia habían dicho que dos carriles que ampliarían de la colectora tendrían 3.5 metros cada uno, o sea 7 en total, y ahora hablan de 10 y de 12. Por un lado cada vez más cemento, por el otro ni saben cómo va a ser la obra definitiva cuando ya la empezaron. ¿Cómo podemos actuar si no hay información precisa, y si ni ellos saben cómo será?”.
  • “Hasta hoy, en los poco más de cuatro kilómetros de la Dellepiane, el barrio cuenta con 26 entradas y salidas. El gobierno nos va a cerrar 14 ingresos y egresos. ¿En serio piensan en el vecino? No. ¿Qué relación tiene el querer disminuir los choques con disminuir los accesos? No lo informan. Porque lo que les importa es recaudar en los peajes”. Mencionan otro detalle: “Qué podemos esperar si hasta el nombre es en inglés. Por lo menos que le pongan Maestro, no Máster”.

Vecinos de segunda

El proyecto cuenta con un área de Relaciones con la Comunidad, en la que AUSA tiene la obligación por ley de generar canales con los vecinos, reuniones presenciales con material impreso, información permanente y verídica, así como el estar disponible para recibir cualquier consulta o reclamo de los vecinos, sean frentistas o usuarios que tengan alguna implicación con la obra.

¿Hubo relación con la comunidad? “Para nada. Desde la audiencia pública, en noviembre pasado, exigimos una mesa de trabajo con el gobierno porteño y nunca sucedió”. 

Agregan: “El 17 de enero solicitamos por escrito un pedido de información pública a AUSA, a APRA (Agencia de Protección Ambiental), al Ministerio de Infraestructura y a la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño. Lo repetimos el 30 de enero, con la firma de más de 800 personas. No hubo ninguna respuesta”.

Los mismos vecinos autoconvocados y organizados hicieron un relevamiento territorial casa por casa con los frentistas a la autopista Dellepiane. “Más del 70% no tenía idea de la existencia del Máster Plan. Por eso decidimos hacer mesas informativas en distintos barrios de Lugano, como Copello, Samoré, Nágera, Cildañez e INTA. Fue muy fuerte notar que casi nadie sabía nada”. 

En la asamblea no faltaron la bronca y la indignación: “En la Comuna 13, que abarca Belgrano, Núñez y Colegiales, el diseño del espacio público se realizó igualito a lo que hacen con nosotros”, y vuelven a reír irónicamente, mientras muestran unas imágenes en las que el gobierno porteño y los vecinos de la comuna más norteña están reunidos en mesas de trabajo para establecer las políticas públicas a llevar adelante. “Queremos un trato igualitario, que nos respeten como ciudadanos y obras de calidad, las mismas que hacen en Belgrano y Palermo. No merecemos menos. Acá no hacen mesas participativas porque nos tratan como unos negros de mierda”. 

Lugano resiste al “máster plan” que intenta imponer Macri

Parte del vecindario autoconvocado de Villa Lugano, que logró frenar el proyecto porteño de 2024 que, como ahora, los ignoraba.

Guardianes de los árboles

Al cierre de la asamblea, alguien que participa por primera vez lanza una pregunta al aire: “¿Cómo sigue el plan de lucha?”. 

La respuesta se construye colectivamente:

“Todos los días, a las 7 de la mañana en Dellepiane norte, para defender nuestros árboles. No nos van a sacar. No los van a sacar. Haremos lo mismo que hicimos el año pasado: Resistir”.

Desde el 17 de febrero, ante la amenaza de que ese día empezarían la tala, la vecindad se organiza y rota para que siempre haya guardianes de los árboles. Ahora existe una nueva amenaza para esta semana y las y los vecinos allí estarán.

Antes de despedirse alguien agrega: “No buscamos que no se haga ningún tipo de obra y no es que estamos en contra del desarrollo, para nada. Pero esto no es desarrollo. Queremos acompañar el proceso, tener un diálogo fluido con los responsables, establecer mecanismos eficientes para nuestros reclamos, recibir información veraz y que sean escuchadas las propuestas de quienes vivimos acá. No debería ser tan difícil en una democracia”.

Y cierran con algo que no muchos políticos y funcionarios tienen en cuenta: “La democracia no es solo un acto eleccionario; es un sistema de vida que entre todos construimos y nutrimos”. Conclusión: “Así que como siempre. A no aflojar”.

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Caputo ignora al Congreso y al Poder Judicial, y despide a cientos de trabajadores del INTA

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Un total de 247 trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), sumados otros que integraban los institutos de Semillas y Vitivinicultura pasaron a “disponibilidad” lo cual implica un despido en términos prácticos de unas 400 personas, según la Agencia Tierra Viva. La medida del ministro de Economía Luis Caputo ignora lo decidido por la Cámara de Senadores la semana pasada, que dejó sin efecto el decreto de Javier Milei que modificaba la estructura del INTA. La jueza Martina Forns había ordenado además que no se realicen cambios en el organismo. Reproducimos aquí el artículo completo que explica la situación, y detalla los pasos a seguir frente a la medida ilegal tomada por Caputo.

Por Agencia Tierra Viva

(agenciatierraviva.com.ar)

El Gobierno despidió a 400 trabajadores del INTA, del Instituto Nacional de Semillas (Inase) y del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). Lo hizo luego de que el Senado rechazara —por 60 votos afirmativos contra diez negativos— el Decreto 462 que «reorganizaba» el INTA y el Inase, y eliminaba el INV y el Instituto Nacional de Agricultura Familiar (Inafci). La decisión ignora además la admisión, por parte del Poder Judicial Federal, de una medida cautelar que presentaron los sindicatos para evitar nuevos despidos. “Esto muestra el perfil de un Gobierno que avanza sobre una lógica poco democrática y que no contempla nada que frene sus ideas y sus proyectos”, dijo Sebastián Fajardo, trabajador y delegado del sindicato ATE. 

La Resolución 1240 emitida por el Gobierno echa de sus trabajos, bajo el eufemismo de «pase a disponibilidad», a 247 personas del INTA. Con base en la eliminación del Inase echa a ocho trabajadores; y en la transformación del INV, despide a otros 51. Los gremios anticiparon que harán una nueva presentación legal.

Mario Romero, secretario de la Asociación del Personal del INTA (Apinta), señaló, sobre lo ocurrido en el Senado: “Ni en el mejor escenario que nos habíamos planteado teníamos ese número de votos en rechazo al decreto del Presidente. Esto nos pone muy orgullosos por la valoración que se hace sobre la labor de cada uno de los trabajadores y las trabajadoras del INTA en todo el país”. En relación a la posterior resolución del Gobierno, afirmó: “Cuando el Ejecutivo tiene una derrota en lo judicial o en lo legislativo, profundiza su postura y no analiza si es legal o ilegal. Se lleva por delante la institucionalidad, la división de poderes y la legislación”. 

Y subrayó: “Esta situación afecta a la salud mental y emocional de los trabajadores y de las trabajadoras. Cualquier cosa que le pase a algún trabajador del INTA de los que están en esa lista, será responsabilidad de Nicolás Bronzovich (actual presidente del organismo) porque él firmó esa resolución”.

Los trabajadores ingresaron el viernes 22 de agosto a las oficinas, ficharon y cumplieron sus tareas habituales. Sebastián Fajardo, delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), manifestó: “Las medidas del Gobierno desconocen lo que definió el Congreso y la respuesta que hubo a la cautelar. La resolución no tiene validez porque está apoyada sobre un andamiaje que ya no existe debido a la caída del decreto 462. Vamos a seguir dando la pelea porque el Gobierno está flojo de papeles”.

Sobre la votación en el Congreso, consideró que hay “una coyuntura política en la que se está teniendo un comportamiento distinto al del año pasado en relación a la independencia de poderes, que se cruza con el cierre de listas” y señaló que se suma a “una gran tarea que hicimos los trabajadores y distintos sectores en defensa del INTA”. Destacó la presencia en las calles con protestas, en los medios de comunicación y en reuniones que mantuvieron con diputados y senadores.

Explicó que se mantienen en pie de lucha ante la nueva resolución. “Pasar a disponibilidad significa entrar en una bolsa general y, depende de la antigüedad que tengas, hay un mínimo de seis meses y un máximo de doce donde te pagan aproximadamente el 50 por ciento de tu salario. Es una ‘oportunidad’ para que consigas otro lugar en el Estado Nacional donde te acepten. Pero eso, por los antecedentes que hay por ejemplo en el Ministerio de Desarrollo Social, es imposible. Es una agonía hacia el despido”, describió. Él mismo, pese a ser delegado gremial, está incluido en los listados publicados junto con la resolución en el Boletín Oficial.

Para Fajardo, la nueva resolución “marca claramente la intención de desguazar al INTA”. Y marca el “sesgo ideológico” del listado: “Queda claro que todas las unidades que veníamos teniendo tareas con la agricultura familiar y con la agroecología quedan cerradas y con pase a disponibilidad”.

Ricardo Garzia, secretario adjunto de la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe) y presidente del Centro de Investigación para la Agricultura Familiar (Cipaf), añadió que “el Cipaf, los institutos y la políticas de agricultura familiar son los más atacados”. Y adelantó que se reunirá con gremios y organismos para «transformar la crisis en un cambio de representación en la mesa directiva del INTA, para romper con las falacias con las que el Gobierno atacó al sector».

“El INTA estaba haciendo muy bien las cosas para el modelo agroexportador, así que el INTA que queremos salvar no es el que teníamos. Es uno que incluya al 100 por ciento de la ruralidad argentina, no para el asistencialismo sino para la producción, la dignidad y el arraigo”, adelantó.

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Del Decreto 462 al Senado

El 7 de julio, mediante el decreto 462, el Gobierno había disuelto, entre otros organismos, el Inafci, el Inase y la Comisión Nacional de Semillas. Y ordenó la «transformación» del INTA y el INV.

Eliminó la autarquía que tuvo históricamente el INTA. Depositaba en un presidente designado por el Gobierno las decisiones respecto a bienes, patrimonio y acuerdos con organismos públicos y privados. Y delegaba en él la prerrogativa de proponer la estructura organizativa y determinar qué centros de investigación, estaciones experimentales, institutos de investigación y laboratorios eran necesarios para el cumplimiento de las funciones del Instituto.

También reemplazaba el Consejo Directivo, formado por cinco representantes del ámbito público y cinco del privado, por un Consejo Técnico de siete miembros elegidos por el Ejecutivo, cuatro de ellos en representación de los productores agropecuarios. El decreto había sido impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Javier Milei lo rubricó en el marco de las facultades delegadas por el Congreso, que vencieron en julio pasado.

Tras la firma del Decreto 462, el Ejecutivo firmó otro (466) que nombraba a Nicolás Bronzovich como presidente, cargo que ya ocupaba desde octubre de 2024.

Sólo un mes después, la Cámara de Diputados rechazó el decreto que desguazaba al INTA. Sin embargo, el Gobierno aceleró el proceso de “transformación”. Con ese marco normativo aún vigente, el 12 de agosto, a través del Decreto 571, disolvió la Dirección Nacional del INTA. A través del Decreto 585 pasó a disponibilidad a los trabajadores de la Estación Experimental AMBA. Y firmó otro decreto, el 585, que eliminó cerca de 60 áreas. Entre ellas, el Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar (IPAF) de las regiones Pampeana, NOA y Patagonia. 

Las medidas de Bronzovich motivaron el accionar judicial de los sindicatos ATE y de Apinta. Presentaron una medida cautelar y la jueza del Juzgado Federal N°2 de San Martín, Martina Forns, hizo lugar a la petición el miércoles 20 de agosto. Ordenó al Estado Nacional que “se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo, que derive de la aplicación del decreto N°462/2025, incluyendo reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas al INTA”. Estableció el plazo de la medida por seis meses.

Tras la derogación en el Senado, Romero aclaró: “Los decretos 571 y 585 hacen referencia al 462. O sea que si se cae el 462, los otros también tendrían que caer. El lunes se tiene que hacer cargo el Director Nacional que estaba antes de la disolución de la Dirección y los consejeros nacionales del INTA que venían en representación de las entidades del campo, de las universidades y del Gobierno. El INTA tiene que volver a ser un organismo autárquico, con su fuente de financiamiento y su gobernanza”.

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Coimas: los próximos pasos de la investigación que acorrala a los Milei

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La revelación de los audios del abogado Diego Spagnuolo mientras dirigía la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) hablando sobre la estructura de corrupción en la que aparecen involucrados los hermanos Javier y Karina Milei, Eduardo y Martín Menem, estalló esta semana en la que el gobierno intentó vetar, justamente, la emergencia en discapacidad. Entre tantas cosas, se escucha a Spagnuolo (amigo y abogado del Presidente y afín a su círculo íntimo) explicar que le dijo al propio Milei: “Javi, vos sabés que están choreando. Sabés que tu hermana está choreando, no te podés hacer el boludo conmigo”. En la foto de portada se ve a Spagnuolo rodeado por los hermanos, y detrás suyo asoma Martín Menem.

Publicamos aquí el artículo del diario cooperativo Tiempo Argentino, en el que se explica el rumbo de la investigación.

La decisión de la fiscalía de analizar los celulares por el Ministerio Público para excluir a las fuerzas federales (dirigidas por Patricia Bullrich). Los documentos que confirman el estrecho vínculo del ex titular de la ANDIS con el presidente de la Nación. La posibilidad de que se adhiera al régimen del arrepentido. Qué dicen los juristas.

Por Ariel Stemphelet

Diario Tiempo Argentino

Uno de los principales motivos que mantiene el nerviosismo en la plana mayor del gobierno de Javier Milei es la posibilidad de que el removido titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) hable en la Justicia y lo que pueda llegar a decir. Nadie descarta que Diego Spagnuolo, cuya voz protagoniza la grabación en la que quedó expuesto un presunto esquema de corrupción en la compra de medicamentos, pida convertirse en arrepentido para intentar mitigar una eventual condena.

Spagnuolo es uno de los investigados en la causa a cargo del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, iniciada a partir de una grabación revelada por el equipo periodístico de Jorge Rial. Ahí se lo escucha describir un presunto entramado de retornos millonarios del que serían parte la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, su ladero Eduardo “Lule” Menem, el exdirector de Acceso a Servicios de Salud Daniel Garbellini, y la droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker.

De momento, sobre Spagnuolo, este abogado y exfuncionario que mantuvo una relación por demás cercana con el presidente, pesa una prohibición de salida del país ordenada tras el allanamiento a sus viviendas y el secuestro de dos celulares cuyo análisis marcará, en parte, el devenir de la investigación.

Fuentes inobjetables confirmaron a Tiempo que la extracción del contenido será llevada a cabo por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal. Es decir: no intervendrá ninguna de las fuerzas federales a cargo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

La denuncia inicial que presentó el abogado Gregorio Dalbón tras la difusión del audio comenzó a analizarse en Comodoro Py el miércoles pasado y para el jueves a la noche Casanello había ordenado una batería de allanamientos en los que se pudo recolectar prueba clave. Los procedimientos estuvieron a cargo de la Policía de la Ciudad y se llevaron a cabo en domicilios de Spagnuolo, la sede de ANDIS y la de Suizo Argentina, además de las viviendas de sus propietarios.

Con secreto de sumario de por medio y la posibilidad de que se produzcan nuevas medidas en los próximos días, Picardi trabaja con hermetismo en el análisis de las pruebas. En los allanamientos encontraron documentos vinculados a la compra de medicamentos, dispositivos electrónicos y sobres con más de 200 mil dólares secuestrados a Emanuel Kovalivker, uno de los directivos de la droguería.

Coimas: los próximos pasos de la investigación que acorrala a los Milei

Spagnuolo, en selfie con Eduardo «Lule» Menem, Karina Milei y Martín Menem.

¿Se arrepiente Spagnuolo?

Con las pruebas sobre la mesa y a medida que haya nuevos elementos se abre la posibilidad de que Spagnuolo sea llamado a declarar y, eventualmente, de que pida acogerse a la figura del arrepentido o de imputado colaborador.

“Para que eso ocurra tienen que cumplirse varios requisitos, dos de ellos insoslayables: que el arrepentido involucre a alguien con más poder o autoridad que él y que los datos que proporcione se corroboren por algún medio probatorio. Y tiene que haber una evaluación preliminar del fiscal”, explicó a Tiempo el abogado Gustavo Feldman, especialista en Derecho Penal y Procesal Penal. Un conocido juez federal lo ratificó ante este medio: el arrepentido siempre tiene que apuntar para arriba, nunca por debajo de su nivel jerárquico.

El vínculo Spagnuolo-Milei

Como Spagnuolo estaba entre los hombres de confianza del presidente, la expectativa y el nerviosismo en torno a sus movimientos en la Justicia son altos. Se trata, nada menos, que de una de las personas que más veces se juntó con Milei en Olivos y la Casa Rosada; de un hombre que fue más que “abogado en alguna causa” vinculada al mandatario, como intentó minimizar el viernes el jefe de Gabinete Guillermo Francos.

De hecho, sobre ese último punto, Tiempo accedió a un documento legal que grafica el nivel de confianza que había entre Milei y este exfuncionario. Se trata de un “poder general para asuntos judiciales” con el que el mandatario facultó a Spagnuolo para actuar en su nombre en “las acciones judiciales y/o extrajudiciales pendientes o que se inicien en las que el poderante (Milei) esté interesado”.

Coimas: los próximos pasos de la investigación que acorrala a los Milei

El abogado Spagnuolo, que describió el sistema de corrupción en el gobierno, a quien su amigo Milei había firmado un poder general para asuntos judiciales.

El poder también se lo extendió a Francisco Oneto y Bibiana Bianco, sus otros dos abogados, y fue firmado el 8 de octubre del 2024 ante la escribana pública Wanda Liberztein.

Este instrumento legal fue presentado en al menos dos demandas civiles que promovió el presidente contra periodistas y contra la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, según pudo saber este medio. En esas causas, Spagnuolo todavía figura como abogado de Milei.

El documento toma aún más relevancia si se tiene en cuenta que habría sido firmado unos meses después de la supuesta advertencia que Spagnuolo le hizo a Milei sobre que su hermana obtenía retornos económicos a partir de los contratos en la Agencia de Discapacidad. “Javi, vos sabés que están choreando. Sabes que tu hermana está choreando, no te podés hacer el boludo conmigo”, le habría dicho, según se lo escucha contar en la grabación.

Complejo escenario judicial

La potencia de este escándalo, que podría traerle al gobierno consecuencias incalculables, agravó aún más un escenario judicial por demás complicado para la gestión libertaria.

El audio atribuido a Spagnuolo se conoció la misma semana en la que el juez federal Ernesto Kreplak no solo detuvo a las principales autoridades de HLB Pharma en la causa del fentanilo contaminado sino que también apuntó la investigación hacia el Ministerio de Salud a cargo de Mario Lugones, hombre del asesor Santiago Caputo. Hasta hace unos pocos días esa cartera era querellante.

No menos complicado para Milei es el derrotero de la causa $Libra, que obligó a la defensa de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, socios del mandatario en el lanzamiento y la promoción del token sospechado de estafa, a apelar un congelamiento de fondos aparentemente vinculados con posibles pagos a funcionarios públicos.

Como ocurrió en mayo, otra vez el abogado Daniel Rubinovich no solo presentó un escrito para desligar a sus defendidos, también dedicó sendos párrafos a desacreditar la teoría que sostiene que habrían existido pagos de empresarios cripto al presidente o su entorno.

“No se identifican montos, lugares ni destinatarios y se llega al extremo de reconocer que no se sabe si el supuesto pago habría sido al presidente o a un ‘círculo cercano’ nunca identificado”, planteó.

También dijo que “las visitas (de Novelli y Terrones Godoy) a Casa Rosada y Olivos fueron todas registradas oficialmente”. Si bien Milei no tiene designado defensor en la causa está claro que tiene quienes lo defienden.

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Imagen de la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad.

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Una buena y otra malísima

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Por dos votos la Cámara de Diputados no logró los 2/3 necesarios para derogar el veto de Javier Milei a la ley que proponía devolver un 7,2% a los jubilados rebanado por el propio gobierno al asumir. Tampoco se pudo aumentar el bono a los pasivos que cobran la mínima, que se mantiene en 70.000 pesos desde hace más de un año. Hubo 160 votos a favor de rechazar el veto, 83 que lo mantuvieron, y 6 abstenciones después de la feria de negociaciones habitual en las previas a este tipo de definiciones. En este caso los gobernadores absorbidos por el mielísmo jugaron un rol central para garantizar esa diferencia mínima que vuelve a ensañarse con uno de los sectores más postergados de la sociedad.

Esa malísima novedad había tenido como contracara durante la tarde los 2/3 de votos que sí se lograron para tumbar otro despropósito: el veto de Milei a la emergencia en discapacidad. Fueron 172 contra 73 y 2 abstenciones. La votación generó una enorme emoción entre pacientes y familiares que habían concurrido al Congreso para esperar el resultado. Esa presencia fue tal vez la que disuadió a la policía de organizar otra jornada de represión. La emergencia en discapacidad establece la regularización de pagos y la actualización de aranceles con las prestadoras del sistema de salud, garantizar el financiamiento de las pensiones por discapacidad, el fortalecimiento de los talleres y los centros de día y el cumplimiento del cupo laboral, entre otros puntos. Diputados seguía sesionando mientras se difundían los audios del director de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo detallando maniobras de corrupción con los laboratorios para la compra de medicamentos sin licitación, programados desde la cúpula del gobierno.  Algunas escenas de la jornada.

Verónica y Mariel están abrazadas, esperando. Están frente al Congreso de la Nación. A su lado tienen una silla de ruedas gigante, inflable, de colores, que choca contra la valla policial insólita que separa una plaza pacífica de un Palacio encerrado. Alrededor hay voces que salen de celulares que transmiten en vivo la sesión de la Cámara de Diputados. Están por decidir si rechazan o no el veto presidencial a la ley que declara la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027. El temor es que si la oposición no reúne los dos tercios necesarios para rechazarlo, el veto queda firme de manera inmediata. 

Verónica y Mariel son amigas y vinieron de Quilmes por sus hijos. Verónica tiene dos: el de 12 tiene TEA (Trastorno del Espectro Autista) y el de 8, TDAH (Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad). Mariel tiene uno, de 15 años, con TEA. Ambas no entienden cómo pueden estar este miércoles, frente al Congreso, escuchando una sesión por lo más básico y elemental de la vida. “No llegamos a fin de mes”, dice Verónica. “Mi nena hace terapia desde los 3, mi otro hijo desde los 5. Imaginate el costo que sería. Un test psicopedagógico está arriba de los 200.000 pesos y yo soy auxiliar de escuela: gano $530.000”. 

Mariel es ama de casa: “Que el presidente apunte a la casta, no hacia los jubilados y discapacitados que estamos acá”.

Por atrás, la marcha de jubilados de todos los miércoles comienza, y frente al Congreso la expectativa crece.

Están por votar.

Silencio absoluto.

Se escuchan las voces que salen de los celulares, que transmiten ese adentro que está completamente vallado. De pronto, el estallido y la emoción: la Cámara de Diputados acaba de rechazar con 172 votos (73 en contra y 2 abstenciones) el veto. Es un primer paso de dos: para revertir el veto presidencial de forma completa, habrá que reunir dos tercios también en el Senado. 

Verónica y Mariel se abrazan. Entre sí y con el resto. 

Una buena y otra malísima

La emoción y la realidad

Es un abrazo colectivo del que también forma parte Aldana, que trabaja en una “escuela especial”, como la llama. Está notablemente emocionada. Lo dicen sus ojos y las palabras. “Que haya pasado esto es increíble. Demuestra que peleando podemos lograr que no les saquen los derechos a las personas con discapacidad. Porque no son privilegios lo que tienen, son derechos”.

Antes de irse, dirá: “Llegamos a mitad de camino. Pero ahora no nos para nadie”. Y se vuelve a emocionar al mirar que en la concentración de este miércoles hay muchos otros eslabones de una cadena que está luchando en distintas calles contra este gobierno: universidades, trabajadores despedidos, profesionales de la salud del hospital Garrahan (quienes volantean para invitar a un festival el próximo domingo 24 de agosto a las 14 en el Parque Lezama), organizaciones sociales, políticas y sindicales.

Un abrazo de muchos brazos en el que está Silvana, que integra un centro que trabaja con personas con discapacidad. Afirma que la emergencia es vital: “El nomenclador nacional está congelado desde diciembre y no tuvimos ningún aumento de los aranceles. También este año sucedió un recorte de las prestaciones, autorizaron menos cantidad de sesiones y menos tiempo, es decir se suele aprobar desde enero a diciembre las prestaciones de salud y este año autorizaron desde marzo, abril”. ¿Cómo se sigue de aquí en más? “Manifestándose, ocupando las calles, pero sobre todo informando a la gente. Hoy la calle es un noticiero, no tan tendencioso como otros. En la calle está la realidad”. 

Una buena y otra malísima

Un abrazo al que se une Eduardo Ferreira, que está en la plaza por reclamo doble. Además de ser un jubilado (70 años) que cobra la mínima, viene por Noelia, su hija con discapacidad de 37. Lleva un cartel en la mano que dice: “Milei, sos un mono con navaja”. Eduardo cuenta que está “triste” y “estresado” porque la jubilación no le alcanza y porque lo que le dan por su hija “son dos pesos”. Se pone contento con el rechazo al veto a la emergencia en discapacidad e implora que pase con lo mismo con el aumento a las jubilaciones, que se debate también en la jornada de hoy. “Este gobierno empezó mal, sigue mal y no tengo esperanzas que cambie por un motivo claro: el recorte se lo hizo a los pobres. Si se lo hacía a los legisladores, a los jueces, yo mismo lo aplaudía, pero no, están llevando al pueblo a la miseria”.

La emergencia en discapacidad establece la regularización de pagos y la actualización de aranceles con las prestadoras del sistema de salud, garantizar el financiamiento de las pensiones por discapacidad, el fortalecimiento de los talleres y los centros de día y el cumplimiento del cupo laboral, entre otros puntos. 

Campo, autos importados y exterminio

Unos minutos antes de iniciar la sesión en el Congreso, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que el gobierno analizaba un aumento en las prestaciones en discapacidad, acaso como forma de diluir la oposición a veto. Roxana es de Quilmes y junto a ella está su hijo con discapacidad. Dice que la lucha viene “desde hace muchos”, pero que la situación actual llegó a “un nivel terrible”, y que si el gobierno ahora hace promesas es porque “se dan cuenta que están corridos del camino del bien. Porque si van a ajustar a los jubilados, a las personas con discapacidad, con adicciones que han cerrado tantos lugares de tratamiento, lo que están haciendo es un exterminio… un exterminio silencioso”. Y denuncia: “Ellos saben dónde pueden ajustar, pero eligen bajarle las retenciones al campo, sacarle impuestos a los autos importados”. 

Hábeas corpus

Este mediodía, previo al inicio de una nueva marcha, el equipo de lavaca presentó en Tribunales una serie de hábeas corpus preventivos para exigir condiciones seguras para sus cuerpos y la información que se produce durante la movilización de las y los jubilados. Sin embargo, esta vez la noticia no fue la represión, ni las detenciones arbitrarias, ni la prensa otra vez como blanco de la violencia policial. Esta vez llegó desde el Congreso, quizá vaticinando lo que minutos antes se dijo en la radio abierta que todos los miércoles llevan adelante las organizaciones de jubilados: “La única manera de ponerle un freno a este gobierno es ir uniendo las piezas de las distintas luchas”. 

El gobierno, fracasada la maniobra de Adorni de anunciar supuestos aumentos para el sector de discapacidad (para evitar que le tumbaran el veto) dejaba trascender que irá a la justicia para rechazar la decisión del Congreso.

Luego llegó la votación que volvió a atacar y a marginar a los jubilados, que este miércoles marcharon intuyendo que nada iban a lograr. También se iba a votar la extensión de la moratoria previsional, la emergencia para Bahía Blanca, descartada de la ayuda oficial tras el temporal que sufrió a principios de año, y la conformación de la comisión del caso de corrupción Libra.

Continuará…

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