El Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario absolvió a productores acusados por contaminar a los habitantes y al ambiente de Pergamino, pero condenó a dos funcionarios municipales responsables del control y cuidado de la población. Reconoció que esos funcionarios son «el eslabón más bajo» de una cadena de responsabilidades y ordenó investigar hacia arriba a otros funcionarios y al intendente del PRO Javier Martínez “por la falta de compromiso del municipio” en la problemática, que “no puede trasladarse a la salud de las personas como se probó en este juicio”. La absolución de los productores por «falta de dolo» es curiosa: se certificó que Sabrina Ortiz y sus hijos padecieron agrotóxicos en sangre en proporciones hasta 120 veces mayores que las admitidas, y que hasta el agua de Pergamino quedó contaminada con 19 moléculas de pesticidas. Dijo Sabrina: «No hay que quebrarse ante tanta impunidad, las pruebas científicas son contundentes». Las contradicciones del fallo presentan saldos positivos: afirma que la contaminación existió y se mantendrá la medida cautelar que protege a la localidad prohibiendo el uso de agrotóxicos cerca de las familias y los cursos de agua. El caso continuará porque habrá apelaciones para lograr justicia.

Por Francisco Pandolfi

El Tribunal Oral Federal 2 de Rosario dio a conocer el mediodía de este jueves su veredicto en el juicio por delitos ambientales producto de las fumigaciones con agrotóxicos en la localidad bonaerense de Pergamino: se condenó a dos años de prisión condicional a dos ex funcionarios del área de ambiente, Guillermo Naranjo y Mario Daniel Tocalini, por “estar en las antípodas de su deber como funcionarios públicos” por la ausencia de “controles eficaces”.

Sin embargo, se absolvió al resto de los siete acusados: cinco productores, un ingeniero agrónomo y un fumigador, por argumentar que no se demostró el dolo. Tras la sentencia, Sabrina Ortiz, una de las vecinas víctimas y querellantes, expresó: “No se tuvieron en cuenta muchas certezas que conseguimos. No vamos a parar hasta que paren de fumigar, no hay que quebrarse ante tanta impunidad, las pruebas científicas son contundentes. El que me envenenó fue el productor Mario Roses, que vive frente a mi casa. Nuestros cuerpos tienen veneno y está probado. Esta es solo una primera instancia, sabemos que podemos doblar este veredicto y vamos a seguir hasta que dejen de envenenarnos y que se haga justicia”.

Contaminación: los eslabones más bajos

El tribunal, integrado por los jueces Román Lanzón, Elena Dilario y Eduardo Rodrigues Da Cruz, expresó que en este juicio se juzgó sólo a los “eslabones más bajos del municipio”, por lo que solicitó que el Ministerio Público Fiscal investigue el accionar del intendente, Javier Martínez (Pro/Juntos por el Cambio), y otros funcionarios “por la falta de compromiso del municipio” en la problemática, que “no puede trasladarse a la salud de las personas como se probó en este juicio”.

Uno de los abogados querellantes, Carlos González Quintana, le dice a lavaca tras la sentencia: “Todavía estamos acomodando las ideas. Por un lado, es inevitable sentir un golpe por este veredicto que no contempla ninguna arista de lo que se probó en el juicio. El Tribunal absolvió a los productores aduciendo que no se acreditó dolo ni nexos causales, cuando nosotros solo debíamos acreditar la contaminación, el riesgo y el dominio del hecho respecto a la aplicación de agrotóxicos, no necesitábamos ir más allá de eso. El caso estaba claro y simple. La sentencia tiene contradicciones que profundizaremos para revertir el fallo si queda confirmado. De ser así, lo impugnaremos e iremos a la Corte Suprema”.

Por otro lado, Quintana señala puntos positivos: “El Tribunal reconoció la existencia de un polo contaminado en la zona urbana de Pergamino, afirma que la contaminación existió y que fue peligrosa. Además, se mantendrá la medida cautelar que protege a la localidad en el uso de agorotóxicos, o sea, la protección continúa. Y la condena a los ex funcionarios sienta un precedente para el futuro en pos de los mecanismos de prevención y control en zonas urbanas y periurbanas, eso es un avance. Sin embargo, no compartimos que toda la responsabilidad sea de los funcionarios y ninguna de quien fumiga. Por eso el fallo es forzado, dudoso y llamativo».

«Es un tema que no manejo»

El juicio comenzó el 4 de febrero pasado, 15 años después de los primeros signos de enfermedades, pérdida de embarazo y hasta dos ACV de Sabrina Ortiz, como caso testigo de lo que ocurría en Pergamino.

En 2021 publicamos en MU una investigación sobre la contaminación en los cuerpos de las personas, en el agua, en el suelo, y la organización vecinal que puso en evidencia el flagelo.
https://lavaca.org/notas/mu-en-pergamino-la-capital-del-veneno/

«No manejo el tema»

El juicio duró 4 meses y medio e incluyó la declaración de 52 testigos en 16 audiencias de la etapa de instrucción. En los alegatos, tanto la querella como la fiscalía habían pedido penas de hasta cinco años de prisión, como te contamos en esta nota:
https://lavaca.org/medio-ambiente-y-contaminacion/juicio-por-agrotoxicos-en-pergamino-exigen-penas-de-hasta-cinco-anos-de-prision/

En el juicio, no sólo la querella y la fiscalía, sino también la defensa de algunos de los acusados evidenciaron la complicidad del municipio de Pergamino en la contaminación de cuerpos y territorios. Sin embargo, en este juicio no se juzgó a los máximos responsables políticos del municipio gobernado por Javier Martínez, del PRO/ Juntos por el Cambio, desde el 2015.

Javier Arturo Martínez llegó a la intendencia con el fútbol como trampolín, luego de haber sido presidente del club Douglas Haig de Pergamino, que en su camiseta llevaba la publicidad de Monsanto, empresa estadounidense de agrotóxicos comprada por Bayer.
En la investigación realizada, nos comunicamos con Martínez que respondió: “Es un tema que yo no manejo, por otro tema llamame cuando quieras”. Y cortó.
Javier Genoud, Secretario de Producción de Pergamino y la persona indicada para hablar según el intendente, tampoco quiso dar explicaciones. Ellos no fueron juzgados en este juicio, pero el fallo ordena que el Ministerio Público Fiscal los investigue por el delito de contaminación y “por la falta de compromiso del municipio” en la problemática, que “no puede trasladarse a la salud de las personas como se probó en este juicio”.

Desde hace diecisiete años comunidades indígenas y familias campesinas denuncian el accionar contaminante de la estancia Don Panos, del multimillonario Eduardo Eurnekian (Corporación América). Deben alejar el uso de agrotóxicos de la población y fuentes de agua. Se confirmó presencia de agrotóxicos en el ambiente y en el cuerpo de las personas.

Por Mariángeles Guerrero

Agencia Tierra Viva *

www.agenciatierraviva.com.ar

El Poder Judicial de Chaco ordenó fijar límites a las fumigaciones realizadas en un campo del Grupo Eurnekian en las localidades de Pampa del Indio y Presidencia Roca. La Sala I de la Cámara Contencioso Administrativa condenó al gobierno de Chaco y a las empresas Marfra y Unitec Bio por las aspersiones realizadas en cercanías de viviendas y fuentes de agua para consumo humano. El reclamo de las familias campesinas e indígenas que viven en la zona se remonta a 2006. “La sentencia va a ser efectiva en tanto y en cuanto la Provincia se encargue de controlar y el Municipio tome verdadera dimensión y responsabilidad respecto a esto”, advierte Facundo Silvestri, uno de los denunciantes.

Campo Medina y Campo Nuevo son parajes rurales de Pampa del Indio y Colonia San Francisco es un paraje de Presidencia Roca, localidad ubicada a 175 kilómetros al noroeste de Resistencia, en el límite con Formosa. En Campo Medina y Campo Nuevo viven comunidades del Pueblo Qom que se dedican a trabajar la tierra. Desde principios de los 2000 comenzaron a vivir las consecuencias de las fumigaciones realizadas en el campo Don Panos, una estancia de 16.922 hectáreas perteneciente a la empresa Unitec Bio y arrendada por Marfra, ambas firmas pertenecientes al Grupo Eurnekian. La estancia linda con Presidencia Roca y Pampa del Indio, ambas localidades del departamento General San Martín. Según una de las abogadas de los denunciantes, Alejandra Gómez, la primera denuncia por el uso de agrotóxicos se registró en 2006.

Esa primera denuncia formulada por una de las familias no impidió que se continúe echando venenos a las zonas aledañas. Según consta en la sentencia de principios de junio, las fumigaciones se realizaban sin respetar las distancias mínimas de exclusión. Provocaron afecciones a la salud de integrantes de las comunidades, incluyendo niños, personas mayores y mujeres embarazadas; daños sobre huertas y cultivos familiares; mortandad o afectación de animales domésticos y de granja; pérdida de colmenas y disminución de la producción apícola. Además, contaminaron fuentes de agua destinadas al consumo humano y al riego. En 2023, un estudio de la Universidad de Buenos Aires detectó glifosato en los pozos de la zona.

Las juezas Natalia Prato Stoffel y Silvia Varas condenaron a la Provincia a “trazar una línea agronómica en el término de dos días, desde las viviendas de la población rural de Campo Medina, Campo Nuevo y Colonia San Francisco de Presidencia Roca, y que incluya las reservas y fuentes o reservorios de agua de las chacras familiares”. También condenaron a las empresas Marfra y Unitec Bio a no realizar fumigaciones aéreas ni terrestres dentro del área de exclusión a trazar. Además ordenaron que el gobierno provincial cree y ponga en funcionamiento el Registro Epidemiológico y de Estadísticas Sanitarias previsto en el artículo 34 de la Ley Nº 2026-R, sancionada en 2012.

Declararon ilegítima la omisión del Estado provincial de trazar una línea restricción respecto de las viviendas de los asentamientos humanos rurales, y de pozos, aljibes y reservorios de agua de las chacras familiares de Campo Medina, Campo Nuevo y Colonia San Francisco. También consideraron ilegítimo que la Provincia no haya hecho cumplir el artículo 26 de la Ley N° 2026-R, el artículo 38 de la Constitución Provincial y el artículo 41 de la Constitución Nacional, relativos a la protección ambiental.

Una historia de denuncias, amenazas y omisiones

La estancia Don Panos funciona en la órbita de las firmas Marfra (como arrendataria) y Unitec Bio, ambas pertenecientes a la Corporación América del Grupo Eurnekian, propiedad del empresario Eduardo Eurnekian. Unitec Bio se instaló en Chaco en 1995 y ocupa 50.000 hectáreas desmontadas en esa provincia y otras 50.000 hectáreas en la margen norte del río Bermejo, en Formosa, según informó Canal Abierto en 2021. 

Gómez pertenece a la Red de Salud Popular Dr. Ramón Carrillo del Chaco. Comenta a Tierra Viva que, desde la Red, tomaron conocimiento sobre las denuncias que estaban haciendo las comunidades de Campo Medina, Campo Nuevo y Pampa del Indio en 2009. Unas 20 familias habían comenzado a reunirse, en representación de las 120 que vivían en la zona. La primera denuncia databa de 2006 y fue presentada ante el Juzgado de Paz de Pampa del Indio, pero las fumigaciones continuaron.

En 2009, la Red supo que hacía seis años que las familias no podían producir lo que hacían tiempo atrás: ni sus propios alimentos ni incluso algodón, debido a las fumigaciones que se realizaban en Don Panos. «Los biocidas secaban sus cultivos», dice Gómez.

Andrea Tomas es hija de Napoleón Tomas y nieta del último cacique de la comunidad. Napoleón, fallecido en febrero de 2017, fue uno de los primeros en denunciar ante la comisaría lo que pasaba. “La Policía les decía que se trataba de una empresa privada y que no podían hacer nada”, recuerda Andrea.

Con el acompañamiento de la Red de Salud, las familias presentaron notas ante la Legislatura provincial, la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Ambiente y la Defensoría del Pueblo de la Nación. También elevaron una denuncia ante la Fiscalía Penal de General San Martín. Pero esa denuncia, para Gómez, no tuvo el “tratamiento oportuno”. La denuncia se presentó en noviembre de 2010. Llegó 2012 y el fiscal José Sorabella (de la Fiscalía N° 1 de General San Martín) aún no había tomado ninguna medida. Hasta que, en ese año, intervino el defensor del Pueblo, Gustavo Corregido. El Defensor fue a la Fiscalía y, ese mismo día, Sorabella dictó una medida cautelar pero que protegía a una sola de las familias denunciantes.

En 2012 se sancionó en Chaco una nueva ley de biocidas, que estableció distancias para la fumigación aérea y terrestre. Pero la línea agronómica quedó establecida desde los centros urbanos, sin tener en cuenta a la población dispersa que habita en la ruralidad. “Durante un tiempo, después de un compromiso asumido ante la Defensoría del Pueblo de Chaco, la Defensoría del Pueblo de la Nación, la Subsecretaría de Ambiente y las comunidades, se respetaron esas distancias”, comenta Gómez. Las familias comenzaron entonces un proceso de recomposición de sus sistemas productivos. Pero en 2018, en Don Panos volvieron a fumigar. La situación se intensificó a principios de 2021. Las familias de Campo Medina y de Campo Nuevo decidieron presentar una acción de amparo ante la Cámara Contencioso Administrativa de Resistencia en junio de ese año.

Cuando empezaron con las denuncias llegaron también las amenazas. “Durante la pandemia hubo casos de violencia en los que tuvimos que intervenir y  las familias afectadas eran las que habían firmado la acción de amparo o las primeras denuncias contra la empresa”, agrega la abogada. 

Tomas relata: “Mi padre era agricultor, pero con el pasar de los años sus cultivos se fueron dañando. Las fumigaciones afectaron la tierra, el agua, la cría de animales. En esa época, la avioneta que fumigaba pasaba muy cerca de nuestra casa. Teníamos dolor de estómago. Todo eso era frecuente”.

En referencia a su padre, rememora: “Él nunca se rindió con esto. A pesar de que nunca les tomaban las denuncias, él seguía reuniéndose con las demás familias para lograr más apoyo a la causa”.

Viento envenenado

La primavera de 2021 fue atípica en el centro de Presidencia Roca. El 21 y 22 de octubre las hojas marchitas de los árboles quedaron tendidas sobre el asfalto de la avenida. Empezaron las preguntas. Y también los dolores: varias personas debieron ser atendidas por problemas respiratorios.

Facundo Silvestri era concejal. En aquellos días había ido al campo a ayudar a un amigo con un tractor, cerca de Don Panos. “Escuchábamos y veíamos el avión de fumigaciones que andaba rondando por la Colonia San Francisco, históricamente perjudicada por las fumigaciones. Nos preocupó mucho porque nuestra planta de agua está a cielo abierto”, recuerda.

Tanto él como otro concejal, Constancio Gómez, presentaron una medida cautelar y una acción de amparo por esa fumigación. Silvestri dice que sintió miedo “porque nosotros ya tenemos unos años, pero nuestros hijos, nuestros nietos pueden tener problemas de salud con el tiempo”. Realizada la presentación judicial, hubo mediaciones con los abogados de la empresa. A través de la investigación, comenta Silvestri, se pudo constatar que no tenían la autorización del municipio ni habían presentado los requerimientos para poder fumigar en cercanías a la localidad. A la presentación de los concejales, se unieron después 30 personas más.

“Esto no solamente ocurrió en ese año. Ya venía ocurriendo, nada más que no afectaba al pueblo. Siempre afectaba a la colonia que es vecina a los campos de ellos”, dice el denunciante. Consultado sobre si recibieron amenazas, dice que no; pero agrega: “Con nosotros pretendieron llegar a un acuerdo económico para que no se avance con el proceso judicial”.

Gómez agrega que las fumigaciones de aquellos días eran aspersiones aéreas que se hicieron respetando las distancias, pero no las condiciones climáticas. “En este momento se estima que el viento soplaba a 16 o 20 kilómetros por hora”, recuerda.

Como consecuencia de las presentaciones de los concejales, se prohibieron las fumigaciones al establecimiento Dos Panos en noviembre de ese año. El Superior Tribunal de la provincia hizo lugar al amparo y ordenó acumular esa causa con la denuncia previa que se había presentado desde Pampa del Indio.

“Después se flexibilizó esta medida, autorizando que se realicen las fumigaciones pero con un control estricto de la Subsecretaría de Ambiente de la provincia para que no tengan las pérdidas económicas por las 16.000 hectáreas de algodón que habían sembrado”, refiere.

Tomar agua con glifosato

Tomas relata que en el pueblo solo había dos lugares de los que se podía sacar agua para beber: una canilla en la escuela y otra en el puesto sanitario. Un informe de 2023 sobre la Calidad del Agua y del Suelo elaborado por el Grupo de Extensión Universitaria Impenetrable Chaqueño de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA y Conicet), suscripto por la doctora María Alcira Trinelli y la licenciada Vanina Lombardi, constató que el 90 por ciento de las muestras relevadas en las localidades del área no son potables conforme al Código Alimentario Argentino. 

El estudio detectó presencia de glifosato en el agua del pozo de un domicilio rural de Campo Medina en concentración de 88,5 ng/ml (nanogramos por mililitro) —la más alta del muestreo—, en la laguna de Campo Nuevo (2,2 ng/ml), en el Río Bermejo (2,6 ng/ml), en el Río Guaycurú (2,6 ng/ml) y en el agua de red del Centro Integral Comunitario de Presidencia Roca (3,3 ng/ml).

El informe de la UBA-Conicet vinculó la presencia de glifosato en el 55 por ciento de las muestras con las pulverizaciones del año 2021, y recomendó no utilizar el agua de pozo en Campo Medina por su elevada carga de microorganismos y glifosato.

Además, el Informe del Proyecto SPRINT elaborado por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) con financiamiento de la Agencia Ejecutiva de Investigación de la Unión Europea detectó en muestras biológicas humanas de los propios actores rangos de 2 a 10 plaguicidas en sangre, 6 a 13 en orina, y de hasta 18 en materia fecal, con detección de atrazina, DDT y sus metabolitos, dieldrín, hexaclorobenceno, lindano y glifosato. El INTA prohibió la difusión de los resultados del relevamiento.

En el pueblo, dice Tomas, había enfermedades: dolores de estómago, abortos espontáneos. También las yeguas y las vacas perdían sus crías. Cuando se descubrió que el agua estaba contaminada, muchas familias comenzaron a reclamar agua potable. Al no tener respuestas, cortaron la ruta. “Fue un proceso bastante complicado, porque era algo vital reclamar por agua saludable, pero nunca obtuvieron una respuesta rápida por parte del municipio”, asegura.

También en esa oportunidad amenazaron a los manifestantes y detuvieron a varias personas. Finalmente, la movilización logró que el Municipio lleve agua a las familias. Primero, a través de camiones de agua y luego mediante un acueducto y conexión domiciliaria. “Fue difícil para las personas que estuvieron al frente de esos cortes porque la Policía intervino con balas de goma y muchos salieron lastimados”, señala.

El reciente fallo judicial advierte que “la falta de delimitación de zonas de resguardo en torno a fuentes de agua destinadas al consumo humano implicó un incumplimiento del deber de prevención (…) y una vulneración del principio precautorio, al no haberse actuado frente a un riesgo cierto y científicamente respaldado de afectación a la salud y al ambiente”.

Y agrega: “A ello se suma que la omisión de considerar los pozos de agua como puntos de especial protección configura una interpretación restrictiva e irrazonable del régimen normativo, que desatiende la finalidad de la ley y desconoce la realidad fáctica del territorio, donde tales fuentes constituyen el único medio de acceso al agua”. 

Después de la sentencia

Gómez destaca que este proceso de denuncias movilizó a las comunidades, a las familias, vecinos y vecinas del lugar y generó la puesta en debate del sistema productivo y de la expansión de la frontera agrícola. Inclusive, algunas familias recibieron capacitaciones y algunas de ellas hoy están produciendo algodón agroecológico. Sin embargo, marca el tiempo que pasó entre las denuncias y esta sentencia. Y advierte sobre el desafío de aquí en más: que el gobierno de Chaco implemente lo que dictaminó el Poder Judicial. Si bien la empresa tiene tiempo para apelar, la abogada indica que el fallo ya puede ejecutarse.

“La omisión del Estado es con respecto a todas las zonas rurales de la provincia. En estas localidades hubo gente que reclamó. Pero hay otras localidades o parajes que están expuestos también a las fumigaciones y no están protegidos de acuerdo a lo que establece la ley provincial, porque el Gobierno aún no estableció las zonas de exclusión”, dice Gómez.

El 19 de marzo se conoció un fallo similar en Chaco, por fumigaciones en la localidad de Campo Largo. La resolución es similar a la de esta sentencia. «Pero la Provincia no informó si ya comenzó a delimitar las zonas de exclusión y a crear el registro epidemiológico. Y estamos hablando de casi tres meses. Se hace muy difícil que se ejecuten las sentencias en los plazos y tal como lo ordena la sentencia», concluye la abogada Gómez.

*Esta nota es parte de la articulación de la Unión de Medios Autogestivos (UMA): El Ciudadano (Rosario), Revista Cítrica (Buenos Aires), El Diario del Centro del País (Villa María), Tiempo Argentino (Buenos Aires), Lavaca y Revista MU (Buenos Aires), Agencia Tierra Viva (Buenos Aires) y Lawen Documental (Buenos Aires).

Comenzaron los alegatos de un proceso judicial histórico en el que el Tribunal Federal 2 de Rosario juzga a dos ex funcionarios del municipio bonaerense de Pergamino y a cinco productores agropecuarios, además de un fumigador y un ingeniero agrónomo. La querella solicitó penas que van de tres a cinco años de prisión efectiva para los agricultores, acusados de contaminar la salud humana y el ambiente. La fiscalía estuvo en sintonía con la querella: pidió dos años de ejecución condicional para los ex funcionarios, y entre tres y cuatro para los dueños de los campos, además de exigir el decomiso de los inmuebles donde hicieron las aplicaciones ilegales. El pasado de uno de los abogados defensores como ex juez de menores en la dictadura.

por Francisco Pandolfi

Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org

–Pruebas y certezas del daño que hacen los agrotóxicos, sobran. Y seguiremos luchando hasta que nadie más sufra sus consecuencias, nunca más.

Así habló Sabrina Ortiz en la puerta del Tribunal Oral Federal 2 de Rosario, minutos después de haber terminado los alegatos de la querella –de la que ella es parte– en un juicio sin precedentes en Argentina: están sentados en el banquillo de los acusados productores (Fernando Cortese, Mario Roces, Víctor Tiribó y los hermanos Carlos y Hugo Sabatini), un ingeniero agrónomo (José Luis Grattone), un fumigador (Cristian Taboada) y –lo que resulta extraordinario por lo inédito– funcionarios que debían controlar las pulverizaciones en el municipio de Pergamino: Guillermo Naranjo y Mario Daniel Tocalini.

Las querellantes Alejandra Bianco y Sabrina Ortiz, en la puerta del juzgado junto a sus abogados Carlos González Quintana y Fernando Cabaleiro. Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org

Desde 2007 Sabrina comenzó a denunciar: la fumigaban a 10 metros de su casa en el barrio Villa Alicia. Fue comprendiendo la mecánica de cultivos transgénicos, fumigaciones, contaminación, enriquecimiento de productores y enfermedades para la población expuesta. En 2011 alzó más la voz, cuando las fumigaciones la intoxicaron y le hicieron perder su embarazo de seis meses. 

Luego sufrió dos ACV. 

Luego se confirmó que tanto ella como sus pequeños hijos tenían agrotóxicos en sus cuerpos, lo que explicaba las enfermedades que padecían. 

Luego, ante la ausencia de abogados que tomaran su caso, empezó a estudiar derecho y se recibió en 2018, cuando inició la causa penal (Cortese Fernando Esteban y otros s/envenenamiento). El 4 de febrero pasado –8 años después–, empezó este juicio que incluyó la declaración de 52 testigos en 16 audiencias de la etapa de instrucción, y que acaba de entrar en la recta final: los alegatos.

Pruebas de sobra

El turno de la querella ocurrió este miércoles 27 de mayo. En la sala, Sabrina parece calma, confiada. Y un poco cansada. Cada tanto, hace anotaciones en un papel. “Se hizo eterno todo este proceso”, le dirá luego a lavaca. Junto a ella está Alejandra Bianco, también víctima, querellante y vecina. Los abogados Carlos González Quintana y Fernando Cabaleiro tomaron la palabra por casi tres horas. Algo de lo mucho que explicaron para fundamentar la acusación. 

–Probamos las responsabilidades penales concretas de los acusados y sus delitos hacia el ambiente –agua, aire y suelo– y a las personas expuestas. Demostramos que no fueron hechos aislados sino una práctica sistemática y catastrófica para la salud física y emocional; el veneno ingresaba por las hendijas de las casas, cerraduras, canillas, haciendo un cóctel terrorífico de moléculas de agrotóxicos con altísimo grado de peligrosidad en barrios sometidos a una exposición crónica.

–Esto lo confirmaron pruebas obtenidas de pericias rigurosas y testimonios de científicos que atestiguaron, como el doctor en ciencias químicas Guillermo Hough: certificó que en los pueblos fumigados hay una prevalencia de cáncer del 36% más que en otros territorios.

–En este juicio, además de enfermedades también hablamos de muertes, como la hija de Paola Díaz –una de las vecinas denunciantes– que murió de leucemia a los 11 años; o de Florencia Morales, vecina fallecida en 2023. Los productores tenían conocimiento de que estaban enfermando.

–Nos hubiera alcanzado con mostrar la distancia que no cumplían (la ordenanza vigente en ese entonces era 100 metros de exclusión desde el área urbana), pero fuimos más allá y nos sobró prueba para demostrar la vinculación directa entre las fumigaciones y el daño, lo que encamina a este juicio a sentencias condenatorias.

Reducción de daños

–El municipio de Pergamino quiere volver a la ordenanza que limitaba las fumigaciones a 100 metros de distancia del ejido urbano y descartar la prohibición actual de 1095 metros, ordenada por una medida cautelar. Desde que rige esa orden judicial hubo una reducción drástica de agrotóxicos en cuerpos y ambiente. Pedimos que este tribunal se expida en contra de esa regresión y que la medida cautelar vigente se amplíe a todas las escuelas rurales.

–La ahora ex secretaria de Salud de Pergamino, María Martha Perretta, confesó que el municipio no cumplió ninguna ordenanza en el cuidado del ambiente. 

–Las fumigaciones se hicieron en una clandestinidad total, de madrugada, fuera de toda legalidad, a diez metros de las viviendas, sin recetas agronómicas y sin avisar cuándo fumigaban. Así trabajaban los productores juzgados, y así también quienes debían controlarlos.

–Guillermo Naranjo era el director de la Dirección de Ambiente Rural de Pergamino y en el juicio confesó que en muchas ocasiones no iban a controlar (junto al auditor Mario Tocalini) porque ya había un ingeniero agrónomo contratado por el productor. O sea, admitió que el poder de policía del Estado se lo otorgaban a un particular. Así quedó demostrado la discrecionalidad de los funcionarios y que no hubo eficacia en el control; cada productor hacía lo que quería con las aplicaciones.

Los jueces Román Pablo Lanzón y Eduardo Daniel Rodrigues Da Cruz y la jueza Elena Beatriz Dilario. Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org

50 y 50

Detrás de donde me siento a escuchar la segunda jornada de alegatos, cuatro mujeres preguntan por el medio de comunicación en la se publicará esta nota. A su modo, ejercen la defensa de los imputados. 

–¿Vas a cubrir también lo que diga el alegato de la defensa? Porque esto es un cincuenta y un cincuenta, eh…

Lo que alegó la fiscalía

La audiencia de este jueves comenzó con el alegato del Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Federico Reynares Solari. 

–En la inspección ocular realizada en Pergamino, vimos la ósmosis entre los campos y las viviendas. Me llevó a pensar cómo vivieron los vecinos fumigados tanto tiempo ahí, porque la Justicia llegó con los hechos ya sucedidos. Para que el discurso de las víctimas haya llegado a juicio, queda claro la potencia que tiene, porque las condiciones de producción de ese discurso eran adversas.

–El municipio de Pergamino, además de querer deslegitimar el reclamo, no tuvo en sus prioridades la gestión ambiental. Y la respuesta penal tampoco fue la adecuada: esto empezó en 2018, se podía haber tratado antes, hubiese sido más sano para todos.

–Quedó claro que se superó el estándar de peligrosidad para el ambiente y eso generó una eclosión en los cuerpos de las personas. No hay explicación alternativa. El daño genético que tiene el hijo de Sabrina Ortiz no lo causó el haber tomado detergente del pico…

–No hay ninguna evidencia científica que vaya en la dirección contraria al planteo de las víctimas. Hubo un desprecio por la salud humana y lo peor no fue el uso de agroquímicos, sino el no tener en cuenta a las personas que podían hacerles daño. Las personas juzgadas son personas expertas en sus rubros, no hubo error, sabían lo que hacían.

Pedido de condenas

La querella solicitó 5 años de prisión efectiva y 10 de inhabilitación profesional para los productores Fernando Cortese y Mario Roces y para el ingeniero agrónomo José Luis Grattone, sobre quien se subrayó su conocimiento técnico y profesional como agravante. A Cortese le atribuyeron un rol central en las fumigaciones, además de haber amenazado al papá de Sabrina Ortiz. A Roces lo acusaron de amenazas, hostigamientos y de haber asesinado al perro de Sabrina, como forma de amedrentamiento. Pero Sabrina no se calló.

Para Víctor Tiribó se solicitó una pena de 4 años de cárcel efectiva –y no 5–, “por ser el único con una postura reflexiva ante las denuncias y haber dejado de producir con venenos en su campo”. 

A los hermanos Carlos y Hugo Sabatini –por habérseles probado un solo hecho de contaminación– se les pidió 3 años y el doble de inhabilitación para producir. Para el fumigador Cristian Taboada no se exigió condena por trabajar al servicio de un productor y tener un rol secundario.

La fiscalía estuvo en la misma sintonía con la querella, aunque un escalón por debajo: pidió dos años de ejecución condicional para los ex funcionarios, y entre tres y cuatro para los agricultores, además de exigir el decomiso de los campos donde hicieron las aplicaciones ilegales y de las máquinas fumigadoras. “No es una mera sanción económica el decomiso de los inmuebles, sino una reconversión ambiental, una eco recuperación y una manera de neutralizar una fuente de peligro”, explicó el fiscal Reynares Solari. 

A los ex funcionarios del municipio de Pergamino, Guillermo Naranjo y Mario Tocalini, titular y auditor de la Dirección de Ambiente Rural, 2 años de ejecución condicional y 4 años de inhabilitación. No se pidió prisión efectiva por considerar que estaban insertos en un distrito “que no tenía una política activa en prevención de los hechos”.

Un defensor ex juez en la dictadura

Al finalizar el alegato de la fiscalía, comenzó el de la defensa. Tomó la palabra el abogado Juan Carlos Marchetti, que patrocina a cinco de los acusados: los productores Sabatini, el fumigador Taboada y los ex funcionarios Naranjo y Tocalini. En su intervención, dijo que anteriormente fue juez. En efecto, fue juez de Menores de la ciudad bonaerense de San Nicolás durante la dictadura, y quien impidió durante veinte años que Manuel Gonçalves Granada (nieto 57 restituido) conociera su identidad tras entregarlo en 1977 a amigos del marido de su prima.

El abogado delante de los imputados. El Dr. Juan Carlos Marchetti fue juez de la dictadura. Impidió durante dos décadas la restitución de identidad a un nieto desaparecido. Es abogado además de corporaciones fabricantes de agrotóxicos. Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org

Marchetti, además, representa jurídicamente a la empresa Atanor, la principal productora del país de tres herbicidas tóxicos –glifosato, atrazina y 2,4D–, con la que contaminó el río Paraná. https://lavaca.org/mu181/tuve-tu-veneno-contaminacion-en-san-nicolas/

Ilustrados

Marchetti pidió la absolución para sus cinco defendidos. Dijo que no hubo delitos y que las acusaciones parten de premisas falsas.

Para defender a los ex funcionarios, echó la culpa hacia arriba, al municipio gobernado por Javier Martínez, del PRO/ Juntos por el Cambio, desde el 2015. Dijo que trabajaban con precariedad de recursos, que eran solo dos personas y tenían un auto para moverse en 10 mil hectáreas que abarcaba la prohibición de las fumigaciones. No podían evitar la acción del productor, había una imposibilidad material. Además, tenían sueldos exiguos”. Y agregó que hoy mejoró el resguardo del ambiente: ya no hay dos personas en el área, ahora hay tres.

Para defender a los productores y al fumigador, Marchetti –traje gris oscuro, brilloso, camisa, corbata, peinado raya al costado– usó una misma palabra: “ilustrado”. “Señores jueces, deben verle las manos a los hermanos Sabatini, no hay ilustración. Es el perfil de la gente honesta, sana, incompatible con un acto de malicia”. Sobre Taboada: “Es un hombre simple que seguía instrucciones, trabajador, un peón de campo no ilustrado”.

Para que no se vuelva a repetir

Como cierre del alegato querellante, el abogado Carlos González Quintana resumió:

–La sentencia puede ser histórica, crear un precedente, una doctrina para que no se vuelva a repetir y no llegar siempre con los hechos consumados. Tuvimos testimonios, pericias, documentos, una convergencia de vecinas y vecinos de distintas clases sociales denunciando la misma práctica, expuestos por más de una década bajo la responsabilidad de los acusados. 

Y compartió una estrofa de la canción Preguntitas sobre Dios, de Atahualpa Yupanqui.  

Hay un asunto en la tierra

Más importante que Dios

Y es que naide escupa sangre

Pa’ que otro viva mejor

Y es que nadie escupa sangre

Pa’ que otro viva mejor.

La canción fue una premonición en muchos sentidos. Yupanqui era pergaminense, como Sabrina Ortiz y tantas madres de barrios fumigados, y tantas vecinas y vecinos que esperan el veredicto que se calcula se conocerá a mediados de junio.

Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org