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Mendoza: liberaron a dos asambleístas detenidos por oponerse a la megaminería

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Mauricio Cornejo y Federico Soria (ambos en la imagen principal), integrantes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, Mendoza, fueron liberados este jueves al declararse incompetente en la causa la jueza Claudia Tula, que derivó el caso a la justicia federal. El abogado de la asamblea consideró la medida “una muestra de imparcialidad y de no dejarse intimidar por el poder político de Mendoza”. La detención de Cornejo ocurrió el 24 de febrero y la de Soria el 31 de marzo, por supuestamente “pertenecer a un grupo que quiere imponer sus ideas mediante la violencia”. El nivel de falsedad de este tipo de acusación en esta causa armada es tan profundo como los negocios y negociados que esconde la alianza entre el gobierno provincial y las mineras. La provincia cuenta con una ley, la 7722, que impide las actividades que destruyen el ambiente, contaminan y ponen en riesgo el principal recurso de vida: el agua. Distintos gobiernos intentaron anular esa ley, defendida en las calles y las rutas por la sociedad mendocina. Detalles sobre el caso, un abuso que intenta eliminar justamente la oposición de las comunidades. Las voces de los asambleístas al quedar en libertad.  

Por Francisco Pandolfi

(Fotos publicadas por el sitio biencuyano.com.ar y lavaca.org )

Nora Moyano, de la Asamblea de las Heras por el Agua Pura de Mendoza, dice a lavaca: “Los compañeros se bancaron la cárcel sin ningún tipo de queja, impresionante la actitud de valentía y coraje de ambos. Hoy fue un día maravilloso, al que llegamos porque la única lucha que se pierde es la que se abandona y nosotros no abandonamos ni un minuto esta lucha”. Está emocionada, minutos después de que después de que Mauricio Cornejo y Federico Soria fueran dejados en libertad.

Para comprender la celebración de Nora, que es la de tantas y tantos, hay que comprender una larga historia.

Mendoza: liberaron a dos asambleístas detenidos por oponerse a la megaminería

Incompetencia

En Uspallata, Mendoza, hay un mural. Hay un mural grande, colorido. Un mural que dice Uspallata unida por el agua. Y que no a la Megaminería contaminante. Y que el agua no es un negocio y que la ley 7722 (que regula la actividad minera, prohibiendo el uso de sustancias tóxicas para el cuidado del ambiente y el agua) no se toca. 

Este mural tiene su contexto, que mirado con el prisma del presente ameritaría una actualización, con una consigna que hoy vociferan –con rabia y urgencia– desde la asamblea de vecinos autoconvocados de Uspallata: “Basta de persecución”.

El pedido también era el de “Liberación de los injustamente detenidos Mauricio Cornejo y Federico Soria”, pero esta mañana fueron dejados en libertad luego de que la jueza a cargo de la causa, Claudia Tula, se declarara incompetente y derivara el expediente a la Justicia Federal. Mauricio y Federico, presos por manifestarse contra el nuevo intento de instalación del proyecto megaminero San Jorge, continuarán procesados.

Cuando el “no”, no se entiende

Uspallata queda al noroeste de Mendoza, en el departamento de Las Heras. A 120 kilómetros de la capital provincial y a 62 del majestuoso cerro Aconcagua. En Uspallata el gobierno mendocino se obstina en imponer (ahora junto a la empresa multinacional Solway Holding) un proyecto minero de cobre, oro y plata, sin el aval del pueblo y pese a la vigente Ley 7.722. Al proyecto minero San Jorge (PSJ) quieren instalarlo desde 2007 y una y otra vez se toparon con el “no” de la gente. 

Y este año no está siendo la excepción. Aunque cambiaron los métodos y la correlación de fuerzas. Con la luz verde del gobierno nacional, impulsada por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el tándem gobierno mendocino y empresariado minero avanzó sin frenos. Lo describe la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC): “Estamos en un momento crítico. El avance del fascismo global y regional ha envalentonado a los violentos que avanzan sobre territorios, comunidades y pueblos. Vienen por el oro, vienen por el agua, vienen por todo. En Mendoza, una provincia que posee leyes en vigencia relacionadas con la protección del agua y restrictivas para la megaminería, dos compañeros asamblearios fueron detenidos por el aparato jurídico del gobierno provincial, por haberse manifestado en contra del avance minero sobre los territorios y las leyes”.

Armar la causa

Hace un par semanas contamos en lavaca la persecución que denunciaban las asambleas ambientales mendocinas desde fines de enero https://lavaca.org/notas/megamineria-patotas-y-cornejo-junto-a-milei-la-asamblea-de-uspallata-resiste-al-proyecto-san-jorge/, cuando se inauguró en Uspallata una oficina de la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros. En ese acto acudieron empresarios del sector, legisladores y funcionarios provinciales y municipales, así como el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, acompañado por la patota de la UOCRA. “Defender el agua y los bienes comunes no es delito. Delito es llevar a la patota de la UOCRA a pegarle a los vecinos”, denunciaron en aquel momento junto a “una serie de allanamientos a integrantes de la asamblea, cristalizada en detenciones y causas completamente armadas”.

Mendoza: liberaron a dos asambleístas detenidos por oponerse a la megaminería

El abogado de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, Marcelo Romano, informó al conocer el fallo: «La jueza Tula, en una muestra de imparcialidad y de no dejarse intimidar por el poder político de Mendoza, ha decretado que los delitos por los que el gobierno y las mineras persiguen a nuestros compañeros Federico y Mauricio son incompetentes para ser juzgados por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia. Por eso el Procurador y el fiscal Sánchez, van a tener que explicarle a los mendocinos por qué han tenido encerrados en condiciones inhumanas a los inocentes que el único delito que han cometido es defender el agua de todos”. Y agregó: “No somos terroristas los que defendemos el agua. Vamos a seguir teniendo razón, porque lo único que queremos es proteger las fuentes hídricas para las próximas generaciones, hoy técnicamente lo que se ha definido es que el fiscal Sánchez no puede seguir teniendo presos a nuestros compañeros porque no es competente para investigarlo”.

Presos políticos 

Los asambleístas Mauricio Cornejo y Federico Soria fueron acusados de “pertenecer a un grupo que quiere imponer sus ideas mediante la violencia”, e imputados por el delito de coerción ideológica. 

La detención de Cornejo fue el 24 de febrero y la de Soria el 31 de marzo. Desde la UAC afirman: “Fueron detenidos por órdenes de un gobierno que se ha propuesto avanzar con los proyectos mineros a cualquier costo. Estos actos de criminalización desnudan que los poderes corporativos globales, a través de sus delegados regionales como el gobernador de Mendoza, utilizan represión y encarcelamiento para imponer proyectos como el de Minera San Jorge, de oro y cobre a cielo abierto”.

Antes de ser detenido, Federico Soria (Técnico Químico Industrial, técnico Superior en Conservación de la Naturaleza, licenciado en Turismo y técnico profesional de la Administración de Parques Nacionales (APN) desde 2007, había expresado: “Denuncio persecución ideológica, intimidación pública y daños culposos a mi salud psíquica y física. Estoy siendo perseguido tanto por el Gobierno de Mendoza, como por la Administración de Parques Nacionales (en ambos casos de manera decididamente coordinada), por ser integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, así como por estar en contra de la Minera San Jorge y proponer como alternativa la creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas”.

Federico está diagnosticado por profesional médico con ataques de pánico, crisis depresiva, trastorno de ansiedad generalizado y palpitaciones cardíacas, refrendado con certificación oficial expedida por una junta médica del Ministerio de Salud de la Nación. Hoy, tras salir en libertad condicional bajo fianza, compartió sus sensaciones y su mirada al futuro: “Sigamos luchando, no le tengamos miedo al gobierno y a sus instituciones y grupos paraestatales violentos y sigamos luchando por el agua pura y principalmente por el Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, que fue la razón por la cual terminé preso. Adelante y digamos bien fuerte no a la minera San Jorge”.

Mauricio, megáfono en mano, también se pronunció tras salir en libertad: “No nos van a callar jamás, el agua de Mendoza no se negocia y acá estamos peleando por la libertad”. 

Mendoza: liberaron a dos asambleístas detenidos por oponerse a la megaminería

Causas y consecuencias

Federico subraya los motivos de su detención: “Han inventado una denuncia en mi contra, sin pruebas concretas o empíricas, sin testigos, presentada por Edgardo Vera, presidente de la Cámara Minera de Uspallata, y ejecutada por el fiscal Juan Manuel Sánchez y la jueza Claudia Tula, que responden partidariamente al gobierno provincial. Buscan destruirme psíquica y físicamente como persona; y escarmentar a mis compañeros y desacreditar los reclamos y propuestas alternativas que viene llevando la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de

Uspallata”.

Agrega sobre las autoridades responsables: “Vienen profiriendo sobre mí cataratas de agravios, calumnias, injurias e intimidación pública, a través de medios masivos de comunicación pautados, sin darme en ningún caso derecho a réplica, con el claro objetivo de relativizar, invisibilizar, censurar, desacreditar y en última instancia anular, de manera coercitiva y coactiva mis reclamos genuinos y fundados técnica, científica, jurídica y legalmente, en contra de la explotación de Minera San Jorge”.

Desde la UAC plantean otra arista sobre el proyecto San Jorge, no menor para comprender con qué bueyes se ara: “Tiene una larga historia de existencia y de resistencia. Desde las primeras exploraciones en la década del 60, pasó por diversos grupos empresariales; los últimos movimientos fueron en 2019, cuando Solway Investment Group -grupo minero y metalúrgico con sede en Suiza- quedó como único propietario; y en 2024 cuando la titularidad pasó a Zonda Metals GmBH, parte del grupo Solway, y al Grupo argentino Alberdi, ambos con denuncias de prácticas de corrupción y violación de derechos humanos en otros lugares del mundo”.

Una cacería legalizada

Las comunidades piden que el foco principal sobre las causas de las detenciones de Mauricio y Federico se ponga en el artículo 213 bis del Código Penal. Eugenia Segura es compañera de ambos en la Asamblea de Uspallata. “La figura penal convierte a la protesta y organización en terrorismo; no importa si hacés algo que esté o no contra la ley, pueden imputarte si suponen que otra persona hizo algo ilegal y es de tu organización, algo totalmente inconstitucional. Hay que frenar esta cacería humana que es el artículo 213 bis, donde pueden llevarse preso a quien quieran por cualquier desmán que cometa otra persona, y acusar de terroristas a pacifistas y ambientalistas, y a la gente que sueña con un mundo mejor”.

El artículo 213 bis fue incorporado al Código Penal en 1984 y enmarca al delito denominado de “prepotencia ideológica”, hacia quien “comete, organiza o toma parte en agrupaciones que tengan por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”. La pena es de 5 a 15 años de prisión.

Eugenia agrega con toda la impotencia que lleva y toda la serenidad que requiere el momento: “Lo que se repite siempre es la estupidez, la corrupción, la codicia. Con distintos grados de violencia y distintos grados de crueldad, según la legislación vigente en cada provincia, y el

umbral de tolerancia a la violencia de cada sociedad. Esa raya colectiva que marcamos para decir de acá no te pasás. Llamale estado de derecho, derechos humanos, llamale una justicia pura como el agua que defendemos. Llamale como quieras, no había nada más injusto que el Fede y el Mauri estuvieran presos. Dos seres excelentes, a merced de una denuncia delirante, bancada por seres en los que es evidente la crueldad y la violencia. No pueden imponer sus ideas o combatir las ajenas si no es por medio de la violencia y el terror”.

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Un paro para apagar la motosierra

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“Fue la medida de fuerza más grande contra el gobierno de Milei y la de mayor adhesión”. Así lo describe Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, a lavaca. La CGT y las dos CTA protagonizaron este jueves un paro que dejó calles, vías, subtes y aeropuertos semi vacíos, con la UTA como el gremio que se “cortó solo” e hizo andar a los colectivos. Qué piensan sindicalistas y los trabajadores de la situación laboral en la era Milei. Los despidos, la balanza a favor del empleador, y las paritarias fantasma. Los salarios por el piso. La inflación silenciada. La lección de los jubilados. Y el paro como forma de moverse: “Hay que aprovechar el envión”.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla

Después de movilizarse el miércoles junto a las y los jubilados (https://lavaca.org/), la CGT realizó su tercer paro general en lo que va de la era Milei, con la adhesión de las dos CTA y otros gremios. “Fue la medida de fuerza más grande contra el gobierno de Milei y la de mayor adhesión” asegura a lavaca Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Nacional. “A partir de ahora se terminó: no hay lugar para más ajuste dentro del Estado, esta medida de fuerza tiene que apagar la motosierra”.

Un paro para apagar la motosierra

Fotos: Lina Etchesuri y Juan Valeiro de lavaca.org, obtenidas en la marcha del miércoles, de apoyo del sindicalismo al reclamo de jubilados.

¿Diferencias con los paros anteriores? “Hace un año la gente no se animaba a hablar o muchos estaban en contra de la medida. Ahora hubo un consenso muy amplio y no solo en la Capital Federal sino en todo el país, que demuestra un creciente y silencioso rechazo al autoritarismo de este gobierno”.

La Confederación General del Trabajo sintetizó en un comunicado las razones del paro: “El ajuste cayó sobre trabajadores y jubilados, mientras el sector financiero multiplicó obscenamente sus ganancias”.

Se refieren a esto:

  • Hubo más de 40 mil despidos en el sector público desde que asumió Milei.
  • Más de 119 mil fuentes de trabajo perdidas en el sector privado. El menor poder de compra por la caída de los salarios. 
  • La eliminación de la multa a las empresas que no registren a sus trabajadores. 
  • La no homologación de paritarias.
  • La apertura de importaciones. 
  • La precarización laboral que profundizó la Ley Bases con la figura de “colaboradores”. 
  • La restitución del impuesto a las ganancias a más de 800 mil trabajadores. 
  • La ampliación del periodo de prueba en un empleo. 
  • El reemplazo de la indemnización por el Fondo de Cese Laboral que allana el terreno para los despidos. 

Desde la lavaca hablamos con ocho gremios –secretarios generales y obreros de base– para entender el por qué, el para qué y lo que sigue tras esta huelga general.

Un paro para apagar la motosierra

No comer vidrio

Roberto Merlino es el secretario adjunto del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y afines de la República Argentina (SEIVARA). Dice que el paro se dio “por una cuestión lógica, en defensa de los derechos de los trabajadores, que cada día se deterioran más”.

Las contradicciones: “Este presidente dijo que se cortaría la mano si subía el impuesto a las ganancias y todos vimos lo que pasó. Ahora ponen topes a las paritarias, con una inflación oficial del 2.5%, pero cualquiera que va al supermercado sabe que los precios se duplicaron. No le deseamos mal a nadie, pero exigimos un cambio de rumbo”.

¿Qué está pasando en el sector? “Somos un rubro transversal que abarca desde ópticas para autos hasta botellas y vidrio plano para construcción. En la industria automotriz, la venta de autos cayó en picada. ¿Quién puede pagar 40 millones de pesos por un coche? Prometieron créditos y no hay. Los bancos son los únicos que se enriquecen. En cuanto a la fabricación de botellas, el consumo de gaseosas y cervezas de primera marca se desplomó”.  

En la construcción es evidente la paralización de la obra pública: “Hay un 30% menos de obras. ¿Cuántos edificios nuevos se ven? Eso afecta directamente a las ventanas, puertas y otros productos con vidrio. Muchas pymes están al borde del cierre”.

Un paro para apagar la motosierra

¿Qué debe hacer la CGT ahora? “Mantener la unidad y exigir que el gobierno escuche y que tome decisiones que reactiven la industria nacional. No podemos depender solo de las importaciones, debe haber paritarias libres y salarios que cubran la inflación real. Hay que frenar el ajuste en las obras sociales y en la salud en general. Las prepagas son inaccesibles y los hospitales están colapsados”.

Un sector de la sociedad critica la pasividad de la CGT hasta ahora. La mirada de Merlino:.“La CGT es cauta, pero si el gobierno sigue ignorándonos nos verán en la calle cada vez más. No venimos por política: venimos porque la gente no aguanta más. Lo que hace el gobierno no es liberalismo, es ahogar al pueblo. Que cumpla lo que prometió: bajar impuestos, sentarse a negociar y reconstruir un país productivo. No queremos sacarlo: queremos que gobierne para todos”.

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Dejar de mirarse el ombligo

Dora tiene 46 años, dos hijas jóvenes “que no encuentran laburo por ningún lado”, y es de Claypole, zona sur del Gran Buenos Aires. También es pastelera y fue a la marcha de los jubilados con sus compañeros de sindicato.

“Paramos por la defensa de la libertad real, no la que les vendieron a algunos que creyeron en este gobierno –dice, seria y enojada–. La libertad es la de los derechos de los trabajadores y de los abuelos que han construido este país y hoy están siendo más castigados que nunca”.

Con ese concepto, y desde una perspectiva pastelera, ¿cómo evalúa la cocción del paro? “Los momentos tienen que ser exactos y los paros se tienen que dar cuando tienen que ser. Hasta ahora la CGT no tuvo… no sé si llamarlo ‘la necesidad’, pero no precisaba hacer un paro para demostrar el descontento. Pero todo llega a un límite. Hay un tiempo de espera. Hoy es cuando teníamos que hacerlo. Se juntaron muchas situaciones, entre ellas el maltrato a los mayores, que también son trabajadores que aportaron toda una vida para estar medianamente tranquilos y disfrutar de su vejez. Vimos el destrato. Hoy es cuando”.

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¿Y después? Dora piensa: “Hay que ver la reacción del gobierno, que no creo que sea positiva. Queremos que esto haga mella. Debería hacerlo, porque es la voz del pueblo trabajador la que habla”. 

Su opinión sobre la decisión de la Unión de Tranviarios de la Argentina (UTA) –conducida por Roberto Fernández–, de mantener el servicio de colectivos por estar en medio de una conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo: “Que hagan un mea culpa. Que lo charlen hacia adentro a ver si realmente les valió la pena no adherirse. El movimiento obrero organizado funciona en unión. Si cada uno mira su ombligo, estamos en el camino equivocado”. 

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Sanar las heridas

Raúl Molina tiene 51 años, desde hace 20 pertenece a la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina y desde hace dos milita en el espacio de Diversidad. “Paramos porque no podemos permitir que nos quiten un derecho más. La unión hace la fuerza y estamos cansados de este gobierno. Vinieron para arrebatarnos todo. Este paro se demoró, pero nunca es tarde para reclamar”.

¿Qué sigue a partir de hoy? “La CGT debe mantenerse firme, no se puede permitir ni un recorte más. Y las bases debemos estar concientizando a los compañeros y compañeras en cada lugar de trabajo. Hay que fortalecer la conciencia sindical para frenar este avasallamiento. Al país lo sacamos adelante entre todos o no lo saca nadie”.

Raúl trabaja en una clínica privada porteña y sintetiza lo que ve cotidianamente. “En mi gremio es pura precarización, despidos, sueldos congelados y sobreexplotación laboral”. 

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Rotos y descosidos 

Angie (35) y Eli (38) marcharon el miércoles con los jubilados sosteniendo la bandera del Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines (SOIVA). Angie piensa el paro sin vueltas: “El gobierno está rompiendo todo, y ya está: tenemos que despertarnos”. No hay ni que preguntarle por la costura del paro: “Se demoró mucho. Están muy tibios los muchachos. La CGT tiene que hacer un plan de lucha al que nos unamos como argentinos. Todos”.

¿Cómo seguimos después? Una compañera, de fondo, sugiere: “¡No va a pasar nada!”. Eli ve más el largo plazo: “Tenemos que seguir sumando gremios porque los jubilados hoy somos todos. Y venir cada miércoles, porque esto es por el bien de todos nosotros. Milei no puede seguir pisoteando al trabajo ni al trabajador”.

Si el plan de lucha fuera una olla que cocinamos, ¿qué ingredientes faltan? Inés, 60 años, se suma a la charla: “Conciencia y memoria. Mucha memoria, porque es lo que el pueblo perdió. Cada trabajador hoy tiene un derecho porque hubo un tiempo atrás donde muchos lucharon para que eso sea así. Hay que seguir firmes, reclamar todos los días si es necesario”. Sergio, 45 años, también aporta sus ingredientes: “Identidad, como argentinos para no perder lo importante que tenemos. Somos un país único en legislación laboral. Eso costó sangre: sin el apoyo del pueblo, y sin lucha, no vamos a tener nada”.

Un paro para apagar la motosierra

Sergio describe como complicada la situación del sector: “Vienen muchos productos de afuera por las exportaciones. Eso jode a las empresas y facilita el despido: en el último tiempo hubo casi 20.000. Es fácil hoy achicar el personal y muy difícil conseguir la mano de obra: somos uno de los países que mejor cose en Sudamérica, pero todos migran porque hay poco trabajo y no se valoriza la costura del trabajador argentino. Mucho trabajo en negro y una migración a talleres clandestinos sin ninguna seguridad”.

¿Algún comentario de la decisión de la UTA? “Son unos traidores. Se ve que piensan que van a salvarse solos”.

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Vías de conflicto

Emanuel tiene 37 años, una hijita, y trabaja en la línea de ferrocarril Roca. Marchó con sus compañeros de la Unión Ferroviaria en apoyo a los jubilados: “Es importante demostrarle al gobierno que los gremios apoyamos a los jubilados. Que vean que estamos hermanados. Y que sus políticas sólo llevan hambre y desidia. No vamos a permitir esa vulneración. Ellos quieren privatizar la línea, achicar el personal: si bien no hubo despidos, están preparándose. Quieren que seamos una sociedad anónima. No piensan el tren como una función social, sino como un negocio para darles a sus amigos”. 

Sobre el paro: ¿demora o estrategia? “La CGT fue midiendo el clima, y está bien –evalúa Emanuel–. El gobierno está débil y era el momento de golpear. ¿Para qué? Para derrotarlo. Somos enemigos de este gobierno. Este tipo (por Milei) no le hace bien al país, tiene una cabeza anglosajona y sólo piensa en cuestiones internacionales, pero nosotros somos nacionalistas, laburantes y peronistas”. 

Desde ese tríptico piensa cómo hacia adelante: “Este fue un paro político. Los trabajadores organizados, dentro de su gremio y de sus centrales, tenemos que discutir política. Hay que seguir en esa vía. El proyecto tiene que ser de producción y de trabajo, y para eso lo tienen que hacer sus trabajadores”.

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) ratificó su adhesión al paro, pero la UTA siguió con el motor prendido. Emanuel sonríe: “Me vas a decir que me pongo el casete, pero no me meto en la orga de otros compañeros. No vamos a pegarle a un gremio hermano, porque seguramente esa discusión la tendrán que dar en su interior. Sus dirigentes van a tener que dar explicaciones a sus afiliados”.

Sin embargo, piensa: “Creo que si hubieran podido parar, los compañeros paraban todos”.

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“No se aguanta más”

Sonia tiene 73 años e integra el Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de la Ciudad Autónoma y la provincia de Buenos Aires (SIVENDIA), más conocidos desde su fundación como Canillitas. ¿Por qué el paro? “Porque sabemos lo que estamos viviendo. Realmente, lo que está pasando es inconcebible. No se aguanta más. Todo lo que tenés que comprar es carísimo. Este es el país de la carne, y sin embargo, es lo que menos podemos comer”. 

Después del paro, ¿cuál debería ser el camino del sindicalismo y en particular de la CGT? “Seguir luchando. Tenemos que venir los miércoles al Congreso o a la Plaza de Mayo cuando sea necesario. Para mí, esto explota en algún momento, no va a seguir así. Algo tiene que pasar y para eso seguiremos este camino de reclamos”.

La cosa pública

Rodolfo Aguiar es el Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Nacional. Desde la asunción de Javier Milei fueron despedidas del sector público más de 40 mil personas. 

Cuenta una particularidad: “El gobierno nos convocó a la paritaria el miércoles a la madrugada, como si esa estrategia les hubiera servido para boicotear el paro. Tuvieron todo el mes de marzo para retomar las negociaciones salariales y lo hicieron justo en la antesala de la huelga. ¡Nos llamaron a la una de la madrugada! Nosotros lo queremos decir con total claridad: no aceptamos más las paritarias fantasmas de este gobierno. Queremos que nos devuelvan los salarios que nos robaron en el sector público”.

¿Paro a tiempo o tardío? “Soy de los que creen en todos los paros. Agustín Tosco decía: ‘La felicidad del pueblo y de los trabajadores no va a llegar como fruto de la mejor medida de fuerza que seamos capaces de hacer, o del paro más grande, sino como el resultado de la sumatoria de acciones que hagamos’. Hace un año y cuatro meses que estamos en ese camino y tenemos mucho que ver con este presente con Milei que va por el tobogán y se va a estrellar”.

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Lo que cuesta parar

Matías tiene 43 años, tres hijos, y también el pecho inflado, porque reivindica y subraya que la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) es uno de los gremios que más está acompañando a los jubilados todos los miércoles. “Hay que acompañar a nuestros viejos porque son el fiel reflejo de la lucha –dice este trabajador de una siderúrgica en la seccional de Zárate-Campana, al norte de la provincia de Buenos Aires–. Aun cuando dejaron de ser trabajadores activos siguen luchando. Debemos estar detrás de esa lucha, no puede ser que no tengan plata ni para comprar sus remedios”.

También, aclara, los metalúrgicos tienen una propia lucha interna, y por eso pararon: “La paritaria no se resuelve hace casi ocho meses. Nuestros salarios son realmente indignos, que van desde los $450.000 hasta las categorías más altas que superan apenas el millón y medio con 30 años de trabajo. No son salarios acordes a la riqueza que generamos y hoy tenemos compañeros debajo de la línea de pobreza”.

Describe a la situación como “indignante”, y repite: “De paritarias trimestrales pasamos a un gobierno que quiere darnos lo que se les antoja: nos proponen 1 por ciento mensual, cuando el IPC da 3 por ciento, pero sabiendo que eso es incomprobable. Bueno, en verdad sí es comprobable, porque vemos los precios en las góndolas, cargamos nafta, y sabemos que no es así. Estamos muy lejos de la realidad y los empresarios no están repartiendo nada”.

Lo que pierde el que trabaja: “Es cierto que necesitábamos que el paro se generara antes, pero también entendemos que dentro de las empresas, y te hablo por la UOM, los compañeros están muy dañados. Los representantes gremiales no queremos que los trabajadores no estén en condiciones de acompañar las luchas. Les cuesta mucho porque, insisto, no llegan a fin de mes, y cada paro genera una pérdida de salario: depende de cada empresa, pero nosotros en Zárate tenemos pérdidas de hasta 100.000 pesos por día”.

Números de cada día: “En nuestra zona un alquiler es de 450.000 pesos. La familia que alquila, tiene hijos, va al supermercado y carga nafta, ¿cómo hace entonces para vivir? Intentamos solucionar el tema dentro de las mesas del Ministerio de Trabajo, pero llega un momento que no se puede resistir más. Y todos están en la misma situación”. 

¿Qué viene luego del paro?: “La lucha debe continuar en las calles. Contagiarnos de los abuelos y los jubilados que son los que tendrían que estar disfrutando de su tiempo fruto de lo que trabajaron. Hay que aprovechar el envión para que los compañeros se den cuenta: muchos votaron a este gobierno, otros siguen bancando, y la huelga también es por ellos, a pesar de que lo advertimos. Los niveles de salario que tenemos van a hacer que nos terminemos uniendo todos para mejorar esta condición”.

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El fin de la soledad

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La marcha de cada miércoles de los jubilados tuvo esta vez otro acompañamiento, por la decisión de la CGT de sumarse al reclamo a través de muchos sindicatos movilizados, con el agregado cada vez mayor de organizaciones sociales y expresiones políticos. El «protocolo» fue quebrado por las propias fuerzas de seguridad que vallaron las calles alrededor del Congreso. Al no haber policías cerca, no hubo incidentes. Las imágenes y las emociones. El mensaje para el fotógrafo Pablo Grillo. Los relatos sobre las carencias cotidianas la destrucción de las jubilaciones, algunas lecturas electorales, y el concepto sobre dónde se genera la riqueza.

Por Lucas Pedulla y Francisco Pandolfi

Cada miércoles en las puertas del Congreso nacional es distinto y también es igual. Lo que se repite son las jubiladas y los jubilados con su reclamo permanente desde hace semanas, meses, años. Lo distinto son quienes acompañan, y este miércoles quienes acompañan son un montón.

El fin de la soledad

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca.

Tanto, que la Plaza de los Dos Congresos rebalsa de cuerpo sindical. Y eso también modifica el enunciado de las amenazas: son las 15:26 y el protocolo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se convierte en casi un mito, la naturalización de un concepto que a priori asusta, pero en esta calle repleta apenas se ve algún gendarme o policía federal detrás de las vallas que tapan el Palacio. Las calles fueron cortadas por los propios vallados policiales que rodearon al Congreso. En las calles aledañas se instala la multitud sin fuerzas de seguridad a la vista para provocar la represión, y no hay incidente alguno.

El fin de la soledad

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca.

“Nos necesitamos todos”

Lo que sí se ve es otra cosa.

Guillermo Romero, jubilado metalúrgico, 76 años, del oeste bonaerense, ve una imagen que hasta hoy nunca había visto un miércoles en tiempos de Milei: “Los jubilados logramos despertar a la CGT de su siesta. Los obligamos a tomar medidas porque quedaron muy mal parados y tuvieron que moverse. Una infinidad de delegaciones sindicales en la víspera de lo que va a ser el primer paro nacional de verdad, porque aunque digan que es el tercero, los anteriores fueron parciales. Este tiene que dar inicio a un plan de lucha”.

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Fotos: Lina Etchesuri para lavaca.

Zulema Palavecino, jubilada telefónica, 73 años, del sur bonaerense, ve esa imagen junto a la de todos los miércoles: “Hace años estamos marchando aquí, en Congreso, dando la vuelta y haciendo semaforazos en gran soledad. Luchamos por el derecho a la jubilación para todos los trabajadores, por el derecho al salario, porque si no hay derecho al salario no hay derecho a la jubilación. Luchamos contra la precarización laboral, contra el monotributismo, contra el trabajo no registrado. Tenemos que dar la batalla unidos. Nosotros, los jubilados, queremos decirle a todo el pueblo que nos necesitamos todos. Acá no hay viejos”.

Guillermo emociona.

Zulema emociona.

Hoy no son dos, ni veinte, ni cien: hoy son miles.

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Fotos: Lina Etchesuri para lavaca.

Lo que se siente

Se ven gremios nunca vistos en estos miércoles de lucha (desde encargados de edificios hasta sanidad), al igual que dirigentes políticos que figuran por primera vez en este reclamo que unió océanos, como el caso de Felipe Solá. Los rodean carteles escritos para la ocasión: “CGT, no quiero tu solidaridad, quiero plan de lucha ya”; “El ajuste no se derrota en las urnas, se lo vence luchando”. 

Se ve un operativo de las fuerzas de seguridad que desde temprano encierra al Congreso con vallas y corta la circulación de sus calles aledañas, rompiendo ellas mismas el protocolo. Que haya habido muchísimos menos efectivos que semanas anteriores, y que no buscaran reprimir, se explica por dos motivos:

  • por un lado, la masiva convocatoria sindical.
  • Por el otro, una historia que seguirá más allá de la marcha de hoy: el domingo por la noche, el juez porteño Roberto Gallardo le exigió al Gobierno porteño “que reasuma sus obligaciones constitucionales” y que organice el operativo de seguridad de la manifestación de hoy. Y exhortó al Estado Nacional y al Ministerio de Seguridad de la Nación que se “abstenga de intervenir e interferir en la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo que a la seguridad pública respecta, más allá de los límites legales de protección de intereses federales”. La Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos revocó anoche la medida del juez Gallardo, que limitaba la actuación de las fuerzas federales en el distrito. La ministra Patricia Bullrich había anticipado que no acataría la resolución judicial y desplegaría el protocolo antipiquetes.

Pero lo que se ve y se escuchan son fuegos artificiales. 

Y canciones que recuerdan lo (más) importante: “Se siente, se siente, Grillo está presente”. 

Pablo Grillo, el fotorreportero herido con una granada de gas lacrimógeno el 12 de marzo, hace exactamente cuatro miércoles, avanza con su recuperación en el Hospital Ramos Mejía. Jorge, su amigo que lo acompañó aquel día en la ambulancia, está presente en la marcha e invita al festival en solidaridad que se hará el domingo en su Remedios de Escalada natal.

Y dice, con una sonrisa de oreja a oreja: “Pablo es un luchador”.

El fin de la soledad

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca.

La lanza y los derechos

Bien pegadas a las vallas, en Rivadavia y Callao, hay cientos de jubiladas y jubilados. Se escucha al pasar: “Los jubilados estamos concientizando”. 

Se escucha a Graciela, que vive en Libertad, partido de Merlo, 68 años. “Está bien que la CGT venga a acompañar, pero no tendrían que haber llegado hoy. Debieron estar desde el primer miércoles cuando nos cagaron a palos”.

Con fibrón rojo y un cartón compuso su proclama de vida: “Los árboles mueren de pie, así vamos los jubilados, de pie y luchando moriremos”.

Fotos: Juan Valeiro para lavaca.

Justifica: “Escribí eso porque es lo que siento todos los días y no nos rendiremos. Antes de quedarme en mi casa y dejar que este señor (Javier Milei) nos mate con hambre y carencias, prefiero salir a luchar”.

¿Qué carencias? “Con mi jubilación apenas puedo comprar medio kilo de pan, un litro de leche y los remedios. Si no fuera por unos hijos espectaculares que me ayudan, ya no estaría viva”.

¿Qué representa hoy el movimiento de jubilados”. Dice Graciela: “Este señor (Milei) nunca pensó que los jubilados generaríamos esto en el resto de la sociedad. Se olvidó de que nosotros vivimos dictaduras, el 2001 y todas las crisis. Que sabemos pelear. Pensaron que ante la primera represión nos íbamos a ir a nuestras casas, y miren: hoy los jubilados somos la punta de lanza del resto de las luchas”.

El fin de la soledad

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca.

Uno de sus colegas punta de lanza es Raúl Maldonado, 68 años, de Monte Grande. Cobra “sólo un poquito más que la mínima”. Dice que se sumó a movilizarse los miércoles cuando sintió hambre. “Ya no se puede más, en quince días me quedo sin un peso; mis hijos no lo saben, pero estoy salteando los remedios que tomo porque estoy operado del corazón. Tengo presión arterial, antes tomaba 10 mg y ahora divido la pastilla en 5 mg”. Algo lo ilusiona en el presente: “Antes vinieron las hinchadas y hoy la CGT. Hay algo que es evidente: la lucha crece”. Y algo que lo ilusiona en el futuro: “Este gobierno olvida que los jubilados también tenemos fuerzas en las urnas: somos 7 millones de jubilados, que no subestimen nuestra fuerza”.

Se escucha a Adriana Zuliani, 72 años, porteña: “Acaban de ponerle fin a la moratoria previsional porque es lo que el FMI les exige como ajuste. Este gobierno no tiene idea de política y eso cae sobre todo en los jubilados, que trabajamos toda nuestra vida aunque no hayamos hecho aportes. Las mujeres que criaron hijos también trabajaron. ¿O acaso cuidar no es trabajo?”.

Fotos: Juan Valeiro & Lina Etchesuri para lavaca.

Dentro del Congreso, las comisiones de Previsión y Seguridad Social -presidida por la diputada Gabriela Brouwer de Konig, de la UCR- y de Presupuesto y Hacienda -presidida por José Luis Espert, de LLA- empezaron a discutir la prórroga de la moratoria previsional, luego de que la oposición lograra ayer el emplazamiento del proyecto.

Adriana muestra un cartel, con orgullo: “No pedimos favores, exigimos derechos”. Y piensa en el mañana literal, y en el mañana metafórico: “Es importante que haya venido la CGT, aunque lo hicieron por miedo a perder plata y a que las bases los bajen a golpes. Necesitamos que a la CGT la conduzca gente de las bases y no empresarios disfrazados, hay que barrer a toda esa burocracia asquerosa”.

El fin de la soledad

¿Quién genera la riqueza?

En unas horas comenzará el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo, al que también adhieren las dos CTA. Habrá que ver en cuánto afectará la circulación de colectivos: la Unión Tranviarios Automotor (UTA) determinó no sumarse a la medida de fuerza por estar en conciliación obligatoria establecida por la Secretaría de Trabajo, frente al conflicto salarial que mantiene con las empresas de la actividad. Roberto, jubilado, analiza: “Lo de mañana será un paro dominguero por culpa de la burocracia de la UTA que no quiso acompañar, pero igual lo celebramos, porque ni eso quería hacer la CGT”.

Zulema Palavecino ve la plaza gigante, llenísima, esa que todos los miércoles dan vuelta siendo los mismos de siempre, reprimidos y baleados y gaseados, con sol o con lluvia, y se emociona: habla del Fondo Monetario, de que el gobierno está preparando una nueva devaluación, de los trabajadores que no entran en la timba financiera, y sostiene que por eso hay que estar unidos.

“Contamos con nuestro trabajo, que es el que genera riqueza -dice Zulema-. Cuidemos la riqueza. Cuidamos el aire y el agua. Este es nuestro mundo. Así que compañeros, ¡firme la lucha!”. Y menciona algo que se confirma cada miércoles: “Aquí no vamos a bajar los brazos”.

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca.

Fotos: Juan Valeiro para lavaca.

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca.

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Fuera Bullrich

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El juez porteño Roberto Gallardo le exigió al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que reasuma sus obligaciones constitucionales” y que organice el operativo de seguridad de la “manifestación masiva convocada para el próximo miércoles” de jubiladas y jubilados. Plantea que en los últimos meses «varias manifestaciones en las inmediaciones del Congreso de la Nación han resultado en intervenciones de las fuerzas federales de seguridad, derivando en situaciones de violencia, conflictos y caos”. Por lo tanto a la Policía de la Ciudad “concretamente se le ordena que despliegue, organice, planifique y ejecute -todo de manera autónoma- el operativo de seguridad que simultáneamente garantice el orden público y el pleno ejercicio de los derechos constitucionales de quienes asistan”. La medida tiene incidencia directa, en lo inmediato, sobre la marcha a realizarse el próximo miércoles 9 de abril. 

Además, el juez exhortó al Estado Nacional y al Ministerio de Seguridad de la Nación que se “abstenga de intervenir e interferir en la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo que a la seguridad pública respecta, más allá de los límites legales de protección de intereses federales”.

Fuera Bullrich

Gallardo, titular del Juzgado de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, ordena que se ponga “en conocimiento de lo resuelto a la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria y a la Prefectura Naval”, justamente las cuatro fuerzas federales que, junto a la Policía de la Ciudad, venían actuando en cada una de las movilizaciones anteriores y que de acuerdo a esta decisión deberán dejar de hacerlo. 

El magistrado dio curso a un pedido presentado por la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Confederación General del Trabajo (CGT) y de secretarios de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), en pos de “limitar el accionar de las fuerzas federales” en “detrimento de la autonomía de CABA y del rol de la Policía de la Ciudad”. 

Cautelar urgente

En la presentación se solicitó que se dictara “una medida cautelar urgente en la que se ordene intimar al GCBA a coordinar y conducir un operativo de seguridad para la movilización convocada” y que se “delimite en forma previa y concreta los ‘objetivos federales’ cuya custodia estará a cargo de las fuerzas federales, restringiendo su jurisdicción al cuidado de los mismos y no al ejido urbano circundante” como sucedió en los últimos miércoles, por ejemplo, en las marchas de jubiladas y jubilados.

En su dictamen el juez Gallardo contextualiza sobre la solicitud de los gremios: “En la concentración del 12/03/2025 se habrían verificado hechos de represión perpetrados por las fuerzas federales ‘sin contar con una autorización para ello’ y que éstos se perfeccionaron fuera de los límites del Congreso de la Nación, excediendo el rol de custodia de dicha dependencia federal”. 

Y agrega: “Describieron que en el marco de esa manifestación de la que participaron distintas organizaciones ‘se llevó a cabo una brutal represión policial en la que hubo 114 detenidos de forma arbitraria’, sufrieron heridas de distinta gravedad alrededor de 672 personas y se hirió gravemente con un proyectil en la cabeza al periodista Pablo Grillo”. 

Ante los episodios recientes de represión, Gallardo establece: “No se trata, entonces, de un planteo abstracto ni de una mera pretensión de control institucional, sino de una solicitud concreta de tutela judicial urgente frente a un riesgo cierto y razonablemente previsible, vinculado a derechos fundamentales de quienes participarán en la manifestación pública. El riesgo invocado lesión a la integridad física, a la libertad de expresión y al derecho de reunión, sopesado en la opresión de la autonomía de la CABA- no es meramente conjetural ni hipotético, sino que encuentra sustento en hechos pasados verificables y presumiblemente futuros”. 

Violencia, conflicto y caos

Sintetiza: “En los últimos meses, varias manifestaciones en las inmediaciones del Congreso de la Nación han resultado en intervenciones de las fuerzas federales de seguridad, derivando en situaciones de violencia, conflictos y caos”.

En otro punto importante de la resolución, se informa: “A requerimiento del Tribunal el GCBA informó que hasta la fecha no requirió al Estado Nacional –Ministerio de Seguridad– ‘participación, cooperación y/o auxilio para brindar seguridad en las inmediaciones del Congreso de la Nación y Plaza Congreso, como consecuencia de la movilización y manifestación pública convocada para el día 09/04/2025’”. Y que “la fuerza de seguridad de CABA se encuentra suficientemente dotada y apta para abordar, planificar y diseñar estrategias de seguridad en el contexto de la movilización”. 

El Gobierno porteño también aclaró que la Ciudad no adhirió al “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, conocido como «protocolo Antipiquete», dado que sólo “se encuentra dirigido a las fuerzas federales” y no resulta competencia del Ministerio de Seguridad de CABA “solicitar cooperación y/o auxilio bajo ese dispositivo”.

CABA sin protocolo Bullrich

El juez Gallardo se expide sobre un tema central que hasta ahora había convertido a cada medida cautelar presentada en una víctima de una calesita judicial, pasando por cinco o seis juzgados, sus correspondientes apelaciones y luego durmiendo el sueño de la espera de la definición del tribunal superior. Todo esto bajo el paraguas de la «competencia». Esto es: a qué fuero le corresponde expedirse sobre el pedido presentado. Es decir, ni siquiera hubo pronunciamiento sobre el tema que lo motivó, si no sobre quién debía hacerlo. 

El juez Gallardo puntualiza que los amparos presentados no solicitan que la justicia se expida sobre la legitimidad o no del protocolo del ministerio de Seguridad de Nación, sino que determine la responsabilidad del gobierno porteño en el sentido de si tomó o no medidas de resguardo tal como es su responsabilidad. En este caso, como el sujeto a evaluar por el juez es el gobierno porteño, la competencia de la justicia porteña es pertinente. 

En ese sentido señala que basta la lectura del Boletín Oficial de la Ciudad para encontrar la evidencia de que nunca ni la jefatura de Gobierno ni el ministerio de Seguridad solicitaron la intervención de las fuerzas nacionales para las marchas que se desarrollaron en Congreso. 

El dato más importante y que tendrá consecuencias más allá de este miércoles: tampoco el gobierno porteño adhirió formalmente al protocolo de la ministra Bullrich. No se trata de una formalidad sino de un trámite necesario para darle legalidad en el territorio porteño. Esta omisión tiene consecuencias directas en las causas judiciales iniciadas por las víctimas de la represión producida por las fuerzas nacionales, como por ejemplo el fotógrafo Pablo Grillo y la jubilada Beatriz Blanco. 

¿Por qué un domingo?

El juez Gallardo argumenta por qué su dictamen tiene carácter de urgente y fue comunicado un domingo: «El acceso a la justicia no se agota con la posibilidad de presentar una demanda, sino que también comprende el derecho a obtener una respuesta útil en un tiempo razonable y con capacidad de modificar la situación que se denuncia como lesiva». 

Desarrolla una extensa argumentación jurídica sobre la autonomía porteña y los límites de la intervención federal en su territorio: la Policía Federal debe custodiar los edificios de Nación, y no intervenir en manifestaciones. La Gendarmería Nacional debe actuar en «fronteras terrestres y lacustres, túneles y puentes internacionales». La Policía de Seguridad Aeroportuaria, en el sistema nacional de aeropuertos. La Prefectura Naval, en lo correspondiente a navegación. 

Luego analiza el propio protocolo Bullrich y subraya que su objeto es intervenir «frente a impedimento de tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales o vías de circulación sujetas a jurisdicción federal». Nada de esto aplica a las calles que rodean al Congreso. 

El dictamen, que tiene una extensión de 69 páginas, le ordena al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que «reasuma sus obligaciones constitucionales en materia de seguridad pública». 

También ordena al ministerio de Seguridad de Nación que se «abstenga de intervenir e interferir». Por último informa lo resuelto a la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Policía Aeroportuaria y la Prefectura Naval, lo cual implica que no pueden argumentar obediencia debida. De esta manera los hace responsables de cumplir la orden judicial. 

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