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Mendoza: liberaron a dos asambleístas detenidos por oponerse a la megaminería

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Mauricio Cornejo y Federico Soria (ambos en la imagen principal), integrantes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, Mendoza, fueron liberados este jueves al declararse incompetente en la causa la jueza Claudia Tula, que derivó el caso a la justicia federal. El abogado de la asamblea consideró la medida “una muestra de imparcialidad y de no dejarse intimidar por el poder político de Mendoza”. La detención de Cornejo ocurrió el 24 de febrero y la de Soria el 31 de marzo, por supuestamente “pertenecer a un grupo que quiere imponer sus ideas mediante la violencia”. El nivel de falsedad de este tipo de acusación en esta causa armada es tan profundo como los negocios y negociados que esconde la alianza entre el gobierno provincial y las mineras. La provincia cuenta con una ley, la 7722, que impide las actividades que destruyen el ambiente, contaminan y ponen en riesgo el principal recurso de vida: el agua. Distintos gobiernos intentaron anular esa ley, defendida en las calles y las rutas por la sociedad mendocina. Detalles sobre el caso, un abuso que intenta eliminar justamente la oposición de las comunidades. Las voces de los asambleístas al quedar en libertad.  

Por Francisco Pandolfi

(Fotos publicadas por el sitio biencuyano.com.ar y lavaca.org )

Nora Moyano, de la Asamblea de las Heras por el Agua Pura de Mendoza, dice a lavaca: “Los compañeros se bancaron la cárcel sin ningún tipo de queja, impresionante la actitud de valentía y coraje de ambos. Hoy fue un día maravilloso, al que llegamos porque la única lucha que se pierde es la que se abandona y nosotros no abandonamos ni un minuto esta lucha”. Está emocionada, minutos después de que después de que Mauricio Cornejo y Federico Soria fueran dejados en libertad.

Para comprender la celebración de Nora, que es la de tantas y tantos, hay que comprender una larga historia.

Mendoza: liberaron a dos asambleístas detenidos por oponerse a la megaminería

Incompetencia

En Uspallata, Mendoza, hay un mural. Hay un mural grande, colorido. Un mural que dice Uspallata unida por el agua. Y que no a la Megaminería contaminante. Y que el agua no es un negocio y que la ley 7722 (que regula la actividad minera, prohibiendo el uso de sustancias tóxicas para el cuidado del ambiente y el agua) no se toca. 

Este mural tiene su contexto, que mirado con el prisma del presente ameritaría una actualización, con una consigna que hoy vociferan –con rabia y urgencia– desde la asamblea de vecinos autoconvocados de Uspallata: “Basta de persecución”.

El pedido también era el de “Liberación de los injustamente detenidos Mauricio Cornejo y Federico Soria”, pero esta mañana fueron dejados en libertad luego de que la jueza a cargo de la causa, Claudia Tula, se declarara incompetente y derivara el expediente a la Justicia Federal. Mauricio y Federico, presos por manifestarse contra el nuevo intento de instalación del proyecto megaminero San Jorge, continuarán procesados.

Cuando el “no”, no se entiende

Uspallata queda al noroeste de Mendoza, en el departamento de Las Heras. A 120 kilómetros de la capital provincial y a 62 del majestuoso cerro Aconcagua. En Uspallata el gobierno mendocino se obstina en imponer (ahora junto a la empresa multinacional Solway Holding) un proyecto minero de cobre, oro y plata, sin el aval del pueblo y pese a la vigente Ley 7.722. Al proyecto minero San Jorge (PSJ) quieren instalarlo desde 2007 y una y otra vez se toparon con el “no” de la gente. 

Y este año no está siendo la excepción. Aunque cambiaron los métodos y la correlación de fuerzas. Con la luz verde del gobierno nacional, impulsada por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el tándem gobierno mendocino y empresariado minero avanzó sin frenos. Lo describe la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC): “Estamos en un momento crítico. El avance del fascismo global y regional ha envalentonado a los violentos que avanzan sobre territorios, comunidades y pueblos. Vienen por el oro, vienen por el agua, vienen por todo. En Mendoza, una provincia que posee leyes en vigencia relacionadas con la protección del agua y restrictivas para la megaminería, dos compañeros asamblearios fueron detenidos por el aparato jurídico del gobierno provincial, por haberse manifestado en contra del avance minero sobre los territorios y las leyes”.

Armar la causa

Hace un par semanas contamos en lavaca la persecución que denunciaban las asambleas ambientales mendocinas desde fines de enero https://lavaca.org/notas/megamineria-patotas-y-cornejo-junto-a-milei-la-asamblea-de-uspallata-resiste-al-proyecto-san-jorge/, cuando se inauguró en Uspallata una oficina de la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros. En ese acto acudieron empresarios del sector, legisladores y funcionarios provinciales y municipales, así como el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, acompañado por la patota de la UOCRA. “Defender el agua y los bienes comunes no es delito. Delito es llevar a la patota de la UOCRA a pegarle a los vecinos”, denunciaron en aquel momento junto a “una serie de allanamientos a integrantes de la asamblea, cristalizada en detenciones y causas completamente armadas”.

Mendoza: liberaron a dos asambleístas detenidos por oponerse a la megaminería

El abogado de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, Marcelo Romano, informó al conocer el fallo: «La jueza Tula, en una muestra de imparcialidad y de no dejarse intimidar por el poder político de Mendoza, ha decretado que los delitos por los que el gobierno y las mineras persiguen a nuestros compañeros Federico y Mauricio son incompetentes para ser juzgados por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia. Por eso el Procurador y el fiscal Sánchez, van a tener que explicarle a los mendocinos por qué han tenido encerrados en condiciones inhumanas a los inocentes que el único delito que han cometido es defender el agua de todos”. Y agregó: “No somos terroristas los que defendemos el agua. Vamos a seguir teniendo razón, porque lo único que queremos es proteger las fuentes hídricas para las próximas generaciones, hoy técnicamente lo que se ha definido es que el fiscal Sánchez no puede seguir teniendo presos a nuestros compañeros porque no es competente para investigarlo”.

Presos políticos 

Los asambleístas Mauricio Cornejo y Federico Soria fueron acusados de “pertenecer a un grupo que quiere imponer sus ideas mediante la violencia”, e imputados por el delito de coerción ideológica. 

La detención de Cornejo fue el 24 de febrero y la de Soria el 31 de marzo. Desde la UAC afirman: “Fueron detenidos por órdenes de un gobierno que se ha propuesto avanzar con los proyectos mineros a cualquier costo. Estos actos de criminalización desnudan que los poderes corporativos globales, a través de sus delegados regionales como el gobernador de Mendoza, utilizan represión y encarcelamiento para imponer proyectos como el de Minera San Jorge, de oro y cobre a cielo abierto”.

Antes de ser detenido, Federico Soria (Técnico Químico Industrial, técnico Superior en Conservación de la Naturaleza, licenciado en Turismo y técnico profesional de la Administración de Parques Nacionales (APN) desde 2007, había expresado: “Denuncio persecución ideológica, intimidación pública y daños culposos a mi salud psíquica y física. Estoy siendo perseguido tanto por el Gobierno de Mendoza, como por la Administración de Parques Nacionales (en ambos casos de manera decididamente coordinada), por ser integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, así como por estar en contra de la Minera San Jorge y proponer como alternativa la creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas”.

Federico está diagnosticado por profesional médico con ataques de pánico, crisis depresiva, trastorno de ansiedad generalizado y palpitaciones cardíacas, refrendado con certificación oficial expedida por una junta médica del Ministerio de Salud de la Nación. Hoy, tras salir en libertad condicional bajo fianza, compartió sus sensaciones y su mirada al futuro: “Sigamos luchando, no le tengamos miedo al gobierno y a sus instituciones y grupos paraestatales violentos y sigamos luchando por el agua pura y principalmente por el Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, que fue la razón por la cual terminé preso. Adelante y digamos bien fuerte no a la minera San Jorge”.

Mauricio, megáfono en mano, también se pronunció tras salir en libertad: “No nos van a callar jamás, el agua de Mendoza no se negocia y acá estamos peleando por la libertad”. 

Mendoza: liberaron a dos asambleístas detenidos por oponerse a la megaminería

Causas y consecuencias

Federico subraya los motivos de su detención: “Han inventado una denuncia en mi contra, sin pruebas concretas o empíricas, sin testigos, presentada por Edgardo Vera, presidente de la Cámara Minera de Uspallata, y ejecutada por el fiscal Juan Manuel Sánchez y la jueza Claudia Tula, que responden partidariamente al gobierno provincial. Buscan destruirme psíquica y físicamente como persona; y escarmentar a mis compañeros y desacreditar los reclamos y propuestas alternativas que viene llevando la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de

Uspallata”.

Agrega sobre las autoridades responsables: “Vienen profiriendo sobre mí cataratas de agravios, calumnias, injurias e intimidación pública, a través de medios masivos de comunicación pautados, sin darme en ningún caso derecho a réplica, con el claro objetivo de relativizar, invisibilizar, censurar, desacreditar y en última instancia anular, de manera coercitiva y coactiva mis reclamos genuinos y fundados técnica, científica, jurídica y legalmente, en contra de la explotación de Minera San Jorge”.

Desde la UAC plantean otra arista sobre el proyecto San Jorge, no menor para comprender con qué bueyes se ara: “Tiene una larga historia de existencia y de resistencia. Desde las primeras exploraciones en la década del 60, pasó por diversos grupos empresariales; los últimos movimientos fueron en 2019, cuando Solway Investment Group -grupo minero y metalúrgico con sede en Suiza- quedó como único propietario; y en 2024 cuando la titularidad pasó a Zonda Metals GmBH, parte del grupo Solway, y al Grupo argentino Alberdi, ambos con denuncias de prácticas de corrupción y violación de derechos humanos en otros lugares del mundo”.

Una cacería legalizada

Las comunidades piden que el foco principal sobre las causas de las detenciones de Mauricio y Federico se ponga en el artículo 213 bis del Código Penal. Eugenia Segura es compañera de ambos en la Asamblea de Uspallata. “La figura penal convierte a la protesta y organización en terrorismo; no importa si hacés algo que esté o no contra la ley, pueden imputarte si suponen que otra persona hizo algo ilegal y es de tu organización, algo totalmente inconstitucional. Hay que frenar esta cacería humana que es el artículo 213 bis, donde pueden llevarse preso a quien quieran por cualquier desmán que cometa otra persona, y acusar de terroristas a pacifistas y ambientalistas, y a la gente que sueña con un mundo mejor”.

El artículo 213 bis fue incorporado al Código Penal en 1984 y enmarca al delito denominado de “prepotencia ideológica”, hacia quien “comete, organiza o toma parte en agrupaciones que tengan por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”. La pena es de 5 a 15 años de prisión.

Eugenia agrega con toda la impotencia que lleva y toda la serenidad que requiere el momento: “Lo que se repite siempre es la estupidez, la corrupción, la codicia. Con distintos grados de violencia y distintos grados de crueldad, según la legislación vigente en cada provincia, y el

umbral de tolerancia a la violencia de cada sociedad. Esa raya colectiva que marcamos para decir de acá no te pasás. Llamale estado de derecho, derechos humanos, llamale una justicia pura como el agua que defendemos. Llamale como quieras, no había nada más injusto que el Fede y el Mauri estuvieran presos. Dos seres excelentes, a merced de una denuncia delirante, bancada por seres en los que es evidente la crueldad y la violencia. No pueden imponer sus ideas o combatir las ajenas si no es por medio de la violencia y el terror”.

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Invasión a Venezuela: la verdad detrás del botín

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Por Claudia Acuña y Lucas Pedulla

Lo dijo sin metáforas y con mayúsculas:

“Venezuela está completamente rodeada por la mayor armada jamás reunida en la historia de Sudamérica. Solo se hará más grande y el impacto que supondrá para ellos será algo nunca visto, hasta que devuelvan a los Estados Unidos de América todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron”. 

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció así –a través de un mensaje publicado en la red Truth Social– su decisión de invadir ese país, sin siquiera avisar al Congreso.

El “robo” del petróleo al que alude es, sin embargo, la decisión de nacionalizar el petróleo que tomó Venezuela en dos etapas históricas que ahora conviene recordar.

La primera fue el 1° de enero de 1976, bajo la primera presidencia de Carlos Andrés Pérez, quien pagó a las corporaciones Exxon, Shell, Gulf, y Mobil 5.626 millones de dólares como compensación. El economista Carlos Mendoza Potellá –quien acompañó en ese proceso al fundador de la OPEP, Juan Pablo Pérez Alfonzo– sintetiza así cómo fue: “Las mismas concesionarias designaron de su seno a quienes asumieron la gerencia petrolera venezolana: el entonces presidente de la Compañía Shell de Venezuela se convirtió en presidente de la ‘Operadora Nacionalizada’ Maraven. El vicepresidente de la Creole Petroleum Corporation, filial venezolana de la Standard Oil–Exxon se transmutó en presidente de Lagoven, otra operadora nacionalizada. El mismo esquema se repitió once veces con los gerentes de las demás filiales transnacionales, travestidos en gerentes de empresas estatales”.

Durante su segundo mandato, Pérez dispuso un plan de “apertura petrolera” que permitió operar a las transnacionales del petróleo en nuevas áreas, que luego su sucesor, Rafael Caldera, amplió. Así se llegó a la segunda nacionalización, impulsada por Hugo Chávez en 2007, quien a través de un decreto impuso que la petrolera estatal tenía que tener participación mayoritaria en todas las explotaciones petroleras venezolanas. Esa medida originó una serie de demandas internacionales, entre ellas la de Exxon, a quien el régimen de Nicolás Maduro pagó 700 millones de los 985 reclamados.

Del robo, hay que decirlo, fue víctima Venezuela, saqueada por la corrupción de quienes durante el régimen de Maduro administraron los activos de la petrolera estatal. Un ejemplo: el 17 de marzo de 2023, se dio a conocer la desaparición de 3.000 millones de dólares provenientes de cuentas por cobrar de la venta de petróleo, lo cual derivó en la detención de 61 personas, entre ellas tres coroneles y otros cuatro militares que ocupaban puestos relevantes en PDVSA.

Invasión a Venezuela: la verdad detrás del botín

El botín

Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, incluso más importantes que las de Arabia Saudí. Los yacimientos situados en la faja del Orinoco albergan más del 15% de todas las reservas mundiales. Su petróleo, además, es especial y característico: es más pesado y costoso de extraer, pero su alto contenido en azufre lo hace especialmente codiciado por las refinerías más sofisticadas.

Socio fundador de la OPEP, produce actualmente poco más de un millón de barriles diarios, lejos de los 3,5 millones de barriles que producía al final de la década de los noventa, cuando el país era una potencia global del sector de los hidrocarburos, con el 10% de la producción mundial de crudo. Ahora la república bolivariana apenas representa el 1%.

Para hacerse una idea del declive del sector en Venezuela, la industria del crudo del país llegó a ser la mayor exportadora del mundo. Ahora ocupa el puesto 21 entre los productores mundiales. Y está a punto de ser superado por su vecino Guyana, un país mucho más pequeño, cuya economía controla la petrolera Exxon.

Pero no solo se trata del petróleo. Tal como anunció el presidente Trump en su explícito mensaje hay “otros activos” que busca controlar con esta operación militar. Están en juego, además, minerales y tierras raras. Venezuela es un país muy rico en recursos naturales: cuenta con importantes reservas de gas natural, oro, hierro, bauxita y coltán, uno de los minerales necesarios para las baterías. También posee grandes yacimientos de cobre, níquel, titanio y zinc.

 De Monroe a Trump

Dos siglos antes – el 2 de diciembre de 1823– el entonces presidente de Estados Unidos, James Monroe, declaró como potencialmente hostil cualquier intervención de las potencias europeas sobre los asuntos políticos de una América que libraba sus guerras de independencia, bajo el tan estadounidense lema: “América para los americanos”.

El 2 de mayo de 1965, 142 años después, la Cámara de Representantes completó esa declaración con la “Doctrina Johnson”, tras la invasión a República Dominicana ordenada por el entonces presidente Lyndon Johnson, para evitar un gobierno comunista.

El 3 de enero de 2026, casi 58 años después, en una fecha sensible para Argentina porque coincide con la invasión británica a las Islas Malvinas en 1833, la región amaneció bombardeada por orden del actual presidente estadounidense, Donald Trump, quien invadió Venezuela y detuvo a su presidente, Nicolás Maduro. “Tras años de abandono, Estados Unidos reafirmará y aplicará la doctrina Monroe para restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental”, dijo el documento de 29 páginas en el que EEUU redefinió la Estrategia de Seguridad Nacional, que denominó como “corolario Trump a la doctrina Monroe”. En un juego de palabras, se bautizó como “Doctrina Donroe”. 

En declaraciones a la BBC, el investigador de Estudios Latinoamericanos del Council on Foreing Relations, Will Freeman, sintetizó: “Es una especie de justificación ideológica para la intervención de Estados Unidos o para la mano dura en la región. Pero el documento también menciona los cárteles de la droga y las incursiones extranjeras hostiles,  lo que suena a la Doctrina Monroe en su versión original». 

Si las viejas doctrinas buscaban la anexión violenta de una “América triguera” como si la región fuera el “caballo” y Estados Unidos el “jinete”, la actual doctrina Trump busca esnifar esa América narcótica que su país consume, abastece y fortalece en estructura, para su dominio geopolítico y el saqueo colonial de los bienes comunes, como dejó en claro Trump en su imperturbable y descarada conferencia: “Vamos a hacer que nuestras compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes en cualquier parte del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera gravemente deteriorada y comiencen a generar dinero para el país”.

¿Qué país?

En el nuestro y en los bordes más empobrecidos de esta ciudad –el Bajo Flores– la comunidad venezolana que está en la platea del club Daom mirando a los suyos disputar un partido de béisbol en un clásico contra Vélez Sarsfield lleva aferrada en cada mano, como un rosario, el teléfono celular, desde donde siguen las noticias de su tierra y de su gente. Me dice una joven que ya lleva ocho años en Argentina: 

“Es un comienzo”.

Lo dice con ilusión y alivio. 

Su mirada y lo que transmite, su biografía y lo que representa –estudió Historia en la universidad de la república bolivariana, trabaja limpiando casas por hora en Palermo– es la exacta dimensión del mayor fracaso del discurso progresista y sobre esa rotunda frustración ahora urge reflexionar.  

Fracasar, fracasar, fracasar hasta triunfar.

Lo decía Mao, que tanto disgusta a Trump.

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Nuevo ataque a la prensa: robo en la redacción de la cooperativa El Ciudadano

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Desconocidos rompieron un vidrio del frente del edificio e ingresaron al diario cooperativo de Rosario. El robo fue selectivo: se llevaron las dos consolas de sonido y todos los micrófonos, lo que impide que el medio siga transmitiendo y filmando. Todo en el contexto de un gobierno nacional que enarboló el eslogan «no odiamos lo suficiente a los periodistas». Desde la web de El Ciudadano (elciudadanoweb.com): «Nos vamos a levantar de este golpe pero nunca vamos a dejar de contar con espíritu crítico todo lo que vemos”.

El año comenzó con una noticia triste e inesperada para el diario El Ciudadano. Cuando volvieron a trabajar después del Año Nuevo, sus integrantes encontraron que la redacción del medio cooperativo de Rosario había sido robada. “Nunca vamos a dejar de contar con espíritu crítico todo lo que vemos”, señalaron desde el espacio autogestivo.

Nuevo ataque a la prensa: robo en la redacción de la cooperativa El Ciudadano

Imagen de las instalaciones saqueadas.

El episodio ocurrió durante la madrugada del primer día del año. Desconocidos rompieron un vidrio del frente del edificio e ingresaron al diario. “Se dirigieron directamente al sótano donde funciona el streaming y se llevaron las dos consolas de sonido, todos los micrófonos, lo que nos impide seguir transmitiendo y filmando”, contó El Ciudadano a través de una declaración en su web.

“Nos llama la atención lo selectivo del robo y lo simbólico del hecho de que se hicieran con los micrófonos”, agregaron desde la cooperativa y recordaron la compleja situación económico y de subsistencia que atraviesan en esta época de crisis.

El violento hecho, además, se da en el marco de un gobierno que promueve el odio a la prensa. Javier Milei repite de manera constante que no se odia lo suficiente a los periodistas, al tiempo que censura y reprime el ejercicio de prensa.

“Nos quisieron destruir muchas veces. Nunca lo consiguieron. Nos vamos a levantar de este golpe pero nunca vamos a dejar de contar con espíritu crítico todo lo que vemos”, concluye El Ciudadano, medio creado en 1998 y recuperado por sus trabajadoras y trabajadores en 2016.

El Ciudadano, junto al diario Tiempo Argentino, revista MU y Agencia lavaca, El Diario del Centro del País, revista Cítrica, agencia Tierra viva y Lawen, integra la Unión de Medios Autogestivos. Son siete cooperativas que se organizaron con el fin de promover el periodismo de investigación sobre temas sociales apremiantes. Su agenda hace foco en temas usualmente relegados por la prensa comercial como son la violencia institucional, el narcotráfico, el respeto por los derechos humanos y la diversidad de género, la soberanía alimentaria, los reclamos de los pueblos originarios y el cuidado del medio ambiente. 

La cooperativa que edita El Ciudadano se llama La Cigarra. El diario dio la noticia con palabras de aquella canción de María Elena Walsh: «Tantas veces me mataron». Y publicaron: «Por algunos indicios que deberán investigarse, el hecho también asoma como clara amenaza a la libertad de expresión».

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Conferencia en la calle: impidieron a la familia de Gabriel González, asesinado en Lugano, hablar en la Legislatura Porteña

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“Estoy viviendo una pesadilla. Me arrebataron a sangre fría a mi compañero de vida. Es tan injusto que no lo puedo creer. El policía que bajó de la camioneta no lo hizo para apaciguar, sino directo a matarlo” dijo este martes Nelly, la compañera de Gabriel González, el vecino de Lugano asesinado por la policía de la Ciudad el día de navidad.

La Legislatura Porteña le negó a la familia el salón en el que iban a hacer el acto, por lo cual la charla se realizó en la calle. Detalles del crimen en el que Gabriel se defendía –solo y como podía– de una turba policial violenta que disparó a matar a un hombre indefenso. Lo que contaron Nelly, Fabián Grillo (el padre de Pablo). Y una propuesta para el brindis de fin de año.

Por Francisco Pandolfi

Fotos: Juan Valeiro

Pasaron cinco días desde que Juan Gabriel González fue asesinado por la Policía de la Ciudad el 25 de diciembre en la Villa 20 de Lugano.

Su crimen quedó registrado por una serie de videos grabados por vecinos que evidenciaron el fusilamiento. Cinco días y cero pronunciamientos oficiales de las autoridades del gobierno porteño encabezado por Jorge Macri y cuyo ministro de Seguridad es Horacio Giménez. Para que el caso no pase al olvido y se pierda en el fin de año y en el año nuevo, este martes familiares y amigos convocaron a una audiencia pública en la Legislatura Porteña, acompañados por los bloques de legisladores de Fuerza Buenos Aires (peronismo) y del Frente de Izquierda. Pero cuando los seres queridos de Gabriel ya viajaban en micro desde Lugano al centro porteño, les avisaron que no les permitirían el ingreso.

¿El motivo? “Problemas administrativos”. 

Un dato: no hubo problemas administrativos cuando se permitió el uso de la Legislatura hasta en actos negacionistas de la última dictadura militar.  

Al llegar, la decisión de la familia fue hacer la audiencia prevista, pero en la puerta, en formato de conferencia de prensa. Allí se colocaron una mesa, un micrófono, un parlante. Y allí hablaron –además de legisladores y organizaciones sociales y sindicales–, Nelly, su pareja; Gerardo, su hermano y Oscar, su primo, que dijo: «Hoy cobardemente nos cierran la puerta de este Palacio Legislativo, pero no nos sorprende, toda la vida nos cerraron esta puerta». 

Conferencia en la calle: impidieron a la familia de Gabriel González, asesinado en Lugano, hablar en la Legislatura Porteña

El público siguiendo la charla de la familia de Gabriel González.

Desde las fuerzas políticas convocantes anunciaron que harán un pedido de interpelación al ministro Giménez para que rinda cuentas del violento accionar policial en Lugano.

La pesadilla

La primera que habló fue Nelly. “Estoy viviendo una pesadilla. Me arrebataron a sangre fría a mi compañero de vida. Es tan injusto que no lo puedo creer. El policía que bajó de la camioneta no lo hizo para apaciguar, sino directo a matarlo”.

El policía que mató, cuyo rostro quedó bien identificado, no fue detenido hasta el momento.

Se preguntó Nelly: “¿Por qué accionaron así? ¿Por qué vinieron de esa manera? ¿Esa es la forma de tranquilizar?”.

La división policial que actuó en el crimen se llama “de pacificación”. 

Todos filmados, todos implicados

Una integrante de Correpi, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, sentenció: “Los resultados de la autopsia no dejan discusión sobre la responsabilidad: murió por el disparo de la escopeta y están implicados todos los policías del procedimiento. Este crimen no puede quedar impune como tantos otros”. 

Nelly llevó puesta una remera negra con el lema en el pecho y una foto de su pareja: “Gaby por siempre”. En el dorso, esta inscripción:

“En la búsqueda de justicia, la verdad es el primer paso, pero el respeto por el otro es el camino completo. No existen las despedidas entre nosotros. Allí donde estés, te llevaré en mi corazón”.

De la camiseta, a su voz: “Venía de festejar la Navidad con sus amigos, quería entrar al pasillo de su casa y no lo dejaron y ahí empezó todo. Le pegaron desde un primer momento, a él, que era una persona buena, solidaria, del que todo el barrio habla bien. Necesito que me acompañen para que se haga justicia por Gabriel y por todas las personas que murieron así”.

Conferencia en la calle: impidieron a la familia de Gabriel González, asesinado en Lugano, hablar en la Legislatura Porteña

Gerardo, hermano menor, pudo decir un puñado de palabras antes de que se le quebrara la voz: “Era un hombre trabajador, que ayudaba a quien lo necesitara. Tenía muchos proyectos, era una gran persona mi hermano”.

Entre quienes escuchaban estaba Fabián Grillo, el papá de Pablo, fotógrafo que sigue recuperándose de una granada de gas lacrimógeno que le rompió el cráneo lanzada por Gendarmería, en la marcha de jubilados del 12 de marzo.

Dijo Fabián: “Al igual que hicieron con mi hijo, esto es un intento de disciplinamiento. La mano ejecutora es parte de un engranaje perverso que no termina en los autores materiales; sino en los responsables políticos”.

Conferencia en la calle: impidieron a la familia de Gabriel González, asesinado en Lugano, hablar en la Legislatura Porteña

Oscar dijo que iba a hablar de su primo Gabriel en tiempo presente. Planteó que sigue sonriendo “como siempre”; que sigue “enseñando a trabajar” a sus hijos Dante y Ángel, y a sus varios sobrinos; que sigue siendo “el corazón de la familia”; y que “seguirá acompañando, seguirá cuidando. Si hay alguien que cumplió un rol heroico fue él. La policía no aguantó ver a un hombre de verdad, defenderse de su violencia con sólo sus manos, y lo asesinaron. La persona que lo hizo estará muerta en vida, en cambio nosotros seguiremos pensando en mi primo: ojalá en todas las familias existiese un Juan Gabriel”.

Cerró con un pedido para este fin de año: “Que cuando la gente brinde, piense en nosotros y levanten la copa de la justicia por él, por Gabriel”.

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