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Mendoza: liberaron a dos asambleístas detenidos por oponerse a la megaminería

Mauricio Cornejo y Federico Soria (ambos en la imagen principal), integrantes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, Mendoza, fueron liberados este jueves al declararse incompetente en la causa la jueza Claudia Tula, que derivó el caso a la justicia federal. El abogado de la asamblea consideró la medida “una muestra de imparcialidad y de no dejarse intimidar por el poder político de Mendoza”. La detención de Cornejo ocurrió el 24 de febrero y la de Soria el 31 de marzo, por supuestamente “pertenecer a un grupo que quiere imponer sus ideas mediante la violencia”. El nivel de falsedad de este tipo de acusación en esta causa armada es tan profundo como los negocios y negociados que esconde la alianza entre el gobierno provincial y las mineras. La provincia cuenta con una ley, la 7722, que impide las actividades que destruyen el ambiente, contaminan y ponen en riesgo el principal recurso de vida: el agua. Distintos gobiernos intentaron anular esa ley, defendida en las calles y las rutas por la sociedad mendocina. Detalles sobre el caso, un abuso que intenta eliminar justamente la oposición de las comunidades. Las voces de los asambleístas al quedar en libertad.
Por Francisco Pandolfi
(Fotos publicadas por el sitio biencuyano.com.ar y lavaca.org )
Nora Moyano, de la Asamblea de las Heras por el Agua Pura de Mendoza, dice a lavaca: “Los compañeros se bancaron la cárcel sin ningún tipo de queja, impresionante la actitud de valentía y coraje de ambos. Hoy fue un día maravilloso, al que llegamos porque la única lucha que se pierde es la que se abandona y nosotros no abandonamos ni un minuto esta lucha”. Está emocionada, minutos después de que después de que Mauricio Cornejo y Federico Soria fueran dejados en libertad.
Para comprender la celebración de Nora, que es la de tantas y tantos, hay que comprender una larga historia.

Incompetencia
En Uspallata, Mendoza, hay un mural. Hay un mural grande, colorido. Un mural que dice Uspallata unida por el agua. Y que no a la Megaminería contaminante. Y que el agua no es un negocio y que la ley 7722 (que regula la actividad minera, prohibiendo el uso de sustancias tóxicas para el cuidado del ambiente y el agua) no se toca.
Este mural tiene su contexto, que mirado con el prisma del presente ameritaría una actualización, con una consigna que hoy vociferan –con rabia y urgencia– desde la asamblea de vecinos autoconvocados de Uspallata: “Basta de persecución”.
El pedido también era el de “Liberación de los injustamente detenidos Mauricio Cornejo y Federico Soria”, pero esta mañana fueron dejados en libertad luego de que la jueza a cargo de la causa, Claudia Tula, se declarara incompetente y derivara el expediente a la Justicia Federal. Mauricio y Federico, presos por manifestarse contra el nuevo intento de instalación del proyecto megaminero San Jorge, continuarán procesados.
Cuando el “no”, no se entiende
Uspallata queda al noroeste de Mendoza, en el departamento de Las Heras. A 120 kilómetros de la capital provincial y a 62 del majestuoso cerro Aconcagua. En Uspallata el gobierno mendocino se obstina en imponer (ahora junto a la empresa multinacional Solway Holding) un proyecto minero de cobre, oro y plata, sin el aval del pueblo y pese a la vigente Ley 7.722. Al proyecto minero San Jorge (PSJ) quieren instalarlo desde 2007 y una y otra vez se toparon con el “no” de la gente.
Y este año no está siendo la excepción. Aunque cambiaron los métodos y la correlación de fuerzas. Con la luz verde del gobierno nacional, impulsada por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el tándem gobierno mendocino y empresariado minero avanzó sin frenos. Lo describe la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC): “Estamos en un momento crítico. El avance del fascismo global y regional ha envalentonado a los violentos que avanzan sobre territorios, comunidades y pueblos. Vienen por el oro, vienen por el agua, vienen por todo. En Mendoza, una provincia que posee leyes en vigencia relacionadas con la protección del agua y restrictivas para la megaminería, dos compañeros asamblearios fueron detenidos por el aparato jurídico del gobierno provincial, por haberse manifestado en contra del avance minero sobre los territorios y las leyes”.
Armar la causa
Hace un par semanas contamos en lavaca la persecución que denunciaban las asambleas ambientales mendocinas desde fines de enero https://lavaca.org/notas/megamineria-patotas-y-cornejo-junto-a-milei-la-asamblea-de-uspallata-resiste-al-proyecto-san-jorge/, cuando se inauguró en Uspallata una oficina de la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros. En ese acto acudieron empresarios del sector, legisladores y funcionarios provinciales y municipales, así como el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, acompañado por la patota de la UOCRA. “Defender el agua y los bienes comunes no es delito. Delito es llevar a la patota de la UOCRA a pegarle a los vecinos”, denunciaron en aquel momento junto a “una serie de allanamientos a integrantes de la asamblea, cristalizada en detenciones y causas completamente armadas”.

El abogado de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, Marcelo Romano, informó al conocer el fallo: «La jueza Tula, en una muestra de imparcialidad y de no dejarse intimidar por el poder político de Mendoza, ha decretado que los delitos por los que el gobierno y las mineras persiguen a nuestros compañeros Federico y Mauricio son incompetentes para ser juzgados por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia. Por eso el Procurador y el fiscal Sánchez, van a tener que explicarle a los mendocinos por qué han tenido encerrados en condiciones inhumanas a los inocentes que el único delito que han cometido es defender el agua de todos”. Y agregó: “No somos terroristas los que defendemos el agua. Vamos a seguir teniendo razón, porque lo único que queremos es proteger las fuentes hídricas para las próximas generaciones, hoy técnicamente lo que se ha definido es que el fiscal Sánchez no puede seguir teniendo presos a nuestros compañeros porque no es competente para investigarlo”.
Presos políticos
Los asambleístas Mauricio Cornejo y Federico Soria fueron acusados de “pertenecer a un grupo que quiere imponer sus ideas mediante la violencia”, e imputados por el delito de coerción ideológica.
La detención de Cornejo fue el 24 de febrero y la de Soria el 31 de marzo. Desde la UAC afirman: “Fueron detenidos por órdenes de un gobierno que se ha propuesto avanzar con los proyectos mineros a cualquier costo. Estos actos de criminalización desnudan que los poderes corporativos globales, a través de sus delegados regionales como el gobernador de Mendoza, utilizan represión y encarcelamiento para imponer proyectos como el de Minera San Jorge, de oro y cobre a cielo abierto”.
Antes de ser detenido, Federico Soria (Técnico Químico Industrial, técnico Superior en Conservación de la Naturaleza, licenciado en Turismo y técnico profesional de la Administración de Parques Nacionales (APN) desde 2007, había expresado: “Denuncio persecución ideológica, intimidación pública y daños culposos a mi salud psíquica y física. Estoy siendo perseguido tanto por el Gobierno de Mendoza, como por la Administración de Parques Nacionales (en ambos casos de manera decididamente coordinada), por ser integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, así como por estar en contra de la Minera San Jorge y proponer como alternativa la creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas”.
Federico está diagnosticado por profesional médico con ataques de pánico, crisis depresiva, trastorno de ansiedad generalizado y palpitaciones cardíacas, refrendado con certificación oficial expedida por una junta médica del Ministerio de Salud de la Nación. Hoy, tras salir en libertad condicional bajo fianza, compartió sus sensaciones y su mirada al futuro: “Sigamos luchando, no le tengamos miedo al gobierno y a sus instituciones y grupos paraestatales violentos y sigamos luchando por el agua pura y principalmente por el Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, que fue la razón por la cual terminé preso. Adelante y digamos bien fuerte no a la minera San Jorge”.
Mauricio, megáfono en mano, también se pronunció tras salir en libertad: “No nos van a callar jamás, el agua de Mendoza no se negocia y acá estamos peleando por la libertad”.

Causas y consecuencias
Federico subraya los motivos de su detención: “Han inventado una denuncia en mi contra, sin pruebas concretas o empíricas, sin testigos, presentada por Edgardo Vera, presidente de la Cámara Minera de Uspallata, y ejecutada por el fiscal Juan Manuel Sánchez y la jueza Claudia Tula, que responden partidariamente al gobierno provincial. Buscan destruirme psíquica y físicamente como persona; y escarmentar a mis compañeros y desacreditar los reclamos y propuestas alternativas que viene llevando la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de
Uspallata”.
Agrega sobre las autoridades responsables: “Vienen profiriendo sobre mí cataratas de agravios, calumnias, injurias e intimidación pública, a través de medios masivos de comunicación pautados, sin darme en ningún caso derecho a réplica, con el claro objetivo de relativizar, invisibilizar, censurar, desacreditar y en última instancia anular, de manera coercitiva y coactiva mis reclamos genuinos y fundados técnica, científica, jurídica y legalmente, en contra de la explotación de Minera San Jorge”.
Desde la UAC plantean otra arista sobre el proyecto San Jorge, no menor para comprender con qué bueyes se ara: “Tiene una larga historia de existencia y de resistencia. Desde las primeras exploraciones en la década del 60, pasó por diversos grupos empresariales; los últimos movimientos fueron en 2019, cuando Solway Investment Group -grupo minero y metalúrgico con sede en Suiza- quedó como único propietario; y en 2024 cuando la titularidad pasó a Zonda Metals GmBH, parte del grupo Solway, y al Grupo argentino Alberdi, ambos con denuncias de prácticas de corrupción y violación de derechos humanos en otros lugares del mundo”.
Una cacería legalizada
Las comunidades piden que el foco principal sobre las causas de las detenciones de Mauricio y Federico se ponga en el artículo 213 bis del Código Penal. Eugenia Segura es compañera de ambos en la Asamblea de Uspallata. “La figura penal convierte a la protesta y organización en terrorismo; no importa si hacés algo que esté o no contra la ley, pueden imputarte si suponen que otra persona hizo algo ilegal y es de tu organización, algo totalmente inconstitucional. Hay que frenar esta cacería humana que es el artículo 213 bis, donde pueden llevarse preso a quien quieran por cualquier desmán que cometa otra persona, y acusar de terroristas a pacifistas y ambientalistas, y a la gente que sueña con un mundo mejor”.
El artículo 213 bis fue incorporado al Código Penal en 1984 y enmarca al delito denominado de “prepotencia ideológica”, hacia quien “comete, organiza o toma parte en agrupaciones que tengan por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”. La pena es de 5 a 15 años de prisión.
Eugenia agrega con toda la impotencia que lleva y toda la serenidad que requiere el momento: “Lo que se repite siempre es la estupidez, la corrupción, la codicia. Con distintos grados de violencia y distintos grados de crueldad, según la legislación vigente en cada provincia, y el
umbral de tolerancia a la violencia de cada sociedad. Esa raya colectiva que marcamos para decir de acá no te pasás. Llamale estado de derecho, derechos humanos, llamale una justicia pura como el agua que defendemos. Llamale como quieras, no había nada más injusto que el Fede y el Mauri estuvieran presos. Dos seres excelentes, a merced de una denuncia delirante, bancada por seres en los que es evidente la crueldad y la violencia. No pueden imponer sus ideas o combatir las ajenas si no es por medio de la violencia y el terror”.
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La policía porteña con permiso para matar

En los dos primeros años del gobierno de Jorge Macri, hubo 44 asesinatos cometidos por la policía porteña, entre casos de gatillo fácil, intrafamiliares y muertes en cárceles y comisarías. El jueves navideño hubo otro asesinado, Gabriel González, en Lugano, y este domingo la policía disparó a Leonardo Vargas en Constitución, un vecino que estaba tratando de evitar que le robaran el celular. Está internado, peleando por su vida.
En 72 horas la Policía de la Ciudad fusiló a dos personas:
- El jueves 25 de diciembre, en la Villa 20 de Lugano, mató a Juan Gabriel González.
- Este domingo 28 de diciembre, en el barrio porteño de Constitución, ejecutó a Leonardo Vargas, que ahora lucha por su vida en el hospital Ramos Mejía.
El crimen de Lugano
Gabriel González tenía 45 años y fue asesinado en Navidad, tras intervenir cuando la policía le estaba pegando a uno de sus hijos. En las imágenes se observa nítidamente cómo lo fusilaron a corta distancia. El informe preliminar de la autopsia confirmó que la causa de su muerte fueron “las lesiones por proyectil de munición múltiple. Hemorragia interna y externa”.

El momento en el que la policía de la Ciudad dispara contra Gabriel González.
Correpi (la Coordinadora contra la represión policial e institucional), afirmó: “Juan Gabriel recibió un impacto directo al cuerpo. No sabemos todavía qué tipo de cartuchería utilizaron, pero a corta distancia y directo a zonas vitales como tórax y abdomen, un disparo de escopeta es letal, tanto con cartuchos antitumulto (con postas de goma) o todo propósito (con postas de plomo). Hasta un cartucho de estruendo (sin munición) puede herir o matar a corta distancia. Por eso los protocolos de uso de armas largas prohíben terminantemente disparar directamente al cuerpo con cualquier tipo de cartuchería”.

Nelly, la viuda de Gabriel.
Tirar a matar en Constitución
El jefe de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires es Diego Casaló mientras que Horacio Giménez es el Ministro de Seguridad del gobierno porteño liderado por Jorge Macri.
Este domingo por la tarde, en la esquina de Salta y Constitución, la Policía de la Ciudad volvió a tirar a matar. En este caso a Leonardo Vargas, quien quedó gravemente herido y pelea por sobrevivir. Lo que cuentan testigos: le dispararon tres tiros cuando intentaba que una persona en situación de calle no le robara su celular.

Vecinas y vecinos de Constitución, reclamando en la calle. La policía disparó contra una persona a la que le estaban robando el celular.
Esta noche, vecinas y vecinos del barrio se concentraron en esa esquina con la consigna: “Basta de gatillo fácil”. Desde la manifestación, Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) le dijo a lavaca: “Un policía de la Ciudad, de la comisaría vecinal 1C, salió de la pizzería Ugis y sin mediar ninguna palabra le disparó tres balazos y uno de ellos le impactó en el rostro. Pedimos justicia y denunciamos que estamos cansadas de los límites que está cruzando la Policía de la Ciudad, que parece que tiene libre camino para violentarnos. Parece que hay un nuevo orden social de limpieza e higienización hacia las vidas de los pobres, de las migrantes, de las trabajadoras sexuales; parece que hay vidas descartables que no valen”.
La Policía de la Ciudad entró en servicio el 1º de enero de 2017.
Desde Correpi compartieron a lavaca: “En estos 8 años el total de casos de gatillo fácil de esta fuerza abarca a 168 víctimas. En los dos primeros años del gobierno de Jorge Macri, el total de asesinatos por la policía porteña es de 44 en todas las modalidades: gatillo fácil, intrafamiliares y muertes en cárceles y comisarías”.
El testimonio de Georgina Orellano para lavaca.
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Mendoza en caravana hacia la capital provincial contra el proyecto minero San Jorge

Este lunes miles de personas salieron a las rutas mendocinas a pie, a caballo y en toda clase de vehículos. Un “caravanazo” para llegar a la capital provincial este martes manifestándose contra la posible votación en el Senado del informe ambiental que daría piedra libre a un emprendimiento megaminero rechazado desde hace años. Se manifestó en contra el CONICET (en un documento luego censurado) y hay llamamientos de iglesias católicas y evangélicas, comunidades y pueblos originarios para evitar este avance. Detalles de la marcha y lo que está ocurriendo.
Por Francisco Pandolfi
Fotos: Archivo por el Agua de Mendoza
El pueblo de Mendoza empezó este lunes la “Nueva gesta libertadora por el agua”. Una caminata que partió a las 8 desde la localidad de Uspallata, al norte de la provincia y llegará este martes alrededor de las 10 de la mañana a la puerta de la Legislatura en Mendoza Capital, donde la Cámara de Senadores votará la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto minero San Jorge. De aprobarse, según se presume que ocurrirá, autorizará un proyecto rechazado desde 2007 que no cuenta con la llamada “licencia social” por parte de las comunidades y cuyos estudios de impacto ambiental ya fueron rechazados.

El mapa del caravanazo.
A pie, a caballo, en autos y toda clase de vehículos la provincia salió a las rutas y calles. Lo que está en juego es una explotación de la minería metalífera a gran escala, de oro y cobre, que atraviesa la cuenca del Río Mendoza y abastece a una población de 1,5 millones de habitantes, a más de 9.000 industrias y riega 250 mil hectáreas de cultivos.
La marcha hacia la capital
La marcha va bajando de norte a sur, pasó por Rocas Amarillas a las 13, Curva de Guido a las 15.30, Puente Anderson este atardecer para llegar cerca de las 21 a Potrerillos, a Cacheuta a la medianoche, a Luján de Cuyo al amanecer del martes hasta plantarse en la puerta de la Legislatura para exigir lo que le dicen a lavaca desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata: “Demandamos a los poderes del Estado provincial el rechazo de la DIA y el archivo definitivo del expediente”.

La movilización en ruta hacia la capital mendocina.
Cuando hablan del archivo definitivo del expediente es porque la historia no es nueva y ya tuvo varios capítulos.
El gobierno mendocino junto a la empresa multinacional Solway Holding insiste en imponer el Proyecto San Jorge desde hace 18 años. En 2011 la Legislatura ya rechazó por unanimidad un estudio de impacto ambiental similar al que se votará en pocas horas; en 2019 se generó una movilización histórica contra la derogación de la Ley 7722 de defensa del agua, que obligó a que la Legislatura repusiera esa norma; y ahora, en 2025, el gobernador Alfredo Cornejo –con la venia del gobierno nacional– profundizó la avanzada con el Poder Legislativo a su favor. El miércoles 26 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó la DIA, junto a otros tres proyectos pro mineros y todo parece allanado para que se repita el mismo resultado.

Los llamados de las religiones
En la antesala de la votación en Diputados, el Conicet Mendoza se había expedido en contra de la megaminería por identificarse “importantes deficiencias en el Informe de Impacto Ambiental del proyecto PSJ Cobre Mendocino. La falta de datos actualizados, de líneas de base completas y de estudios adecuados sobre agua, biodiversidad, patrimonio arqueológico y aspectos sociales impide una evaluación confiable de los impactos que el emprendimiento podría generar en la cuenca del río Mendoza”. Sin embargo, el documento fue censurado un día después (https://lavaca.org/actualidad/mendoza-el-consenso-de-la-rosca-y-la-inmediata-movilizacion-contra-el-proyecto-san-jorge/).
Esta vez, a horas de la votación en el Senado hubo una seguidilla de pronunciamientos desde comunidades indígenas, organizaciones sociales, académicas y hasta eclesiásticas a favor del cuidado del agua y el ambiente. Se construyó un frente ecuménico, conformado por iglesias católicas, protestantes, evangélicas y ortodoxas, para decir no a la megaminería. “El agua que abastece al 75% de la población de la provincia está en grave riesgo con la vida y la producción de Mendoza”, expresó la Red del Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI) y la Red de Fe por la Justicia Climática en una carta dirigida a los senadores, que denuncia “cuestionados procesos de evaluación ambiental, de participación ciudadana y de respeto por las leyes vigentes”.

El paisaje natural y el paisaje humano.
Se realizó también una Mesa de Diálogo integrada por laPastoral Social de Mendoza, la Comunidad Huarpe Guaytamari, asambleas vecinales y organizaciones civiles, que publicó el documento “Por el Bien Común del Pueblo Mendocino”, que cuestiona la declaración ambiental: “Una DIA condicionada, con vacíos y vicios, elementos mal consignados, observaciones no contestadas y promesas a futuro, es ilegal e ilegítima”. Rechazan allí la violación del Principio Precautorio y de Equidad Intergeneracional, y denuncian que se ignoraron informes de instituciones como CONICET, UNCUYO y el Departamento General de Irrigación. Además, se señala la persecución de voces críticas y la judicialización de la protesta social a través de detenciones arbitrarias por las que intervino el arzobispo mendocino.
Tras el clásico “el agua vale más que el oro” La Mesa de Diálogo propone un horizonte alternativo: la creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, como símbolo de un modelo de desarrollo basado en el cuidado de la casa común.

Tortitas y traiciones
Desde las rutas mendocinas, le cuentan a lavaca sobre cosas que los impactaron en esta marcha: las cerezas que donó una señora, las tortitas (los criollos en otras partes del país) que amasó otra; los carteles que se escriben, la gente que se va sumando en cada pueblo y ciudad, las canciones que se inventan, el agua que alcanzan desde las casas. Existe un carácter movimentista, cada uno hace y da lo que puede, durante todo el recorrido.
Nora Moyano integra la Asamblea de las Heras por el Agua Pura de Mendoza y sus 74 años la impulsan a seguir caminando. “Esta verdadera peregrinación es para salvar el bien más preciado que tenemos: el agua. Nos quieren destruir también los glaciares que es donde se origina el agua que bebemos, con la que cultivamos. Además, destrozarán la cordillera de los Andes a través de una sopa química”.
El saldo según Nora: “¿Qué nos queda? Basura tóxica a perpetuidad. Esto ya lo intentaron varias veces. En 2019 en trece días logramos revertir la ley cianuro que buscaba lo mismo que ahora, y ese es el ejemplo más reciente que hoy nos inspira a caminar desde Uspallata, San Carlos, San Rafael, Malargüe, desde cada lugar de la provincia. Es un hecho histórico. Los diputados ya nos traicionaron y esperamos que no hagan lo mismo los senadores. Somos muchísimos exigiendo que no avance y se archive para siempre esta locura”.

Otra histórica movilización mendocina.

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Marcha por la Emergencia en Discapacidad: “Sabemos no bajar los brazos”

Desde el Congreso hasta el ministerio de Salud, una enorme marcha encabezada por personas con discapacidad atravesó el centro de la ciudad de Buenos Aires este miércoles bajo la vigilancia de la policía antidisturbios debidamente pertrechada, y entre los bocinazos de adhesión de los automovilistas. El gobierno promulgó pero no aplica la ley de Emergencia en Discapacidad aprobada por el Congreso, reduce o elimina el apoyo a las familias, y maneja el ANDIS bajo la sospecha/certeza de corrupción que le puso la música de “Alta Coimera” al mediodía porteño. Imágenes y palabras desde una movilización asombrosa que describe mucho sobre el presente.
Por Sergio Ciancaglini. Fotos Juan Valeiro/lavaca.org
El adolescente gigantesco va con un muñeco de peluche y una sonrisa a toda prueba. Ve a Luis, un jubilado, choca puños con él, le pasa la mano por el hombro, le dice gracias y se pierde en la manifestación, con el muñeco en la mano y su mamá atrás.
Luis, un tipo duro, ex gastronómico que ha bancado represiones de gendarmería, policía, prefectura & afines en las marchas de los miércoles, se queda mirando al chico, y se larga a llorar. Le pregunto por qué llora: “Me emocionó. A los 75 años ver a un pibe con discapacidad, un disca como dicen ellos, que te haga esa caricia… no es joda”. Se pasa las manos por los ojos, sonríe y dice: “El día que dejás de emocionarte es que sos un tronco seco”. Plantea una teoría de salud pública: “Acá hay pasión, en las marchas de jubilados también. Pasión mata remedio”. Se recompone y sigue marchando con el cartel que preparó para esta semana: “El 26 sacá la basura”.

Luis, el jubilado con su cartel, y el chico que lo emocionó.
Bailando en la silla
La marcha arrancó en Congreso. Detrás de un camión que funcionó como escenario y guía, iban juntándose personas en sillas de ruedas, víctimas de distintas cosas que pasan cuando la carambola de la vida sale torcida. O personas con síndrome de Down caminando, y en muchos casos bailando al ritmo de los redoblantes, o ciegos y ciegas, y los familiares en cada caso, todo el mundo cuidando a los otros. Una chica con síndrome me señala los cordones desatados de la zapatilla y dice: “No te caigas”. Sonríe, y entiendo lo que le pasó a Luis.

El paisaje está plagado de gendarmes cerca del Congreso, y policías armados, escudados y ataviados como para la guerra, incluyendo a otros con cámaras filmando a personas con autismo, antiguas víctimas de polio, y todo lo indescriptible de este movimiento que sale a defender lo suyo. Y que, al hacerlo, desnuda el grado de corrupción y descomposición que impregna estos tiempos políticos.

¿Con financiamiento del INCAA?
La situación: la Ley de Emergencia en Discapacidad fue votada dos veces en Diputados y dos en el Senado. La segunda aprobación fue para rechazar el veto del Poder Ejecutivo. El gobierno entonces se vio obligado a promulgar la Ley pero no la aplica, bajo la excusa de que el Congreso tiene que definir las fuentes de financiación. Resultado: una tasa objetiva de crueldad y/o perversión, contra la gente y las familias que están este miércoles en la calle.
Otro detalle: la ANDIS, desde el señor Diego Spagnuolo cortó beneficios, redujo prestaciones, congeló los pagos a prestadores pero aumentó el presupuesto destinado a compra de remedios. De ese presupuesto aumentado es que se alimentan las maniobras reveladas en los audios de Spagnuolo, incluida la indexación de las coimas.

Caminar, hacerse ver y meter ruido.
José Enrique Montenegro va en su silla de ruedas. Tiene asistencia perfecta a las marchas de jubilados. “Allí empezó toda esta resistencia. En los que creían que estaba lo más golpeado, lo más jodido, está lo más poderoso. Y esto me hace acordar a cuando yo era más chico, que apareció una agrupación que se llamaba Los Rengos de Perón”. Lleva sobre sus piernas una bandera que dice “la patria no se vende” y una gorra en la que se lee “Cristina libre”. Cada vez que puede en estas manifestaciones y en las de jubilados, baila con su silla, las manos aferradas a las ruedas, siguiendo el ritmo, sacudiéndola, siempre con una sonrisa contagiosa. Tiene en los brazos y manos una fuerza de otro tipo, apenas inferior a la de esa sonrisa.

Se marcha como se puede.
No somos pobrecitos
Acompaña la movida Jony de la silla, como conocen todos a Jonathan Yeferley, muchacho de rastas recogidas, tres rulos como tirabuzón sobre la frente, que cuenta a lavaca: “Yo hace tres años me reconozco como sujeto de derecho, como persona con discapacidad, que siempre trataba de esconder para sentirme integrado a la sociedad. Pero bueno, el mundo disca, como nos gusta decir, se está despertando. Este gobierno fue muy cruel y vamos a aprovechar esta volada para generar conciencia de que somos personas. No somos pobrecitos ni inválidos mentales ni discapacitados: somos personas con discapacidad y tenemos derechos”.

Sobre la calle Lima, llegando al Ministerio de Salud.
Plantea Jony: “Creo que vamos a lograr un cambio cultural, como lo consiguieron las mujeres. Y si hay un orgullo disca, no es por ser disca, es por pelear, ser solidarios, tener corazón”.
Lo perverso
Presentan en el camión al diputado autor de la ley, Daniel Arroyo, de lo que se llamó en su momento Unión por la Patria y ex ministro de Desarrollo Social. “Sé de la angustia y desesperación que todos tenemos. Sigue sin resolverse la atención a las personas con discapacidad y sus familias. El sistema está colapsado, las personas no acceden a los medicamentos, a las terapias, a los tratamientos. Los hogares y centros de día hacen lo que pueden pero n pueden funcionar, las escuelas están recontra complicadas. Las personas en los talleres siguen cobrando 28.000 pesos por mes, y los acompañantes terapéuticos cobrando 3.000 pesos la hora, pero a 180 días: si empiezan a trabajar hoy lo van a cobrar en marzo del año que viene. Y el transportista sigue cobrando 541 pesos el litro de nafta”.
“Dos cosas tienen que pasar. Una es poner en marcha la ley. Dos, la Agencia de Discapacidad tiene los recursos ya. Son fondos de afectación específica, el presupuesto dice que tienen esa plata. Lo otro es que actúe la justicia, pero además está el camino del Congreso, donde hemos pedido la interpelación al Jefe de Gabinete porque lo único que tiene que hacer es transferir los recursos que ya están, para poner en marcha la ley”.

Luego explica a lavaca: “El gobierno transfirió fondos al ANDIS, no para cumplir la ley pero sí para actualizar los precios, pero tampoco lo hizo. Claramente lo que hace el gobierno es perverso. No quiere dar el brazo a torcer. Esto no tiene impacto fiscal. Es como alguien que se pone obtuso y dice ‘no, no, no’ y no quiere salir de eso.
El gobierno responde que hay que decirle de dónde sacar los recursos.
-Hace dos años que el gobierno no tiene presupuesto. Lo que hace es transferir recursos de un lado a otro. Lo hace directamente todo el tiempo. Acá es lo mismo.
Las retenciones no cobradas les hicieron ganar a las grandes cerealeras 1.500 millones de dólares. Están los gastos en servicios llamados de inteligencia.
-¿Y lo que gastaron en boletas para las elecciones? Plata hay, pero el gobierno decide lastimar a toda esta gente.
Después de haber hecho esta Ley, de las más importantes de los últimos tiempos, Arroyo termina su mandato y no fue incluido en las listas del peronismo. Elije la elegancia: “Vuelvo a la actividad académica, hay que construir otras ideas, me viene bien tomar distancia y pensar, abrir la cabeza. Por ejemplo, el cuidado de personas es probable que se convierta en una de las mayores fuentes de trabajo en el país. ¿Cómo hay que trabajar con eso? Y en lo general hay que redefinir todas las políticas, incluidas las sociales. Así que me dedicaré a eso”.
En un bar consulto a un señor que se llama Leonardo qué opina sobre lo que está viendo por la ventana. “Es muy triste. Una señora chilena me decía que habría que hacer la Teletón, que son colectas benéficas”. Ninguna colecta podría recaudar ni remotamente el funcionamiento permanente que requieren esas familias. “Ah, puede ser”. ¿Alguna idea sobre la corrupción en el área de discapacidad, justamente? “Bueno, habría que estudiarlo”. Así razona parte de la sociedad. Según una de las frase más reiterada de esta época, es lo que hay.

Abrazos.
Tres madres
La marcha fue una esforzada travesía y a la vez una fiesta que llegó hasta el edificio de 9 de Julio y Belgrano (donde funciona ministerio de Salud) en cuya parte superior puede verse todavía la imagen de Eva Perón. Por la 9 de Julio pasaban cantidad de automovilistas tocando bocina como forma de apoyo.

José y Jony.
Hablaron Jony, Gustavo (ciego que clamó “vamos el pueblo todavía”), y el sacerdote Pablo Molero (Coordinador del foro permanente para la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad). Se agradeció que hubiera varios diputados que acompañaron la marcha sin pedir que los nombren o les den micrófono. Habló también un joven a través de un traductor de voz, acompañando con gestos las palabras que él había pensado y escrito, y el robot reproducía: “El famoso 3 por ciento no es una cifra, es un símbolo. El símbolo de un gobierno que se enriquece mientras miles de familias hacen malabares para pagar una sesión de terapia o ir hasta el hospital. Eso no es error. Eso es crueldad planificada. No se puede vivir a pulmón, haciendo rifas para pagar un acompañante. Este domingo cuando vayas a votar acordate de quiénes somos. De los que no gritan porque no pueden pero sienten igual…” el robot seguía hablando en medio de una ovación que solo se detuvo al final cuando se escuchó a ese joven diciendo, a través de lo que había grabado: “La dignidad no se ajusta. Se defiende”.

Hablaron también madres de personas con trastorno autista.
Lola: “Sabemos que tenemos una lucha diaria por nuestros hijos, siempre, y esa fuerza de lucha se transmite acá. Se metieron con el colectivo más vulnerable. Despertaron a un monstruo. Porque no tienen idea de la lucha que tenemos día a día. Hasta que salga la Ley de Emergencia en Discapacidad, vamos a seguir en la calle. Queremos agradecerle al periodismo que acompañó, a toda la gente que vino, al Congreso que acompañó con su voto. Y gracias por tanto, tanto amor”.

Valentina, mamá de un adolescente con trastorno del espectro autista, y un admirador que se ganó con sus palabras.
Eugenia: ”Hagamos que este colectivo, que muchos creen que es vulnerable, muestre su fuerza, que es la fuerza que entregamos día a día”.
Valentina: “Se metieron con gente que no sabe bajar los brazos. Las personas con discapacidad, sus cuidadores y sus familias sabemos no bajar los brazos. Sabemos de obstáculos y dificultades para toda la vida, y no bajamos los brazos. A veces nos tomamos un tiempito para tomar carrera, y volvemos a insistir. Porque así es nuestra vida. Vamos a seguir insistiendo hasta que aumenten los aranceles a los prestadores, para que todas las pensiones por discapacidad sean restablecidas y hasta que se cumpla cada artículo de la ley. Vamos a seguir acá”. Luego se cantó el Himno.

El proyecto de destrucción de esta y tantas otras realidades sigue funcionando. Al salir, un chiquito con síndrome de Down y comiendo un helado de frutilla saludaba a la gente y sonreía. Volví a sentirme como Luis. Los próximos tiempos dirán cómo se sigue escribiendo la historia emocionante de la gente que sabe cómo no bajar los brazos.


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