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Mendoza: liberaron a dos asambleístas detenidos por oponerse a la megaminería

Mauricio Cornejo y Federico Soria (ambos en la imagen principal), integrantes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, Mendoza, fueron liberados este jueves al declararse incompetente en la causa la jueza Claudia Tula, que derivó el caso a la justicia federal. El abogado de la asamblea consideró la medida “una muestra de imparcialidad y de no dejarse intimidar por el poder político de Mendoza”. La detención de Cornejo ocurrió el 24 de febrero y la de Soria el 31 de marzo, por supuestamente “pertenecer a un grupo que quiere imponer sus ideas mediante la violencia”. El nivel de falsedad de este tipo de acusación en esta causa armada es tan profundo como los negocios y negociados que esconde la alianza entre el gobierno provincial y las mineras. La provincia cuenta con una ley, la 7722, que impide las actividades que destruyen el ambiente, contaminan y ponen en riesgo el principal recurso de vida: el agua. Distintos gobiernos intentaron anular esa ley, defendida en las calles y las rutas por la sociedad mendocina. Detalles sobre el caso, un abuso que intenta eliminar justamente la oposición de las comunidades. Las voces de los asambleístas al quedar en libertad.
Por Francisco Pandolfi
(Fotos publicadas por el sitio biencuyano.com.ar y lavaca.org )
Nora Moyano, de la Asamblea de las Heras por el Agua Pura de Mendoza, dice a lavaca: “Los compañeros se bancaron la cárcel sin ningún tipo de queja, impresionante la actitud de valentía y coraje de ambos. Hoy fue un día maravilloso, al que llegamos porque la única lucha que se pierde es la que se abandona y nosotros no abandonamos ni un minuto esta lucha”. Está emocionada, minutos después de que después de que Mauricio Cornejo y Federico Soria fueran dejados en libertad.
Para comprender la celebración de Nora, que es la de tantas y tantos, hay que comprender una larga historia.

Incompetencia
En Uspallata, Mendoza, hay un mural. Hay un mural grande, colorido. Un mural que dice Uspallata unida por el agua. Y que no a la Megaminería contaminante. Y que el agua no es un negocio y que la ley 7722 (que regula la actividad minera, prohibiendo el uso de sustancias tóxicas para el cuidado del ambiente y el agua) no se toca.
Este mural tiene su contexto, que mirado con el prisma del presente ameritaría una actualización, con una consigna que hoy vociferan –con rabia y urgencia– desde la asamblea de vecinos autoconvocados de Uspallata: “Basta de persecución”.
El pedido también era el de “Liberación de los injustamente detenidos Mauricio Cornejo y Federico Soria”, pero esta mañana fueron dejados en libertad luego de que la jueza a cargo de la causa, Claudia Tula, se declarara incompetente y derivara el expediente a la Justicia Federal. Mauricio y Federico, presos por manifestarse contra el nuevo intento de instalación del proyecto megaminero San Jorge, continuarán procesados.
Cuando el “no”, no se entiende
Uspallata queda al noroeste de Mendoza, en el departamento de Las Heras. A 120 kilómetros de la capital provincial y a 62 del majestuoso cerro Aconcagua. En Uspallata el gobierno mendocino se obstina en imponer (ahora junto a la empresa multinacional Solway Holding) un proyecto minero de cobre, oro y plata, sin el aval del pueblo y pese a la vigente Ley 7.722. Al proyecto minero San Jorge (PSJ) quieren instalarlo desde 2007 y una y otra vez se toparon con el “no” de la gente.
Y este año no está siendo la excepción. Aunque cambiaron los métodos y la correlación de fuerzas. Con la luz verde del gobierno nacional, impulsada por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el tándem gobierno mendocino y empresariado minero avanzó sin frenos. Lo describe la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC): “Estamos en un momento crítico. El avance del fascismo global y regional ha envalentonado a los violentos que avanzan sobre territorios, comunidades y pueblos. Vienen por el oro, vienen por el agua, vienen por todo. En Mendoza, una provincia que posee leyes en vigencia relacionadas con la protección del agua y restrictivas para la megaminería, dos compañeros asamblearios fueron detenidos por el aparato jurídico del gobierno provincial, por haberse manifestado en contra del avance minero sobre los territorios y las leyes”.
Armar la causa
Hace un par semanas contamos en lavaca la persecución que denunciaban las asambleas ambientales mendocinas desde fines de enero https://lavaca.org/notas/megamineria-patotas-y-cornejo-junto-a-milei-la-asamblea-de-uspallata-resiste-al-proyecto-san-jorge/, cuando se inauguró en Uspallata una oficina de la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros. En ese acto acudieron empresarios del sector, legisladores y funcionarios provinciales y municipales, así como el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, acompañado por la patota de la UOCRA. “Defender el agua y los bienes comunes no es delito. Delito es llevar a la patota de la UOCRA a pegarle a los vecinos”, denunciaron en aquel momento junto a “una serie de allanamientos a integrantes de la asamblea, cristalizada en detenciones y causas completamente armadas”.

El abogado de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, Marcelo Romano, informó al conocer el fallo: «La jueza Tula, en una muestra de imparcialidad y de no dejarse intimidar por el poder político de Mendoza, ha decretado que los delitos por los que el gobierno y las mineras persiguen a nuestros compañeros Federico y Mauricio son incompetentes para ser juzgados por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia. Por eso el Procurador y el fiscal Sánchez, van a tener que explicarle a los mendocinos por qué han tenido encerrados en condiciones inhumanas a los inocentes que el único delito que han cometido es defender el agua de todos”. Y agregó: “No somos terroristas los que defendemos el agua. Vamos a seguir teniendo razón, porque lo único que queremos es proteger las fuentes hídricas para las próximas generaciones, hoy técnicamente lo que se ha definido es que el fiscal Sánchez no puede seguir teniendo presos a nuestros compañeros porque no es competente para investigarlo”.
Presos políticos
Los asambleístas Mauricio Cornejo y Federico Soria fueron acusados de “pertenecer a un grupo que quiere imponer sus ideas mediante la violencia”, e imputados por el delito de coerción ideológica.
La detención de Cornejo fue el 24 de febrero y la de Soria el 31 de marzo. Desde la UAC afirman: “Fueron detenidos por órdenes de un gobierno que se ha propuesto avanzar con los proyectos mineros a cualquier costo. Estos actos de criminalización desnudan que los poderes corporativos globales, a través de sus delegados regionales como el gobernador de Mendoza, utilizan represión y encarcelamiento para imponer proyectos como el de Minera San Jorge, de oro y cobre a cielo abierto”.
Antes de ser detenido, Federico Soria (Técnico Químico Industrial, técnico Superior en Conservación de la Naturaleza, licenciado en Turismo y técnico profesional de la Administración de Parques Nacionales (APN) desde 2007, había expresado: “Denuncio persecución ideológica, intimidación pública y daños culposos a mi salud psíquica y física. Estoy siendo perseguido tanto por el Gobierno de Mendoza, como por la Administración de Parques Nacionales (en ambos casos de manera decididamente coordinada), por ser integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, así como por estar en contra de la Minera San Jorge y proponer como alternativa la creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas”.
Federico está diagnosticado por profesional médico con ataques de pánico, crisis depresiva, trastorno de ansiedad generalizado y palpitaciones cardíacas, refrendado con certificación oficial expedida por una junta médica del Ministerio de Salud de la Nación. Hoy, tras salir en libertad condicional bajo fianza, compartió sus sensaciones y su mirada al futuro: “Sigamos luchando, no le tengamos miedo al gobierno y a sus instituciones y grupos paraestatales violentos y sigamos luchando por el agua pura y principalmente por el Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, que fue la razón por la cual terminé preso. Adelante y digamos bien fuerte no a la minera San Jorge”.
Mauricio, megáfono en mano, también se pronunció tras salir en libertad: “No nos van a callar jamás, el agua de Mendoza no se negocia y acá estamos peleando por la libertad”.

Causas y consecuencias
Federico subraya los motivos de su detención: “Han inventado una denuncia en mi contra, sin pruebas concretas o empíricas, sin testigos, presentada por Edgardo Vera, presidente de la Cámara Minera de Uspallata, y ejecutada por el fiscal Juan Manuel Sánchez y la jueza Claudia Tula, que responden partidariamente al gobierno provincial. Buscan destruirme psíquica y físicamente como persona; y escarmentar a mis compañeros y desacreditar los reclamos y propuestas alternativas que viene llevando la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de
Uspallata”.
Agrega sobre las autoridades responsables: “Vienen profiriendo sobre mí cataratas de agravios, calumnias, injurias e intimidación pública, a través de medios masivos de comunicación pautados, sin darme en ningún caso derecho a réplica, con el claro objetivo de relativizar, invisibilizar, censurar, desacreditar y en última instancia anular, de manera coercitiva y coactiva mis reclamos genuinos y fundados técnica, científica, jurídica y legalmente, en contra de la explotación de Minera San Jorge”.
Desde la UAC plantean otra arista sobre el proyecto San Jorge, no menor para comprender con qué bueyes se ara: “Tiene una larga historia de existencia y de resistencia. Desde las primeras exploraciones en la década del 60, pasó por diversos grupos empresariales; los últimos movimientos fueron en 2019, cuando Solway Investment Group -grupo minero y metalúrgico con sede en Suiza- quedó como único propietario; y en 2024 cuando la titularidad pasó a Zonda Metals GmBH, parte del grupo Solway, y al Grupo argentino Alberdi, ambos con denuncias de prácticas de corrupción y violación de derechos humanos en otros lugares del mundo”.
Una cacería legalizada
Las comunidades piden que el foco principal sobre las causas de las detenciones de Mauricio y Federico se ponga en el artículo 213 bis del Código Penal. Eugenia Segura es compañera de ambos en la Asamblea de Uspallata. “La figura penal convierte a la protesta y organización en terrorismo; no importa si hacés algo que esté o no contra la ley, pueden imputarte si suponen que otra persona hizo algo ilegal y es de tu organización, algo totalmente inconstitucional. Hay que frenar esta cacería humana que es el artículo 213 bis, donde pueden llevarse preso a quien quieran por cualquier desmán que cometa otra persona, y acusar de terroristas a pacifistas y ambientalistas, y a la gente que sueña con un mundo mejor”.
El artículo 213 bis fue incorporado al Código Penal en 1984 y enmarca al delito denominado de “prepotencia ideológica”, hacia quien “comete, organiza o toma parte en agrupaciones que tengan por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”. La pena es de 5 a 15 años de prisión.
Eugenia agrega con toda la impotencia que lleva y toda la serenidad que requiere el momento: “Lo que se repite siempre es la estupidez, la corrupción, la codicia. Con distintos grados de violencia y distintos grados de crueldad, según la legislación vigente en cada provincia, y el
umbral de tolerancia a la violencia de cada sociedad. Esa raya colectiva que marcamos para decir de acá no te pasás. Llamale estado de derecho, derechos humanos, llamale una justicia pura como el agua que defendemos. Llamale como quieras, no había nada más injusto que el Fede y el Mauri estuvieran presos. Dos seres excelentes, a merced de una denuncia delirante, bancada por seres en los que es evidente la crueldad y la violencia. No pueden imponer sus ideas o combatir las ajenas si no es por medio de la violencia y el terror”.
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Marcha de jubilados: lo que une el espanto

Dos fotoperiodistas detenidas. Seis personas heridas. ¿Cuál es la causa de la tendencia represiva creciente, y en particular contra la prensa? Lo que plantean quienes monitorean la violencia policial, con cifras concretas, a cinco meses del ataque al fotógrafo Pablo Grillo que este miércoles volvió a ser operado. Mientras tanto, en Congreso se volvió a marchar: las divisiones entre diversos grupos, y lo que los une como sector que sigue siendo símbolo de movilización en estos tiempos. ¿Cómo se vive hoy? El combate a la naturalización, datos sobre emperadores, el diálogo trans con un medio oficialista. Vetos, votos y una pregunta: “¿Nos pueden entender?”.
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla
“Estamos acá porque le tenemos más miedo al hambre que a la represión”.
Quien habla es Gladys, 63 años, enfermera jubilada del hospital Rawson. Lo dice pasadas las 3 de la tarde, ni bien había arrancado la concentración de jubiladas y jubilados para exigir el “no al veto” del gobierno de Javier Milei a la módica suba de los haberes que en realidad no es una suba sino devolver ese 7,2% arrebatado con el shock inflacionario que generó al asumir.
En Congreso, dos horas después, pasará lo de siempre y lo que nunca podrá naturalizarse: la represión policial, en este caso acompañada de dos detenciones arbitrarias por parte de la Policía de la Ciudad, en la esquina de Rodríguez Peña y Bartolomé: Camila Luciana Rey, fotógrafa y Yazmín Orellano, ambas de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) fueron capturadas al voleo.


Camila Luciana Rey y Yazmín Orellano. El momento de la detención «al voleo» en Congreso, y la imagen de la policía llevándolas en la comisaría. Fueron liberadas después de las 22 horas.
El puñado de fotógrafos y periodistas que presenciaron el hecho afirmaron: “Las cazaron”. Minutos después, la fuerza de seguridad porteña se las llevó en una camioneta a Combate de los Pozos 155. Luego fueron trasladadas a la comisaría de Tacuarí e Independencia. Las acusan de “lesiones”, “atentado y resistencia a la autoridad”. Después de las 22 ambas fueron liberadas.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) contabilizó seis personas heridas en dos eventos represivos de la tarde. La tendencia: hasta fines de junio, la CPM había registrado en seis meses 130 detenciones arbitrarias contra 93 del 2024. En el mismo período, las personas heridas también superaron a todas las del año pasado: 1.251. Entre ellas hubo 179 trabajadoras y trabajadores de prensa. El informe completo puede leerse aquí: https://www.comisionporlamemoria.org/project/informe-especial-represion-de-las-fuerzas-de-seguridad-a-las-manifestaciones-publicas/
Rodrigo Pomares, del Centro Provincial de la Memoria, planteó a lavaca: “Hay una preponderancia en la represión hacia los sectores de los medios y fotoperiodistas, y un límite muy concreto al desempeño de los medios de comunicación y en algunos casos de quienes cubrimos las manifestaciones con el objetivo del monitoreo”.
Para Pomares “La motivación más evidente es que quieren evitar el registro de las represiones y que se puedan reconstruir luego las secuencias de la represión como ocurrió en el caso de Pablo Grillo y tantos otros. El registro de la prensa y de quienes estábamos monitoreando permitió reconstruir lo que pasó, y aportar esos datos a la justicia. Eso es lo que parece evidente que quieren evitar”.

Otra operación a Pablo Grillo
Este martes se cumplieron cinco meses del miércoles 12 de marzo, cuando durante otra represión a la marcha de jubilados, el gendarme Héctor Guerrero le disparó de forma totalmente ilegal una granada de gas lacrimógeno al reportero gráfico Pablo Grillo. El impacto dirigido a su cabeza casi lo mata y perdió parte de la masa encefálica. Este miércoles a la mañana, Pablo fue operado con éxito una vez más: esta vez, le colocaron una prótesis en la cabeza (dos placas en ambos hemisferios). “La operación duró tres horas y salió bien, ahora hay que esperar la evolución”, dijo Fabián, su papá. El gendarme Guerrero, autor material de ese disparo, recién será indagado el próximo 2 de septiembre.
Dice Ana María, 72 años, durante la marcha: “Se está normalizando lo que jamás se debe hacer normal. Hoy prendés la tele y escuchás: ‘Otro miércoles más que les pegan a los viejos’. Todo al revés. No se puede naturalizar que se le pegue a nadie”.

Divisiones y reflexiones
El modus operandi de las Fuerzas de Seguridad genera efectos colaterales. A la represión concreta, literal, manifiesta, visible –granadas, gases, camiones hidrantes, palazos– se le suma la silenciosa, la invisible, la que divide para reinar: las fragmentaciones que se generan –o potencian– internamente entre las múltiples organizaciones de jubilados.
Hoy, mientras Jubilados Insurgentes terminaba de marchar alrededor del Congreso y doblaba en Rodríguez Peña, parte de las Mesa de Organizaciones caminaba por Hipólito Yrigoyen, mientras que otro grupo permanecía parado frente al Congreso.
Mario es un jubilado que todos los miércoles da el presente. «Más allá de las divisiones hay que tener plena conciencia de que el enemigo es uno solo: el gobierno, y el plan criminal que está aplicando. Hay que pensar mucho más en la unidad porque con ella vamos a poder conseguir disminuir la intensidad del ajuste».

Betty, 65 años, es enfermera jubilada del hospital Penna. Habla sobre la fragmentación notoria: “Vengo acá para sumar un granito de mostaza para conquistar nuestros derechos como jubilados, más allá de las organizaciones a la que cada uno represente. Yo soy autoconvocada y vengo por lo mal que la estoy pasando. Tenemos que defendernos con nuestras tristezas y con nuestras experiencias, que valen un montón”.
¿Cómo se vive en estos días? “Con los 350 mil pesos que cobro no llego a comer todos los días. Espero que este gobierno se vaya pronto y no lo digo porque sí: estoy viviendo mal, estamos viviendo mal, ¿me pueden entender? ¿nos pueden entender?”.
Un poco más allá estaba Vic, trans que había llegado desde Parque Patricios. “Vine a apoyar la lucha de los jubilados porque es una lucha contra el odio la que nos une”. Se acercó un periodista de La Nación + preguntándole si es jubilada.
Vic fue notablemente ilustrativa en su respuesta: “No. Soy odiada y hambreada y solidaria como ellos”.

Lo que no cambia
Gladys y Betty, las enfermeras jubiladas, vienen cada miércoles porque las une la bronca a esta gestión nacional. Como a tantos otros, y como decía Jorge Luis Borges, no los une el amor sino el espanto.
Hay otro punto de unión: la injusticia que están viviendo. Gladys: “Si no venimos, si no nos hacemos escuchar, van a creer que está todo bien, que estamos conformes, y no es así. Tenemos haberes miserables, mientras los legisladores cobran 9 millones, es una vergüenza”. Y subraya: “Esta vida es una vergüenza, parece como si quieran matarnos”.

Jubilada y un arma novedosa: pompas de jabón.
Betty la interrumpe: “Es que sí, nos quieren matar. Milei es un déspota, un criminal, que se complace en sacarnos a los pobres lo poco que tenemos”. Se hace una pregunta: “¿Cómo se explica, si no, que pretenda que vivamos con 350 mil pesos? Seguro que para mantener a esos perros grandes que tiene gasta mucho más que eso. Es un atorrante”.
Más allá de la represión policial (primero las fuerzas federales y desde hace tres miércoles la Policía de la Ciudad) y las divisiones de las organizaciones de jubiladas y jubilados, hay algo que no cambia: la convocatoria permanente cada miércoles a las 15 frente al Congreso de la Nación, potenciada desde hace diez días cuando Javier Milei vetó el aumento de 7.2% de las jubilaciones y el retorno de la moratoria previsional. Al ratificarse el veto, el aumento de agosto para las y los jubilados fue del 1,62%, por lo que la jubilación mínima sigue desplomada, en $ 314.243,51.

Manuel, 75 años, cuenta por qué sigue viniendo: “El objetivo común es ponerle un freno a Milei, que está haciendo padecer a la Argentina. Debe entender que es el Presidente, no un emperador como pretende ser, que no acata las leyes ni las instituciones”.
¿Cómo se lo frena? “Como creo que en la democracia, el parate a Milei debe hacerse en las urnas y para eso hay que hablar con cada persona, crear conciencia, seguir desmintiendo todas las barbaridades que dice. Por eso también estamos hoy acá y seguiremos estando”.
Manuel lleva un cartel que dice: “Milei vetó, nosotros votemos”. Y lo firma “un viejo meado”.
Cierra, hasta el próximo miércoles: “No nos quedemos en casa, es la única manera de cambiar esto”.

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Carne

Por Claudia Acuña.
Son las siete y cuarto de la tarde y en la sucursal del supermercado Coto de la calle Castro Barros, barrio de Almagro, hay cuatro mujeres haciendo fila en la sección carnicería. La primera es una anciana que tiene en las manos apretado el monedero y la mirada atenta en el corte de la carne que pretende: ojo de bife. Le pide al muchacho que tiene el cuchillo expectante en el trozo que le saque toda la grasa que pueda para que pese menos. El muchacho lo hace con esmero. La mujer le pide luego que lo corte lo más finito que pueda. El muchacho lo hace con precisión milimétrica. “Doscientos gramos”, le anuncia y la mujer agradece. Dirá luego, sonriendo, que quiere darse ese “gustito” porque hace tiempo –no dice cuánto, pero suena a demasiado– que no come carne. El muchacho le entrega la bolsa sin mirarla a los ojos: fija la vista en la siguiente mujer, más joven, que está acompañada por su hija, que no supera el metro de altura y parece estar cantando para sí misma Ojalá, el tema de María Becerra.
“Oja-ojalá-lá
que te vuelva el karma
Eras un muñeco
porque no tenías alma….”
La mujer pide dos churrascos de paleta. Otra vez: cortados finitos.
El muchacho vuelve a esmerarse y luego, los pesa.
Teclea en la calculadora de la balanza. La mujer está expectante de los números digitales y cuando asoma el resultado ordena:
“Deja solo uno”.
La balanza vuelve a dictar la cotización.
La mujer señala entonces con esperanza un fragmento que quedó en la tabla.
“Probá con ese que parece más chico”, pide.
El muchacho prueba.
La balanza dictamina el mismo precio que con los otros dos.
“Dejá uno solo”, repetirá la mujer casi sin voz.
Cuando el muchacho le entrega la bolsita, agrega:
“Perdón”.
La tercera mujer pregunta si hay huesos para caldo.
El muchacho responde que ya se los llevaron todos.
La mujer se va.
La cuarta soy yo, que estoy sin palabras.
El silencio obliga la mirada del muchacho directo a los ojos.
“Así, todo el día”, dirá.
¿Hace falta decir algo más?
(Imagen, diario Tiempo Argentino)
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San Cayetano: 15 kilómetros de realidad

Desempleo, estampitas, falta de comida, espigas, chicha (nueva droga que invade los barrios, gracias a la crisis), vetos, bendiciones y maldiciones, goleadas, votos, malos pensamientos, arrepentidos, desquicios, la forma actual de la corrupción, la inseguridad, los zombies. Los temas que no aparecen en la política, resurgen con San Cayetano, que volvió a reunir a la gente para pedir y agradecer trabajo entre otras cosas, para tener paz y para marchar a lo largo de 15 kilómetros hasta Plaza de Mayo. Conversaciones en ese trayecto que atraviesa varias avenidas del presente.
Por Lucas Pedulla
Fotos: Juan Valeiro
Marcela, 52 años, vende espigas a 1.000 pesos en la estación de Liniers. Llegó de Lanús a las nueve de la noche del miércoles para vender en las inmediaciones de la iglesia de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, en su versión 2025. Lo primero que percibió fue la cantidad de personas que iban a pedir comida. «Un montón, el año pasado traían sus viandas», compara.
No le sorprende: ella está más ajustada, el alquiler sube y las matemáticas para alimentar tres hijos necesitan otras audacias. No habla de cifras, solo dice que «cuesta más».
¿Y el gobierno? Revolea los ojos: «Soy de derecha, pero no lo voté».
¿A quién votó? «A Bullrich. Después no voté porque no me convencían ni Massa ni Milei. Por eso ahora tampoco voy a ir a votar». Bullrich está en el gobierno y como ministra de Seguridad es la que reprime todas las semanas a jubiladas y jubilados. Marcela levanta los brazos: «Estoy en contra de que hagan eso, como también de las barbaridades que está haciendo con los vetos».
Marcela ofrece espigas a quienes pasan, y vaticina las próximas elecciones: «Para mí le va a ir mal. Está desquiciado».

De los gases a las espigas, la alegoría de Marcela refleja también algo de esta Argentina, un día después de la dura goleada sufrida por el gobierno en la Cámara de Diputados (12 a 0 entre leyes votadas y vetos rechazados), en medio de otra cruda represión a jubilados y trabajadores de prensa. Entre ellos, el fotógrafo de la agencia AP Rodrigo Abd, que salió un rato de la clínica a donde lo atienden para ver la marcha que hoy no pudo cubrir: le están haciendo estudios por una inflamación en la parte media de su oído derecho por el impacto del chorro del camión hidrante que recibió ayer en la Plaza de los Dos Congresos. Fue uno de los atacados por la policía de un gobierno que publica en las redes propias y de sus asalariados: “No odiamos lo suficiente al periodismo”.

Pensamientos y bendiciones
Sobre la calle Cuzco, entre puestos de estampitas y velas con promos de dos por 1.000, siguen las filas para que los curas bendigan espigas, estampas y velas. Ema, 65 años, y Marcelín, de 68, son una pareja de jubilados que cobran la mínima y también se vinieron de zona sur, de Glew. Marcelín dice que la cosa está brava: «Uno viene a agradecer por todo lo que San Cayetano nos ha dado hasta ahora. La situación está bastante comprometida: todo lo que es para bien lo vetan enseguida». Por eso, suma Ema, hay que agradecer: «Y pedir por los hijos y los nietos. Está difícil para los jóvenes, no hay expectativa para un chico de 20».
Ema pide si podemos, por favor, no hablar de política. «Uno viene para tener paz y transmitirle paz al otro. Si todo el tiempo estamos con malos pensamientos…», dice pero no termina la frase porque la fila avanza y el cura está ahí y ella va rumbo a la bendición: «Nos vemos».

La agenda invisible
Desde allí se prepara para salir la novena movilización que los movimientos sociales nucleados en la UTEP organizan en el día de San Cayetano. También adhirieron y convocaron gremios, sobre todo de las dos CTA, que caminaron unidas. La marcha cruza toda la ciudad por una de sus arterias principales, Avenida Rivadavia, que conecta el territorio porteño con un oeste infinito. Liniers, casa de la iglesia, oficia de punto neurálgico donde también llegan vecinas y vecinos de todo el conurbano.
La distancia total a Plaza de Mayo es de 15 kilómetros. Hubo una posta en Flores, frente a la Basílica donde comenzó su carrera Jorge Bergoglio. Lo recordaron con un audio suyo, ya como Papa Francisco, donde habla de cuidar el medio ambiente y luchar por paz, pan, tierra, techo y trabajo. Es el primer San Cayetano sin Francisco como actor espiritual y político.

La marcha arrancó a las 9 de la mañana, llegó a Casa Rosada cerca de las 14, y tuvo en Congreso la sumatoria de columnas nutridas que cruzaron la 9 de Julio en dirección a Plaza de Mayo, a donde llegaron, como llegan hace nueve marchas, con una agenda de temas tan profundos que no entran en los debates políticos: comedores, trabajadoras de cuidado, jóvenes en proceso de recuperación de adicciones, recorte de alimentos, falta de acceso a la tierra, y parálisis de la obra pública de integración socio-urbana que lo único que permite es el avance de la narcoestructura territorial.

Cuando te comen la cabeza
Mauricio, 27 años, es uno de los que puede jactarse de caminarse todo. Milita en la JP Evita. Vino del barrio Victoria, en Moreno, la última estación del tren Sarmiento. «Laburo para pibes desde 18 años y la cosa está fea. La última vez salimos a repartir 320 porciones de comida. En un día. Es un montón. Y vemos que mucha gente del barrio que antes no venía, ahora llega. Impresiona: cada vez se suman más».
Otra cuestión es el consumo problemático: «Está a full, y sube cada día. Intentamos hablar con los jóvenes para que no caigan, pero es una problemática que crece. Peleamos para frenarla. Pero al pibe le comen la cabeza. El transa de la esquina les dice: ‘Vendé acá y te doy plata». Y los pibes, lamentablemente, con eso los compran. Pero no les dan nada».
Para Mauricio, el hambre y el consumo son dos temas ausentes del actual debate político. ¿Cómo buscar de nuevo a esos pibes? “Siempre les hablo para enamorarlos de la política. Le digo: ‘En la política está todo’. Hay desencanto, sí, pero por cómo está el país entienden que tienen el poder para cambiarlo. Hasta con un voto”.

La estrategia electoral de Arturo
Por Rivadavia también marcharon jubilados que todos los miércoles están en Congreso. Uno de ellos es Arturo, vecino de Almagro, que tiene una de las mejores estrategias de comunicación alguna vez creadas: con una sartén ya rota por los golpes que le propina con un utensillo de metal, se mete en cuanto comercio o local ve abierto. Y grita, por cuadras: “Fuera Milei, estafador. ¡Gobernás para los ricos!”. Se asoma a kioscos, verdulerías, cafeterías y aprovecha los momentos que las puertas de algún COTO o banco se abren: “Fuera Milei, ¡fuera!”. Hasta algunos policías ya sonríen. El cálculo de Arturo: “Hoy conseguí 1.000 votos”.
Arriba de un tractor cruza la 9 de Julio el padre Toto, de la parroquia Virgen de Caacupé, de la Villa 21: “Esta marcha es donde tengo que estar”. Una entrevista con Toto y su trabajo en el barrio sobre la cuestión de consumo se publicará en la próxima edición de MU.

La chicha y los zombies
Samantha, 30 años, es de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) de Rafael Castillo, en La Matanza. En el comedor dan de comer a 30 personas por día y cada vez son más. “Los maridos se quedan sin trabajo y no les alcanza para pagar las cuentas. Dejan de pagar las tarjetas de crédito. Los chicos sólo comen gracias a los comedores de los colegios”.
Cuenta que entró una droga nueva al barrio, a la que llaman “chicha” y definen como peor que el paco: “La consumen muchos jóvenes, pibes de 14 o 15 años. Los deja como zombies. A veces ni te reconocen. Chicos que iban al colegio y de pronto dejan”. Al debate político también le falta una discusión seria sobre seguridad, explica Samantha: “Es un tema llevar a mi nene a las 6.30 a la escuela. No voy con el celular porque no sabés lo que puede pasar”.
Para las elecciones que vienen, La Libertad Avanza propuso como candidato de la Tercera Sección Electoral, donde predomina La Matanza, al excomisario Maximiliano Bondarenko. Samantha abre los ojos: “Pero eso es más corrupción. Necesitamos un debate en serio”. Piensa que hay condiciones: “Muchos vecinos se han arrepentido de haberlo votado a Milei. Creyeron, pero te dicen: ‘Me equivoqué’. Algunos tenían un almacén, o capaz que otro negocio, y lo tuvieron que cerrar”.

Potenciar narco
Vanesa, 33 años, vino de Melchor Romero, en La Plata, y lleva una pechera del Partido Comunista Revolucionario (PCR). «Soy comunista y banco al Papa», se presenta. «Es el primero que habló de techo, tierra y trabajo».
¿Cómo está el barrio?: «Se la está pasando malísimo: desde que asumió Milei, a los comedores no van más alimentos. La mayoría de la gente no llega a fin de mes. El Potenciar Trabajo está congelado en 78.000 pesos y no se mueve. ¿Cómo hacés? A nuestro comedor vienen más de 100 personas por día. Las compañeras sacan de su casa para la olla porque no alcanza. Los barrios se organizan: unos dan merienda, otros dan cena, pero a fin de mes es tremendo, con jubilados, desempleados. Hoy ves gente revolviendo basura en cada cuadra».
De nuevo, el hambre como tema. Y el narco consumo: «Creció horrores. El narcomenudeo arrasa. Pibes que dejan el colegio para ser ‘soldaditos’ de los transas. Les ofrecen plata fácil, pero los hacen mierda. Desde que asumió Milei, todo está peor: ves nenes de 8 o 9 años consumiendo paco».
A este combo le agrega que llegó la factura de luz de 200.000 pesos. Y 36.000 a otro comedor. «Las garrafas de gas están a 15.000 cada una. No duran nada. Muchos cocinamos con leña para estirar».
¿Cómo salir de esto? Vanesa sigue marchando y tiene una hipótesis: «Uniéndonos y saliendo a la calle. Milei vino a sacarnos nuestros derechos. La única forma es resistir organizados» dice rodeada de gente, de espigas y tal vez de preguntas.

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