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Mendoza: liberaron a dos asambleístas detenidos por oponerse a la megaminería

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Mauricio Cornejo y Federico Soria (ambos en la imagen principal), integrantes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, Mendoza, fueron liberados este jueves al declararse incompetente en la causa la jueza Claudia Tula, que derivó el caso a la justicia federal. El abogado de la asamblea consideró la medida “una muestra de imparcialidad y de no dejarse intimidar por el poder político de Mendoza”. La detención de Cornejo ocurrió el 24 de febrero y la de Soria el 31 de marzo, por supuestamente “pertenecer a un grupo que quiere imponer sus ideas mediante la violencia”. El nivel de falsedad de este tipo de acusación en esta causa armada es tan profundo como los negocios y negociados que esconde la alianza entre el gobierno provincial y las mineras. La provincia cuenta con una ley, la 7722, que impide las actividades que destruyen el ambiente, contaminan y ponen en riesgo el principal recurso de vida: el agua. Distintos gobiernos intentaron anular esa ley, defendida en las calles y las rutas por la sociedad mendocina. Detalles sobre el caso, un abuso que intenta eliminar justamente la oposición de las comunidades. Las voces de los asambleístas al quedar en libertad.  

Por Francisco Pandolfi

(Fotos publicadas por el sitio biencuyano.com.ar y lavaca.org )

Nora Moyano, de la Asamblea de las Heras por el Agua Pura de Mendoza, dice a lavaca: “Los compañeros se bancaron la cárcel sin ningún tipo de queja, impresionante la actitud de valentía y coraje de ambos. Hoy fue un día maravilloso, al que llegamos porque la única lucha que se pierde es la que se abandona y nosotros no abandonamos ni un minuto esta lucha”. Está emocionada, minutos después de que después de que Mauricio Cornejo y Federico Soria fueran dejados en libertad.

Para comprender la celebración de Nora, que es la de tantas y tantos, hay que comprender una larga historia.

Mendoza: liberaron a dos asambleístas detenidos por oponerse a la megaminería

Incompetencia

En Uspallata, Mendoza, hay un mural. Hay un mural grande, colorido. Un mural que dice Uspallata unida por el agua. Y que no a la Megaminería contaminante. Y que el agua no es un negocio y que la ley 7722 (que regula la actividad minera, prohibiendo el uso de sustancias tóxicas para el cuidado del ambiente y el agua) no se toca. 

Este mural tiene su contexto, que mirado con el prisma del presente ameritaría una actualización, con una consigna que hoy vociferan –con rabia y urgencia– desde la asamblea de vecinos autoconvocados de Uspallata: “Basta de persecución”.

El pedido también era el de “Liberación de los injustamente detenidos Mauricio Cornejo y Federico Soria”, pero esta mañana fueron dejados en libertad luego de que la jueza a cargo de la causa, Claudia Tula, se declarara incompetente y derivara el expediente a la Justicia Federal. Mauricio y Federico, presos por manifestarse contra el nuevo intento de instalación del proyecto megaminero San Jorge, continuarán procesados.

Cuando el “no”, no se entiende

Uspallata queda al noroeste de Mendoza, en el departamento de Las Heras. A 120 kilómetros de la capital provincial y a 62 del majestuoso cerro Aconcagua. En Uspallata el gobierno mendocino se obstina en imponer (ahora junto a la empresa multinacional Solway Holding) un proyecto minero de cobre, oro y plata, sin el aval del pueblo y pese a la vigente Ley 7.722. Al proyecto minero San Jorge (PSJ) quieren instalarlo desde 2007 y una y otra vez se toparon con el “no” de la gente. 

Y este año no está siendo la excepción. Aunque cambiaron los métodos y la correlación de fuerzas. Con la luz verde del gobierno nacional, impulsada por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el tándem gobierno mendocino y empresariado minero avanzó sin frenos. Lo describe la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC): “Estamos en un momento crítico. El avance del fascismo global y regional ha envalentonado a los violentos que avanzan sobre territorios, comunidades y pueblos. Vienen por el oro, vienen por el agua, vienen por todo. En Mendoza, una provincia que posee leyes en vigencia relacionadas con la protección del agua y restrictivas para la megaminería, dos compañeros asamblearios fueron detenidos por el aparato jurídico del gobierno provincial, por haberse manifestado en contra del avance minero sobre los territorios y las leyes”.

Armar la causa

Hace un par semanas contamos en lavaca la persecución que denunciaban las asambleas ambientales mendocinas desde fines de enero https://lavaca.org/notas/megamineria-patotas-y-cornejo-junto-a-milei-la-asamblea-de-uspallata-resiste-al-proyecto-san-jorge/, cuando se inauguró en Uspallata una oficina de la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros. En ese acto acudieron empresarios del sector, legisladores y funcionarios provinciales y municipales, así como el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, acompañado por la patota de la UOCRA. “Defender el agua y los bienes comunes no es delito. Delito es llevar a la patota de la UOCRA a pegarle a los vecinos”, denunciaron en aquel momento junto a “una serie de allanamientos a integrantes de la asamblea, cristalizada en detenciones y causas completamente armadas”.

Mendoza: liberaron a dos asambleístas detenidos por oponerse a la megaminería

El abogado de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, Marcelo Romano, informó al conocer el fallo: «La jueza Tula, en una muestra de imparcialidad y de no dejarse intimidar por el poder político de Mendoza, ha decretado que los delitos por los que el gobierno y las mineras persiguen a nuestros compañeros Federico y Mauricio son incompetentes para ser juzgados por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia. Por eso el Procurador y el fiscal Sánchez, van a tener que explicarle a los mendocinos por qué han tenido encerrados en condiciones inhumanas a los inocentes que el único delito que han cometido es defender el agua de todos”. Y agregó: “No somos terroristas los que defendemos el agua. Vamos a seguir teniendo razón, porque lo único que queremos es proteger las fuentes hídricas para las próximas generaciones, hoy técnicamente lo que se ha definido es que el fiscal Sánchez no puede seguir teniendo presos a nuestros compañeros porque no es competente para investigarlo”.

Presos políticos 

Los asambleístas Mauricio Cornejo y Federico Soria fueron acusados de “pertenecer a un grupo que quiere imponer sus ideas mediante la violencia”, e imputados por el delito de coerción ideológica. 

La detención de Cornejo fue el 24 de febrero y la de Soria el 31 de marzo. Desde la UAC afirman: “Fueron detenidos por órdenes de un gobierno que se ha propuesto avanzar con los proyectos mineros a cualquier costo. Estos actos de criminalización desnudan que los poderes corporativos globales, a través de sus delegados regionales como el gobernador de Mendoza, utilizan represión y encarcelamiento para imponer proyectos como el de Minera San Jorge, de oro y cobre a cielo abierto”.

Antes de ser detenido, Federico Soria (Técnico Químico Industrial, técnico Superior en Conservación de la Naturaleza, licenciado en Turismo y técnico profesional de la Administración de Parques Nacionales (APN) desde 2007, había expresado: “Denuncio persecución ideológica, intimidación pública y daños culposos a mi salud psíquica y física. Estoy siendo perseguido tanto por el Gobierno de Mendoza, como por la Administración de Parques Nacionales (en ambos casos de manera decididamente coordinada), por ser integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, así como por estar en contra de la Minera San Jorge y proponer como alternativa la creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas”.

Federico está diagnosticado por profesional médico con ataques de pánico, crisis depresiva, trastorno de ansiedad generalizado y palpitaciones cardíacas, refrendado con certificación oficial expedida por una junta médica del Ministerio de Salud de la Nación. Hoy, tras salir en libertad condicional bajo fianza, compartió sus sensaciones y su mirada al futuro: “Sigamos luchando, no le tengamos miedo al gobierno y a sus instituciones y grupos paraestatales violentos y sigamos luchando por el agua pura y principalmente por el Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, que fue la razón por la cual terminé preso. Adelante y digamos bien fuerte no a la minera San Jorge”.

Mauricio, megáfono en mano, también se pronunció tras salir en libertad: “No nos van a callar jamás, el agua de Mendoza no se negocia y acá estamos peleando por la libertad”. 

Mendoza: liberaron a dos asambleístas detenidos por oponerse a la megaminería

Causas y consecuencias

Federico subraya los motivos de su detención: “Han inventado una denuncia en mi contra, sin pruebas concretas o empíricas, sin testigos, presentada por Edgardo Vera, presidente de la Cámara Minera de Uspallata, y ejecutada por el fiscal Juan Manuel Sánchez y la jueza Claudia Tula, que responden partidariamente al gobierno provincial. Buscan destruirme psíquica y físicamente como persona; y escarmentar a mis compañeros y desacreditar los reclamos y propuestas alternativas que viene llevando la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de

Uspallata”.

Agrega sobre las autoridades responsables: “Vienen profiriendo sobre mí cataratas de agravios, calumnias, injurias e intimidación pública, a través de medios masivos de comunicación pautados, sin darme en ningún caso derecho a réplica, con el claro objetivo de relativizar, invisibilizar, censurar, desacreditar y en última instancia anular, de manera coercitiva y coactiva mis reclamos genuinos y fundados técnica, científica, jurídica y legalmente, en contra de la explotación de Minera San Jorge”.

Desde la UAC plantean otra arista sobre el proyecto San Jorge, no menor para comprender con qué bueyes se ara: “Tiene una larga historia de existencia y de resistencia. Desde las primeras exploraciones en la década del 60, pasó por diversos grupos empresariales; los últimos movimientos fueron en 2019, cuando Solway Investment Group -grupo minero y metalúrgico con sede en Suiza- quedó como único propietario; y en 2024 cuando la titularidad pasó a Zonda Metals GmBH, parte del grupo Solway, y al Grupo argentino Alberdi, ambos con denuncias de prácticas de corrupción y violación de derechos humanos en otros lugares del mundo”.

Una cacería legalizada

Las comunidades piden que el foco principal sobre las causas de las detenciones de Mauricio y Federico se ponga en el artículo 213 bis del Código Penal. Eugenia Segura es compañera de ambos en la Asamblea de Uspallata. “La figura penal convierte a la protesta y organización en terrorismo; no importa si hacés algo que esté o no contra la ley, pueden imputarte si suponen que otra persona hizo algo ilegal y es de tu organización, algo totalmente inconstitucional. Hay que frenar esta cacería humana que es el artículo 213 bis, donde pueden llevarse preso a quien quieran por cualquier desmán que cometa otra persona, y acusar de terroristas a pacifistas y ambientalistas, y a la gente que sueña con un mundo mejor”.

El artículo 213 bis fue incorporado al Código Penal en 1984 y enmarca al delito denominado de “prepotencia ideológica”, hacia quien “comete, organiza o toma parte en agrupaciones que tengan por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”. La pena es de 5 a 15 años de prisión.

Eugenia agrega con toda la impotencia que lleva y toda la serenidad que requiere el momento: “Lo que se repite siempre es la estupidez, la corrupción, la codicia. Con distintos grados de violencia y distintos grados de crueldad, según la legislación vigente en cada provincia, y el

umbral de tolerancia a la violencia de cada sociedad. Esa raya colectiva que marcamos para decir de acá no te pasás. Llamale estado de derecho, derechos humanos, llamale una justicia pura como el agua que defendemos. Llamale como quieras, no había nada más injusto que el Fede y el Mauri estuvieran presos. Dos seres excelentes, a merced de una denuncia delirante, bancada por seres en los que es evidente la crueldad y la violencia. No pueden imponer sus ideas o combatir las ajenas si no es por medio de la violencia y el terror”.

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Incendios en Chubut: “Se está quemando nuestra historia”

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Hace un mes, después de una tormenta eléctrica, se detectó un foco de incendio en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut. Con medios aéreos y no sólo terrestres, se hubiese apagado rápido. Hoy, Los Alerces arden. Reproducimos esta nota de las y los Vecinos de Esquel y Trevelin autoconvocados por los incendios forestales. «No fue sólo la sequía, es un Estado irresponsable».

Por Vecinos de Esquel y Trevelin autoconvocados por los incendios forestales.

Foto de portada: Mariano Silvester.

El Parque Nacional Los Alerces es una de las áreas protegidas más bonitas del país. Es un lugar que ha sido cuidado y protegido desde 1937. Un parque que por su belleza paisajística y cuidado tan extremo fue declarado Patrimonio Mundial en junio de 2017.

Este parque, el nuestro, es el único Parque Nacional que cuida y protege la especie arbórea más longeva del mundo, el Fitzroya cupressoides, El Alerce Patagónico, el abuelo como los conocemos desde siempre. Esta especie arbórea habita el bosque andino patagónico desde hace 5486 años aproximadamente.

El Parque Nacional Los Alerces es la única área protegida de nuestro país que protege, entre otras especies, al bosque de Alerce que crece en la zona núcleo del Parque Nacional, en el bosque Valdiviano. Para conocerlo, embarcábamos en Chucao y navegábamos para visitar al abuelo de 2600 años: ahí, en la zona intangible comenzó el incendio, donde conviven Alerces, Coihues, Ñires, Lengas, Cañas Colihues, Huan Huan, entre muchas especies más. Cada árbol, cada arbusto del bosque es un refugio y hogar de diferentes aves, insectos y animales, como el Pudú (el ciervo más pequeño del mundo), el Huemul (Patrimonio Natural), Monito del Monte, Gato Huiña, Gato Montes, Pumas, Chucaos, Pájaros Carpinteros y más y más.

Incendios en Chubut: “Se está quemando nuestra historia”

Seccional Lago Verde

Preguntas sin respuestas

Lo más bello de este parque es su gran y variada biodiversidad, ese gran ecosistema prístino, bien equilibrado que se está ardiendo. Hoy se está quemando todo nuestro Parque y nos toca el alma no sólo a los que habitan y trabajan de manera directa en el área protegida, sino que nos afecta a todos.

¿No había ningún avión hidrante o helicóptero que pudiera llegar a ayudar a los pocos brigadistas y guardaparques que están poniendo el cuerpo desde diciembre? Ahora está en llamas la zona Núcleo, el corazón de nuestro Parque Nacional; también la zona de recreación, Lago Verde, Lago Rivadavia. El sector de río Arrayanes ayer comenzó a arder en ambos lados.

Las familias que habitan en el lago están intentando salvar lo que pueden de las llamas.

A nosotros, los locales, nos afecta de manera directa e indirecta.

Nos destruye no solo la temporada, nos destruye el territorio que cuidamos, protegemos y difundimos como un lugar digno de disfrutar y trabajar de manera sustentable. Nuestra calidad de vida se nos está yendo con las llamas. La posibilidad de una vida social, económica, ambiental de manera sustentable se va con cada perdida arbustiva y arbórea en este incendio.

El Patrimonio Mundial Parque Nacional los Alerces hoy arde y es necesario que nos expliquen por qué.

El rayo, lo entendemos, pero la pasividad de los siguientes días luego de la denuncia con presencia de imágenes, ¿cómo lo explican?

¿Cómo se explica la decisión de sólo observar “cómo viene el incendio”, “cómo avanza…”?

¿Cómo no se contó antes con los aviones hidrantes para lugares intangibles sin posibilidad de acceso terrestre?

¿Y por qué no se actuó a tiempo?

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Fusilamiento en Lugano: prisión preventiva para el policía que mató a Gabriel González

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En la foto se ve a la izquierda a Gastón Miño, el más alto, en el momento en el que está por disparar contra Gabriel González (a la derecha de la foto, sin camisa, levantando los brazos para defenderse de la agresión policial).

“Miño disparó una escopeta contra el cuerpo de la víctima a una distancia menor a cinco metros impactando municiones metálicas en el lado derecho del abdomen donde presentó lesiones que causaron la muerte” escribió el juez Hugo Decaría al dictar el procesamiento y la prisión preventiva del oficial de la policía porteña Darián Gastón Miño, quien fusiló al vecino de Lugano Juan Gabriel González la navidad pasada. Los y las demás policías que intervinieron en ese operativo quedaron imputados por encubrimiento. Pertenecen a una autodenominada “Unidad Táctica de Pacificación”. El juez además desmintió la versión policial, que para distraer la atención del crimen culpaba a familiares y amigos de Juan Gabriel. Nelly, compañera de Gabriel desde hace 24 años dijo a lavaca: “el cuerpo de Gaby siguió contando la verdad”.

Por Francisco Pandolfi

El oficial primero de la Policía de la Ciudad Darián Gastón Miño, quien fusiló a Juan Gabriel González el 25 de diciembre de 2025 en la Villa 20 de Lugano, fue procesado con prisión preventiva por el delito de homicidio agravado por pertenecer a una fuerza de seguridad. 

La decisión fue tomada por el juez Hugo Decaría, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 20.

El juez estableció además el sobreseimiento de Nelly Elizabeth Portillo, Dante Gabriel González y Anastasio Néstor Chávez –mujer, hijo y vecino de Gabriel–quienes habían sido falsamente acusados de “homicidio en riña” por la misma Policía de la Ciudad, con obvia intención de desviar la atención sobre el crimen.

El resto de los policías de la Ciudad que actuaron en el operativo que derivó en el homicidio de González fueron imputados por el delito de encubrimiento .

Emanuel Luis Zuccolo representa a la familia y es abogado de Correpi, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional. Dice a lavaca: “En un primer momento la Policía de la Ciudad le comunicó al juzgado que había habido una gresca como de 30 personas, que tenían botellas, palos, que cuando llegaron ellos los atacaron y que ese contexto alguien apuñaló a Gabriel. Eso quedó totalmente desmentido”.

Fusilamiento en Lugano: prisión preventiva para el policía que mató a Gabriel González

Al día siguiente del crimen ya hubo marchas en Lugano reclamando justicia.

En la resolución judicial se atribuye al oficial Miño haber abusado de su función como integrante de las fuerzas policiales, usar arma de fuego y violar la Ley de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires. “Miño disparó una escopeta contra el cuerpo de la víctima a una distancia menor a cinco metros impactando municiones metálicas en el lado derecho del abdomen donde presentó lesiones que causaron la muerte”, sentencia el juez en un documento de 47 páginas que también informa que en el cuerpo de Gabriel González se encontraron “9 proyectiles tipo postas”.

Agrega el abogado: “Además, la resolución del juez afirma que tanto Anastasio como Nelly todo el tiempo estuvieron tratando de separar a los policías de Gabriel, buscando tranquilizar las cosas y eran los policías quienes atacaban con las tonfas y con balazos de goma. El juez no solo desmiente la versión policial, sino que la da vuelta completamente, diciendo que quienes atacaban sin razón a Gabriel eran los policías”.

Gabriel tenía 45 años. Era pintor, papá de dos hijos (Ángel y Dante) un vecino querido en todo el barrio, como contamos en este retrato que nunca hubiéramos querido tener que escribir y que publicamos hace unas horas

La autopsia fue clave para que el 31 de diciembre el oficial Darián Gastón Miño, de 30 años, fuera detenido en su casa de San Martín por requerimiento de la fiscalía 50 y también para este procesamiento: se demostraron los impactos de postas de goma y golpes recibidos en distintos lugares del cuerpo, pero además presentaba un orificio de entrada de 14 centímetros de diámetro en el epigastrio, debido al impacto a corta distancia de un proyectil de munición múltiple, que le provocó hemorragia interna y externa.

Fusilamiento en Lugano: prisión preventiva para el policía que mató a Gabriel González

Nelly y Gabriel rodean a su hijo Dante.

Nelly Portillo, pareja de Gabriel desde hace 24 años y mamá de Dante, el hijo que tuvo con Gabriel, le dice a lavaca sobre este paso contra la impunidad policial:

“Estoy destruida en mil pedazos, pero aun así me quedan fuerzas. Estoy viva y soy la voz de Gabriel. Tengo mil cosas para decirle a los responsables, pero lo único que quiero que quede claro es que Gabriel se defendió hasta morir y que todos los responsables van a tener que pagar por lo que hicieron y todo el dolor que nos causaron. Que se pudran en la cárcel”.

La tristeza no le impide seguir denunciando: “Que se sigan viralizando las imágenes, qué el país vea lo que hicieron. Y que los medios de comunicación que mintieron desde atrás de un escritorio salgan a pedir disculpas por decir que éramos tres borrachos más haciendo disturbios. No, no fue así, el cuerpo de Gaby siguió contando la verdad”.

A dos semanas de aquel mediodía, ninguna autoridad del gobierno de la Ciudad se pronunció todavía sobre el fusilamiento Juan Gabriel González.

Fusilamiento en Lugano: prisión preventiva para el policía que mató a Gabriel González
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Miércoles de marcha: entre las changas de los jubilados y el corazón de los chicos

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Primera marcha de jubilados en el Congreso de 2026. Más policías y fuerzas de seguridad que manifestantes. Carros de asalto, móviles, camiones hidrantes, vehículos celulares, ambulancias. Todo un despliegue inútil que además entorpece el tránsito como los jubilados no podrían hacerlo. La mirada sobre las changas y la economía real. La llegada de personas y familiares de personas con discapacidad frente a la disolución de la ANDIS, y quienes manifestaron contra el desmantelamiento del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas. Como siempre en estos tiempos, la arbitrariedad y la fuerza contra quienes menos pueden defenderse, pero siguen decididos a hacerse oír para que las cosas cambien.

Por Francisco Pandolfi

12 móviles de Gendarmería Nacional. 

11 móviles de la Federal.

8 móviles de la Prefectura Naval. 

31 móviles (inmóviles, quietos) fue el despliegue de las fuerzas nacionales en las inmediaciones de un Congreso otra vez vallado para una movilización de jubiladas y jubilados que no contó con más de 300 personas. El caos en el centro provocado por el propio “protocolo” que ha sido declarado nulo por la justicia.

A esa desproporción se le sumó un centenar de policías de la Ciudad, los únicos que estuvieron del otro lado de la valla, vigilando a quienes manifestaban.

A metros de las vallas, un puñado de policías federales recibe órdenes del único que está vestido con pantalón de vestir y camisa.

Miércoles de marcha: entre las changas de los jubilados y el corazón de los chicos

Tiene un handy en la mano.

Pero no quiere responder preguntas. 

–¿Quién es el responsable del operativo?

–Tenés que hablar con el Ministerio de Seguridad. 

–¿Pero con quién puedo hablar que esté ahora acá, que me pueda responder sobre el operativo de hoy?

–Tenés que hablar con el Ministerio de Seguridad.

¿Pero no hay un jefe de calle, alguien que me responda sobre el operativo?

–Tenés que hablar con el Ministerio de Seguridad.

–¿Cómo te llamás?

–Hernán. 

–¿Tu apellido y cargo? 

–No importa. Para hablar del operativo tenés que llamar al Ministerio de Seguridad. 

El número del Ministerio de Seguridad es 5278-9800.

Atiende la guardia de la recepción: “A esta hora no hay nadie que te pueda contestar”, dice. 

La tercera no es la vencida: el contacto con prensa del ministerio también cae en el silencio. No hay respuesta cuando se pide hablar con alguien que explique el operativo. 

Miércoles de marcha: entre las changas de los jubilados y el corazón de los chicos

El cañito que pierde

Del otro lado de la valla, las y los jubilados dan un mensaje claro en este primer miércoles del año: acá estamos, acá seguimos, y acá vamos a seguir estando, cada semana. 

También dan otro mensaje: lo que avizoran es mucho peor. 

Carlos tiene 73 años es de Avellaneda y dice así: “Sigo trabajando, por supuesto”. Acentúa el “por supuesto”, normalizando la hostilidad. Plomero, albañil, gasista, porque “con 350 lucas es imposible”. Dice que hace 20 días que no tiene ninguna changa para hacer, “lo que da la pauta cómo la gente hace sus propias reparaciones o deja que el cañito pierda, algo que antes no hacía”.

Dice, también, que lo más sale es el laburo de albañilería, del que menos tendría que hacer: “Veo una bolsa de cemento y ya me pongo a llorar, no puedo hacer tanta fuerza, pero no me queda otra”.

Carlos no usa eufemismos, ni adorna sus palabras con un optimismo que a esta altura es difícil de comprar. “Este año va a ser peor”. Argumenta: “Terminamos el año con un decreto que le da más poder a la SIDE para hacer lo que quiera, y eso nos va a traer muchos problemas. ¿Cuánta gente se va a desmovilizar por miedo? Esto es un veneno”.

Carlos está contento, pese a todo, porque para las fiestas pudo reunir a su familia: “Cada uno trajo algo y la pasé con mis hijos y mis nietos. No me van a quitar la alegría de disfrutarlos. Se va a morir mil veces Milei antes que yo tenga que abandonar ese gusto”. 

Héctor vive en Belgrano y tiene 75 años. Lleva un cartel colgado de su gorro tipo piluso: “Solo se trata de vivir”. Amplía: “Lo que estamos haciendo es sobrevivir. Yo quiero vivir, y dignamente. Tendría que ser natural, pero no”.

¿Pronóstico para este año?: “La esperanza es lo último que se pierde, pero con este gobierno puede pasar cualquier cosa, no soy optimista”.

¿Algún deseo? “Sólo tengo la ilusión de salir un poquito más, de ver más a mis amigos; de comprarme los remedios; por ahora, lo que tengo no es vida, ¿qué querés que te diga?”. 

Miércoles de marcha: entre las changas de los jubilados y el corazón de los chicos

Los “discas” y los pacientitos

Otro mensaje que deja esta primera marcha de jubiladas y jubilados del año: los miércoles siguen siendo un punto de encuentro para otras luchas, para otros gritos que necesitan ser oídos. Esta vez, se sumaron personas con discapacidad por el anuncio del cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad: el primer paso fue hacerla corruptible; el segundo y último, disolverla).

Se agregaron familiares de personas afectadas por el desmantelamiento que acaba de sufrir el Programa Federal de Cardiopatías Congénitas.

Natalia camina con León, su hijo de 10 años, que tiene una aneurisma en el arco superior de la aorta. “Es un pacientito Garrahan”, dice, con una dulzura que se agranda por el uso de diminutivos. “Todo esto es un retroceso de 15 años de trabajo. Las cardiopatías congénitas son patologías con alta predominancia de la muerte infantil antes del primer añito y el Plan Nacional interviene para que los pacientitos sean intervenidos en tiempo y forma en hospitales de alta complejidad. Al desmantelarse, aumenta la tasa de mortalidad infantil”.

De lo que está hablando es del corazón de los chicos.

Miércoles de marcha: entre las changas de los jubilados y el corazón de los chicos

Natalia vino desde Burzaco y ahora sigue caminando en la marcha de jubilados y de otras resistencias que contornean la Plaza de los Dos Congresos. “Ahora se aumentará la lista de espera para quienes se tienen que operar del corazón y faltarán los profesionales que coordinaban el área. Las familias ya veníamos tocando puertas, así que imagínense ahora sin el Plan, solo vemos pena y muerte para nuestros hijos”.

No se sabe quiénes se sumarán el miércoles próximo a la movilización, y a seguir exigiendo lo mínimo: una política que no ampute la humanidad.

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