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Motosierra al cine y represión policial: relatos salvajes

Se produjo este jueves una manifestación en defensa del cine argentino, seguida por la típica respuesta estatal en estos días: represión. La manifestación se hizo con el cine Gaumont como referencia, contra las medidas de aplastamiento de la industria cinematográfica que es un orgullo para el país, además de ser rentable: genera 600.000 puestos de trabajo directos e indirectos, además de divisas y prestigio para la Argentina. Los argumentos de quienes marcharon mientras en el Congreso el Senado rechazaba el DNU y, en la calle, la policía ejercía la política del gas pimienta contra el arte y la industria del cine. El trasfondo del conflicto: la intención de entregar la industria a las empresas extranjeras. Texto: María del Carmen Varela
Marchan por Salta. Frenan. Una voz femenina ordena la columna y doblan por Avenida de Mayo. Son decenas de jóvenes del Centro de Estudiantes de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), la institución pública de enseñanza que depende directamente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que caminan por un carril y entonan una canción clara en su objetivo: «Si el INCAA intentan cerrar qué quilombo se les va a armar, les copamos las calles y les tomamos la facultad».
Para mayor claridad hay que caminar las dos cuadras que separan este canto del punto central de la movilización: el Cine Gaumont, frente a la Plaza de los Dos Congresos, sede de la convocatoria que cortó completamente la avenida en defensa del cine nacional y la política de fomento a la cultura audiovisual argentina, amenazada por el gobierno de Javier Milei.

Cine cancelado
Además de las promesas de desfinanciamiento que traía la llamada Ley Ómnibus (cuyo debate parlamentario no prosperó), el foco del gobierno quedó claro al designar a Carlos Luis Pirovano, un economista de perfil liberal dedicado a las finanzas, al frente del INCAA. Esta semana el Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial una resolución firmada por Pirovano que cancelaba el apoyo a estrenos nacionales y festivales de cine, pasajes al exterior, viáticos para funcionarios y suspendía las horas extras de trabajadoras y trabajadores del Instituto. La normativa llevaba por título: «Suspensión de erogaciones económicas en el marco de racionalización de recursos». En esa llamada «racionalización», además de 170 despidos, informaban que no les renovarían a los monotributistas cuyos contratos vencen el 31 de marzo. Todo este combo se suma al anuncio del propio Pirovano de cerrar y vender el Gaumont, y las plataformas Cine.Ar y Cine.Ar Play.
Una de las respuestas en la marcha la lleva una niña, en forma de cartel: «No lo cierren, quiero seguir viniendo». Un adolescente muestra una claqueta de dirección: «Fuera Pirovano». Y enfrente de las puertas del cine se escucha la veterana voz del actor Victor Laplace, quien pide que «no se enoje nadie» al hacer un llamamiento obvio y urgente: «Tienen que estar acá todos los actores y actrices. Estemos juntos y resistamos. Porque de lo contrario, no vamos a poder sobrevivir». Cerca estaba el actor Leo Sbaraglia, defendiendo lo mismo.

Ataque ideológico
La directora, guionista y docente Amparo Aguilar asegura: “Creo que la posición del Gobierno hacia el INCAA es un gesto aleccionador y revanchista. Tomando las palabras de Benjamín Naishtat: ‘se trata de un ataque ideológico porque el cine en particular (y la cultura en general) somos sectores no alineados con la ultra derecha’. Me parece importantisimo distinguir entre ‘no alineados’ y partidarios. Porque es parte del discurso de desprestigio que nos tiran por la cabeza”.
Agrega también que la labor cinematográfica local genera más de 600.000 puestos de trabajo directos e indirectos y exportaciones y divisas para el país. “Lo que se busca con este relato de un INCAA tipo cueva de ratas, es ir ahogando la cinematografía nacional para evitar que esa memoria permanezca. Si tan solo se tratase de una cuestión de déficit, bien valdría pensar junto al sector politicas públicas más virtuosas, que sin dudas hacen falta y que mucho le reclamamos –también– al gobierno anterior”.

Mercado interno y patrimonio cultural
¿Cuál es la función del INCAA? Amparo responde con certezas: “Es un ente propiciador. Su función es fomentar, es decir aportar una parte de dinero y una gran proporción de politicas públicas (formación de profesionales en todo el pais a traves de la ENERC, generación de audiencias, festivales, cine en las escuelas y muchas actividades más) para que una industria cultural virtuosa como la nuestra pueda existir y crecer”.
¿Para qué sirve la actividad del INCAA? “Esto mueve el mercado interno y genera patrimonio cultural”.
¿Por qué es importante que exista? “Porque nos hace bien como país. Es sano y disfrutable ‘vernos’ en pantalla, el acompañamiento del público demuestra que eso ocurre, y es relevante para la economía de un país tener una industria tan en boga como la audiovisual en buena forma y salud, para que las inversiones sigan entrando por esta vía”.

El arte de atropellar
La avenida está completamente cortada y sigue llegando gente. Cantan por el paro general y una de las voceras llama a defender los puestos de trabajo y las políticas de fomento: «Esta película recién empieza. Está en nuestras manos». “El INCAA no se vende”, “La cultura no se clausura” son los cánticos que se suman al reclamo. Desde el micrófono anuncian que el próximo sábado 23 se llevará a cabo una gran asamblea de la cultura para establecer un plan de lucha.
“Pirovano se tiene que ir”, gritan. Teresa Saporiti, presidente de DOCA (Documentalistas de Argentina), defiende la tarea contra la que este gobierno arremete: “Nos acusan de hacer películas que nadie ve. Yo hago documentales y muchas veces se dan en lugares donde no se cobra nada. Lo que quieren hacer es entregar esta industria a las empresas extranjeras. Quieren entregar nuestra soberanía cultural. En el cine no hay casta”.
Minutos más tarde y mientras continuaban lxs oradorxs, la policía con sus escudos comenzó a caminar empujando a la gente para desalojar la avenida. Se produjeron corridas cuando tiraron gas pimienta, gases lacrimógenos, los locales aledaños sirvieron de momentáneos refugios y los efectivos avanzaron pegándoles a los manifestantes con sus bastones. Hubo al menos tres personas detenidas y una camioneta atropelló a una mujer. Desde la abertura de la persiana del Gaumont, una chica gritaba: “Hoy tenemos un estreno a las siete y media, a 400 pesos, por favor vengan”. Se trataba de “North Circular”, un documental musical del director Luke McManus, en el marco del Ciclo de Cine de Irlanda.

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Jubilados: el triunfo es seguir

El Congreso de la Nación convirtió en ley el primer triunfo social que se logró al sostener en la calle, todos los miércoles y durante casi dos años, un reclamo que ni los gases ni los palos ni las detenciones arbitrarias pudieron desalentar.
Lo que deriva, ahora, es también el primer gran desafío político para un gobierno agobiado por la debilidad de su plan económico –debilidad que ahora quiere atribuir a esta decisión legislativa– y desgastado por una retórica abusiva que lo está dejando sin aliados y rodeado únicamente por aduladores, odiadores y especuladores.
La aprobación de un aumento de las jubilaciones del 7,2%, un incremento del bono de 70.000 a 110.000 y la extensión de la moratoria extinguida por decreto fue suficiente para que, además, comenzaran los reproches públicos de la interna oficialista, que tuvieron a la gran perdedora de esta pulseada –la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich– como vocera.
La estrategia de la ministra de sofocar con palos y criminalización el reclamo social dejó ayer en evidencia su fracaso, tal como había sucedido en su anterior gestión al frente de esa cartera en tiempos de Mauricio Macri presidente.
Lejos de aprender la lección, la repitió cosechando idéntico resultado. Lo sintetiza Beatriz Blanco, 81 años, la jubilada golpeada, tumbada y gaseada durante una la jornada de protesta del 12 de marzo (en la que también fue atacado el fotógrafo Pablo Grillo que continúa su arduo proceso de rehabilitación): “Si no aflojamos, lo logramos: esa es la lección de hoy”.
Beatriz no está confiada ni esperanzada: “Estoy decidida”, dice para definir qué espera en los próximos días, cuando se defina si el Congreso apoya o desactiva el anunciado veto del presidente Milei.
Esa decisión que define el estado de ánimo de Beatriz tiene un por qué: “ya no estamos tan solos y eso nos permite creer en nosotros. Nuestra fuerza es seguir”.
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La independencia de los jubilados

Hubo marcha alrededor del Congreso vigilada por 26 vehículos de Gendarmería y Policía Federal como anticipo de las movilizaciones convocadas para la semana próxima. Sin embargo fue un 9 de Julio sin violencia contra quienes manifiestan, mientras lavaca planteaba una pregunta a jubiladas y jubilados: ¿De qué hay que independizarse?
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla
Fotos: lavaca.org
“Tengo 48 años de aportes y no llego a 500 mil pesos de jubilación. No puede ser que ni siquiera tenga para un gustito de comprarme un dulce de batata” dice a lavaca Hugo, 74 años, mientras marcha alrededor del Congreso. Tiene una barba blanquísima que le envidiaría Papá Noel. Vino desde Villa Domímico. Su síntesis para un 9 de Julio: “De lo que tenemos que independizarnos es de este gobierno, que no da para más”.

El 9 de julio de 1816, el Congreso de Tucumán, integrado por representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, proclamó la Independencia de estas tierras. Ese día, las manifestaciones populares se concentraron en los alrededores de la Casa de Tucumán, coreando el grito de «Viva la Patria».
209 años después, este 9 de julio de 2025, afuera de ese Congreso de la Nación integrado por diputados y senadores, jubiladas y jubilados proclaman de qué falta todavía independizarse en un contexto de jubilaciones licuadas (el haber mínimo a $379 mil), de barrida de la moratoria previsional y de la gratuidad los remedios.
Hugo sigue describiendo la situación tras sus 48 años de aportes, a través de un montón de preguntas: “¿Dónde está lo que pagué durante tantos años? ¿Cómo como? ¿Cómo vivo? ¿Quién me explica eso?”. Agrega otro elemento: “Soy epiléptico, tomo un remedio que me sale 200 mil pesos. Con mi señora ya no comemos a la noche. Esto es una esclavitud”.

Un dolor en el pecho
Graciela, 78 años, es de Libertad, Merlo: “Tenemos que independizarnos de esta mierda de gobierno y de todo lo que nos explotan día a día. Estoy viviendo mal, no me puedo comprar los remedios que necesito. Nos han quitado todo a los jubilados. Este es un gobierno democrático, elegido por una votación, pero tremendamente dictatorial”.
Un poco más joven, Osvaldo tiene 72 julios. Llegó desde Claypole donde vive. Dice que hay que independizarse de lo que define del siguiente modo: “Es una mafia que está regalando el país, todos los bienes naturales. Volvimos a depender de Estados Unidos, nos endeudan cada vez más, es un desastre”. Cuenta que cobra la mínima y que tiene un dolor en el pecho cada vez que lo visita alguno de sus seis nietos: “Me piden un yogur y no se los puedo comprar. Mis hijos no me ayudan aunque quieran, porque están peor”. Hace una pausa. Confiesa. “Te digo la verdad: ya no ceno, me tomo un té, no me da para otra cosa”.

Lo que quiere Milei
Alrededor del Congreso, esta vez sin vallas, dos ejércitos desproporcionados están apostados para evitar vaya a saber qué: Gendarmería Nacional (15 vehículos) y Policía Federal (11 vehículos). Pero no pueden impedir que los y las jubiladas marchen alrededor del palacio legislativo, al grito de “qué vergüenza, pegarle a un jubilado por dos pesos con cincuenta”, aunque evidentemente los haberes de los llamados efectivos son otros.
Surgen algunas preguntas entre los manifestantes:
¿Cuánto cuesta un operativo así de desmedido?
¿Por feriado se les paga doble a ese montón de uniformados?
¿Qué sentido tiene tanta parafernalia de seguridad?

Este jueves está prevista la sesión en el Senado para tratar el aumento de jubilaciones. Opina Hugo: “Milei ya dijo que lo volverá a vetar. Y eso que sería un miserable aumento, es una vergüenza, es un desalmado, una mala persona”. Argumenta Graciela: “No tengo expectativas, porque aunque el Congreso apruebe todo, el señorito que tenemos por presidente lo veta. Él quiere a los jubilados sin nada, muertos”.

Señalando la corrupción
Teresa dice que pasó los ochenta y que es de un territorio innombrable: La Matanza. Se presenta como militante comunitaria en Laferrere, con acción en la casa de salud barrial, y cuando se le pregunta por el día patrio, se enciende: “Hay que independizarse de la corrupción”, dice y señala al Congreso: “Si pueden tirarlo abajo, tírenlo, porque no me representa a mí ni a ninguno de los que estamos acá. Nosotros hacemos la patria grande, con este bastoncito que ves hice mucho por esta Patria, la amo y me la están robando. Luché mucho por ella, hijo. Mucho”. Nos pide que escuchemos un tema de Horacio Guarany,
“Qué te ha pasado justicia”. Lo que se cantaba en el siglo pasado:
A ver, señor diputado,
¿qué le ha pasado que se olvidó
del bendito pueblo obrero
que usted en campaña siempre nombró?
Tengo mis hijos pidiendo,
que por la calle siempre se ven
y usted se aumentó la dieta,
y yo a la dieta la hago muy bien.
Alicia, 80 años, es otra de las jubiladas con esa dieta (cobra la mínima, $304.723,90 más el bono de $70.000), y dice que hay que independizarse de todo: “Somos una colonia. Se han posesionado de nuestros recursos naturales, el agua, el litio, el petróleo, están regalando las mineras, la educación, la salud, la jubilación. En realidad, no tenemos nada”.

¿Qué necesitamos?: “Otra independencia”, sintetiza Alicia, que integra Jubilados Insurgentes.
Mónica, 72 años, de la Asamblea de Vecinos de Boedo, viene siempre los miércoles sin importar si llueve o hace frío, y la hace corta: “Hay que independizarnos del presidente cipayo que tenemos, de Estados Unidos y de Israel”.
A su lado está Ricardo, 84, de Lanús, conurbano sur: “Llegamos al 9 de Julio con despidos masivos, garrote y gaseo a trabajadores del INTI, de Vialidad Nacional, con una CGT traidora. Esto, con huelga y un plan de lucha se termina. En 1919, los trabajadores de la Semana Trágica luchaban por trabajar ocho horas en lugar de doce y se cargaron 700 cuerpos. Hoy la clase argentina trabaja por salarios de hambre y no se para de manos”.
Pertenece a una agrupación llamada Bastones en rebeldía y dice que viene por quienes no pueden estar por razones de salud. “Acá tiene que venir más gente, somos seis millones de jubilados…”. Se enoja, mueve la cabeza y cuenta que tiene siete categorías para englobar a quienes no vienen cada semana a lo que se transformó en el epicentro de la resistencia a este gobierno: 1) Los indiferentes 2) Los indecisos 3) Los adormecidos 4) Los que naturalizan todo 5) Los resignados 6) Los mesiánicos 7) Los hiperindividualistas. Dice que no tiene necesidad económica, pero que prefiere seguir marchando.

Las 14 organizaciones que integran la Mesa de jubiladas y jubilados en lucha convocan para el próximo miércoles 16 de julio, desde las 15, a una “gran marcha antirrepresiva entre todos los sectores que hoy padecen la crueldad de este gobierno”.
Llaman a marchar el jueves 17 con los trabajadores del Hospital Garrahan.
El 9 de julio de 1816 marcó la independencia política “de España y de toda dominación extranjera”, pero siguieron existiendo muchas formas de dependencia: económica, cultural, productiva, mental. Toda relación entre aquellos eventos de Tucumán y las cosas que ocurren 209 años después, ¿serán pura coincidencia? A más tardar la semana próxima las calles volverán a decir lo suyo.

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Otro ataque a la salud pública y al Garrahan: las movilizaciones que se vienen

No solo no soluciona el problema, sino que lo empeora: el gobierno difundió un reglamento que degrada las condiciones laborales de los profesionales de la salud residentes en hospitales nacionales al buscar convertirlos en “becarios”. Asambleas y la decisión: paro y un abrazo al Garrahan el próximo jueves 10, y la convocatoria a una gran marcha federal por la salud el jueves 17 de julio.
Por Francisco Pandolfi
Residentes sí, becarios no. Ese es el nuevo lema que hoy levantan (y denuncian) residentes de los hospitales nacionales del país, ante el nuevo reglamento que dictaminó el 2 de julio el ministerio de Salud de la Nación para las residencias médicas.
¿Qué son las residencias? Tienen como objetivo capacitar y especializar a egresados de carreras como medicina, enfermería, psicología y bioquímica, entre otras, en el marco del trabajo asistencial y académico.
¿Qué aduce el gobierno nacional para la formulación del nuevo reglamento? “Recuperar su rol formativo y permitir que los residentes puedan elegir bajo qué modalidad realizar este tramo de su formación y cómo administrar el monto de las becas percibidas. A fin de jerarquizar el carácter formativo de esta etapa, el nuevo reglamento recupera el concepto de beca (excluyendo cualquier encuadre como empleo público, relación laboral o contratación de obra o servicio) y ofrece a los residentes la posibilidad de elegir entre dos modalidades diferentes: Beca Institución (el hospital otorga la beca) o Beca Ministerio (contrato con el Ministerio de Salud). No es empleo público, no es una relación laboral. Es una etapa formativa con financiamiento estatal”.
Ante la Resolución 2109/2025, las y los residentes del Hospital Garrahan a la cabeza, y todos los profesionales de la salud del sistema de residencias nacionales realizaron ayer una conferencia de prensa en Plaza de Mayo, donde denunciaron: “Este modelo de residencias, ampliamente utilizado a nivel global y que rige en Argentina desde hace más de 30 años y que fue perfeccionándose en el tiempo, garantizó profesional altamente capacitado en cada rincón del sistema de salud. La nueva normativa desmantela las bases fundamentales del sistema, se nos atribuye libertad de elección ante dos opciones de las cuales ninguna resuelve la problemática salarial de base, y además ambas implican la pérdida de múltiples derechos laborales adquiridos; pretende transformar lo que hasta ahora era un régimen formativo en servicio, remunerado y con derechos reconocidos, en un esquema de becas sin vínculo laboral claro, ni aporte y con importantes recortes en licencia, descanso y condiciones de trabajo”.
Entre los puntos “más alarmantes”, destacaron:
- Aumento de la carga horaria y del número de guardias (de 70 horas semanales a 93).
- Eliminación del descanso post guardia (lo que implica pasar de 24 horas de corrido a 30).
- Reducción del valor de la hora trabajada: en caso de la Beca Institución, $3.200 de cobrarse un bono hospitalario. En Beca Ministerio: $2.200.
- En la Beca Institución, mayor dinero en mano, pero a expensas de la pérdida del aguinaldo, aportes previsionales y obra social.
- En la Beca Ministerio, menos dinero en mano, obra social estatal y sin posibilidad de cobrar bonos institucionales.
- En caso de rescisión de contrato, no se contará con indemnización.
- Renovación de contrato de forma anual a pesar de concursarse por formación de 3 a 4 años.
Como cierre de la conferencia, sentenciaron: “No se puede aludir a la libertad cuando se nos acorrala entre dos opciones de precarización extrema. La residencia sí es un trabajo. Exigimos la inmediata derogación de la resolución y la apertura urgente de instancias de diálogo con las y los residentes de todo el país. Sin residencia como fuente de personal capacitado, no hay futuro posible para la salud de Argentina”.
Abrazo y marcha federal
Josmar Flores Arnéz es licenciado en bioimágenes, tiene 37 años recién cumplidos y hace 16 que trabaja en el servicio de neurointervencionismo del hospital. Además, es delegado de la junta interna de ATE. Habla con lavaca: “La modificación en las residencias no sólo es una degradación de las condiciones laborales de las y los residentes, sino también implica la degradación del sistema de salud completo, porque cambian la forma de contratación quitando derechos laborales. Lo que decretan es que dejan de ser trabajadores, para hacer las tareas por una especie de bono, a través de una metodología de becas”.
Esta nueva medida se enmarca en una política de ajuste a la salud pública en general, y al hospital Garrahan en particular. El miércoles pasado, en la Cámara de Diputados se estaba tratando la emergencia para el Garrahan, pero la sesión se levantó por discusiones entre el bloque oficialista de La Libertad Avanza, y el peronismo. La emergencia quedó sin tratar…
¿Cuál es la emergencia? Josmar Flores plantea cuatro puntos clave:
- Una recomposición salarial del 100%.
- Que la persona que recién ingresa cobre lo mismo que estipula la canasta básica familiar: un millón ochocientos mil pesos.
- El aumento del presupuesto del hospital.
- Mejora en las condiciones de trabajo: que se reconozca un régimen de insalubridad especial para el hospital.
¿Cómo sigue la cuestión? “Todos los trabajadores del hospital, incluidos los residentes, hacemos asambleas conjuntas y acabamos de decidir ir a paro los próximos dos jueves –cuenta Josmar–. El 10 llamamos a un abrazo solidario al hospital, en la puerta sobre Combate de los Pozos; y 17 convocamos a toda la población a una gran marcha federal, que en la Ciudad Buenas Aires irá desde Congreso a Plaza de Mayo”.
Cierra: “Este gobierno nos ataca por muchos ángulos y la única manera de cambiar la realidad es seguir por este camino”.
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