La marcha de cada miércoles de los jubilados tuvo esta vez otro acompañamiento, por la decisión de la CGT de sumarse al reclamo a través de muchos sindicatos movilizados, con el agregado cada vez mayor de organizaciones sociales y expresiones políticos. El «protocolo» fue quebrado por las propias fuerzas de seguridad que vallaron las calles alrededor del Congreso. Al no haber policías cerca, no hubo incidentes. Las imágenes y las emociones. El mensaje para el fotógrafo Pablo Grillo. Los relatos sobre las carencias cotidianas la destrucción de las jubilaciones, algunas lecturas electorales, y el concepto sobre dónde se genera la riqueza.

Por Lucas Pedulla y Francisco Pandolfi

Cada miércoles en las puertas del Congreso nacional es distinto y también es igual. Lo que se repite son las jubiladas y los jubilados con su reclamo permanente desde hace semanas, meses, años. Lo distinto son quienes acompañan, y este miércoles quienes acompañan son un montón.

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca.

Tanto, que la Plaza de los Dos Congresos rebalsa de cuerpo sindical. Y eso también modifica el enunciado de las amenazas: son las 15:26 y el protocolo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se convierte en casi un mito, la naturalización de un concepto que a priori asusta, pero en esta calle repleta apenas se ve algún gendarme o policía federal detrás de las vallas que tapan el Palacio. Las calles fueron cortadas por los propios vallados policiales que rodearon al Congreso. En las calles aledañas se instala la multitud sin fuerzas de seguridad a la vista para provocar la represión, y no hay incidente alguno.

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca.

“Nos necesitamos todos”

Lo que sí se ve es otra cosa.

Guillermo Romero, jubilado metalúrgico, 76 años, del oeste bonaerense, ve una imagen que hasta hoy nunca había visto un miércoles en tiempos de Milei: “Los jubilados logramos despertar a la CGT de su siesta. Los obligamos a tomar medidas porque quedaron muy mal parados y tuvieron que moverse. Una infinidad de delegaciones sindicales en la víspera de lo que va a ser el primer paro nacional de verdad, porque aunque digan que es el tercero, los anteriores fueron parciales. Este tiene que dar inicio a un plan de lucha”.

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca.

Zulema Palavecino, jubilada telefónica, 73 años, del sur bonaerense, ve esa imagen junto a la de todos los miércoles: “Hace años estamos marchando aquí, en Congreso, dando la vuelta y haciendo semaforazos en gran soledad. Luchamos por el derecho a la jubilación para todos los trabajadores, por el derecho al salario, porque si no hay derecho al salario no hay derecho a la jubilación. Luchamos contra la precarización laboral, contra el monotributismo, contra el trabajo no registrado. Tenemos que dar la batalla unidos. Nosotros, los jubilados, queremos decirle a todo el pueblo que nos necesitamos todos. Acá no hay viejos”.

Guillermo emociona.

Zulema emociona.

Hoy no son dos, ni veinte, ni cien: hoy son miles.

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca.

Lo que se siente

Se ven gremios nunca vistos en estos miércoles de lucha (desde encargados de edificios hasta sanidad), al igual que dirigentes políticos que figuran por primera vez en este reclamo que unió océanos, como el caso de Felipe Solá. Los rodean carteles escritos para la ocasión: “CGT, no quiero tu solidaridad, quiero plan de lucha ya”; “El ajuste no se derrota en las urnas, se lo vence luchando”. 

Se ve un operativo de las fuerzas de seguridad que desde temprano encierra al Congreso con vallas y corta la circulación de sus calles aledañas, rompiendo ellas mismas el protocolo. Que haya habido muchísimos menos efectivos que semanas anteriores, y que no buscaran reprimir, se explica por dos motivos:

• por un lado, la masiva convocatoria sindical.
• Por el otro, una historia que seguirá más allá de la marcha de hoy: el domingo por la noche, el juez porteño Roberto Gallardo le exigió al Gobierno porteño “que reasuma sus obligaciones constitucionales” y que organice el operativo de seguridad de la manifestación de hoy. Y exhortó al Estado Nacional y al Ministerio de Seguridad de la Nación que se “abstenga de intervenir e interferir en la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo que a la seguridad pública respecta, más allá de los límites legales de protección de intereses federales”. La Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos revocó anoche la medida del juez Gallardo, que limitaba la actuación de las fuerzas federales en el distrito. La ministra Patricia Bullrich había anticipado que no acataría la resolución judicial y desplegaría el protocolo antipiquetes.

Pero lo que se ve y se escuchan son fuegos artificiales. 

Y canciones que recuerdan lo (más) importante: “Se siente, se siente, Grillo está presente”. 

Pablo Grillo, el fotorreportero herido con una granada de gas lacrimógeno el 12 de marzo, hace exactamente cuatro miércoles, avanza con su recuperación en el Hospital Ramos Mejía. Jorge, su amigo que lo acompañó aquel día en la ambulancia, está presente en la marcha e invita al festival en solidaridad que se hará el domingo en su Remedios de Escalada natal.

Y dice, con una sonrisa de oreja a oreja: “Pablo es un luchador”.

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca.

La lanza y los derechos

Bien pegadas a las vallas, en Rivadavia y Callao, hay cientos de jubiladas y jubilados. Se escucha al pasar: “Los jubilados estamos concientizando”. 

Se escucha a Graciela, que vive en Libertad, partido de Merlo, 68 años. “Está bien que la CGT venga a acompañar, pero no tendrían que haber llegado hoy. Debieron estar desde el primer miércoles cuando nos cagaron a palos”.

Con fibrón rojo y un cartón compuso su proclama de vida: “Los árboles mueren de pie, así vamos los jubilados, de pie y luchando moriremos”.

Fotos: Juan Valeiro para lavaca.

Justifica: “Escribí eso porque es lo que siento todos los días y no nos rendiremos. Antes de quedarme en mi casa y dejar que este señor (Javier Milei) nos mate con hambre y carencias, prefiero salir a luchar”.

¿Qué carencias? “Con mi jubilación apenas puedo comprar medio kilo de pan, un litro de leche y los remedios. Si no fuera por unos hijos espectaculares que me ayudan, ya no estaría viva”.

¿Qué representa hoy el movimiento de jubilados”. Dice Graciela: “Este señor (Milei) nunca pensó que los jubilados generaríamos esto en el resto de la sociedad. Se olvidó de que nosotros vivimos dictaduras, el 2001 y todas las crisis. Que sabemos pelear. Pensaron que ante la primera represión nos íbamos a ir a nuestras casas, y miren: hoy los jubilados somos la punta de lanza del resto de las luchas”.

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca.

Uno de sus colegas punta de lanza es Raúl Maldonado, 68 años, de Monte Grande. Cobra “sólo un poquito más que la mínima”. Dice que se sumó a movilizarse los miércoles cuando sintió hambre. “Ya no se puede más, en quince días me quedo sin un peso; mis hijos no lo saben, pero estoy salteando los remedios que tomo porque estoy operado del corazón. Tengo presión arterial, antes tomaba 10 mg y ahora divido la pastilla en 5 mg”. Algo lo ilusiona en el presente: “Antes vinieron las hinchadas y hoy la CGT. Hay algo que es evidente: la lucha crece”. Y algo que lo ilusiona en el futuro: “Este gobierno olvida que los jubilados también tenemos fuerzas en las urnas: somos 7 millones de jubilados, que no subestimen nuestra fuerza”.

Se escucha a Adriana Zuliani, 72 años, porteña: “Acaban de ponerle fin a la moratoria previsional porque es lo que el FMI les exige como ajuste. Este gobierno no tiene idea de política y eso cae sobre todo en los jubilados, que trabajamos toda nuestra vida aunque no hayamos hecho aportes. Las mujeres que criaron hijos también trabajaron. ¿O acaso cuidar no es trabajo?”.

Fotos: Juan Valeiro & Lina Etchesuri para lavaca.

Dentro del Congreso, las comisiones de Previsión y Seguridad Social -presidida por la diputada Gabriela Brouwer de Konig, de la UCR- y de Presupuesto y Hacienda -presidida por José Luis Espert, de LLA- empezaron a discutir la prórroga de la moratoria previsional, luego de que la oposición lograra ayer el emplazamiento del proyecto.

Adriana muestra un cartel, con orgullo: “No pedimos favores, exigimos derechos”. Y piensa en el mañana literal, y en el mañana metafórico: “Es importante que haya venido la CGT, aunque lo hicieron por miedo a perder plata y a que las bases los bajen a golpes. Necesitamos que a la CGT la conduzca gente de las bases y no empresarios disfrazados, hay que barrer a toda esa burocracia asquerosa”.

¿Quién genera la riqueza?

En unas horas comenzará el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo, al que también adhieren las dos CTA. Habrá que ver en cuánto afectará la circulación de colectivos: la Unión Tranviarios Automotor (UTA) determinó no sumarse a la medida de fuerza por estar en conciliación obligatoria establecida por la Secretaría de Trabajo, frente al conflicto salarial que mantiene con las empresas de la actividad. Roberto, jubilado, analiza: “Lo de mañana será un paro dominguero por culpa de la burocracia de la UTA que no quiso acompañar, pero igual lo celebramos, porque ni eso quería hacer la CGT”.

Zulema Palavecino ve la plaza gigante, llenísima, esa que todos los miércoles dan vuelta siendo los mismos de siempre, reprimidos y baleados y gaseados, con sol o con lluvia, y se emociona: habla del Fondo Monetario, de que el gobierno está preparando una nueva devaluación, de los trabajadores que no entran en la timba financiera, y sostiene que por eso hay que estar unidos.

“Contamos con nuestro trabajo, que es el que genera riqueza -dice Zulema-. Cuidemos la riqueza. Cuidamos el aire y el agua. Este es nuestro mundo. Así que compañeros, ¡firme la lucha!”. Y menciona algo que se confirma cada miércoles: “Aquí no vamos a bajar los brazos”.

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca.

Fotos: Juan Valeiro para lavaca.

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca.

El juez porteño Roberto Gallardo le exigió al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que reasuma sus obligaciones constitucionales” y que organice el operativo de seguridad de la “manifestación masiva convocada para el próximo miércoles” de jubiladas y jubilados. Plantea que en los últimos meses «varias manifestaciones en las inmediaciones del Congreso de la Nación han resultado en intervenciones de las fuerzas federales de seguridad, derivando en situaciones de violencia, conflictos y caos”. Por lo tanto a la Policía de la Ciudad “concretamente se le ordena que despliegue, organice, planifique y ejecute -todo de manera autónoma- el operativo de seguridad que simultáneamente garantice el orden público y el pleno ejercicio de los derechos constitucionales de quienes asistan”. La medida tiene incidencia directa, en lo inmediato, sobre la marcha a realizarse el próximo miércoles 9 de abril. 

Además, el juez exhortó al Estado Nacional y al Ministerio de Seguridad de la Nación que se “abstenga de intervenir e interferir en la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo que a la seguridad pública respecta, más allá de los límites legales de protección de intereses federales”.

Gallardo, titular del Juzgado de 1° Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario, ordena que se ponga “en conocimiento de lo resuelto a la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria y a la Prefectura Naval”, justamente las cuatro fuerzas federales que, junto a la Policía de la Ciudad, venían actuando en cada una de las movilizaciones anteriores y que de acuerdo a esta decisión deberán dejar de hacerlo. 

El magistrado dio curso a un pedido presentado por la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Confederación General del Trabajo (CGT) y de secretarios de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), en pos de “limitar el accionar de las fuerzas federales” en “detrimento de la autonomía de CABA y del rol de la Policía de la Ciudad”. 

Cautelar urgente

En la presentación se solicitó que se dictara “una medida cautelar urgente en la que se ordene intimar al GCBA a coordinar y conducir un operativo de seguridad para la movilización convocada” y que se “delimite en forma previa y concreta los ‘objetivos federales’ cuya custodia estará a cargo de las fuerzas federales, restringiendo su jurisdicción al cuidado de los mismos y no al ejido urbano circundante” como sucedió en los últimos miércoles, por ejemplo, en las marchas de jubiladas y jubilados.

En su dictamen el juez Gallardo contextualiza sobre la solicitud de los gremios: “En la concentración del 12/03/2025 se habrían verificado hechos de represión perpetrados por las fuerzas federales ‘sin contar con una autorización para ello’ y que éstos se perfeccionaron fuera de los límites del Congreso de la Nación, excediendo el rol de custodia de dicha dependencia federal”. 

Y agrega: “Describieron que en el marco de esa manifestación de la que participaron distintas organizaciones ‘se llevó a cabo una brutal represión policial en la que hubo 114 detenidos de forma arbitraria’, sufrieron heridas de distinta gravedad alrededor de 672 personas y se hirió gravemente con un proyectil en la cabeza al periodista Pablo Grillo”. 

Ante los episodios recientes de represión, Gallardo establece: “No se trata, entonces, de un planteo abstracto ni de una mera pretensión de control institucional, sino de una solicitud concreta de tutela judicial urgente frente a un riesgo cierto y razonablemente previsible, vinculado a derechos fundamentales de quienes participarán en la manifestación pública. El riesgo invocado lesión a la integridad física, a la libertad de expresión y al derecho de reunión, sopesado en la opresión de la autonomía de la CABA- no es meramente conjetural ni hipotético, sino que encuentra sustento en hechos pasados verificables y presumiblemente futuros”. 

Violencia, conflicto y caos

Sintetiza: “En los últimos meses, varias manifestaciones en las inmediaciones del Congreso de la Nación han resultado en intervenciones de las fuerzas federales de seguridad, derivando en situaciones de violencia, conflictos y caos”.

En otro punto importante de la resolución, se informa: “A requerimiento del Tribunal el GCBA informó que hasta la fecha no requirió al Estado Nacional –Ministerio de Seguridad– ‘participación, cooperación y/o auxilio para brindar seguridad en las inmediaciones del Congreso de la Nación y Plaza Congreso, como consecuencia de la movilización y manifestación pública convocada para el día 09/04/2025’”. Y que “la fuerza de seguridad de CABA se encuentra suficientemente dotada y apta para abordar, planificar y diseñar estrategias de seguridad en el contexto de la movilización”. 

El Gobierno porteño también aclaró que la Ciudad no adhirió al “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, conocido como «protocolo Antipiquete», dado que sólo “se encuentra dirigido a las fuerzas federales” y no resulta competencia del Ministerio de Seguridad de CABA “solicitar cooperación y/o auxilio bajo ese dispositivo”.

CABA sin protocolo Bullrich

El juez Gallardo se expide sobre un tema central que hasta ahora había convertido a cada medida cautelar presentada en una víctima de una calesita judicial, pasando por cinco o seis juzgados, sus correspondientes apelaciones y luego durmiendo el sueño de la espera de la definición del tribunal superior. Todo esto bajo el paraguas de la «competencia». Esto es: a qué fuero le corresponde expedirse sobre el pedido presentado. Es decir, ni siquiera hubo pronunciamiento sobre el tema que lo motivó, si no sobre quién debía hacerlo. 

El juez Gallardo puntualiza que los amparos presentados no solicitan que la justicia se expida sobre la legitimidad o no del protocolo del ministerio de Seguridad de Nación, sino que determine la responsabilidad del gobierno porteño en el sentido de si tomó o no medidas de resguardo tal como es su responsabilidad. En este caso, como el sujeto a evaluar por el juez es el gobierno porteño, la competencia de la justicia porteña es pertinente. 

En ese sentido señala que basta la lectura del Boletín Oficial de la Ciudad para encontrar la evidencia de que nunca ni la jefatura de Gobierno ni el ministerio de Seguridad solicitaron la intervención de las fuerzas nacionales para las marchas que se desarrollaron en Congreso. 

El dato más importante y que tendrá consecuencias más allá de este miércoles: tampoco el gobierno porteño adhirió formalmente al protocolo de la ministra Bullrich. No se trata de una formalidad sino de un trámite necesario para darle legalidad en el territorio porteño. Esta omisión tiene consecuencias directas en las causas judiciales iniciadas por las víctimas de la represión producida por las fuerzas nacionales, como por ejemplo el fotógrafo Pablo Grillo y la jubilada Beatriz Blanco. 

¿Por qué un domingo?

El juez Gallardo argumenta por qué su dictamen tiene carácter de urgente y fue comunicado un domingo: «El acceso a la justicia no se agota con la posibilidad de presentar una demanda, sino que también comprende el derecho a obtener una respuesta útil en un tiempo razonable y con capacidad de modificar la situación que se denuncia como lesiva». 

Desarrolla una extensa argumentación jurídica sobre la autonomía porteña y los límites de la intervención federal en su territorio: la Policía Federal debe custodiar los edificios de Nación, y no intervenir en manifestaciones. La Gendarmería Nacional debe actuar en «fronteras terrestres y lacustres, túneles y puentes internacionales». La Policía de Seguridad Aeroportuaria, en el sistema nacional de aeropuertos. La Prefectura Naval, en lo correspondiente a navegación. 

Luego analiza el propio protocolo Bullrich y subraya que su objeto es intervenir «frente a impedimento de tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales o vías de circulación sujetas a jurisdicción federal». Nada de esto aplica a las calles que rodean al Congreso. 

El dictamen, que tiene una extensión de 69 páginas, le ordena al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que «reasuma sus obligaciones constitucionales en materia de seguridad pública». 

También ordena al ministerio de Seguridad de Nación que se «abstenga de intervenir e interferir». Por último informa lo resuelto a la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Policía Aeroportuaria y la Prefectura Naval, lo cual implica que no pueden argumentar obediencia debida. De esta manera los hace responsables de cumplir la orden judicial. 

Mauricio Cornejo y Federico Soria (ambos en la imagen principal), integrantes de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, Mendoza, fueron liberados este jueves al declararse incompetente en la causa la jueza Claudia Tula, que derivó el caso a la justicia federal. El abogado de la asamblea consideró la medida “una muestra de imparcialidad y de no dejarse intimidar por el poder político de Mendoza”. La detención de Cornejo ocurrió el 24 de febrero y la de Soria el 31 de marzo, por supuestamente “pertenecer a un grupo que quiere imponer sus ideas mediante la violencia”. El nivel de falsedad de este tipo de acusación en esta causa armada es tan profundo como los negocios y negociados que esconde la alianza entre el gobierno provincial y las mineras. La provincia cuenta con una ley, la 7722, que impide las actividades que destruyen el ambiente, contaminan y ponen en riesgo el principal recurso de vida: el agua. Distintos gobiernos intentaron anular esa ley, defendida en las calles y las rutas por la sociedad mendocina. Detalles sobre el caso, un abuso que intenta eliminar justamente la oposición de las comunidades. Las voces de los asambleístas al quedar en libertad.  

Por Francisco Pandolfi

(Fotos publicadas por el sitio biencuyano.com.ar y lavaca.org )

Nora Moyano, de la Asamblea de las Heras por el Agua Pura de Mendoza, dice a lavaca: “Los compañeros se bancaron la cárcel sin ningún tipo de queja, impresionante la actitud de valentía y coraje de ambos. Hoy fue un día maravilloso, al que llegamos porque la única lucha que se pierde es la que se abandona y nosotros no abandonamos ni un minuto esta lucha”. Está emocionada, minutos después de que después de que Mauricio Cornejo y Federico Soria fueran dejados en libertad.

Para comprender la celebración de Nora, que es la de tantas y tantos, hay que comprender una larga historia.

Incompetencia

En Uspallata, Mendoza, hay un mural. Hay un mural grande, colorido. Un mural que dice Uspallata unida por el agua. Y que no a la Megaminería contaminante. Y que el agua no es un negocio y que la ley 7722 (que regula la actividad minera, prohibiendo el uso de sustancias tóxicas para el cuidado del ambiente y el agua) no se toca. 

Este mural tiene su contexto, que mirado con el prisma del presente ameritaría una actualización, con una consigna que hoy vociferan –con rabia y urgencia– desde la asamblea de vecinos autoconvocados de Uspallata: “Basta de persecución”.

El pedido también era el de “Liberación de los injustamente detenidos Mauricio Cornejo y Federico Soria”, pero esta mañana fueron dejados en libertad luego de que la jueza a cargo de la causa, Claudia Tula, se declarara incompetente y derivara el expediente a la Justicia Federal. Mauricio y Federico, presos por manifestarse contra el nuevo intento de instalación del proyecto megaminero San Jorge, continuarán procesados.

Cuando el “no”, no se entiende

Uspallata queda al noroeste de Mendoza, en el departamento de Las Heras. A 120 kilómetros de la capital provincial y a 62 del majestuoso cerro Aconcagua. En Uspallata el gobierno mendocino se obstina en imponer (ahora junto a la empresa multinacional Solway Holding) un proyecto minero de cobre, oro y plata, sin el aval del pueblo y pese a la vigente Ley 7.722. Al proyecto minero San Jorge (PSJ) quieren instalarlo desde 2007 y una y otra vez se toparon con el “no” de la gente. 

Y este año no está siendo la excepción. Aunque cambiaron los métodos y la correlación de fuerzas. Con la luz verde del gobierno nacional, impulsada por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el tándem gobierno mendocino y empresariado minero avanzó sin frenos. Lo describe la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC): “Estamos en un momento crítico. El avance del fascismo global y regional ha envalentonado a los violentos que avanzan sobre territorios, comunidades y pueblos. Vienen por el oro, vienen por el agua, vienen por todo. En Mendoza, una provincia que posee leyes en vigencia relacionadas con la protección del agua y restrictivas para la megaminería, dos compañeros asamblearios fueron detenidos por el aparato jurídico del gobierno provincial, por haberse manifestado en contra del avance minero sobre los territorios y las leyes”.

Armar la causa

Hace un par semanas contamos en lavaca la persecución que denunciaban las asambleas ambientales mendocinas desde fines de enero https://lavaca.org/notas/megamineria-patotas-y-cornejo-junto-a-milei-la-asamblea-de-uspallata-resiste-al-proyecto-san-jorge/, cuando se inauguró en Uspallata una oficina de la Cámara de Proveedores de Servicios Mineros. En ese acto acudieron empresarios del sector, legisladores y funcionarios provinciales y municipales, así como el intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, acompañado por la patota de la UOCRA. “Defender el agua y los bienes comunes no es delito. Delito es llevar a la patota de la UOCRA a pegarle a los vecinos”, denunciaron en aquel momento junto a “una serie de allanamientos a integrantes de la asamblea, cristalizada en detenciones y causas completamente armadas”.

El abogado de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, Marcelo Romano, informó al conocer el fallo: «La jueza Tula, en una muestra de imparcialidad y de no dejarse intimidar por el poder político de Mendoza, ha decretado que los delitos por los que el gobierno y las mineras persiguen a nuestros compañeros Federico y Mauricio son incompetentes para ser juzgados por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia. Por eso el Procurador y el fiscal Sánchez, van a tener que explicarle a los mendocinos por qué han tenido encerrados en condiciones inhumanas a los inocentes que el único delito que han cometido es defender el agua de todos”. Y agregó: “No somos terroristas los que defendemos el agua. Vamos a seguir teniendo razón, porque lo único que queremos es proteger las fuentes hídricas para las próximas generaciones, hoy técnicamente lo que se ha definido es que el fiscal Sánchez no puede seguir teniendo presos a nuestros compañeros porque no es competente para investigarlo”.

Presos políticos 

Los asambleístas Mauricio Cornejo y Federico Soria fueron acusados de “pertenecer a un grupo que quiere imponer sus ideas mediante la violencia”, e imputados por el delito de coerción ideológica. 

La detención de Cornejo fue el 24 de febrero y la de Soria el 31 de marzo. Desde la UAC afirman: “Fueron detenidos por órdenes de un gobierno que se ha propuesto avanzar con los proyectos mineros a cualquier costo. Estos actos de criminalización desnudan que los poderes corporativos globales, a través de sus delegados regionales como el gobernador de Mendoza, utilizan represión y encarcelamiento para imponer proyectos como el de Minera San Jorge, de oro y cobre a cielo abierto”.

Antes de ser detenido, Federico Soria (Técnico Químico Industrial, técnico Superior en Conservación de la Naturaleza, licenciado en Turismo y técnico profesional de la Administración de Parques Nacionales (APN) desde 2007, había expresado: “Denuncio persecución ideológica, intimidación pública y daños culposos a mi salud psíquica y física. Estoy siendo perseguido tanto por el Gobierno de Mendoza, como por la Administración de Parques Nacionales (en ambos casos de manera decididamente coordinada), por ser integrante de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, así como por estar en contra de la Minera San Jorge y proponer como alternativa la creación del Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas”.

Federico está diagnosticado por profesional médico con ataques de pánico, crisis depresiva, trastorno de ansiedad generalizado y palpitaciones cardíacas, refrendado con certificación oficial expedida por una junta médica del Ministerio de Salud de la Nación. Hoy, tras salir en libertad condicional bajo fianza, compartió sus sensaciones y su mirada al futuro: “Sigamos luchando, no le tengamos miedo al gobierno y a sus instituciones y grupos paraestatales violentos y sigamos luchando por el agua pura y principalmente por el Área Natural Protegida Uspallata-Polvaredas, que fue la razón por la cual terminé preso. Adelante y digamos bien fuerte no a la minera San Jorge”.

Mauricio, megáfono en mano, también se pronunció tras salir en libertad: “No nos van a callar jamás, el agua de Mendoza no se negocia y acá estamos peleando por la libertad”. 

Causas y consecuencias

Federico subraya los motivos de su detención: “Han inventado una denuncia en mi contra, sin pruebas concretas o empíricas, sin testigos, presentada por Edgardo Vera, presidente de la Cámara Minera de Uspallata, y ejecutada por el fiscal Juan Manuel Sánchez y la jueza Claudia Tula, que responden partidariamente al gobierno provincial. Buscan destruirme psíquica y físicamente como persona; y escarmentar a mis compañeros y desacreditar los reclamos y propuestas alternativas que viene llevando la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de

Uspallata”.

Agrega sobre las autoridades responsables: “Vienen profiriendo sobre mí cataratas de agravios, calumnias, injurias e intimidación pública, a través de medios masivos de comunicación pautados, sin darme en ningún caso derecho a réplica, con el claro objetivo de relativizar, invisibilizar, censurar, desacreditar y en última instancia anular, de manera coercitiva y coactiva mis reclamos genuinos y fundados técnica, científica, jurídica y legalmente, en contra de la explotación de Minera San Jorge”.

Desde la UAC plantean otra arista sobre el proyecto San Jorge, no menor para comprender con qué bueyes se ara: “Tiene una larga historia de existencia y de resistencia. Desde las primeras exploraciones en la década del 60, pasó por diversos grupos empresariales; los últimos movimientos fueron en 2019, cuando Solway Investment Group -grupo minero y metalúrgico con sede en Suiza- quedó como único propietario; y en 2024 cuando la titularidad pasó a Zonda Metals GmBH, parte del grupo Solway, y al Grupo argentino Alberdi, ambos con denuncias de prácticas de corrupción y violación de derechos humanos en otros lugares del mundo”.

Una cacería legalizada

Las comunidades piden que el foco principal sobre las causas de las detenciones de Mauricio y Federico se ponga en el artículo 213 bis del Código Penal. Eugenia Segura es compañera de ambos en la Asamblea de Uspallata. “La figura penal convierte a la protesta y organización en terrorismo; no importa si hacés algo que esté o no contra la ley, pueden imputarte si suponen que otra persona hizo algo ilegal y es de tu organización, algo totalmente inconstitucional. Hay que frenar esta cacería humana que es el artículo 213 bis, donde pueden llevarse preso a quien quieran por cualquier desmán que cometa otra persona, y acusar de terroristas a pacifistas y ambientalistas, y a la gente que sueña con un mundo mejor”.

El artículo 213 bis fue incorporado al Código Penal en 1984 y enmarca al delito denominado de “prepotencia ideológica”, hacia quien “comete, organiza o toma parte en agrupaciones que tengan por objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor”. La pena es de 5 a 15 años de prisión.

Eugenia agrega con toda la impotencia que lleva y toda la serenidad que requiere el momento: “Lo que se repite siempre es la estupidez, la corrupción, la codicia. Con distintos grados de violencia y distintos grados de crueldad, según la legislación vigente en cada provincia, y el

umbral de tolerancia a la violencia de cada sociedad. Esa raya colectiva que marcamos para decir de acá no te pasás. Llamale estado de derecho, derechos humanos, llamale una justicia pura como el agua que defendemos. Llamale como quieras, no había nada más injusto que el Fede y el Mauri estuvieran presos. Dos seres excelentes, a merced de una denuncia delirante, bancada por seres en los que es evidente la crueldad y la violencia. No pueden imponer sus ideas o combatir las ajenas si no es por medio de la violencia y el terror”.