Derechos Humanos
15 años sin Luciano Arruga: “No hay justicia para nuestros pibes”

Con movilización y marcha por el barrio de Lomas del Mirador: así se recordó que la muerte de Luciano sigue impune. “Somos más que nuestra lucha: somos un grupo que abre los brazos solidariamente porque ha entendido que, de esta, tenemos que salir juntos y juntas, porque la lucha es colectiva”, dice Vanesa Orieta, su hermana, para definir cómo es la batalla contra los discursos de mano dura en los barrios sin acceso a derechos.
Texto: Lucas Pedulla / Fotos: lavaca.org
“No es justo poner tanto cuerpo 15 años para saber qué pasó con un joven de 16 años que se negó a robar para la policía”. La frase resuena en el barrio conurbano de Lomas del Mirador, en el partido bonaerense de La Matanza. Hay una cuadra de movilización que escucha en silencio. No hay bocinazos, tampoco cantos ni bombos; simplemente escucha, atenta y sensible.
La persona que habla es Vanesa Orieta, y el chico al que se refiere es su hermano, Luciano, un joven de 16 años que intentó ser reclutado para robar por efectivos de la Policía Bonaerense, pero se negó. Por esa razón comenzaron a hostigarlo y en 2008 fue torturado en un destacamento policial que se había abierto por pedidos de mano dura en el barrio. Por ese caso un oficial fue condenado a 10 años de prisión. Sin embargo, las amenazas siguieron, y el 31 de enero de 2009 fue la última vez que la familia de Luciano lo vio con vida. Desde entonces, cada enero, la familia de Luciano construyó en estas calles un memorial de lo que significa la represión estatal en democracia.
Esta marcha, que escucha en silencio, recuerda una herida que duele, con 15 años de impunidad, pero Vanesa también lo refleja así: “Es un momento más para poder cristalizar que llevamos 15 años de organización y de lucha para poder llegar a la verdad y la justicia”.

Vanesa Orieta durante la marcha por su hermano, Luciano Arruga.
Mónica Alegre: “No creo en la justicia”
El contexto de la causa de Luciano es explicitado al barrio:
- Luciano era un joven pobre de 16 años que se negó a robar para la policía.
- Era permanentemente hostigado, amenazado, detenido y torturado por los efectivos policiales del Destacamento de Lomas de Mirador, una dependencia que funcionaba en un chalet, que no tenía las condiciones para alojar detenidos (menos un niño), y había sido abierto por reclamos de mayor seguridad en el barrio. Por esas torturas, la justicia condenó al policía Julio Diego Torales a diez años de prisión. La familia logró cerrar el destacamento y convertirlo en un Espacio Social y Cultural que lleva el nombre de Luciano.
- El 31 de enero de 2009, Luciano fue visto con vida por última vez. Con la denuncia sobre la Bonaerense, el propio destacamento y las comisarías de la zona donde testigos señalaron que el joven había sido detenido, la familia inició una denuncia en el fuero provincial que luego pasó al federal como desaparición forzada de persona. El 17 de octubre de 2014, la familia encontró el cuerpo de Luciano enterrado como NN en el Cementerio de la Chacarita. Según la reconstrucción, Luciano fue atropellado en la madrugada del 31 de enero luego de cruzar con ropa que no era de él por un lugar inaccesible de la General Paz. La denuncia, nuevamente, se posó sobre la Bonaerense.
- Por esa causa, que aún sigue en etapa de instrucción, no hay detenidos. Hace 10 años la familia inició un pedido de destitución a la fiscal Roxana Castelli (derivó la investigación en la propia Bonaerense denunciada, incumpliendo el reglamento de la Procuración) y al juez Gustavo Banco y la fiscal Celia Cejas (por espiar durante 1 año y 6 meses a la propia familia). “El daño que hicieron es irreparable en el proceso de investigación”, dice Vanesa en la marcha. “Entiendan esto como una lógica por parte de la Justicia para no llegar a la verdad”.
Por este contexto, Mónica Alegre, mamá de Luciano, habla de “desesperanza” y “desilusión” en esta charla con lavaca.

Instrucción judicial: 15 años
“La desesperanza es porque hace 15 años que hay una causa en etapa de instrucción -dice-. Los policías están como testigos. Ya no creo en la justicia. Es triste, porque no hay justicia para nosotros, nuestros hijos o nuestros pibes. No le deseo el mal a nadie, pero tiene que ser el hijo de un policía que, además, es custodio de un funcionario, para que haya justicia. Mientras tanto, pareciera que Santiago Maldonado se ahogó en un río, que Facundo Castro se cayó de un puente, y que Luciano Arruga fue atropellado por un auto”.
-¿Qué encontraste en estos 15 años de lucha?
-Desilusión por parte del Estado. Pero, a la misma vez, alegría de encontrarme con mucha gente linda que me dio una mano cuando estuvimos muy mal, para apoyarnos y darnos aliento. Gracias a ellos sigo en pie. Y, también, gracias al nieto hermoso que tengo.
-Luciano siempre nos permitió pensar el contexto en el que estamos: qué entendemos por justicia, por seguridad, por política. ¿Cómo ves este momento?
-Políticamente estamos mal. Si salís a hacer una marcha, arremeten contra vos, suben a colectivos a pedirte documentos. Es muy delicado lo que estamos viviendo. Creo que es el momento más álgido de la política en estos 15 años, pero lamentablemente esto sigue. Como dice Vanesa, todos los gobiernos desaparecieron. La diferencia es que este es mucho más áspero. Tenemos que tener los mismos cuidados que tuvimos antes: comunicación fluida entre familiares y entre mi grupo, que sepan en qué actividad estoy, no mandarme sola. Son las mismas, pero hay que extremarlas. Aunque, ojo, a Luciano no lo desapareció Milei, sino que pasó con Cristina; Julio López, con Néstor; Santiago Maldonado, con Macri; y Facundo Castro, con Alberto. Hay que seguir, pero cuidándonos, sin tirar más del hilo. No tenemos que dar pie a que hagan algo contra nosotros.
Vecino, vecina
Vanesa habla a la calle que marcha, pero también al barrio, con su claridad y contundencia: “Por más que esté bien el encuentro, que en nuestros corazones la resistencia sea nuestro motor de lucha, no corresponde que tengamos que poner tanto esfuerzo físico, psíquico y emocional para poder lograr la condena a todos los responsables, no solo materiales -apunta-. Exigimos la condena, a tantos años de los hechos, y pedimos que llegue a término el juicio político que iniciamos al juez Banco y las fiscales Cejas y Martín”.
También ubica el contexto en el que llegan estos 15 años: “Tenemos en la presidencia a un señor altamente nefasto con una mirada discriminadora y criminalizante a los sectores empobrecidos, organizados y en defensa de sus derechos. Hace años este grupo (por Familiares y Amigos de Luciano Arruga) y muchos otros grupos, insistimos en la débil democracia que padecemos. Venimos manifestando que no hay palabras para describir la pobrezaM que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en nuestro país están sufriendo la violación a sus derechos fundamentales, a través de la falta de acceso a esos derechos. Y, por supuesto, también a través de la violencia de la represión policial”.
Seguridad y derechos
Vanesa habla de la inseguridad como el “bastión” de los gobiernos constitucionales para agudizar políticas de mano dura: “La seguridad no es golpear a pibes de Santos Vega y 12 de Octubre (barrio donde vivía Luciano), no es controlar los barrios pobres: la seguridad es que todas podamos acceder a nuestros derechos -explica-. También advertimos que tarde o temprano los sectores afectados iban a ser otros, que no eran rozados por la política represiva o de desigualdad, pero hoy lo vemos. Este gobierno no solo no habla de los sectores empobrecidos, sino que avanza fuertemente sobre los sectores medios. Quizá haya que hacer fuertes replanteo, y que realmente debamos construir una sociedad solidaria en todo tiempo histórico que entienda que siempre hay que mirar a los que están sufriendo, a los hermanos y las hermanas que no la estén pasando bien. Quizá sea la única forma de evitar futuros gobiernos empobrecedores, entreguistas, represores. Hoy nos toca luchar contra éste. Mañana lo seguiremos haciendo por más que un gobierno progresista intente paliar el sufrimiento de la pobreza, porque lo que exigimos no son limosnas del Estado sino el acceso real a los derechos fundamentales para que todas las personas podamos vivir en dignidad y elegir el futuro que tenemos”.
Por esa razón, dice Vanesa, es que marchan: “Ya no somos una lucha, no somos solamente la bandera levantada con la bandera de Luciano. No somos sólo el grupo de Familiares y Amigos denunciando la represión estatal. Somos también trabajadores y trabajadores que acompañamos diferentes realidades a lo largo y ancho del país, y que vemos el sufrimiento de un pueblo que es cada vez más ajustado, más discriminado, más criminalizado”.
Vanesa habla de las asambleas que defienden los territorios del extractivismo y no quieren contaminación; de los pueblos originarios; de los jubilados; de las Madres y de las Abuelas que siguen pidiendo verdad y justicia; de los medios comunitarios, porque la comunicación es un derecho; de las personas en situación de encierro en cárceles; de las madres que hoy salen a la calle en la Marcha de la Gorra, de la Violencia Institucional, la represión estatal y la violencia policial. “Estamos todas juntas y ahí nos abrazamos -dice-. Pero una aclaración: cuando nosotros decimos violencia institucional, no decimos violencia estatal, sino que hablamos de la falta de acceso a derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. Insistimos porque se hace necesario no desvirtuar con palabras livianas una problemática que se llama represión estatal y que, en el fondo de esto, oculta graves violaciones a los derechos humanos por hostigamiento, fusilamiento, desapariciones forzadas”.
Vanesa dice todo esto para remarcar un concepto: “Somos más que nuestra lucha, somos un grupo que abre los brazos solidariamente porque ha entendido que, de esta, tenemos que salir juntos y juntas, porque la lucha es colectiva”. Agradece el acompañamiento, “porque no se puede luchar en la invisibilización y de espaldas a la sociedad”.
Y aclara: “Por eso marchamos, vecino y vecina, porque son muchos años sin saber la verdad”. En la intersección de Mosconi y San Martín, a dos cuadras donde funcionaba el destacamento policial, Vanesa habla otra vez directo al barrio: “Ha costado mucho que ustedes, vecinas y vecinos, puedan entender la injusticia de por qué la policía secuestró y desapareció a Luciano aquel 31 de enero del 2009. Pero esta familia siempre dijo por qué: a Luciano lo secuestro la bonaerense por negarse a robar para ellos”.
Leo Santillán: no a la resignación
Las marchas por Luciano también son escenarios donde se movilizan otros familiares que sufrieron la violencia estatal. Una de ellas es Sandra Gómez, mamá de Omar Cigarán, asesinado el 15 de abril de 2003 en La Plata. El policía fue absuelto y la causa espera resolución de la Corte: “La lucha la damos los familiares en la calle porque no nos escuchan. La policía mata a nuestros pibes y terminan impunes. Queda en nosotros seguir visibilizando sus nombres”.
Ricardo, papá de Marcelo Peca Rivero, asesinado el 18 de marzo de 1989: “Lo mataron en la Comisaría 14 de Rafael Castillo. No me dieron bola, quedó todo impune. Sigan luchando porque nos da más fuerza para no abandonar la injusticia de que maten a nuestros hijos”.
También marcha Leo Santillán, hermano de Darío, asesinado en la Masacre de Avellaneda el 26 de junio de 2002: “En la lucha de Moni y Vane hay un fuerte mensaje de lucha, amor y resistencia -dice a lavaca-. Muy importante para estos tiempos, donde tenemos que salir a multiplicar la esperanza. Hay mucha resignación, miedo y tristeza, pero no podemos salir a pelear sin esperanza”.

Ahora y siempre
La marcha ingresa a la plaza y se dispone en ronda para escuchar a la familia, previo al cierre de la artista Sara Hebe.
Comienza Vanesa, recordando que siempre le pareció muy difícil responder cuando le preguntaban quién era Luciano: “Hoy digo que fue un pibe con una decisión política zarpada. Lo que ha pasado con nuestros pibes y pibas es una intención clara de despolitizarlos, de desubjetivizarlos, para no poner en el foco de la discusión la intención concreta de los diferentes gobiernos constitucionales de ir sobre ellos. Siempre la respuesta fue decirnos que el gobierno de turno no se sentaba en una mesa chica a decidir sobre el futuro de los pibes como se hizo durante la etapa genocida: era un esfuerzo enorme para la familia salir de esos vericuetos de palabras rebuscadas que nos hacían ubicarnos en un lugar de meras víctimas reclamando imposibles. Fueron muchos años de entender que no estábamos equivocadas”.
Y pone, en esta plaza, una discusión que establece como triada: “La violencia institucional es la base que siempre permitió que nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes sean presentados como otros peligrosos por ser pobres y no acceder a sus derechos fundamentales”. Luego vuelve a la inseguridad: “La problemática (aceitada por los medios masivos, aclara) alimenta que se persiga a ese otro peligroso, que es el pibe pobre”. Finalmente, la problemática represiva: “Aunque no haya una mesa chica, en los hechos las políticas públicas inundaron los barrios de policías, y hay infancias que naturalizan ver itakas en los pasillos de sus casas”.
Propone esta discusión como replanteo para pensar por qué hoy Javier Milei es el presidente: “Algo no hicimos. Es necesario que podamos hacer memoria, dinámica, no estanca. Una memoria que pueda encadenar que fueron 30 mil, y decir con fuerza y seguridad que el fantasma genocida sigue rodeándonos y siempre se mantuvo presente: los ejemplos, claramente, fueron los hechos de represión estatal”.
Vuelve a Luciano y los 15 años de impunidad: “Es una tomada de pelo porque en la medida que no podamos condenar un hecho de desaparición forzada, estas situaciones se repiten. Una de las cosas que debieron hacer los gobiernos es, mediante condenas ejemplificadoras, decir no. Porque somos un país con memoria, porque no queremos más desapariciones forzadas, y eso no ha ocurrido. Podría escribir 40 tomos, como los 40 tomos que tiene la causa de Luciano, sobre la invisibilización que sufrimos. No esperamos nada de gobiernos de derecha, de Macri o de Milei, pero hubo gobiernos que levantaron firmemente la bandera de los derechos humanos y que hablaron de una primavera mientras muchos y muchas de nosotras estábamos desgarradas por dentro. Por eso necesitamos tender puentes en momentos precisos para que lo que lleguen a nuestros barrios no sean limosnas, sino para poder vivir una vida digna”.
Luego, Mónica agradece el “aguante” de estos 15 años: “No fueron fáciles. Tuvimos que dejar muchas de lado. Pero aprendí el respeto hacia los demás, a no ser egoísta, gracias a Luciano. Estamos de pie, no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir saliendo a la calle”.
A su turno, el que habla es Sebastián, otro de los hermanos de Luciano, que emociona a toda la plaza, habituada a escuchar en estos años las voces de Mónica y Vanesa. Sebastián hoy está como referente de Familiares y Amigos, y sumó este enero una nueva voz:
“Quería arrancar agradeciendo a los que están acá marchando abajo del sol, muchas cuadras, concientizando un barrio que, en un momento, fue ajeno a las problemáticas que sufria esta familia. No es fácil estar acá 15 años después. No lo fue ni no lo va a ser, seguir estando más años, porque en cada uno de estos años no solamente nos encargamos de poner el nombre de mi hermano en lo alto y de pedir justicia y esclarecimiento, sino que también dejamos mucho de largo: vidas personales, sentimientos y emociones fueron depositadas en esta lucha que fue construyéndose con la participación de ustedes y el gran esfuerzo que hicimos nosotros. Por eso recordarles que no son sólo 15 años de Luciano que no está, porque si me pongo a hacer la cuenta, esto viene mucho antes de Luciano: he conocido familiares que me mostraron las fechas de sus hijos 10 años antes que yo naciera. Padres que estuvieron 30 años llorando un hijo, una hija, un hermano, un primo, un amigo que fue a bailar, una piba que murió adentro de un penal, un pibe suicidado en una comisaría. No son hechos aislados y, por esto, vamos a estar 15 años hasta que finalmente sintamos que el Nunca Más es un Nunca Más”.
La plaza, visiblemente emocionada, aplaude y agradece cada palabra.
Y previo al cierre, suena un grito: Luciano Arruga, presente, ahora y siempre.
Derechos Humanos
La justicia en el cuerpo
El Equipo Argentino de Antropología Forense es una referencia internacional en la búsqueda y reconocimiento de personas desaparecidas. En este 2025 se están cumpliendo 40 años del Juicio a las Juntas que tuvo entre sus testimonios cruciales al del científico norteamericano Clyde Snow. El trabajo forense fue el que permitió identificar restos de víctimas de la dictadura, que así pudieron ser juzgados como homicidios cuando el delito de desaparición no existía. Aquella declaración de Snow fue uno de los espaldarazos para este grupo. Cómo nació, qué descubre, cómo es su trabajo cotidiano, y por qué se convirtió en un símbolo en el mundo. En tiempos complejos en los que parecería que faltan ejemplos e inspiraciones, aquí hay uno de tantos: un equipo en movimiento, que reúne la ciencia y lo social -pese a los frenos libertarios- para sostener un modelo que rompe al negacionismo y revela la verdad.
Por Lucas Pedulla.
(Publicada originalmente en la revista MU)
(más…)Derechos Humanos
Nueve relatores de Naciones Unidas ante “el grave deterioro de las libertades fundamentales” en Argentina

Nueve relatores especiales de Naciones Unidas expresaron en una carta remitida al gobierno argentino su “seria preocupación” ante “el deterioro grave de las libertades fundamentales y del espacio cívico en la República Argentina desde diciembre del 2023”. La carta fue enviada el 12 de mayo, pero los representantes de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU la difundieron recién el viernes 11 de julio, tras dos meses de indiferencia por parte del Gobierno nacional. Recién entonces, a través del ministerio de Relaciones Exteriores, se solicitó “una prórroga con el fin de dar respuesta”.
Los expertos han requerido al gobierno argentino información sobre once puntos, entre ellos:

El foto reportero Pablo Grillo, tras el ataque policial sufrido el 12 de marzo.
- “Explicar la racionalidad de los operativos policiales” y “especialmente en relación a la proporcionalidad”, es decir, la relación entre la fuerza policial desplegada y la cantidad de participantes de la manifestación.
- También solicitan “el detalle de la cantidad del armamento usado” y el número de personas afectadas por su uso, discriminando número de mujeres, niños y niñas afectadas”.
- Otro requerimiento: “información detallada sobre las acciones implementadas para prevenir y sancionar los actos de intimidación y estigmatización contra manifestantes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos, incluyendo: a) las investigaciones iniciadas sobre estos actos; b) las medidas de protección ofrecidas a las víctimas y, c) las sanciones impuestas a los responsables, si las hubiera.”

- Piden, además, información sobre “ la situación de los jueces que han sido objeto de agresiones verbales por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo” y” las medidas adoptadas para garantizar que todos los jueces de Argentina puedan ejercer sus funciones profesionales sin temor a represalias, intimidación o interferencias indebidas, de conformidad con los estándares internacionales y regionales”. Este punto está especialmente motivado por las situaciones denunciadas ante la CIDH en relación a los agravios y persecuciones que sufrieron los jueces que no convalidaron las detenciones arbitrarias ni los operativos policiales, como el caso de la jueza Karina Andrade y el juez Roberto Gallardo.

La carta suscritpa por los nueve relatores especiales tiene 25 carillas. Las primeras 16 resumen los informes recibidos sobre criminalización de manifestaciones pacíficas, ataques a la prensa, uso desmedido y desproporcional de la fuerza policial, ataques a jueces y denuncias sobre personas heridas –como el caso del fotógrafo Pablo Grillo- o detenidas arbitrariamente. Luego de puntualizar la información requerida en once puntos, le adjunta al gobierno argentino el marco legal que está obligado a cumplir, entre ellos el derecho a libertad de reunión, de opinión y expresión, a la libertad y seguridad personal y a la independencia del Poder Judicial. Ese marco legal desarrollado en extenso tiene la siguiente frase introductoria: “En relación con las alegaciones anteriormente expuestas y, sin implicar, de antemano, una conclusión sobre los hechos, nos gustaría llamar la atención del Gobierno de su Excelencia sobre los estándares y normas internacionales aplicables”.
Aquí el texto completo de la carta.
Derechos Humanos
Tilcara: violencia, desalojo y recuperación de tierras de una comunidad originaria

La comunidad kolla Cueva del Inca de Tilcara, Jujuy, fue desalojada aplicando un apagón eléctrico en la zona, al estilo de lo ocurrido en 1976 en el Ingenio Ledesma. La policía local destruyó las casas que están en una zona considerada Patrimonio de la Humanidad y agredió a los pobladores, que decidieron volver a sus tierras para recuperarlas. El trasfondo de los negocios inmobiliarios y mineros, el rol del poder judicial y la reflexión de la gente de Cueva del Inca.
Por Francisco Pandolfi
Fotos: Uma Nielsen
Los desalojos de las comunidades originarias se volvieron una característica más en esta gestión del gobierno nacional. El terreno para esto lo allanó el decreto que puso fin a la Ley de Emergencia para la concreción del reconocimiento a la posesión comunitaria de tierras, que mantenía la suspensión de los despojos. Ese decreto fue firmado por Javier Milei a un año de asumir su mandato, el 10 de diciembre de 2024. La fecha no fue elegida por casualidad: se trata del Día Internacional de los Derechos Humanos.
Con esa dinámica, la comunidad kolla Cueva del Inca de Tilcara, Jujuy, fue desalojada en medio de violencia y varias irregularidades este lunes 7 de julio:
1) No fue notificada del desalojo.
2) El despojo ocurrió a la madrugada, incumpliendo toda legalidad.
3) La policía encargada del operativo ejerció violencia física y cortó la luz eléctrica en la zona.
4) La comunidad cuenta con personería jurídica.
5) Cueva del Inca es parte de la Quebrada de Humahuaca, territorio considerado Patrimonio de la Humanidad desde 2003 por la UNESCO, por lo que está prohibido cualquier desalojo.
Este lunes a la madrugada, todo eso no importó.

La reconstrucción en Tilcara, después del desalojo.
La jueza, el hotelero y la violencia
Miriam Alfaro tiene 39 años, hace artesanías y es la presidenta de la comunidad Cueva del Inca, emplazada en la Quebrada de Sarahuaico, a pocos metros del acceso por ruta nacional 9 a Tilcara. Con el viento de fondo, algunas whipalas flameando y su casa destruida, habla con lavaca: “Sin ser notificados, la jueza Liz Valdecantos Bernal ordenó al juez de paz de Tilcara, Pedro Apaza desalojarnos de nuestro territorio comunitario, que ya habían intentado desalojar en abril. Alrededor de 50 efectivos de la Policía de Jujuy, sin identificación, entraron a nuestra comunidad antes de las 6.30, todavía de noche, al grito de ‘váyanse usurpadores’ y nos desalojaron de forma muy violenta”.

Miriam cuenta que la Policía cortó la luz y que la comunidad se quedó sin señal de comunicación. Y que luego entró a su casa derribando la puerta, insultándolos, diciéndoles narcotraficantes. “Ni bien entraron tiraron un gas lacrimógeno que cayó en mi cabeza. A un hermano lo tiraron al piso y lo golpearon, a otra hermana lo mismo. Yo tengo una discapacidad motora y cuando estaba intentando salir por voluntad propia de mi casa, un policía me jaló, me tiró al piso y se tiró encima mío. Todo fue brutal y violento, más que un desalojo parecía un allanamiento por la magnitud que ha tenido. De hecho, detuvieron a doce integrantes de la comunidad, que ya fueron liberados”. Agrega: “Fue totalmente ilegal, no solo por ser en plena oscuridad y sin notificación, sino porque tenemos todo en regla”.
La técnica utilizada para concretar el desalojo retrotrae al histórico Apagón de 1976, en plena dictadura, en el ingenio Ledesma de Libertador General San Martín, cuando se utilizó el corte masivo de luz para perseguir a trabajadores, con un saldo total de tal metodología represiva de 400 personas secuestradas, 55 de las cuales siguen desaparecidas.

Miriam: ¿qué intereses hay detrás de este desalojo?
En 2017, el empresario hotelero Carlos Vázquez denunció por usurpación a uno de los integrantes de la comunidad, Javier Mamani. O sea, individualizaron el proceso. Javier siempre fue uno de los miembros más luchadores y ya no vive en nuestro territorio, pero igual vinieron a desalojarnos, en otra irregularidad del proceso. Vázquez, dueño del hotel El Canto del Viento, quiere quedarse con nuestras tierras en complicidad con el gobierno de turno, que busca hacer acá un negocio inmobiliario. Nosotros como comunidad tenemos personería jurídica, la carpeta técnica que nos exigen así como el relevamiento territorial indígena (ReTeCI, Registro Territorial de Comunidades Indígenas). Cumplimos con todos los requisitos. Y además tenemos una sentencia judicial de 2006 a nuestro favor para que el gobierno jujeño nos entregue el título comunitario. Si aun así debemos enfrentar estas situaciones es porque detrás no sólo hay intereses inmobiliarios y turísticos, sino también mineros. En los cerros de la Quebrada de Humahuaca hay muchos minerales, que no nos pertenecen a nosotros, sino a la Pachamama.

¿Cómo entender la orden de la justicia?
Porque hay una mafia judicial. Es de la única manera en que se explica que un hotelero mueva tantos policías para sacarnos del foco a nosotros. Los emprendimientos privados siempre llegan a un acuerdo con el sistema judicial y con todo el gobierno provincial para quedarse con los territorios comunitarios. Acá está todo confabulado, son todos cómplices. Un ejemplo: para demoler mi casa el lunes, trajeron a los bomberos de la provincia.
La pueblada y 100 familias
El 20 de junio pasado se cumplieron dos años de que el entonces gobierno de Gerardo Morales aprobó una reforma constitucional viciada de todo tipo de irregularidades (sin consulta previa a las comunidades; debatida y votada de manera express, sin licencia de la sociedad), que derivó en el levantamiento popular más grande de la historia de la provincia, con 100 mil personas en las calles. Y en una feroz represión policial (disparos a la cabeza –4 personas perdieron la vista en uno de sus ojos–; persecución a periodistas y fotógrafos; hostigamiento a dirigentes sociales; amenazas de despidos a manifestantes; allanamientos ilegales, entre varios etcéteras).
“Esto es una consecuencia de haber estado en contra de la reforma. Quisieron avasallarnos en ese momento y siguen ahora en el gobierno de Carlos Sadir, maltratándonos, porque este no es el primer desalojo. Ya hubo otro en la localidad de Guerrero, hace unas horas quisieron desalojar una comunidad en la finca El Pongo y así muchos otros”.
En la comunidad Cuenca del Inca viven alrededor de 100 familias y hay un sitio arqueológico y cultural donde descansan los ancestros. Hay animales: llamas, cabras, ovejas, chivos. Hay plantas: cardones, churquis, sumalaguas, molles. La mayor parte de la comunidad vive de la artesanía, ganadería, albañilería y de administrar un circuito turístico que está dentro del territorio. Este miércoles, 48 horas después del desalojo, la comunidad organizada resolvió en asamblea retornar al territorio y comenzar la reconstrucción de lo destruido y en vigilia permanente. Por ahora, la Policía no volvió.

Al lado de los escombros, y junto a las paredes que poco a poco vuelven a levantarse, concluye Miriam: “Volvimos porque este es nuestro lugar y de acá no nos iremos. Vivimos dentro de una zona declarada Patrimonio de Humanidad, pero la otra cara de la moneda es la realidad que vivimos: un constante hostigamiento y persecución. La codicia del empresario Vázquez, la complicidad del poder judicial y todo un gobierno. Destruyeron mi casa y todas mis pertenencias. Ahora mismo, mientras estamos hablando, están en un depósito judicial que está dentro del hotel de este empresario. Ese hotel, hoy es un búnker donde salen y entran policías. Es una incoherencia total, que ya no nos sorprende, pero que no nos hará dejar de resistir. No vamos a permitir que nos vengan a sacar, ni nos vengan a atropellar, ni nos vengan a maltratar, ya fue suficiente todo lo que hemos pasado. Es hora de decir basta”.

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