Catorce juicios orales y públicos entrarán en etapas decisivas en este 2025, y es posible que al menos otros seis inicien sus audiencias, entre las 254 causas que están en instrucción por violaciones a los derechos humanos. La imposibilidad del negacionismo frente a crímenes concretos: asesinatos, torturas, delitos de lesa humanidad contra niños y niñas, violaciones, fusilamientos individuales y grupales, robos a las víctimas, robos de bebés, personas vivas arrojadas al mar, detenidos incendiados, entre otros delitos cometidos por el terrorismo de Estado que llegarán a condena en la medida en que se encuentre a los culpables. Cada caso podría ser en sí mismo el tema de una serie, de un libro, de una película o de alguna actualización de una historia universal de la infamia.

Lo hecho hasta aquí con respecto a los juicios, y las fechas y los detalles de cada próximo caso para entender la historia no como mero pasado, sino como aprendizaje del infierno que una sociedad puede evitar impidiendo la impunidad y logrando una modesta y crucial revolución: hacer cumplir la ley.

Por Sergio Ciancaglini

En 2024, pese a los oleajes negacionistas o simplemente hostiles hacia las políticas de derechos humanos, hubo 17 juicios por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura que llegaron a sentencia con 55 condenas y 14 absoluciones. 

Según los datos elaborados por el Ministerio Público Fiscal (a través de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad encabezada por la fiscal María Ángeles Ramos) hasta fin de 2024 se desarrollaron 668 juicios de los cuales casi la mitad (332) llegó a sentencia. Siguen instruyéndose 254 y 65 son los elevados a la espera de iniciar las sesiones orales y públicas.

Desde que se reiniciaron los juicios en 2006 hubo1.195 condenas y 196 absoluciones. Explica la Procuraduría: 

De las 3.775 personas investigadas por crímenes contra la humanidad, 1.450 (38%) atraviesan el proceso de juzgamiento en libertad, mientras que 613 (16%) están detenidas bajo las siguientes modalidades:
• El 81% tiene arresto domiciliario.
• El 10% está alojado en dependencias de los servicios penitenciarios federal o provinciales.
• El 9% está detenido en su mayor parte en la Unidad Penitenciaria N°34 que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo. También se registra la detención de una persona en una dependencia de una fuerza de seguridad federal.

Aquí, el detalle y fecha de reinicio de las audiencias de los juicios orales y públicos que continuarán durante este año con posibilidad de llegar prontamente a sentencia, y algunas de las nuevas causas que está previsto que se inicien. La lectura indica que cada caso podría ser el tema de una serie, de un libro, de una película o de alguna versión actualizada de la  Historia Universal de la Infamia.

Datos difundidos por el Ministerio Público Fiscal. Fuente: Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

JUICIOS ORALES Y PÚBLICOS QUE CONTINUARÁN EN 2025

Megacausa Zona V – Bahía Blanca

3 de febrero, 9 horas. Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca.

Este es el mayor juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la historia de Bahía Blanca, el sur de la Provincia de Buenos Aires y la Patagonia entera. Se incluyen también delitos perpetrados antes, en los meses previos al golpe. Comenzó en 2022, e investiga las violaciones a los derechos humanos contra 334 personas. Durante los alegatos, una de las querellas expresó algo que es jurisprudencia al menos desde la Causa 13 (el Juicio a las Juntas militares realizado en 1985). “Decir que lo sucedido fue una guerra, no solo es jurídicamente falso, sino también éticamente aberrante y técnicamente incorrecto”.  

Los crímenes juzgados son homicidios, tormentos, privaciones ilegales de la libertad y delitos contra la integridad sexual, entre otros, ordenados y concretados desde la jefatura del V Cuerpo de Ejército, con centro en Bahía Blanca, llegando al sur de la provincia de Buenos Aires –Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Puan, Tornquist, Coronel Pringles, González Chávez, Coronel Dorrego, Tres Arroyos, Villarino y Patagones-, y toda la Patagonia: Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Fallecieron 13 de los acusados desde que comenzó el juicio. Quedan 38 ex militares que integraron el Comando del V Cuerpo de Ejército, y dos profesionales de la salud del centro clandestino La Escuelita, cuya función era prolongar las prácticas de torturas contra las víctimas.

Los jueces sonErnesto Pedro Francisco Sebastián, Sebastián Luís Foglia y Marcos Javier Aguerrido.

La fiscalía está a cargo de Miguel Palazzani, con los auxiliares fiscales José Nebbia, Pablo Fermento y Paula Molini.

Datos difundidos por el Ministerio Público Fiscal. Fuente: Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Juicio Saint Amant IV – San Nicolás

11 de febrero a las 9 horas, Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Rosario

El cuarto tramo de este juicio se inició en marzo del año pasado, para investigar delitos contra 74 personas durante el período del terrorismo de estado en jurisdicción del Área Militar 132; gran parte del noroeste de la provincia de Buenos Aires. La causa lleva el nombre del ex coronel Manuel Saint Amant, que conducía esa área Militar y murió en 2016 en el penal de Ezeiza cumpliendo la prisión perpetua que le aplicó la justicia tras ser condenado en el primer juicio instruido por este tema. Luego otros 16 represores fueron condenados en diferentes segmentos de la causa, que entra en su cuarta etapa, con violaciones a los derechos humanos en San Nicolás, Baradero, San Pedro, Ramallo y Pergamino.

El tribunal está formado porRomán Lanzón, Eduardo Rodríguez Da Crus y Elena Beatriz Dilario.

El fiscal es Adolfo Villatte, con al auxiliar fiscal Juan Patricio Murray.

Los imputados son ex integrantes del Batallón de Ingenieros de Combate 101 de San Nicolás: Antonio Federico Bossie (ex capitán, oficial de Operaciones y de Inteligencia), Guillermo Aníbal Piccione (ex capitán, oficial de Logística y de Personal) y Bernardo Luis Landa (ex teniente primero, oficial de Logística); el exintegrante del Destacamento de Inteligencia 101 de San Nicolás Omar Andrada (ex teniente coronel, fue jefe del organismo); los ex cabos de la delegación San Nicolás de la Policía Federal Hugo Bellet, Adrián Domingo Meisner y Gregorio Florentino Mancilla; y los ex oficiales de la delegación San Nicolás de la Dirección General de Inteligencia de la Policía bonaerense Enabel Otilio Cappa, Miguel Ángel Amarillo, Oscar Alberto Parodi y Raúl Calabresi.

La causa investiga crímenes contra trabajadores, delegados y militantes gremiales –UOM, Sindicato de Comercio, CGT– de esa zona bonaerense, integrantes de partidos políticos y también militantes católicos.

Datos difundidos por el Ministerio Público Fiscal. Fuente: Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Juicio Área 400 y acumuladas II – Megacausa Campo de Mayo

11 de febrero, 9.30 horas. Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín

La causa investiga los crímenes de lesa humanidad contra 15 víctimas en la guarnición militar de Campo de Mayo.

Hay tres imputados: el ex comisario de la seccional 2º de Villa Ballester, Carlos Daniel Caimi; el ex jefe de Personal de la plana mayor del área militar 400, Luis Pacífico Britos; y Horacio Rafael Sánchez, ex teniente primero designado como jefe de la Compañía Destino de la Escuela para Apoyo para el Combate General Lemos.

En el primer juicio se llegó a 19 condenas en 2022: 10 miembros del Ejército, Gendarmería, Policía Bonaerense y la Armada recibieron perpetua por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 350 personas. Otros nueve tuvieron entre 4 y 22 años de prisión. Los delitos: privación ilegal de la libertad, imposición de tormentos, allanamiento ilegal, robo, abuso deshonesto, violación y homicidios.

El tribunal: Silvina Mayorga, Daniel Omar Gutiérrez y María Claudia Morgese Martín. La fiscalía está a cargo de Marcelo García Berro y la auxiliar fiscal Gabriela Sosti.

Datos difundidos por el Ministerio Público Fiscal. Fuente: Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

Juicio Mansión Seré IV – San Martín

11 de febrero, 12 horas. Tribunal Oral Federal N°5 de San Martín.

Este juicio unifica dos causas. Una aborda 127 casos de víctimas de privación ilegítima de la libertad y tormentos en el circuito represivo de la zona oeste del conurbano bonaerense, integrado por los centros clandestinos de detención Mansión Seré, la I Brigada Aérea de Palomar, la VII Brigada Aérea de Morón, la Comisaría de Castelar, la Comisaría de Haedo, la Comisaría 1ª de Morón, el Destacamento de Paso del Rey, la VII Brigada Área de Moreno, la Subcomisaria de Francisco Álvarez y la Comisaría de Moreno, aunque no todos forman parte de estas audiencias. La otra causa incluida se refiere a las privaciones ilegítimas de la libertad de tres personas por las cuales fue requerido a juicio el ex cabo de inteligencia de la Fuerza Aérea, Vázquez Sarmiento, quien además está acusado por la falsificación del DNI que utilizaba cuando fue detenido.

Tribunal:María Claudia Morgese Martín, Silvina Mayorga y Walter Venditti.

Elfiscal es Félix Crous, con auxiliar fiscal Nuria Piñol Sala.

El total de víctimas: 114. Hay 5 imputados: Juan Carlos Vázquez Sarmiento, ex cabo principal de inteligencia de la Fuerza Aérea; Juan Carlos Herrera, ex teniente 1° de la I° Brigada Aérea de El Palomar; José Juan Zyska, ex cabo 1° de la misma unidad militar; Ernesto Rafael Lynch, ex capitán de la VIII° Brigada Aérea de Moreno de la Fuerza Aérea; y Julio César Leston, ex cabo 1° de la Regional de Inteligencia “Buenos Aires” (RIBA) de la Fuerza Aérea.

Masacre del Pabellón Séptimo – CABA

12 de febrero, Tribunal Oral Federal N°5 de la Ciudad de Buenos Aires

El 14 de marzo de 1978 se realizó una violenta requisa en la cárcel de Villa Devoto, y un incendio que provocó 65 muertes de reclusos tras lo que también se llamó “motín de los colchones”. Las víctimas murieron asfixiadas, baleadas o quemadas, según el caso. Los integranes del Servicio Penitenciario impidieron la entrada al lugar a los bomberos, argumentando que el fuego estaba controlada, mientras morían decenas de personas. La justicia considera que el caso como parte de los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura, tormentos que además de las víctimas fatales dejaron graves secuelas físicas a otras 88 personas allí detenidas.

Los jueces son Nicolás Toselli, Adriana Palliotti y Daniel Obligado.

El fiscal es Abel Córdoba, junto a las auxiliares María Laura Grigera y Viviana Sánchez.

Los imputados: el ex director del Instituto de Detención de Devoto, Juan Carlos Ruiz; el ex jefe de la División Seguridad Interna, Horacio Martín Galíndez; y el ex celador de la División Seguridad Interna, Gregorio Bernardo Zerda.

Juicio al juez Otero Álvarez – Córdoba

12 de febrero, Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba.

Una nueva audiencia indagatoria y el final de la etapa probatoria se producirán el 12 de febrero. El 18 comienzan los alegatos de la querella y el 28 se pronunciará el Ministerio Público Fiscal.

Tal la agenda próxima por el caso del juez de Córdoba Carlos Otero Álvarez, que había recibido una absolución que fue anulada por la Cámara Federal de Casación Penal. La Cámara señaló inconsistencias y parcialidad en esa absolución ya que consideró que Otero Álvarez “incumplió su deber como funcionario público que desde su cargo jerárquico podría haber intentado hacer algo por las personas que estaban siendo torturadas”. Se presume su complicidad con tormentos y fusilamientos. La acusación incluye “incumplimiento de los deberes de funcionario público –en la modalidad de abuso de autoridad– y omisión de denunciar delitos” en 92 hechos.

Entre tales hechos se incluyen 31 fusilamientos en la UP1 en 1976, por los que se condenó en 2010 a Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez, además de secuestros y tormentos que fueron denunciados por víctimas cuando Otero Álvarez era secretario penal del Juzgado Federal N° 1.

Los jueces son Facundo Zapiola, Mario Martínez y José Escobar Cello. Las audiencias en Córdoba han presentado escollos para víctimas y testigos, y dificultades o imposibilidad de difusión de las audiencias para la prensa, tratándose de una causa de trascendencia pública. Uno de los testigos clave y querellante, Luis Baronetto, declaró al medio local El Sur que pese a ese escenario adverso el juicio demuestra que “hasta en las peores condiciones políticas es posible resistir y llevar adelante acciones, aun con poderes institucionales como la Justicia, donde hubo complicidad con la dictadura y hay una continuidad”.

Juicio Subzona 15 III-Mar del Plata

14 de febrero, Tribunal Oral Federal de Mar del Plata

Informó el Ministerio Público Fiscal (en la página fiscales.gob.ar): “El denominado juicio ‘Subzona III’ aborda 123 casos de víctimas privadas ilegítimamente de su libertad y torturadas, y algunas de ellas abusadas sexualmente: 44 permanecen desaparecidas y 88 son casos que se tratan por primera vez en un juicio. Todos los acusados fueron condenados anteriormente en otros procesos. Se espera que declaren casi 230 testigos”.

Las víctimas resultaron estudiantes universitarios, militantes políticos, trabajadores de diferentes oficios, profesionales y un concejal.

El juicio comenzó en octubre de 2024. La fiscalía describió secuestros de madrugada protagonizados por grupos armados contra víctimas que descansaban en sus viviendas, robos, interceptaciones violentas en bares, la vía pública y el Palacio municipal, homicidios, desapariciones, aplicación de tormentos y delitos sexuales en centros clandestinos de detención, en el marco de la persecución por razones políticas.

Es el tercer tramo de la causa que investiga los crímenes ocurridos en esa subzona militar durante la dictadura, a cargo de la Agrupación de Artillería de Defensa Aérea 601, con intervención de las jefaturas de las áreas 15.1 y 15.2, a cargo de los grupos de artillería de Defensa Aérea 601 y 602. Se presentan además crímenes consumados por personal de la Armada Argentina en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Base Naval Mar del Plata, el Edificio Agrupación Buzos Tácticos, la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (E.S.I.M.) y la Prefectura Naval Argentina, que actuaron como parte de la Fuerza de Tareas N° 6 de la Armada, con dependencia funcional de la Subzona militar 15.

Los jueces son Nicolás Toselli, Fernando Minguillón y Martín Poderti.

La fiscalía es encabezada por Santiago Eyherabide con María Eugenia Montero y Julio Darmandrail como auxiliares fiscales.

Hay 20 imputados: 20. Vírtom Modesto Mendíaz, Alfredo Manuel Arrillaga, Eduardo Jorge Blanco, Jorge Luis Toccalino, Carlos Alberto Suárez, Rubén E. Miguel Fernández, Carlos Víctor Milanese, Raúl Alberto Marino, Roberto Mario Blanco Azcarate, Raúl César Pagano, Alfredo Raúl Weinstabl, Luis Héctor Bonanni, Daniel Eduardo Robelo, Julio César Fulgencio Falcke, Carlos María Robbio, Héctor Raúl Azcurra, Ernesto Davis, Carlos Arturo Mansilla, Néstor Ramón Eduardo Vignolles y Osvaldo Gaspar Siepe.

La Huerta y Subzona 12 – Provincia de Buenos Aires

14 de febrero, 8.30 horas. Tribunal Oral Federal de Mar del Plata

La Huerta fue un centro clandestino de detención, desaparición y torturas que funcionó en las afueras de Tandil durante la represión ilegal en dictadura, pero las investigaciones ampliaron esa geografía. Se juzgan delitos de lesa humanidad en el Área 121 que incluye, además de La Huerta, a las comisarías Primera y Segunda de Tandil, la “Chacra de Méndez” y el ex Instituto Superior de Educación Rural (ISER), junto a hechos ocurridos en la ciudad de Azul: la Subzona 12.

Se investigaron 192 casos inicialmente, y hubo más de 200 testigos a lo largo de 30 meses de audiencias con 26 imputados. La fiscalía planteó al acusar: “Aquí se juzgan muchos hechos aberrantes, como torturas, homicidios, desapariciones y abusos sexuales. Pero también privaciones de libertad masivas que no tuvieron tormentos y duraron períodos inferiores a un mes, por los que sus víctimas albergan la ilusión de que se haga justicia con sus casos. Esas víctimas que hoy son casi 50 años mayores que en aquel momento, viven esta instancia con una esperanza de justicia, tanto en un sentido reparador de su caso como en uno comunicativo que ayude a que el terrorismo de Estado no se repita”.

El tribunal está integrado porFernando Machado Pelloni, Nicolás Toselli y Luis Imas.

Los fiscales federales sonSantiago Eyherabide y Juan Pablo Curi, con los auxiliares fiscales María Eugenia Monterio y Julio Darmandrail.

Juicio Superintendencia de Seguridad Federal III

14 de febrero, 9.30 horas Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 – CABA

La causa juicio aborda seis operativos represivos ilegales realizados por grupos de la Superintendencia de Seguridad Federal entre 1976 y 1977 en los que fueron asesinadas o desaparecidas 11 personas, según lo detalla la página juiciosdelesahumanidad.ar. Los 17 acusados son exintegrantes de la Policía Federal, en su mayoría en los departamentos Sumarios y Táctico de la Superintendencia de Seguridad Federal. Cinco de los operativos que abarca el debate fueron en la Ciudad de Buenos Aires y uno en el partido bonaerense de San Martín.

Los delitos que se imputan a los ex policías: homicidio, privación ilegítima de la libertad y allanamiento ilegal. Informa la plataforma: “Su participación en estos hechos se pudo probar a partir de documentos recuperados de los Consejos de Guerra que se realizaron durante la dictadura en el Primer Cuerpo del Ejército, a cargo de la jurisdicción, a través de los cuales se buscaban dar una apariencia de legalidad a la actuación represiva”.

Los casos señalados en fiscales.gob.ar incluyen

1) Los homicidios deJorge Hugo Casoy, María Marta Carlota Imáz Garzón Maceda de Casoy y Bernardo Levenson (madrugada del 18 de mayo de 1976 en el interior del departamento 33, piso 8 de Yatay 707.

2) El homicidio de Mario Lerner el 17 de marzo de 1977 en Don Bosco 4125, piso 1°, departamento “C”.

3) Los homicidios de Carlos Gabriel Federico Jeifetz y de Nora Beatriz Salvarezza en el operativo realizado por la Brigada de la Zona 1° de la Supertintendencia de Seguridad Metropolitana de la PFA en la calle San Nicolás 2220, piso 1°, departamento “18”, el 4 de enero de 1977.

4) Los homicidios de Mario Alfredo Frías Pereira, Patricia Clariá Pedernera y Liliana Patricia Griffin en la noche del 19 de abril de 1977, en Bacacay 2215, piso 6°, departamento “A”, en el marco del operativo llevado a cabo por personal del Departamento Táctico de la Superintendencia de Seguridad Federal de la PFA.

5) El homicidio de Oscar De Cicco en un procedimiento fraguado del 14 de abril de 1977 en la estación de servicio YPF de Montes de Oca y Sáenz Peña, en Villa Maipú (San Martín).

6) La privación ilegal de la libertad de Alberto Jorge Gorrini –quien permanece desaparecido– el 2 de junio de 1977 durante un procedimiento realizado en la calle Salcedo 3564 de la ciudad de Buenos Aires.

Tribunal: Daniel Horacio Obligado, Sabrina Namer e Ignacio Carlos Fornari.

A cargo de la acusación, el fiscal general Pablo Ouviña y, como fiscales auxiliares, Santiago Ghiglione y Mercedes Moguilansky.

Los17 imputados:  Juan Carlos Carrera, Esteban Adolfo Sanguinetti, Antonio Ángel Imbrogiano, Miguel Ángel Boiffier, Guillermo Dolz, Carlos Jorge Berón, Norberto Julio Varcasia, Rafael Oscar Romero, Osvaldo Néstor González, Daniel Pablo Amarillo, Juan Adolfo Ríos, Miguel Enrique Carlos Olarte, Alberto Mattone, Horacio Alfredo Ortiz,  Eduardo Norberto Comesaña, Gerardo Jorge Arráez y Germán Ricardo Rimoldi.

Juicio «Comisaría 5° III» – La Plata

Febrero, fecha a determinar. Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata

En la tercera parte de esta causa hay tres imputados y 112 víctimas.

• El ex teniente del Regimiento de Granaderos a Caballo, José Ignacio Saravia Day, está acusado por la privación ilegal de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravada en perjuicio de los conscriptos José David Aleksoski –desaparecido–, Juan Ignacio Araujo y Roberto Campos. Aleksoski permaneció secuestrado en la comisaría 5ta de La Plata.
• El ex policía Pedro Raúl Muñoz es juzgado por crímenes contra 110 víctimas (por privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y sustracción, retención y ocultamiento de menores de diez años de edad) en esa dependencia policial.
• El ex médico policial Jorge Antonio Bergés será juzgado por la privación ilegal de la libertad y los tormentos aplicados al desaparecido Jorge Julio López, quien permaneció secuestrado en aquél lugar.

Actúa elTribunal Oral Federal N°1 de La Plata, integrado por Karina Yabor, Ricardo Basílico y Andrés Basso.

LaUnidad Fiscal Federal de La Plata es integrada por los fiscales generales Hernán Schapiro y Gonzalo Miranda, el auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira y la auxiliar fiscal Ana Oberlin.

Juicio «1 y 60» y «Comisaría 8º» – La Plata

Febrero, fecha a confirmar. Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata

En este caso que alcanza a 299 víctimasse investigan los hechos ocurridos en el centro clandestino de detención y exterminio conocido como “1 y 60”,  primer eslabón del plan represivo montado por las fuerzas armadas y de seguridad en la ciudad de La Plata durante la última dictadura militar, y en la comisaría 8va, en la avenida 7 y 74. Todo ocurrió, vale recordar, cuando la represión provincial era controlada por el general Ramón Camps y el comisario Miguel Etchecolatz.

Los Imputados son 18. Por el Regimiento 7, los ex oficiales de Inteligencia Jorge Alberto Crinigan y Luis Gustavo Diedrichs, los ex oficiales de Operaciones Ismael Ramón Verón y Lucio Carlos Ramírez, el exjefe de la Compañía A Lucas Marcelo Castro, los ex oficiales de Personal Enrique Francisco Welsh y Rubén Vicente Sánchez, y el ex oficial de Logística Enrique Armando Cicciari; el ex cabo primero de la Policía Federal Carlos Hugo Leguizamón; los ex policías bonaerenses Claudio Rubén Mejías, Tomás D’ottavio y Raúl Ricardo Monzón, quienes se desempeñaron como oficiales en las instalaciones de 1 y 60, y Juan Antonio Vidal, exj efe del denominado Grupo Cóndor; los ex oficiales del Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército Carlos María Romero Pavón, Roberto Armando Balmaceda y Jorge Héctor Di Pasquale.

Se agregan los civiles Carlos Ernesto Castillo (miembro de la Concentración Nacional Universitaria), y Jaime Lamont Smart, de oficio abogado, quien fue el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires en la época de los hechos.

Integran el tribunal Karina Yabor, Ricardo Basílico y Andrés Basso (subrogantes).

Los fiscales generales sonHernán Schapiro y Gonzalo Miranda y sus auxiliares fiscales Juan Martin Nogueira y Ana Oberlin.

Juicio «Pellegrini» o VIllazo (Rosario)    

Fecha prevista de reinicio, marzo 2025. Tribunal Oral Federal N°1 de Rosario

Una huelga y pueblada histórica en Villa Constitución, de obreros melatúrgicos frente a las empresas (principalmente Acindar, en la que se instaló un centro clandestino de detención) y frente a la propia UOM, derivó en una represión ilegal motorizada por el gobierno encabezado por María Estela Martínez de Perón durante 1975 y la primera parte de 1976. 

El juicio involucra al ex jefe de personal de Acindar en Villa Constitución, Roberto Pellegrini, aAntonio Federico Bossie, ex jefe de inteligencia y personal del Área Militar 132 (San Nicolás) y a 21 ex policías federales, un ex prefecto y un ex policía santafesino.

Se los acusa por la privación ilegítima de la libertad contra 50 trabajadores metalúrgicos y ferroviarios entre el 20 y 26 de marzo de 1975. Las privaciones de la libertad continuaron durante meses y años, según cada situación.  

Germán Sutter Scheneider, Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Paulucci son los jueces. El fiscal es Adolfo Villate.

Además de Pellegrini y Bossie los acusados son los ex policías federales Roberto Raúl Squiro, Leonardo Dec, Aldo Ramón Gradilone, Carlos Brest, Daniel Vicente Valdes, Ricardo Antonio Burguburu, Juan Carlos Romero, Osvaldo Esteban Petroli, Carmen Amanda Grossoli de Hellaid, Jorge Argentino Coronel, Raúl Héctor Cerliani, Emilio Hugo Marciniszyn, Roberto Álvarez, Horacio Miguel Nardi, Juan de Jesús Martínez, Jorge Aníbal Lozano Windus, Oscar Roberto Giai, Eduardo Mugica, Juan Carlos Faccendini, Oscar Alberto Vessichio y Bernardino Sambrano; el ex prefecto Carlos Albareda y Amadeo Chamorro (ex oficial de la guardia rural «Los Pumas» de la policía santafesina).

Juicio Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza (D-2). 

Sin fecha prevista de continuación. Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Mendoza.

Más de 300 víctimas y 28 imputados. La plataforma del Ministerio Público Fiscal detalla los siguientes delitos de lesa humanidad: “Privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencias y amenazas, tormentos agravados por la condición de perseguido político de la víctima, homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, lesiones graves agravadas, robo agravado por el uso de armas de fuego y violación perpetrada con el uso de fuerza o intimidación, cometidos durante la última dictadura cívico militar en esa provincia contra más de 300 víctimas del centro clandestino de detención que funcionó en el Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza (D-2), donde revistaban los imputados”.

El D-2 fue el centro clandestino de detención, tortura y exterminio más importante de Mendoza, ubicado en el propio Palacio policial. Desde allí se realizaban los trabajos de inteligencia (espionaje) contra ciudadanos de todo tipo (trabajadores, estudiantes, docentes, profesionales, amas de casa, delegados gremiales, militantes políticos). La persecución culminaba con el secuestro, sometiendo a las víctimas a toda clase de vejámenes o incluso su desaparición y muerte.

Los acusados son: Carlos Faustino Álvarez Lucero, Rubén Oscar Blanco, Eduardo Germán Cía Villegas, Carlos Plácido Escobar Zurita, Armando Osvaldo Fernández Miranda, Teodoro Alejo Galigniana Oros, Lucas Marcelo Rubén Gary Domínguez, Abelardo Santiago Garay Mauceri, Rubén Darío González Camargo, Pablo José Gutiérrez Araya, Julio Héctor La Paz Calderón, Mario Alfredo Laporta Chielli, Celustiano Lucero Lorca, Gerónimo Antonio Mateo Jofré, Oscar Alfredo Maturano Ibaceta, Ricardo Benjamín Miranda Genaro, Marcelo Rolando Moroy Suárez, Antonio Marcos Ochoa Albornoz, Jacinto Salvador Olmedo Muñoz, Armando Oscar Quintero Bassi, Omar Pedro Reta Zárate, José Esteban Roccato Villegas, Miguel Ángel Salinas, Adolfo José Siniscalchi Arizmendi, José Lellis Sosa Córdoba, Miguel Ángel Tello Amaya, Juan Hipólito Tello Yáñez y Omar Pedro Venturino Amaker.

El tribunal está integrado por Alejandro Piña, Alberto Carelli y Paula Marisi.

Fiscales: Dante Vega y el auxiliar fiscal Daniel Rodríguez Infante.

Causa Vuelos – Mar del Plata

Sin fecha todavía.

Se trata de un juicio iniciado por la justicia marplatense, derivación de los vuelos de la muerte. Se investiga el encubrimiento ante la aparición de cuerpos que habían sido arrojados al mar desde aviones por la represión clandestina, que llegaban a las costas según las corrientes en una franja que se calcula en 150 kilómetros. Eran enterrados sin siquiera averiguar su origen ni identificarlos.

Están acusados el entonces juez de Dolores Carlos Facio, el médico policial Miguel Cabral (que en cuatro casos intervino sin señalar las muertes violentas de esas personas), y el ex jefe de Catastro de General Lavalle, Juan Domingo Montenegro, como parte del encubrimiento. Se imputa además a siete policías bonaerenses que cumplían sus destinos en las playas: Domingo Martínez, Alberto Martínez, Emilio Luchetti, Juan Antonio Estrada, Mario Castronuovo, Ednio Llorens y Francisco Aristegui.

La causa está a cargo del juez Martín Bava.

CAUSAS PARA LAS QUE SE PREVEE EL INICIO DE AUDIENCIAS ORALES Y PÚBLICAS EN 2025

Laguna Paiva II (niños) – Santa Fe

Laguna Paiva II examinará una situación inédita en términos de lesa humanidad: los delitos de abandono de persona, secuestro y tortura cometidos contra 16 niñas y niños durante la dictadura. Ya tuvo una primera parte referida a la represión ilegal de trabajadores ferriviarios, metalúrgicos y de frigoríficos en la zona de Villa Constitución. Lo sustancia el Tribunal Oral de Santa Fe.

La APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) es querellante en este segundo jucio, e informó: «Gran parte de las víctimas tenían, en aquellos momentos, entre 1 y 15 años. Niñas y niños que sufrieron los secuestros, torturas, abandonos, abusos sexuales (delito que no tiene imputados) y confinamientos en centros clandestinos de detención de la ciudad de Santa Fe.  Hay cinco imputados. Antonio Parvellotti, subjefe del Departamento de Informaciones D2 de la policía santafesina; Eduardo Riuli, oficial ayudante del D2; Víctor Brusa, secretario del juzgado federal; Oscar Valdez, oficial ayudante del D2, y Fernando Mendoza, comisario de la seccional de Laguna Paiva.

Jueces: Osvaldo Facciano, Mario Gambacorta y Elena Beatriz Dilario. Fiscalía: Martín Suárez Faisal y el equipo de abogados querellantes de APDH, 

Crimen de Horacio Roberto Marchi – Rosario

Se estima se llevará adelante este año el crimen de Horacio Roberto Machi, arquitecto y militante político. Tras su secuestro, el cuerpo apareció destrozado por explosivos, mientras se informaba sobre un falso enfrentamiento armado. La causa apunta a la responsabilidad del Destacamento de Inteligencia 121.

Juicio Slattery y otros – Santa Fe

Tribunal Oral Federal de Santa Fe

Las víctimas son 25, integrantes mayoritariamente de la Juventud Peronista y el Partido Comunista. Los imputados son 8. Privaciones ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos agravados y violación de domicilio producidas entre noviembre de 1975  y 1977. Según cada caso, las víctimas fueron llevadas a las seccionales Primera, Segunda y Cuarta, la Alcaldía de Policía y la Guardia de Infantería Reforzada de Santa Fe; las cárceles de Coronda, del «Buen Pastor» y la Unidad Penal 4 de Santa Fe; las cárceles bonaerenses de Sierra Chica y La Plata (Unidad 9); y la cárcel porteña de Caseros.

Los imputados son los policías provinciales retirados Ricardo Silvio Ramón Ferreyra, Germán Raúl Chartier, Carmelo Leonardo Rolón, Luis Antonio Pavan, Enrique Carlos Nardi y Tomás Andrés Ramos; el policía federal retirado Miguel Luis Slattery; y el militar retirado Carlos Enrique Pavón.

Jueces: Luciano Homero Lauria, José Escobar Cello y Beatriz Dilario. Fiscal: Martín Suárez Faisal.

 Ingenio La Fronterita – Tucumán

Por primera vez se juzgará en Tucumán la responsabilidad empresaria en rímenes de lesa humanidad.

Durante la dictadura 68 personas sufrieron el terrorismo de Estado dentro del ingenio La Fronterita, de Famaillá. Los acusados son ex directivos de esa empresa: Alberto Figueroa Minetti, administrador; Eduardo Butori y Fernando Cornú De Olmos. Se les imputa complicidad en violaciones de domicilio, privaciónes ilegítimas de la libertad con apremios y vejaciones, torturas, abuso sexual, violación y homicidio contra 68 personas, de las cuales 11 siguen  desaparecidas. Se trataba en su mayoría de trabajadores del ingenio, referentes sindicales y residentes de las colonias cercanas.

Juicio hermanos Radice

El integrante de los grupos de tareas de la ESMA Jorge Rádice cumple prisión por condenas anteriores por delitos de lesa humanidad. En este caso él y su hermana Norma (ambos contadores) son acusados además de lavado de activos, a partir de los bienes robados por estos grupos de tareas a sus víctimas. Así obtuvieron y blanquearon dinero, empresas, propiedades, automóviles, embarcaciones y caballos de carrera. Tras dejar la ESMA, Rádice trabajó en estos asuntos desde las oficinas “civiles” que instaló el almirante Emilio Eduardo Massera cuando pretendía convertirse en dirigente político. Las audiencias orales y públicas podrían comenzar también en este 2025.

Causa ESMA-Rúa-Kosich y otros

El teniente de navío Aníbal Roberto Colquhoun, de la ESMA, condujo un grupo que secuestró a Ramón García Ulloa, a su esposa, Dolores del Pilar Iglesias Caputo, y a Mónica Liliana Goldstein, que siguen desaparecidos. Después organizó un operativo con autos y camión para desvalijarles sus hogares. En ese grupo estaban René David Rúa (hoy 68 años), Daniel Omar Kosich (64), Osvaldo Víctor Pérez (64) y Jovito Martiré Villalba (64), que estudiaban en la ESMA y hacían literalmente sus primeras armas entre los grupos de tareas. Como Colquhoun no informó debidamente a los jefes de los escuadrones de la muerte sobre los hurtos, cayó en desgracia. Colquhoun falleció antes de ser juzgado en etapas anteriores de la causa ESMA, pero quedó pendiente esta parte de su accionar, que muestra uno de los aspectos no siempre difundidos del accionar represivo: el robo a las víctimas.