Vecinos y vecinas de distintas localidades de la provincia marcharán durante todo el día hasta Uspallata, donde el gobierno de Cornejo volvió a la carga con el proyecto minero San Jorge, que la asamblea local resiste hace 17 años. Es el símbolo de una avanzada pro minera sin licencia social y con impacto ambiental. La empresa evasora, Solway, y la alianza con el titular de la UIA; las marchas, el podcast y todo lo que hace una comunidad para defender el agua, la vida y el futuro.

Por Francisco Pandolfi

Un 17 de enero de 1817 José de San Martín iniciaba el cruce de los Andes para liberar a Argentina, Chile y Perú.

“En esa concepción consecuente de San Martín nos paramos y decidimos utilizar esta fecha histórica como épica para la ruta de la libertad y la ruta de la defensa del agua, contra la megaminería contaminante”.

Habla con lavaca Nora Moyano, 74 años, integrante de la Asamblea de las Heras por el Agua Pura de Mendoza. Habla mientras camina.

17 de enero de 2025. Desde las 8 de la mañana, vecinas y vecinos de distintos puntos de la provincia de Mendoza –San Rafael, Lavalle, Tupungato, Guaymallén, Luján de Cuyo, etcétera, etcétera– partieron con destino a la localidad de Uspallata, caminando, en auto, en moto, a caballo. 

Lo llaman “la gesta del agua”.

Camina Nora, camina el resto. Habla Nora, habla el resto: “San Martín dijo ‘cuando la patria está en peligro, todo es válido, excepto no defenderla’. Nosotros decimos, como hijos e hijas de San Martín, cuando el agua está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla”.

El desembarco minero

Uspallata es una localidad del departamento de Las Heras, en el norte de Mendoza, que albergó el Paso Sanmartiniano y el Camino del Inca y donde 209 años después se establecerá –en principio– el proyecto minero de cobre San Jorge (PSJ) impuesto por el gobierno liderado por el radical Alfredo Cornejo (aliado de Javier Milei), votado por la Legislatura provincial y a cargo de las empresas Solway Holding, Zonda Metals y Grupo Alberdi.

Al PSJ lo intentan instalar (con cambios de nombres en el camino) desde 2007. En estos casi veinte años hubo un punto en común: la falta de licencia social. A inicios de 2025 volvió la ofensiva gubernamental y empresarial –con represión a las manifestaciones y múltiples detenciones– y tuvo como desenlace la aprobación legislativa el 12 de diciembre de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de San Jorge –junto a un paquete de otros tres proyectos mineros– con la venia de casi todo el arco político. Previo a la votación, el CONICET había advertido en un documento “importantes deficiencias en el Informe de Impacto Ambiental. Falta de datos y de estudios sobre agua, biodiversidad, patrimonio arqueológico y aspectos sociales que impiden una evaluación confiable de los impactos que el emprendimiento podría generar en la cuenca del río Mendoza”. 

Horas después, la publicación desapareció.

La resistencia

Desde el día de su aprobación, el pueblo mendocino está en las calles, como espejo del año 2019, cuando multitudinarias movilizaciones en toda la provincia torcieron en menos de dos semanas la votación de diputados y senadores.

Lo que se busca, ahora, es replicar el mismo resultado.

Para lograr eso, ahora, se multiplicaron las marchas en cada ciudad provincial. Se realizaron paros. Ruidazos. Se iniciaron reclamos judiciales para lograr la inconstitucionalidad de un proyecto que va en sentido contrario a la vigente Ley 7.722 que regula la actividad minera, prohibiendo el uso de sustancias tóxicas para el cuidado del ambiente y el agua –se presentaron tres amparos, rechazados en primera instancia y apelados: ya están en manos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Se hicieron asambleas y actividades de concientización, como una carta que se compartía puerta a puerta en la llegada de los Reyes Magos a los barrios populares: “Queridos Reyes, quiero que tengamos agua pura y clara para siempre. Que no entren en Mendoza las mineras contaminantes y que no destruyan nuestros glaciares”. Y hasta un acampe que persiste en la ciudad de Tunuyán.

Para romper el cerco mediático que existe en la provincia, también crearon el podcast “Qué carajo están haciendo con el agua”. Allí, Federico Soria, vecino de Uspallata y uno de los activistas perseguidos que estuvo detenido el año pasado, dice: “Llevamos 17 años resistiendo a la minera San Jorge, que fue cambiando de manos. La corporación Solway es una empresa off shore de origen ruso, radicada en paraísos fiscales con sede comercial en Suiza y sede corporativa en Malta. Figura en los Paradise Paper y en los Offshore Leaks y tiene denuncias por violaciones de derechos humanos en Guatemala”. 

El 70% de la minera es de Solway y Zonda Metals (suiza, subsidiaria de Solway) y el 30% del grupo Alberdi, cuyo dueño es Martín Rapallini, titular de la UIA –la Unión Industrial Argentina–. Dato no menor, en un proceso de desindustrialización constante del país.

La gesta

El itinerario previsto de la caravana de este sábado marca que se llegará a Uspallata a las 18, que allí primero se marchará, que a la noche se hará el “festival por la Gesta Libertadora del Agua”, que este domingo habrá varios talleres simultáneos, un almuerzo comunitario y por la tarde una asamblea colectiva como cierre, donde se definirán los pasos a seguir. 

Nora Moyano junto a su asamblea salieron desde el Campo Histórico El Plumerillo, campamento donde partió José de San Martín con el Ejército Libertador en la localidad de Las Heras. Mientras camina, dice(n): “Seguimos en pie de lucha haciendo acciones combativas en la calle porque nuestros cuerpos y territorios no son zonas de sacrificio. Es tan dañino y tan grave a instalación de una minera en el nacimiento de la Cuenca del río Mendoza que estamos decididos a luchar hasta vencer”.

Al menos 17 personas detenidas, incluídos dos periodistas que registraban los hechos. Corridas, persecuciones, detenidos que fueron golpeados por la policía y derivados a hospitales, y operaciones mediáticas para culpar a la ciudadanía. “Este proyecto no cierra si no es con represión y con violación a nuestras libertades democráticas” explicó a lavaca una de las asambleístas. Hubo cuestionamientos al proyecto por parte de la Iglesia Católica y las evangelistas, además de un informe contrario al Informe de Impacto Ambiental del CONICET, que fue censurado, simbolizando la escalada oficialista para defender los proyectos extractivos. Los números sobre posibles puestos de trabajo, que exponen a la propaganda minera con la realidad.   

Bajo las órdenes del gobernador Alfredo Cornejo, la policía de Mendoza realizó la noche del jueves un operativo represivo en el centro de la capital provincial contra la “marcha del agua”, que se manifestaba en rechazo a la aprobación de cuatro proyectos megamineros que la legislatura votó el martes pasado. Hubo 13 detenidos en el comienzo, y luego cuatro mujeres más.

La policía persiguió a manifestantes incluso en bares, en un modo definido a lavaca como “cacería” por parte de integrantes de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza. Las detenciones incluyeron a dos trabajadores de prensa: Bautista Franco y Santiago Algoberro, liberados este viernes al mediodía.

¿Golpes y heridas a detenidos?

Los abogados y abogadas pudieron entrevistarse con los detenidos varias horas después de las detenciones. Julieta Lavarello, abogada de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, denunció que al menos seis personas tienen lesiones que requirieron traslado a hospitales, con indicios de que las heridas se produjeron tras la detención y no en el momento del arresto.

La doctora Lavarello describió el accionar policial como “criminal” y describió: “Fue un despliegue masivo de efectivos, especialmente de infantería, que esperaron que la manifestación se disperse para hacer las detenciones de manera individual”.

Es una metodología habitual en Mendoza y otros puntos del país: marchas que se desarrollan pacíficamente y hacia el final de las mismas, cuando la gente se desconcentra, el ataque o persecución a grupos dispersos, y el clásico accionar de personajes que nadie conoce, infiltrados entre los manifestantes para provocar a la policía justificando así la represión. Todo esto incentivado por las empresas mediáticas oficialistas, dedicadas a atacar y estigmatizar toda opinión contraria a la megaminería. El cuestionamiento social a la actividadad se fundamenta en su carácter contaminante, destructivo, prebendario y aniquilador de un bien vital como el agua, que por eso tiene como emblema la Ley 7722 de defensa del agua (que posiblemente sea el próximo objetivo de la alianza de las corporación minera y política).   

Persecución y golpes en la noche mendocina (imagen tomada de un video enviado por asambleístas provinciales).

El proyecto que no cierra

Durante la madrugada, otras cuatro mujeres fueron aprehendidas y liberadas al amanecer. De las 9 personas aún detenidas, 7 están en la estación transitoria de detenidos y aprehendidos, en el Polo Judicial.

Desde la puerta, Nora Moyano, integrante de la Asamblea de las Heras por el Agua Pura de Mendoza, le dice a lavaca: «Este Estado ya no es democrático, es un mineroestado. Este proyecto no cierra si no es con represión, con la violación de nuestras libertades democráticas, nuestro derecho ambiental y humano. Es una vergüenza lo que hicieron anoche, a dos personas les desfiguraron la cara a golpes y patadas. Cada día se profundiza más el aspecto autoritario y represivo de este gobierno, emulando las peores épocas de la Argentina”. 

Empleo: propaganda y realidad

El geógrafo y docente Marcelo Giraud dijo a lavaca: “Con la crisis que hay, insisten diciendo que este proyecto genera trabajo y movimiento económico. Hay gente que quiere creer esa propaganda, que está desmentida por los propios informes de la empresa. En los comunicados hablan de 3.900 puestos de trabajo durante la construcción (muy poco tiempo) y 2.400 en operación, entre directos e indirectos. Sin embargo en todo el Informe de Impacto Ambiental plantea que para la construcción serán 71 personas de la empresa y 1.000 contratadas”. O sea, la cuarta parte de lo que dice la propaganda oficialista.

“Y para operación de la minera hablan de 2.400 empleos -1.600 indirectos y 800 directos-, pero el IIA reconoce solo 380 directos”. Traducción: solo será el 16% de empleos de lo propagandizado por el periodismo oficialista y el gobierno.  

La Cámara de Senadores de Mendoza votó el martes la media sanción que faltaba a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y aprobó el proyecto de Megaminería PSJ Cobre Mendocino, conocido como San Jorge, que habilita el desembarco de la industria metalífera en la localidad de Uspallata, proyecto rechazado desde 2007 y que no cuenta con la licencia social por parte de las comunidades.

Diputados y senadores, por razones e intercambios que el tiempo quizás vaya aclarando, votaron lo mismo que fue rechazado otras veces, y que en esta oportunidad motivó un pronunciamiento del CONICET, que luego fue censurado. También se pronunciaron en contra la Pastoral Social mendocina, las iglesias cristianas organizaciones sociales de todo tipo  y comunidades originarias. Entre el lunes y martes se produjo una masiva movilización de toda la provincia en rechazo al proyecto San Jorge, que se topó con un Congreso vallado para garantizar la votación a espaldas de la gente.

La historia recién se está escribiendo.

Lo habitual: después de una marcha pacífica, corridas policiales para estigmatizar a quienes se manifiestan. (Imagen de un video enviado por asambleístas).

El gobernador Alfredo Cornejo logró aprobar hoy un paquete de leyes que promueve el desembarco de la megaminería en una provincia que resiste desde hace años la explotación contaminante e inconsulta. La iniciativa tiene el principal proyecto en la ciudad de Uspallata y ya fue rechazada en 2011 y aprobada en 2019, pero debió ser cancelada entonces tras la movilización social. Hoy la historia se repite: el gobierno vuelve a la carga con argumentos de película (reproducidos en esta nota) mientras las comunidades originarias, asambleas y vecinos de todo Mendoza (cuyas voces aquí difundimos) se movilizaron frente a la Legislatura y trazan un plan de acción para dar vuelta la historia, una vez más.

Por Francisco Pandolfi

La Cámara de Senadores de Mendoza le dio la media sanción que faltaba a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y así aprobó el proyecto de Megaminería PSJ Cobre Mendocino, conocido como San Jorge, que permite el desembarco de la industria metalífera en la localidad de Uspallata. Se trata de la iniciativa central de un paquete enviado por el gobernador Alfredo Cornejo y que contó también con la venia de otros tres proyectos mineros.

Afuera de la Legislatura, miles de personas de todos los puntos cardinales de la provincia se manifestaron en contra, cercados por decenas de policías. El lunes a primera hora el pueblo de Mendoza había empezado la “Nueva gesta libertadora por el agua”, peregrinación (a pie, a caballo, en bicis, autos) que partió desde la localidad de Uspallata, al norte de la provincia, se ramificó desde el Valle de Uco, San Rafael, Lavalle, y llegó este martes a la mañana a la puerta de la Legislatura en la ciudad capital. Allí, la Cámara de Senadores tras cuatro horas de debate avaló la primera explotación de cobre de escala mediana en el distrito: fueron 29 votos afirmativos (18 del oficialista Frente Cambia Mendoza; 5 de la Unión Mendocina –PRO, UCR, el Partido Libertario, la Coalición Cívica– 5 del PJ y uno demócrata), 6 negativos y una abstención. 

Aviones & fracasos

Dentro del recinto hubo discursos pro mineros que no destacaron precisamente por su altura. Martín Rostand, de Unión Mendocina defendió al proyecto de esta manera: “Cada vez que un avión se pone en vuelo, existe el riesgo de que se estrelle; cada vez que un sistema eléctrico se pone en funcionamiento alguien puede morir electrocutado. Sin embargo, nadie propone abolir ni a la aviación comercial ni a la electricidad, al contrario, porque el beneficio supera el riesgo potencial y con la minería sucede lo mismo”.  

El senador del mismo partido, Gabriel Pradines agregó: “Dicen (en relación a los manifestantes) que el agua no se negocia, pero me pregunto, ¿una finca con pozo y derecho de agua no vale más que una que no tiene?”. Ariel Pringles, también de Unión Mendocina: “Toda actividad productiva implica un riesgo, conozco de la actividad agropecuaria donde hay litros y litros de glifosato desparramados por cada producción y sin embargo es aceptada”.
Increíble, pero real.

Armando Magistretti, del Partido Demócrata aceptó que la policía minera “no tiene la expertise para controlar”, pero igual votó a favor del proyecto, aunque quien controle a la empresa sea la policía minera. Y también dijo que los informes de impacto ambiental no deberían pasar por la Legislatura, sino aprobarse directamente “porque todas las actividades económicas generan pasivos ambientales”.

Félix González es senador del Partido Justicialista y fue uno de los peronistas que votó en contra del proyecto San Jorge. “Hoy seguro votaremos divididos, por distintas cuestiones”. No profundizó en las diferencias internas, pero sí hizo algunas declaraciones clave:

• “En 2011 se rechazó casi el mismo proyecto. Esto es un Corsa repintado, no es nuevo. Y sobre ese Corsa, el gobernador Cornejo decía que no había viabilidad para aprobarlo”. 
• “Pasaron 15 años y somos la misma dirigencia y los mismos empresarios. Repetimos la misma discusión que se rechazó en 2011, que se aprobó en 2019 pero cuando la gente salió a la calle debimos recular en chancleta. O sea, venimos perdiendo el tiempo desde hace 15 años con lo mismo”.
• “Somos un fracaso como dirigentes, no construimos consenso, no pusimos a la ciencia en el centro. El consenso no debe hacerse entre partidos únicamente”.
• “Hay innumerables cantidad de estudios que hablan de la contaminación que habrá si avanza este proyecto. Votamos una Declaración de Impacto Ambiental que está mal, a la que le faltan herramientas, elementos, que tiene el balance hídrico desactualizado y varios cuestionamientos técnico ambientales”.
• “Esto se va a judicializar, no hay dudas porque la Corte Suprema de Justicia ha dictado fallos que van en sentido del rechazo de la DIA. O sea a la aprobación le faltará sustento para ser sostenida en el tiempo”. 
• ‘El Departamento General de Irrigación de este gobierno provincial le hizo 90 observaciones al proyecto. Solo a 5 de ellas la empresa minera que las iba a resolver, 79 que las iba a considerar y a 6 que se iba a oponer, con respuestas evasivas en temas centrales. Solo con esto Cornejo debía haberse puesto firme y obligar a la empresa a aceptar todo lo observado por el organismo, pero no. La compañía llegó a decir que el arroyo El Tigre (de donde sacará la minera el agua para extraer oro y cobre) le pertenece. Es una vergüenza que después de secir eso todo siguiera como si nada”.
• “Lo que está en juego no es el futuro, es el presente”. 

Dugar Chappel, del Partido Verde, puso algunos números sobre el recinto: “La minera que nos va a contaminar –y no en un porcentaje, porque cuando se contamina se contamina todo– nos dará el 6 por ciento de lo que gastamos en el subsidio al transporte. Y el 80% de lo que gasta en empleados que no sabemos quiénes son en esta Cámara de Senadores”. 

Censura & deficiencias

Mientras este lunes el presidente Javier Milei llamó a votar a favor del proyecto minero, en contrapartida hubo llamamientos de iglesias católicas y evangélicas para evitar esta aprobación poco clara. La noche previa al 26 de noviembre, cuando Diputados aprobó el paquete minero, el CONICET advirtió en una publicación que hubo “importantes deficiencias en el Informe de Impacto Ambiental. Falta de datos y de estudios sobre agua, biodiversidad, patrimonio arqueológico y aspectos sociales impide una evaluación confiable de los impactos que el emprendimiento podría generar en la cuenca del río Mendoza”. La nota profundiza: “Dado que estos vacíos de información limitan la toma de decisiones responsables y pueden comprometer recursos naturales, culturales y comunitarios de alto valor, es necesario que las autoridades soliciten la revisión y ampliación del estudio antes de continuar con el proceso administrativo”. 

Sin embargo, horas después el documento desapareció y fue reemplazado por otro escrito por las autoridades políticas del organismo.

Increíble, pero real.

PSJ Cobre Mendocino está a cargo de Minera San Jorge S.A, perteneciente a Zonda Metals GmBH de Suiza y al Grupo Alberdi de Argentina. Estima una inversión inicial de 599 millones de dólares, una capacidad de producción de 40.000 toneladas de cobre fino por año y la creación de menos de 4 mil puestos de trabajo. Este proyecto fue rechazado desde su origen, en 2007; nunca obtuvo la licencia social. 

Después de la ley, tampoco. 

¿Quién cumple la ley?

Dos días antes de la votación, comunidades indígenas de Uspallata y de la Cuenca del Río Mendoza le enviaron un escrito a los senadores instando al cumplimiento de los derechos de los pueblos a nivel provincial, nacional e internacional, para que no avanzaran con la aprobación de la DIA ya que, según plantean, estaba “viciada con información sesgada y falaz que omite observaciones certeras científicas de instituciones y expertos”. 

Claudia Herrera, autoridad de la comunidad Huarpe de Mendoza, habla con lavaca: “Este proceso empezó en 2017 y recién en junio de este año se acercaron. En estos meses hubo hostigamientos de la empresa, presiones, visitas imprevistas. No sólo no cumplieron con la consulta libre, previa e informada, sino que anunciaron en el boletín oficial que habían realizado un protocolo. El protocolo también viola el convenio 169 de la OIT, porque fue sin la presencia de las comunidades”.

Claudia y su comunidad miran adelante: “Ya sabíamos que iban a aprobar el proyecto, pero esto es largo. Ahora se vienen denuncias a nivel local e internacional por la falta de cumplimiento del Poder Ejecutivo, el Legislativo y de la empresa minera. Decimos no a la muerte y sí a la vida”.

Saqueo y movilización

Además del DIA de San Jorge, otros tres proyectos mineros obtuvieron sanción definitiva: 

1) 27 proyectos de exploración en la localidad de Malargüe, aprobados por el gobierno en un mismo procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 

2) El Fondo de Compensación Ambiental por si la empresa genera una catástrofe ambiental. 

3) El Proyecto de ley de regalías mineras, que fija un tope del 3% pero no un mínimo, al igual que la ley nacional. 

Marcelo Giraud, profesor de Geografía de la UNCuyo y miembro de la Asamblea Popular por el Agua, resume con el cansancio de las últimas horas encima: “Se votó la profundización del saqueo. Pero vamos a seguir movilizando”. 

Termina la sesión y pasa lo que se sabía iba a pasar. Aprobación del proyecto San Jorge. La gente empieza a marchar por el centro de la Ciudad de Mendoza. Al cierre de esta nota, está por realizarse un ruidazo en toda la provincia. A continuación, un corte de ruta en la localidad de Tunuyán, 80 kilómetros al sur de la capital. En 2019, al pueblo mendocino le llevó 13 días revertir la instalación de la megaminería a fuerza de seguir movilizándose, cuando el gobierno provincial no tuvo otra opción que recular. 

Esto recién comienza.