Tres mujeres comenzaron a soñar esta realidad que hoy habitan 222 familias. Se organizaron, crearon una forma de usar los planes del Estado y construyeron así políticas públicas que hoy benefician a muchos. ▶ LUCAS PEDULLA

Lo más increíble de las 15 hectáreas que tenemos frente a los ojos, de este barro transpirado por una lluvia intensa, de los cordones cunetas recién paridos, del tendido eléctrico en auge, de las calles abiertas como pulmones, de las cloacas instaladas, de la tierra nivelada, es decir, lo más increíble de todo este barrio de la periferia tandilense en pleno latido de urbanización, es que no nació de una offshore ni tampoco de algún dinero enterrado en algún monasterio de película.
Todo esto nació de un diálogo, que decía más o menos así:
-Che, ¿y si nos compramos una hectárea?
-Dale.
-Hagámoslo.
No lo dijo un funcionario, un empresario, un coimero, un CEO.
Lo dijeron docentes, profes, teachers.
Y el puente que se construyó entre esa inquietud y esta realidad, que expresa la compleja situación del acceso a la tierra y a la vivienda por la especulación inmobiliaria en el municipio más caro de la provincia de Buenos Aires, demuestra qué se necesita para poner en marcha lo imposible.
Una idea.
Ganas.
Personas.
¿Muchas?
El diálogo brotó de tres mujeres.
 

Cómo crear política pública

 
Una de esas tres mujeres es Gisela Del Hoyo, docente de Historia en escuelas, institutos terciarios y en la Universidad Nacional del Centro (UNICEN), quien resume, parada desde el barro, qué significó esa pregunta inicial: “Dos eramos mujeres divorciadas a cargo de chicos, que habíamos perdido las casas. No podíamos acceder a ningún plan social porque teníamos un salario, pero tampoco teníamos capacidad de ahorro, pagando un alquiler y estando al frente de la familia. Empezamos con una más a juntarnos en las vacaciones de invierno. A la segunda reunión éramos 5. A la semana, 10. Y en veinte días llegamos a ser 50. Cada una le iba a diciendo a otra. Fue un boca en boca. Nos empezamos a juntar en un café y, a los días, encontramos que había seis hectáreas que se vendían”.
Era 2010.
Las tierras eran en el barrio Movediza, en las afueras de Tandil, donde pasa un colectivo cada 45 minutos y los días de lluvia te convierten en automovilista del Rally Dakar.
Cuando se constituyeron como Asociación Civil Docentes de Tandil por la Promoción Cultural y la Solidaridad ya eran 80. Comenzaron a reunirse con concejales, funcionarios locales, agrimensores, inmobiliarias, estudios jurídicos, abogados, contadores, funcionarios provinciales y una larga lista de etcéteras estatales. “Ahí compramos estas seis hectáreas a una inmobiliaria, en el plazo de un año, a pagar en cuotas mensuales”. Mientras, gestionaban con el municipio qué instrumento legal aplicar. “Habilitamos el siguiente mecanismo: la Asociación compra las tierras, las dona al Municipio para que así formen parte del Plan Familia Propietaria. Por su parte, el Municipio asigna la propiedad de cada uno de los lotes”.
Ese plan nació de la ley N° 11.423 y prevé la realización de viviendas sociales a través de convenios entre la provincia y los municipios “con la finalidad de dar soluciones dignas a los problemas habitacionales de las familias”.
 

Haciendo cuentas

 
La solución digna, en este caso, nació de las propias docentes. “Era un mar de trámites. Entre otras cosas, había que demostrar que los socios no teníamos propiedad. Y como este procedimiento no existía, cada paso era una creación. Y creamos un precedente: después de nuestra experiencia otros colectivos empezaron a pensar sus propios proyectos. A muchos los asesoramos nosotros. Hubo cuatro asociaciones más que se formaron y han ido mucho más rápido porque ya estaban todos los plazos establecidos. Es más: en noviembre de 2013 el Municipio hace una ordenanza con un programa de lotes para oenegés, que replica lo nuestro en tierras propias”.
Traducción: le dieron un modelo de política pública al Estado.
Flashback: todo nació de un diálogo.
La pregunta es: ¿cómo financiaron la compra del terreno? “Toda obra son millones de pesos. Lo venimos sosteniendo con contribuciones mensuales que hace cada socio. Empezamos con una cuota de 300 pesos, pasó a 500, la subimos el año pasado a 700 y hoy estamos pagado 1.000. Todo para sostener eso. Así compramos las seis hectáreas, del mismo modo compramos otras dos, y así también compramos otras siete que eran del Motoclub. Estuvimos un año negociando: no querían vender. ¿Cómo arreglamos? Las compramos y les donamos cuatro parcelas para que hagan el museo del Motoclub. Fue una manera de respetar su voluntad y también de dar respuesta a una necesidad, porque nosotros teníamos ya a 100 compañeros más en lista de espera”.
Gisela explica: “100 docentes quiere decir 100 familias”.
Sí: al principio sólo eran 3.
Hoy son 222.
¿Cómo se traduce todo esto en obras? “Hasta ahora te hablamos de política, pero también somos ingenieras”, dice Valeria Pellegrino, otra de las docentes, mitad en broma y mitad en serio. “Las cloacas salieron 600 mil pesos”. Las del nuevo barrio que urbanizarán en las tierras del Motoclub costaron más: 1 millón 300 mil pesos. La suba se explica en los dos años de diferencia entre una obra y otra. ¿El cordón cuneta? “Millón y medio: lo encaramos con los aportes de 500 y 700 pesos de cada socio”. Cada hectárea costó entre 30 mil y 40 mil dólares.
Saquen la cuenta: son 15.
Valeria especifica que, más allá de la participación de varios compañeros, es una organización de mujeres. “Fuimos nosotras las que encaramos todo, las que íbamos al Municipio, a la Provincia, a pelearnos con todos. Y eso también tiene las complicaciones propias del machismo. Cuando íbamos a negociar, como respuesta nos miraban las tetas. Éramos nosotras frente a tipos”.
Gisela: “No duró mucho. Cuando pasaba algo así, decíamos: ‘Que venga, nomás. Déjenlo un minutito y va a ver’”.
Analía Bedone, docente de Historia: “Fue un proceso también de posicionarte dentro de la familia. Esto de reunirse los domingos durante todo el día a trabajar sobre el reglamento que va a tener la asociación traía sus problemas: vos tenés que hacer la comida al mismo tiempo que tenías que ir al estudio jurídico. Pero esta es nuestra militancia, es lo que elegimos y lo vamos a seguir haciendo”.
 

La cultura no es sojera

 
Analía explica por qué hacen esto: “La problemática parte de un negocio inmobiliario sin precedentes en Tandil, que impacta negativamente en los alquileres y en los precios que estamos pagando. Eso afecta no sólo a los más vulnerables, sino también a los que tenemos un salario. No podíamos comprarnos un terreno, una casa, pero sí alquilar, y hasta ahí nomás. Todo parte de ahí: de la vulneración de un derecho”.
Álvaro Álvarez -docente e investigador del Centro de Investigaciones Geográficas de la UNICEN- resume la situación social y habitacional: “Tandil fue un polo industrial muy fuerte en los 70, y el proceso de desindustrialización acelerado en la Argentina pegó duro. Eso implicó que hasta hoy estén cerrando más empresas de las que abren. Ahí entra la agroindustria. El avance del monocultivo de soja fue expulsando lentamente la gente del campo a la ciudad, y eso ejerció una presión muy fuerte sobre el precio del alquiler. En un análisis de las matrículas rurales, vemos que teníamos en los 60 y 70 escuelas superpobladas de pibes y hoy hay colegios donde no hay matrícula. La gente ya no vive en el campo. Otro punto tiene que ver con la renta agropecuaria. Este es un núcleo de la pampa húmeda y de los sectores con mayor rentabilidad del país, y toda esa ganancia y sobrerrenta del agro se vuelca a las burbujas especulativas del sector inmobiliario”.
Gisela: “Entendimos que lo que nos constituye no es sólo el interés inmobiliario de tener ‘tu tierra’, porque cuando hablamos de vivienda lo hacemos en otro sentido: incorporando una transformación cultural. Es discutir cómo queremos vivir, que esto se piense como parte de un proyecto cultural asentado desde la ecología política, entendiendo la cultura en la perspectiva de los movimientos sociales. Aquí hay proyectos de centros culturales y cooperativas de consumo”.
¿Qué es la ecología política? “Cuando llegamos acá, todo era soja. Aquí hay decisiones que permiten que haya soja incluso en los caminos que llevan a nuestras escuelas. Mis alumnos están allí, rodeados, y eso es una decisión política. Este modelo económico es un modelo político. La perspectiva, desde donde miramos la cuestión ecológica, no es solamente reciclar la botella: somos víctimas de decisiones políticas e intereses económicos nacionales y multinacionales. ¡Y los tenemos acá! Las próximas peleas, sin duda, van a ser por eso. Hay que disputarlo, porque en este territorio estamos nosotros”.
Álvaro: “Esto se construye en lo que es la ladera del Cerro La Movediza, uno de los barrios más populares y densamente poblados de la ciudad, con sus conflictos a cuestas como parte de la desatención de políticas públicas desde el Estado”.
Concluye: “Por eso es tan importante este proyecto: es un trabajo cultural. Y hay que dar la disputa en ese sentido. Hoy hay familias que están empezando a construir. Un compañero me dijo: ‘Ahora tengo dónde caerme muerto’. Es muy fuerte y muy simbólico. Y demuestra que lo cooperativo es posible: te da la posibilidad que el mercado te quita”.