La ONU responde: qué pasó en Jáchal. El responsable de la oficina de la ONU encargada de auditar el desastre que dos veces hizo Barrick en Veladero responde todas las preguntas y deja muchos interrogantes sobre el mito de la “minería responsable”. Por Franco Ciancaglini.

Desde la oficina de la Organización de las Naciones Unidas se ve el epicentro de Buenos Aires: el Obelisco, la diagonal hacia Casa Rosada, Mc Donald´s, la gente cruzando la 9 de Julio cual hormiga. El ventanal es poderoso y el ruido de los embotellamientos ni se siente en la sala de reuniones gracias al material aislante. En este escenario inmaculado, el asesor regional de Medio Ambiente, Alejandro Rossi, aparece de fino traje e invita café y/o agua.

Las tazas llevan las siglas UNOPS: United Nations Office for Project Services.

En la sala, lo único que hay es una biblioteca con los distintos informes que producen estas oficinas de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, tentáculos que la ONU despliega en todo el mundo –en especial debajo de la línea del Ecuador- para asesorar a sus gobiernos miembros sobre cuestiones de “desarrollo”. Aquí en Argentina está instalada en el microcentro porteño, y también en San Juan.

La ONU desembarcó en la cordillera en el año 2011, cuando inició un proceso de consultas que hasta ahora tuvo cuatro capítulos: dos consultas sobre movimientos sísmicos y otras dos traducidas como “apoyo al gobierno del Estado de San Juan para la auditoría independiente y la revisión del cumplimiento de la legislación sobre el desempeño ambiental de grandes proyectos mineros”. Estos proyectos fueron anunciados como un shock de control a las empresas mineras que explotan cuatro yacimientos sanjuaninos -Lama, Gualcamayo, Casposo y Veladero- y sus resultados finales serán presentados ahora, en octubre.

El estudio que monitorea la mina del desastre, Veladero, comenzó en septiembre de 2014 y tuvo un apéndice exactamente un año después, cuando ocurrió el derrame de millones de litros de agua cianurada sobre las cuencas del Río Jáchal: el equipo de UNOPS se desplazó hacia la zona y elaboró un informe que dio a conocer en mayo de este año. El estudio halló cianuro y metales en la zona del derrame, pero UNOPS indicó que no había peligro para el consumo humano. Los medios comerciales leyeron esto último. Los vecinos resaltaron lo primero.

Ahora, ya con el informe publicado, y amablemente, Rossi abre las puertas de la oficina central para contestar sobre el rol de la ONU ante aquel derrame y ante el nuevo, ocurrido este 8 de septiembre. Empieza con una aclaración: “Todo lo que tenemos para defender lo que decimos es el estudio sobre el incidente del 13 de septiembre de 2015. Ahora, es cierto: sabemos que no es fácil, que hay algunas agencias de ONU que producen documentos de referencia, algo más soft. Nosotros acá trabajamos en el terreno. Este un proyecto muy extremo”.

¿Por qué extremo?

Porque cuando vos tocás temas como el agua, naturalmente eso polariza las opiniones que tienen los sectores. Cada Estado tiene sus normas vigentes para definir cómo va a ser el uso del agua. Lo que no tiene derecho es a ocultar información acerca de con qué criterios el agua se distribuye.

En el caso de los derrames de Barrick…

Vos tenés la obligación de decir cuál es el estado actual del agua, y eliminar el discurso de “no a la minería”, “sí a la minería”: esos discursos no te permiten entender si cuando te dan el vaso de agua vos podés tomarla o no. Y hoy la gente tiene esa necesidad de cortar con la sanata:  “déjame saber si podemos tomar el agua o no”.

Principio precautorio: ante la duda, no la toman.

Si no tenés data, tenés motivos. Pero si tenés data, ya la cosa cambia, tenés un elemento lógico para confrontar con otros estudios. Lo que es muy difícil es hacer políticas públicas sin datos; necesitás datos en temas complejos. Cuanto mayor es el nivel de riesgo más tenés que invertir en estudios previos y en participación para que la gente pueda creer lo que le estás diciendo.

El problema es que UNOPS llega una vez que Veladero está instalado: los niveles de base no se pueden conocer, no tiene con qué comparar.

Es verdad. En este caso, como vos bien decís, hay un partido en marcha, que es un emprendimiento funcionando de acuerdo a determinadas reglas. Cuando vos entrás a un emprendimiento en marcha tenés que tener mucho cuidado de medir a la empresa con la misma regla que está usando la autoridad administrativa. A los efectos de la auditoría, nosotros hacemos dos estudios en San Juan, y le agregamos el informe del incidente ambiental. Originariamente había dos componentes: uno, si cumple con las reglas que le fijó la provincia, no importa si son buenas o malas; segundo, definir cuáles son los temas en los que se puede mejorar la regulación minera en la provincia de San Juan. Ese estudio está corriendo y se tiene que entregar a finales de octubre.

Del dicho al hecho

¿Qué dice el informe de la auditoría?

Se terminó y actualmente está en la revisión del comité técnico nuestro, que es la fase previa a la entrega a la provincia de San Juan. Una vez que se haga entrega a la provincia, la provincia tendrá un tiempo razonable para hacer sus comentarios y ver si hay algún error, y después programar la sesión pública de presentación de los resultados.

¿Por qué el informe pasa por el gobierno provincial antes de darse a conocer?

Tiene que ver solamente con datos materiales, si por algún error u omisión hubiese algún dato que no se refleja con claridad. Es para ver si aparece la tabla A, si ese dato es correcto o si por alguna razón se tomó un límite de tolerancia distinto de lo que dice la legislación vigente. Así como nosotros tenemos técnicos que hacen una revisión, el gobierno tiene su chance también para observarlo. Pero no tiene que ver con el enfoque de la auditoría: eso ya fue aprobado en los términos de referencia al origen del proyecto.

El otro estudio: el de las recomendaciones.

Tenemos varias fuentes para llegar a las recomendaciones. Primero, los hallazgos del equipo auditor en mina. La segunda fuente, un estudio de legislación comparada que va a analizar Estados Unidos, Canadá, Perú y Chile acerca de qué cosas están más adelantadas en otros lugares que en San Juan en particular. El tercer flujo es la opinión de la sociedad civil: se van a lanzar una serie de entrevistas con cada una de las 40 organizaciones registradas en el proyecto, más cualquier otra que se interese. Finalmente, se va a requerir la obligación del propio sector gubernamental acerca de dónde ven ellos que están los cuellos de botella en el ejercicio del control. Es un estudio que va sumar porque va a permitir distinguir entre esa regla que se usa hoy y la regla que se debe usar para tener una minería a la altura de los desafíos que impone el siglo 21.

¿Qué organizaciones van a participar?

De todo el país, que tengan una trayectoria tomada sobre la problemática de la minería en San Juan. Entran desde Greenpeace hasta (la asamblea) Jáchal No se Toca.

Ya hubo un antecedente no muy feliz con la Asamblea.

Los invitamos cuando hicimos la sesión informativa, estuvo Saúl Ceballos presente y tuvo la oportunidad de preguntar. Es más: nosotros reservamos en el salón un lugar especial para la Asamblea porque creíamos que parte de dar la explicación de lo ocurrido era dársela a los más vulnerables.

Saúl nos dijo que las respuestas que dieron eran demasiado técnicas para entender cómo impactaba en la vida de la gente. Por ejemplo, cuando les preguntó si el agua se podía tomar o no.

Es un ejercicio, es un antecedente, yo no quiero decir que es algo perfecto. Es un camino, se tiene que institucionalizar y está bueno que se utilice este mecanismo cada vez que una autoridad administrativa haga un estudio, lo presente en público, conteste preguntas…

Qué se hizo y qué no

La UNOPS ya hizo siete recomendaciones en el informe de mayo.

Son las recomendaciones ad hoc que aparecieron con motivo del incidente ambiental. El estudio del incidente ambiental no comprendía recomendaciones, sino una fotografía de los cuerpos de agua. Y nos pareció que había que ir más allá para jugarse con algún criterio para tomar acción inmediatamente. Por esa razón agregamos recomendaciones basadas en el principio precautorio.

Usted le dijo al diario Tiempo Argentino que no fueron tenidas en cuenta.

No: no dije que no fueron tenidas en cuenta. Lo que dije es que no tuvimos un reporte oficial de cómo se han considerado las recomendaciones. Es más, cuando terminamos de hacer la auditoría preguntamos a la empresa si se estaba haciendo algo con las recomendaciones y dijeron que las estaban considerando para la quinta actualización del informe de impacto ambiental. Pero nosotros no tuvimos, ni por el Ministerio ni por la empresa, ningún tipo de respuesta respecto de cuáles recomendaciones se habían tomado y cuáles no. Tampoco era mandatorio.

¿Que no sea obligatorio no le hace perder capacidad de control al trabajo de UNOPS?

En cualquier lugar, si trabajamos para un gobierno, la intervención nuestra es la de un tercero imparcial cuyas recomendaciones no son vinculantes, pero suelen tener un impacto importante. Por dos razones: primero por el sustento técnico que tienen; y segundo por la publicidad que suelen tener. O sea que al final del camino alguien tiene que explicar qué se hace con la información que ha brindado la ONU. Y finalmente yo destaco: es el propio gobierno el que quiere enterarse de esto y mejorar sus gestiones. Sería un contrasentido que al final el gobierno decidiera no usar esa información. Normalmente se usa. Hay algunas de corto, mediano y largo plazo, porque para el sector público no todo es fácil de hacer.

En esa línea, ¿sería un contrasentido decir algo en contra del gobierno?

Ya lo hemos hecho: en Perú dijimos que no se podía aprobar un proyecto, y te podés imaginar cómo sonó eso en los despachos que nos habían contratado. Pero al final dijeron ‘bueh, vamos a tener que adecuar el proyecto’, como debe ser.

El segundo desastre

¿Por qué la ONU no pudo preveer que iba a ocurrir otro derrame?

Esa inquietud había aparecido en tu nota anterior y está bueno aclararla porque tiene que ver con la naturaleza de la intervención que tuvo UNOPS en este caso. Nosotros decimos que hacemos “auditoría”, pero no “monitoreo”. Parece una palabra nada más, pero hay una gran diferencia: la auditoría lo que hace es extraer una fotografía, pero no te quedás adentro de la mina. Y como no te quedás, por lo tanto no estás en condiciones de ser un watch dog  (perro de vigilancia) que avisa a tiempo. No lo podíamos haber previsto. Lo que sí habíamos recomendado es algunas estrategias de contención porque dijimos: si ese sistema falló una vez, podía fallar otra vez. Parte de las recomendaciones planteaban generar un dique de contención.

¿Fueron a la mina después de ocurrido el segundo derrame conocido?

En este caso no estamos teniendo intervención. No fuimos a mina después del incidente ocurrido. Sí dirigimos una nota oficial al ministerio solicitando información, pero no tuvimos respuesta. Por lo tanto lo que sabemos del incidente es lo mismo que se sabe a través de los medios de comunicación.

¿Qué versión tiene?

Parecería que no habría habido una fuga de material líquido, sino de material sólido, pero de ese material sólido podría tener traza de distintos contaminantes. Entonces el tipo de situación es diferente, en esos términos, pero el lugar donde ocurrió es el mismo. Es una luz roja de alerta que obliga a tomar acción.

¿Fuera Barrick?

¿Barrick tiene que irse?

El factor central para decidir si una mina tiene que seguir funcionando o no es ver la magnitud de los eventos que ocurren dentro de una mina. Cuando ocurren accidentes mayores, donde hay una situación que está fuera de control, el cierre de la mina tiene una finalidad preventiva. En algún caso, si una mina esté funcionado fuera de todo parámetro o norma, la única manera es cerrarla. De la misma manera que ocurre con las empresas cuando se las clausura. Ahora, normalmente lo que ocurre cuando se determina que hay un accidente ambiental es determinar qué ha fallado. Y si lo que ha fallado tiene que ver con un factor humano, ese factor humano puede ser aumentado en cantidad, puede ser acompañado permanentemente por la autoridad que esté a cargo; cuando tiene que ver con la maquinaria, puede haber una suspensión preventiva para que el sistema pueda ser retesteado por un tercero. En este caso dependerá del caso concreto de qué ha fallado, pero insisto: la idea de los accidentes es algo con la que está familiarizado el sector industrial en general. Lo importante es la reacción frente a los accidentes, la manera de manejar la información y asegurar, en primer término, que no haya riesgo para la población.

Pareciera que en la minería el sistema de control es menor al nivel de riesgo…

Hay temas que son complejos de la minería y uno no puede pensar en sentarse a una mesa sin información de contexto. Uno tiene que ser provisto de información para entender de qué está hablando. Eso también es responsabilidad, en definitiva, de la administración. De lo contrario es muy difícil que uno se pueda entender. De los que saben mucho a los que no saben tanto, para proveerlos de información. Y a los medios de comunicación, también.

Nosotros aprendemos de los vecinos.

Sí, se han fogueado.

Ellos dicen: somos un pueblo sacrificado.

No es nada fácil ese debate y pone las cosas en algo que es un poco diferente de lo que es el accidente propiamente dicho, que es la cuestión de los impactos sociales y económicos de la minería. Luego de varios años de relación empieza a haber información acerca de si se cumplen o no esas expectativas. Cuando uno evalúa lo que ha ocurrido dice: ¿la mina ha preparado a esta población para que pueda vivir sin minería? ¿Ha dejado unos recursos naturales en condiciones para poder seguir adelante?

Cuando uno viaja a la poblaciones ve la respuesta: parecería que es “no”.

Hay que contestar con datos. A ese “parecería que no” hay que poder encarnarlo. Para eso es muy importante saber si al origen del emprendimiento hubo buenos indicadores de base. Si uno está interesado en cómo estaba el agua antes, pero si quiere saber qué nivel de empleo había en la comunidad, también necesita datos sólidos. Ahí hay un desafío en todo el mundo y en América Latina en particular de hacer converger la responsabilidad social de las compañías hacia las verdaderas demandas de las comunidades. No solamente a las hipótesis.

La salud de la minería

Otro tema es la cuestión de la relación no solamente entre lo ambiental y lo económico, sino con la salud.

El elemento salud es una pata muy importante para modificar estas cosas acerca de cuál es el impacto de la minería sobre la salud. Si no hay líneas de base epidemiológicas no es posible contestar cabalmente. Ahora, insisto, esto es algo que muchas veces se plantea que no es un problema de la minería en particular. Si querés preguntar qué pasa epidemiológicamente con agroquímicos, tampoco tenés datos. En nuestros hospitales en Argentina la info que se levanta cuando alguien va una guardia es muy frágil.

¿UNOPS no puede hacer esos estudios?

Se ha ocupado en algunos lugares, pero no recientemente en América Latina. A mí me tocó fuera de UNOPS llevar estudios de esa naturaleza y nos dimos cuenta de que el sistema hospitalario es muy débil para tener datos interesantes para hacer políticas públicas.

No me queda claro si UNOPS puede hacer un estudio epidemiológico en el marco de su acuerdo con el gobierno de San Juan.

Nuestro estudio termina con la auditoría que se va a presentar y las recomendaciones. Las recomendaciones van a comprender entre otros aspectos temas sociales, de salud. La idea es hacer una barrida de 360 grados de todo lo que es ambiental, social y salud. Podría verse en el futuro, pero el proyecto termina con estas actividades.

En general, lo hace los propios vecinos: mapeos casa por casa, libretas de médicos rurales, algunos investigadores independientes… Lo que pasa es que después se desacreditan esos resultados porque los hicieron ellos…

Es que necesariamente tenés que incorporarle alguna base que sea técnica. En Perú había un río que estaba contaminado y como no tenían forma de demostrarlo la parroquia cercana decidió convertir una cocina en un laboratorio químico…

Pasó en Jachal: los vecinos cuentan las dificultades que tienen para tener estudios propios. Gastaron 120 mil pesos en traer un perito técnico, Robert Morand.

Esas cosas pasan. Entonces hay que construir un sistema que sea un poco más balanceado para todos los sectores, que puedan tener gente que los asesores que puedan acceder a datos públicos y que se pueda confiar en esos datos. Tampoco se puede saber por la visita de Robert Morand, los 3 días ó 5 días que estuvo… Él da una opinión acorde al tiempo que estuvo. Hay que poner en la balanza y poner cosas que sean iguales, no solamente opiniones sino datos y análisis de los datos.

El control de los datos

¿Para qué sirven los informes de UNOPS?

Nosotros quisimos crear un caso de referencia que sea bueno: hay una forma de abordar la conflictividad con objetividad. No quiere decir que la gente cambie la opinión de lo que piense de la minería, ni en un sentido ni en otro. Pero sí la idea de que algunas discusiones del siglo 21 hay que darlas con datos, uno no puede seguir haciendo una narrativa de si está a favor o en contra de algo simplemente porque trae progreso o contaminación. Uno tiene que poder bajar a tierra y responder las grandes preguntas de las personas: ¿Qué va a pasar con la situación patrimonial? ¿Qué va a pasar con mi salud? ¿Qué va a pasar con mi futuro? ¿Qué va a pasar con mi zona? Hay que responder con datos, no solo con opiniones.

Pero a un año del primer derrame todavía no hay datos. Uno de los vecinos nos decía: “No se sabe qué pasó con Kennedy, qué se va a saber que pasó en Veladero”.

Está bien la reflexión que hacen porque por eso también fue un poco la estrategia de cómo desarrollar los términos de referencia para nuestro estudio. Si nosotros hubiéramos intentado averiguar cuál había sido el origen (del derrame) iban a pasar varias cosas. Primero, que interferíamos una investigación judicial que estaba teniendo lugar. Y uno de los principios de ONU es la no intervención de los asuntos internos de un país. Luego, nos preguntamos ¿qué le importaba a la gente. ¿Saber qué paso con la válvula o saber si tiene  riesgo en el agua?

Las dos cosas.

Nos pareció que la segunda era una respuesta inmediata. Nos concentramos en eso. Ahora, entiendo  que la investigación siguió, se va a seguir y a falta de uno, ahora viene otro juicio y uno seguramente quiere saber muchas cosas, y también quiere saber por qué se aprobó el emprendimiento. Pero lamentablemente uno no puede contestar todo a la misma velocidad, pero puede empezar a resolver algo y que eso permita empezar a tirar un poco de la cuerda. Nosotros djimos: primer tema, el agua. Sacamos la información, lo entregamos al gobierno y lo presentamos a la sociedad civil. Entre eso y lo que había, hay una diferencia importante.

El informe de UNOPS no responde esas “grandes preguntas de la gente”. Ni siquiera dice: “El agua es potable” o “El agua no es potable”.

Sí, yo entiendo. Y aparte cuando uno toca el primer argumento que es “cuestioné la credibilidad del gobierno”, de ahí para abajo todas las preguntas las contesto por no: no creo, no estoy seguro que el agua la pueda tomar… lo que fuera. La data que nosotros dimos después de haber muestrado toda la zona y poder haber tomado calidad de agua, daba elementos bastantes categóricos para decir que esa agua no había estado en riesgo con motivo del incidente ambiental. Es una verdad incómoda para aquel que está montado en el argumento de que el agua está contaminada para dar una situación de lucha. Pero es la verdad que surge del estudio. Y eso hay que poder decirlo. Los datos hablan solos. Estamos convencidos de esa información que hemos dado. Ahí hay un tema que hay que seguir profundizando: en la medida en que no se crea en las herramientas que se usan, es muy difícil que pueda haber un diálogo. Porque un diálogo requiere un mínimo de respeto y de confianza.

Sucede que los datos se interpretan de distintas maneras. El informe de UNOPS es un ejemplo: los vecinos dijeron que comprobaba que había habido contaminación, porque encontró cianuro en las zonas cercanas a la mina. Y los medios resaltaron que el agua era potable. Otro de los cuestionamientos: el laboratorio donde analizaron las muestras era el mismo con el que trabajaba Barrick Gold.

El laboratorio que intervino un año antes del estudio ya no trabajaba para Barrick. Cuando salimos a hacer la convocatoria tuvieron que asegurar no estar trabajando. Y en esta materia es muy difícil encontrar laboratorios de esa magnitud que no hayan trabajado para ninguna de las empresas. Ahora, lo que pedimos era que no hubiera conflicto de intereses al momento de iniciarse la contratación ni en el período previo. Acreditó no tener ningún tipo de relación un año previo.

¿Pudieron haber mandado las muestras al exterior?

La capacidad de procesamiento, de muestras y de velocidad se hubiera demorado muchísimo. Nosotros seleccionamos con laboratorios que certificaban las normas técnicas internacionales los que nos parecían más sólidos. UNOPS a su vez controla las muestras que hacen los laboratorios.

Para el nuevo informe, ¿con quién trabajaron?

Con el mismo. Y con Induser, pero de forma móvil para cada emprendimiento: el que trabajaba para Barrick, no trabajaba con Casposo; a todos se aplicó la misma ley para que no hubiera incompatibilidad.

Ahora se van a instalar más proyectos mineros: el ministro de Minería presentó el megaproyecto binacional Constelación, y hay otros en puerta. ¿La UNOPS seguirá trabajando para San Juan?

No lo sé, no tengo ninguna información oficial. En la última visita que hicimos a la provincia funcionarios de la cancillería manifestaron estar conformes y con voluntad de continuar, pero al día de hoy no tenemos ningún pedido concreto.