Legalizando la impunidad

El rol de la justicia en el banquillo. Cómo es la estrategia judicial que deja sin condena a los crímenes de mujeres asesinadas por sus parejas. Qué pasa con los hijos e hijas de los femicidas. Casos y cifras que hablan del rol del Estado en la trama de impunidad. Por María Florencia Alcaraz.

Cuando el perito psiquiatra de la policía de Corrientes, Javier Núñez, escribió “obnubilación mental” en el informe de Ramón Aráoz, aquel 2 de diciembre de 2013, abrió una hendija para la impunidad del femicidio de Librada Haedo. En ese momento, la mujer todavía agonizaba con el 94% del cuerpo quemado en el Hospital Escuela de la capital correntina. Aráoz, un suboficial retirado de la Armada Argentina que trabajó en la Base Naval de Puerto Belgrano, la había prendido fuego en el garaje de la casa que compartían en el barrio Pujol. Él mismo había llamado a la policía local, a la que trató de convencer de que la mujer se había querido suicidar. Los tres hijos de Librada viajaron desde Buenos Aires hasta la provincia del litoral, pero ella no aguantó y después de cinco días de internación, murió. Librada había denunciado a su pareja al menos en ocho oportunidades. Ese historial de violencia que tuvo un final irreversible no quedó plasmado en el expediente. Con el informe médico psiquiátrico en la mano, la jueza Laura Varela sobreseyó al femicida el 7 de mayo del año pasado. El hombre no estuvo preso ni un solo día por el asesinato. Ahora está en el correntino Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís, hasta que el sobreseimiento quede firme.

Con un cuchillo de cocina, el ex jefe de redacción de La Nación, Antonio De Turris, apuñaló hasta a matar a su pareja, la periodista Claudia Servino, el 24 de diciembre de 2015, en Banfield. Tras asestarle 79 puñaladas, De Turris estuvo internado en la clínica Bazterrica y luego, en el Instituto Alexander Fleming hasta el 6 de octubre. Ahora está en una clínica de cuidados paliativos. En la causa figuran una serie de peritajes con variadas opiniones sobre cómo afecta a su situación jurídica el tumor que tiene en la cabeza el femicida: uno dice que el estado clínico es irregular e inestable, otro sostiene que es estable y, por último, el subdirector del Instituto Fleming afirma que el acusado tiene ideas paranoides. La jueza de Garantías  de Lomas de Zamora, Laura Nini, ordenó un nuevo peritaje para tomar una decisión: si declara que el periodista es inimputable o no. Desde que mató a Claudia, el profesor de la Maestría de Periodismo que el diario La Nación montó con la Universidad Torcuato Di Tella no estuvo nunca en prisión.

“No hay formación, entonces muchos de los psiquiatras de los cuerpos forenses tienden a justificar las violencias de los varones y sus conductas”, sintetiza el psiquiatra Enrique Stola. “La mayoría de los profesionales de la psicología, psiquiatría, psicoanálisis y otras corrientes psi tratan de patologizar cada femicidio y con ello ocultar la dominación social masculina que les da sentido”. Stola aporta un dato: “La Asociación de Psiquiatras nunca organizó un congreso sobre violencia machista”.

Librada y Claudia tenían nada y todo en común. La intersección en la que sus dos trayectorias se cruzaron fue el círculo de la violencia en el que estaban encerradas desde hacía tiempo.

Librada tenía 52 años y trabajaba en su casa, se había ocupado de la crianza de sus dos hijos varones y su hija. Se había ido a vivir a Corrientes con su pareja, un militar retirado. Un mes antes de que él la asesinara, Librada se había ido de la casa que compartían y estaba viviendo en Buenos Aires con la hija. Él la convenció de que volviera con falsas promesas de cambio.

Claudia, la pareja del ex jefe de redacción de La Nación, era productora de modas y a los 62 años llevaba adelante su propia consultora. En su cuerpo estaban las marcas de la atmósfera machista en la que vivía: los forenses que contaron las puñaladas también encontraron cinco hematomas distribuidos en la cara, piernas y glúteos que databan de hasta 14 días antes del asesinato.

Mi papá, el femicida

El teléfono suena en la casa de una de las hijas de Antonio De Turris en Banfield. Una voz femenina, nerviosa y agitada, responde: “Te pido por favor que no llames más. Esto es una casa de familia”.

Tono.

No quiere hablar de cómo su padre mató a su pareja.

A contraluz de la hija de De Turris está Nicanor Aráoz, el mayor de los tres hijos de Librada Haedo y el militar retirado. Su papá es un femicida y quiere que se lo juzgue como tal. “El limbo es la imagen para este momento: no hubo un proceso, no hay culpable. Queremos que se juzgue y quede escrito que se trató de un femicidio. Hay que escribir las cosas para poder contarlas a futuro. ¿Qué le vamos a decir a mi sobrina cuando crezca?”, se pregunta en su taller de arte en San Telmo.

Para Nicanor, la violencia no estalló de un día para otro por “obnubilación”, ni se trató de un brote de locura. “La violencia estuvo siempre”, recalca.

Nicanor partió de la casa que compartía en Punta Alta con su familia a los 18 años. Se fue a estudiar psicología y después arte. “Me crié en un pueblo de milicos, mi viejo se formó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), estuvo en Malvinas. Cuando me fui de mi casa, volví con preguntas”, cuenta.

En el último tiempo Nicanor ya no tenía relación con sus padres. “Con ese macho nunca pude hacer un link”, dice. Esa distancia también había debilitado el vínculo con su mamá. Nicanor y sus hermanos habían logrado que ella se fuera de la casa que compartía con el agresor. Pero eso duró un mes y decidió volver. Ahí la relación se cortó hasta que Nicanor supo que estaba internada con todo el cuerpo quemado menos el rostro, que llegó a taparse con las manos. “Uno puede tener muchos problemas psiquiátricos y también haber estado en Malvinas, pero también podés ser un asesino. No son cosas excluyentes”, resume Nicanor. Para él, el hecho de que su papá sea un militar retirado puede haber servido de salvoconducto para evadir la cárcel. Cuando su mamá lo denunciaba, alguna vez le dijeron “con un héroe de Malvinas no podemos hacer nada”.

La justicia ciega

Femicidio es un término político que intenta problematizar los asesinatos de mujeres como parte de una cuestión social y estructural. Quedó incorporado en el Código Penal argentino en 2012. La Ley N° 26791 reformó el artículo 80 para criminalizar de modo agravado ciertos homicidios especialmente relacionados con el fenómeno de la violencia machista. En particular, esta norma amplió la figura del homicidio calificado por el vínculo (inciso 1°) y el catálogo de crímenes de odio (inciso 4°), e incorporó las figuras de femicidio (inciso 11°) y “femicidio vinculado” (inciso 12). La palabra femicidio no está enunciada como tal se habla del homicidio “a una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”. De este modo la ley modificó sus agravantes e incorporó entre sus supuestos la figura del homicidio de una mujer, cometido por un hombre en un contexto de violencia machista, que puede ser sexual, física, psicológica, entre otras.

¿Cómo emplea esta figura el sistema judicial? “Los fiscales no caratulan como femicidio, porque no visibilizan el contexto de violencia en el que se dan los hechos, no juntan las pruebas para dar cuenta de ese contexto. Es necesario que esas pruebas las recopile personal de la policía capacitado y con perspectiva de género, porque cuando ocurre un femicidio quien toma las declaraciones y analiza lo que pasó es la policía. No saben qué tipo de prueba tienen que juntar”, explica Laurana Malacalza, titular del Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la provincia de Buenos Aires. Y ejemplifica con el reciente asesinato de Lucía Pérez, en Mar del Plata, que al cierre de esta edición aún no había sido caratulado como femicidio.

Malacalza también apunta a la disparidad de criterios que tiene el Estado para producir información. Un ejemplo: mientras que durante 2013 y 2014 no se inició ninguna investigación penal por femicidio en la provincia de Buenos Aires, en 2015 la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense publicó un informe señalando que habían ocurrido 97 femicidios “que fueron caratulados como homicidios agravados por el vínculo”, señala la titular de la OVG.

A nivel nacional, el Área de Análisis Criminal y Planificación de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) hizo foco sobre los casos juzgados y sentenciados desde que se tipificó el femicidio, en 2012, hasta agosto de 2016. La conclusión principal del informe Homicidios agravados por razones de género: femicidios y crímenes de odio es que en las condenas no se califica a ese delito como femicidio, aunque esté configurado y los elementos estén disponibles para demostrarlo. El informe relevó 38 sentencias:

Solo en 8 casos “se agravó el homicidio por el inciso 11° (femicidio)”.

En el 71% de las sentencias, “se juzgó un homicidio cometido en el marco de una relación de pareja o ex pareja”.

Sólo el 34%  de los casos fue juzgado como femicidio agravado por el vínculo.

“Casi la mitad de los homicidios de mujeres perpetrados por sus parejas o ex parejas (femicidios íntimos) no se reflejó de manera explícita el componente de violencia de género presente en el crimen”.

El ejemplo contrario a los casos del militar retirado Ramón Aráoz y el periodista Antonio De Turris es Belén en Tucumán: presa durante 881 días, acusada de “presunto homicidio” por haber padecido un aborto espontáneo. Una división sexual del derecho penal que deja al descubierto la matriz patriarcal sobre la que se cimentan los mecanismos del Poder Judicial.

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