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Otra vez soja

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La política y los agronegocios. Quita de impuestos a las exportaciones cerealeras. Desguace del área de agricultura familiar. Falta de presupuesto para campesinos. Impulso a una nueva ley de semillas, en línea con el avance del modelo transgénico y de agroquímicos. El gobierno de Cambiemos: continuidades y profundización de los agronegocios. Por Darío Aranda.

Otra vez soja
La primera señal clara del rumbo que tomaría el gobierno de Mauricio Macri con respecto al modelo productivo fue la elección del ministro, Ricardo Buryaile, propietario de estancias en Formosa, ex vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, una de las patas de la Mesa de Enlace de los empresarios del campo.

Segunda pista: el nuevo gobierno rebautizó el Ministerio. Cambió el nombre histórico, “Agricultura”, por el de “Agroindustria”, un término propio del sector de los  agronegocios, que prioriza la producción de commodities, exportaciones, agrocombustibles y alianza con grandes empresas.

La composición del Ministerio fue coherente con el perfil del gobierno: Guillermo Bernaudo como jefe de Gabinete (de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, Aacrea), Néstor Roulet como secretario de Valor Agregado (proviene de CRA), Ricardo Negri como secretario de Agricultura (Aacrea), Beatriz Pilu Giraudo en la flamante Coordinación de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable (presidenta de la poderosa Asociación de Productores de Siembra Directa: Aapresid).

A cinco días días de asumir la presidencia, Macri viajó a Pergamino y anunció el quite de retenciones para los productos agropecuarios y la baja de cinco puntos a la soja (pasó del 35 al 30). Una medida de 10.000 millones de pesos, reconoció el gobierno. Desde el diario económico El Cronista estimaron una cifra distinta, por ladevaluación: 60.000 millones de pesos.

La secretaría vacía

Al frente de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) fue nombrado Oscar Alloatti, con experiencia en gestión en Santa Fe (donde fue secretario de Agricultura entre 1999-2003). De inmediato comenzó un proceso de ajuste y despidos. En Jujuy avanzaron sobre los delegados sindicales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en Chaco el nuevo delegado provincial, Gustavo Nuñez (protegido del ex gobernador y actual legislador radical, Angel Rozas),  hizo lo propio, con despidos masivos y amenazas. Un caso insólito se vive en Santiago del Estero, donde el referente provincial de la SAF, Carlos Cejas Lescano, está vinculado con inmobiliarias denunciadas por vender ilegalmente predios de familias campesinas.

Desde la conformación de la Secretaría (en 2014), los trabajadores organizados en ATE exigieron el fin de la precarización laboral, pases a planta permanente y presupuesto para el sector. El entonces secretario, Emilio Pérsico (Movimiento Evita), nunca dio respuestas satisfactorias. Hubo paros, movilizaciones y mesas de diálogo, pero no llegaron las soluciones.

El macrismo aprovechó la precarización, redobló la apuesta y comenzó con los despidos. El plenario de delegados de ATE-SAF en septiembre pasado se reunió en Buenos Aires. Denunciaron que la gestión Buryaile-Alloatti despidió 250 trabajadores. “El gobierno viene atacando las políticas y derechos de la agricultura familiar mediante el cierre de programas y reparticiones, recorte presupuestario, despido de trabajadores y judicialización”, denuncia el largo escrito firmado por los delegados gremiales.

Los propios trabajadores del Ministerio de Agroindustria cuestionan que el gobierno “garantiza beneficios y políticas públicas para los grandes dueños de la producción y la tierra (agronegocios), en desmedro de campesinos, indígenas y agricultores familiares”. Exigieron la aplicación de la Ley de Agricultura Familiar, más presupuesto para el sector, reincorporación de los trabajadores despedidos y alertaron sobre la quiebra de las economías regionales.

Tanto los trabajadores de la Secretaría como las organizaciones rurales sostenían que Alloatti no decidía la política para el sector y que nunca daba respuestas. El 12 de octubre se hizo pública su renuncia. No habló con la prensa. Su equipo solo dejó trascender que el motivo fue la falta de presupuesto. En Paseo Colón 982, sede del Ministerio, también mencionaron las disputas con el sector más PRO del gobierno.

La importancia asignada al área quedó en evidencia con la decisión posterior: a un mes de la renuncia de Alloatti, la Secretaría de Agricultura Familiar se mantiene acéfala.

Los CEOs pioneros

El ministro de Ciencia, Lino Barañao, no fue el único funcionario que el macrismo acogió en su gobierno. Martín Lema, director de Biotecnología en el Ministerio de Agroindustria también dejó las banderas del Frente Para la Victoria y se mantiene en el cargo. Incluso su área fue ascendida a dirección nacional, con planificación de mayor estructura y presupuesto. Lema tiene gran influencia en el aspecto clave del modelo agropecuario: la aprobación de transgénicos, ya que está al frente de la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), espacio fundamental para autorizar las nuevas semillas transgénicas de soja, maíz, algodón y papa.

La Conabia fue creada en 1991 por Carlos Menem. Su composición fue secreta hasta fines de 2014, cuando se filtró su composición: 47 integrantes, de los cuales más de la mitad (27) pertenecen a las grandes compañías de semillas (Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow, Ledesma, y sectores empresarios como Aapresid). Quedó en evidencia lo insólito: las empresas que venden transgénicos son las mismas que los aprueban.

Otros dos hechos que tanto el gobierno anterior como el actual permiten: el Estado no hace estudios propios sobre los transgénicos. Solo “analizan” los trabajos de las empresas y los validan. Y los expedientes de aprobación de transgénicos son secretos. Nadie (ni organizaciones sociales ni académicos ni productores o consumidores) pueden acceder a la información básica de aprobación de transgénicos.

En un claro conflicto de intereses, Martín Lema escribió en 2014 un “paper científico” junto a miembros de las mismas empresas que debe controlar. Desarrollo de construcción basada en criterios de evaluación de riesgo para cultivos, es el nombre de la investigación. Entre los firmantes están (además de Lema), Clara Rubinstein y V. Cuadrado (Monsanto), Griselda Noe (Syngenta), María Pía Beker (Bayer), Silvia Lede (Basf) y Cecilia Roca (Dow Agroscience). Todos ellos tienen también distintos cargos en la poderosa Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), espacio que reúne a todas las grandes empresas del sector.

En marzo el actual gobierno dio luz verde, además, a un nuevo maíz transgénico de la multinacional Pioneer-Dupont, que conlleva el uso de dos agrotóxicos: glifosato y glufosinato de amonio. Se anunció que en breve se aprobarán otros cuatro transgénicos.

Germinando patentes

Tres compañías controlan el 60 por ciento de las semillas: Monsanto-Bayer (29,3 por ciento), Dow-Dupont (21,3) y Syngenta-ChemChina (9,2).

Exigen desde hace años una nueva ley de semillas en Argentina, que contemple “regalías extendidas”: no quieren solo cobrar al momento de la venta, sino también cada vez que se reutilicen las semillas. Esto implica limitar el uso propio, práctica milenaria que implica sembrar, cosechar y con esas semillas obtenidas volver a sembrar.

En abril pasado, la máxima autoridad de Monsanto, Brett Begemann, viajó desde Estados Unidos directo a Buenos Aires para reunirse con el ministro Buryaile. Reclamó el cobro de regalías. La agencia oficial Telam señaló que entre los ejes del encuentro se discutió “que se transparente el mercado de semillas y se pague por la tecnología lo que se tiene que pagar”.

Brett Begemann destacó: “Fue una buena reunión, porque tenemos una visión común sobre el valor de las tecnologías, y tuvimos la oportunidad de compartir la necesidad de contar con un sistema confiable para el reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual y el cobro de regalías por cada uso de semillas con tecnologías patentadas”.

El viernes 14 de octubre, el Ministerio de Agroindustria envió una gacetilla de prensa titulada El proyecto de ley de semillas ingresó al Congreso. Afirmó que se busca “garantizar la investigación, tecnología y productividad”.

El Ministerio remarcó que “desde el Estado Nacional se trabajó en alcanzar los consensos necesarios con todos los actores del sector público y privado, con el objetivo de regularizar el mercado de semillas”.

No fueron convocados ni se escuchó la opinión de organizaciones campesinas, pueblos indígenas, académicos críticos al modelo, ni consumidores.

En el Congreso Nacional también existen proyectos de ley presentados por el Frente Renovador, la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) y la Federación Agraria.

El control de la cadena

Medio centenar de organizaciones sociales, campesinas, ambientales y sectores académicos conforman la Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas. “Expresamos nuevamente nuestro rechazo contundente a cualquier modificación de la ley vigente”, señala el documento emitido el 18 de octubre y denuncia que el proyecto enviado por el Ministerio de Agroindustria “es producto de las negociaciones entre el gobierno de Macri, las corporaciones transnacionales y los grandes productores”.

Precisa que el nuevo proyecto busca limitar el derecho al “uso propio” (y obligar a pagar regalías) y alerta que se pretende “instalar un sistema policial de persecución de los agricultores, en el cual el Estado asume la tarea de trabajar para las corporaciones vigilando y controlando toda la cadena productiva”.

La Multisectorial recuerda que las semillas fueron cuidadas y mejoradas genéticamente durante miles de años por pequeños agricultores y rechazan que, por la sola modificación de un gen, una compañía pueda apropiarse del trabajo e historia de generaciones. “Rechazamos de manera absoluta la posibilidad de cualquier tipo de patente sobre la vida”, explicaron.

Para quienes creen que sólo se trata de un debate entre empresas y sectores del agro, la Multisectorial recordó un hecho básico: “Quien controla la semillas, controla la alimentación”.

Los reclamos

Desde el 10 de diciembre cambió drásticamente el contexto para algunas organizaciones campesinas. El Movimiento Nacional Campesino Indígena y la Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino formaron parte de la gestión de la Secretaría de Agricultura Familiar, con Emilio Pérsico al frente. También había buen diálogo y articulación con el Frente Nacional Campesino y con sectores del Movimiento Agroecológico de América Latina.

En 2014 lograron -con impulso también del Foro de la Agricultura Familiar- la aprobación de la Ley 27118, llamada de “reparación histórica” para las familias campesinas, que contempla políticas activas para el sector. Pero en un hecho insólito, los propios legisladores del kirchnerismo le sacaron a último momento el artículo 33 que estipulaba un presupuesto de 1.500 millones de pesos anuales.

“Sin presupuesto, no hay ley”, denunciaron las organizaciones mediante un comunicado.

Se llegó a un acuerdo. “El ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, junto al jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich, anunciaron que el presupuesto del proyecto de Ley de Agricultura Familiar será de 1.500 millones de pesos y lo reglamentará el Ejecutivo de manera inmediata”, afirmó la gacetilla de prensa del Ministerio de Agricultura el 15 de diciembre de 2014.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner nunca reglamentó la ley de reparación histórica. Tampoco le asignó el presupuesto prometido.

El 15 de septiembre pasado se reunió el Consejo de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, un espacio reconocido oficialmente como asesor de la Secretaría de Agricultura Familiar, creado por el anterior gobierno y en el que participan muchas de las organizaciones que acompañaron al kirchnerismo. “El sector está siendo seriamente perjudicado por las decisiones políticas del Gobierno”, afirma el documento firmado por la Asamblea Campesina Indígena de Norte Argentino, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, el Foro de la Agricultura Familiar, el Movimiento Campesino Liberación, la Unión Argentina de Pescadores Artesanales y el Movimiento Agroecológico de América Latina, entre otros.

Cuestionaron el quite y baja de retenciones a productos del agronegocios y denunciaron el vaciamiento de políticas para el sector campesino.

Las organizaciones exigen la urgente reglamentación de la Ley N° 27118 (de Agricultura Familiar). “Es de suma urgencia que se tomen medidas con fondos específicos para atender las necesidades de nuestros productores”, plantearon los campesinos.

Verdura al asador

La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) es una organización conformada por familias productoras de alimentos del Gran La Plata, Berazategui, San Vicente, Luján y Escobar. Trabajan pequeñas parcelas, de hasta cuatro hectáreas, y sufren el asedio de barrios privados y especuladores inmobiliarios. El 14 de septiembre protagonizaron un hecho contundente: un “verdurazo” en Plaza de Mayo, cuando entregaron veinte mil kilos de verduras a quienes se acercaron. Esa acción directa logró poner en primer plano los reclamos de agricultores familiares y campesinos ante el gobierno nacional.

La UTT, que también había realizado medidas similares durante el kirchnerismo, reclamó precios justos para los productores rurales y apuntó a una de las causas del problema estructural: la tierra en poca manos.

“Constitúyese el Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar como política de desarrollo económico y social, cuyo objeto es facilitar el acceso a créditos destinados a la adquisición de tierras para la agricultura familiar”, señala el primer artículo del proyecto de ley presentado por la UTT en el Congreso Nacional.

El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, cuestionó el reclamo de la UTT: “En vez de regalar verduras en Plaza de Mayo que vayan a vender a la feria”. Y volvió a dejar en evidencia para qué sectores se gobierna: “Para nosotros las retenciones deben desaparecer. El compromiso del presidente Macri es bajar las retenciones, las vamos a bajar (más) porque entendemos que es un mal impuesto”.

Buryaile también anunció que el plan del gobierno es aumentar el 50% la producción agrícolo-ganadera para 2020, lo que implica avanzar sobre nuevos territorios y una película conocida: más desmontes, desalojos rurales y más uso de agrotóxicos.

Artes

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

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La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.

Por María del Carmen Varela.

«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).

En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.

El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.

Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.

“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.

Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro
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Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

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A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.

Por María del Carmen Varela

Fotos Lina Etchesuri para lavaca

Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.

Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.

Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.

Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.

El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.

Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.

Continuará.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

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La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible

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Una obra única que recorre el barrio de Paternal a través de postas de memoria, de lucha y en actual riesgo: del Albergue Warnes que soñó Eva Perón, quedó inconcluso y luego se utilizó como centro clandestino de detención; al Siluetazo de los 80´, los restoranes notables, los murales de Maradona y el orfanato Garrigós, del cual las protagonistas son parte. Vanesa Weinberg y Laura Nevole nos llevan de la mano por un mapa que nos hace ver el territorio cotidiano en perspectiva y con arte. Una obra que integra la programación de Paraíso Club.

María del Carmen Varela

Las vías del tren San Martín, la avenida Warnes y las bodegas, el Instituto Garrigós y el cementerio de La Chacarita delimitan una pequeña geografía urbana conocida como La Isla de la Paternal. En este lugar de casas bajas, fábricas activas, otras cerradas o devenidas en sitios culturales sucede un hecho teatral que integra a Casa Gómez —espacio dedicado al arte—con las calles del barrio en una pintoresca caminata: Atlas de un mundo imaginado, obra integrante de la programación de Paraíso Club, que ofrece un estreno cada mes.

Sus protagonistas son Ana y Emilia (Vanesa Weinberg y Laura Nevole) y sus versiones con menos edad son interpretadas por Camila Blander y Valentina Werenkraut. Las hermanas crecieron en este rincón de la ciudad; Ana permaneció allí y Emilia salió al mundo con entusiasmo por conocer otras islas más lejanas. Cuenta el programa de mano que ambas “siempre se sintieron atraídas por esos puntos desperdigados por los mapas, que no se sabe si son manchas o islas”.

La historia

A fines de los ´90, Emilia partió de esta isla sin agua alrededor para conocer otras islas: algunas paradisíacas y calurosas, otras frías y remotas. En su intercambio epistolar, iremos conociendo las aventuras de Emilia en tierras no tan firmes…

Ana responde con las anécdotas de su cotidiano y el relato involucra mucho más que la narrativa puramente barrial.  Se entrecruzan la propia historia, la del barrio, la del país. En la esquina de Baunes y Paz Soldán se encuentra su “barco”, anclado en plena isla, la casa familiar donde se criaron, en la que cada hermana tomó su decisión. Una, la de quedarse, otra la de marcharse: “Quien vive en una isla desea irse y también tiene miedo de salir”.

A dos cuadras de la casa, vemos el predio donde estaba el Albergue Warnes, un edificio de diez pisos que nunca terminó de construirse, para el que Eva Perón había soñado un destino de hospítal de niñxs y cuya enorme estructura inconclusa fue hogar de cientos de familias durante décadas, hasta su demolición en marzo de 1991. Quien escribe, creció en La Isla de La Paternal y vio caer la mole de cemento durante la implosión para la que se utilizó media tonelada de explosivos. Una enorme nube de polvo hizo que el aire se volviera irrespirable por un tiempo considerable para las miles de personas que contemplábamos el monumental estallido.

Emilia recuerda que el Warnes había sido utilizado como lugar de detención y tortura y menciona el Siluetazo, la acción artística iniciada en septiembre de 1983, poco tiempo antes de que finalizara la dictadura y Raúl Alfonsín asumiera la presidencia, que consistía en pintar siluetas de tamaño natural para visibilizar los cuerpos ausentes. El Albergue Warnes formó parte de esa intervención artística exhibida en su fachada. La caminata se detiene en la placita que parece una mini-isla de tamaño irregular, sobre la avenida Warnes frente a las bodegas. La placita a la que mi madre me llevaba casi a diario durante mi infancia, sin sospechar del horror que sucedía a pocos metros.

El siguiente lugar donde recala el grupo de caminantes en una tarde de sábado soleado es el Instituto Crescencia Boado de Garrigós, en Paz Soldán al 5200, que alojaba a niñas huérfanas o con situaciones familiares problemáticas. Las hermanas Ana y Emilia recuerdan a una interna de la que se habían hecho amigas a través de las rejas. “El Garrigós”, como se lo llama en el barrio, fue mucho más que un asilo para niñas. Para muchas, fue su refugio, su hogar. En una nota periodística del portal ANRed —impresa y exhibida en Casa Gómez en el marco de esta obra— las hermanas Sosa, Mónica y Aída, cuentan el rol que el “Garri” tuvo en sus vidas. Vivían con su madre y hermanos en situación de calle hasta que alguien les pasó la información del Consejo de Minoridad y de allí fueron trasladas hasta La Paternal.  Aída: “Pasar de la calle a un lugar limpio, abrigado, con comida todos  los días era impensable. Por un lado, el dolor de haber sido separadas de nuestra madre, pero al mismo tiempo la felicidad de estar en un lugar donde nos sentimos protegidas desde el primer momento”. Mónica afirma: “Somos hijas del Estado” .

De ser un instituto de minoridad, el Garrigós pasó a ser un espacio de promoción de derechos para las infancias dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Argentina (SENAF), pero en marzo de este año comenzó su desmantelamiento. Hubo trabajadorxs despedidxs y se sospecha que, dado el resurgimiento inmobiliario del barrio, el predio podría ser vendido al mejor postor.

El grupo continúa la caminata por un espacio libre de edificios. Pasa por la Asociación Vecinal Círculo La Paternal, donde Ana toma clases de salsa.

En la esquina de Bielsa (ex Morlote) y Paz Soldán está la farmacia donde trabajaba Ana. Las persianas bajas y los estantes despojados dan cuenta de que ahí ya no se venden remedios ni se toma la presión. Ana cuenta que post 2001 el local dejó de abrir, ya que la crisis económica provocó que varios locales de la zona se vieran obligados a cerrar sus puertas.

La Paternal, en especial La Isla, se convirtió en refugio de artistas, con una movida cultural y gastronómica creciente. Dejó de ser una zona barrial gris, barata y mal iluminada y desde hace unos años cotiza en alza en el mercado de compra-venta de inmuebles. Hay más color en el barrio, las paredes lucen murales con el rostro de Diego, siempre vistiendo la camiseta roja del Club Argentinos Juniors . Hay locales que mutaron, una pequeña fábrica ahora es cervecería, la carnicería se transformó en  el restaurante de pastas Tita la Vedette, y la que era la casa que alquilaba la familia de mi compañera de escuela primaria Nancy allá por los ´80, ahora es la renovada y coqueta Casa Gómez, desde donde parte la caminata y a donde volveremos después de escuchar los relatos de Ana y Emilia. 

Allí veremos cuatro edificios dibujados en tinta celeste, enmarcados y colgados sobre la pared. El Garrigós, la farmacia, el albergue Warnes y el MN Santa Inés, una antigua panadería que cerró al morir su dueño y que una década más tarde fuera alquilada y reacondicionada por la cheff Jazmín Marturet. El ahora restaurante fue reciente ganador de una estrella Michelín y agota las reservas cada fin de semana.

Lxs caminantes volvemos al lugar del que partimos y las hermanas Ana y Emilia nos dicen adiós.

Y así, quienes durante una hora caminamos juntxs, nos dispersamos, abadonamos La Isla y partimos hacia otras tierras, otros puntos geográficos donde también, como Ana y Emilia, tengamos la posibilidad de reconstruir nuestros propios mapas de vida.

Atlas de un mundo imaginado

Sábados 9 y 16 de agosto, domingos 10 y 17 de agosto. Domingo 14 de septiembre y sábado 20 de septiembre

Casa Gómez, Yeruá 4962, CABA.

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