Otro negocio que entrega el estado a las corporaciones. En Capital Federal y en Córdoba se implementan programas estatales con empresas que comercializan leche de fórmula. ¿Qué hay detrás?. Por Soledad Barruti.

Fue el 21 de mayo de 1981, en la sede central de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra: la firma de un acuerdo mundial que todavía, más de 35 años después, se puede decir único. Ese día, 118 países acordaron intentar preservar a la Humanidad de la libertad de mercado, del engaño publicitario y de los conflictos de intereses que habían logrado algo siniestro: habían convencido a gran parte de la población de que la industria alimentaria y farmacéutica juntas habían superado a la biología y habían logrado una leche mejor que la humana para alimentar a los bebés.

En sólo una generación, gracias a un tendal de médicos convencidos por empresas que a su vez convencieron a sus pacientes, las estadísticas de lactancia materna se derrumbaron en lugares tan distintos como Estados Unidos y Perú. Se calcula que un millón de bebés murieron en África, donde las marcas habían montado un marketing de guerrilla que incluía falsas enfermeras que instruían a las parturientas sobre que el alimento innovador -que les regalaban- haría que su bebé se desarrollara más gordo, más vivaz, más inteligente.

Meses después, esos mismos bebés padecían lo que se terminó llamando “malnutrición comerciogénica”: problemas neurológicos, ceguera y raquitismo, y así hasta el paro cardiorespiratorio. Muchos de los que sobrevivían –porque tenían más suerte o porque vivían en lugares urbanos con fuentes de agua segura para preparar la leche y sus familias podían costear el gasto que implicaba el alimento artificial sin interrupciones- lo hacían con un rosario de dolencias: enfermedades gastrointestinales, alergias, asma.

Esos bebés serían la evidencia de algo que hoy nadie discute: los alimentados con leche de fórmula son hijos menos sanos de un sistema cada vez más enfermo. Los gastos en salud pública disminuyen cuando aumenta la lactancia  materna porque disminuyen las muertes prematuras y todos los cuadros más frecuentes que copan las guardias: gastroenteritis, broncoespasmos, otitis.

En la salud de las mujeres también incide: las que no amamantan tienen más riesgo de padecer cáncer de mama y de útero y osteoporosis.

Los gastos familiares se ponen en jaque: la lactancia materna es gratuita, comercialmente hablando, claro, porque no se cuantifica el tiempo y dedicación de las mujeres a esa tarea ni su alejamiento del mercado del trabajo que no está debidamente compensado con licencias pagas el tiempo suficiente: la negociación capitalista, sus tironeos, sus violencias en el cuerpo.

La leche humana es segura y nutritiva, empoderadora de las mujeres, democrática e igualadora. Seguramente por eso hay tanta ingeniería destinada a liquidarla.

Entonces llegó Ginebra, 35 años atrás, y este documento: el Código de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Una serie de normas en las que deben encuadrarse los alimentos que puedan impedir u obstaculizar el amamantamiento:

Se prohíbe publicitar por ningún medio fórmulas infantiles, leches de continuación, harinas o cereales o productos lácteos para bebés; también mamaderas y chupetes.

No se pueden entregar muestras gratis, ni obsequiar equipamiento de consultorio: el intercambio con los profesionales debe ser científico.

Por supuesto en el documento no se prohíbe la leche de fórmula en sí: se establece que, de ser imposible la leche humana, la única alternativa es un producto similar a un medicamento para enfrentar situaciones puntuales. La OMS establece alcanzan a no más del 5 % de la población.

Con el Código se reconocían tres cosas:

La perfección de la lactancia materna.

La inferioridad de los sucedáneos.

La vulnerabilidad de las personas al combo feroz de la publicidad directa y subliminal, los expertos y el dinero.

Y se daba vía libre a una expresión de época, que crecería proporcional a la astucia de la industria: el activismo contra el negoción que lo acecha. Porque aunque la OMS había pedido a los gobiernos que incorporaran leyes que penaran las violaciones al Código, pocos países lo hicieron.

La mayoría, como Argentina, quedó a medio camino: adherimos, pero no cumplirlo no implica ninguna penalidad. Lo que por supuesto fue corriendo la frontera: de una góndola dedicada a sucedáneos, a consultorios decorados por laboratorios. Y de ahí a esto que pasa ahora: gobiernos fervorosos por asociarse a empresas, impulsar sus modelos, recaudar fondos y mejorar su imagen, poniendo en riesgo los logros alcanzados hasta ahora y la salud de los bebés, principalmente de los pobres.

Estrategias de venta

En los 64 Centros de Primera Infancia hay 9.000 niños y niñas pobres desde los 45 días a los cuatro años. Llegan desde barrios marginalizados de la Capital Federal y pasan ahí, al cuidado de docentes y estimuladores, un promedio de ocho horas.

El programa depende del ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad y fue inaugurado en 2009, con el objetivo de cubrir bajo el paraguas del Estado a un dispar grupo de comedores, merenderos, jardines de infantes que dependían de distintas oenegés. Actualmente también se propone como lugar donde padres y madres pueden recibir información sobre nutrición (los talleres predilectos, según un informe de Cippec de 2009), crianza, sexualidad. Pero en los últimos meses, los CPIs se han vuelto, además, el territorio donde se desató un conflicto que nace de la circulación de divisas y choque de intereses llamado Responsabilidad Social Empresaria.

Por esa ventanilla, abierta por el ministerio dirigido por Guadalupe Tagliaferri, ingresó el acuerdo más polémico que se hizo hasta ahora con una marca dedicada a la venta de productos para nutrición de los bebés: Nutricia Bagó. A partir de 2017 quedaría en sus manos la capacitación de los profesionales encargados de los Centros “en lo relativo al cuidado para el desarrollo y la nutrición correcta y saludable los primeros mil días de vida”: esto es, desde el embarazo, hasta los primeros dos años.

La noticia puso el mundo lactivista en llamas. Médicos, consultores de lactancia, miembros de distintas sociedades científicas y funcionarios expresaron lo mismo: “Esto es una violación al Código de Sucedáneos por parte del gobierno. Una empresa de fórmulas infantiles no puede dar recomendaciones sobre alimentación. Aunque no hablen de leche de fórmula y que repitan que la lactancia es irremplazable: la publicidad subliminal existe, y por eso el Código es específico en estas cuestiones”.

En total fueron consultadas siete fuentes de altos cargo que enseguida solicitaron el off the record.

¿Por qué?

Porque las sociedades científicas a las que pertenecen o los ministerios donde trabajan no se expidieron públicamente.

A más de un mes de haberse hecho pública la firma (no así el convenio, que permanece confidencial dentro de Desarrollo) las instituciones parecieran resguardar sus relaciones privadas y sus financiamientos, encerrando a sus miembros en un oscuro silencio de facto.

Un funcionario de Desarrollo de la Nación, parte de la cartera de Carolina Stanley, que ocupó el cargo de Tagliaferri hasta comienzos de este año, aseguró que el convenio circuló como posibilidad en la gestión anterior, pero previendo lo que se vendría no quisieron firmarlo.

¿Qué es exactamente lo que temían?

El momento en que este derrotero de reuniones e intercambios postales que está ocupando ahora los tiempos del Ministerio, estallase en escándalo.

Quien sí habló con MU fue la empresa Nutricia: “No recibimos ninguna carta ni consulta formal que dijera que nosotros habíamos violado el Código. Buscamos saber qué estaba sucediendo y, proactivamente, nos reunimos con Fagran (Federación Argentina de Graduados en Nutrición), AADYN (Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas), Fundalam (Fundación Lactancia y Maternidad) y SAP (Sociedad Argentina de Pediatría); porque estas son las instituciones con las que trabajamos desde hace años y querían saber de qué iba el convenio”.

¿Y de qué va?

“Es un convenio de colaboración mutua. Lo que hacemos es desarrollar talleres de capacitación sobre seguridad alimentaria, manejo de porciones, promoción de la lactancia materna y sueño seguro, a profesionales de los Centros de Primera Infancia. No va a haber presencia de marca, ni de productos. Y no lo vamos a impartir directamente sino a través de una fundación muy reconocida llamada Fundasamin”.

Fundasamin es una fundación dedicada a la divulgación, organización de congresos y dictado de talleres para profesionales de neonatología, obstetricia y enfermería, entre otros. Está conformada por médicos y enfermeros, y recibe apoyo y financiamiento de empresas productoras de leche de fórmula infantil, como Mead Johnson, Abbot y Nutricia Bagó. La alianza es tan fluida que una de sus miembros, la coordinadora de docentes Carmen Vecchiarelli, figura como parte del consejo consultivo de la Asociación de Empresas de Nutrición Infantil: la Cámara que nuclea a los productores de sucedáneos, y que hasta hace poco estaba presidida por Juan Tonelli, pareja de la vicepresidenta Gabriela Michetti.

Desde Fundasamin confirmaron haber realizado talleres junto con Nutricia en otras oportunidades, pero de este proyecto puntual dijeron: “Sólo tenemos una invitación a participar en capacitaciones sobre lesiones y sueño seguro, no alimentación”.

El Gobierno de la Ciudad prefirió no responder preguntas básicas del tipo, ¿es la empresa o la fundación la que va a hacer la capacitación?

Como sea, para los expertos en el Código, da igual.

Fernando Vallone, que fue durante varios años coordinador local de IBFAN (la Red Internacional de Grupos Pro Alimentación Infantil, organización internacional que compila y denuncia las violaciones al Código en el mundo) dice: “Si la capacitación es financiada por Nutricia directamente o a través de Fundasamin no cambia: es un paso para atrás enorme, que dilapida muchísimos esfuerzos que se hacen desde hace años para aunar un único mensaje sobre cuál es la alimentación adecuada de los bebés. Están poniendo al zorro a cuidar el gallinero”.

Acuerdos prohibidos

“Es triste que el gobierno crea que debe recurrir al sector privado para proveer asesoramiento, cuando en su sistema de salud pública existen asesores. Además es alarmante que le dé esta tarea a una empresa cuyo objetivo es la fabricación y comercialización de fórmulas infantiles”, escribió en su blog Enrique Abeyá Gilardón, médico, experto en lactancia y miembro de la comisión homónima del ministerio de Salud de la Nación, resumiendo una preocupación compartida por expertos en todo el mundo: con la lactancia materna en lenta recuperación, ¿serán los gobiernos los que vuelvan a desbarrancarla?

George Kent es profesor de la Universidad de Hawaii, experto en nutrición adecuada, políticas alimentarias y derechos humanos. Actualmente trabaja en un libro que reúne pruebas para sustentar una teoría: bajo el plan de favorecer la economía a toda costa los gobiernos se están volviendo socios de la industria y, como tales, promotores activos de la leche de fórmula infantil. “Una forma es permitiendo acuerdos que están prohibidos; otra, tal vez el paso siguiente, es la compra y entrega de fórmula desde el Estado. Ya sucede en Estados Unidos, y empezó a suceder en Chile”.

Chile: el país que más progresos hizo en la región para fomentar el amamantamiento inauguró el mes pasado un programa de entrega gratuita de Nutrilón para familias de bajos ingresos que lo soliciten. “Creo que, como tantas veces, este país está siendo el puntapié de un plan que quiere instalarse en la región”, dice la pediatra chilena Cecilia Castillo, magister en Nutrición. “Son acuerdos comerciales que vienen de Washington; si no, no se explica”.

En Argentina la entrega gratuita de fórmula infantil, sin prescripción médica, ni más diagnóstico que la pobreza, es lo que empezó a hacer el ministerio de Desarrollo de la provincia de Córdoba a través del programa Más leche Más Proteínas. El programa fue motivo de aplausos y de indignación. Por un lado, fue bien recibida la entrega de leche fortificada a cien mil niños en edad escolar y hasta los 11 años, a través de una libreta que obliga al seguimiento de su salud. Pero por el otro, no hubo quien pudiera explicar los beneficios de extender el plan a todos los recién nacidos en familias vulnerables, y hasta los 12 meses, que recibirán una o dos latas por mes de fórmula Nidina (Nestlé).

“¿Cómo los niños van a poder salir de la exclusión? Con educación. ¿Cómo van a receptar lo que se les enseña si no cuentan con la alimentación adecuada?”, planteó en la presentación el gobernador Juan Schiaretti pasando por alto que la leche de fórmula infantil es, según el consenso científico, lo contrario al alimento adecuado.

“Hay muchas cosas que atender”, dice Cecilia Karplus, miembro de la comisión de Lactancia del Ministerio de Salud de la Nación y de la Liga de La Leche. “Sostener o desalentar la lactancia materna en el primer mes es lo que va a determinar que continúe. En Argentina el 95% de las mujeres comienzan con el amamantamiento,  pero sólo el 30% lo continúa con exclusividad hasta los seis meses. En la mayoría de los casos porque no tuvieron el apoyo adecuado, o directamente tuvieron interferencias comerciales. Ingresar a lugares vulnerables con fórmula es interrumpir la única estrategia de supervivencia que tienen los bebés”.

¿África, 1970?

Algo así.

“Si la fórmula que les entregan no les alcanza, ¿con qué van a alimentar a esos bebés?”, plantea Karplus. “¿Con leche en sachet, que es indigesta hasta el año? ¿Con mate cocido? ¿Cómo garantizan que una familia indigente tenga acceso al agua segura para prepararla?”

El programa en el cual la provincia invirtió, para los primeros cuatro meses, 68.640.000 pesos, de los cuales 11.328.000 fueron a la compra de 96 mil latas de fórmula, no anunció ninguna inversión para asesoramiento en lactancia, algo similar a decir que no brinda una opción informada para que esa mujer pueda elegir lo que resulte más conveniente para ella y para su hijo.

Así el Estado ingresa con el regalo-problema del que esa familia pasará a depender durante años. “Pero si la provincia invirtiera esos mismos recursos en consultoras que hicieran visitas de apoyo intensivas -dos veces por semana- en esas mismas casas, se ahorrarían cien mil dólares”, dice Karplus.

Son pocos los están pensando en programas de ese tipo y menos aún los que se animan a proponerlo desde instituciones libres de conflictos de interés.

Con programas de marketing o planes sociales, que nadie parece haber pensado profundamente, la industria avanza.

Y con ella, esta idea alimentaria que sólo un porcentaje de la población puede costear con sus recursos. “Los gobiernos empujan la fórmula haciendo acuerdos millonarios con la industria. Es un negocio. Y se apoyan sobre un dilema ético muy serio: muchas mujeres no amamantan y no tienen dinero”, plantea Kent. “Pero el Estado tiene la obligación de no agudizar el problema sino de ir un paso más allá. Hay que saber si las mujeres están optando por la leche de fórmula porque la entienden como algo más valioso o porque no tienen la suficiente información sobre cómo amamantar. También hay que poner en debate si están dando condiciones como leyes laborales y de apoyo económico. Hay que poner ahí el esfuerzo. De lo contrario, lo que está habiendo es una violación a un derecho humano que pocos tienen en cuenta: el de esa díada que conforman madre e hijo a no tener interferencias”.