Transferencia de tareas al sector privado. Contrataciones de familiares con altos sueldos. Menos derechos. Presión del FMI. Y el fantasma de la reforma laboral. Números, casos y miradas para entender los recortes públicos y enfrentar lo que viene. Por Florencia Paz Landeira.

Junio volvió a ser el mes del ajuste público. Los 357 despedidos de la agencia de noticias estatal Télam (40% del personal) engrosaron la lista de despidos en los medios estatales: 204 en la TV Pública, 233 en Radio Nacional, y 180 en la Televisión Digital Abierta (TDA) en lo que va del gobierno de Cambiemos. Por su parte, en los canales PAKA PAKA, DeporTV, y Encuentro hubo 34 cesanteados, y en el Canal de la Ciudad, 19.

El desguace de los medios de comunicación estatales se inscribe en un contexto mayor: el desguace del Estado.

Apenas asumió Cambiemos en 2016 se creó el Consejo de Supervisión Estratégica de las Empresas Públicas, integrado por los ministros accionistas de las 31 empresas del Estado, dos miembros independientes (desde abril de 2017, Luis Mario Castro y Jorge Becerra) y los vicejefes de Gabinete, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana. El documento Carta de Jefatura de Gabinete: empresas públicas para el crecimiento con fecha de abril de 2017 diagnosticaba la situación de estas empresas como deficitaria, corrupta y de “escaso profesionalismo”. El plan para “regularizar y modernizar” se basó en echar trabajadores.

De acuerdo a un informe del centro de Economía Política Argentina, desde la asunción de Cambiemos se produjeron 4.500 despidos en empresas estatales, repartidos entre Télam, Radio Nacional, Televisión Digital Argentina, Ferrobaires, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, Fabricaciones Militares, la Fábrica Argentina de Aviones, la Casa de la Moneda y Lotería Nacional. Según un informe que ATE Nacional remitió a MU, solamente en referencia a organismos y empresas del Estado nacional, los despidos ascienden a 20 mil casos. Si consideramos dependencias provinciales y municipales, desde ATE estiman que el número de despidos trepa a 50 mil.

De olas y deudas

Durante la gestión de Cambiemos en el Estado nacional los despidos se pueden medir en “olas”. Una primera – y brutal – ocurrió inmediatamente después de su asunción, entre enero y febrero de 2016. La segunda, que comenzó entre fines de 2017 y principios de 2018, todavía nos salpica. El cambio de año vino con la noticia de que la dirección del hospital Posadas decidió dejar cesantes a unos 122 trabajadores, entre personal de enfermería y profesionales de la salud, a los que se sumarían nuevas tandas a lo largo de este primer semestre hasta alcanzar los 155 despidos (MU 121: Generación Verde). Luego vinieron más de 250 despidos en INTI.

Y la ola sigue. El martes 10 de julio se publicó un decreto relacionado a las medidas que se tomarán para el “control de gastos” para atender a las exigencias del Fondo Monetario Internacional.  De acuerdo al decreto, todos los contratos celebrados con universidades, ya sean públicas o privadas, nacionales o provinciales, “quedarán sin efecto a partir del 1° de enero de 2019”. Esto afecta a más de 7 mil trabajadores estatales contratados bajo esta modalidad. A su vez, congela las contrataciones y designaciones “de cualquier naturaleza o fuente de financiamiento presupuestarias o no presupuestarias hasta el 31 de diciembre de 2019”. El decreto ya había sido anticipado por  Dujovne e Ibarra cuando presentaron el “plan de austeridad” en el marco del acuerdo con el FMI.

¿El Estado se achica? Con miles de trabajadores y trabajadoras estatales en la calle la cuenta parece evidente. Por el lado de los pretextos, se habla en todos los casos de un recorte del gasto público. Si al inicio del mandato se halaba de “ñoquis” y de la “grasa militante” como justificaciones, discursos como el Hernán Lombardi sobre los despedidos de Télam habían dejado de ser comunes. Acuerdo con el FMI mediante, el discurso cambió y los funcionarios repiten que para llegar al déficit “cero” hay que achicar lo que se “gasta”. Ideología por economía.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Hugo “Cachorro” Godoy, dice que la excusa del déficit es una mentira: “Se argumenta que hay que reducir el déficit fiscal, pero lo que baja es la incidencia presupuestaria de los salarios, aportes previsionales, las inversiones en salud y educación y áreas críticas del Estado. Pero, por otro lado, aumenta día a día la incidencia del pago de intereses de la deuda externa, de la deuda pública. Al mismo tiempo, por las características de este modelo de ajuste, aumenta la especulación financiera y se reduce la actividad productiva. Sumado a la fuerte caída del salario, por paritarias de entre 15 y 20 puntos abajo que la inflación proyectada, hay menos consumo y por lo tanto el Estado cobra menos impuestos. Esto se agrega a la reducción de impuestos que decidió este Estado, como a las retenciones a las agroexportaciones y a las exportaciones mineras”.

Godoy también señala que otra constante es, más que una cuestión de reducción del gasto público, la redefinición de cuáles son los problemas públicos y a quién le compete dar respuesta. A la par de los despidos, se advierte la reemergencia y creciente prominencia de los sectores privados, no gubernamentales y hasta de voluntarios.

Menos Estado, más empresas

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) es un ente autártico con más de 60 años que funciona en la órbita del Ministerio de Producción. Tiene entre sus funciones acompañar e impulsar el crecimiento de pymes e industrias, generar y transferir tecnología a la industria, certificar y homologar productos, entre otras. Dentro del INTI también funciona el Instituto Nacional de Mediciones. A fines de enero de este año, 254 trabajadores – de una planta de alrededor de 3 mil – fueron “desvinculados por ausentismos reiterados, incumplimiento de horarios laborales y desempeños y para ordenar a la institución, en concordancia con el resto de los organismos del Estado”, según el comunicado de las autoridades del instituto, presidido por Javier Ibáñez. Sin embargo, aseguraron que todos serían indemnizados. Una práctica contradictoria: indemnizar cuando se trata de despidos supuestamente justificados.

Por su parte, trabajadores y trabajadoras de INTI agremiados en ATE denuncian la verdadera maniobra. En noviembre del año pasado, el Poder Ejecutivo firmó el decreto 960/2017 de Simplificación del Sistema Métrico Legal Argentino, mediante el cual estableció que la Secretaría de Comercio habilite a otros laboratorios públicos (de universidades, por ejemplo) o privados para realizar estudios que le correspondían al INTI. Días después de que se produjeran los despidos, Tiempo Argentino dio a conocer que las políticas del INTI estaban siendo supervisadas y asesoradas por una empresa vasca, Tecnalia, que realizó visitas periódicas al país desde el 2016. De acuerdo al documento interno que circuló de la empresa, Tecnalia estuvo investigando la estructura interna del INTI y elaboró un “masterplan” que incluía la eliminación de los 54 centros de investigación para crear tres grandes áreas de investigación en función de movilidad, energía y alimentación. Pero  el “masterplan” no fue ad honorem: le costó al gobierno 295 mil euros. Ante el conflicto desatado por los despidos masivos, Tecnalia decidió retirarse del país y aseguró que no fueron ellos quienes propusieron la reducción del personal del organismo.

Hay más. A la par del despido de 254 trabajadores y trabajadoras, el INTI contrató cerca de 70 asesores en la presidencia del organismo. Otra constante en la política de Cambiemos: despedir muchos trabajadores con sueldos básicos y contratar algunos gerentes con sueldos altos; los famosos “ñoquis por ravioles”. Durante febrero, con el INTI en pleno conflicto, circuló el listado de los nuevos contratos con sueldos que oscilan entre los 20 y los 70 mil pesos. En el listado de los nuevos asesores estaba Diego Pérez Santisteban, histórico presidente de la Cámara de Importadores, quien dejó su cargo inmediatamente después de que Macri ganara las elecciones. Sanisteban también es el padre del actual Jefe de Gabinete del Ministerio de Producción, Ignacio Pérez Riba. En el listado también aparece Jacqueline Ramírez, cuñada del presidente del INTI, Ibáñez.

Otro ejemplo claro es el del órgano nacional a cargo diseñar la agenda de políticas para la infancia y la juventud: la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, conducido por Carolina Stanley. En el contexto actual de creciente infatilización de la pobreza – casi el 50% de los niños y las niñas son pobres según la UCA – la SENNAF subejecuta su presupuesto.

En 2016, la SENNAF ejecutó apenas el 71% de su presupuesto, sobre $2.129 millones que tuvo a disposición. Esta práctica es más notoria cuando se analiza el llamado Programa 47 de Promoción y Asistencia a los Centros de Desarrollo Infantil Comunitario. En la variación del presupuesto original y vigente en el año 2016, para el Programa 47 se observa un importante aumento del presupuesto vigente que coincide con el anuncio del Plan Nacional de Primera Infancia. Sin embargo, hubo una sub-ejecución o inutilización de los recursos disponibles del 58,89%. En 2017 hubo una asignación legal suficiente, acorde al aumento de 2016, pero hubo una gran disminución del presupuesto vigente, similar a la sub-ejecución que había habido el año anterior: 822 mil millones, que implicaron una reducción del 56,82% en relación con el presupuesto sancionado por el Congreso. El proyecto 2018, si se analizan los montos ajustados por inflación, implica una reducción del 6% el presupuesto total de la SENNAF, y la disminución es mucho más importante en el Programa 47, que baja un 31%.

Sin embargo, la reducción del “gasto” no se verifica en todas las áreas del Ministerio. Hacia fines de abril de 2016, Stanley suscribió un convenio con la Fundación CONIN, presidida por el pediatra del Opus Dei Abel Albino. A través de ese convenio, la ONG recibió un monto de 100 millones de pesos (alrededor de 7 millones de dólares al cambio de ese momento) para la apertura de 30 nuevos centros de atención a la primera infancia y el fortalecimiento de otros ya existentes. La metodología de trabajo, como así también la capacitación de los profesionales actuantes, queda a cargo exclusivo de la ONG, sin intervención del Estado. Es decir que sobre aquello que el organismo rector en la materia desinvierte, el propio Estado le paga a terceros para que se ocupe.

¿Será justicia?

Volvamos a Télam. Días después de los despidos y a la par de las masivas movilizaciones de protesta, llegó el primer revés judicial para Hernán Lombardi: el Juzgado de Trabajo 49 ordenó la reinstalación interina de un trabajador despedido con graves problemas de salud, con pago de haberes y manteniendo aportes y contribuciones a la obra social. Como antecedente laboral, en marzo, el juez subrogante Javier Leal de Ibarra había dictado una medida cautelar y ordenó al interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, Omar Zeidán, que en una semana reincorpore a uno de los despedidos. Fue el primero de los siete amparos por YCRT presentados en el fuero federal. Por otra parte, a través de dos medidas cautelares de los jueces Fernando Vilarullo y Viridiana Díaz Aloy, dos delegados de INTI también lograron la reincorporación.

Sin embargo, no son tiempos auspiciosos para los derechos laborales en Tribunales. En 2017 un fallo de la Corte Suprema contra un reclamo de empleados despedidos de la Autoridad federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) estableció que los juicios por despidos en el Estado no pueden tramitarse en el fuero laboral, sino que deben ser resueltos en el fuero contencioso administrativo, que no cuenta con reglas procesales que protejan a los trabajadores. Los jueces de cámara del fuero laboral que estaban de turno durante la feria judicial ordenaron la reincorporación por considerar que sus despidos fueron arbitrarios y discriminatorios. Cuando volvieron los jueces titulares de la causa, de la sala VI, después de las vacaciones, anularon el fallo de sus colegas “porque no había intervenido el fiscal” pero afirmaron que el fuero laboral era competente. El Estado llevó esa discusión ante los jueces supremos, y la Corte falló en contra de los trabajadores. Un mes antes, el 12 de junio, durante la jura del canciller Jorge Faurie en la Casa Rosada, Macri se refirió a los juicios laborales como una “mafia” a la que hay que enfrentar porque “destruye la generación de empleo futuro”.

La reforma del trabajo

El 2018 no es el 2017 y el empleo estatal no es el único vapuleado. Según el sexto Monitor de Clima Social del Centro de Estudios Metropolitanos, en el AMBA un 52% de la población cree probable perder su trabajo en el corto plazo. Por otro lado, de acuerdo al Boletín Estadístico sobre la Situación Social del Instituto Pensamiento y Políticas Públicas con fecha en junio de este año, durante el primer año de Cambiemos se verificó simultáneamente una proporción menor de población ocupada y un cambio de composición del empleo a favor de los cuentapropistas y asalariados no registrados. En 2017, la situación se agravó por la destrucción neta de 22 mil puestos asalariados registrados. Durante el bienio 2016-2017, del total de nuevas ocupaciones generadas, el 57,6% fueron inserciones de autoempleo – mayormente de subsistencia – y el 31,2% fueron asalariados contratados informalmente en el marco de una caída de puestos de trabajo formales. En síntesis, 9 de cada 10 empleos nuevos generados en los últimos dos años son precarios.

Mientras la mayoría de las pantallas se fijaban en el Mundial de fútbol, la reforma laboral volvió a la escena parlamentaria. Luego de que la iniciativa se trabara en el Senado a fines de año pasado, por resistencias de la CGT y de los bloques de la oposición, la gestión Cambiemos puso en marcha una nueva estrategia. La reforma laboral volvió a entrar al Senado dividida en tres proyectos, con las firmas de Federico Pinedo, Esteban Bullrich, Humberto Schiavoni y Silvia Beatriz Elías de Pérez. El primero y menos resistido es que refiere a la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud. Deberá evaluar los medicamentos, productos médicos e instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos y quirúrgicos destinados a prevenir, tratar o rehabilitar la salud. Luego determinará la oportunidad y modo de incorporación al conjunto de prestaciones cubiertas por el sector público y el Programa Médico Obligatorio (PMO). Se busca reducir los recursos de amparos contra obras sociales y prepagas por coberturas. Más controvertido es el proyecto de regularización del empleo no registrado que prevé beneficios para empleadores que “blanqueen” a sus trabajadores pero que modifica el cómputo de las indemnizaciones por despidos sin causa, excluyendo aguinaldo, bonos, premios y otros beneficios de la cuenta. De esta forma, se reducen las cargas que las empresas deben enfrentar al despedir trabajadores. El tercer proyecto propone legislar las prácticas profesionales o “pasantías”. Se crearía un “Sistema de Prácticas Formativas” para estudiantes universitarios y graduados recientes. Tendrían un máximo de 12 meses y una carga semanal máxima de 30 horas, con una asignación estímulo determinada por ley.

Menos costos y menos derechos.

Menos Estado.