CABA
Despedidos: Qué hay detrás del ajuste
Transferencia de tareas al sector privado. Contrataciones de familiares con altos sueldos. Menos derechos. Presión del FMI. Y el fantasma de la reforma laboral. Números, casos y miradas para entender los recortes públicos y enfrentar lo que viene. Por Florencia Paz Landeira.
Junio volvió a ser el mes del ajuste público. Los 357 despedidos de la agencia de noticias estatal Télam (40% del personal) engrosaron la lista de despidos en los medios estatales: 204 en la TV Pública, 233 en Radio Nacional, y 180 en la Televisión Digital Abierta (TDA) en lo que va del gobierno de Cambiemos. Por su parte, en los canales PAKA PAKA, DeporTV, y Encuentro hubo 34 cesanteados, y en el Canal de la Ciudad, 19.
El desguace de los medios de comunicación estatales se inscribe en un contexto mayor: el desguace del Estado.
Apenas asumió Cambiemos en 2016 se creó el Consejo de Supervisión Estratégica de las Empresas Públicas, integrado por los ministros accionistas de las 31 empresas del Estado, dos miembros independientes (desde abril de 2017, Luis Mario Castro y Jorge Becerra) y los vicejefes de Gabinete, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana. El documento Carta de Jefatura de Gabinete: empresas públicas para el crecimiento con fecha de abril de 2017 diagnosticaba la situación de estas empresas como deficitaria, corrupta y de “escaso profesionalismo”. El plan para “regularizar y modernizar” se basó en echar trabajadores.
De acuerdo a un informe del centro de Economía Política Argentina, desde la asunción de Cambiemos se produjeron 4.500 despidos en empresas estatales, repartidos entre Télam, Radio Nacional, Televisión Digital Argentina, Ferrobaires, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, Fabricaciones Militares, la Fábrica Argentina de Aviones, la Casa de la Moneda y Lotería Nacional. Según un informe que ATE Nacional remitió a MU, solamente en referencia a organismos y empresas del Estado nacional, los despidos ascienden a 20 mil casos. Si consideramos dependencias provinciales y municipales, desde ATE estiman que el número de despidos trepa a 50 mil.
De olas y deudas
Durante la gestión de Cambiemos en el Estado nacional los despidos se pueden medir en “olas”. Una primera – y brutal – ocurrió inmediatamente después de su asunción, entre enero y febrero de 2016. La segunda, que comenzó entre fines de 2017 y principios de 2018, todavía nos salpica. El cambio de año vino con la noticia de que la dirección del hospital Posadas decidió dejar cesantes a unos 122 trabajadores, entre personal de enfermería y profesionales de la salud, a los que se sumarían nuevas tandas a lo largo de este primer semestre hasta alcanzar los 155 despidos (MU 121: Generación Verde). Luego vinieron más de 250 despidos en INTI.
Y la ola sigue. El martes 10 de julio se publicó un decreto relacionado a las medidas que se tomarán para el “control de gastos” para atender a las exigencias del Fondo Monetario Internacional. De acuerdo al decreto, todos los contratos celebrados con universidades, ya sean públicas o privadas, nacionales o provinciales, “quedarán sin efecto a partir del 1° de enero de 2019”. Esto afecta a más de 7 mil trabajadores estatales contratados bajo esta modalidad. A su vez, congela las contrataciones y designaciones “de cualquier naturaleza o fuente de financiamiento presupuestarias o no presupuestarias hasta el 31 de diciembre de 2019”. El decreto ya había sido anticipado por Dujovne e Ibarra cuando presentaron el “plan de austeridad” en el marco del acuerdo con el FMI.
¿El Estado se achica? Con miles de trabajadores y trabajadoras estatales en la calle la cuenta parece evidente. Por el lado de los pretextos, se habla en todos los casos de un recorte del gasto público. Si al inicio del mandato se halaba de “ñoquis” y de la “grasa militante” como justificaciones, discursos como el Hernán Lombardi sobre los despedidos de Télam habían dejado de ser comunes. Acuerdo con el FMI mediante, el discurso cambió y los funcionarios repiten que para llegar al déficit “cero” hay que achicar lo que se “gasta”. Ideología por economía.
El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Hugo “Cachorro” Godoy, dice que la excusa del déficit es una mentira: “Se argumenta que hay que reducir el déficit fiscal, pero lo que baja es la incidencia presupuestaria de los salarios, aportes previsionales, las inversiones en salud y educación y áreas críticas del Estado. Pero, por otro lado, aumenta día a día la incidencia del pago de intereses de la deuda externa, de la deuda pública. Al mismo tiempo, por las características de este modelo de ajuste, aumenta la especulación financiera y se reduce la actividad productiva. Sumado a la fuerte caída del salario, por paritarias de entre 15 y 20 puntos abajo que la inflación proyectada, hay menos consumo y por lo tanto el Estado cobra menos impuestos. Esto se agrega a la reducción de impuestos que decidió este Estado, como a las retenciones a las agroexportaciones y a las exportaciones mineras”.
Godoy también señala que otra constante es, más que una cuestión de reducción del gasto público, la redefinición de cuáles son los problemas públicos y a quién le compete dar respuesta. A la par de los despidos, se advierte la reemergencia y creciente prominencia de los sectores privados, no gubernamentales y hasta de voluntarios.
Menos Estado, más empresas
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) es un ente autártico con más de 60 años que funciona en la órbita del Ministerio de Producción. Tiene entre sus funciones acompañar e impulsar el crecimiento de pymes e industrias, generar y transferir tecnología a la industria, certificar y homologar productos, entre otras. Dentro del INTI también funciona el Instituto Nacional de Mediciones. A fines de enero de este año, 254 trabajadores – de una planta de alrededor de 3 mil – fueron “desvinculados por ausentismos reiterados, incumplimiento de horarios laborales y desempeños y para ordenar a la institución, en concordancia con el resto de los organismos del Estado”, según el comunicado de las autoridades del instituto, presidido por Javier Ibáñez. Sin embargo, aseguraron que todos serían indemnizados. Una práctica contradictoria: indemnizar cuando se trata de despidos supuestamente justificados.
Por su parte, trabajadores y trabajadoras de INTI agremiados en ATE denuncian la verdadera maniobra. En noviembre del año pasado, el Poder Ejecutivo firmó el decreto 960/2017 de Simplificación del Sistema Métrico Legal Argentino, mediante el cual estableció que la Secretaría de Comercio habilite a otros laboratorios públicos (de universidades, por ejemplo) o privados para realizar estudios que le correspondían al INTI. Días después de que se produjeran los despidos, Tiempo Argentino dio a conocer que las políticas del INTI estaban siendo supervisadas y asesoradas por una empresa vasca, Tecnalia, que realizó visitas periódicas al país desde el 2016. De acuerdo al documento interno que circuló de la empresa, Tecnalia estuvo investigando la estructura interna del INTI y elaboró un “masterplan” que incluía la eliminación de los 54 centros de investigación para crear tres grandes áreas de investigación en función de movilidad, energía y alimentación. Pero el “masterplan” no fue ad honorem: le costó al gobierno 295 mil euros. Ante el conflicto desatado por los despidos masivos, Tecnalia decidió retirarse del país y aseguró que no fueron ellos quienes propusieron la reducción del personal del organismo.
Hay más. A la par del despido de 254 trabajadores y trabajadoras, el INTI contrató cerca de 70 asesores en la presidencia del organismo. Otra constante en la política de Cambiemos: despedir muchos trabajadores con sueldos básicos y contratar algunos gerentes con sueldos altos; los famosos “ñoquis por ravioles”. Durante febrero, con el INTI en pleno conflicto, circuló el listado de los nuevos contratos con sueldos que oscilan entre los 20 y los 70 mil pesos. En el listado de los nuevos asesores estaba Diego Pérez Santisteban, histórico presidente de la Cámara de Importadores, quien dejó su cargo inmediatamente después de que Macri ganara las elecciones. Sanisteban también es el padre del actual Jefe de Gabinete del Ministerio de Producción, Ignacio Pérez Riba. En el listado también aparece Jacqueline Ramírez, cuñada del presidente del INTI, Ibáñez.
Otro ejemplo claro es el del órgano nacional a cargo diseñar la agenda de políticas para la infancia y la juventud: la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, conducido por Carolina Stanley. En el contexto actual de creciente infatilización de la pobreza – casi el 50% de los niños y las niñas son pobres según la UCA – la SENNAF subejecuta su presupuesto.
En 2016, la SENNAF ejecutó apenas el 71% de su presupuesto, sobre $2.129 millones que tuvo a disposición. Esta práctica es más notoria cuando se analiza el llamado Programa 47 de Promoción y Asistencia a los Centros de Desarrollo Infantil Comunitario. En la variación del presupuesto original y vigente en el año 2016, para el Programa 47 se observa un importante aumento del presupuesto vigente que coincide con el anuncio del Plan Nacional de Primera Infancia. Sin embargo, hubo una sub-ejecución o inutilización de los recursos disponibles del 58,89%. En 2017 hubo una asignación legal suficiente, acorde al aumento de 2016, pero hubo una gran disminución del presupuesto vigente, similar a la sub-ejecución que había habido el año anterior: 822 mil millones, que implicaron una reducción del 56,82% en relación con el presupuesto sancionado por el Congreso. El proyecto 2018, si se analizan los montos ajustados por inflación, implica una reducción del 6% el presupuesto total de la SENNAF, y la disminución es mucho más importante en el Programa 47, que baja un 31%.
Sin embargo, la reducción del “gasto” no se verifica en todas las áreas del Ministerio. Hacia fines de abril de 2016, Stanley suscribió un convenio con la Fundación CONIN, presidida por el pediatra del Opus Dei Abel Albino. A través de ese convenio, la ONG recibió un monto de 100 millones de pesos (alrededor de 7 millones de dólares al cambio de ese momento) para la apertura de 30 nuevos centros de atención a la primera infancia y el fortalecimiento de otros ya existentes. La metodología de trabajo, como así también la capacitación de los profesionales actuantes, queda a cargo exclusivo de la ONG, sin intervención del Estado. Es decir que sobre aquello que el organismo rector en la materia desinvierte, el propio Estado le paga a terceros para que se ocupe.
¿Será justicia?
Volvamos a Télam. Días después de los despidos y a la par de las masivas movilizaciones de protesta, llegó el primer revés judicial para Hernán Lombardi: el Juzgado de Trabajo 49 ordenó la reinstalación interina de un trabajador despedido con graves problemas de salud, con pago de haberes y manteniendo aportes y contribuciones a la obra social. Como antecedente laboral, en marzo, el juez subrogante Javier Leal de Ibarra había dictado una medida cautelar y ordenó al interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, Omar Zeidán, que en una semana reincorpore a uno de los despedidos. Fue el primero de los siete amparos por YCRT presentados en el fuero federal. Por otra parte, a través de dos medidas cautelares de los jueces Fernando Vilarullo y Viridiana Díaz Aloy, dos delegados de INTI también lograron la reincorporación.
Sin embargo, no son tiempos auspiciosos para los derechos laborales en Tribunales. En 2017 un fallo de la Corte Suprema contra un reclamo de empleados despedidos de la Autoridad federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) estableció que los juicios por despidos en el Estado no pueden tramitarse en el fuero laboral, sino que deben ser resueltos en el fuero contencioso administrativo, que no cuenta con reglas procesales que protejan a los trabajadores. Los jueces de cámara del fuero laboral que estaban de turno durante la feria judicial ordenaron la reincorporación por considerar que sus despidos fueron arbitrarios y discriminatorios. Cuando volvieron los jueces titulares de la causa, de la sala VI, después de las vacaciones, anularon el fallo de sus colegas “porque no había intervenido el fiscal” pero afirmaron que el fuero laboral era competente. El Estado llevó esa discusión ante los jueces supremos, y la Corte falló en contra de los trabajadores. Un mes antes, el 12 de junio, durante la jura del canciller Jorge Faurie en la Casa Rosada, Macri se refirió a los juicios laborales como una “mafia” a la que hay que enfrentar porque “destruye la generación de empleo futuro”.
La reforma del trabajo
El 2018 no es el 2017 y el empleo estatal no es el único vapuleado. Según el sexto Monitor de Clima Social del Centro de Estudios Metropolitanos, en el AMBA un 52% de la población cree probable perder su trabajo en el corto plazo. Por otro lado, de acuerdo al Boletín Estadístico sobre la Situación Social del Instituto Pensamiento y Políticas Públicas con fecha en junio de este año, durante el primer año de Cambiemos se verificó simultáneamente una proporción menor de población ocupada y un cambio de composición del empleo a favor de los cuentapropistas y asalariados no registrados. En 2017, la situación se agravó por la destrucción neta de 22 mil puestos asalariados registrados. Durante el bienio 2016-2017, del total de nuevas ocupaciones generadas, el 57,6% fueron inserciones de autoempleo – mayormente de subsistencia – y el 31,2% fueron asalariados contratados informalmente en el marco de una caída de puestos de trabajo formales. En síntesis, 9 de cada 10 empleos nuevos generados en los últimos dos años son precarios.
Mientras la mayoría de las pantallas se fijaban en el Mundial de fútbol, la reforma laboral volvió a la escena parlamentaria. Luego de que la iniciativa se trabara en el Senado a fines de año pasado, por resistencias de la CGT y de los bloques de la oposición, la gestión Cambiemos puso en marcha una nueva estrategia. La reforma laboral volvió a entrar al Senado dividida en tres proyectos, con las firmas de Federico Pinedo, Esteban Bullrich, Humberto Schiavoni y Silvia Beatriz Elías de Pérez. El primero y menos resistido es que refiere a la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud. Deberá evaluar los medicamentos, productos médicos e instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos y quirúrgicos destinados a prevenir, tratar o rehabilitar la salud. Luego determinará la oportunidad y modo de incorporación al conjunto de prestaciones cubiertas por el sector público y el Programa Médico Obligatorio (PMO). Se busca reducir los recursos de amparos contra obras sociales y prepagas por coberturas. Más controvertido es el proyecto de regularización del empleo no registrado que prevé beneficios para empleadores que “blanqueen” a sus trabajadores pero que modifica el cómputo de las indemnizaciones por despidos sin causa, excluyendo aguinaldo, bonos, premios y otros beneficios de la cuenta. De esta forma, se reducen las cargas que las empresas deben enfrentar al despedir trabajadores. El tercer proyecto propone legislar las prácticas profesionales o “pasantías”. Se crearía un “Sistema de Prácticas Formativas” para estudiantes universitarios y graduados recientes. Tendrían un máximo de 12 meses y una carga semanal máxima de 30 horas, con una asignación estímulo determinada por ley.
Menos costos y menos derechos.
Menos Estado.
Portada
Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso
La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.
Fotos: Juan Valeiro.
Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.
“Pan y circo”, dice.
Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.
Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.



Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.
Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.
Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El poco pan
La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:
“Si no hay aumento,
consiganló,
del 3%
que Karina se robó”.
Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.
Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El mucho circo
Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.
Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.
“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.
Silencio.
“¿Me pueden decir sí o no?”.
Silencio.
Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.
Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”
“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.
La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.
Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:
- “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.
- “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.
- El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.
El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.
Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Artes
Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.
Por María del Carmen Varela.
«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).
En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.
El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.
Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.
“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.
Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

CABA
Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.
Por María del Carmen Varela
Fotos Lina Etchesuri para lavaca
Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.
Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.


Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.


Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.
Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.
Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.
El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.
Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.
Continuará.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.


Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
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