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Despedidos: Qué hay detrás del ajuste

Publicada

hace 7 años

16/07/2018

Transferencia de tareas al sector privado. Contrataciones de familiares con altos sueldos. Menos derechos. Presión del FMI. Y el fantasma de la reforma laboral. Números, casos y miradas para entender los recortes públicos y enfrentar lo que viene. Por Florencia Paz Landeira.

Despedidos: Qué hay detrás del ajuste

Junio volvió a ser el mes del ajuste público. Los 357 despedidos de la agencia de noticias estatal Télam (40% del personal) engrosaron la lista de despidos en los medios estatales: 204 en la TV Pública, 233 en Radio Nacional, y 180 en la Televisión Digital Abierta (TDA) en lo que va del gobierno de Cambiemos. Por su parte, en los canales PAKA PAKA, DeporTV, y Encuentro hubo 34 cesanteados, y en el Canal de la Ciudad, 19.

El desguace de los medios de comunicación estatales se inscribe en un contexto mayor: el desguace del Estado.

Apenas asumió Cambiemos en 2016 se creó el Consejo de Supervisión Estratégica de las Empresas Públicas, integrado por los ministros accionistas de las 31 empresas del Estado, dos miembros independientes (desde abril de 2017, Luis Mario Castro y Jorge Becerra) y los vicejefes de Gabinete, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana. El documento Carta de Jefatura de Gabinete: empresas públicas para el crecimiento con fecha de abril de 2017 diagnosticaba la situación de estas empresas como deficitaria, corrupta y de “escaso profesionalismo”. El plan para “regularizar y modernizar” se basó en echar trabajadores.

De acuerdo a un informe del centro de Economía Política Argentina, desde la asunción de Cambiemos se produjeron 4.500 despidos en empresas estatales, repartidos entre Télam, Radio Nacional, Televisión Digital Argentina, Ferrobaires, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, Fabricaciones Militares, la Fábrica Argentina de Aviones, la Casa de la Moneda y Lotería Nacional. Según un informe que ATE Nacional remitió a MU, solamente en referencia a organismos y empresas del Estado nacional, los despidos ascienden a 20 mil casos. Si consideramos dependencias provinciales y municipales, desde ATE estiman que el número de despidos trepa a 50 mil.

De olas y deudas

Durante la gestión de Cambiemos en el Estado nacional los despidos se pueden medir en “olas”. Una primera – y brutal – ocurrió inmediatamente después de su asunción, entre enero y febrero de 2016. La segunda, que comenzó entre fines de 2017 y principios de 2018, todavía nos salpica. El cambio de año vino con la noticia de que la dirección del hospital Posadas decidió dejar cesantes a unos 122 trabajadores, entre personal de enfermería y profesionales de la salud, a los que se sumarían nuevas tandas a lo largo de este primer semestre hasta alcanzar los 155 despidos (MU 121: Generación Verde). Luego vinieron más de 250 despidos en INTI.

Y la ola sigue. El martes 10 de julio se publicó un decreto relacionado a las medidas que se tomarán para el “control de gastos” para atender a las exigencias del Fondo Monetario Internacional. De acuerdo al decreto, todos los contratos celebrados con universidades, ya sean públicas o privadas, nacionales o provinciales, “quedarán sin efecto a partir del 1° de enero de 2019”. Esto afecta a más de 7 mil trabajadores estatales contratados bajo esta modalidad. A su vez, congela las contrataciones y designaciones “de cualquier naturaleza o fuente de financiamiento presupuestarias o no presupuestarias hasta el 31 de diciembre de 2019”. El decreto ya había sido anticipado por Dujovne e Ibarra cuando presentaron el “plan de austeridad” en el marco del acuerdo con el FMI.

¿El Estado se achica? Con miles de trabajadores y trabajadoras estatales en la calle la cuenta parece evidente. Por el lado de los pretextos, se habla en todos los casos de un recorte del gasto público. Si al inicio del mandato se halaba de “ñoquis” y de la “grasa militante” como justificaciones, discursos como el Hernán Lombardi sobre los despedidos de Télam habían dejado de ser comunes. Acuerdo con el FMI mediante, el discurso cambió y los funcionarios repiten que para llegar al déficit “cero” hay que achicar lo que se “gasta”. Ideología por economía.

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Hugo “Cachorro” Godoy, dice que la excusa del déficit es una mentira: “Se argumenta que hay que reducir el déficit fiscal, pero lo que baja es la incidencia presupuestaria de los salarios, aportes previsionales, las inversiones en salud y educación y áreas críticas del Estado. Pero, por otro lado, aumenta día a día la incidencia del pago de intereses de la deuda externa, de la deuda pública. Al mismo tiempo, por las características de este modelo de ajuste, aumenta la especulación financiera y se reduce la actividad productiva. Sumado a la fuerte caída del salario, por paritarias de entre 15 y 20 puntos abajo que la inflación proyectada, hay menos consumo y por lo tanto el Estado cobra menos impuestos. Esto se agrega a la reducción de impuestos que decidió este Estado, como a las retenciones a las agroexportaciones y a las exportaciones mineras”.

Godoy también señala que otra constante es, más que una cuestión de reducción del gasto público, la redefinición de cuáles son los problemas públicos y a quién le compete dar respuesta. A la par de los despidos, se advierte la reemergencia y creciente prominencia de los sectores privados, no gubernamentales y hasta de voluntarios.

Menos Estado, más empresas

El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) es un ente autártico con más de 60 años que funciona en la órbita del Ministerio de Producción. Tiene entre sus funciones acompañar e impulsar el crecimiento de pymes e industrias, generar y transferir tecnología a la industria, certificar y homologar productos, entre otras. Dentro del INTI también funciona el Instituto Nacional de Mediciones. A fines de enero de este año, 254 trabajadores – de una planta de alrededor de 3 mil – fueron “desvinculados por ausentismos reiterados, incumplimiento de horarios laborales y desempeños y para ordenar a la institución, en concordancia con el resto de los organismos del Estado”, según el comunicado de las autoridades del instituto, presidido por Javier Ibáñez. Sin embargo, aseguraron que todos serían indemnizados. Una práctica contradictoria: indemnizar cuando se trata de despidos supuestamente justificados.

Por su parte, trabajadores y trabajadoras de INTI agremiados en ATE denuncian la verdadera maniobra. En noviembre del año pasado, el Poder Ejecutivo firmó el decreto 960/2017 de Simplificación del Sistema Métrico Legal Argentino, mediante el cual estableció que la Secretaría de Comercio habilite a otros laboratorios públicos (de universidades, por ejemplo) o privados para realizar estudios que le correspondían al INTI. Días después de que se produjeran los despidos, Tiempo Argentino dio a conocer que las políticas del INTI estaban siendo supervisadas y asesoradas por una empresa vasca, Tecnalia, que realizó visitas periódicas al país desde el 2016. De acuerdo al documento interno que circuló de la empresa, Tecnalia estuvo investigando la estructura interna del INTI y elaboró un “masterplan” que incluía la eliminación de los 54 centros de investigación para crear tres grandes áreas de investigación en función de movilidad, energía y alimentación. Pero el “masterplan” no fue ad honorem: le costó al gobierno 295 mil euros. Ante el conflicto desatado por los despidos masivos, Tecnalia decidió retirarse del país y aseguró que no fueron ellos quienes propusieron la reducción del personal del organismo.

Hay más. A la par del despido de 254 trabajadores y trabajadoras, el INTI contrató cerca de 70 asesores en la presidencia del organismo. Otra constante en la política de Cambiemos: despedir muchos trabajadores con sueldos básicos y contratar algunos gerentes con sueldos altos; los famosos “ñoquis por ravioles”. Durante febrero, con el INTI en pleno conflicto, circuló el listado de los nuevos contratos con sueldos que oscilan entre los 20 y los 70 mil pesos. En el listado de los nuevos asesores estaba Diego Pérez Santisteban, histórico presidente de la Cámara de Importadores, quien dejó su cargo inmediatamente después de que Macri ganara las elecciones. Sanisteban también es el padre del actual Jefe de Gabinete del Ministerio de Producción, Ignacio Pérez Riba. En el listado también aparece Jacqueline Ramírez, cuñada del presidente del INTI, Ibáñez.

Otro ejemplo claro es el del órgano nacional a cargo diseñar la agenda de políticas para la infancia y la juventud: la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, conducido por Carolina Stanley. En el contexto actual de creciente infatilización de la pobreza – casi el 50% de los niños y las niñas son pobres según la UCA – la SENNAF subejecuta su presupuesto.

En 2016, la SENNAF ejecutó apenas el 71% de su presupuesto, sobre $2.129 millones que tuvo a disposición. Esta práctica es más notoria cuando se analiza el llamado Programa 47 de Promoción y Asistencia a los Centros de Desarrollo Infantil Comunitario. En la variación del presupuesto original y vigente en el año 2016, para el Programa 47 se observa un importante aumento del presupuesto vigente que coincide con el anuncio del Plan Nacional de Primera Infancia. Sin embargo, hubo una sub-ejecución o inutilización de los recursos disponibles del 58,89%. En 2017 hubo una asignación legal suficiente, acorde al aumento de 2016, pero hubo una gran disminución del presupuesto vigente, similar a la sub-ejecución que había habido el año anterior: 822 mil millones, que implicaron una reducción del 56,82% en relación con el presupuesto sancionado por el Congreso. El proyecto 2018, si se analizan los montos ajustados por inflación, implica una reducción del 6% el presupuesto total de la SENNAF, y la disminución es mucho más importante en el Programa 47, que baja un 31%.

Sin embargo, la reducción del “gasto” no se verifica en todas las áreas del Ministerio. Hacia fines de abril de 2016, Stanley suscribió un convenio con la Fundación CONIN, presidida por el pediatra del Opus Dei Abel Albino. A través de ese convenio, la ONG recibió un monto de 100 millones de pesos (alrededor de 7 millones de dólares al cambio de ese momento) para la apertura de 30 nuevos centros de atención a la primera infancia y el fortalecimiento de otros ya existentes. La metodología de trabajo, como así también la capacitación de los profesionales actuantes, queda a cargo exclusivo de la ONG, sin intervención del Estado. Es decir que sobre aquello que el organismo rector en la materia desinvierte, el propio Estado le paga a terceros para que se ocupe.

¿Será justicia?

Volvamos a Télam. Días después de los despidos y a la par de las masivas movilizaciones de protesta, llegó el primer revés judicial para Hernán Lombardi: el Juzgado de Trabajo 49 ordenó la reinstalación interina de un trabajador despedido con graves problemas de salud, con pago de haberes y manteniendo aportes y contribuciones a la obra social. Como antecedente laboral, en marzo, el juez subrogante Javier Leal de Ibarra había dictado una medida cautelar y ordenó al interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio, Omar Zeidán, que en una semana reincorpore a uno de los despedidos. Fue el primero de los siete amparos por YCRT presentados en el fuero federal. Por otra parte, a través de dos medidas cautelares de los jueces Fernando Vilarullo y Viridiana Díaz Aloy, dos delegados de INTI también lograron la reincorporación.

Sin embargo, no son tiempos auspiciosos para los derechos laborales en Tribunales. En 2017 un fallo de la Corte Suprema contra un reclamo de empleados despedidos de la Autoridad federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) estableció que los juicios por despidos en el Estado no pueden tramitarse en el fuero laboral, sino que deben ser resueltos en el fuero contencioso administrativo, que no cuenta con reglas procesales que protejan a los trabajadores. Los jueces de cámara del fuero laboral que estaban de turno durante la feria judicial ordenaron la reincorporación por considerar que sus despidos fueron arbitrarios y discriminatorios. Cuando volvieron los jueces titulares de la causa, de la sala VI, después de las vacaciones, anularon el fallo de sus colegas “porque no había intervenido el fiscal” pero afirmaron que el fuero laboral era competente. El Estado llevó esa discusión ante los jueces supremos, y la Corte falló en contra de los trabajadores. Un mes antes, el 12 de junio, durante la jura del canciller Jorge Faurie en la Casa Rosada, Macri se refirió a los juicios laborales como una “mafia” a la que hay que enfrentar porque “destruye la generación de empleo futuro”.

La reforma del trabajo

El 2018 no es el 2017 y el empleo estatal no es el único vapuleado. Según el sexto Monitor de Clima Social del Centro de Estudios Metropolitanos, en el AMBA un 52% de la población cree probable perder su trabajo en el corto plazo. Por otro lado, de acuerdo al Boletín Estadístico sobre la Situación Social del Instituto Pensamiento y Políticas Públicas con fecha en junio de este año, durante el primer año de Cambiemos se verificó simultáneamente una proporción menor de población ocupada y un cambio de composición del empleo a favor de los cuentapropistas y asalariados no registrados. En 2017, la situación se agravó por la destrucción neta de 22 mil puestos asalariados registrados. Durante el bienio 2016-2017, del total de nuevas ocupaciones generadas, el 57,6% fueron inserciones de autoempleo – mayormente de subsistencia – y el 31,2% fueron asalariados contratados informalmente en el marco de una caída de puestos de trabajo formales. En síntesis, 9 de cada 10 empleos nuevos generados en los últimos dos años son precarios.

Mientras la mayoría de las pantallas se fijaban en el Mundial de fútbol, la reforma laboral volvió a la escena parlamentaria. Luego de que la iniciativa se trabara en el Senado a fines de año pasado, por resistencias de la CGT y de los bloques de la oposición, la gestión Cambiemos puso en marcha una nueva estrategia. La reforma laboral volvió a entrar al Senado dividida en tres proyectos, con las firmas de Federico Pinedo, Esteban Bullrich, Humberto Schiavoni y Silvia Beatriz Elías de Pérez. El primero y menos resistido es que refiere a la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud. Deberá evaluar los medicamentos, productos médicos e instrumentos, técnicas y procedimientos clínicos y quirúrgicos destinados a prevenir, tratar o rehabilitar la salud. Luego determinará la oportunidad y modo de incorporación al conjunto de prestaciones cubiertas por el sector público y el Programa Médico Obligatorio (PMO). Se busca reducir los recursos de amparos contra obras sociales y prepagas por coberturas. Más controvertido es el proyecto de regularización del empleo no registrado que prevé beneficios para empleadores que “blanqueen” a sus trabajadores pero que modifica el cómputo de las indemnizaciones por despidos sin causa, excluyendo aguinaldo, bonos, premios y otros beneficios de la cuenta. De esta forma, se reducen las cargas que las empresas deben enfrentar al despedir trabajadores. El tercer proyecto propone legislar las prácticas profesionales o “pasantías”. Se crearía un “Sistema de Prácticas Formativas” para estudiantes universitarios y graduados recientes. Tendrían un máximo de 12 meses y una carga semanal máxima de 30 horas, con una asignación estímulo determinada por ley.

Menos costos y menos derechos.

Menos Estado.

Temas:

El modelo: Rosario, la ciudad del aborto legal

Tierra viva: MU en campos agroecológicos de Lincoln

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Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

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hace 1 semana

07/08/2025

A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.

Por María del Carmen Varela

Fotos Lina Etchesuri para lavaca

Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.

Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.

Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.

Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.

El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.

Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.

Continuará.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

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La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible

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hace 1 semana

06/08/2025

Una obra única que recorre el barrio de Paternal a través de postas de memoria, de lucha y en actual riesgo: del Albergue Warnes que soñó Eva Perón, quedó inconcluso y luego se utilizó como centro clandestino de detención; al Siluetazo de los 80´, los restoranes notables, los murales de Maradona y el orfanato Garrigós, del cual las protagonistas son parte. Vanesa Weinberg y Laura Nevole nos llevan de la mano por un mapa que nos hace ver el territorio cotidiano en perspectiva y con arte. Una obra que integra la programación de Paraíso Club.

María del Carmen Varela

Las vías del tren San Martín, la avenida Warnes y las bodegas, el Instituto Garrigós y el cementerio de La Chacarita delimitan una pequeña geografía urbana conocida como La Isla de la Paternal. En este lugar de casas bajas, fábricas activas, otras cerradas o devenidas en sitios culturales sucede un hecho teatral que integra a Casa Gómez —espacio dedicado al arte—con las calles del barrio en una pintoresca caminata: Atlas de un mundo imaginado, obra integrante de la programación de Paraíso Club, que ofrece un estreno cada mes.

Sus protagonistas son Ana y Emilia (Vanesa Weinberg y Laura Nevole) y sus versiones con menos edad son interpretadas por Camila Blander y Valentina Werenkraut. Las hermanas crecieron en este rincón de la ciudad; Ana permaneció allí y Emilia salió al mundo con entusiasmo por conocer otras islas más lejanas. Cuenta el programa de mano que ambas “siempre se sintieron atraídas por esos puntos desperdigados por los mapas, que no se sabe si son manchas o islas”.

La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible

La historia

A fines de los ´90, Emilia partió de esta isla sin agua alrededor para conocer otras islas: algunas paradisíacas y calurosas, otras frías y remotas. En su intercambio epistolar, iremos conociendo las aventuras de Emilia en tierras no tan firmes…

Ana responde con las anécdotas de su cotidiano y el relato involucra mucho más que la narrativa puramente barrial. Se entrecruzan la propia historia, la del barrio, la del país. En la esquina de Baunes y Paz Soldán se encuentra su “barco”, anclado en plena isla, la casa familiar donde se criaron, en la que cada hermana tomó su decisión. Una, la de quedarse, otra la de marcharse: “Quien vive en una isla desea irse y también tiene miedo de salir”.

A dos cuadras de la casa, vemos el predio donde estaba el Albergue Warnes, un edificio de diez pisos que nunca terminó de construirse, para el que Eva Perón había soñado un destino de hospítal de niñxs y cuya enorme estructura inconclusa fue hogar de cientos de familias durante décadas, hasta su demolición en marzo de 1991. Quien escribe, creció en La Isla de La Paternal y vio caer la mole de cemento durante la implosión para la que se utilizó media tonelada de explosivos. Una enorme nube de polvo hizo que el aire se volviera irrespirable por un tiempo considerable para las miles de personas que contemplábamos el monumental estallido.

Emilia recuerda que el Warnes había sido utilizado como lugar de detención y tortura y menciona el Siluetazo, la acción artística iniciada en septiembre de 1983, poco tiempo antes de que finalizara la dictadura y Raúl Alfonsín asumiera la presidencia, que consistía en pintar siluetas de tamaño natural para visibilizar los cuerpos ausentes. El Albergue Warnes formó parte de esa intervención artística exhibida en su fachada. La caminata se detiene en la placita que parece una mini-isla de tamaño irregular, sobre la avenida Warnes frente a las bodegas. La placita a la que mi madre me llevaba casi a diario durante mi infancia, sin sospechar del horror que sucedía a pocos metros.

El siguiente lugar donde recala el grupo de caminantes en una tarde de sábado soleado es el Instituto Crescencia Boado de Garrigós, en Paz Soldán al 5200, que alojaba a niñas huérfanas o con situaciones familiares problemáticas. Las hermanas Ana y Emilia recuerdan a una interna de la que se habían hecho amigas a través de las rejas. “El Garrigós”, como se lo llama en el barrio, fue mucho más que un asilo para niñas. Para muchas, fue su refugio, su hogar. En una nota periodística del portal ANRed —impresa y exhibida en Casa Gómez en el marco de esta obra— las hermanas Sosa, Mónica y Aída, cuentan el rol que el “Garri” tuvo en sus vidas. Vivían con su madre y hermanos en situación de calle hasta que alguien les pasó la información del Consejo de Minoridad y de allí fueron trasladas hasta La Paternal. Aída: “Pasar de la calle a un lugar limpio, abrigado, con comida todos los días era impensable. Por un lado, el dolor de haber sido separadas de nuestra madre, pero al mismo tiempo la felicidad de estar en un lugar donde nos sentimos protegidas desde el primer momento”. Mónica afirma: “Somos hijas del Estado” .

De ser un instituto de minoridad, el Garrigós pasó a ser un espacio de promoción de derechos para las infancias dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Argentina (SENAF), pero en marzo de este año comenzó su desmantelamiento. Hubo trabajadorxs despedidxs y se sospecha que, dado el resurgimiento inmobiliario del barrio, el predio podría ser vendido al mejor postor.

El grupo continúa la caminata por un espacio libre de edificios. Pasa por la Asociación Vecinal Círculo La Paternal, donde Ana toma clases de salsa.

En la esquina de Bielsa (ex Morlote) y Paz Soldán está la farmacia donde trabajaba Ana. Las persianas bajas y los estantes despojados dan cuenta de que ahí ya no se venden remedios ni se toma la presión. Ana cuenta que post 2001 el local dejó de abrir, ya que la crisis económica provocó que varios locales de la zona se vieran obligados a cerrar sus puertas.

La Paternal, en especial La Isla, se convirtió en refugio de artistas, con una movida cultural y gastronómica creciente. Dejó de ser una zona barrial gris, barata y mal iluminada y desde hace unos años cotiza en alza en el mercado de compra-venta de inmuebles. Hay más color en el barrio, las paredes lucen murales con el rostro de Diego, siempre vistiendo la camiseta roja del Club Argentinos Juniors . Hay locales que mutaron, una pequeña fábrica ahora es cervecería, la carnicería se transformó en el restaurante de pastas Tita la Vedette, y la que era la casa que alquilaba la familia de mi compañera de escuela primaria Nancy allá por los ´80, ahora es la renovada y coqueta Casa Gómez, desde donde parte la caminata y a donde volveremos después de escuchar los relatos de Ana y Emilia.

Allí veremos cuatro edificios dibujados en tinta celeste, enmarcados y colgados sobre la pared. El Garrigós, la farmacia, el albergue Warnes y el MN Santa Inés, una antigua panadería que cerró al morir su dueño y que una década más tarde fuera alquilada y reacondicionada por la cheff Jazmín Marturet. El ahora restaurante fue reciente ganador de una estrella Michelín y agota las reservas cada fin de semana.

Lxs caminantes volvemos al lugar del que partimos y las hermanas Ana y Emilia nos dicen adiós.

Y así, quienes durante una hora caminamos juntxs, nos dispersamos, abadonamos La Isla y partimos hacia otras tierras, otros puntos geográficos donde también, como Ana y Emilia, tengamos la posibilidad de reconstruir nuestros propios mapas de vida.

Atlas de un mundo imaginado

Sábados 9 y 16 de agosto, domingos 10 y 17 de agosto. Domingo 14 de septiembre y sábado 20 de septiembre

Casa Gómez, Yeruá 4962, CABA.

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Actualidad

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

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hace 2 semanas

05/08/2025

Se concretó este martes la marcha de personas con discapacidad y familiares, frente a quienes el gobierno hizo más de lo mismo: envió Policía y Gendarmería a amedrentarlos y amenazarlos, pese a que no estaban siquiera rompiendo el protocolo. Los gendarmes y policías tuvieron así la notable actitud de empujar y agredir a manifestantes con discapacidad que estaban reclamando pacíficamente por la motosierra aplicada a sus tratamientos, lo cual rompe toda frontera de la palabra «vulnerable».

Compartimos aquí la crónica realizada por el diario autogestivo Tiempo Argentino al respecto, reflejo de lo que está ocurriendo en el país.

Por Tiempo Argentino

Fotos: Antonio Becerra.

En protesta por el veto presidencial a la Ley de Emergencia, organizaciones de personas con discapacidad concentraron frente al Congreso, rodeado por policías y gendarmes. El reclamo se multiplicó en distintos puntos del país.

“Vallaron todo, nos rodearon de una manera exagerada. No es una movilización agresiva, nunca lo fue. No era necesaria tanta policía, tanta militarización”, criticaba Fernanda Abalde mientras emprendía la retirada de la masiva concentración frente al Congreso contra el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Coordinadora de un centro de profesionales en neurodesarrollo y hermana de una persona con discapacidad a quien le recortaron las pensiones, sufre en carne propia el ajuste y el maltrato sobre el sector, que afecta tanto a prestadores como familias.

“Hay mucho maltrato del sistema a las familias, no es un sistema accesible. No solo en lo económico, es agresivo. Este año fue terrible. Hasta junio no estaban autorizados tratamientos presentados en noviembre del año pasado, por ejemplo. Siempre hubo un golpe a la discapacidad, pero este año fue muy atípico, recortaron muchos tratamientos, demoraron las autorizaciones, se planchó el nomenclador”, enumeró Abalde, coordinadora de Pulsar NeuroSocial y miembro del colectivo de Prestadores en Unidad CABA y GBA. “Es un sector con mucha demanda y se lo está desmantelando. Hay muchas familias que no pueden costear sus tratamientos”, lamentó en diálogo con Tiempo.

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Represión como respuesta

La protesta había comenzado 11.30. Pasado el mediodía la concentración ya era masiva y comenzó el operativo represivo, con un número desproporcionado de efectivos de Policía Federal y Gendarmería que empujaban incluso a grupos de manifestantes entre los que había personas en silla de ruedas que gritaban contra el veto y solo portaban carteles por los derechos de las personas con discapacidad.

La Ley de Emergencia en Discapacidad busca revertir un panorama que por estos días es desolador. Según un informe reciente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la pensión por invalidez laboral está congelada en $217.000 y una maestra de integración en la escuela común cobra solo $3.000 la hora, con una demora de 180 días. Todo esto, mientras se recortaron pensiones por discapacidad y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) proyecta recortar otros cientos de miles. Se trata de pensiones de 270 mil pesos, más un bono que lleva el total a poco más de 300 mil.

“Uno va pidiendo ayuda en la familia, se hace lo que se puede. Pero esperemos que este hombre recapacite”, pidió ante las cámaras Olga, una jubilada que marchó ante el Congreso, dirigiéndose a Milei. “Hay remedios que tuve que suspender. Hay muchas cosas que tienen que cambiar en la casa para poder subsistir. Para poder seguir adelante por mi hija”, dijo a C5N.

Un reclamo federal

La masiva protesta frente al Congreso se replicó también en distintos puntos del país. “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”, había anunciado la Asamblea De Trabajadores de Inclusión (ATI) al convocar para este martes a una Jornada Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Córdoba fue escenario de las protestas más concurridas. Desde la Plaza San Martín de Córdoba Capital, Virginia Els –presidenta de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Capredis)- destacó el gran número de familias que se sumó a reclamar, junto a prestadores, transportistas y profesionales. “El veto incrementó el reclamo. Ahora estamos intentando alzar la voz para que los diputados escuchen el reclamo y vuelvan a votar la ley con los dos tercios necesarios para que se sostenga. Fue algo multitudinario, con mucha más participación de familias que antes”, resaltó.

Los motivos de protesta son varios, pero todos tienen que ver con frenar el maltrato y el ajuste sobre el sector, ante una política cruel que afecta a todos los actores del circuito. “Reclamamos que se actualicen los aranceles, que se contemplen otros criterios para las auditorías. El tema de las prestaciones está en una etapa crítica: las instituciones están cerrando”, advirtió.

El embate contra el sector es tal que está generando un nivel de unidad inédito: “En Córdoba, prestadores, instituciones, profesionales independientes, familias, personas con discapacidad, estamos todos muy unidos. Estamos todos trabajando a la par. Es algo que nunca había sucedido. Nos unió el espanto”, resumió Els.

Franco Muscio, terapista ocupacional al frente de un centro de día en la zona de Sierras Chicas, se acercó a la capital provincial para participar de la protesta. “El servicio es cada vez más precario, una situación alarmante y angustiante y un Estado nacional que no da respuesta. Este año es imposible sostener las prestaciones. Cada vez hay más recortes. No sé cómo vamos a seguir. Las familias son las más perjudicadas”, sentenció ante las cámaras. “Sin espacios como los nuestros, se pierde calidad de vida. Hace diez años que estoy en esto. Nunca había pasado algo así”.