El ente encargado de catalogar la peligrosidad de los agroquímicos en Argentina responde a MU y queda en evidencia. Para ocultar la peligrosidad del glifosato se basa en ios informes que la propia justicia norteamericana considera manipulados por Monsanto. Por qué no aprobarían ni una tesis universitaria. POR ANABEL POMAR
Los juicios en curso contra Monsanto-Bayer en Estados Unidos significan una nueva usina de información sobre cómo la empresa interfirió en estudios científicos y sobre agencias regulatorias norteamericanas y europeas para garantizar la impunidad de sus venenos.
Los alcances concretos llegan a la Argentina, donde esos mismos informes son citados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) -el ente encargado de autorizar esas sustancias-, como prueba para que el glifosato siga caracterizado como de “banda verde”, entre otras cosas.
MU se comunicó con el SENASA, dependiente del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación y de la Secretaría de Agroindustria, para conocer su postura oficial sobre el peligro cancerígeno del Roundup, el impacto de los juicios en Estados Unidos y el estado de la regulación local.
Y el organismo respondió.

En Europa también pasa

En diciembre de 2017 la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) debía pronunciarse sobre la renovación del permiso de utilización del glifosato. El resultado fue favorable y el permiso fue renovado por cinco años, hasta 2022; es decir que en diciembre de 2019 deberá nuevamente reevaluarse. La decisión no estuvo exenta de polémica ya que llegó después del informe de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) que alertaba sobre su carácter cancerígeno, y en medio de acusaciones de un feroz lobby corporativo y compra de influencias.
La noticia fue festejada por Monsanto como un triunfo. Pero esas sospechas que tiñeron la extensión del permiso motivaron una investigación. El fruto de ese trabajo es un reflejo del modus operandi utilizado por Monsanto para recurrir a informes positivos para sostener en el mercado sus productos herbicidas a base de glifosato. Ese trabajo, además, pone en la mira todos los procesos de control y regulación de los agrotóxicos.
En concreto, el informe encargado por tres partidos políticos del Parlamento Europeo (Socialistas, Verdes e Izquierda Unificada), publicado el 15 de enero de 2019, demuestra que la evaluación científica que condujo a la aprobación por parte de la EFSA son fruto de plagio en más de un 50 por ciento y de “copiar y pegar” otros trabajos en más del 70 por ciento. Párrafos enteros del texto que aprobó el uso del glifosato son una copia literal del dossier de homologación enviado a las autoridades europeas por la propia Monsanto y sus aliados industriales reunidos en el Grupo de Trabajo del Glifosato (Glyphosate Task Force, GTF).
Es decir que el permiso se basó en la opinión de Monsanto.
Los autores del informe europeo, el austríaco Stefan Weber y el bioquímico Helmut Burtscher-Schade, llegan a la razonable conclusión de que “la práctica del copiar y pegar y la del plagio entran en abierta contradicción con una evaluación de riesgos independiente, objetiva y transparente”, y que esta práctica “influenció la conclusiones de las autoridades sobre la seguridad del glifosato”.
Además, denuncian que el informe de la agencia que llevó a cabo el estudio, el Instituto Federal de Evaluación de Riesgos alemán (Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR), intenta presentar su trabajo como una valoración independiente “cuando, en realidad, la autoridad sólo está repitiendo la evaluación de la industria solicitante”.
El pasado viernes 10 de mayo se supo también que en Francia comenzó una investigación tras una denuncia periodística que reveló cómo Monsanto organizó un archivo de unos 200 nombres que incluye a periodistas y legisladores con la esperanza de influir en sus posiciones sobre los pesticidas. El archivo ha sido considerado un caso de espionaje. Según informó Le Monde Diplomatique, data de 2016. Es decir que coincide con la fecha en que se renovó la autorización al glifosato en la UE. A partir de la denuncia, los investigadores analizarán la posible “recopilación de información personal por medios fraudulentos, desleales o ilícitos”.

El papel de la EPA

Mientras tanto, en Estados Unidos, en el tercer juicio contra Monsanto/Bayer y el Roundup por producir cáncer, les abogades del matrimonio Alva y Alberta Pilliods presentaron nuevas pruebas sobre la influencia de Monsanto sobre las agencias reguladoras.
En un informe adjunto a un correo electrónico de julio de 2018 dirigido al oficial de estrategia global de Monsanto, Todd Rands, la firma de asesoría e inteligencia estratégica Hakluyt informó a Monsanto lo siguiente: “Un asesor de política interna en la Casa Blanca nos dice: vamos a respaldar a Monsanto en la regulación de pesticidas. Estamos preparados para enfrentar cualquier disputa que puedan tener con, por ejemplo, la UE. Monsanto no debe temer ninguna regulación adicional por parte de esta administración”, dice en referencia al gobierno de Donald Trump).
El informe también afirma que un ex abogado de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y un funcionario del Departamento de Agricultura de (USDA) confirmaron que ambas agencias consideran que la clasificación del glifosato como “probable carcinógeno” de la IARC es “defectuosa” e incompleta.
Ese espaldarazo de la administración Trump se notó claramente con la oportuna aparición de una comunicación pública de la EPA por una nueva revisión que volvía a validar al glifosato. En Argentina, como en otras partes del mundo, la publicación de la agencia norteamericana fue utilizada para hacer propaganda a favor de la seguridad del producto de Monsanto. Lo cierto es que ahora, dentro del juicio Pilliod vs. Monsanto, se acaba de desnudar que tal declaración no fue más que un hecho de apoyo político, pero no está basada en ningún nuevo material científico. La jueza Winifred Smith, quien preside el tribunal, no admitió de hecho esa nueva declaración como parte de la prueba. “La declaración de la EPA es solo un comentario provisional sobre los comentarios públicos que la EPA ha recibido hasta el momento y no representa una decisión final”, concluyó.
Cabe recordar que la EPA fue fuertemente cuestionada al hallarse, dentro de los Monsanto Papers, numerosos correos que vinculan a ex empleados de esa agencia trabajando en estrecha comunicación con Monsanto. El caso más conocido, extensamente comentado en el sitio monsantopapers.lavaca.org, es el de Jess Rowland, gerente en la división de plaguicidas de la EPA, quien se ofreció en 2015 ante Monsanto para frenar un estudio de la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades (ATSDR) que se anunciaba desfavorable para la empresa. En esos momentos ya se avizoraba la recategorización del producto como probable cancerígeno por la IARC. Por eso Monsanto estaba en máxima alerta y organizando la respuesta: lo que menos quería era un efecto contagio.
“Si logro cajonear esto, debería obtener una medalla”, dijo Rowland a un gerente de asuntos regulatorios de Monsanto, quien relató esa conversación en un correo electrónico a sus colegas dentro de la compañía. Junto a ese correo, parte de los Monsanto Papers incorporados como pruebas en los juicios contra el Roundup en Estados Unidos, hay otros cruces similares en los que figuran más funcionarios de alta jerarquía de la agencia ambiental, conversando y compartiendo información con empleados de la corporación con una gran familiaridad. Y siempre con el mismo objetivo: frenar o evitar cualquier informe que concluya que el glifosato es cancerígeno.
También en los Monsanto Papers queda en evidencia que la EPA usó para categorizar el glifosato como “no cancerígeno probable” al menos un estudio “científico” fantasma, cuyos autores en realidad son el gerente de Toxicología de Monsanto y su jefe, Bill Heydens. Pese a que se supo que eran ellos quienes habían elaborado el supuesto estudio, el mismo es presentado, aún hoy en día, como independiente.
El informe de la ASTDR fue finalmente publicado hace un mes y se pronuncia en la misma línea que la IARC: la sustancia es cancerígena y se recomienda alejarla de las personas. El trabajo cubre de manera integral los efectos de salud, tanto relacionados con el cáncer como otros efectos adversos sobre la reproducción y el desarrollo infantil y la toxicidad de los órganos. A través de tres meta-análisis encuentran una asociación estadísticamente significativa que relaciona la aparición del cáncer linfoma no Hodgkin (LNH), con el uso de glifosato.

Habla el SENASA

A partir de estas evidencias, MU se comunicó con el SENASA, el organismo que tiene como misión “planificar, organizar y ejecutar programas y planes específicos que reglamentan la producción, orientándola hacia la obtención de alimentos inocuos para el consumo humano y animal”. Entre estas tareas se contempla la aprobación de los agroquímicos en uso.
Si bien no se pudo concretar una entrevista cara a cara, el ingeniero agrónomo Diego Ciancaglini, en representación del equipo de la Dirección de Agroquímicos y Biológicos, respondió por escrito y de manera oficial a las preguntas formuladas por esta revista.
A fin de abril de 2019, según ese organismo, existen 379 variantes de glifosatos registradas, siendo 215 Banda Verde (“Producto que normalmente no ofrece peligro”) y 164 Banda Azul (“Ligeramente peligroso”). Siguen la Banda Amarilla (“Moderadamente peligroso”) y la Banda Roja (“Extremadamente peligroso”).
En los juicios en Estados Unidos la formulación juzgada es la del herbicida base de glifosato bajo la marca Roundup. En Argentina el Roundup es comercializado con banda verde, es decir la de menor peligrosidad. Específicamente la calificación que avala el SENASA es la de “Productos que Normalmente no ofrecen peligro con valores de toxicidad aguda (según OMS 2009) y que no tiene en cuenta la toxicidad crónica”.
Entonces, ¿por qué luego de 2015, cuando la IARC lo incluyó como probables cancerígenos a los productos con base en glifosato, mantuvieron la banda verde en Argentina?
La respuesta del SENASA se basa en el modo de medir la peligrosidad: “La Banda Toxicológica de los productos se establece de acuerdo con las DL50 Oral y Dermal Agudas. La probabilidad de que una sustancia sea cancerígena para mamíferos se encuentra vinculada a estudios crónicos, es decir de exposición de largo plazo”.
Sabemos por los Monsanto Papers, específicamente por el mail enviado por la empleada de esa empresa, Donna Farmer, el 22 de noviembre de 2003, y el mail que recibieron CASAFE y Monsanto Argentina, el 14 de diciembre de 2010, que la empresa no posee esos estudios a largo plazo sobre la formulación que permitan asegurar que no es cancerígeno. “No se puede decir que Roundup no sea carcinógeno”, escribió la toxicóloga de Monsanto. “No hemos hecho las pruebas necesarias en la formulación para hacer esa declaración”, revela.
Este correo es una de las pruebas utilizadas en el caso de Dewayne Johnson que encontró al Roundup culpable por producir cáncer y a Monsanto culpable de actuar con malicia y ocultar esa peligrosidad. Donna Farmer, durante su declaración testimonial en el mencionado juicio, reafirmó que en la actualidad la respuesta a ese interrogante sigue siendo la misma.
La respuesta del SENASA ante este cruce de evidencias: “SENASA ha cumplido y ha hecho cumplir todas las normativas establecidas para el registro del Glifosato en la Argentina con requisitos que son los mismos que los que están establecidos internacionalmente. Para que un producto fitosanitario se registre en Argentina, la empresa solicitante debe realizar una serie de estudios crónicos en diferentes organismos, que determinan, entre otras muchas cosas, que el producto fitosanitario no es cancerígeno, teratogénico, mutagénico, ni tóxico reproductivo, considerando los usos para los que se registra. Estos estudios son evaluados por especialistas toxicológicos y ecotoxicológicos independientes del registro”.
Si sabemos, por la admisión de la propia empresa, que Monsanto no posee estudios a largo plazo que le permitan afirmar su producto no es cancerígeno, ¿cuáles son entonces esos estudios que determinan en Argentina que el Roundup es no cancerígeno? ¿Qué estudios presentaron acá que en EEUU y ante la justicia admiten no haber realizado nunca? ¿Es la composición del Roundup cancerígeno para los jurados en California la misma que tiene banda verde en Argentina? ¿Hablamos de la misma formulación?
SENASA se escuda en la confidencialidad para no responder: “La composición de los productos formulados así como los procesos de elaboración y los análisis que permiten verificar la concentración de las sustancias activas son evaluados por el área de Información Confidencial de esta Dirección”, explica textualmente el organismo.
En agosto de 2018 y en abril de 2019 dos juicios en EEUU dictaminaron que el Roundup fue sustancial para producir cáncer. ¿Es el herbicida a base de glifosato cancerígeno?, consultó MU.
Respuesta: “Existen discrepancias respecto a esta afirmación. Hay discusiones científicas respecto a los distintos resultados que puedan demostrar si el Glifosato es cancerígeno o no. Mientras la IARC ha señalado que el Glifosato puede ser “potencialmente carcinogénico”, otros organismos como la EFSA (European Food Safety Authority) en la Unión Europea o la EPA (Environmental Protection Agency) en EEUU se han expresado respecto a que el Glifosato ‘es improbable que cause cáncer en humanos’”. Por lo tanto, se puede observar que el SENASA basa su opinión actual en las dos agencias más expuestas bajo la lupa por los Monsanto Papers.
Monsanto fue declarado culpable por ocultar la peligrosidad cancerígena de su producto Roundup en esos dos juicios. ¿Cuál es la opinión del SENASA sobre este tema? Respuesta: “Respecto a este punto se remite a lo informado por el CONSEJO CIENTÍFICO INTERDISCIPLINARIO de la COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE AGROQUÍMICOS (DECRETO 21/2009), en su ‘INFORME de EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA VINCULADA AL GLIFOSATO EN SU INCIDENCIA SOBRE LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE’, en Julio de 2009”.
Traducción: la respuesta actual del SENASA remite a una investigación de hace diez años.
El doctor Damián Verzeñassi, profesor de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, señala a MU qué significa que se utilice ese informe como respuesta destinada a llevar tranquilidad sobre el uso del Roundup. “Ese informe es de hace una década atrás. Y además está basado en estudios científicos que se consideran desactualizados. Si en una tesis de pregrado, por poner un ejemplo, un estudiante cita en su trabajo bibliografía científica de más de cinco años, e ignora las actualizaciones existentes en el corpus científico, esa tesis será invalidada. No será admitida siquiera para corrección. ¿Cómo es posible entonces que quienes deben garantizar la salud de la población en Argentina se basen en material del siglo pasado?”.
La pregunta queda abierta.

Más info:
www.greens-efa.eu/files/doc/docs/298ff6ed5d6a686ec799e641082cdb63.pdf
www.lavanguardia.com/natural/20190121/454217016876/glifosato-plagio-polemica-analisis-ue.html
usrtk.org/monsanto-roundup-trial-tacker/white-house-has-monsantos-back-on-pesticides-newly-revealed-document-says/
www.epa.gov/ingredients-used-pesticide-products/glyphosate
monsantopapers.lavaca.org/2017/12/11/corrupcion-o-coincidencia-documentos-internos-de-la-epa-prueban-que-la-revision-sobre-la-seguridad-del-glifosato-fue-frenada-en-coordinacion-con-monsanto/
monsantopapers.lavaca.org/2018/02/06/oficial-de-la-epa-acusado-de-ayudar-a-monsanto-a-cajonear-un-estudio-sobre-el-riesgo-cancerigeno-de-sus-productos/
www.baumhedlundlaw.com/pilliod-v-monsanto-trial/
www.baumhedlundlaw.com/pdf/monsanto-documents/Pilliod/Exhibits/Heydens-EX-0009.pdf
baumhedlundlaw.com/pdf/monsanto-documents/44-b-Heydens-Discusses-European-Commisions-Request-for-Endocrine-Disrupter-Information_unlocked.pdf