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3J: femicidios sin justicia

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¿Qué significa pedir justicia? Las familias de Lucía Pérez, Melina Romero y Araceli Fulles repasan el calvario judicial que vivieron y cuentan en qué estado están hoy las causas. Testigos amenazados y asesinados; abogados que desisten; fiscales que no investigan; y la impunidad como el cierre del círculo femicida. Aún así, se vienen juicios, denuncias contra jueces y apelaciones de fallos: todo gracias al empuje de estas mujeres. POR CLAUDIA ACUÑA
Son las dos de la tarde y la mamá de Araceli Fulles – asesinada el 2 de abril de 2017 a los 22 años- acaba de sentarse en la mesa de la cocina de espaldas a la heladera en la que tiene pegada con imanes una foto desde donde su hija le sonríe. “Así estaba siempre: desde que se levantaba hasta que caía rendida en la cama. La alegría de esta casa era ella”.
Luego, en silencio, llora unas lágrimas espesas que trata de limpiar con el puño de la manga.
Así está Mónica: regando con su dolor hasta las mangas.
Son las cuatro de la tarde y la mamá de Melina Romero –asesinada el 24 de agosto de 2014: el día que cumplía 18 años- está rengueando.
Y así, arrastrando la artritis que la doblega, llega hasta el portón de su casa para recibirnos con una frase que resuena como una bofetada:
-Acá estamos: abandonadas.
Así está Ana María: con rabia.
Son las diez de la noche y la mamá de Lucía Pérez –asesinada el 8 de octubre de 2016 a los 16 años- acaba de darse una ducha para sacarse de encima el malestar que le impregna el curso de Prevención de la Violencia de Género que toma en el Colegio Público de Abogados de Mar del Plata. Son nueve clases, apenas transitó la mitad de ese trayecto y ya está agotada. Dice que igual piensa seguir hasta el final, especialmente porque la oenegé que lo dicta anunció en el segundo encuentro que, tras una década de dar esas clases en esa sede, les habían comunicado que debían buscar otro lugar.
“¿Será por mí?”, se pregunta.
Y se responde: “Por las dudas, no pienso dejar”.
Así está Marta: alerta.
Hace años que ninguna de estas madres descansa.

La familia de Araceli Fulles.
Foto: Lina Etchesuri

La trama

Conversar con ellas del devenir judicial es encenderlas. Cada una repasa minuciosamente los detalles del calvario que significó enfrentarse con la maquinaria que produce la impunidad de los femicidios de sus hijas desde que el instante mismo en que ocurrieron hasta hoy, cuando siguen fabricando aquello que le niegan y no hay en ninguno de sus barrios: justicia. Lo hacen con los pies, con las declaraciones a la prensa, con movilizaciones comunitarias y esquivando trampas, maniobras, operaciones, presiones y cosas peores.
Todas soportaron que sus familias fueran las primeras investigadas y todas conocían, de alguna u otra manera, a los femicidas de sus hijas, que siguen ahí, al lado, mezclados con la cotidianidad de las violencias que soporta la geografía de los márgenes, azotada por la falta de futuro y sobre expuesta a la oferta cash de la hiper productividad narco.
Todas, también, comparten una misma trama, como si estuviera tallada sobre el hierro que tienen que horadar con sus rabias, con sus lágrimas y con esas alertas que las orientan cuando atraviesan las tinieblas de esos escenarios que jamás pensaron transitar y que, aunque no los comprendan, aprendieron a conjurar.
Esa trama involucra, en los tres casos, a un joven y varios veteranos que conforman el clan involucrado en cada asesinato. El joven funciona como el cebo y el resto, como la manada. Quien conduce los destinos de la banda es el misterio que se oculta con fojas y fojas de expedientes dedicados a investigar a la víctima.
Eso es lo que hace lo que llamamos “justicia”.

Ana María, mamá de Melina Romero.
Foto: Lina Etchesuri

La deuda

a mamá de Melina lo define así: “La investigación del femicidio de mi hija nunca se hizo. Lo que hizo la justicia es acusar a la única testigo y sobreviviente, Melany. Recién la semana pasada terminó el juicio que le hicieron por falso testimonio. Un calvario pasó esa chica. La destruyeron. Pero ese infierno terminó y fue absuelta”.
Eso significa, entre otras cosas, que la defensa del único imputado que está preso –Joel Fernández, 20 años- no puede ahora “agarrarse de ella para apelar”, según las precisas palabras de Ana María. “El problema que tenemos ahora es que nos quedamos sin abogado y para presentarse en Casación hay plazos. Estamos desesperados porque tenemos que encontrar urgente a alguien que nos ayude, porque sino, no podemos contestar la apelación y se cae el único pedazo de justicia que tenemos. Pero más allá de esto, que no es poco, todavía tenemos que seguir reclamando que se investigue qué pasó con mi hija y también con Melany, porque ella también ese noche fue violada y no hay ningún fiscal, ni juez ni nada que haya iniciado una investigación sobre ese delito. Nada. Es como si ni la hubieran escuchado”.
Para hacerlo aún más claro, Ana María resume: “En todo este camino yo nunca tuve al lado mío a un fiscal”. Es así, literalmente: la fiscal María Fernanda Billonde desistió de acusar a los imputados por falta de pruebas y sólo se llegó al juicio oral por la persistencia de la querella de la mamá, que patrocinó el mediático abogado, Marcelo Biondi, quien luego de la condena del único acusado se retiró del caso.
“Mi hija salió a festejar sus 18 años y me la entregaron en una bolsa de basura, mordida por las ratas. No la encontró la policía, sino unas mujeres del Movimiento Evita que trabajan recolectando basura en esa zona. Yo la vi en la bolsa y la vi también en la morgue. Ella, que era tan hermosa, estaba ahí destrozada. Cada día me acuesto y me levanto con esa imagen. Y en lugar de quebrarme, me da fuerza. Por eso no voy a parar. Por esa imagen que todos los días me hace recordar que a mí y a mi hija mí esta justicia nos debe todo”.

Matías y Marta, hermano y madre de Lucía Pérez.
Foto: Nacho Yuchark

Sin parar

La mamá de Araceli lo define así: “En lugar de investigar, los protegieron. Todos. Desde la policía hasta la fiscal. Tuvimos que enfrentar a todo ese círculo de impunidad durante más de 17 días. Fabricaron mentiras, pistas falsas, testimonios truchos. Intentaban aturdinos, confundirnos, jugar con nuestra desesperación. A mi hija la terminó encontrando un perro del cuerpo de Bomberos de Punta Alta y fue mi hijo el que logró que oliera el lugar donde estaba, porque la patrulla policial quería que el rastreo se hiciera por otro lado. Fue mi hijo el que vio la huella de un pie en la tierra y le preguntó a la policía: “¿eso qué es? Y un policía le respondió: “Eso es la pata de un chancho”. Pero mi hijo insistió y llevó hasta ahí al perro. Y ahí estaba. Él la encontró y todavía sueña con esa huella”.
Aquel día, el dueño de la casa donde encontraron el cuerpo estaba declarando ante la fiscal Graciela López Pereyra, que lo dejó libre. La noticia del hallazgo llegó cuando ya se había retirado de los Tribunales de San Martín. Luego, se fugó. Lo detuvo un día después una mujer embarazada, que lo corrió. Darío Badaracco quedó así detenido, a la espera del juicio oral, en el penal de Sierra Chica, donde el 8 de abril pasado fue asesinado por dos reclusos: le hicieron tragar agua hirviendo y lo golpearon. “Badaracco nunca declaró y me hubiese gustado escuchar qué tenía para decir en el juicio”, dice Mónica, alerta. Sus sospechas se fundan en el peritaje del celular de otro de los imputados, Daniel Alberto Alanis, mediante el cual se encontró el mensaje que le envió a Badaracco cuando todavía buscaban desesperadamente a Araceli:
-“Fijate que no salga olor. Tirale mucha cal. Jajajaj”.
Cuando encontraron las partes descuartizadas de Araceli, estaban cubiertas de cal.
Mónica cree que el cuerpo de Araceli fue escondido por Badaracco días después de haber sido asesinada. Su hipótesis es factible ya que la casa había sido requisada por la policía en la primera semana de reportada su desaparición.
Alanis está libre, pero no quien es el dueño del corralón donde habrían matado aquella madrugada a Araceli: Mónica logró que fuera preso por amenazar a un testigo. Lo denunció ante el juez, que tuvo que procesarlo porque le llevó hasta el video de la cámara de seguridad que registró la amenaza. Como tenía sentencia por otros delitos, la condena se hizo efectiva: hasta setiembre estará encerrado.
Mónica ahora tiene que lograr algo difícil: que el juicio oral llegue antes de que sigan asesinando las pruebas. El expediente ya fue elevado y falta solo eso: que pongan fecha. “Todo es así: a fuerza de exigir, buscar, andar, sin descanso. Yo la fuerza la encuentro en la sonrisa de mi hija y en los vecinos, en las chicas que me abrazan, en la gente que se me acerca para contarme que a su hija o hijo también lo mataron. Una va agarrándose de ese dolor porque es el que te hace sentir que a pesar de que nadie te va a devolver a tu hija con vida, algo tenés que hacer para que esto pare. Yo entré a la morgue y vi los pedacitos de mi hija ahí arriba, la cara sin ojos, toda blanca por la cal y le pedí al que estaba ahí que la levante y ahí sí, cayeron sus rulos y me dije: es ella. Y esto le hicieron. Ahora tengo que luchar porque si no es como si lo aceptara y eso no es humanamente posible. Así que ahora eso que llaman Justicia tiene que aguantarme porque no voy a parar hasta que ellos paren”.

La luz

La mamá de Lucía lo define así: “Tenés que golpear puertas hasta que te sangren los dedos”. Eso es lo que hace desde que los jueces del Tribunal 1 de Mar del Plata – Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale- juzgaron la vida sexual de su hija para eximir a los imputados de su femicidio. El fallo es ejemplar desde todo punto de vista: deja en claro la mirada jurídica sobre estos crímenes, la empatía implícita con las conductas de los sospechosos y los prejuicios sobre las adolescentes, que examinan con lupa moral.
Marta y su familia tuvieron que escuchar ese fallo mirando a la cara a los jueces. Todavía hoy las heridas que les produjeron están abiertas.
A esas heridas hay que atribuirles también el alerta que encienden para transitar ahora el largo proceso que los espera, mientras siguen sin aliento hasta que la Cámara VI de Casación -integrada por Carlos Natiello, Mario Kohan y, según corresponda, Mario Mancini o María Budiño- se pronuncien sobre el pedido de la familia de anular el fallo bárbaro y hacer uno nuevo. “Lo menos traumático para nosotros es que habiéndose filmado todo el juicio anterior –son 25 horas- no tenga que hacerse todo de nuevo, sino que en base a esa filmación otro tribunal dicte su fallo. Los acusados también apelaron, porque alegan que la condena que se les dio por venta de droga es excesiva. Así es como estamos en este momento”.
Eso significa que no están esperando, sino produciendo la justicia que no tienen.
¿Cómo?
El próximo 22 presentan en La Plata el pedido de juicio a los jueces del inefable fallo.
“Nadie ni nada te prepara para eso. Ninguna madre está preparada para perder una hija, pero esto es algo que no tiene dimensión ni palabras. Tenés que aferrarte entonces de la intuición, porque tenés que ir buscando lo que no hay donde no sabés. Y para poder lograrlo nos ayudan las personas que se nos acercan. Muchas pasaron por lo mismo y muchas no, pero comprenden que no están a salvo hasta que esto pare. Así vamos aprendiendo juntos a encontrar en las peores tinieblas esa luz que nos indica el camino. Es muy difícil y a veces lo más fácil es pensar que no se puede, pero tenés que seguir adelante agarrándote de la fuerza que te dan los que acompañan. Hay un montón de gente que no se rinde. Yo siempre agradezco a esos seres de luz que nos acompañan porque ahí encuentro lo que falta. Ahí y en mi hija. Sé que ella quiere verme entera, firme y avanzando. Sé que ella nos ilumina. Es esa luz la que me dice: no te rindas hasta que todas las Lucías estén, al fin, en paz”.

Esta nota fue producida para la MU 136 y gracias a nuestrxs suscriptorxs. Asociate haciendo click acá.

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Travesticidios: un crimen social

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Este mes el foco está puesto en el padrón de travesticidios, crímenes de odio contra personas travesti, trans y no binarias, que el Observatorio lleva adelante. Este año se registraron ya 8 travesticidios: muertes crueles, violentas y deshumanizantes. “Son muertes que no pueden entenderse sino como encadenadas a vidas de vulneraciones de derechos, estigma y criminalización”, analiza la antropóloga e investigadora Florencia Paz Landeira. Recordamos sus nombres, distinguimos la singularidad de sus crímenes respecto de los femicidios y damos cuenta de las violencias estructurales, cotidianas y persistentes que traman sus experiencias de vida y de muerte, para desarmar también la invisibilización.expresa en el informe la antropóloga Florencia Paz Landeira.

En lo que va del año ya se registraron ocho travesticidios, cuatro de los cuales tuvieron lugar en agosto, un mes de escalada de la violencia transodiante. Alddana, Giaccobi, Fernanda, Sofía, Pancha, Victoria, Carina y Nicol. Nombres que deberían estar escritos en calles y banderas. Nombres que sintetizan una lucha y una gesta, para rememorar el libro de Lohana Berkins. Nombres que evocan vidas de injusticias y exclusiones y, lo peor, muertes crueles, violentas y deshumanizantes. Y, aun así, nombres que no llegan a la tapa de los diarios ni convocan marchas masivas en la capital del país, nombres que apenas se cuelan en las secciones de policiales disputando dignidad -aun desde la muerte- a un periodismo rancio y discriminador que a diez años de la ley de identidad de género todavía no ha aprendido nada sobre el trato digno.
Travesticidio es la categoría política que desde el activismo se acuñó para nombrar los asesinatos de personas trans y travestis motivados en la discriminación por identidad de género, para distinguir la singularidad de estos crímenes respecto de los femicidios y también para dar cuenta de las violencias estructurales, cotidianas y persistentes que traman sus experiencias de vida y de muerte. Porque son muertes que no pueden entenderse sino como encadenadas a vidas de vulneraciones de derechos, estigma y criminalización.
La singularidad de estas muertes suele también entramparse en sistemáticos mecanismos de invisibilización. Por eso, el Observatorio Lucía Pérez desde su creación se presentó como un padrón de femicidios y travesticidios, exhibiendo los patrones comunes de la violencia patriarcal sin perder de vista la especificidad y la enseñanza de Lohana: las muertes de las personas trans tienen que considerarse travesticidios porque se trata de vidas sin derechos. La categoría de travesticidio entonces procura sintetizar los efectos materiales y simbólicos que se derivan del mero hecho de ser trans o travesti en una sociedad que subordina, patologiza y excluye aquellas identidades que no se corresponden con el sexo asignado al nacer. Como dijo Marlene Wayar a lavaca hace unos años: “las travas estamos condenadas a caminar en el riesgo” y a cada paso, en cada interacción, una pregunta, “¿Me va a matar o no me va a matar?”.

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En enero de este año, a Alddana Lorens la mataron de un golpe en la cabeza en su propia casa. El sospechoso y detenido -después de estar ocho meses prófugo- es su hermano. La madre de ambos también está acusada por abandono de persona, porque permitió que Alddana estuviera dos días en el piso, sin posibilidad de levantarse sola. Su salud estaba deteriorada porque meses antes había sido atacada por un prostituyente: le tiró el auto encima cuando ella estaba en una esquina. Al hospital llegó gracias a la ayuda de una tía, pero no fue hasta después de su muerte que pidieron intervención policial y judicial para investigar lo que había pasado. ¿Se ve la trama de violencias y abandonos?
En agosto, A Alejandra Ironici la encontraron en su casa con quemaduras en su cuerpo y sobre un charco de sangre. Alejandra era referente del movimiento trans en Santa Fe y había sido la primera en la provincia en obtener el DNI con la rectificación de su nombre y género autopercibido. La autopsia reveló 46 puñaladas que habrían sido perpetradas por su ex pareja, único sospechoso y detenido. ¿Se siente la crueldad?

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Hacer un repaso por los rasgos comunes y salientes de las trayectorias de las personas trans en nuestro país y en la región, supone reconstruir una historia atravesada por la exclusión. Las diversas formas de discriminación, opresión y segregación a las que trans y travestis están expuestas constituyen un cuadro de sinergia de vulnerabilidades. Así, no pueden pensarse los travesticidios sino como el vértice atroz de un entramado de exclusión y vulneración de derechos, que nos habla de una violencia estructural, que se fortalece en la ausencia de políticas públicas que contemplen sus derechos humanos fundamentales y sus necesidades básicas. De allí la necesidad de incorporar estos nombres en una genealogía, en una historia colectiva atravesada por la persecución, marginación y, primordialmente, de privación de derechos. En base a esta discriminación sistemática, se funda una realidad de exclusión: las personas trans no gozan de igualdad de oportunidades y de trato en ningún ámbito de la vida social e institucional; la mayoría de ellas vive en extrema pobreza, privadas de derechos económicos, políticos, sociales y culturales.

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En la marcha producida por el grito Ni Una Menos en 2015, Diana Sacayán participó de la primera salida al espacio público del padrón de femicidios y travesticidios, cuando dejamos las huellas de nuestras manos con pintura roja sobre una tela negra y los nombres y edades de nuestras muertas. Meses después fue asesinada brutalmente en su casa por dos hombres, uno de ellos, Gabriel Marino, pareja ocasional de Diana. Murió apuñalada con ensañamiento. La condena estableció la prisión perpetua para Marino por “homicidio agravado por odio a la identidad de género”, en referencia al inciso 4 del artículo 80 del Código Penal en el que se incluye al odio de género o de orientación sexual, identidad de género o su expresión como agravante de un homicidio. Gracias a la lucha travesti, los fundamentos de la sentencia incorporaron de manera explícita por primera vez la categoría de travesticidio, con el objetivo de evidenciar que la violencia estuvo motivada en el odio por su identidad de género travesti y su activismo y trabajo por la diversidad sexual y los derechos de la población trans.
Sin embargo, la Sala 1 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal confirmó en 2020 la condena a prisión perpetua de Marino, pero excluyó el agravante de “odio a la identidad de género”. El fiscal Ariel Yapur y la fiscal Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), presentaron un recurso extraordinario contra el fallo y familiares de Diana solicitarán a la Corte Suprema de Justicia de la Nación la apertura a amicus curiae (amigos del tribunal) de la causa sobre el crimen. Para que no se niegue su identidad y su historia de vida. A su vez, demandan por la incorporación de figura del travesticidio y del transfemicidio dentro del Código Penal. La teoría travesti revolucionando el mundo jurídico incluso desde la muerte.
El activismo travesti se ha visto forzado a darle un giro político a tanta muerte y desde el dolor construir sus trincheras de imaginación, de pensamiento y de vida. Marlene recuerda que a Lohana le decían que ella empezaba cada discusión tirando las muertas sobre el escritorio. “Pero es así. Ustedes primero nos mataron”. Es desde esta realidad insoportable y cruenta que el colectivo travesti hoy exige reparación, políticas de resarcimiento que expresen la responsabilidad estatal en el exterminio sistemático de la personas trans, una ley que las saque “del barro que crea la heterosexualidad”.
Diez años de la ley de identidad de género y todavía las vidas trans parecen valer menos. Diez años de discursos y campañas de “Argentina Igualitaria” y todavía las personas trans y travestis tienen una expectativa de vida medieval. Años de conquistas, de luchas y de muertes. Y todavía nos falta Tehuel.

Por Florencia Paz Landeira. Doctora en Antropología Social. Becaria posdoctoral del LICH-CONICET. Integrante del Programa de Estudios Sociales en Género, Infancia y Juventud (UNSAM).

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Funcionarios denunciados: entre la violencia de género y la violencia institucional

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Presentamos el informe de agosto 2022 del Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez. Este mes el foco está puesto en el padrón de funcionarios denunciados por violencia de género que el Observatorio lleva adelante. Lo que se ve: un sistema que expresa la mutua imbricación entre la violencia patriarcal y la violencia institucional, con la impunidad como puente. El Observatorio Lucía Pérez lleva registrados 345 los funcionarios denunciados, “ya no hablamos solo de un Estado ausente o ineficaz, sino de un Estado violento”, expresa en el informe la antropóloga Florencia Paz Landeira.

A mediados de agosto, Marcelo Guzmán, funcionario judicial de Tierra del Fuego, fue separado de su cargo luego de la denuncia pública y judicial por violencia de género realizada por su esposa, Carla Kirstein. El juez Javier De Gamas Soler dictó el procesamiento de Guzmán por los delitos de “lesiones graves agravadas por haber sido cometidas contra su pareja en el marco de una situación de violencia de género” (en un hecho) y “lesiones leves” (en otros dos) y ordenó una prohibición de acercamiento. Carla decidió hacer la denuncia por redes sociales, movida por el miedo y la impotencia no solo por la recurrencia de la violencia y la situación de dependencia en que se encontraba, sino también por las barreras en el acceso a la justicia: “Fui a ver a varios abogados para que me representaran y cuando se enteraban quién era mi marido y para quién trabajaba, ponían cualquier excusa para no tomar el caso”. Su historia habla de entramados de poder institucionales que silencian, encubren, obstruyen y que, en definitiva, avalan y perpetúan la violencia.  

Es la historia de Carla, pero no es un “caso”, es un sistema que expresa la mutua imbricación entre la violencia patriarcal y la violencia institucional, con la impunidad como puente. El Observatorio Lucía Pérez registra en su padrón 345 denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas. El registro -que formalmente le corresponde al Estado argentino, en función de los compromisos asumidos ante la CIDH y que hasta hoy incumple- se basa, a su vez, en la hipótesis de que estas denuncias encarnan la persistencia de sentidos y prácticas machistas y misóginas en las burocracias estatales y la resistencia a la transversalización de la perspectiva de género que, en concreto, resultan en la ausencia o debilidad de las políticas públicas para prevenir y contener la violencia contra mujeres y trans.

Cuando reiteramos la consigna “El Estado es responsable”, solemos referirnos a formas sistemáticas de complicidad, omisión y/o insuficiencia en las políticas para erradicar la violencia de género. La responsabilidad estatal encuentra en este registro de funcionarios denunciados su rostro más grotesco y encarnado. El poder político que el puesto les confiere aparece reforzando e incrementando posiciones de privilegio y dominio fundadas en estructuras de género desiguales. Ya no hablamos solo de un Estado ausente o ineficaz, sino de un Estado violento. Las denuncias alcanzan a jueces civiles y de familia, fiscales, comisarios, jefes de policía, es decir, agentes estatales que deberían estar implicados en prevenir las violencias, sancionar a quienes las ejercen y proteger a las víctimas.

Observatorio Lucía Pérez

El Estado ¿por fuera de la ley?

Es sabido que el Estado no es un bloque homogéneo y coherente, sino que está habitado y atravesado por tensiones, contradicciones y balances de poder. Este mismo Estado que denunciamos como responsable de la violencia patriarcal, ha instrumentado leyes y políticas tendientes a reconocer y combatir las desigualdades de género, movido por las luchas y demandas de los movimientos feministas.

La ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sancionada en 2009, incluye en su definición y caracterización de la violencia a la violencia institucional, definida como: “aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil” (Artículo 6, b). Ya en 1996, el Estado argentino ratificó la Convención de Belém do Pará, en la que los estados acordaron “abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación” (Artículo 7, a).

En esta misma línea, en 2010, el Comité de la CEDAW instó a velar por que jueces, abogados, fiscales y defensores públicos conocieran los derechos de las mujeres y las obligaciones del Estado para garantizarlos y alentó a que se impartan capacitaciones sobre género a quienes integran el sistema de justicia. Recién ocho años después, en el país se sancionó la ley 27.499, que establece la capacitación obligatoria en temáticas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública. Esta ley es conocida como Ley Micaela, en homenaje a Micaela García, militante feminista y víctima de femicidio en abril de 2017.

En este contexto de avances en términos legislativos y en la asunción de compromisos por parte del Estado, ¿qué implica pensar a la violencia de género ejercida por funcionarios públicos como violenta institucional? La investigadora María Pita[i] propone pensar a la violencia institucional como categoría política local, construida progresivamente como resultado de la articulación entre la reflexión y la acción de la militancia del campo de los derechos humanos. Aunque su sentido más restringido remite a la violencia policial y penitenciaria, se ha convertido en una herramienta para la lucha política de uso cada vez más amplio y extendido por diversos colectivos de víctimas y de demanda de justicia con foco en denunciar la recurrencia y la sistematicidad de la implicación de agentes estatales en el ejercicio de las violencias. Implicación que se traduce en hechos de violencia concretos, pero también en formas rutinarias y sedimentadas de construcción de poder e impunidad. Al denunciar la violencia de género ejercida por funcionarios como violenta institucional apuntamos a evidenciar el encubrimiento corporativo y la persistencia sistemática de estereotipos, prejuicios y patrones discriminatorios por género en las prácticas estatales y judiciales. Implica también seguir insistiendo en que la violencia de género es un asunto de derechos humanos.

Poder policial y violencia de género

El 5 de junio, Daiana Abregú, de 26 años, apareció muerta en la celda de una comisaría de Laprida, provincia de Buenos Aires, tras ser demorada por una contravención. Desde el inicio, la policía sostuvo que Daiana se suicidó, pero nada cierra en esa hipótesis. La última autopsia evidencia asfixia por sofocación y lesiones de autodefensa. Lo que sí quedó expuesto es la trama de encubrimientos y complicidad entre la fuerza de seguridad y las áreas de justicia.

El Observatorio Lucía Pérez tiene registradas 41 denuncias a altos mandos de las fuerzas de seguridad. Los femicidios policiales[ii], como el de Daiana, son la expresión más extrema de la vulneración de derechos de las mujeres dentro del universo de la violencia institucional. Como en muchos otros casos de uso ilegal de la fuerza policial, existen prácticas de encubrimiento que suelen consistir en falsear el relato de lo sucedido y manipular la escena para que coincida con su versión. En este sentido, la violencia de género ejercida por integrantes de las fuerzas de seguridad no puede pensarse como agresiones individuales y particulares, sino como parte de una institución con históricas prácticas de violencia encubierta y de reproducción de formas machistas de construcción de poder.

En muchos casos, las mujeres víctimas de la violencia de género ejercida por agentes policiales son también integrantes de las fuerzas de seguridad. A partir de una investigación con la Red Nacional de Mujeres Policías con Perspectiva de Género, Mariana Sirimarco[iii] señala que la regla en las fuerzas policiales es que los hombres denunciados son encubiertos, mientras que las mujeres denunciantes, son castigadas. Sirimarco afirma que la violencia de género -en particular, la  violencia  policial  contra  mujeres  policías- es  parte constitutiva del ejercicio del poder policial, porque éste se asienta en sentidos sobre lo territorial, lo violento y lo masculino avasallante. Ambas  estructuras  de  poder, la  policial y la masculina-patriarcal, se sostienen en lo mismo: en el ejercicio de dominio y pertenencia del otro-bajo-mando. De esta forma, la violencia de género ejercida por policías pone en evidencia rasgos comunes a todos los funcionarios denunciados: una forma de construir y ejercer el poder (político) fundada en la masculinidad violenta, autoritaria y avasallante.

Por Florencia Paz Landeira. Doctora en Antropología Social. Becaria posdoctoral del LICH-CONICET. Integrante del Programa de Estudios Sociales en Género, Infancia y Juventud (UNSAM).


[i] Pita, M. (2017). Pensar la Violencia Institucional: vox populi y categoría política local. Espacios de crítica y producción, 53(9), 33-42.

[ii] https://violenciapolicial.org.ar/violencia-policial/#!#femicidios

[iii] Sirimarco, M. (2021). Sexo, violencia y desigualdad. Mujeres en la policía. Delito y Sociedad, 30(51),

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Zona de peligro: femicidios en el norte del conurbano

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Causas mal caratuladas, que no investigan los contextos de las muertes y dejan libres a sus responsables. Jueces y fiscales que ningunean a las familias que son amenazadas en sus barrios. La culpabilización de las víctimas, las conexiones narco, las movilizaciones a través de las cuales se logran algunos avances. Y la pérdida de todo, hasta del miedo: tres familias cuentan a MU cómo soportan la impunidad de cada día. Por Delfina Pedelaq y Anabella Arrascaeta.

Plaza de General Pacheco, Tigre: las familias frente al cajoneo de las causas, contra la complicidad judicial y policial. Fotos: Gastón Stark
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La última Mu: Yo princesa

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