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3J: femicidios sin justicia

Publicada

hace 6 años

30/05/2019

¿Qué significa pedir justicia? Las familias de Lucía Pérez, Melina Romero y Araceli Fulles repasan el calvario judicial que vivieron y cuentan en qué estado están hoy las causas. Testigos amenazados y asesinados; abogados que desisten; fiscales que no investigan; y la impunidad como el cierre del círculo femicida. Aún así, se vienen juicios, denuncias contra jueces y apelaciones de fallos: todo gracias al empuje de estas mujeres. POR CLAUDIA ACUÑA
Son las dos de la tarde y la mamá de Araceli Fulles – asesinada el 2 de abril de 2017 a los 22 años- acaba de sentarse en la mesa de la cocina de espaldas a la heladera en la que tiene pegada con imanes una foto desde donde su hija le sonríe. “Así estaba siempre: desde que se levantaba hasta que caía rendida en la cama. La alegría de esta casa era ella”.
Luego, en silencio, llora unas lágrimas espesas que trata de limpiar con el puño de la manga.
Así está Mónica: regando con su dolor hasta las mangas.
Son las cuatro de la tarde y la mamá de Melina Romero –asesinada el 24 de agosto de 2014: el día que cumplía 18 años- está rengueando.
Y así, arrastrando la artritis que la doblega, llega hasta el portón de su casa para recibirnos con una frase que resuena como una bofetada:
-Acá estamos: abandonadas.
Así está Ana María: con rabia.
Son las diez de la noche y la mamá de Lucía Pérez –asesinada el 8 de octubre de 2016 a los 16 años- acaba de darse una ducha para sacarse de encima el malestar que le impregna el curso de Prevención de la Violencia de Género que toma en el Colegio Público de Abogados de Mar del Plata. Son nueve clases, apenas transitó la mitad de ese trayecto y ya está agotada. Dice que igual piensa seguir hasta el final, especialmente porque la oenegé que lo dicta anunció en el segundo encuentro que, tras una década de dar esas clases en esa sede, les habían comunicado que debían buscar otro lugar.
“¿Será por mí?”, se pregunta.
Y se responde: “Por las dudas, no pienso dejar”.
Así está Marta: alerta.
Hace años que ninguna de estas madres descansa.

La familia de Araceli Fulles.
Foto: Lina Etchesuri

La trama

Conversar con ellas del devenir judicial es encenderlas. Cada una repasa minuciosamente los detalles del calvario que significó enfrentarse con la maquinaria que produce la impunidad de los femicidios de sus hijas desde que el instante mismo en que ocurrieron hasta hoy, cuando siguen fabricando aquello que le niegan y no hay en ninguno de sus barrios: justicia. Lo hacen con los pies, con las declaraciones a la prensa, con movilizaciones comunitarias y esquivando trampas, maniobras, operaciones, presiones y cosas peores.
Todas soportaron que sus familias fueran las primeras investigadas y todas conocían, de alguna u otra manera, a los femicidas de sus hijas, que siguen ahí, al lado, mezclados con la cotidianidad de las violencias que soporta la geografía de los márgenes, azotada por la falta de futuro y sobre expuesta a la oferta cash de la hiper productividad narco.
Todas, también, comparten una misma trama, como si estuviera tallada sobre el hierro que tienen que horadar con sus rabias, con sus lágrimas y con esas alertas que las orientan cuando atraviesan las tinieblas de esos escenarios que jamás pensaron transitar y que, aunque no los comprendan, aprendieron a conjurar.
Esa trama involucra, en los tres casos, a un joven y varios veteranos que conforman el clan involucrado en cada asesinato. El joven funciona como el cebo y el resto, como la manada. Quien conduce los destinos de la banda es el misterio que se oculta con fojas y fojas de expedientes dedicados a investigar a la víctima.
Eso es lo que hace lo que llamamos “justicia”.

Ana María, mamá de Melina Romero.
Foto: Lina Etchesuri

La deuda

a mamá de Melina lo define así: “La investigación del femicidio de mi hija nunca se hizo. Lo que hizo la justicia es acusar a la única testigo y sobreviviente, Melany. Recién la semana pasada terminó el juicio que le hicieron por falso testimonio. Un calvario pasó esa chica. La destruyeron. Pero ese infierno terminó y fue absuelta”.
Eso significa, entre otras cosas, que la defensa del único imputado que está preso –Joel Fernández, 20 años- no puede ahora “agarrarse de ella para apelar”, según las precisas palabras de Ana María. “El problema que tenemos ahora es que nos quedamos sin abogado y para presentarse en Casación hay plazos. Estamos desesperados porque tenemos que encontrar urgente a alguien que nos ayude, porque sino, no podemos contestar la apelación y se cae el único pedazo de justicia que tenemos. Pero más allá de esto, que no es poco, todavía tenemos que seguir reclamando que se investigue qué pasó con mi hija y también con Melany, porque ella también ese noche fue violada y no hay ningún fiscal, ni juez ni nada que haya iniciado una investigación sobre ese delito. Nada. Es como si ni la hubieran escuchado”.
Para hacerlo aún más claro, Ana María resume: “En todo este camino yo nunca tuve al lado mío a un fiscal”. Es así, literalmente: la fiscal María Fernanda Billonde desistió de acusar a los imputados por falta de pruebas y sólo se llegó al juicio oral por la persistencia de la querella de la mamá, que patrocinó el mediático abogado, Marcelo Biondi, quien luego de la condena del único acusado se retiró del caso.
“Mi hija salió a festejar sus 18 años y me la entregaron en una bolsa de basura, mordida por las ratas. No la encontró la policía, sino unas mujeres del Movimiento Evita que trabajan recolectando basura en esa zona. Yo la vi en la bolsa y la vi también en la morgue. Ella, que era tan hermosa, estaba ahí destrozada. Cada día me acuesto y me levanto con esa imagen. Y en lugar de quebrarme, me da fuerza. Por eso no voy a parar. Por esa imagen que todos los días me hace recordar que a mí y a mi hija mí esta justicia nos debe todo”.

Matías y Marta, hermano y madre de Lucía Pérez.
Foto: Nacho Yuchark

Sin parar

La mamá de Araceli lo define así: “En lugar de investigar, los protegieron. Todos. Desde la policía hasta la fiscal. Tuvimos que enfrentar a todo ese círculo de impunidad durante más de 17 días. Fabricaron mentiras, pistas falsas, testimonios truchos. Intentaban aturdinos, confundirnos, jugar con nuestra desesperación. A mi hija la terminó encontrando un perro del cuerpo de Bomberos de Punta Alta y fue mi hijo el que logró que oliera el lugar donde estaba, porque la patrulla policial quería que el rastreo se hiciera por otro lado. Fue mi hijo el que vio la huella de un pie en la tierra y le preguntó a la policía: “¿eso qué es? Y un policía le respondió: “Eso es la pata de un chancho”. Pero mi hijo insistió y llevó hasta ahí al perro. Y ahí estaba. Él la encontró y todavía sueña con esa huella”.
Aquel día, el dueño de la casa donde encontraron el cuerpo estaba declarando ante la fiscal Graciela López Pereyra, que lo dejó libre. La noticia del hallazgo llegó cuando ya se había retirado de los Tribunales de San Martín. Luego, se fugó. Lo detuvo un día después una mujer embarazada, que lo corrió. Darío Badaracco quedó así detenido, a la espera del juicio oral, en el penal de Sierra Chica, donde el 8 de abril pasado fue asesinado por dos reclusos: le hicieron tragar agua hirviendo y lo golpearon. “Badaracco nunca declaró y me hubiese gustado escuchar qué tenía para decir en el juicio”, dice Mónica, alerta. Sus sospechas se fundan en el peritaje del celular de otro de los imputados, Daniel Alberto Alanis, mediante el cual se encontró el mensaje que le envió a Badaracco cuando todavía buscaban desesperadamente a Araceli:
-“Fijate que no salga olor. Tirale mucha cal. Jajajaj”.
Cuando encontraron las partes descuartizadas de Araceli, estaban cubiertas de cal.
Mónica cree que el cuerpo de Araceli fue escondido por Badaracco días después de haber sido asesinada. Su hipótesis es factible ya que la casa había sido requisada por la policía en la primera semana de reportada su desaparición.
Alanis está libre, pero no quien es el dueño del corralón donde habrían matado aquella madrugada a Araceli: Mónica logró que fuera preso por amenazar a un testigo. Lo denunció ante el juez, que tuvo que procesarlo porque le llevó hasta el video de la cámara de seguridad que registró la amenaza. Como tenía sentencia por otros delitos, la condena se hizo efectiva: hasta setiembre estará encerrado.
Mónica ahora tiene que lograr algo difícil: que el juicio oral llegue antes de que sigan asesinando las pruebas. El expediente ya fue elevado y falta solo eso: que pongan fecha. “Todo es así: a fuerza de exigir, buscar, andar, sin descanso. Yo la fuerza la encuentro en la sonrisa de mi hija y en los vecinos, en las chicas que me abrazan, en la gente que se me acerca para contarme que a su hija o hijo también lo mataron. Una va agarrándose de ese dolor porque es el que te hace sentir que a pesar de que nadie te va a devolver a tu hija con vida, algo tenés que hacer para que esto pare. Yo entré a la morgue y vi los pedacitos de mi hija ahí arriba, la cara sin ojos, toda blanca por la cal y le pedí al que estaba ahí que la levante y ahí sí, cayeron sus rulos y me dije: es ella. Y esto le hicieron. Ahora tengo que luchar porque si no es como si lo aceptara y eso no es humanamente posible. Así que ahora eso que llaman Justicia tiene que aguantarme porque no voy a parar hasta que ellos paren”.

La luz

La mamá de Lucía lo define así: “Tenés que golpear puertas hasta que te sangren los dedos”. Eso es lo que hace desde que los jueces del Tribunal 1 de Mar del Plata – Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale- juzgaron la vida sexual de su hija para eximir a los imputados de su femicidio. El fallo es ejemplar desde todo punto de vista: deja en claro la mirada jurídica sobre estos crímenes, la empatía implícita con las conductas de los sospechosos y los prejuicios sobre las adolescentes, que examinan con lupa moral.
Marta y su familia tuvieron que escuchar ese fallo mirando a la cara a los jueces. Todavía hoy las heridas que les produjeron están abiertas.
A esas heridas hay que atribuirles también el alerta que encienden para transitar ahora el largo proceso que los espera, mientras siguen sin aliento hasta que la Cámara VI de Casación -integrada por Carlos Natiello, Mario Kohan y, según corresponda, Mario Mancini o María Budiño- se pronuncien sobre el pedido de la familia de anular el fallo bárbaro y hacer uno nuevo. “Lo menos traumático para nosotros es que habiéndose filmado todo el juicio anterior –son 25 horas- no tenga que hacerse todo de nuevo, sino que en base a esa filmación otro tribunal dicte su fallo. Los acusados también apelaron, porque alegan que la condena que se les dio por venta de droga es excesiva. Así es como estamos en este momento”.
Eso significa que no están esperando, sino produciendo la justicia que no tienen.
¿Cómo?
El próximo 22 presentan en La Plata el pedido de juicio a los jueces del inefable fallo.
“Nadie ni nada te prepara para eso. Ninguna madre está preparada para perder una hija, pero esto es algo que no tiene dimensión ni palabras. Tenés que aferrarte entonces de la intuición, porque tenés que ir buscando lo que no hay donde no sabés. Y para poder lograrlo nos ayudan las personas que se nos acercan. Muchas pasaron por lo mismo y muchas no, pero comprenden que no están a salvo hasta que esto pare. Así vamos aprendiendo juntos a encontrar en las peores tinieblas esa luz que nos indica el camino. Es muy difícil y a veces lo más fácil es pensar que no se puede, pero tenés que seguir adelante agarrándote de la fuerza que te dan los que acompañan. Hay un montón de gente que no se rinde. Yo siempre agradezco a esos seres de luz que nos acompañan porque ahí encuentro lo que falta. Ahí y en mi hija. Sé que ella quiere verme entera, firme y avanzando. Sé que ella nos ilumina. Es esa luz la que me dice: no te rindas hasta que todas las Lucías estén, al fin, en paz”.

Esta nota fue producida para la MU 136 y gracias a nuestrxs suscriptorxs. Asociate haciendo click acá.

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“La justicia la hacemos nosotras”: lecciones y estrategias del 3J, con las madres de Melina, Araceli y Lucía Pérez

Juicio a los jueces: la presentación de la familia de Lucía Pérez

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La tesis del gran bonete

Publicada

hace 2 meses

31/03/2025

¿Cómo informar sobre femicidios? ¿Quién sabe cómo hacerlo? Una polémica tesis promocionada por Rita Segato desliza la responsabilidad del Estado a los medios, en momentos en los que el gobierno pretende derogar la figura legal de femicidio. Las falacias y generalizaciones que construyen una orden de silencio.

Por Claudia Acuña

Las periodistas somos responsables de los femicidios. Mientras tipeo esta frase me invade un sentimiento que solo explica el clásico «no sé si reírme o llorar”. Desde que la escuché pòr primera vez en el año 2020, de boca del entonces gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, hasta ahora, que la repite una integrante del movimiento transfeminista del Valle de Punilla, en Córdoba, han pasado varios años, pero aquella primera vez y esta última tienen un contexto en común: esas provincias habían sufrido en poco tiempo una serie de femicidios que sembraron protestas sociales importantes. En el caso de Jujuy, estaban todas sus rutas cortadas con adolescentes que sostenían cartulinas escritas a mano exigiendo justicia, mientras las fuerzas de seguridad disparaban gases para dispersarlas. En esta ocasión, en Punilla la movilización también fue masiva.

Lo que cambió, y no es poco, es otro contexto: en estos momentos el Estado argentino intenta imponer la derogación de la figura jurídica de femicidio.

Otro cambio: el ex gobernador Morales, por entonces interesado en que no se difundan las protestas –que por cierto fueron las primeras que azotaron su gobierno– citó a Rita Segato como autora de la tesis que responsabiliza a los medios de comunicación de sembrar femicidios, ya que al informar sobre ellos los contagiaba. En plena pandemia de coronavirus esa palabra significaba meter el dedo en una herida social. Investigué entonces de qué galera había sacado Morales ese argumento: había escuchado a Segato en una capacitación que la académica le dio a su gabinete, por zoom y en el marco de un programa financiado por ONU Mujeres. Cuatro años después ya tenemos un libro que lo justifica, con prólogo de Segato y suscripto por su alumna, la brasileña Daniela Gontijo. Tuve la oportunidad de conocerla en La Paz, Bolivia, cuando intenté conversar con ella sobre su tesis. Le pregunté si sabía que la Organización Mundial de la Salud había comunicado su autocrítica por solicitar a los medios que no informen sobre suicidios, un argumento que en su tesis es basal para extenderlo a los femicidios. Sigo esperando su respuesta.

La principal diferencia, sin embargo, es que ahora esa frase es repetida por una comunicadora y activista que ha participado de la organización de la protesta en el Valle de Punilla. Está preocupada, angustiada diría, por su rol. Y lo que es peor, insegura. Es ella, entonces, quien motiva esta nota, que escribo con hartazgo.

Las raíces de la información

¿Cómo se informa “bien” un femicidio? ¿De eso se trata este debate? No. Y por varios motivos. El primero es el primero: el término femicidio tiene una larga y dolorosa historia política y social. Resumo: la palabra encuentra sus orígenes en la expresión feminicide, “desarrollada inicialmente en el área de los estudios de género y la sociología por Diana Rusell y Jane Caputi a principios de la década de los 90 (…) concepto que surge con una intención política: desvelar el sustrato sexista o misógino de estos crímenes que permanece oculto cuando se hace referencia a ellos a través de palabras neutras como homicidio o asesinato” (Toledo 2009: pp23-24).

Tal como advirtió la antropóloga Marcela Lagarde al aplicarlo a la situación desesperada de Ciudad de Juárez, México, “femicidio no es solo una palabra: es toda una teoría”. ¿Qué teoría sostiene la palabra femicidio? La responsabilidad del Estado en estos crímenes. Explica Lagarde: “Son crímenes que no responden a una problemática derivada de la mal llamada violencia doméstica o intrafamiliar, sino que es parte de una problemática mucho más grave y compleja. La conexión entre el género y la clase social en los femicidios de Ciudad Juárez es clara: sus torturadores y asesinos actuaban porque querían y porque podían hacerlo, amparados por unas estructuras sociales y gubernamentales que propiciaban la impunidad de sus actos.” Esto decimos cuando decimos “femicidio”: lo sistémico de lo biográfico.

Esta concepción teórica y política aplicada a Ciudad de Juárez tuvo su consecuencia jurídica cuando el Estado de México fue condenado por la Corte Interamericana con el fallo conocido como Campo Algodonero. De ahí derivan todas y cada una de las herramientas legales que cada país latinoamericano fue obligado a adoptar para prevenir, erradicar y hacer justicia por la violencia que sufrimos mujeres, travestis, trans y diversidades sexuales.

¿Cómo señalar entonces en cada femicidio la responsabilidad estatal que lo propicia? De eso se trata este debate. La respuesta, digámoslo rápido y fácil, es el territorio.

Como marco teórico a esta territorialización de la información sobre la violencia femicida propongo leer Capitalismo Gore, de Sayak Valencia, escritora, filósofa y artista performática mexicana. Es su tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid y, por eso mismo, es interesante conocer su origen porque leída hoy resuena como una respuesta contundente a esta otra tesis: “Originalmente la iba a hacer sobre epistemología feminista. Para mí era muy importante revisar cómo se producen ciertos grados de verdad o ciertas ficciones políticas que encumbran el conocimiento como algo que parece incuestionable si está mediado por el sello cientificista”. En eso estaba, entonces, cuando en un alto en sus estudios viajó a visitar a su familia a su Tijuana natal y en el camino que la llevaba del aeropuerto a su casa vio desde el auto y a la vera de la autopista un cadáver descuartizado. Así decidió cambiar el tema de su tesis y así nació un término –Capitalimo Gore– para denominar aquello que la había sacudido: “el capitalismo gore sería la forma material de explotación que va atravesada de colonialismo, machismo, sexismo, crimen organizado, y corrupción”, sintetiza en una entrevista que le realizaron diez años después de la primera publicación.

Dirá también en esa entrevista Sayak Valencia: “El pensamiento es siempre contextual y si tratamos de hacer universalizaciones tajantes de ese pensamiento ya estaremos cayendo en una tentación solipsista, al considerar que tenemos las verdades absolutas sobre fenómenos que no serían explicables de manera sencilla en primera instancia. La necropolítica, la biopolítica y el uso de la violencia se dan de manera contextual porque su intensidad depende de los países, las condiciones económicas, lo gubernamental, lo social, lo cultural, en suma, dependiendo de la regionalización del mundo. No es igual de explícita la violencia racista contra ciertas poblaciones en territorios indígenas en México y la violencia racista que se da en Estados Unidos contra la población afro, que otro tipo de violencias como el negar servicios de salud a las poblaciones trans o a crear condiciones hostiles que provocan violencia y que terminan en una especie de necroadministración, o como dice Ariadna Estévez, en una administración del sufrimiento para que ciertas poblaciones sean dejadas de lado y mueran en ese apartamiento de lo social”. Esta última frase resuena especialmente en la actualidad y en la lucha de cada miércoles de las y los jubilados.

Reitera Sayak: “Creo que hay que seguir pensando lo biopolítico y lo necropolítico de manera contextual”.

¿Cuál es entonces el contexto en el que debemos fijar la atención ante cada femicidio y, mucho más, ante su reiteración producida en pocos días? El territorio. En el Jujuy gobernado por Gerardo Morales, en el Valle de Punilla azotado por la sistemática impunidad de los femicidios que allí se padecen, en las tramas de complicidad policial y judicial que han sembrado el terreno propicio para que la mimesis suceda, una y otra vez, sin sanción, ni contención ni reparación, que es finalmente aquello que expresa el grito de justicia que sin descanso nos hace oír el movimiento transfeminista organizado que también habita esas tierras, porque ya sabemos: donde hay criminalidad organizada en este país también hay resistencia.

En estos contextos, las órdenes de silencio no solo son peligrosas: suenan cómplices.

Emitirlas en nombre del saber es, además, perverso.

¿Quién sabe y quién no sabe informar sobre la violencia femicida? ¿De eso se trata este debate? No. Lo que tenemos que discutir es quién tiene autoridad sobre el saber. Y el saber es saber hacer resistencia a estas violencias.

¿Cuáles son las fuentes de información adecuadas, especialmente en tiempos en los que el poder se vuelve opaco e inaccesible? La narcocriminalidad ha impuesto esa barrera a la verdad del poder. Su privilegiada posición de economía “en negro” e “informal” ni siquiera nos permite conocer las cifras con las que maneja el mundo, en general, desde cada territorio en particular, pero sí alcanza para reconocer que aquello que llamamos ultraderecha tiene entre sus patrocinadores estos oscuros capitales que la promueven. ¿Hay entonces una relación entre la motosierra que destroza los pocos programas de contención de víctimas de violencia, la iniciativa de la administración Milei de erradicar la figura jurídica de femicidio y la manifiesta violencia misógina de la narcocriminalidad? Es pregunta.

También sabemos que eso que llamamos Academia, aquí en Latinoamérica, no ha producido investigaciones, estudios y publicaciones que relacionen la violencia femicida con el crecimiento de la narcocriminalidad, que en los territorios siempre tiene la forma de narcomenudeo porque esa es la lógica de gestión del negocio. Sí ha producido, y lo sigue haciendo, mucho análisis sobre los medios de comunicación que, en tiempos de redes virtuales, agigantan el rol de los formatos clásicos, en una operación que produce una restauración por repetición de marcos desactualizados –descontextualizando alcances de tiradas y audiencias, por ejemplo– y, a la vez, deslizan el eje del debate central: del Estado hacia los medios.

Ante cada femicidio hablemos del Estado. Narremos por ejemplo, el marco social-económico que afectó a víctimas y victimarios, nombremos los crímenes impunes sucedidos en ese territorio, los antecedentes de los fiscales encargados de investigar esos femicidios, los servicios y programas desmantelados en esa zona para prevenir y contener violencias, los funcionarios denunciados por violencia sexual, la cantidad de denuncias realizadas y cómo fueron atendidas, etcs y etcs.

Hablemos incluso de aquello que la política etiqueta como “inseguridad”, palabra detrás de la cual se esconden las tramas de complicidad policial-judicial (eso es el Estado) que alientan y sostienen las violencias.

Luego, si nos sobra tiempo, charlamos sobre el rol de los medios en la producción y reproducción de los femicidios.

Recién entonces, diré lo que puedo aportar al respecto, tras más de treinta años de informar, investigar y reflexionar sobre el tema y compilar información sobre casi 6.000 femicidios producidos en este país:

Cuando era editora del principal diario de la Argentina recibí la recomendación de la Organización Mundial de la Salud sobre el peligro de informar sobre casos de suicidios, ya que provocaban contagio: resumo así la larga instrucción que señalaba ese peligro. En aquel momento el director del diario era Roberto Guareschi y encontré en él un aliado para imponer esa orden de silencio. Me pareció adecuada. Creí ser responsable de aplicarla y controlar que se lleve adelante, no solo en ese diario: enseñé a mis estudiantes a no informar. Cuando veinte años después leí la autocrítica de la OMS, admitiendo el contundente fracaso de esa restricción, aprendí la lección: en el periodismo el silencio nunca es opción. Tampoco lo es para una víctima de violencia.
Cuando vi la tapa de un diario de México con la foto a toda página de una mujer colgada de un árbol, con la cabeza encapuchada, desnuda y con la leche maternal emanando todavía de su cuerpo destrozado comprendí aquello que escribió Sayek Valencia sobre la espectacularidad de la violencia: los medios completaban el trabajo de los sicarios. Ellos mataban a una mujer, los medios amenazaban a todo el resto. Estamos en Argentina, muy lejos de esa horrorosa maquinaria mediática de reproducción de la violencia. Estamos, además, en un oficio de periodistas profesionales, organizadas, formadas, muchas de ellas orgullosamente feministas y en gran parte, abrazadas a los movimientos sociales que las sostienen más que los medios donde trabajan en condiciones precarizadas, injustas, brutales. Ellas no lo son. Y es todo un esfuerzo no dejarse impregnar por la decadencia de la producción de noticias que hoy padecemos.
Por último, hago mía las palabras de Helen Álvarez, la periodista boliviana integrante de Mujeres Creando, cuando en una mesa de debate con la autora de la Tesis del Gran Bonete, refutó: “No pienso dedicar un minuto de mi vida a discutir cómo mejorar medios comerciales, porque puede que logres que se escriba allí sobre un femicidio tal como pretendes que está bien, pero cuando das vuelta la página te vas a encontrar con un reportaje al jugador de fútbol que hizo el gol de la semana, sin mencionar que fue acusado de violación la anterior, y en la sección Economía, la noticia del ministro anunciando recortes de los programas sociales”. Como siempre, hay que contextualizar la frase: Helen fue la editora de la sección Economía del principal diario de Bolivia y es la mamá de Andrea, víctima de femicidio. Helen sabe.
Por último, una noticia que nos da una pista sobre por dónde ir: en qué anda Sayek Valencia ahora. “Actualmente me encuentro investigando algo que denomino política post mortem, que son los agenciamientos prácticos que vienen de las personas que han sobrevivido a acontecimientos traumáticos y violentos. Es decir, son las prácticas, agenciamientos y acciones puestas en marcha por personas que han sufrido el asesinato, el femicidio o la desaparición de alguien que aman y que a partir de ese acontecimiento violento se han organizado para exigir justicia. Política post mortem sería esta forma de agenciamiento político que viene después de la masacre, después del trauma, después de la muerte de un ser querido, y que sigue luchando por esos muertos a través de las resistencias, de las búsquedas y de la dignificación del reclamo de justicia social”.

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Nota

57 femicidios en el año, infancias huérfanas cada dos días: Informe mensual del Observatorio Lucía Pérez

Publicada

hace 3 meses

28/02/2025

Según datos del Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez, hubo 26 femicidios durante febrero, contabilizando un total de 57 en los dos primeros meses del año. Estos crímenes dejan, a la vez, un saldo de 35 infancias huérfanas. Si bien existe una ley que obliga al Estado a brindarles una protección integral económica, de acompañamiento y de acceso a la salud, desde que asumió la actual gestión no se otorgó ninguna: la Ley Brisa no se cumple. Los otros indicadores de la violencia patriarcal de este 2025: 43 intentos de femicidio, 15 desaparecidas, 595 funcionarios denunciados.

El cuerpo de Carolina Ríos, 43 años, fue encontrado por una de sus diez hijas. Maite y Carolina, las mayores, le pidieron luego a la prensa que difundiera este mensaje : “Necesitamos ayuda para poder criar, vestir y mandar a nuestros hermanitos a la escuela. Hoy estamos destruidas, y hacemos todo lo posible para seguir adelante y no quebrarnos ante nuestros hermanos menores».

Tres días antes asesinaban a Ailén Oggero, de 32 años, delante de sus hijos de 11 y 4 años. El mayor fue quien avisó del crimen a los vecinos.

A Otilia Cubilla Jara, de 65 años, también la encontró asesinada su propio hijo.

Estos son solo tres de los 26 femicidios y travesticidios que ocurrieron durante febrero.

Una síntesis de la violencia que marca los dos primeros meses del año:

57 femicidios en el año, infancias huérfanas cada dos días: Informe mensual del Observatorio Lucía Pérez

Toda la información sobre cada uno de estos casos está disponible en la web del Observatorio Lucía Pérez, el primero y único autogestionado y público.

Una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por nuestra cooperativa.

www.observatorioluciaperez.org

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Arte contra la impunidad femicida

Publicada

hace 3 meses

14/02/2025

«Hoy, en el día del cumpleaños de nuestra hija, nos enteramos por los medios de una nueva injusticia. Es otra violencia institucional más que sufre nuestra familia y el tercer fallo que pretenden imponer a un mismo crimen: el femicidio. Hoy inauguramos El cuarto de Lucía, arte contra la violencia femicida. Durante mucho tiempo estuvimos preparando este momento. Queremos invitarlos a que nos acompañen. El camino de conseguir justicia es demasiado largo. Gracias por estar. Familia de Lucía Pérez».

Con ese comunicado Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía, respondieron desde Mar del Plata al fallo del Tribunal de Casación Penal que, el día en el que Lucia cumpliría 25 años, dieron a conocer (sin informar a la familia ni a sus abogados) su decisión de revocar el fallo por femicidio contra Matías Farias, dejándolo solo en el marco del abuso sexual.