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Pura química: Villa Constitución vs. los venenos de Nitron

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Hace más de dos meses que vecinos y vecinas de Villa Constitución sostienen un acampe contra la instalación de un depósito de fertilizantes. Juntaron 10 mil firmas para exigir una consulta popular. Del hito obrero en los ´70 a una asamblea en defensa de la salud y de la vida, lecciones sobre memoria, justicia, derechos humanos, poder, democracia y por qué el verdadero veneno es el modelo productivo. POR LUCAS PEDULLA
Todo comenzó con un cartel que parecía salido de una película de ciencia ficción: “Próximamente, Nitron”.
Los vecinos y las vecinas de Villa Constitución, una ciudad de 47 mil habitantes, a 55 kilómetros de Rosario, lo vieron una mañana frente a la Zona Franca Santafesina, un perímetro libre de impuestos para “facilitar inversiones”.
A los pocos días, y a través de algunos medios locales, se enteraron de lo que ese cartel presagiaba: una “importante inversión” de 40 millones de dólares para un proyecto de depósito y fraccionamiento de más de 160 mil toneladas de fertilizantes, en un galpón emplazado a tan solo 340 metros de la zona urbana y a 200 de la planta de Acindar. La preocupación creció cuando descubrieron que Nitron se presentaba como la empresa líder “en comercialización de químicos y fertilizantes para la agricultura”.
Lo que sigue podría ser leído como un relato de ciencia ficción por quien considerara extraña una trama de intereses económicos y políticos mezclados con la defensa del medio ambiente, un acampe, una asamblea que juntó 10 mil firmas (un tercio del padrón electoral del municipio) para exigir una consulta popular, y una movilización de 2.000 personas que sorprendió a propios y ajenos en un distrito que marcó en los setenta uno de los hitos de la lucha obrera en Argentina y sufrió la brutal represión de la dictadura.
Pero no es ciencia ficción.
Es la defensa de la vida frente a un sistema de muerte.

Carrió, Trump y acampe

En 1994, la ley nacional 24331 fijó a la Zona Franca Santafesina como un ámbito “con un régimen fiscal diferenciado” para “impulsar el comercio y la actividad industrial exportadora”. Los vecinos cuentan que esa decisión se produjo para impulsar la inversión en medio de la crisis menemista. La abogada del movimiento, Bárbara Chazarreta, explica a MU la situación: a través de licitación pública, las casi 57 hectáreas y los 674 metros de frente costero fueron adjudicados por 30 años a Zofravilla S.A. para su desarrollo, gestión y explotación. Para operar en las zonas francas es requisito la inscripción en los registros aduaneros como Usuario Directo.
El presidente de Zofravilla S.A. es Guillermo Misiano, que también figura como dueño de PTP Group, principal usuario directo. Su nombre saltó a las portadas de varios medios cuando la diputada Elisa Carrió lo denunció en 2016 por contrabando y evasión. PTP Group se presenta como “un holding de capitales argentinos” especializado en la operación de terminales portuarias y prestación de servicios logísticos integrales en América Latina. Consolidó su presencia a lo largo de la estratégica Hidrovía Paraná-Paraguay en un tramo de 1.500 kilómetros.
Pero PTP trepó a la escena nacional cuando el diario contrainformativo Clarín la mencionó en junio de 2017 como un actor central en “la primera inversión tras el viaje de Macri a Estados Unidos”. Presentándola como un logro desatado tras la visita del Presidente a Donald Trump, se anunciaba que PTP había firmado en Nueva York un acuerdo con Nitron Group para instalarse en la zona franca con una inversión conjunta de 40 millones de dólares en los próximos cinco años. Según sus previsiones, la empresa buscaba utilizar 15 hectáreas de PTP para almacenar 200 mil toneladas de fertilizantes sólidos y líquidos, aunque según la Municipalidad, la autorización provincial es solo para fertilizantes sólidos. El ingreso de camiones fue el empujón para el comienzo del acampe.
Nitron fue fundada en 1982, tiene sede en Connecticut (Estados Unidos) y se presenta como la empresa “líder mundial en comercialización de químicos y fertilizantes para la agricultura” con una facturación de más de 1.600 millones de dólares. Concentra el 35% del mercado. Su principal destino es Sudamérica. Pero un extraño dato surge de su página web: tiene poco más de 100 empleados en el mundo.
La proporción se ajusta a nivel local: según la documentación presentada ante la Provincia, el depósito de Villa Constitución emplearía solo a seis personas.
¿Progreso y desarrollo?

El temor a la democracia

Corría 2017. Los vecinos comenzaron a pedir información y lograron que el 17 de octubre se realizara una audiencia pública en el barrio Palmar, uno de los más próximos a la Zona Franca. Miguel Ángel Alfaro, 52 años, vecino de Villa Constitución, recuerda: “Fueron más de 500 personas. Expusieron funcionarios del gobierno local, del provincial, pero la empresa no se presentó: mandó una nota intimidatoria que nos amenazaba con juicio”.
La audiencia pública sirvió a los vecinos para mostrar un rechazo general y exponer un modus operandi político. Alfaro: “La empresa presentó el estudio de impacto ambiental diez días después de la audiencia, las autoridades sabían, y no nos dijeron nada. Recién en enero nos enteramos por los medios de que lo habían aprobado”. Aparecieron entonces las primeras irregularidades: “En el estudio citaban como uso del suelo un decreto del gobierno anterior para zonificar la Zona Franca y así ponerlo de uso industrial. Técnicamente, no corresponde, pero así arrancaron el proceso”. Los vecinos presentaron una medida de amparo. Las acciones, mientras, sumaban adhesiones: “Las plazas se iban llenando. Un día convocamos una asamblea, y de la noche a la mañana nos dimos cuenta de que teníamos 500 personas discutiendo después de la aprobación del estudio de impacto”.
Víctor Secreto, médico general: “Cuando salimos de la audiencia entendimos dos cosas. Primero, que la lucha era justa y tenía un importante apoyo social. El salón rebalsó y hubo que sacar los parlantes a la calle. Y segundo, observamos la trama entre la provincia, el municipio y la empresa. Ahí supimos que, si no era a través de la voluntad popular, esto no tenía sentido. Por eso impulsamos la consulta popular”.
Necesitaban juntar 3.900 firmas, el 10 por ciento del padrón. “En un mes y medio juntamos 10 mil. La gente pasó entonces de la firma a poner el cuerpo en asambleas. Fue un punto de quiebre importantísimo”.
Comenzaron nuevos obstáculos. Chazarreta: “Cuando entregamos las firmas, con una gran movilización, nos dimos cuenta de que la ordenanza de la consulta no estaba reglamentada. La Municipalidad hizo propuestas restrictivas con certificaciones de firmas y burocracia pura. Mientras, tanto el Concejo Deliberante como el Colegio de Abogados manifestaban que tenía que ser vinculante y obligatoria”.
Volvieron a juntar firmas para su reglamentación. La respuesta fue que la consulta era muy cara. “No sería un gasto excesivo: sería poner 112 urnas, y no gastar 6 millones de pesos como nos dijeron. No tiene que ver con lo económico, sino con empezar a cambiar los modos de democracia de todos los ciudadanos. Ese es el temor que tienen”.
El año 2018 siguió con actividades, asambleas, festivales, pintadas de murales y charlas en las que participaron expertos como Damián Verzeñassi (de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario) y Damián Marino (Universidad Nacional de La Plata). Pero el 2019 les trajo otra sorpresa: la habilitación comercial provisoria a PTP. Pidieron una nueva reunión. “Habían entrado 20 camiones. Queríamos saber si eso era legal o no. Allí el intendente dijo barbaridades. Una fue cuando le dijimos que la empresa solo declaraba seis puestos de trabajo: dijo que no importaba, porque eso solo era lo que decía en los papeles. ¿Cómo puede decir eso? El Estado parecía la nada misma”.

Política tóxica

El intendente Jorge Berti recibe a MU en su despacho. También está presente la secretaria de Ordenamiento Territorial del municipio, Paola Bagnera. Berti dice: “Si estuviese convencido de que allí hay veneno, yo voy y me crucifico en la puerta de la entrada. Mi hija vive a 300 metros. Acá hay una confusión porque la gente habla de agrotóxico. Pero el fertilizante no es agroquímico. Muchos hacen dibujos del avión fumigando y no tiene nada que ver. No somos eruditos para saber sobre las cosas, pero todos nos dijeron que no, la Provincia entre ellas. Por eso acudimos a entes oficiales”.
Con el glifosato ocurrió lo mismo: el Estado lo avaló y los primeros en alertar fueron los vecinos.
Bagnera: Son expresiones de dudas y preocupaciones. Hasta que eso no se revierta en términos legislativos, los municipios vamos a acatar lo que existe, y ahí nuestro ámbito de control es la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia.
¿Por qué piensan que generó tanto rechazo?
Berti: Es un tema muy sensible por el tema oncológico. Quién no tiene algún enfermo en la familia, o por cuestiones de discapacidad. Estamos tratando de diseñar estadísticas que nos digan a ver si hay un pico descontextualizado del resto de la provincia. La cuestión es cómo minimizás, con estudios de impacto ambiental, la contaminación, porque, si no, es imposible la subsistencia humana: cualquier desarrollo genera contaminación. Acá nadie te puede decir que hay una cuestión corruptiva. Todos saben quiénes somos y cómo vivimos. Escuchamos, pero también hay que dejar que las instituciones funcionen. Si no, cada cosa que hagamos vamos a tener que salir a pedir permiso a todo el mundo.
Diez mil personas firmaron por la consulta. ¿Usted no la convoca porque es cara?
Berti: No pasa porque sea cara. La cuestión es que hay que darle un marco de legalidad. No podemos poner buzones en la plaza. Tiene que haber una seriedad que lo amerite. Y, además, no sería vinculante, porque la habilitación ya la dio la provincia. Sería como sacarnos el problema de encima. No queremos que sea una simple ventaja política.

El veneno es el modelo

Consultado por MU, el director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario y director de la Práctica Final de la carrera de Medicina, Damián Verzeñassi, resalta un aspecto importante: “Es obvio que nadie pretende que su fábrica, depósito, empresa, sufra un accidente, pero ocurren. Es clave identificar eso, ya que los permisos otorgados para el funcionamiento de este depósito, en principio, de acopio y fraccionamiento, no hacen referencia a las características específicas de los compuestos que se utilizarán. El riesgo que presentan los fertilizantes a base de nitrógeno, fósforo y potasio (los que comercializa Nitron) depende de las proporciones de cada uno de esos compuestos (160 mil toneladas en este caso). No podemos olvidar los desastres que son parte del prontuario de las empresas de fertilizantes”.
Más preguntas: “Y aunque estuviese garantizado que jamás se produciría un desastre en la planta, ¿cuál es el impacto en la salud de los vecinos que pueden generar las emisiones de material particulado de la carga y descarga del producto? ¿Y la emisión de gases de combustión por los vehículos dentro y fuera del predio? El mismo estudio de impacto aprobado por las autoridades provinciales reconoce el riesgo de derrames, fuga o vuelco. Y también de incendios, con la consiguiente emanación de gases tóxicos”.
Más datos: “Según estudios, el 32% de los accidentes industriales con fertilizantes involucrados se produce en sitios de almacenamiento. Un 8% en transporte, un 16% en suministro y un 10% en la zona general de la planta. Eso demuestra que un 66% de los accidentes con fertilizantes se dan fuera del ámbito de la producción”.
Verzeñassi también indaga sobre las ideas que avalan la vida tóxica: “No hay veneno más peligroso que un modo de pensar que prioriza las necesidades del mercado sobre el cuidado de la salud y la vida de los territorios y las comunidades. Parafraseando a Ramón Carrillo, ante esas lógicas que mercantilizan la vida e hipertecnologizan la naturaleza, los productos químicos (aun los altamente peligrosos) terminan siendo pobres venenos”.

Confusiones de estado

Volvemos a la intendencia.
Dice Bagnera: “La empresa es PTP Warrant: Nitron no presentó ningún papel. El usuario directo es PTP, que después puede estar comercializando con distintas empresas proveedoras de fertilizantes que aporten solo los productos que informaron”.
Pero el acuerdo salió en todos los diarios.
Bagnera: La empresa que genera el trámite es PTP Warrant. En ese marco, con quién comercializa después la empresa es otra instancia.
Berti: Las notas plantean que se había llegado a un acuerdo de fertilizantes sólidos y líquidos, pero la habilitación de Medio Ambiente es sólo para sólidos.
Las hojas de seguridad de los productos hablan de peligros de intoxicación.
Bagnera: Nuestra propia ingeniera ambiental dijo que para quien podría llegar a ser más peligrosa esa cuestión es para el trabajador que lo manipulara, no para lo que sucede fuera del galpón o mismo lo que podría ocurrir en el traslado.
¿De cuánto se está hablando?
Berti: Es un galpón de 7 mil metros cuadrados. El convenio era alrededor de 200 mil toneladas. 40 mil eran líquidas, pero no están habilitadas.
Hablan de desarrollo productivo: ¿cuánto empleo generaría ese depósito?
Berti: No sé… En la hoja de ruta hablan de seis.
¿Nada más que seis?
Berti: Pero eso es lo que dice una hoja, no lo que pasa en la realidad. Los vecinos nos dicen: “Ah, pero con ese criterio entonces pueden declarar una cosa en cuanto a productos y hacer otra”. No descontextualicemos: no pueden ingresar nada de lo que no ingresaron en la provincia.
Bagnera: Un ejemplo: hubo toda una intervención de la provincia en materia ambiental que tiene que ver con la ejecución de un puerto que quieren construir aquí: nosotros estamos en zona de humedales, y la empresa desmontó toda una zona de bosque nativo para poder hacerlo. Así que tuvieron que hacer convenios de reforestación.
¿Quién hizo eso?
Bagnera: La Zona Franca en función de que estaban gestionando este puerto. La provincia le pidió entonces reforestar no ese mismo sitio, por la gestión del puerto, pero sí en otro sector de la ciudad para compensar esa masa verde.
¿Esa deforestación se hizo sin que la provincia supiera?
Bagnera: Claro. Por eso se estaría recuperando, porque no se recuperó todavía.
Pero si la empresa hizo eso por sobre las autoridades locales y provinciales respecto a un bosque nativo, ¿no es posible una analogía respecto al depósito?
Bagnera: Y… eso lo podríamos pensar.
Berti: Si hicieron eso, son capaces. Pero al descubrir que se hizo, ahora tienen que responder. Si ingresaran elementos que no tienen que ver con lo que informan, también van a tener que hacer algo, porque si no van a ir a una clausura directa. Estamos muy encima.

Tejer un lugar

Al cierre de esta edición, después de casi dos meses de acampe, los vecinos mudaron la carpa de la Zona Franca a la plaza central de la ciudad, frente a la Municipalidad. El 9 de mayo sufrieron la represión de la policía santafesina mientras se manifestaban pacíficamente en rechazo al ingreso de 20 camiones con fertilizantes. Los efectivos dispararon al aire, lanzaron gases, golpearon a mujeres y jubilados y detuvieron a cuatro personas. La decisión de mudarse al corazón de la ciudad fue para dirigir el reclamo al Ejecutivo y hablar cara a cara con la comunidad para insistir con la consulta.
Los vecinos remarcan que el reclamo trasciende lo partidario. María Ángeles Aguirre, docente, lo explica de forma didáctica: “Dice que somos anti Berti, pero esto lo haríamos con cualquiera en la intendencia. Lo invitamos: nos encantaría que estuviera de nuestro lado, sería mucho más fácil para la lucha”. Los reclamos también llegan al gobernador, Miguel Lifchitz (quien había propuesto una consulta popular para reformar la Constitución pero dio marcha atrás), y la ministra de Producción, Alicia Ciciliani.
¿Qué significó el acampe durante todo este tiempo? Rodrigo Garzón, 28 años, va a la raíz: “Primero nos cuestionaban sobre por qué íbamos contra Nitron y no contra Acindar y sus metales pesados. Acá tenemos también un basural a cielo abierto. Bueno: primero luchemos para que no se sumen más contaminantes, luego veamos qué pasa. No perdemos de vista que son 160 mil toneladas de fertilizantes sólidos combinados con todo esto. Pero muchos de los que estamos acá encontramos un lugar para manifestarnos políticamente. Acá hay pibes que no tienen miedo y se encontraron con una construcción horizontal donde lo que voto, vale. Y todo eso, es la memoria del Villazo”.

Recuerdos de una gesta

La casa de Juan Actis (69) y María Inés Lauti (63) es de cuento, cálida, con techos altos y un jardín que late de verde, con enormes calabazas que salen de la tierra. Ella participó en la histórica marcha contra Nitron. Se sorprendió. “Después del Villazo y la represión, la gente ni hablaba: Villa Constitución quedó callada y no participativa. Ahora, el ver la gente reunida que bajaba de los barrios, me hizo acordar a esa época”.
Hay que ir entonces a 1970. Actis, de 20 años, había llegado del campo a Villa Constitución a los 11. Empezó a trabajar en Acindar cuando se “salvó” de la colimba. De familia peronista, los manejos de una Unión Obrera Metalúrgica (UOM) comandada primero por Augusto Vandor y, luego, por Lorenzo Miguel, símbolos de la burocracia sindical y de la derecha del peronismo, lo llevaron a un perfil independiente y combativo.
Actis habla pausado por el peso de una salud cuya historia es la historia de un país. Y la de este presente: “Nuestro movimiento arranca en el 70. Ese año hicimos una huelga en Acindar que terminó mal, en derrota. Pero un pequeño grupo empezó a trabajar de nuevo, por abajo, clandestinamente. Llevó cuatro años levantarse, con saltos cualitativos y cuantitativos. La coronación fue el 16 de marzo de 1974, el día del Villazo. Tomamos la fábrica porque querían echar a la dirigencia de la Comisión Interna: habíamos ganado las elecciones con la Lista Marrón, echando a la burocracia”.
Cuando llamaban a alguien burócrata, ¿qué le querían decir?
Traidores. La UOM recaudaba en Villa aproximadamente 100 millones de pesos por mes. Eso se iba todo para Buenos Aires: acá solo volvían 4 millones. Apenas alcanzaba para pagarle a algún empleado. No había obra social, nada. Y fue un punto clave para la instalación de un nuevo sindicalismo, democrático y participativo. Todo se resolvía en asamblea. Y para la UOM fue una patada, porque era una unidad seccional que se rebeló y les ganó.
La toma y las huelgas en las metalúrgicas estuvieron acompañadas por un apoyo masivo de toda la ciudad. Actis trae a la mesa fotos de esa época en las que se ve todo un pueblo movilizado en la plaza central. Allí está, con su barba de 24 años, junto a Alberto Piccinini, quien se convirtió en el referente de esa lucha. La represión, entonces, fue brutal. “Acá se aplicó la prueba piloto de lo que iba a pasar a nivel nacional: grupo de tareas, secuestros, bombas. El gerente de Acindar era José Alfredo Martínez de Hoz, quien luego sería ministro de Economía de la dictadura”. En la madrugada del 20 de marzo de 1975, más de 4.000 efectivos invadieron Villa Constitución en una columna de un kilómetro y medio de móviles y camiones. También participaron matones de la Triple A. Hubo más de 150 detenciones. Entre el 75 y el 78, en Villa hubo al menos 60 asesinatos y desaparecidos.
Ese día detuvieron a toda la dirección gremial. Actis estuvo preso hasta 1982. Ese mismo año recuperaron nuevamente el sindicato.
Usted habla de saltos cualitativos y cuantitativos en una época en la que queremos todo ya. Pero esto fue un proceso del 70 al 74: ¿Qué significaba eso?
Hablar de forma permanente con cada compañero y en condiciones clandestinas. Hay historiadores que hablan del Villazo como un hecho espontáneo de masas, como una pueblada en la que un día los trabajadores enloquecieron. No fue así: fue una construcción de cuatro años, con avances y retrocesos. Por eso fue uno de los movimientos que más perduraron: después de 5 años en cana, recuperamos todo.
¿Y a nivel social?
Costó, por el miedo. La gente grande, por lo que había sufrido, tiraba el tema para afuera. Pero los más jóvenes empezaron a retomarlo. Vemos lo mismo ahora con Nitron.

La semilla originaria

Esa memoria está presente en la carpa, con mayoría juvenil, donde todas y todos saben que el reclamo no se resolverá en el corto plazo. ¿Qué representó para Villa esta lucha? Las respuestas deben leerse con los puntos suspensivos de una historia que se seguirá escribiendo.
Cielo, 23: “Un crecimiento. Pasamos de ser 15 vecinos a 2.000 en la calle. Tiene que ver con todo en el país, nuestro sistema productivo. Y ocurre algo: todos opinamos, y si alguno falta, está la confianza de que lo que resuelva la asamblea es lo mejor”.
Israel, 19: “Estaba en una posición de sedentarismo. Veía que marchaban, iban a las radios, y que estaban luchando por mí. Por eso me decidí: yo tengo que ayudar”.
Ane, 29: “La pluralidad: se hablitó la palabra”.
Mariela, 31: “Yo tengo dos nenes con autismo, entonces esta lucha no es cualquier cosa. Es una búsqueda de organización. Y también la de una voz”.
Meli, 29: “Es un lugar de expresión, de herramientas. Es una familia. Lo que más rescato es que el compromiso de todos es la columna vertebral de la carpa, y eso revela la falta de Estado para la juventud. Lo veo muy reflejado acá”.
Cielo: “Y con qué poquito desde lo material: es una carpa. Pero es poder”.
Rodrigo: “Fuera Nitron fue la punta del iceberg. Empezamos a profundizar lo que discutimos: el modelo productivo, la economía. Es comunión social. Eso es poder. Y nos lleva a preguntarnos: ¿qué hacemos con todo lo que estamos aprendiendo? Toda esta lucha nos hace responsables de lo que vamos a hacer con ese conocimiento”.
Betiana Charny, 34 años, cantante y artista, cierra con una poesía: “Más allá de lo que pase con la empresa, hoy en Villa no se habla de otra cosa. No solo corrimos la agenda política, sino que sembramos una semilla que no es transgénica, sino originaria y genuina. Es como la soberanía alimentaria: sabemos que lo que abonamos es para que crezca mejor. Y ahora se viene la cosecha. Por más que la lucha nos lleve más tiempo, el impacto no solo se vio en las urnas, sino también en la calle. Y eso ya cambió la historia”.

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