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Botón de muestra. Lo que revela la causa por el femicidio de Carla Soggiu

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La familia supo de casualidad, 20 meses después, sin ser notificada, que la causa de su hija estaba archivada. El expediente que oculta y tergiversa, pese a que la declaración de la mamá de Carla brindó precisiones suficientes como para investigar la muerte de la joven como un femicidio, y alertaba sobre la falta de funcionamiento del sistema de botón antipánico. La no declaración del ex vicejefe del gobierno porteño Diego Santilli sobre este punto. El audio de los últimos momentos de Carla. Una historia que demuestra paso a paso cómo lo judicial puede encubrir la responsabilidad estatal y archivar procesos, convalidando la impunidad. Por Claudia Acuña.

El mural de Carla y sus padres: Rosana y Alfredo se turnan para ir a Plaza de Mayo, para poder cuidar a sus nietos huérfanos. En el caso de su hija, la falla del sistema de botones antipánico está entre los muchos temas que (no) investiga la justicia.
Foto: Lina Etchesuri

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Hay un sonido que la familia de Carla Soggiu nunca olvidará.

 Es el del audio que le hizo escuchar la Policía de la Ciudad donde quedó registrada la última de las cinco activaciones que Carla hizo de su botón antipánico. 

Ya no se escucha su voz pidiendo ayuda como en las grabaciones anteriores, sino el ruido de agua que se mueve y lo que podría ser un elemento golpeando contra otro y el gemido de alguien que se ahoga. “Me hicieron escuchar a mi hija morir”, recuerda Alfredo.

Carla murió intentando sobrevivir hasta el último minuto de su vida. Así quedó acreditado en la autopsia, donde se constató que sufrió una “asfixia mecánica por sumersión”, y así lo testimonian las insistentes activaciones de su botón antipánico, advirtiendo que estaba perdida y necesitaba ayuda.

Para su familia, a Carla la mataron dos veces. Primero, el 26 de diciembre de 2018, cuando su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, mientras la más pequeña de sus dos hijes era testigo obligada de esa escena de terror. En esa sesión de tortura que duró dos días le produjo una lesión en el cráneo que –según creen sus padres– derivó en la desestabilización y desorientación que sufrió días después. La segunda muerte de Carla, entonces, fue aquel 15 de enero de 2019, cuando pidió ayuda y la Policía de la Ciudad nunca pudo encontrarla, a pesar de que su botón antipánico contaba con geolocalización. Su cuerpo fue hallado cuatro días más tarde en el Riachuelo. 

Ahora a Carla la mataron por tercera vez.

Foto: Vero Ape

Las fojas de la impunidad

Por los crímenes que padeció Carla se abrieron dos expedientes judiciales. El primero culminó cuando El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 20 de la Capital Federal, a cargo del juez Pablo Laufer, condenó a 6 años de prisión a Sergio Fuentes por secuestrar, atar, violar y golpear salvajemente a Carla. La familia de Carla se enteró del inicio de ese juicio oral cuando la secretaria del juzgado llamó a su casa para preguntar por Carla. Le respondieron que estaba muerta. Le informaron entonces que ya no podían presentarse como querellantes y tuvieron que asistir al juicio como parte del público.

La otra causa judicial comenzó el 15 de enero de 2019 cuando Rosana, su mamá, denunció que había desaparecido. Este expediente, foja por foja, es la prueba del delito. 

Justicia ciega

La declaración de la mamá de Carla ocupa la foja 4, es decir, el inicio del expediente. Es completa y precisa. Allí está todo lo que necesita el fiscal César Augusto Troncoso para determinar qué estaba denunciando Rosana.

Dice que su hija está perdida y que un patrullero fue a su casa tres veces porque activó el botón antipánico, una clara señal de que el sistema de geolocalización no estaba funcionando.

Dice también que Carla fue víctima de la violencia de su ex pareja y aporta el número de juzgado y causa en que consta la denuncia, un dato contundente para considerar que se trataba de un caso de violencia de género que obliga a la fiscalía a aplicar el protocolo correspondiente.

Dice algo más que en los tres cuerpos y casi 500 fojas de esta causa no vuelve a nombrarse: el nombre y edad de los hijes de Carla, que para la justicia serán invisibles.

A partir de allí todo el primer cuerpo de esta causa caratulada como “muerte por causa dudosa” es una sucesión de papeles que ordenan la búsqueda. 

La foja 175 da cuenta del hallazgo de un cuerpo. 

Lo encontró por un trabajador que realizaba tareas de limpieza en el Riachuelo.

Foto: Nacho Yuchark

Lo que falta

El segundo cuerpo de la causa es el que importa.

Los principales puntos:

A fojas 288 el fiscal general Diego Iglesias, en aquel momento a cargo de la unidad especialmente dedicada a violencia de género, la pide al fiscal Troncoso que le informe “mediante oficio papel o electrónico”, si existe “indicio de vinculación” del caso con ese tipo de violencia, en cuyo caso le recuerda debe aplicarse el procedimiento correspondiente. A fojas 290 responde la fiscalía a través de su secretaria María Celina Bo: “No se investiga un homicidio doloso vinculado con violencia de género y, por consiguiente, no se precisa la intervención ni colaboración de dicha unidad”. 

A fojas 311 se remite completo el expediente generado por el secuestro, violación y golpiza (Causa N 7581154) y su fallo completo. También, la denuncia de Carla ante la Oficina de Violencia Doméstica, que calificó su situación “de alto riesgo”. Sin embargo, el fiscal jamás consideró en sus conclusiones que la muerte de Carla se produjera en un contexto de violencia de género. Para el fiscal Troncoso Carla  “se murió”.

A fojas 349 se cita a declarar al vicejefe de la Ciudad, Diego Santilli. Responde que prefiere hacerlo por escrito, pero no hay constancia de su declaración, a pesar de que a lo largo del expediente es tres veces requerida. La declaración que nunca realizó Santilli es clave para determinar por qué no funcionó el sistema de geolocalización del botón antipánico. Una versión periodística aseguró que esa falla no se produjo solo en el botón que tenía Carla, sino que dejaron de funcionar los 3.000 que entregaron ese año a las mujeres que el Estado porteño se comprometió así a proteger. ¿Por qué no funcionó? Porque había vencido el contrato con la empresa Coradir –que proveía el servicio– y hubo un vacío de varios días hasta que se hizo cargo el nuevo proveedor, la empresa Soflex. En ese vacío se extravió la vida de Carla.

A fojas 335 el fiscal Troncoso requiere al gobierno de la ciudad “todos los contratos relativos al implementación del servicio del botón antipánico”. No hay copia de dichos contratos en el expediente. 

A fojas 406 el fiscal Troncoso niega las copias de esos contratos a la fiscal Cristina Caamaño Iglesia Paiz, quien había iniciado una investigación por el no funcionamiento del botón antipánico a partir de una nota publicada por el portal El Destape. Esta fiscal también había citado a Santilli y requerido los contratos al gobierno de la ciudad, que respondió que las había enviado al fiscal Troncoso… que le negó la copia “por no se ser parte de la causa”. A fojas 413 el fiscal Troncoso denuncia a Caamaño ante el fiscal general “por haberse excedido de sus funciones”.

A fojas 468 consta que el fiscal devolvió esos contratos “por carecer de interés en esta causa”. No da detalles ni explicaciones.

A fojas 470 el fiscal Troncoso ordena el archivo de la causa por considerar que “el hecho a investigar no constituye delito alguno”.

Preguntas y respuestas

Cómo se enteró la familia de Carla del archivo de la causa que investigaba el crimen de su hija es otra de las violencias que debió soportar. Merece, por eso mismo, una larga explicación. 

La familia de Carla es una de las quince que se encuentran cada segundo miércoles de cada mes en Plaza de Mayo para presentar en Casa Rosada un pedido de audiencia con el presidente Alberto Fernández. El Presidente –que hasta ahora y tras quince solicitudes de audiencia, nunca las recibió– derivó uno de esos pedidos a la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, quien los entrevistó en marzo, junto a un grupo de asesoras. En esa reunión, las familias le entregaron un resumen de la situación que padecían. En el caso de la familia de Carla: los dos niñes no recibían la pensión que les correspondía por la ley Brisa y la investigación judicial se había convertido en una maraña desquiciada. 

A la semana de esa reunión cada familia fue entrevistada en forma individual y durante dos largas horas por otras dos asesoras del ministerio para supuestamente elaborar un informe más detallado.  Durante largos meses no tuvieron novedades hasta que el ministerio respondió uno de los pedidos puntuales: que los ayuden a conseguir los peritos que requería cada causa. La respuesta fue por teléfono: el ministerio –que cuenta con un presupuesto de 6 mil millones sub ejecutado– no tenía recursos para pagar los honorarios de los peritos. 

Las familias se organizaron entonces para conseguirlos y lograron una reunión con el equipo de la perito Virginia Kreimer, quien escuchó durante más de tres horas  los padecimientos judiciales que soportaban, entre ellos, los padres de Carla. La doctora Kreimer les pidió, entonces, una serie de datos de la causa que debían solicitarle al abogado particular. Ese abogado se los había sugerido el periodista Chiche Gelblung, quien tras escucharlos en una entrevista, se conmovió al verlos desamparados. Así llegó a la causa como abogado querellante Juan Manuel Dragani , el 23 de enero de 2019. El abogado es conocido por su participación en los programas de Viviana Canosa y por representar a las hermanas Dalma y Yanina Maradona. En el expediente que investiga la muerte de Carla consta que su actuación se limitó a pedir copias y a presentar un supuesto testigo que nunca pudo ser ubicado.

Los padres de Carla lo llamaron para solicitarle los datos requeridos por Kreimer. Tardaron varias semanas en concretar la entrevista. El mismo día que iban a verlo –ya era mediados de noviembre de este año– recibieron un llamado de una abogada “del ministerio”. 

-Vayan a verlo y después lo llamo- les dijo.

Fueron.

Al regreso recibieron un nuevo llamado de la abogada.

-¿Qué les dijo?

-Que la causa estaba parada

-¿No les dijo que el fiscal la mandó a archivar?

La causa había sido archivada en marzo de 2020. Un año y ocho meses antes. Jamás los notificaron.

La respuesta de Rosana, la mamá de Carla, fueron lágrimas. La de Alfredo apuntó directo a los ojos del ministerio:

-¿Ven por qué queremos que el Presidente nos reciba? ¿Ven por qué no podemos luchar solos contra todo esto?

Sí: veían.

20 minutos de eternidad

Tras el secuestro y la violación Carla volvió a vivir a la casa de sus padres, esta vez con sus hijos de 2 y 5 años. Para sostener a su familia repartía volantes de un estudio jurídico, limpiaba casas y a veces atendía un puesto de diarios. “Al tener hidrocefalia no la tomaban en ningún lado y ella hacía lo que podía para ganarse unos mangos”, cuenta su papá.

Aquel 15 de enero de 2019,  Carla salió a trabajar con su botón antipánico. Fue la última vez que la vio su familia. Cerca de las 18 horas, tal como quedó capturado en una cámara de seguridad, un amigo la acompañó hasta la parada de la línea 32, en Avenida Sáenz al 500, cerca de Nueva Pompeya, desde donde Carla volvería a su casa. Al ver que no regresaba, sus padres llamaron a la policía. “En ese momento y después de todo lo que había pasado, veinte minutos eran una eternidad”, dice Alfredo. También dice  que en la autopsia consta que aquel, su último día, Carla llevaba el botón antipánico refugiado entre la bombacha y el jean. “Mi hija protegió hasta último momento ese aparato que tenía que protegerla”. 

En esa imagen se sintetiza todo lo que su familia necesita ahora: justicia.

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