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Botón de muestra. Lo que revela la causa por el femicidio de Carla Soggiu

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La familia supo de casualidad, 20 meses después, sin ser notificada, que la causa de su hija estaba archivada. El expediente que oculta y tergiversa, pese a que la declaración de la mamá de Carla brindó precisiones suficientes como para investigar la muerte de la joven como un femicidio, y alertaba sobre la falta de funcionamiento del sistema de botón antipánico. La no declaración del ex vicejefe del gobierno porteño Diego Santilli sobre este punto. El audio de los últimos momentos de Carla. Una historia que demuestra paso a paso cómo lo judicial puede encubrir la responsabilidad estatal y archivar procesos, convalidando la impunidad. Por Claudia Acuña.

El mural de Carla y sus padres: Rosana y Alfredo se turnan para ir a Plaza de Mayo, para poder cuidar a sus nietos huérfanos. En el caso de su hija, la falla del sistema de botones antipánico está entre los muchos temas que (no) investiga la justicia.
Foto: Lina Etchesuri

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Hay un sonido que la familia de Carla Soggiu nunca olvidará.

 Es el del audio que le hizo escuchar la Policía de la Ciudad donde quedó registrada la última de las cinco activaciones que Carla hizo de su botón antipánico. 

Ya no se escucha su voz pidiendo ayuda como en las grabaciones anteriores, sino el ruido de agua que se mueve y lo que podría ser un elemento golpeando contra otro y el gemido de alguien que se ahoga. “Me hicieron escuchar a mi hija morir”, recuerda Alfredo.

Carla murió intentando sobrevivir hasta el último minuto de su vida. Así quedó acreditado en la autopsia, donde se constató que sufrió una “asfixia mecánica por sumersión”, y así lo testimonian las insistentes activaciones de su botón antipánico, advirtiendo que estaba perdida y necesitaba ayuda.

Para su familia, a Carla la mataron dos veces. Primero, el 26 de diciembre de 2018, cuando su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, mientras la más pequeña de sus dos hijes era testigo obligada de esa escena de terror. En esa sesión de tortura que duró dos días le produjo una lesión en el cráneo que –según creen sus padres– derivó en la desestabilización y desorientación que sufrió días después. La segunda muerte de Carla, entonces, fue aquel 15 de enero de 2019, cuando pidió ayuda y la Policía de la Ciudad nunca pudo encontrarla, a pesar de que su botón antipánico contaba con geolocalización. Su cuerpo fue hallado cuatro días más tarde en el Riachuelo. 

Ahora a Carla la mataron por tercera vez.

Foto: Vero Ape

Las fojas de la impunidad

Por los crímenes que padeció Carla se abrieron dos expedientes judiciales. El primero culminó cuando El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 20 de la Capital Federal, a cargo del juez Pablo Laufer, condenó a 6 años de prisión a Sergio Fuentes por secuestrar, atar, violar y golpear salvajemente a Carla. La familia de Carla se enteró del inicio de ese juicio oral cuando la secretaria del juzgado llamó a su casa para preguntar por Carla. Le respondieron que estaba muerta. Le informaron entonces que ya no podían presentarse como querellantes y tuvieron que asistir al juicio como parte del público.

La otra causa judicial comenzó el 15 de enero de 2019 cuando Rosana, su mamá, denunció que había desaparecido. Este expediente, foja por foja, es la prueba del delito. 

Justicia ciega

La declaración de la mamá de Carla ocupa la foja 4, es decir, el inicio del expediente. Es completa y precisa. Allí está todo lo que necesita el fiscal César Augusto Troncoso para determinar qué estaba denunciando Rosana.

Dice que su hija está perdida y que un patrullero fue a su casa tres veces porque activó el botón antipánico, una clara señal de que el sistema de geolocalización no estaba funcionando.

Dice también que Carla fue víctima de la violencia de su ex pareja y aporta el número de juzgado y causa en que consta la denuncia, un dato contundente para considerar que se trataba de un caso de violencia de género que obliga a la fiscalía a aplicar el protocolo correspondiente.

Dice algo más que en los tres cuerpos y casi 500 fojas de esta causa no vuelve a nombrarse: el nombre y edad de los hijes de Carla, que para la justicia serán invisibles.

A partir de allí todo el primer cuerpo de esta causa caratulada como “muerte por causa dudosa” es una sucesión de papeles que ordenan la búsqueda. 

La foja 175 da cuenta del hallazgo de un cuerpo. 

Lo encontró por un trabajador que realizaba tareas de limpieza en el Riachuelo.

Foto: Nacho Yuchark

Lo que falta

El segundo cuerpo de la causa es el que importa.

Los principales puntos:

A fojas 288 el fiscal general Diego Iglesias, en aquel momento a cargo de la unidad especialmente dedicada a violencia de género, la pide al fiscal Troncoso que le informe “mediante oficio papel o electrónico”, si existe “indicio de vinculación” del caso con ese tipo de violencia, en cuyo caso le recuerda debe aplicarse el procedimiento correspondiente. A fojas 290 responde la fiscalía a través de su secretaria María Celina Bo: “No se investiga un homicidio doloso vinculado con violencia de género y, por consiguiente, no se precisa la intervención ni colaboración de dicha unidad”. 

A fojas 311 se remite completo el expediente generado por el secuestro, violación y golpiza (Causa N 7581154) y su fallo completo. También, la denuncia de Carla ante la Oficina de Violencia Doméstica, que calificó su situación “de alto riesgo”. Sin embargo, el fiscal jamás consideró en sus conclusiones que la muerte de Carla se produjera en un contexto de violencia de género. Para el fiscal Troncoso Carla  “se murió”.

A fojas 349 se cita a declarar al vicejefe de la Ciudad, Diego Santilli. Responde que prefiere hacerlo por escrito, pero no hay constancia de su declaración, a pesar de que a lo largo del expediente es tres veces requerida. La declaración que nunca realizó Santilli es clave para determinar por qué no funcionó el sistema de geolocalización del botón antipánico. Una versión periodística aseguró que esa falla no se produjo solo en el botón que tenía Carla, sino que dejaron de funcionar los 3.000 que entregaron ese año a las mujeres que el Estado porteño se comprometió así a proteger. ¿Por qué no funcionó? Porque había vencido el contrato con la empresa Coradir –que proveía el servicio– y hubo un vacío de varios días hasta que se hizo cargo el nuevo proveedor, la empresa Soflex. En ese vacío se extravió la vida de Carla.

A fojas 335 el fiscal Troncoso requiere al gobierno de la ciudad “todos los contratos relativos al implementación del servicio del botón antipánico”. No hay copia de dichos contratos en el expediente. 

A fojas 406 el fiscal Troncoso niega las copias de esos contratos a la fiscal Cristina Caamaño Iglesia Paiz, quien había iniciado una investigación por el no funcionamiento del botón antipánico a partir de una nota publicada por el portal El Destape. Esta fiscal también había citado a Santilli y requerido los contratos al gobierno de la ciudad, que respondió que las había enviado al fiscal Troncoso… que le negó la copia “por no se ser parte de la causa”. A fojas 413 el fiscal Troncoso denuncia a Caamaño ante el fiscal general “por haberse excedido de sus funciones”.

A fojas 468 consta que el fiscal devolvió esos contratos “por carecer de interés en esta causa”. No da detalles ni explicaciones.

A fojas 470 el fiscal Troncoso ordena el archivo de la causa por considerar que “el hecho a investigar no constituye delito alguno”.

Preguntas y respuestas

Cómo se enteró la familia de Carla del archivo de la causa que investigaba el crimen de su hija es otra de las violencias que debió soportar. Merece, por eso mismo, una larga explicación. 

La familia de Carla es una de las quince que se encuentran cada segundo miércoles de cada mes en Plaza de Mayo para presentar en Casa Rosada un pedido de audiencia con el presidente Alberto Fernández. El Presidente –que hasta ahora y tras quince solicitudes de audiencia, nunca las recibió– derivó uno de esos pedidos a la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, quien los entrevistó en marzo, junto a un grupo de asesoras. En esa reunión, las familias le entregaron un resumen de la situación que padecían. En el caso de la familia de Carla: los dos niñes no recibían la pensión que les correspondía por la ley Brisa y la investigación judicial se había convertido en una maraña desquiciada. 

A la semana de esa reunión cada familia fue entrevistada en forma individual y durante dos largas horas por otras dos asesoras del ministerio para supuestamente elaborar un informe más detallado.  Durante largos meses no tuvieron novedades hasta que el ministerio respondió uno de los pedidos puntuales: que los ayuden a conseguir los peritos que requería cada causa. La respuesta fue por teléfono: el ministerio –que cuenta con un presupuesto de 6 mil millones sub ejecutado– no tenía recursos para pagar los honorarios de los peritos. 

Las familias se organizaron entonces para conseguirlos y lograron una reunión con el equipo de la perito Virginia Kreimer, quien escuchó durante más de tres horas  los padecimientos judiciales que soportaban, entre ellos, los padres de Carla. La doctora Kreimer les pidió, entonces, una serie de datos de la causa que debían solicitarle al abogado particular. Ese abogado se los había sugerido el periodista Chiche Gelblung, quien tras escucharlos en una entrevista, se conmovió al verlos desamparados. Así llegó a la causa como abogado querellante Juan Manuel Dragani , el 23 de enero de 2019. El abogado es conocido por su participación en los programas de Viviana Canosa y por representar a las hermanas Dalma y Yanina Maradona. En el expediente que investiga la muerte de Carla consta que su actuación se limitó a pedir copias y a presentar un supuesto testigo que nunca pudo ser ubicado.

Los padres de Carla lo llamaron para solicitarle los datos requeridos por Kreimer. Tardaron varias semanas en concretar la entrevista. El mismo día que iban a verlo –ya era mediados de noviembre de este año– recibieron un llamado de una abogada “del ministerio”. 

-Vayan a verlo y después lo llamo- les dijo.

Fueron.

Al regreso recibieron un nuevo llamado de la abogada.

-¿Qué les dijo?

-Que la causa estaba parada

-¿No les dijo que el fiscal la mandó a archivar?

La causa había sido archivada en marzo de 2020. Un año y ocho meses antes. Jamás los notificaron.

La respuesta de Rosana, la mamá de Carla, fueron lágrimas. La de Alfredo apuntó directo a los ojos del ministerio:

-¿Ven por qué queremos que el Presidente nos reciba? ¿Ven por qué no podemos luchar solos contra todo esto?

Sí: veían.

20 minutos de eternidad

Tras el secuestro y la violación Carla volvió a vivir a la casa de sus padres, esta vez con sus hijos de 2 y 5 años. Para sostener a su familia repartía volantes de un estudio jurídico, limpiaba casas y a veces atendía un puesto de diarios. “Al tener hidrocefalia no la tomaban en ningún lado y ella hacía lo que podía para ganarse unos mangos”, cuenta su papá.

Aquel 15 de enero de 2019,  Carla salió a trabajar con su botón antipánico. Fue la última vez que la vio su familia. Cerca de las 18 horas, tal como quedó capturado en una cámara de seguridad, un amigo la acompañó hasta la parada de la línea 32, en Avenida Sáenz al 500, cerca de Nueva Pompeya, desde donde Carla volvería a su casa. Al ver que no regresaba, sus padres llamaron a la policía. “En ese momento y después de todo lo que había pasado, veinte minutos eran una eternidad”, dice Alfredo. También dice  que en la autopsia consta que aquel, su último día, Carla llevaba el botón antipánico refugiado entre la bombacha y el jean. “Mi hija protegió hasta último momento ese aparato que tenía que protegerla”. 

En esa imagen se sintetiza todo lo que su familia necesita ahora: justicia.

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El contexto de la amenaza a Messi en Rosario: narco Estado, violencia, femicidios y extractivismo

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Lionel Messi fue amenazado en Rosario a través de un atentado con mensaje mafioso al supermercado de la familia de su pareja, Antonela Rocuzzo. ¿Cómo funciona el mercado sicario? ¿Cuánto se pagan las amenazas y muertes por encargo? ¿Cuál es el marco territorial e institucional de la amenaza? El abandono del Estado y la proliferación de bandas. El rol policial y penitenciario. La ciudad en disputa. Publicamos aquí la investigación realizada por la revista MU en Rosario: El narco-Estado: plomo & humo, que fue tapa de nuestra edición de diciembre y refleja el contexto en el que se da esta situación que cobra relevancia por la celebridad de Messi, pero que sigue gestándose desde hace años sin respuestas. Las voces rosarinas para comprender en qué ámbito se fermentó la amenaza.

Rosario, el narco-Estado: plomo & humo.

Narcofemicidios, violencia y extractivismo

La jefa de la Unidad Fiscal de Balaceras revela cuánto se pagan las amenazas y muertes por encargo, entre otras confesiones sobre cómo trabaja la justicia cuando el Estado es cómplice del narco. Una ciudad sitiada por el terror, donde las mujeres y los niños pasaron de ser intocables a principales víctimas. La relación entre extractivismo, pobreza y un sistema penitenciario corrupto. Y las organizaciones feministas y ambientales que explican cómo funcionan las lógicas de una ciudad en disputa. Por Claudia Acuña.

Foto Sebastián Smok para lavaca
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El camino de Lucía, el día que cumpliría 23 años: las revelaciones de una nueva audiencia

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Hoy sucedió la quinta audiencia del juicio que investiga el femicidio de Lucía Pérez: quién la mató, quién encubrió, qué pasó. Declararon dos testigos sobre la presunta escena del crimen, la casa que Farías había alquilado 10 días antes del femicidio por gestión de Offidiani, los dos imputados en la causa. Lo que declaró valientemente una de las vecinas: los movimientos de ese día, la venta habitual de drogas en la casa, la presencia de la policía. Lo que llegaron a decir la dueña de la casa y su marido, antes de que el abogado de la defensa César Sivo pidiera suspender la audiencia por el ruido de afuera, donde la Campaña Nacional Somos Lucía y decenas de organizaciones agitaban por el cumpleaños de la joven que hoy tendría 23. El relato y las fotos del camino que Lucía hizo aquel 8 de octubre, de la casa a la salita de salud en el barrio La Serena donde Farías, Offidani y Maciel la llevaron muerta.

Por Claudia Acuña desde Mar del Plata

Grábense en la memoria y en el corazón este nombre: Celeste Soledad Tiseira. Lo necesita y lo necesitamos. Ella porque tiene miedo y el resto, para comprender la trama que derivó en la muerte de Lucía Pérez.

Hay momentos en los cuales la Historia la escriben las personas como Celeste y hoy fue uno. Con frases simples, con lágrimas atragantadas, por momentos sacudiendo los brazos; en otros, con las manos clavadas en el pecho; mirando siempre de frente a los jueces, tal como le indicaron al comenzar su declaración en esta, la quinta jornada del segundo juicio que intenta responder una pregunta que lleva más de tres mil días sin respuesta: qué pasó aquel fatídico 8 de octubre de 2016.

Hoy, cuando la audiencia coincide con la fecha de lo que debería que haber sido el cumpleaños 23 de Lucía, esta vecina del barrio Alfar de Mar del Plata comenzó su relato con una promesa que reforzó con dos palabras: “Juro y prometo”.

Zapatillas y remera negras, jeans anónimos, el pelo largo y oscuro sujetado en una colita, la mirada siguiendo el cursor del Google Maps que el fiscal proyectó para ubicar dónde quedaba la casa que habitaba entonces, dónde el jardín, dónde el poste caído por la tormenta que estaba reparando Cristian, su esposo, luego de cumplir con su trabajo en el puerto, dónde el tronco en el que se sentó ella para cuidar a los dos perros  -un caniche y un bóxer- mientras su hija y su hijo cumplían con el desafío que les había hecho el padre al grito de “quién se quiere ganar unos pesos”: limpiar el auto. En eso estaba esa familia aquel sábado.

Diagonal Norte y Rasedo: esas son las coordenadas que la convirtieron en testigo.

Y esto fue lo que pasó frente a su casa y sus ojos:

“Viene una camioneta por Diagonal, estaciona frente al portoncito, se baja una persona morocha y entra por el portoncito, queda la otra persona en la camioneta y después de unos minutos, unos 15 calculo, sale esa persona morocha que había entrado en la casa y le dice a la otra que se había quedado en la camioneta que se baje y esa persona se bajó y entró” .

Recuerda que pensó: “¿Ese se viene a drogar? Podría ser mi abuelo”.

Recuerda que entró a la perra bóxer porque “es una rompe pelotas que no paraba de ladrar”; recuerda también que intercambió mensajes con su hermana, que fue al baño y que regresó al jardín para sentarse en el tronco, al lado de la perra chiquita, así que calcula que pasaron entre entre 25 minutos y media ahora hasta que vio aquello que hasta hoy le quiebra la voz: la figura de un hombre joven cargando sobre los hombros un cuerpo, las piernas en la espalda, la cabeza adelante, colgando, una cabellera de rastas apuntando hacia el piso y la remera plisada por la posición que dejaba ver un torso muy delgado . “Pensé que era un varón, porque siempre veía por ahí a un chico con rastas”, agrega.

Recuerda que el chico joven colocó el cuerpo en la caja de atrás de la camioneta y que quizá… porque había algo atrás o porque justo ahí estaba… ya saben… eso que es como… y levanta, lo cierto es que el cuerpo quedó como sentado y entonces la vio: era una chica. Pensó que tendría la edad de su hija.

Al lado se sentó el chico joven, adelante se ubicaron los otros dos hombres, la camioneta arrancó, tomó por Diagonal y dobló.

Así y con estas simples palabras Celeste ubicó en el tiempo y escena de la muerte de Lucía a los imputados: la persona morocha sería Maciel –hoy ya muerto-, el viejo, Offidani, y el chico joven, Farías.

Silencio.

La familia lo hizo entonces y Celeste lo repite ahora, como una pausa que transmite, después de lo que vio, cómo quedó así, atrapada, en ese lugar que hoy revela a los jueces con una pregunta tremenda: qué pueden hacer aquellas personas que no pueden hacer nada.

La ruta

El camino que llevó a Lucía hasta la salita del barrio La Serena resume toda la trágica Historia marplatense. La avenida que lleva desde su casa -un chalet levantado a mano por sus padres- hasta la costa culmina en el Faro y el sitio de memoria que recuerda que allí funcionó uno de los centros clandestinos de la dictadura. Al llegar al mar, donde ahora se suceden, una tras otras, playas exclusivas y privatizadas, hay que tomar una calle poblada por una arboleda imponente que alberga el sitio arqueológico que da nombre al barrio: el Alfar es el sitio donde se hallaron restos fósiles de más de cinco mil años, memoria de culturas originarias. Unas cuadras más y se dobla justo donde un mural recuerda a los muertos en el submarino Ara San Juan.  Otras más y está la plaza donde conviven la salita, la iglesia, la comisaria y el polirrubro bautizado “De todo un poco”.

Celeste no sabía que hasta allí trasladaron los imputados el cuerpo de Lucía aquel sábado, así que lo que cuenta es que su marido le dijo “quedate tranquila”, que le contó a su hermana y su amiga Romina lo que había visto y que esos chats se los entregó a la secretaria del juzgado el día que prestó por primera vez declaración. Y que aquel día pidió protección porque tenía miedo. La respuesta que escuchó entonces fue la siguiente:

-Tiene razón en tener miedo.

La frase la dijo alguien que, cree, era entonces el abogado de los imputados.

Desde entonces se mudó, tuvo ataques de pánico, temió por sus hijos, se sintió desprotegida, durmió siempre mal y llegó como pudo hasta acá, hasta hoy, para decir lo siguiente:

“Y bueno… con esto me voy a poner en problemas, pero bueno… No es la primera vez que los vecinos del Alfar vemos que en una casa venden droga… ¿pero qué vimos también? Al patrullero. Y entrar policías… Entonces… ¿a dónde íbamos a denunciar?… Cuando tenés hijos pensás, ¿cómo me voy a meter? Y cargás con eso…

Luego dijo algo inesperado, inédito, valiente:

-Perdón.

La casa

La siguiente testigo fue Mariana Almada, la dueña de la “casucha” -tal como definió la propiedad- que alquiló a Farías, por pedido de Offidani, a quien dijo conocer desde chica, ya que sus familias eran amigas. Detalló que apenas hacía diez días que el nuevo inquilino se había instalado, que creía que hasta entonces había vivido en la casa de Offidani, sin saber la razón por la que había tenido que abandonarla. Almada vive en un chalet ubicado al frente, detrás del cual hay una construcción de ladrillos que da lugar a una habitación con dos plantas: arriba el dormitorio y escaleras abajo, espacio para una mesa, la cocina y el baño. Dijo haber tenido que echar a los anteriores inquilinos, que Celeste había mencionado cuando contó que le ofrecieron drogas a su hija. Por entonces convivía con una pareja que hoy es ex y que tras un cuarto intermedio comenzó a declarar, aunque sólo alcanzó a mencionar que conocía a Offidani desde antes de iniciar la relación con Almada: el defensor de ese imputado alegó que por su sordera no alcanzaba a escuchar esa declaración, debido al repique de tambores que desde abajo hacían sonar quienes conmemoraban el cumpleaños de Lucía. Convenientemente para la defensa, su exposición se postergó hasta mañana, jornada en la que también declararán otros dos testigos de la acusación. Luego, el tribunal, defensas y querella realizarán la inspección ocular que propuso la fiscalía. Desandarán así el camino que quizá realizó aquel día tremendo Lucía para quizá ver, así y finalmente, lo que vieron sus ojos.

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Lo que se empieza a ver en el segundo juicio por el femicidio de Lucía Pérez

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En el comienzo de la segunda semana del nuevo juicio, la enfermera que atendía en la sala donde llegó el cuerpo de Lucía aportó documentos que revelan extrañas maniobras sobre el certificado de defunción de la joven de 16 años. Lo que le dijo el subsecretario de Salud, Pablo de la Colina –quien apareció inesperadamente ese día en la sala-, sobre ese certificado. La actitud y lo que (no) dijo Farías aquel 8 de octubre; su relación con Offidani; cómo los encontraron cuando los detuvieron por el crimen: escuchando música y tomando alcohol, en un auto con drogas. Por qué se sabe que Lucía no era una adicta. Y el pedido del fiscal para que los jueces inspeccionen este miércoles a la escena del crimen. Cómo siguen las audiencias.

Por Claudia Acuña

(Desde Mar del Plata) La cuarta jornada del juicio que investiga la muerte de Lucía Pérez estuvo dominada por las preguntas del fiscal Leandro Arévalo, las declaraciones de cinco policías que intervinieron en los primeros trámites del expediente y la enfermera de la sala donde llegó el cuerpo de Lucía.

Esta mujer entregó tres fotocopias con documentación clave que hasta hoy no formó parte de los seis cuerpos que tiene esta causa:

  • Una fotocopia es del libro de enfermería, único registro que existe del ingreso del cuerpo de Lucía a la sala de salud del barrio de La Serena;
  • Una fotocopia es del certificado de entrega del cuerpo a la morgue;
  • Y la fotocopia de la carta con la cual solicitó a la Secretaría de Salud municipal la anulación del acta de defunción que el médico Pablo de la Colina firmó en blanco.

La enfermera contó también que cuando le preguntó a ese médico, meses después, qué debía hacer con ese documento, él le respondió:

-Rompelo.

Ella, en cambio, decidió que debía seguir el procedimiento que le había indicado a todo el personal de esa sala un abogado enviado por la secretaria de Salud.

Recordemos que aquel 8 octubre de 2016 el doctor De la Colina era subsecretario de Salud municipal; ya veremos más abajo cómo narra la enfermera por qué estuvo presente ese día en esa salita.

A pedido del fiscal y con acuerdo de todas las partes, el tribunal dispuso que el miércoles habrá una inspección ocular a la casa que alquilaba Matías Gabriel Farías, uno de los imputados, escena de la muerte de Lucía.

En tanto defensas, querella y fiscalías acordaron que los alegatos serán el próximo miércoles 22 (querella y fiscalía) y cuatro días después, ambas defensas.

Mañana comunicarán esta propuesta al tribunal, que deberá confirmarlo.

La escena del crimen

Las audiencias se llevan a cabo en dos salas, ambas muy chicas. En el sexto piso se amontonan defensas, querella y fiscalía, en escritorios enfrentados y que rodean al tribunal. En el centro está el sillón por donde desfilan los testigos y detrás, seis sillas. De un lado, tres mujeres jóvenes que asisten al doctor César Sivo, defensor del imputado Pablo Offidani; del otro Marta y Guillermo, los padres de Lucía, que llevan en su pecho la foto de su hija. En el segundo piso y a través de una pantalla se trasmite la audiencia para el público, compuesto hoy, entre otros, por la prensa y representantes de los organismos que monitorean el juicio: el doctor Eduardo Carnicero, por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires; la doctora Natalia Roselot, por el ministerio de las Mujeres bonaerense, y Vanesa Calvo y Federico Komblit, por el ministerio de las Mujeres de Nación. Estos organismos estuvieron presentes en todas las jornadas, incluida la dedicada a los peritos forense, que fue cerrada a la prensa.

Vanesa Calvo y Federico Komblit, por el ministerio de las Mujeres de Nación; el doctor Eduardo Carnicero, por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires; y la doctora Natalia Roselot, del ministerio de las Mujeres bonaerense. Foto: Lina Etchesuri para lavaca.

Detalle de aquella jornada: las peritos explicaron muy detalladamente cómo establecieron que Lucía no era consumidora habitual de cocaína. Explicaron que esa droga deja residuos en el pelo y que tomaron muestras del cabello de Lucía. Detallaron: se calcula que el pelo crece una centímetro por mes. El pelo de Lucía tenía unos veinte centímetros de largo. No tenía residuos de esa sustancia por lo cual, plantearon, se puede establecer que al menos hasta veinte meses antes de su muerte no había consumido cocaína.

El primero en declarar este lunes fue Pablo Luis Bocca, un joven oficial policial -calculemos que casi siete años atrás era aún más joven- que aquel 8 de octubre de 2016 prestaba servicio en la Comisaria N.º 13, lindera a la salita de salud a donde Farías y Offidani dejaron el cuerpo de Lucía. Lo que vio lo describió con pocas y contundentes palabras: mal vestida y con el pelo mojado. Fue también quien detuvo a los imputados veinte horas después; los describió  también de la misma forma: estaban en la camioneta en la que trasladaron a Lucía, bebiendo alcohol y escuchando música. Es en ese procedimiento donde les incautan una mochila con la droga que fue la prueba por las que ambos imputados fueron condenados por el delito de “tenencia de drogas con intención de venta a menores”. También fue quien dijo que luego de esa detención “era voz populi que eran vendedores de drogas”.

Quien era por entonces su superior, el comisario Cristian Gari, aportó otros datos. Mencionó a Offidani como “el compadre” de Farías. Consultada luego por lavaca la defensora oficial de Farías, la doctora María Laura Solari, afirmó que Offidani es el padrino de uno de los hijos, el menor, nacido muy poco antes de aquel fatídico día. Consultada sobre si había citado a la madre de ese bebé como testigo, la respuesta de la defensora Solari fue: no.

Ya veremos cómo se cita este dato en la audiencia.

El comisario Gari también respondió a la defensora Solari, cuando le preguntó qué actitud había notado en Farías aquel día: ¿tuvo intención de colaborar o notó lo contrario? “Huir no quiso, pero se nota que lo que dijo aquel día fue la cuarta parte de lo que sabía”.

Un ejemplo que quizá explique por qué en esta jornada las defensas hicieron pocas preguntas.

La salita del barrio Serena

Enfermera ya jubilada, con jean, remera negra y actitud segura, María Elisa Sendra fue la única que dijo conocer a Farías con anterioridad al hecho investigado en este juicio: fue cuando llevó a parir a la salita a una mujer -que supuso su pareja-, hecho que calificó como muy poco habitual. También fue encargada de explicar cómo era el funcionamiento sí habitual de la sala de salud del barrio de La Serena: desde el año 2010, atendían los consultorios de lunes a viernes con actividades ya programadas, y los fines de semana había guardias, que se cubrían con dos turnos.

Contó que aquel 8 de octubre, a las 8 de la mañana, le habían informado que no habría médico desde las 14 hasta las 19 y así ordenó informarlo en un cartel que pegaron en la puerta de la salita. Supone que porque alguien sacó una foto de ese cartel –así se habría originado una reacción que calificó como “viral”- fue que la llamaron de la secretaría de Salud para informarle que el subsecretario se haría cargo de la guardia. Ella se retiró a las 14, sin verlo y poco después de las 18.30 volvió sin tampoco cruzárselo. La doctora Verónica Heredia le preguntó si era habitual que el funcionario cubriera una guardia en esa sala y la respuesta fue: no.

Luego, contó del certificado de defunción en blanco, que ella estuvo en su poder durante más de un mes sin que nadie se lo reclamara. Y también que recibió un pedido de la secretaria de Salud para que sacara las fotocopias, cuyo destino -le informaron- era remitirlos al juzgado donde se iniciaría el primer juicio: cosa que hasta hoy, cuando las sacó de la bolsita donde las había guardado durante 6 años y 5 meses, no había ocurrido.

Marta y Guillermo junto a la Campaña Nacional Somos Lucía y organizaciones que los acompañan cada jornada de audiencias. Foto: Lina Echesuri para lavaca
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