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Botón de muestra. Lo que revela la causa por el femicidio de Carla Soggiu

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La familia supo de casualidad, 20 meses después, sin ser notificada, que la causa de su hija estaba archivada. El expediente que oculta y tergiversa, pese a que la declaración de la mamá de Carla brindó precisiones suficientes como para investigar la muerte de la joven como un femicidio, y alertaba sobre la falta de funcionamiento del sistema de botón antipánico. La no declaración del ex vicejefe del gobierno porteño Diego Santilli sobre este punto. El audio de los últimos momentos de Carla. Una historia que demuestra paso a paso cómo lo judicial puede encubrir la responsabilidad estatal y archivar procesos, convalidando la impunidad. Por Claudia Acuña.

El mural de Carla y sus padres: Rosana y Alfredo se turnan para ir a Plaza de Mayo, para poder cuidar a sus nietos huérfanos. En el caso de su hija, la falla del sistema de botones antipánico está entre los muchos temas que (no) investiga la justicia.
Foto: Lina Etchesuri

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Hay un sonido que la familia de Carla Soggiu nunca olvidará.

 Es el del audio que le hizo escuchar la Policía de la Ciudad donde quedó registrada la última de las cinco activaciones que Carla hizo de su botón antipánico. 

Ya no se escucha su voz pidiendo ayuda como en las grabaciones anteriores, sino el ruido de agua que se mueve y lo que podría ser un elemento golpeando contra otro y el gemido de alguien que se ahoga. “Me hicieron escuchar a mi hija morir”, recuerda Alfredo.

Carla murió intentando sobrevivir hasta el último minuto de su vida. Así quedó acreditado en la autopsia, donde se constató que sufrió una “asfixia mecánica por sumersión”, y así lo testimonian las insistentes activaciones de su botón antipánico, advirtiendo que estaba perdida y necesitaba ayuda.

Para su familia, a Carla la mataron dos veces. Primero, el 26 de diciembre de 2018, cuando su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, mientras la más pequeña de sus dos hijes era testigo obligada de esa escena de terror. En esa sesión de tortura que duró dos días le produjo una lesión en el cráneo que –según creen sus padres– derivó en la desestabilización y desorientación que sufrió días después. La segunda muerte de Carla, entonces, fue aquel 15 de enero de 2019, cuando pidió ayuda y la Policía de la Ciudad nunca pudo encontrarla, a pesar de que su botón antipánico contaba con geolocalización. Su cuerpo fue hallado cuatro días más tarde en el Riachuelo. 

Ahora a Carla la mataron por tercera vez.

Foto: Vero Ape

Las fojas de la impunidad

Por los crímenes que padeció Carla se abrieron dos expedientes judiciales. El primero culminó cuando El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 20 de la Capital Federal, a cargo del juez Pablo Laufer, condenó a 6 años de prisión a Sergio Fuentes por secuestrar, atar, violar y golpear salvajemente a Carla. La familia de Carla se enteró del inicio de ese juicio oral cuando la secretaria del juzgado llamó a su casa para preguntar por Carla. Le respondieron que estaba muerta. Le informaron entonces que ya no podían presentarse como querellantes y tuvieron que asistir al juicio como parte del público.

La otra causa judicial comenzó el 15 de enero de 2019 cuando Rosana, su mamá, denunció que había desaparecido. Este expediente, foja por foja, es la prueba del delito. 

Justicia ciega

La declaración de la mamá de Carla ocupa la foja 4, es decir, el inicio del expediente. Es completa y precisa. Allí está todo lo que necesita el fiscal César Augusto Troncoso para determinar qué estaba denunciando Rosana.

Dice que su hija está perdida y que un patrullero fue a su casa tres veces porque activó el botón antipánico, una clara señal de que el sistema de geolocalización no estaba funcionando.

Dice también que Carla fue víctima de la violencia de su ex pareja y aporta el número de juzgado y causa en que consta la denuncia, un dato contundente para considerar que se trataba de un caso de violencia de género que obliga a la fiscalía a aplicar el protocolo correspondiente.

Dice algo más que en los tres cuerpos y casi 500 fojas de esta causa no vuelve a nombrarse: el nombre y edad de los hijes de Carla, que para la justicia serán invisibles.

A partir de allí todo el primer cuerpo de esta causa caratulada como “muerte por causa dudosa” es una sucesión de papeles que ordenan la búsqueda. 

La foja 175 da cuenta del hallazgo de un cuerpo. 

Lo encontró por un trabajador que realizaba tareas de limpieza en el Riachuelo.

Foto: Nacho Yuchark

Lo que falta

El segundo cuerpo de la causa es el que importa.

Los principales puntos:

A fojas 288 el fiscal general Diego Iglesias, en aquel momento a cargo de la unidad especialmente dedicada a violencia de género, la pide al fiscal Troncoso que le informe “mediante oficio papel o electrónico”, si existe “indicio de vinculación” del caso con ese tipo de violencia, en cuyo caso le recuerda debe aplicarse el procedimiento correspondiente. A fojas 290 responde la fiscalía a través de su secretaria María Celina Bo: “No se investiga un homicidio doloso vinculado con violencia de género y, por consiguiente, no se precisa la intervención ni colaboración de dicha unidad”. 

A fojas 311 se remite completo el expediente generado por el secuestro, violación y golpiza (Causa N 7581154) y su fallo completo. También, la denuncia de Carla ante la Oficina de Violencia Doméstica, que calificó su situación “de alto riesgo”. Sin embargo, el fiscal jamás consideró en sus conclusiones que la muerte de Carla se produjera en un contexto de violencia de género. Para el fiscal Troncoso Carla  “se murió”.

A fojas 349 se cita a declarar al vicejefe de la Ciudad, Diego Santilli. Responde que prefiere hacerlo por escrito, pero no hay constancia de su declaración, a pesar de que a lo largo del expediente es tres veces requerida. La declaración que nunca realizó Santilli es clave para determinar por qué no funcionó el sistema de geolocalización del botón antipánico. Una versión periodística aseguró que esa falla no se produjo solo en el botón que tenía Carla, sino que dejaron de funcionar los 3.000 que entregaron ese año a las mujeres que el Estado porteño se comprometió así a proteger. ¿Por qué no funcionó? Porque había vencido el contrato con la empresa Coradir –que proveía el servicio– y hubo un vacío de varios días hasta que se hizo cargo el nuevo proveedor, la empresa Soflex. En ese vacío se extravió la vida de Carla.

A fojas 335 el fiscal Troncoso requiere al gobierno de la ciudad “todos los contratos relativos al implementación del servicio del botón antipánico”. No hay copia de dichos contratos en el expediente. 

A fojas 406 el fiscal Troncoso niega las copias de esos contratos a la fiscal Cristina Caamaño Iglesia Paiz, quien había iniciado una investigación por el no funcionamiento del botón antipánico a partir de una nota publicada por el portal El Destape. Esta fiscal también había citado a Santilli y requerido los contratos al gobierno de la ciudad, que respondió que las había enviado al fiscal Troncoso… que le negó la copia “por no se ser parte de la causa”. A fojas 413 el fiscal Troncoso denuncia a Caamaño ante el fiscal general “por haberse excedido de sus funciones”.

A fojas 468 consta que el fiscal devolvió esos contratos “por carecer de interés en esta causa”. No da detalles ni explicaciones.

A fojas 470 el fiscal Troncoso ordena el archivo de la causa por considerar que “el hecho a investigar no constituye delito alguno”.

Preguntas y respuestas

Cómo se enteró la familia de Carla del archivo de la causa que investigaba el crimen de su hija es otra de las violencias que debió soportar. Merece, por eso mismo, una larga explicación. 

La familia de Carla es una de las quince que se encuentran cada segundo miércoles de cada mes en Plaza de Mayo para presentar en Casa Rosada un pedido de audiencia con el presidente Alberto Fernández. El Presidente –que hasta ahora y tras quince solicitudes de audiencia, nunca las recibió– derivó uno de esos pedidos a la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, quien los entrevistó en marzo, junto a un grupo de asesoras. En esa reunión, las familias le entregaron un resumen de la situación que padecían. En el caso de la familia de Carla: los dos niñes no recibían la pensión que les correspondía por la ley Brisa y la investigación judicial se había convertido en una maraña desquiciada. 

A la semana de esa reunión cada familia fue entrevistada en forma individual y durante dos largas horas por otras dos asesoras del ministerio para supuestamente elaborar un informe más detallado.  Durante largos meses no tuvieron novedades hasta que el ministerio respondió uno de los pedidos puntuales: que los ayuden a conseguir los peritos que requería cada causa. La respuesta fue por teléfono: el ministerio –que cuenta con un presupuesto de 6 mil millones sub ejecutado– no tenía recursos para pagar los honorarios de los peritos. 

Las familias se organizaron entonces para conseguirlos y lograron una reunión con el equipo de la perito Virginia Kreimer, quien escuchó durante más de tres horas  los padecimientos judiciales que soportaban, entre ellos, los padres de Carla. La doctora Kreimer les pidió, entonces, una serie de datos de la causa que debían solicitarle al abogado particular. Ese abogado se los había sugerido el periodista Chiche Gelblung, quien tras escucharlos en una entrevista, se conmovió al verlos desamparados. Así llegó a la causa como abogado querellante Juan Manuel Dragani , el 23 de enero de 2019. El abogado es conocido por su participación en los programas de Viviana Canosa y por representar a las hermanas Dalma y Yanina Maradona. En el expediente que investiga la muerte de Carla consta que su actuación se limitó a pedir copias y a presentar un supuesto testigo que nunca pudo ser ubicado.

Los padres de Carla lo llamaron para solicitarle los datos requeridos por Kreimer. Tardaron varias semanas en concretar la entrevista. El mismo día que iban a verlo –ya era mediados de noviembre de este año– recibieron un llamado de una abogada “del ministerio”. 

-Vayan a verlo y después lo llamo- les dijo.

Fueron.

Al regreso recibieron un nuevo llamado de la abogada.

-¿Qué les dijo?

-Que la causa estaba parada

-¿No les dijo que el fiscal la mandó a archivar?

La causa había sido archivada en marzo de 2020. Un año y ocho meses antes. Jamás los notificaron.

La respuesta de Rosana, la mamá de Carla, fueron lágrimas. La de Alfredo apuntó directo a los ojos del ministerio:

-¿Ven por qué queremos que el Presidente nos reciba? ¿Ven por qué no podemos luchar solos contra todo esto?

Sí: veían.

20 minutos de eternidad

Tras el secuestro y la violación Carla volvió a vivir a la casa de sus padres, esta vez con sus hijos de 2 y 5 años. Para sostener a su familia repartía volantes de un estudio jurídico, limpiaba casas y a veces atendía un puesto de diarios. “Al tener hidrocefalia no la tomaban en ningún lado y ella hacía lo que podía para ganarse unos mangos”, cuenta su papá.

Aquel 15 de enero de 2019,  Carla salió a trabajar con su botón antipánico. Fue la última vez que la vio su familia. Cerca de las 18 horas, tal como quedó capturado en una cámara de seguridad, un amigo la acompañó hasta la parada de la línea 32, en Avenida Sáenz al 500, cerca de Nueva Pompeya, desde donde Carla volvería a su casa. Al ver que no regresaba, sus padres llamaron a la policía. “En ese momento y después de todo lo que había pasado, veinte minutos eran una eternidad”, dice Alfredo. También dice  que en la autopsia consta que aquel, su último día, Carla llevaba el botón antipánico refugiado entre la bombacha y el jean. “Mi hija protegió hasta último momento ese aparato que tenía que protegerla”. 

En esa imagen se sintetiza todo lo que su familia necesita ahora: justicia.

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Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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Violencia e impunidad: el círculo que denuncian las familias víctimas de femicidios

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Familiares víctimas de femicidios, transfemicidios y desapariciones de todo el país realizaron colectivamente la declaración que compartimos de manera completa en esta nota. Lo que denuncian: «El círculo de la violencia no termina cuando ocurre el femicidio». La vulneración constante del derecho de acceso a la justicia, las situaciones que se repiten en todos los territorios y un llamado a todas las familias de víctimas y sobrevivientes a organizarse  para desarmar la impunidad que garantiza que la violencia siga existiendo. 

Noviembre 2022
Argentina

Declaración de la Asamblea nacional de familias víctimas de femicidios y desapariciones

¡¡No hay justicia porque no tenemos garantizado el derecho de acceso a la justicia!!

Los familiares víctimas de femicidios, transfemicidios, desapariciones hoy denunciamos de cara el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, la situación terrible que vivimos. El circulo de la violencia no termina cuando ocurre el femicidio. La misma Justicia, las fuerzas policiales y el Estado, que no toman denuncias, o que si lo hacen no garantizan el resguardo de quienes denuncian, continúan violentando a las familias que luchan por justicia. A lo largo y ancho del país los relatos se repiten una y otra vez. La enorme mayoría de los procesos judiciales se encuentran para las víctimas en su más completa impunidad. Los femicidas, abusadores y violentos de nuestras hijas, hermanas, sobrinas, madres siguen en libertad. Soportamos un gran dolor de tener que perder a nuestros seres queridos y tenemos que investigar nosotros, presentar pruebas, golpear puertas, exponernos ante violentos y mafiosos porque sea cual sea la fiscalía de turno, nada hacen. En desapariciones y asesinatos relacionados con las distintas mafias de los territorios, la impunidad es todavía peor. Sabemos perfectamente que son cómplices y beneficiarios de los negocios ilegales. Es repetitivo en cada una de estás causas la falta de acceso a la justicia, la impunidad y el accionar del poder judicial. No sólo no investigan, sino que además intentan ensuciar la memoria de nuestras hijas, responsabilizando a ellas y a sus familias de haberse buscado su destino. En varios momentos, tenemos que soportar que los propios jueces nos denuncien a nosotros de violentos por ir a exigir explicaciones y pedir justicia, y hasta nos han reprimido con la policía. En este tipo de causas las familias tenemos que sacar de nuestros bolsillos y movernos para conseguir por ejemplo peritos de parte, ya que los peritos del poder judicial fallan a favor de los femicidas y abusadores garantizando la impunidad. Los costos elevados de las tasas al llegar a instancia de Corte Suprema también nos imposibilita acceder a la justicia. Cómo siempre tenemos que hacerles recordar a través de escritos al poder judicial nuestra ley de víctimas, donde casi siempre es denegada y violentando nuevamente nuestros derechos, haciéndonos imposible hacer justicia por nuestras hijas. Somos familias trabajadoras, de barrios humildes, que tenemos salarios por debajo de la canasta familiar, por lo que dejamos de comer cuando tenemos que solventar todos estos costos ¿Sabe la población que para acceder a un juicio en la Corte Suprema hay que pagar $300.000?

Las leyes, como la Ley de Víctimas o la Ley Micaela, son solo cuadros de decoración en las oficinas de las instituciones gubernamentales. Incluso en los distintos ministerios y secretarías de mujeres, que no dan salida alguna a los reclamos que elevamos. Cada vez que trabajan en un expediente, no tienen en cuenta que allí no hay solo papeles, que hay una vida que arrebataron de la peor manera, violentamente, pasando por las peores vejaciones y que detrás estamos las familias que sólo quieren verdad y justicia.

Ponemos en alerta a todas las familias de este país porque la violencia contra mujeres y niñas no va a frenar mientras siga existiendo este régimen de impunidad. Si te matan o desapareces y no pasa nada, nadie va preso, a nadie investigan, nadie te busca. Y si se sale a reclamar, el poder judicial vuelve a violentarnos, una y otra vez, la violencia contra nuestras víctimas nunca frena.

Es por esto que llamamos a todas las familias de víctimas y sobrevivientes a organizarse. No existe ninguna otra forma de conseguir justicia por nuestras víctimas sino es luchando. La Justicia nos invisibiliza para que no se sepa la terrible situación que se está viviendo, por eso convocamos a una gran jornada de lucha para este 25 de noviembre. Necesitamos que todas las personas, personalidades y organizaciones nos ayuden a visibilizar lo que está pasando con las causas. En todo el país tenemos que levantarnos y realizar una acción común, organizando y visibilizando nuestra situación en todas las provincias, donde nuestros reclamos estén en las primeras líneas. Queremos tomar la palabra para contar lo que pasa porque tenemos una agenda urgente. No solo de instancias judiciales cercanas muy importantes, sino que hay compañeras desaparecidas en este mismo momento que tenemos que encontrar ya.

Saludamos al gran movimiento de mujeres que nos ha dado el único respaldo que hemos tenido. Las familias nos hemos puesto de pie y no vamos a aceptar más impunidad. Convocamos a que demos esta lucha en unidad, con toda la fuerza.

Asamblea nacional de familias víctimas de femicidios y desapariciones

Silvana Capello, mamá de Agustina Fernandez, asesinada el 2/7/2022 en Cipolletti, Rio Negro, en un supuesto robo. El único testigo, supuesto amigo, la dejó tirada, aún no hay nadie detenido. Ella viajó desde La Pampa a Cipolletti a estudiar medicina por un futuro y me la devolvieron en un cajón.

Jose, papá de Alejandra Nahir Álvarez, asesinada el 10/10/2020 en Jujuy. Tenía 17 años y un bebé de 6 meses.

Oscar, papá de Barbara Zabala, asesinada el 6/12/2019, el día que cumplía 20 años en Pehuajó, Buenos Aires. El femicida, Brian David Dirassar, fue condenado a prisión perpetua.

Matilde Peñalva, mamá de Camila Peñalva, asesinada el 5/3/2020 en Jujuy. Fue envenenada con plaguicida por su ex pareja. Está detenido y esperamos prisión perpetua. Hay fecha de juicio oral para febrero y marzo del 2023.

Victor Catan, hermano de Micaela Catan, asesinada quemada el 6/4/2020 por su concubino Patricio Orellana en Santiago del Estero. El transfemicida fue demorado por 20 minutos, cuando sucedió el hecho hizo abandono de persona, pido orden de detención para Orellana.

Susana Basaldua, mamá de Cecilia Gisela Basaldua, desaparecida el 5/4/2020. Su cuerpo fue encontrado el 25/4/2020, en Capilla del Monte, Córdoba. En el juicio se acusó a una persona sin pruebas, el jurado lo absolvió. La familia pide un nuevo juicio que investigue a los verdaderos responsables.

Analía, mamá de Camila Flores, asesinada el 11/12/2020. Su asesino sigue libre. Pedimos que la justicia de Santa Fe actúe y dejen de cubrir asesinos, y que el gobierno nos de apoyo porque estamos a 1000 kilómetros del lugar del femicidio y no contamos con los medios para tener un abogado que nos ayude y logre hacer justicia para nuestra hija. Que no quede en suicidio porque a Camila la mataron, ella no se mato, ella quería volver a su casa.

Marta, mamá de Lucía Pérez, asesinada el 8/10/2016 en Mar del Plata, Buenos Aires por Matías Farías y Juan Pablo Offidani. En el juicio fueron condenados por venta de droga y no por femicidio. Se logró la anulación de ese juicio y se impulsó un jury a los jueces que pretendieron consagrar la impunidad. El nuevo juicio comenzará el 7 de febrero de 2022.

Fabiana Morón, mamá de Julieta del Pino, asesinada por Cristian Romero el 25/7/2020 en Berabevú, Santa Fe. Fue golpeada, estrangulada hasta matarla, arrastrada y enterrada en un pozo en el patio de su casa con cal, tierra, losa de cemento y un tanque de agua arriba. Luego a la mañana se fue a trabajar con el hermano de Julieta como si nada, mientras toda mi familia la buscaba. El asesino fue condenado a prisión perpetua.

Noemi, mamá de Lia Vasquez, asesinada el 13/11/2020 en Puerto Madryn, Chubut. Tenía 14 años. Se espera la fecha de juicio para Gabriel Orellana, de 22 años.

Fany Roman, mamá de Valeria López, desaparecida desde el 26/1/2020 en Virreyes, Buenos Aires. En el momento de su desaparición tenía 40 años y dos hijos varones de 17 y 23 años. La causa se caratuló como “averiguación de paradero”, su familia exige que se cambie a“desaparición forzada”.

Marisa y Facundo, mamá y papá de Luna Ortiz, asesinada el 3/6/17 en Tigre, Buenos Aires. El único detenido fue liberado en mayo de 2022. Su familia aun sigue en busca de justicia por que se reconozca el femicidio.

Esperanza Valdivieso, madre de Yesica Valdivieso, asesinada el 5/1/2021 en Mayor Buratovich, Buenos Aires. El femicida Juan Torrejón Huallpa fue condenado a prisión perpetua.

Graciela Altamirano, tía de Viviana Altamirano, desaparecida desde el 28/4/2004 en Tigre, Buenos Aires. El sospechoso, 16 años después, en 2020, asesinó a su esposa y se suicidó.

Lisette Fernandez, hermana de Mica e hija de Nancy Fernandez, asesinadas en 2013 y 2014, en Tigre, Buenos Aires. El femicida está preso, pero solamente por narcotráfico.

Monica, mamá de Iara Rueda, desaparecida el 24/9/2020, luego de que un compañero del colegio la citara para entregarle unos materiales y la tarea. La familia salió a buscarla desde un primer momento mientras la policía ponía excusas y no la buscaba. Los rastrillajes llegaron recién después de una pueblada en Palpalá, Jujuy. Su cuerpo fue encontrado el 28/9/2020 en un lugar donde los vecinos habían rastrillado días antes, luego de un llamativo apagón en todo el pueblo. Por su femicidio se encuentran detenidos Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad, y hay involucrado un menor de 17 años. La familia realizó a su vez una denuncia a funcionarios por incumplimiento de deberes.

Roxana y Alfredo, mamá y papá de Carla Barrera Soggiu. Tenía 28 años, 2 hijos en ese momento de 2 y 4 años. Murió el 15/01/19, la encontraron en el Riachuelo, en CABA, cuatro días después. Sufrió violencia de género por parte de su marido Sergio Nicolas Fuentes, condenado a 6 años por golpearla, violarla, atarla y privarla de su libertad. Carla tenía hidrocefalia, tenía una válvula en su cabeza donde fue salvajemente golpeada. Por considerar la situación de alto riesgo le dieron un botón antipánico que activó en varias oportunidades y no la encontraron porque el GPS no funcionaba, no la localizaba. El Estado también es responsable.

Blanca Osan, mamá de Agustina Fredes, quien murió en Mar del Plata, Buenos Aires, el 23/4/2017, meses después de ser violada y torturada física y psicológicamente por su ex pareja. cuando tenía 18 años. Agustina estaba embarazada como consecuencia de estas violaciones. Le realizaron una cesárea donde le extrajeron el bebé, también el vaciamiento de su útero y ovarios. El 23/04/2017, su familia la llevó desvanecida al hospital Materno Infantil de Mar del Plata, pero luego fue trasladada al H.I.G.A. Allí, les informan que por la demora del traslado y la falta de oxígeno Agustina tenía muerte cerebral. El informe de las autoridades establece que Agustina falleció por embarazo ectópico. Cuando la familia pidió que se realizara una autopsia, les fue negada. El jefe policial que estaba encargado de la investigación de su muerte es familiar de Acevedo, su violador. Por las denuncias que Agustina había realizado, Matías José Acevedo fue llevado a juicio y condenado a 15 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal en un contexto de violencia de género. Su familia denuncia que fue femicidio.

Mariela Tacacho, mamá de Paola Tacacho, asesinada el 30/10/2020 por Mauricio Parada, en Tucumán, luego de haber hecho 15 denuncias en su contra entre 2015 y 2020. La última fue en mayo del mismo año que la asesinó.El femicida la apuñaló y se suicidó. Por su actuación en las denuncias que había hecho se destituyó al juez Juan Francisco Pisa considerando que incumplió con los deberes a su cargo.

Ana, tía de Priscila Martinez, desaparecida el 23/02/2020, había sido llevada de manera engañosa por su tío Ruben Oscar Navarro. Desde ese momento la policía no quiso actuar, no querían tomar la denuncia porque garantizaban que ella volvería. Ese mismo día Priscila estaba muerta, violada, golpeada. La familia y vecinos empezamos a hacer la búsqueda por nuestros propios medios. Fue encontrada debajo de la cama del asesino el 15/04/2020 en Santiago del Estero. Tenía 15 años. Ahora esperamos el juicio.

Leticia Escobar, mamá de Gisela Grispi, asesinada en 23/11/2020 en Colón, Entre Ríos. El femicida Heraldo Martiarena fue condenado a prisión perpetua.

Erica Rojas, mamá de Andrea Rojas, víctima de una violación en grupo de hijos del poder en Burruyacú, Tucumán. Los familiares de los acusados no dejan de hostigar y amenazar a la denunciante y su círculo íntimo.

Podés descargar el documento aquí.

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Sin fronteras. Femicidios, crímenes sexuales y terrorismo

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La socióloga mexicana Julia Monárrez Fragoso mantuvo un encuentro con Familias Sobrevivientes de Femicidios. Monárrez, creadora del término “femicidio”, es de las más prestigiosas especialistas en violencia contra las mujeres. Compartimos acá sus principales aportes durante el histórico encuentro, de Ciudad Juárez a Buenos Aires. 

Familias Sobrevivientes de Femicidios en MU. Lo que surgió de un contacto histórico. Fotos: Lina Etchesuri
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