La desaparición del joven trans en San Vicente deja expuesto, una vez más, que la búsqueda de personas desaparecidas no es una prioridad para el Estado y que las herramientas que hoy existen no son suficientes ni efectivas. La clave para lograrlo: escuchar a las víctimas. Las respuestas de distintos organismos públicos a los pedidos de información concreta: las evasivas, las subejecuciones presupuestarias, los anuncios para la foto. Qué significa que el Estado sea responsable de femicidios y travesticidios, infancias huérfanas y personas desaparecidas. Y lo que se sigue logrando con la presión social, en busca de un nuevo Nunca Más. Por Claudia Acuña.

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En el país de los treinta mil, encontrar a personas desaparecidas es una tarea que el Estado debería considerar una obligación central. Nos debe eso. A la sociedad, a la Historia y al futuro. Esa deuda es la que pone hoy en evidencia Tehuel de la Torre, el joven trans de 21 años que el 21 de marzo de este año fue a buscar trabajo y nunca regresó.

En el país de Julio López, Iván Torres y Miguel Bru, por nombrar solo a tres de los 218 desaparecidos en democracia, debería existir un sistema eficiente y urgente que aborde estos casos con protocolos, acciones y campañas de búsqueda que perduren todo el tiempo necesario hasta encontrarlos. Esa orfandad es la que nos recuerda hoy Tehuel.

En el país de María Cash y Marita Verón, por nombrar solo a dos de las 461 mujeres y trans que tenemos registradas en nuestro padrón de desaparecidas, debería ser prioritario, además, implementar un acompañamiento permanente a las familias que sufren estas ausencias y deben enfrentar en soledad al sistema de impunidad policial y judicial que forma parte de la trama que permite que estas desapariciones sucedan. Escucharlas, además, permitiría aprender qué falta y detectar por qué sucede. Esa impiedad estatal es la que nos señala hoy Tehuel.

Tehuel nos apunta algo más: desde hace diez años existe en nuestro  país el Sistema Federal de Personas Desaparecidas (SIFEBU) que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación. En diciembre de 2020 dirigimos a ese organismo un pedido de acceso a la información pública, ante la imposibilidad de encontrar un registro público y confiable de mujeres, niñas, adolescentes y personas trans desaparecidas, clasificado por provincia, lo cual permitiría, entre otras cosas, visualizar las zonas y poblaciones más vulnerables: un mapa sobre el cual volcar prioritariamente recursos y concentrar acciones y campañas de prevención. 

La respuesta fue firmada por la coordinadora María Leticia Risco. Comienza admitiendo: “Si bien actualmente no contamos con el corte de información solicitado, nos encontramos desarrollando una base de datos que permita contar con los mismos y otros que permitan entender con profundidad el fenómeno de desaparición de personas en nuestro país. La mencionada base se desarrollará con la asistencia –para lo cual se firmó recientemente un convenio específico- con el Equipo Argentino de Antropología Forense”. 

Un año después esa base de datos sigue sin aparecer.

Aporta, luego, los siguientes datos:

“Desde la creación del SIFEBU hasta el 30 de noviembre de 2020 se registró un total de 45.380 casos de personas desaparecidas y/o extraviadas en la República Argentina, de los cuales se encuentran vigentes a la fecha 22.909 casos, habiéndose encontrado 22.471 personas”.

Esto significa que el Poder Judicial y el SIFEBU deberían estar abocadas a la búsqueda del 50.48% de las personas que figuran en sus registros desde el mes de octubre de 2016 hasta octubre de 2020.

Advierte, sin embargo, que el sistema es deficiente por  “la falta o demora en la comunicación del sin efecto de las búsquedas por parte de las autoridades intervinientes. Esto redunda no solamente en un mayor y ficticio número de casos vigentes, sino también en un uso poco eficiente de los recursos estatales”.

“En cuanto a la diferenciación por género, advertimos que el 55% de las registraciones corresponden a mujeres, siendo el 45% varones”. El sistema no registra personas travestis, trans y no binarias.

Tres meses después desaparecía Tehuel.

La dimensión de lo que significa su ausencia tiene el valor de la recompensa que ofrece el Ministerio de Seguridad para incentivar el aporte de información que ayude a encontrar su paradero: 4 millones de pesos. Una cifra que en los márgenes de ese San Vicente castigado por la desigualdad, el empobrecimiento que lo azota sin fuentes de trabajo desde hace décadas y el latigazo final que le propinó la pandemia tiene proporciones millonarias. Sin embargo no es suficiente: el miedo es más caro.

Promesas vs realidad

En 2009 y por ley el Estado argentino se comprometió a elaborar un plan nacional contra la violencia hacia las mujeres. Lo hizo recién siete años después cuando el entonces presidente Mauricio Macri, acompañado por la entonces directora del Instituto de la Mujer, Fabiana Tuñez  -hoy de regreso a su oenegé Casa del Encuentro-,  anunciaron un programa que contenía 69 medidas y 132 acciones. La inversión, aseguraron, era de 750 millones de pesos (49,4 millones de dólares) que a lo largo de tres años regarían “medidas de fortalecimiento institucional y campañas de concientización y educativas”. Garantizaba, también “la entrega de microcréditos para fomentar la autonomía económica de las mujeres y la construcción de 36 hogares de protección. 

Nada de esto se hizo.

De los 750 millones de presupuesto anunciado 600 millones estaban destinados a la construcción de 36 refugios, lo cual implicaba el 80% de los fondos. Al finalizar la Gestión Macri solo se habían terminado nueve -en Bolívar, Partido de la Costa, Florencio Varela, San Luis, Mendoza, Santiago del Estero, Jujuy, Corrientes y Salta-, ocho de los cuales se habían comenzado a construir durante la anterior gestión del Estado. 

La ley de 2009 también obliga al Estado a garantizar el acceso a un programa de patrocinio jurídico gratuito para víctimas de violencia. Recién comenzó a implementarlo una década después -2019-, solo en 11 provincias – NOA y el NEA, Neuquén y la ciudad de La Plata- y con apenas 24 abogadas.

Durante la actual gestión del presidente Alberto Fernández el Plan Nacional fue anunciado otras dos veces: la primera fue en julio de 2020 y la última en junio de este año.

Aquella primera vez,  el Plan enunciaba 144 acciones que involucraban a 46 organismos nacionales que suscribirían “más de 100 compromisos de responsabilidad para concretar las acciones anunciadas”. La ministra Elizabeth Gómez Alcorta definió a aquel programa como “profundamente federal”.  Anunció también que se iban a conformar “80 equipos interdisciplinarios” con profesionales del Derecho, la psicología y el trabajo social para asistir a las víctimas”. Garantizaba, además, que aquel programa incluía “acceso a la vivienda, a empleo, a formación laboral y a apoyos económicos a personas en situación de violencia de género”.

Nada de esto se hizo.

Según relata en su introducción el presupuesto para el año 2022 que el ministro de Economía Martín Guzmán ha enviado en estos días al Congreso Nacional para su aprobación, la población destinataria de aquel Plan tuvo que soportar sin esta ayuda el azote de la pandemia, con las siguientes consecuencias:

“Durante la pandemia las mujeres perdieron más de 1.230.000 puestos de trabajo, de los cuales al menos la cuarta parte no se ha recuperado hasta el momento. De este modo, se profundizó la brecha entre mujeres y varones en la actividad laboral y el empleo formal. Estas disparidades se profundizan en la población joven, que ya se encontraba, con anterioridad a la irrupción de la pandemia, más afectada”. 

“Según INDEC, la tasa de desocupación en el primer trimestre de 2021 fue de 12,3% para las mujeres y de 8,5% para los varones”.

En junio de este año el Estado nacional anunció por tercera vez un plan nacional en el que asegura que invertirá 18 mil millones de pesos en los próximos dos años. Incluye programas de diferentes ministerios, aunque según comprobó el medio Chequeado “no especifica cómo se gastará”.

En los hechos, la ejecución presupuestaria destinada a la contención y prevención de las violencias es una de las grandes deudas de la gestión de la ministra Gómez Alcorta, en particular, y de la Gestión Fernández en general. Según informa en su sitio web la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional, al 1 de diciembre de todos los recursos destinados a programas para contener y prevenir violencias -cuya responsabilidad depende de varios organismos del Estado Nacional- solo se había ejecutado el 53,9%, el más bajo de todos los rubros clasificados “de género”. 

En tanto, los recursos destinado a programas enfocados en la “sensibilización, visibilidad y capacitación” sobre violencias solo se habían ejecutado en un 60,2%.

En cuanto al ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en particular, a principios de diciembre era la tercera cartera del ranking de sub ejecución presupuestaria: 53%. La mayoría de los ministerios tienen un porcentaje de ejecución de entre el 70 y el 80%. 

“A lo largo del año, la Jefatura de Gabinete habilitó tres ampliaciones presupuestarias, concentradas en los últimos meses del año: una en septiembre, otra en octubre y la última en noviembre, autorizada a través del Decreto 809/2021 el 25 de noviembre”, detalla en unta publicada por eldiario.ar la periodista Agustina Said. La mayor parte de estos recursos están destinados al programa Acompañar. Said preguntó: ¿Por qué el programa ACOMPAÑAR necesitó tres partidas extra? La respuesta: “Las unidades de acompañamiento se van firmando a nivel municipal, y el proceso de adhesión de las jurisdicciones al programa tardó un poco, pero en el último tiempo se vio potenciado por operativos territoriales”, asegura Larisa Roson, subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio. “Cuando comenzó el programa, hace un año, teníamos a 17 mujeres registradas. Hoy hay inscriptas 96.725”. Para el año 2022, prevén llegar a 144.000.

Las consecuencias de esta lenta ejecución presupuestaria se pagan en cash: el presupuesto 2022 destina 10.686 millones a ese Ministerio, “en términos nominales un 40% menos que el de este año”, analiza Said. “El Presupuesto 2022 se define en julio. En función de lo que veníamos ejecutando en ese momento, la Oficina Nacional de Presupuesto decidió el nivel de fondos, porque a mitad de año habíamos ejecutado poco. No teníamos argumentos reales para pedir más”, aseguran desde el Ministerio.

El resultado es el previsible: 

296 femicidios y travesticidios

247 infancias huérfanas

413 tentativas de femicidios

228 desaparecidas

Y nos falta Tehuel.