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La fuerza del delito. Femicidios y violencia policial

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Las historias de Magalí, en San Luis, y la de Victoria en Entre Ríos: dos casos testigo muestran el cruce entre violencia institucional y violencia machista, ejercida por policías. Por qué y cómo las familias plantean que se trata de femicidios, mientras el Estado, a través de la justicia, cuida más a los efectivos que a las víctimas. Los pedidos desesperados de las familias, mientras las causas se desarman. Y los datos que dibujan el patrón femicida hacia adentro de las fuerzas. Por Lucrecia Raimondi y Malena Gauna.

La fuerza del delito. Femicidios y violencia policial

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Florencia Magalí Morales había salido en bicicleta la mañana del 5 de abril de 2020 –plena pandemia- a comprar comida para sus dos hijes. La policía de Santa Rosa de Conlara, provincia de San Luis, la detuvo por romper el aislamiento obligatorio. Voluntariamente se presentó a las 9.30 en la Comisaría 25ª. Diez horas después apareció muerta en una celda. 

La policía puntana presentó el caso como suicidio, pero los peritajes de parte confirmaron en septiembre de este año que fue estrangulada. Los últimos informes cuestionaron la primera autopsia que había certificado la versión policial: las pruebas criminalísticas demostraron que al cuerpo le faltaban músculos del cuello claves para determinar la causa de muerte y que el cordón del buzo con que encontraron atada a Magalí era un elemento extraño porque no coincidía con la ropa que llevaba ese día. También tenía hematomas en brazos y piernas que fueron omitidos por el forense: al momento de la detención, a Magalí la revisó una médica que certificó el buen estado de salud de la joven; se mostró cordial y respetuosa, sin necesidad de medicación, y su cuerpo no tenía lesiones. 

Tanto la familia con sus abogados como la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, que se incorporó como parte en abril de este año, sostienen que a Magalí la golpearon después de detenerla, cuando la ingresaron al calabozo.  

El juez Jorge Pinto, del Juzgado de Instrucción Penal del Departamento de Junín, al frente de la investigación, definió el 2 de diciembre procesar a cuatro policías implicados: el comisario Reynaldo Heraldo Clavero y el jefe de guardia, Marcos Ontiveros, que quedaron detenidos en una alcaldía con prisión preventiva por el delito de “aplicación de vejaciones y severidades a un detenido, ambos en concurso ideal con abuso de autoridad e incumplimiento a los deberes de funcionario público”. Por su parte, las policías María Eugenia Argüello y Johana Paola Torres fueron procesadas sin prisión por “incumplimiento a los deberes del oficio en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario”.  

La defensa de los policías cuestionó la decisión de prisión preventiva y el juez Pinto le dio lugar al requerimiento. La querella apeló y cinco días después de haberse dictado las acusaciones, la Cámara del Crimen de Concarán confirmó la excarcelación de Clavero y Ontiveros. 

“Que estén libres es una tomada de pelo”, dice Celeste, hermana de Magalí, a MU. “Lo que nosotros venimos haciendo hace 20 meses pidiendo justicia por mi hermana, que ni estando viva la respetaron por los golpes que recibió, demostrando que la mataron, que no se suicidó, el juez Pinto lo resuelve en menos de una semana”. 

A un año y ocho meses del crimen de Florencia Magalí Morales la causa sigue sin ningún detenido, pese a que el procesamiento con prisión de los policías fue fundamentado por más de 40 declaraciones e informes de 15 peritos oficiales del Poder Judicial de San Luis, más dos peritos de parte que demostraron la causa de muerte de asfixia por estrangulamiento. La hipótesis del suicidio no se sostiene, pero ninguna acusación a los policías fue por homicidio. “El juez Pinto se maneja con total impunidad –denuncia Celeste- cuando él sabe que a mi hermana la mataron y el fiscal que quiso archivar la causa, que sostienen después de las autopsias que fueron delitos menores. Es terrible, todo tan insensible”, dice y se quiebra al relatar el momento en que le tuvo que contar a sus sobrinos que los asesinos de su madre quedarían libres.

La familia Morales denunció desde el primer momento que se trató de un femicidio institucional, pese a que la causa se investiga en el marco de un incumplimiento policial sin tener en cuenta la perspectiva de género ni la violación de los derechos humanos. Asegura Celeste: “A Magalí le hicieron todo lo que le hicieron por su condición de mujer, la degradaron, la humillaron: por eso sostenemos que fue un femicidio. Todo lo que debía hacerse se hizo mal, se ocultaron pruebas, se quiso archivar el caso. Se ensañaron con mi hermana golpeándola, matándola, diciendo mil quinientas mentiras. Y ahora se ensañaron con nosotros, la familia”.  

El abogado de la familia, Santiago Calderón, cuenta por qué plantean la figura del femicidio institucional: “El femicidio institucional tiene que ver con el rol del efectivo policial y el odio en particular para con la mujer. Una cámara de seguridad registró cuando Magalí ingresa a la comisaría y hay un cruce de palabras con el comisario. Y tiene que ver justamente con eso: que una mujer no pueda discutir  las órdenes de un efectivo policial. Y después, me ha llegado que particularmente la comisaría de Santa Rosa es muy distinta a la de la ciudad: es de otra época, y tienen una perspectiva muy diferente, que también han sufrido muchos grupos feministas en distintas manifestaciones, que son más agresivos con las mujeres. En el caso de Magalí es muy evidente y surge de las propias declaraciones de los efectivos policiales que en el momento quedaron detenidos dos masculinos por incumplimiento del artículo 205 y Magalí, que fue la única mujer en pandemia que quedó detenida por no respetar el aislamiento. Y desde el principio el trato fue totalmente diferente. En el caso de los varones, los trasladaron por mayor seguridad a otra alcaldía que está cerca con mejores instalaciones. La excusa por la cual no se trasladó a Magalí es porque no funcionaba supuestamente un baño femenino de aquella institución, lo que llamó la atención porque a Magalí no la dejaban ir al baño. A partir de quedarse sola en la comisaría, surgen situaciones de violencia y vejaciones por parte de la policía solamente para con ella. Su vecina quiso llevarle ropa pero no la dejaron verla, quedó incomunicada y la mochila de Magalí desapareció. Entonces surge evidente el femicidio y la cuestión de género, porque hubo un trato muy diferente para con los masculinos que los propios testigos declararon que les llama la atención el trato que tuvieron con ella”.

Magalí y Celeste Morales eran hermanas muy unidas. Se llevaban un año y medio de diferencia; las mayores de cinco hermanas mujeres. Oriundas de Las Heras, Mendoza, tenían una relación de amistad, compinche. Las visitas a Las Heras eran frecuentes: las fiestas y el Día de la Madre no fallaban. Lo peor de la vida de Celeste fue tener que reconocer el cuerpo muerto de Magalí. “Mi hermana era todo risas, esas personas que cuando te bajoneabas te levantaba y que no le costaba demostrar que te quería, decirte que te amaba. Era re cariñosa, re alegre”, recuerda y enseguida reclama: “Queremos justicia, lo único que pedimos, y no tuvimos respuesta ni contacto del gobierno de San Luis, ni del Ministerio de Seguridad, ni del Presidente al que le presenté el caso. Duele mucho el destrato y maltrato de la justicia y del gobierno. Estamos hablando de una persona muerta y una familia que todavía no puede ponerse a hacer el duelo total y completo, porque seguimos en lucha”. 

La fuerza del delito. Femicidios y violencia policial

Abuso de la fuerza

Victoria Nuñez fue reducida violentamente por cinco policías mientras sufría un ataque de pánico. Minutos después de la intervención policial murió camino al hospital San Martín de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. 

La mañana del 21 de julio Marcela, la madre de Victoria Nuñez, tenía tres llamadas perdidas de su hija en su celular. Le devolvió el llamado y Victoria le respondió desesperada: “Mami venite ya para acá, hay alguien adentro”. Al escucharla con un tono extraño, Marcela tomó un remís hacia la casa de su hija. En el lugar, notó que Vicky tenía una crisis nerviosa, pensaba que había alguien más que quería hacerle daño cuando los únicos que estaban eran ella y Jorge.

Los familiares no podían calmarla, entonces intentaron pedir una ambulancia, pero les dijeron que primero debían llamar al 911. 

Tres patrulleros se dirigieron a la casa ubicada en Newbery y Garrigó. Entraron de forma invasiva provocando que la joven se asustara y quisiera escapar, pero estaba rodeada de siete policías que estaban en el comedor y cuatro más en el patio. Desorientada por la situación Vicky empezó a gritar: “¿Qué me quieren hacer? ¡que se vayan!”. 

Victoria tenía un cuchillo de cocina en la cintura. La única policía mujer que estaba en el lugar de los hechos le dijo a la madre que la iba a denunciar porque estaba poniendo en riesgo al personal y que eran una molestia. 

Más tarde, cinco agentes empezaron a forcejear con Victoria. Se abalanzaron sobre su delgado cuerpo, la tiraron al suelo para esposarla, le cortaron las manos y lastimaron su rostro. Presionaron tanto su cuello que se quedó sin aire y se desmayó. 

Marcela notó que no respiraba, quiso acercarse pero la policía lo impidió, le dijeron que estaba dormida. En un momento la soltaron. Vicky estaba fría y mojada. La pareja logró hacerle reanimación boca a boca mientras esperaban la llegada de la ambulancia pero, a pesar de las maniobras de RCP que realizó el personal de salud, no sobrevivió. 

La causa, caratulada como averiguación de muerte, continúa en una instancia de análisis llevada a cabo por la Fiscalía de Investigación y Litigación de Paraná, a cargo del fiscal Juan Manuel Pereyra. La fiscalía comunicó que actualmente están a la espera del resultado de un informe anatomopatológico. Desde el comienzo el fiscal Pereyra sostuvo que no había indicios de que hubiera existido un accionar ilícito por parte de los agentes sino que la principal hipótesis apunta a una muerte clínica.

Sin embargo, la madre de Victoria denuncia que la policía actuó con abuso de poder y sin el paradigma de salud mental que debería haberse aplicado. Sostiene que no murió de un infarto, sino que la violencia que ejercieron fue causante de la muerte de su hija. “Existen dos líneas de investigación: para la fiscalía no hay conexión entre la muerte de Vicky y la intervención policial; para la querella la muerte es ocasionada por la intervención policial”, explicó Emma Clementi, abogada querellante que representa a la familia. 

La investigación que plantea la abogada querellante es a partir de la probabilidad de un transfemicidio en contexto de violencia institucional aplicando protocolos sobre muertes por motivos de género y con perspectiva de salud mental. 

Clementi solicitó que se aparte a los y la agente que intervinieron mientras se estudie el caso pero no fue concedido. No hay policías identificados ni acusados. La causa está demorada a la espera de más pruebas que ayuden a esclarecer el crimen de odio. 

Casi seis meses después de los acontecimientos nunca llamaron a Marcela desde la Fiscalía. Recuerda a Vicky como una persona dinámica, divertida, que le gustaba hacer sorpresas, reunir a la familia y sobre todo,  tenían un vínculo muy fuerte entre ellas. “Éramos muy unidas. Nos sentábamos en el patio y hablábamos horas y horas hasta las cuatro de la mañana. Le gustaba peinarme, le encantaba mi pelo. Siempre tenía regalos para mí, en cada encuentro me traía un bon o bon, un caramelo. La justicia debe hacer algo: no merecía ese maltrato”.  


La portación de un arma, un atajo a la muerte

Los femicidios y la violencia machista dentro de las distintas fuerzas de seguridad, en especial las policías, no solo son una constante sino que se acompañan de encubrimientos, falta de sanciones e impunidad judicial.

El Observatorio Lucía Pérez registró 32 femicidios cometidos en 2021 por miembros de las fuerzas de seguridad. A esta violencia se suma el entramado policial-judicial del que se desprende esa violencia institucional. 

Esta situación se repite desde hace años: en su registro, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) informa que entre 2010 y agosto de 2021 al menos 52 mujeres fueron asesinadas en el AMBA por sus parejas o exparejas policías; 19 eran funcionarias de seguridad. El CELS analiza específicamente un motivo posible: “Existen prácticas de encubrimiento de las muertes cuyos responsables integran las fuerzas de seguridad. Como auxiliares de la justicia, las policías controlan los primeros momentos de la escena del hecho, lo que significa que pueden falsear el relato de lo sucedido y manipular la escena para hacerla coincidir con su versión”. 

Por su parte, el Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales y Sociales (Inecip) en su último informe disponible sobre “Armas de fuego y violencias de género en Argentina” registró que de los femicidios cometidos con armas de fuego entre 2013 y 2018, que uno de cada 4 femicidios es cometido por un miembro de una fuerza de seguridad. Además, el Inecip registró que en el 50% de los casos no se conoce la ocupación del femicida, lo cual apoya el análisis anterior: en muchos casos no queda registro de que los femicidas son integrantes de las fuerzas de seguridad.

Los Ministerios de Seguridad y de Defensa dispusieron que se limite el acceso a armas de fuego para uniformados que tuvieran denuncias por violencia de género y violencia familiar. Pero esto no siempre se cumple. Una encuesta federal anónima a 250 uniformadas, en actividad o retiradas, realizada en 2019 por la Red Nacional de Mujeres Policías con perspectiva de género, logró recabar datos concretos sobre los agresores que se conocieron mediante una nota del diario Tiempo Argentino: el 96% de los uniformados denunciados no recibieron ningún tipo de sanción luego de comprobarse el delito; en el 67% de los episodios consignados, los agresores fueron jefes; el 10% eran compañeros; un 3%, las parejas de las mujeres policías; y un 18%, compañeros y también parejas. Además, más del 90% de las mujeres manifestó no haber recibido ningún tipo de apoyo por parte de la institución y que buscaron ayuda en su entorno, con profesionales u organizaciones sociales. 

Otro dato es que denunciar tuvo consecuencias: el 21% de las víctimas debió buscar un nuevo destino después de haber denunciado a acosadores dentro de la fuerza. El 17% fue trasladada a otros sectores dentro de la misma repartición. El 15% no encontró ninguna solución a su situación y siguieron siendo violentadas. Un 8% manifestó que, luego de denunciar, les iniciaron un sumario administrativo. Y más del 5% de las mujeres que formularon denuncias fueron dadas de baja.

El Informe anual 2020 de casos de femicidios elaborado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación registró que al menos 7 feminicidas pertenecían a las fuerzas armadas y/o de seguridad: 5 eran de la Policía provincial y se encontraban en actividad, 1 al Ejército, y del restante no hay datos sobre la fuerza a la que pertenecía. “De estos 7 miembros de distintas fuerzas de seguridad, 6 utilizaron armas de fuego para cometer el femicidio directo, siendo al menos 4 de ellas sus armas reglamentarias y 2 sin datos sobre su autorización”, detalló la CSJN y asentó que luego de cometer el femicidio, al menos 3 de los 7 agentes de seguridad se suicidaron.

El medio Chequeado presentó en febrero de este año un pedido de acceso a la información pública que permitió conocer las características de las denuncias por violencia en el interior de las fuerzas de seguridad, datos recabados por las propias fuerzas nacionales: 

La Policía Federal recibió más de 300 denuncias por año entre 2018 y 2020.

Gendarmería superó las 400 al año entre 2018 y 2019, que cayeron a más de la mitad en 2020. 

Prefectura registró poco más de 100 casos de violencia de género por año y además se iniciaron aproximadamente unos 550 sumarios entre 2017 y 2021.

En el Ejército se denunciaron menos de 300 casos de violencia de género por año entre 2016 y 2020. En esta fuerza las actuaciones disciplinarias en denuncias por violencia intrafamiliar no superan el 27% de los casos, mientras que en casos de violencia laboral representan más del 60%. 

En la Fuerza Aérea hubo más de 260 consultas por violencia de género entre 2014 y 2019 – principalmente por “malestar laboral” – pero las presentaciones efectivas fueron menos de 100. En la Armada fueron 216 consultas y 37 presentaciones, entre 2018 y 2020: es la fuerza que menos denuncias registró.

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Cierre del Encuentro: la fiesta de la resistencia

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(Desde Jujuy, en el Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias, por Anabella Arrascaeta/ Fotos: Lina Etchesuri).

“Hay una lucha ideológica y hay una lucha del sentir que no está solamente en la cabeza, no está solamente en el discurso. Nuestras abuelas dicen: ‘solamente luchamos por lo que amamos, y para amar tenemos que sentir’”, dice Avelina Rogel, autoridad espiritual de los pueblos indígenas del Ecuador, parada frente a la Casa de Gobierno en San Salvador de Jujuy.  Avelina nos regala así una clave que atravesó el 37 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias: las luchas que se sienten. 

Estas son algunas que se entrelazaron entre las más de 50.000 personas que habitaron el segundo día del Encuentro. 

Cierre del Encuentro: la fiesta de la resistencia

El agua

“Somos agua sagrada y el agua sagrada no se corrompe, las voces de las mujeres no se corrompen, el cuerpo de nuestras mujeres con toda la dignidad se levanta como cuerpo caminante”. Esa voz de mujer originaria irrumpió en la Plaza Belgrano, en el segundo día del Encuentro, cuando llegó la Marcha del Agua, que desde hacía doce días estaba caminando desde la Puna hasta la Casa de Gobierno jujeña.  

Cierre del Encuentro: la fiesta de la resistencia

Las mujeres que vinieron caminando tomaron el micrófono, después lo hicieron también los varones. Dijo una de ellas: “Para mí fue una sorpresa hoy llegar acá y que no se vea ningún policía, porque todos los años que llegamos caminando está plagado de policías, no nos dejan acercarnos a esta casa, que es nuestra casa del pueblo”.

Es que cada 12 de octubre de cada año las comunidades llegan hasta San Salvador de Jujuy para decir lo que debería ser obvio: “Necesitamos defender el agua, decir: abajo las mineras, abajo el litio”. Este año, su llegada se encontró con mujeres de todo el país que se reunieron para poner el cuerpo al espacio de convergencia más masivo de los feminismos. Además, se encontró con que esta misma semana en esta misma ciudad sucedió el “XIII Seminario Internacional: Litio en Sudamérica” con la presencia de los gobernadores del noroeste argentino, autoridades gubernamentales, y empresarios de la industria del litio. 

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Avelina y los abrazos: el encuentro de la vida.

Dice Avelina Rogel: “Además del encuentro de mujeres, es el encuentro de la vida, es el encuentro de la conciencia de entender que es momento de sumarnos, que todos y todas somos corresponsables de sostener la vida. Y me refiero a la vida diversa, porque también el sistema nos ha llevado siempre a pelearnos y a dividirnos. Por ejemplo: hoy entró la Marcha del Agua y nos preguntamos ¿dónde está toda la marea feminista?”. Aunque la plaza Belgrano estaba colmada no todas se acercaron a escuchar, pero Avelina y otras mujeres de distintas comunidades decidieron habitar el Encuentro: fueron a asambleas, sahumaron la Universidad tomada por las y los estudiantes, y marcharon por las calles de San Salvador. Cuando la noche llegó, bailaron en la misma plaza que a la mañana las recibió. 

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La educación

La Facultad de Humanidades de la Universidad de Jujuy está tomada como respuesta al ahogo presupuestario que se concretó con el veto a la Ley de Financiamiento Educativo. Las estudiantes jujeñas decidieron en una asamblea de más de 200 personas convocar en el marco del Encuentro a una Asamblea Nacional de Estudiantes de todo el país. La respuesta fue masiva. 

También frente a la Casa de Gobierno hicieron una lista con más de 25 oradoras de distintas provincias y organizaciones que compartieron qué pasaba en sus facultades, la mayoría tomadas. “El gobierno nos decretó la guerra y las tomas nos marcaron el camino de cómo hay que seguir y qué tenemos que discutir”, se dijo en el micrófono trazando así un horizonte hacia a dónde ir.

Cierre del Encuentro: la fiesta de la resistencia

La asamblea bordó su lucha con su contexto. Pidió, por ejemplo, por una educación antiextractivista, por el sistema de salud público, por los salarios docentes, por las y los jubilados, por quienes se están quedando sin trabajo.  También fue sumamente crítica con los partidos políticos que aportaron los votos para vetar la ley, desde el peronismo, el radicalismo, el PRO, hasta la Libertad Avanza. Hablaron también docentes que reconocieron a las y los estudiantes al frente de una lucha que ya está siendo histórica.

La primera moción que se hizo, y se repitió durante toda la tarde, fue la de convocar a una nueva marcha federal que se votó masivamente a mano alzada. 

Después, cada una se fue con sus compañeras a marchar. 

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La vida

Mónica Cunchila, mamá de Iara Rueda, estaba lista para iniciar la marcha de cierre del Encuentro cuando alertó: “Mataron a otra”. En esta misma ciudad hoy asesinaron a Natividad Cañizares, una mujer de 68 años, apuñalada por su ex pareja, un ex policía que fue detenido por los propios vecinos. El femicidio fue a cuatro cuadras de donde vivía Florencia Sayes, asesinada el 28 de setiembre y cuyo nombre había marcado la ceremonia del primer día de este Encuentro. “Nos siguen matando, por eso seguimos exigiendo que la justicia trabaje, que exista presupuesto”, dijo Mónica entristecida, sosteniendo una foto de su hija. 

Cierre del Encuentro: la fiesta de la resistencia

La marcha, que arrancó desde la autopista hasta adentrarse en la ciudad, tuvo dos paradas simbólicas. La primera fue frente al mural que se realizó en la previa al Encuentro con los nombres de las mujeres asesinadas en la provincia. Ahí se gritó cada uno de esos nombres a los que la multitud acompañó con el grito de “Presente”. 

La segunda fue frente al mural que recuerda a Marina Vilto, detenida-desaparecida durante la última dictadura cívico militar. Otro grito: “30.000 detenidos desaparecidos”. La misma multitudinaria respuesta: “Presentes”. 

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La risa

La marcha con más de 50.000 personas que cerró el 37 Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias en Jujuy, llegó a donde todo había arrancado: el lugar exacto donde hace un año reprimieron ferozmente para intentar aplastar el Jujeñazo. Nadie olvida en esta provincia lo que significaron esas jornadas: durante todo el recorrido las organizaciones jujeñas que marcharon con la marea se posicionaron radicalmente contra el gobierno de Javier Milei, contra el ex gobernador de Jujuy ,Gerardo Morales, y contra los funcionarios del actual gobernador, Carlos Sadir.

Cuando finalmente la marcha llegó a la plaza, en el escenario ya esperaban las músicas con sus instrumentos, y donde hubo violencia, se armó una fiesta masiva y a cielo abierto. 

Como respuesta al extractivismo, al vaciamiento, a la violencia, a los asesinatos, a la represión, bailamos.

 Juntas y hermanadas. 

Nuestra venganza es ser felices. 

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Arrancó el Encuentro en Jujuy: acá estamos nosotras

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En la primera jornada del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias pasó de todo: un fuerte acto frente a la Legislatura, con el recuerdo del Jujeñazo que ocurrió en ese lugar en 2023; una contundente marcha que recorrió el centro de la ciudad; una acción de familias víctimas de femicidios cuyas voces aparecen en esta nota; y un pañuelazo inmenso por el aborto legal. Desde hoy y por tres días habrá actividades, talleres, marchas, conversaciones y acciones en distintos lugares de la capital, donde se esperan más de 50.000 personas. Mientras, la Facultad de Humanidades de la Universidad de Jujuy se encuentra tomada contra el ahogo presupuestario.  Y la Marcha del Agua llegará mañana para confluir en otra gran movilización. 

Crónica y reportaje fotográfico desde San Salvador de Jujuy. 

Por Anabella Arrascaeta.

Fotos Lina Etchesuri

Arrancó el Encuentro en Jujuy: acá estamos nosotras

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca.

En pleno centro de la ciudad de San Salvador de Jujuy, en un enorme playón que suele ser estacionamiento, frente a la Legislatura local y al borde del río que está seco, arrancó el 37º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias. Desde hoy y por tres días habrá actividades, talleres, marchas, conversaciones y acciones en distintos lugares de la capital.

Y sobre todo habrá gente, mucha gente, aún cuando la crisis económica se hace sentir, y el dinero que cuesta llegar hasta acá impacta en los bolsillos de las personas y de las organizaciones: el cálculo es que se esperan más de 50.000 personas circulando todo el día en 20 cuadras a la redonda. 

El epicentro es Plaza Belgrano, frente a la Casa de Gobierno, totalmente copada por una feria que no deja espacio vacío. Uno al lado del otro cientos de puestos -con gazebos, con mesas, con mesitas, con mantas, con tablón- venden comida, artesanías típicas, bombachas, corpiños, remeras, peluches, libros, y más. Un flujo constante recorre la plaza, y las calles de alrededor, donde también está la iglesia principal de la ciudad y el Cabildo recién estrenado. Como todo lugar turístico, hay también gente que pasea y se mezcla con la marea.

Arrancó el Encuentro en Jujuy: acá estamos nosotras

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca.

Desde la plaza la gente va y viene a las escuelas y espacios culturales de alrededor para debatir en cientos de talleres. Y entre el ir y venir, se encuentra. 

Una de las definiciones de la palabra encuentro es justamente “acto de coincidir”. 

Coinciden, entonces, las familias de víctimas de femicidios que se reconocen por las remeras, o los carteles con las fotos de sus hijas, madres, hermanas, sobrinas, y se abrazan y escuchan una a una contar sus historias. 

Coinciden, también, los cientos de pañuelos verdes que estaban anudados en mochilas, carteras y muñecas, y frente a las familias hacen silencio conmovidas y acompañan su ceremonia. Y cuando termina, en un acto no de magia pero sí mágico, se vuelve a formar la marea verde que grita por aborto legal en cualquier lugar. Un grito profundo y urgente con personas de todas las edades y procedencias, porque en casi todos los territorios están faltando las pastillas que garantizan los procedimientos, porque, denuncian, el gobierno nacional dejó de comprarlas y muchas provincias todavía no se hicieron cargo de garantizar ese derecho..     

Arrancó el Encuentro en Jujuy: acá estamos nosotras

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca.

Es entonces cuando aparece el hit que se repite durante todo el día. La calle canta:

 “Milei basura, vos sos la dictadura”. 

Y así este acto de coincidencia masiva es también una marcada de cancha: acá estamos nosotras. 

Por qué Jujuy

La jornada arrancó con una ceremonia protagonizada por mujeres pertenecientes a pueblos originarios, que sahumó el inicio desde el escenario. Después, la comisión organizadora, conformada por mujeres referenciadas en organizaciones de la provincia, tomó la palabra: Miriam Morales, Secretaria de Género de CTAA, fue la encargada de recordar que el escenario está ubicado en el mismo lugar en donde un año atrás se desató la feroz represión mientras cientos en las calles se manifestaban en contra de la Reforma Constitucional inconsulta que el gobierno conducido por Gerardo Morales impuso a la fuerza. “En el 2023 postulamos esta sede y ustedes nos apoyaron” recordó sobre por qué Jujuy. “En este lugar se desató la represión que fue parte del laboratorio que tenemos hoy en todo el país. En este lugar apresaron a más de 100 personas”. Días antes de que este Encuentro comenzara, fueron reactivadas varias de la causas judiciales abiertas contra personas que se manifestaron ese día, y el próximo lunes el juez definirá si las eleva a juicio. Desde la organización entienden esta provocación como un acto intimidatorio en la previa a la llegada de multitud a la provincia. “Sepan que resistimos y acá estamos”, desafiaron desde el escenario.

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Fotos: Lina Etchesuri para lavaca.

La gente que escuchaba el relato respondió, primero, cantando contra el gobierno nacional. 

Luego: “Paro general”. 

Y por último: “Universidad de las trabajadoras, y al que no le gusta, que se joda”. 

La reforma constitucional inconsulta como símbolo de la antidemocracia, la reivindicación de los pueblos originarios, el cuidado del ambiente, de la vida, el freno a la violencia machista y la defensa de la memoria, la verdad y la justicia: Jujuy es hoy el territorio donde se denuncias a viva voz todas estas  violencias y confluyen sus resistencias. 

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Fotos: Lina Etchesuri para lavaca.

Del dolor a la organización 

Mónica Cunchila cerró el acto frente a la Gobernación. Ella es parte de la organización de este Encuentro y, fundamentalmente, mamá de Iara Rueda, la joven de 16 años asesinada en plena pandemia del coronavirus en Palpalá. Como indica la tradición de derechos humanos, Mónica llevó una foto de su hija en el pecho y relató con voz potente: “En 2020 cambió la provincia de Jujuy: en ese momento asesinaron a 5 mujeres en 40 días. Hace poco se cumplieron cuatro años de cada uno de esos femicidios”. Iara estuvo desaparecida durante una semana y su caso se convirtió en un símbolo de la violencia machista, la inacción judicial y la complicidad policial. La provincia entera compartió su búsqueda, comandada por la familia, mientras policía y justicia  incumplieron los protocolos que se deberían haber activado para encontrarla: por eso hay siete policías que irán a juicio. 

Cuando la encontraron estaba sin vida, con manos y pies atados. Su familia logró que por su femicidio fueran declarados culpables Raúl Cachizumba, Mauricio Abad y Tomas Fernández.

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Mónica Cunchila mamá de Iara Rueda. Fotos: Lina Etchesuri para lavaca.

Desde entonces, Mónica se organizó  junto a las familias de víctimas de toda la provincia y creó una red que se acompaña en los pedidos de justicia. “Le hice un juramento a mi hija: hasta que no se haga justicia, no me voy a cansar, y no me voy a callar. Vamos a luchar por cada una de ellas”, gritó hoy desde el escenario.

Al lado de Mónica, otra mujer sostenía un cartel con la foto de Florencia Sayes, asesinada hace dos semanas en esta misma provincia. Tenía 31 años y una hija de 5. En sus últimos días había publicado en sus redes: “Nací para ser libre, no asesinada”. Su ex pareja, Lucas Fernando Farfán, de 34 años, fue detenido e imputado por el femicidio. 

En lo que va del año, desde el Observatorio Lucía Pérez, se registraron 242 femicidios y travesticidios, cinco en Jujuy. Ese dolor es el que marca el primer día de este encuentro.

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Fotos: Lina Etchesuri para lavaca.

Matilde es docente y llega a la Plaza con su nieta Lara de 11 años. Es la única mamá que no lleva foto de su hija: su nieta se entristece al verla y ella prefiere ahorrarle la amargura a una niña que corre entre los puestos y abraza a quien la saluda. Matilde es la mamá de Camila Peñalva, de 25 años, asesinada en 2020 en la localidad de Huacalera. Tenía dos hijos: Lara y Aaron, que hoy tiene 5 años. Matilde hizo hoy más de 100 kilómetros con su nieta para encontrarse con otras familias. 

La misma distancia recorrió Carlos, que llegó desde Ledesma con la foto de su hermana: Rosa Aliaga, asesinada hace nueve años. Su femicidio sigue impune. 

Julia, la tía de Alejandra Nahir Alvarez lleva su cara en una remera fluor que resalta la sonrisa. Su ahijada fue asesinada en 2020, dos días atrás se cumplieron cuatro años. Julia se estremece, pero las lágrimas se le caen cuando habla del hijo de Alejandra, que en el momento del crimen tenía 6 meses y hoy cuando ve una foto dice: mamá te amo. 

Como el asesino de Alejandra fue condenado a perpetua, al igual que el de Iara y el de Camila; Julia dice que ahora todos los familiares quieren luchar por que Carlos y su familia puedan conseguir justicia para Rosa. 

Esa frase es la síntesis de lo que este grupo de familias que cuelgan sus banderas en la reja de la gobernación y nombran a cada una de las asesinadas significa: justicia y lucha por y para todas. 

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Fotos: Lina Etchesuri para lavaca.

Facultad tomada

A una cuadra de la Plaza Belgrano está la Facultad de Humanidades de la Universidad de Jujuy, donde suceden una decena de carreras. Al entrar, los bancos y mesas de clases están en el patio. Y alrededor cuelgan banderas que gritan: no al veto. Cuando la Ley de Financiamiento Universitario fue finalmente vetada, quienes estudian en la facultad, junto a docentes y no docentes, decidieron la continuidad de la toma que había arrancado un día atrás. 

Melina tiene 27 años y estudia Trabajo Social. Sintetiza así lo que está pasando: “En la Facultad de Humanidades hace mucho que venimos peleando, es una lucha constante y viene creciendo. Empezamos con el comedor, que estuvo cerrado porque decían que no había presupuesto. Logramos la apertura, pero no alcanza. Luchamos también por el boleto estudiantil gratuito y universal que este gobierno lo quería sacar; y ahora en la asamblea que se armó pedimos por el presupuesto universitario que no alcanza, por el aumento del salario de los docentes y los no docentes, por las aulas en las que no hay ni bancos, y porque cuando llueve, llueve más adentro que afuera”. 

Arrancó el Encuentro en Jujuy: acá estamos nosotras

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca.

Bianca, de 27 años, abre el foco: “Acá en la provincia hay un montón de reclamos: el problema habitacional estuvo siempre: muchas personas no pueden acceder a una casa; la inseguridad; también que una mujer va a denunciar un hecho de violencia y no quieren tomar la denuncia; se suma el recorte en salud a nivel provincial; y últimamente, lo que estamos sufriendo, son los desalojos en las comunidades del interior”. 

Este sábado, a las 15 horas en Plaza Belgrano, las Facultades de Jujuy convocan a una asamblea con estudiantes de todo el país que hayan venido al Encuentro. 

En esa misma plaza, a la misma hora, también este sábado, estarán llegando las comunidades de la Marcha del Agua, que desde hace días caminan desde la puna en defensa de los territorios y la vida. 

Arrancó el Encuentro en Jujuy: acá estamos nosotras

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca.

La mirada trava

El día terminó con la Marcha contra los Travesticidios, Transfemicidios, Transhomicidios y Lesbicidios que avanzó cantando: 

“Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las travas en la cara de la gente”. 

Mientras se avanzaba se pidió justicia por Ana Paula Costas, una mujer trans de 43 años, que volvía a su casa en el barrio Alto Comedero cuando fue atacada a golpes. Estuvo doce días internadas antes de morir, el último 9 de septiembre.

“Es necesario estar acá”, dice la activista y pensadora Marlene Wayar. ¿Por qué?. “Porque es super necesario hacer la red travesti-trans para la reparación histórica y para la junta de todas las luchas en momentos en que nos quieren disgregar, dispersar y mantenernos quietas en casa. Es super importante que afinemos las redes, sepamos bajar algunas diferencias, y pongamos todo el empeño en un enemigo común que se está llevando el país por delante”. 

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca.

Y sigue: “La violencia hacia la comunidad travesti trans es un continuo siempre, pero lo que está creciendo radicalmente son las violencias pasivas, las que dejan que nuestras viejas sigan paradas en espacios de prostitución sin hacer un peso, que sigan sin comer, que sigan sin asistencia sanitaria, sin ser incluidas en en el PAMI. Esas violencias han crecido exponencialmente, y las otras continúan, son parte de una sociedad que todavía, en ese sentido, no la ve”. 

En este encuentro aún queda mucho por ver. 

Arrancó el Encuentro en Jujuy: acá estamos nosotras

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca.

Arrancó el Encuentro en Jujuy: acá estamos nosotras

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca.

Fotos: Lina Etchesuri para lavaca.

Arrancó el Encuentro en Jujuy: acá estamos nosotras
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#NiUnaMás

Del dolor a la organización: presentación del proyecto de Periodistas Argentinas sobre acoso sexual en ámbitos laborales y académicos

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Se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley impulsado por la colectiva Periodistas Argentinas que propone modificar la Ley de violencia contra las mujeres (26.485), incorporando en un nuevo inciso el acoso sexual en contextos laborales y académicos. Acompañan la iniciativa representantes de los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, UCR, Frente de Izquierda, PRO, Coalición Cívica, que integran la Comisión Mujeres y Diversidad. El proyecto busca ofrecer una protección integral a trabajadoras y estudiantes que enfrentan este tipo de agresiones sin un marco legislativo específico. La propuesta nació al conocerse las denuncias contra el periodista Pedro Brieger, y el vacío de respuestas institucionales frente al tema. El consenso logrado, el texto de la modificación, y cómo continúa el tratamiento del proyecto.

Por Anabella Arrascaeta

La presentación del proyecto elaborado por Periodistas Argentinas para modificar la Ley 28.485 fue encabezada por la diputada Mónica Macha (Unión por la Patria), presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, acompañada por representantes de la mayoría de los bloques parlamentarios: Paula Penacca de Unión por la Patria; Esteban Paulón y Mónica Fein de Encuentro Federal; Vanina Biasi del Frente de Izquierda; y Nancy Ballejos y Belén Avico del PRO.

Del dolor a la organización: presentación del proyecto de Periodistas Argentinas sobre acoso sexual en ámbitos laborales y académicos

Belén Avico y Nancy Ballejos (PRO), Esteban Paulón (Encuentro Federal) y Mónica Macha (UxP), presidenta de la Comisión permanente de Mujeres y Diversidad. Fotos Lina Etchesuri/lavaca.org.

La periodista Nancy Pazos agradeció a todos los bloques la presencia y el acompañamiento, y recordó que Periodistas Argentinas surgió cuando se debatía el proyecto de aborto legal, seguro y gratuito, que fue debatido en el Congreso en el mismo salón en el que hoy se presentó el proyecto de modificación a la Ley 26.485. “Somos periodistas, somos mujeres, representamos a colegas de todo el país, y lo que sucedió es que cuando presentamos a la sociedad el informe Brieger (a partir de las denuncias contra el periodista Pedro Brieger por situaciones de acoso sexual) hubo reclamos sobre por qué no judicializar el tema, y la verdad que no teníamos las herramientas”. 

Del dolor a la organización: presentación del proyecto de Periodistas Argentinas sobre acoso sexual en ámbitos laborales y académicos

Mónica Fein (Encuentro Federal), Vanina Biasi (FIT), Paula Pennaca (UxP), y las periodistas Nancy Pazos y Claudia Acuña. (Fotos Lina Etchesuri/lavaca.org)

Como respuesta a esa falta de herramientas Periodistas Argentinas propone mediante un proyecto de ley incorporar el inciso “j” al artículo 6° de la Ley 26.485, tipificando la violencia y el acoso sexual en ámbitos laborales y académicos como conductas no consentidas que atentan contra la dignidad de las mujeres, generando entornos intimidatorios, hostiles y humillantes. De esta manera, se busca ofrecer una protección integral a trabajadoras y estudiantes que hoy enfrentan este tipo de agresiones sin un marco legislativo específico. 

“La salida es colectiva”

La iniciativa surgió del acompañamiento que la colectiva dio a periodistas afectadas por el acoso sexual ejercido por Pedro Brieger, y a muchas otras que también han atravesado situaciones de la misma índole. Por eso fue reparador escuchar la voz de la periodista Agustina Kampfer, quien denunció hace más de diez años la situación sin ser escuchada en ese momento. Dijo en Diputados: “Hoy pensaba qué camino triste y duro recorrido, pero hermoso al fin porque terminó acá. No hay una ley que acompañe en lo específico el acoso sexual en ámbitos académicos y laborales, por eso la importancia de lo que estamos haciendo. La salida es colectiva, sin lugar a dudas”.

Del dolor a la organización: presentación del proyecto de Periodistas Argentinas sobre acoso sexual en ámbitos laborales y académicos

La intervención de la periodista Agustina Kampfer. (Fotos Lina Etchesuri/lavaca.org)

La periodista de MU Claudia Acuña puso en palabras lo que significó la presentación: “Quiero destacar esta ceremonia, porque esto nació con mucho dolor. Reparamos así, organizándonos y haciendo política”.

Frente a la cultura del acoso

La diputada Mónica Macha comenzó la presentación reconociendo el trabajo realizado por Periodistas Argentinas, entendiendo que lo relatado no se trata de una única situación, “sino que tiene que ver con la cultura del acoso. Es una instancia que necesita de transformación, una transformación que es activa, que tiene que ver con la militancia y en ese sentido los feminismos y transfeminismos han hecho mucho para poder poner en palabras situaciones que estaban naturalizadas. Hoy podemos decir que son acciones violentas”.

Los informes presentados por Periodistas Argentinas permitieron ver la necesidad de contar con una normativa. Macha: “La Ley 26.485 es una ley viva, visualiza la violencia en todos los ámbitos, pero necesitamos poder ir transformándola para poder nombrarla. El acoso sexual en ámbitos laborales y académicos también nos permite que las instituciones, personas, organizaciones, puedan ir construyendo formas de prevención y acompañamiento. Por eso esta ley tiene una doble dimensión: reparación, política restaurativa, y un mensaje solidario que es pensar en las otras para que no le pase lo mismo. Es un mensaje muy amoroso. No podemos asegurar que esto no vuelva a pasar, pero sí pasa, que la respuesta sea otra”. 

El diputado Esteban Paulón, vicepresidente de la Comisión de Mujeres y Diversidad, planteó: “Quienes somos parte de colectivos vulnerados en derechos sabemos que estas leyes y estos cambios se construyen sobre nuestros cuerpos y nuestras historias”. Paulón estuvo en la presentación junto a Mónica Fein con quien integra Encuentro Federal. “La verdad es liberadora, la libertad es poder vivir sin la mochila que implica estar gambeteando algo, poder ponerla sobre la mesa y, como hicieron ustedes, accionar para que se modifique algo”. Además destacó la transversalidad de apoyo a la iniciativa.  

Del dolor a la organización: presentación del proyecto de Periodistas Argentinas sobre acoso sexual en ámbitos laborales y académicos

Parte del grupo de Periodistas Argentinas que se presentó en Diputados. Muestra copia del proyecto Analía Argento.

La diputada Nancy Ballejos, del PRO, resaltó: “Llegamos hasta acá por un hecho público y mostró que la violencia necesita mayor visibilidad y participación”. Dejó claro que “el compromiso de nuestro bloque es seguir apoyando”. Agregó: “Lo que me resulta muy valioso destacar es que esto es un proyecto que no distingue de ideologías partidarias sino que por el contrario nos une y nos fortalece para encarar y poder poner en debate todas estas problemáticas. Hoy modificamos un inciso que significa mucho porque es validar esta convicción que tenemos de defensa de los derechos de las mujeres y minorías. Hace falta mucho, una ley que parecía completa nos damos cuenta de que faltan detalles y solo los podemos conocer cuando las problemáticas toman estado público. Acá estamos para recibirlas y salvar esos errores”. 

La diputada Vanina Biasi, del Frente de Izquierda, señaló la organización de las periodistas y ubicó al proyecto en el contexto actual al que calificó como regresivo en materia de derechos. Propuso: “Tenemos que seguir organizadas para avanzar mucho más, ahora tenemos la tarea de que se aplique”. 

Este es el proyecto presentado.

Cómo se sigue

El proyecto lleva la firma de representantes de distintos bloques evidenciando el apoyo interpartidario. Entre quienes firmaron están: 

  • Mónica Macha, Paula Penacca, Gabriela Estévez, Brenda Vargas Matyi, Sabrina Selva, Carolina Yutrovic, Hilda Aguirre, Leila Chaher y Ana Carolina Gaillard de Unión por la Patria.
  • Silvana Giudici, Silvia Lospennato, Nancy Ballejos, Sofia Brambilla, Belén Avico y María Angel Sotolano del PRO.
  • Carla Carrizo de la UCR.
  • Vanina Biasi del Frente de Izquierda.
  • Esteban Paulón de Encuentro Federal. 
  • Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica.

Ahora que la propuesta fue ingresada, tendrá tratamiento en las siguientes comisiones, intentando que sea en plenario conjunto:

  • Comisión de Mujeres y Diversidad, cabecera del proyecto, y donde todas las integrantes que la integran acompañan la iniciativa. 
  • Además se tratará en la Comisión de Legislación del Trabajo, presidida por el diputado Martin Tetaz (UCR). 

El proyecto puede conocerse en esta nota

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