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El femicidio de Luciana Sequeira: el virus de la impunidad

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Quisieron hacer pasar la muerte de la joven como causada por Covid-19, lo cual además evitó que la familia pudiera despedirse; tenía signos de tortura que nunca fueron investigados. Un detenido, hijo de un oficial, y los indicios de que hay más involucrados en Villa Atamisqui, un pueblo donde las sospechas llegan a la policía y a la municipalidad. El reclamo de su hermana, de Santiago del Estero a la Plaza de Mayo. Por Anabella Arrascaeta.

Fotos: Catalina Distefano

Apenas Luciana Sequeira murió, sola en una sala del Hospital Regional Ramón Carrillo de la capital de Santiago del Estero, la familia marchó a la Comisaría 20 de Villa Atamisqui a pedir justicia. 

Marcó así hacia dónde mirar: a la policía, para que no encubriera al único sospechoso, un joven que en ese momento era menor de edad, hijo de un oficial del pueblo.

Luciana, 17 años, estaba en el último año del secundario; le gustaba jugar al fútbol y quería estudiar para ser, justamente, policía. 

El 14 de junio de 2021, salió de su casa junto a su prima para hacer compras. Antes de entrar al supermercado le dijo que iba a sacar unas fotocopias que necesitaba para la escuela a una librería ubicada a unas cuadras. No volvió. Lo siguiente que supo su familia llegó de una llamada del hospital: estaba internada muy grave. 

Qué pasó

El lunes 14 de junio, a las 18 horas, Luciana llegó junto a Lautaro Corvalán, compañero de escuela, a un hotel transitorio en el Barrio Lagunita Sur de Villa Atamisqui. Llegaron en la moto de Lautaro, una moto roja. La moto negra de Luciana quedó estacionada a dos cuadras del hotel. Una hora después de ingresar al hotel, él se fue, solo. Entonces la dueña del lugar entró a la habitación y encontró a Luciana cubierta de sangre, inconsciente, con convulsiones y tapada con dos almohadas. 

“Ella lo conocía a él porque era compañero de colegio, pero no sabemos qué pasó dentro del hotel”, dice a MUYolanda, hermana de Luciana. 

Los dueños del hotel llamaron al hospital; llegó la ambulancia y después la policía. Luciana había salido con su documento, carnet de la obra social y las llaves de su moto, pertenencias que nunca aparecieron. 

Relata Yolanda sobre la sospecha en esos primeros momentos: “Supuestamente entre los primeros en entrar a la habitación estaba el padre de este chico, sin saber que el hijo estaba involucrado. Además, hubo más gente en la habitación: el dueño del hotel entró con un vecino, y entró la mujer también”.

A Luciana la llevaron en ambulancia hasta el Hospital Zonal y por la gravedad de su cuadro la derivaron al Hospital Regional, a 120 kilómetros, en la capital de la provincia. 

“Le pusieron oxígeno y la llevaron a la ciudad; tardaron hora y veinte minutos en llegar. Por lo que dice la historia clínica llegó prácticamente muerta porque perdió mucha sangre”. 

Tenía quemaduras en las piernas y en la espalda, además de una herida en la zona genital que le provocó la hemorragia. 

El hospital 

Luciana agonizó durante tres días en terapia intensiva del Hospital Regional. Yolanda, una de sus 5 hermanas y hermanos, se enteró de lo que había pasado porque el llamado de una prima. Ella vive en la Ciudad de Buenos desde hace 14 años; se fue inmediatamente para su provincia natal. Cuando llegó, la noche del 16 de junio, Luciana todavía seguía viva, pero no pudo verla. Tampoco la pudieron ver su mamá, ni su papá, ni sus hermanos: nadie de su familia pudo ni acompañarla en el dolor ni despedirse. “Supuestamente porque ella tenía Covid positivo no nos dejaban verla. Pero nunca tuvo ningún síntoma. Aparte a mi mamá y a mi hermano les hicieron test y dieron negativo. A Luciana le hicieron dos testeos: el primero fue un antígeno que dio negativo y el segundo dio positivo, pero nunca vimos ese comprobante”, dice, continuando el camino de dudas. 

Cuando el 17 de junio por la mañana Luciana murió, el parte epidemiológico del Ministerio de Salud provincial la incluyó entre las 13 víctimas del coronavirus de ese día, obviando la situación violenta en la que fue encontrada, los indicios de tortura que causaron la muerte, e incluso la investigación en curso. 

La autopsia, llevada adelante por una junta médica, tardó casi tres semanas en arrojar resultados. Lo que concluyó fue que murió por “causa mixta”, es decir por la pérdida de sangre pero también por problemas ocasionados por el cuadro de Covid. La autopsia además indicaba que tenía quemaduras pero no a qué se debían, y que tenía lesiones vaginales pero no cómo se habían producido. Analiza Yolanda: “Nosotros no tuvimos perito de parte en la autopsia porque la abogada de ese momento nos recomendó que no era necesario, que los médicos no se iban a vender. Pero la pericia yo creo que fue falsificada: Luciana no puede haber fallecido de Covid si ella entró con un shock hipovolémico, si había perdido mucha sangre. Ahora nosotros pusimos un perito de parte para impugnar la autopsia pero lo que explicó el abogado actual es que todavía no se puede utilizar”. 

Yolanda, que trabaja en una casa particular mientras estudia para ser chef, pagó el monto equivalente a casi cuatro salarios mínimos a su abogado, pero asegura no estar conforme con el proceso. 

La investigación

Desde el día en que Luciana fue atacada intervino la fiscal Vanina Aguilera, de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual. La misma tarde del lunes Lautaro Corvalán, en ese momento también de 17 años, fue detenido en su casa. 

Cuando Luciana murió, Corvalán fue imputado, en una audiencia virtual, por los delitos de abuso sexual con acceso carnal seguido de muerte. Después de que se le leyeron los cargos, él hizo silencio desde el Centro de Guarda para Jóvenes en Conflicto con la Ley, y no declaró. En ese momento lo defendían tres abogados. “Sigue detenido, antes estaba en un penal de menores pero ahora está en una comisaría. Mi abogado me dijo que a la querella no se le dice dónde está, pero hay rumores de que está en la comisaría del pueblo donde el padre trabaja”, cuenta Yolanda, indignada, a mil kilómetros de su familia. 

Su hipótesis: “Parece que hay más involucrados pero él no quiere hablar. En un momento dijeron que había dos sospechosos más pero como no había pruebas no se avanzó en la investigación. Supuestamente hay una testigo que no quiere hablar, porque los involucrados son gente de poder. Supuestamente los que están detrás de esto son narcos”. 

Las mismas dudas de Yolanda llegan hasta los dueños del lugar: “Yo lo que pienso es que el dueño del hotel también está involucrado en esto, no puede ser que no haya escuchado ningún ruido, que ella no se haya defendido”. 

Los videos y las fotos del lugar muestran un alojamiento sin nombre ni cartel. Toda la edificación está en planta baja, justo en la esquina de las calles Córdoba y Sarmiento. En el frente, arriba de cada una de las puertas pintadas de marrón, está escrito a mano y pintura el número de habitación, que se pueden alquilar, según medios locales, por hora, día o mes. En el lateral una puerta de reja blanca lleva a un patio trasero. 

“La habitación donde ellos estaban está al lado de donde los dueños atienden. El hotel tiene dos entradas, una por delante y otra por detrás que hay como un patio, un portón. Pero las cámaras están solo adelante”. Yolanda piensa entonces que si hubo más involucrados entraron y salieron por atrás, sin ser vistos. 

Mientras tanto el acceso a la justicia es a tracción de wifi. Dice Yolanda: “En una audiencia no pudimos participar porque en Santiago del Estero hay muy mala conexión a Internet y mi mamá no pudo conectarse. A mí no me dejaban conectarme porque tenía que ser mi mamá o mi papá, que son los denunciantes. Estuvo el abogado, en otra audiencia mi mamá fue al estudio de abogados directamente para poder estar”. Cada vez que la familia de Luciana quiere averiguar algo de la causa tiene que recorrer los 120 kilómetros que la separan de la capital. Ni para los traslados, ni abogados, ni pericias recibieron ayuda estatal, ni municipal, ni provincial, ni nacional. 

La despedida

El cuerpo de Luciana no pudo ser velado por su familia: por protocolo Covid fue directo al cementerio de Villa Atamisqui. A fin de año, cuando la joven hubiese terminado el secundario, se hizo una ceremonia y se colocó sobre la cruz que lleva su nombre un gorro de egresada, y sobre su tumba, el diploma de su escuela secundaria. 

Las movilizaciones para pedir verdad y justicia al principio eran masivas para un pueblo pequeño, después, no. “Últimamente no iba nadie. -se lamenta Yolanda- Los amenazaron y dejaron de ir, están todos metidos en la política, tienen planes sociales o trabajan en la municipalidad, y los amenazaban que se iban a quedar sin trabajo si seguían en las marchas”. 

El pasado 3 de junio, a siete años de la primera marcha de Ni Una Menos, Yolanda fue a Plaza de Mayo con la foto de su hermana. Llevó lapiceras de colores y una cartulina violeta. Frente al memorial de las víctimas de femicidios que impulsaron durante esa tarde el Observatorio Lucía Pérez y la Cooperativa lavaca, Yolanda escribió: “Somos el grito de las que ya no tienen voz. Justicia por Luciana Sequeira. 17/6/21”. 

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Funcionarios denunciados: entre la violencia de género y la violencia institucional

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Presentamos el informe de agosto 2022 del Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez. Este mes el foco está puesto en el padrón de funcionarios denunciados por violencia de género que el Observatorio lleva adelante. Lo que se ve: un sistema que expresa la mutua imbricación entre la violencia patriarcal y la violencia institucional, con la impunidad como puente. El Observatorio Lucía Pérez lleva registrados 345 los funcionarios denunciados, “ya no hablamos solo de un Estado ausente o ineficaz, sino de un Estado violento”, expresa en el informe la antropóloga Florencia Paz Landeira.

A mediados de agosto, Marcelo Guzmán, funcionario judicial de Tierra del Fuego, fue separado de su cargo luego de la denuncia pública y judicial por violencia de género realizada por su esposa, Carla Kirstein. El juez Javier De Gamas Soler dictó el procesamiento de Guzmán por los delitos de “lesiones graves agravadas por haber sido cometidas contra su pareja en el marco de una situación de violencia de género” (en un hecho) y “lesiones leves” (en otros dos) y ordenó una prohibición de acercamiento. Carla decidió hacer la denuncia por redes sociales, movida por el miedo y la impotencia no solo por la recurrencia de la violencia y la situación de dependencia en que se encontraba, sino también por las barreras en el acceso a la justicia: “Fui a ver a varios abogados para que me representaran y cuando se enteraban quién era mi marido y para quién trabajaba, ponían cualquier excusa para no tomar el caso”. Su historia habla de entramados de poder institucionales que silencian, encubren, obstruyen y que, en definitiva, avalan y perpetúan la violencia.  

Es la historia de Carla, pero no es un “caso”, es un sistema que expresa la mutua imbricación entre la violencia patriarcal y la violencia institucional, con la impunidad como puente. El Observatorio Lucía Pérez registra en su padrón 345 denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas. El registro -que formalmente le corresponde al Estado argentino, en función de los compromisos asumidos ante la CIDH y que hasta hoy incumple- se basa, a su vez, en la hipótesis de que estas denuncias encarnan la persistencia de sentidos y prácticas machistas y misóginas en las burocracias estatales y la resistencia a la transversalización de la perspectiva de género que, en concreto, resultan en la ausencia o debilidad de las políticas públicas para prevenir y contener la violencia contra mujeres y trans.

Cuando reiteramos la consigna “El Estado es responsable”, solemos referirnos a formas sistemáticas de complicidad, omisión y/o insuficiencia en las políticas para erradicar la violencia de género. La responsabilidad estatal encuentra en este registro de funcionarios denunciados su rostro más grotesco y encarnado. El poder político que el puesto les confiere aparece reforzando e incrementando posiciones de privilegio y dominio fundadas en estructuras de género desiguales. Ya no hablamos solo de un Estado ausente o ineficaz, sino de un Estado violento. Las denuncias alcanzan a jueces civiles y de familia, fiscales, comisarios, jefes de policía, es decir, agentes estatales que deberían estar implicados en prevenir las violencias, sancionar a quienes las ejercen y proteger a las víctimas.

Observatorio Lucía Pérez

El Estado ¿por fuera de la ley?

Es sabido que el Estado no es un bloque homogéneo y coherente, sino que está habitado y atravesado por tensiones, contradicciones y balances de poder. Este mismo Estado que denunciamos como responsable de la violencia patriarcal, ha instrumentado leyes y políticas tendientes a reconocer y combatir las desigualdades de género, movido por las luchas y demandas de los movimientos feministas.

La ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sancionada en 2009, incluye en su definición y caracterización de la violencia a la violencia institucional, definida como: “aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil” (Artículo 6, b). Ya en 1996, el Estado argentino ratificó la Convención de Belém do Pará, en la que los estados acordaron “abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación” (Artículo 7, a).

En esta misma línea, en 2010, el Comité de la CEDAW instó a velar por que jueces, abogados, fiscales y defensores públicos conocieran los derechos de las mujeres y las obligaciones del Estado para garantizarlos y alentó a que se impartan capacitaciones sobre género a quienes integran el sistema de justicia. Recién ocho años después, en el país se sancionó la ley 27.499, que establece la capacitación obligatoria en temáticas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública. Esta ley es conocida como Ley Micaela, en homenaje a Micaela García, militante feminista y víctima de femicidio en abril de 2017.

En este contexto de avances en términos legislativos y en la asunción de compromisos por parte del Estado, ¿qué implica pensar a la violencia de género ejercida por funcionarios públicos como violenta institucional? La investigadora María Pita[i] propone pensar a la violencia institucional como categoría política local, construida progresivamente como resultado de la articulación entre la reflexión y la acción de la militancia del campo de los derechos humanos. Aunque su sentido más restringido remite a la violencia policial y penitenciaria, se ha convertido en una herramienta para la lucha política de uso cada vez más amplio y extendido por diversos colectivos de víctimas y de demanda de justicia con foco en denunciar la recurrencia y la sistematicidad de la implicación de agentes estatales en el ejercicio de las violencias. Implicación que se traduce en hechos de violencia concretos, pero también en formas rutinarias y sedimentadas de construcción de poder e impunidad. Al denunciar la violencia de género ejercida por funcionarios como violenta institucional apuntamos a evidenciar el encubrimiento corporativo y la persistencia sistemática de estereotipos, prejuicios y patrones discriminatorios por género en las prácticas estatales y judiciales. Implica también seguir insistiendo en que la violencia de género es un asunto de derechos humanos.

Poder policial y violencia de género

El 5 de junio, Daiana Abregú, de 26 años, apareció muerta en la celda de una comisaría de Laprida, provincia de Buenos Aires, tras ser demorada por una contravención. Desde el inicio, la policía sostuvo que Daiana se suicidó, pero nada cierra en esa hipótesis. La última autopsia evidencia asfixia por sofocación y lesiones de autodefensa. Lo que sí quedó expuesto es la trama de encubrimientos y complicidad entre la fuerza de seguridad y las áreas de justicia.

El Observatorio Lucía Pérez tiene registradas 41 denuncias a altos mandos de las fuerzas de seguridad. Los femicidios policiales[ii], como el de Daiana, son la expresión más extrema de la vulneración de derechos de las mujeres dentro del universo de la violencia institucional. Como en muchos otros casos de uso ilegal de la fuerza policial, existen prácticas de encubrimiento que suelen consistir en falsear el relato de lo sucedido y manipular la escena para que coincida con su versión. En este sentido, la violencia de género ejercida por integrantes de las fuerzas de seguridad no puede pensarse como agresiones individuales y particulares, sino como parte de una institución con históricas prácticas de violencia encubierta y de reproducción de formas machistas de construcción de poder.

En muchos casos, las mujeres víctimas de la violencia de género ejercida por agentes policiales son también integrantes de las fuerzas de seguridad. A partir de una investigación con la Red Nacional de Mujeres Policías con Perspectiva de Género, Mariana Sirimarco[iii] señala que la regla en las fuerzas policiales es que los hombres denunciados son encubiertos, mientras que las mujeres denunciantes, son castigadas. Sirimarco afirma que la violencia de género -en particular, la  violencia  policial  contra  mujeres  policías- es  parte constitutiva del ejercicio del poder policial, porque éste se asienta en sentidos sobre lo territorial, lo violento y lo masculino avasallante. Ambas  estructuras  de  poder, la  policial y la masculina-patriarcal, se sostienen en lo mismo: en el ejercicio de dominio y pertenencia del otro-bajo-mando. De esta forma, la violencia de género ejercida por policías pone en evidencia rasgos comunes a todos los funcionarios denunciados: una forma de construir y ejercer el poder (político) fundada en la masculinidad violenta, autoritaria y avasallante.

Por Florencia Paz Landeira. Doctora en Antropología Social. Becaria posdoctoral del LICH-CONICET. Integrante del Programa de Estudios Sociales en Género, Infancia y Juventud (UNSAM).


[i] Pita, M. (2017). Pensar la Violencia Institucional: vox populi y categoría política local. Espacios de crítica y producción, 53(9), 33-42.

[ii] https://violenciapolicial.org.ar/violencia-policial/#!#femicidios

[iii] Sirimarco, M. (2021). Sexo, violencia y desigualdad. Mujeres en la policía. Delito y Sociedad, 30(51),

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Zona de peligro: femicidios en el norte del conurbano

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Causas mal caratuladas, que no investigan los contextos de las muertes y dejan libres a sus responsables. Jueces y fiscales que ningunean a las familias que son amenazadas en sus barrios. La culpabilización de las víctimas, las conexiones narco, las movilizaciones a través de las cuales se logran algunos avances. Y la pérdida de todo, hasta del miedo: tres familias cuentan a MU cómo soportan la impunidad de cada día. Por Delfina Pedelaq y Anabella Arrascaeta.

Plaza de General Pacheco, Tigre: las familias frente al cajoneo de las causas, contra la complicidad judicial y policial. Fotos: Gastón Stark
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La ciudad rota: el femicidio de Daiana Abregú

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La joven de 26 años apareció muerta en la celda de la comisaría de Laprida, provincia de Buenos Aires, tras ser demorada por una contravención. Desde entonces, la policía sostiene que se suicidó con su propia campera, pero la justicia comprobó diferentes falacias en ese relato que llevaron a la detención de cinco efectivos bonaerenses. La investigación para determinar qué pasó con Daiana aún continúa, mientras la familia busca verdad y justicia. Por Facundo Lo Duca.

La foto de Daiana en la plaza principal. Foto: Mauro Arias
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La última Mu: Yo princesa

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