Una planta de bioetanol en plena ciudad de Córdoba. Una explosión, un estallido de enfermedades (desde las respiratorias hasta el cáncer), una comunidad que salió a la calle. El Barrio San Antonio llegó a la Corte Suprema y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos reclamando al Estado que cumpla las leyes y detenga el funcionamiento de Porta Hermanos, la única fábrica de bioetanol del mundo instalada en una zona urbana. El rol protagónico de las mujeres, y una historieta como medio de comunicación para contar qué pasa cuando hay un monstruo en el barrio.

Texto: Bernardina Rosini

La historia empezó con un Big Bang y hoy es una resistencia social, una resiliencia para los que prefieran esa palabra, y hasta una historieta que es un símbolo de comunicación. 

El Big Bang fue una explosión en plena ciudad de Córdoba, en el Barrio San Antonio, a 6 kilómetros del centro, producida en la planta Porta Hermanos, que tiene la particularidad de ser la única productora de bioetanol del mundo emplazada en medio de una zona urbana y muy poblada.  

La resistencia comenzó cuando sobre todo las mujeres del barrio se asomaron a ver qué era esa especie de bomba que hizo temblar todo. Eso revivió la cultura del diálogo callejero. Les preguntaban a otras vecinas, conversaban, empezaban a conocerse más, confirmaban datos sobre enfermedades en esas manzanas cada vez más tóxicas, en ese lugar en el que se hacía cada vez más difícil respirar. De esas charlas callejeras surgió una evidencia crucial que funcionarios, jueces y gobiernos suelen olvidar: había que hacer algo. 

La historieta es ¡Un monstruo en mi barrio!, uno de los infinitos modos que esa comunidad movilizada del Barrio San Antonio encontró para compartir su experiencia, su osadía de enfrentar al poder, y el potencial de romper la vieja tendencia de que cada quien se haga cargo solo de su propia vereda. Así llegaron desde el barrio hasta la Corte Suprema, y hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para litigar contra el Estado Argentino si todo sigue igual. 

¿Qué reclaman? Que deje de funcionar Porta Hermanos, que relocalicen esa fábrica de etanol y de enfermedades en un lugar alejado, pero que no se pierda ningún puesto de trabajo. 

Rosa Acuña, cuya casa queda pegada, literalmente, a la planta industrial de Porta, vive hace 52 años en el barrio y es una de las tantas vecinas que desde hace al menos una década denuncia la situación: “Salimos nosotras porque acá nos abandonaron el Estado municipal, el provincial y el nacional”. 

Fernet y enfermedades

La empresa Porta Hermanos S.A produce bioetanol, etanol, bebidas alcohólicas y vinagres. El negocio original desde el siglo 19 fueron los licores y el fraccionamiento de alcohol. En 2007 se lanzó la marca de fernet 1882 y en febrero de 2012, en un contexto nacional de incentivos y promoción de los biocombustibles, la planta de San Antonio inició la producción de bioetanol, que se logra a partir de la molienda y la fermentación de maíz transgénico. Instalaron la fábrica en un terreno que era un parque y que linda con los patios traseros de numerosas viviendas familiares del barrio, entre ellos, el de Rosa, que rememora: “Ese mismo año en una tarde de mucho calor, escuchamos un ruido ensordecedor, una explosión que provenía de la fábrica”. 

Tiempo después supieron que se trató de un “error” en el momento de la calibración de las válvulas de seguridad. Aquel accidente motorizó el intercambio entre los habitantes del barrio que salieron a la calle para averiguar qué había pasado. Tenían temas de charla: el miedo a otra explosión, los fuertes olores que siempre emanaban de la fábrica, los dolores de cabeza permanentes que estaban padeciendo, las irritaciones de garganta, las molestias en los ojos, la aparición de alergias…

Comenzó así un reconocimiento grupal y barrial de las señales del cuerpo, de los interrogantes sobre el sentido de lo que estaba pasando. Y surgió también un “nosotros”.

Empezaron a reunirse, a organizarse. Recurrieron al Centro Vecinal del barrio contiguo, el Inaudi y a la presentación de notas y cartas a la municipalidad. Querían saber qué tan segura era la fábrica. “Pero la noción de seguridad que teníamos ciertamente  fue mutando con el tiempo” aclara Silvia Cruz, una de las vecinas históricas. “De pronto también surgió la necesidad de nombrarnos de alguna manera para convocar y que nos reconocieran. Tenía que quedar claro cuál era nuestra búsqueda y desde entonces somos Vecinos Unidos en Defensa de un Ambiente Sano: V.U.D.A.S”. En realidad la mayoría eran vecinas, y hoy ya la letra equis salda el tema. 

El grupo no tardó en recurrir al Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Córdoba para solicitar apoyo a la Red Universitaria de Ambiente y Salud (Reduas) que realizó el primer estudio de salud ambiental en la zona. Era agosto del 2013. Esa primera evaluación epidemiológica que alcanzó al 74% de los habitantes del barrio expresó lo que en sus cuerpos ya era evidencia: presentaban una elevada frecuencia de trastornos irritativos y atópicos, encabezados por: cefaleas (43%), congestión ocular (34%), trastornos respiratorios (33%), gastritis (26%), dermatitis irritativas (18%). 

Los porcentajes superaban ampliamente la media con respecto a otros puntos de la ciudad. Pero era apenas el comienzo: solo iban dos años de funcionamiento de la planta. 

La gesta de lo doméstico

José Porta fue el encargado del manejo de la empresa durante casi 50 años, y un caso de imbricación entre industria y poder político cordobés. Nieto del fundador, nacido en 1926, ingeniero, fue profesor de la Universidad Católica, Director del Banco Suquía, fundador de la Unión Industrial de Córdoba, presidente de la Cámara de Comercio Italiana y Ministro de Producción durante los gobiernos de  los radicales Eduardo Angeloz, Ramón Mestre y del peronista José Manuel de la Sota. Al asumir en la función pública en la década de los 80, su hijo, también José Porta, “el Negro”, fue nombrado director general de la empresa. Fue el responsable de la siguiente gran expansión de la empresa y de la marca a nivel nacional. 

El joven Porta llegó con nuevos proyectos: recuperar la tradición en la producción de bebidas alcohólicas con el lanzamiento en 2007 del fernet 1882 y a la vez virar hacia los biocombustibles, específicamente la producción de bioetanol, con el cual calculaba un incremento del 50% de las ganancias de la empresa. Fue distinguido con el Premio al “Empresario del Año 2007 La Voz del Interior”, el “Premio Security” en 2014 y Konex en 2018, ubicándolo dentro de las 100 personalidades destacadas de la década.

La narrativa del caso empresarial “exitoso” omite cuestiones esenciales. Para expandir la compañía instaló la única fábrica de biocombustible del mundo emplazada dentro de una zona residencial. También se omiten los incumplimientos de requisitos obligatorios como la realización de audiencias públicas y la presentación de estudios de impacto ambiental. Porta produce 100 mil litros diarios de bioetanol pero tiene como respaldo de su actividad únicamente permisos municipales provisorios. 

“Cuesta creer pero es así desde el inicio: nunca tuvieron los permisos habilitantes correspondientes” aclara tajante Silvia. “No entendimos que los gobiernos municipales y provinciales estaban del lado de Porta hasta que nos empezaron a perseguir. Iban los inspectores municipales a los negocios donde estaba nuestro cartel ‘Fuera Porta’ y los cerraban. Los medios de comunicación no nos dejaban contar lo que pasaba en el barrio. Y fue peor cuando empezamos con las denuncias. Ahí ya no hubo dudas ni vuelta atrás”.

VUDAS estableció contactos y acciones conjuntas con las Madres de Ituzaingó Anexo y con la asamblea de Malvinas Argentinas que terminó echando a Monsanto de ese barrio. “Monsanto buscaba instalarse en Malvinas Argentinas para proveer maíz transgénico para el bioetanol de Porta. Todo, absolutamente, lo fuimos descubriendo de modo muy doméstico, nosotras mismas, tratando de defender el barrio, la familia y la salud” explica Silvia. Las mujeres se sumaron a la Ronda de los barbijos de Córdoba (mucho antes de la pandemia, y por los temas ambientales), a la propuesta de una Ley de Reconocimiento de los Afectados Ambientales. En sus movilizaciones plantean: “El amparo ambiental lo reclaman los vecinos, las y los trabajadores, las amas de casa, habitantes de la zona sur, perjudicados, vulnerados, impedidos, cercenados, restringidos en el ejercicio de nuestros derechos humanos fundamentales a vivir en un ambiente sano, a la salud y a la vida, según nuestra Constitución Nacional”.

El arte de dañar

En 2016 la Red de Universitaria de Ambiente y Salud y Médicos de Pueblos Fumigados realizaron una nueva investigación. Conclusiones: 

“En el ambiente de barrio San Antonio se detectan efluentes gaseosos de la planta de bioetanol de Porta Hnos. como formaldehído, tolueno y xileno según estudios ambientales previos. La población expuesta a estos tóxicos en nuestros datos presenta una tendencia al aumento de casos de cáncer, preferencialmente de piel. También se verifica alta prevalencia de niños que nacen con anomalías congénitas en frecuencias muy superiores a las que presenta toda la ciudad de Córdoba. Son muy elevadas las prevalencias de asma, conjuntivitis y dermatitis, cefaleas y se observa una preocupante multiplicación de mujeres con masas en vías aéreas superiores. La mayoría de los vecinos presenta el Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple y las personas mayores y sobre todo los niños son los más afectados. Se requiere urgente medidas ambientales para proteger el derecho a la salud de esta población preexistente en el lugar”. Firmaron el informe que puede leerse completo en reduas.com.ar Medardo Ávila Vázquez, Eduardo Maturano, Flavio Difilippo y Bryan Maclean. Agregan: 

“La incidencia de cáncer (393,7/100.000) resultó superior a la informada por el Registro Provincial de Tumores (RPT) para ciudad de Córdoba en 2009 (254,7/100.000).

En cuanto a las anomalías congénitas la tasa de los últimos años resultó de 14,8% y en el último año de 28,6%. Estos resultados contrastan claramente con los brindados por el Registro Nacional de Anomalías Congénitas del Ministerio de Salud de la Nación quien refirió en 2012 una tasa de 1,6% para ciudad de Córdoba. La tasa de natalidad de Barrio San Antonio resultó similar a la del resto de la ciudad de Córdoba, sin embargo, la cantidad de niños nacidos con malformaciones fue muy superior. Todos los casos registrados provinieron de familias residentes a escasos metros de una fuente de contaminación (planta de bioetanol) cuyos productos han sido asociados en otras investigaciones con la presencia de malformaciones”. 

Otros datos: el 57% de los niños entre 6 y 7 años tiene asma o usa bronco-dilatadores (cuando sólo el 13% de la población de Córdoba lo necesita), hubo fuerte incremento de casos de cáncer (el 50% de piel); dificultades respiratorias (casi el 60% de la población); abortos espontáneos y malformaciones en uno de cada tres nacidos. 

En 2019 se agregó el “Informe Socioterritorial de los Daños a la Salud por la permanencia de la fábrica de Bioetanol Porta Hnos., en la ciudad de Córdoba, Argentina” realizado por el Colectivo de Epidemiología Comunitaria (completo, en vudas.wordpress.com) que plantea, por ejemplo, con respecto al daño genético en la mucosa del sistema respiratorio superior, ocasionado por las sustancias tóxicas en San Antonio:  “Este tipo de daño puede medirse a través de la observación de células con micronúcleos. La cantidad de ellas en un organismo sano, es, en promedio, de 3 a 4 por cada 1000 células analizadas, en nuestro país. Aunque lo verdaderamente saludable sería un valor de cero, o menos de 2,5, ya que la presencia de micronúcleos es señal de daño celular y genético. Los resultados mostraron que el 95 % de los infantes tuvieron un número de células con micronúcleos mayor al valor considerado como basal, casi el doble, llegando a alcanzar 9 en una niña de 5 años. Las personas evaluadas vivían a una distancia de entre 10 y 1.000 metros de la fábrica, por lo que el área de alcance del impacto ambiental sería extensa”.

Sostenibilidad oenegé

VUDAS trabaja articuladamente con Fuera Porta, asamblea de apoyo integrada por vecinas y vecinos de otros barrios, médicos, científicos, estudiantes, ambientalistas, comunicadores, gente autoconvocada que comparte el concepto de considerarse personas afectadas ambientalmente. En 2015 las mujeres de VUDAS se encadenaron en la Municipalidad de Córdoba y en 2016 presentaron un amparo ambiental contra Porta y contra los ministerios de Ambiente y de Energía de la Nación por su inacción. “Habían pasado cuatro años y los cuadros de salud eran cada vez peores. No sabíamos qué hacer para ser escuchados. Teníamos enfermos de cáncer, casos permanentes de abortos espontáneos, bebés con malformaciones, el fallecimiento de Olivia, una bebita de 3 meses”, recuerda Silvia. El amparo fue rechazado y apelaron. 

Tres años después, en diciembre de 2019, el juez federal Hugo Vaca Narvaja emite sentencia, reconoce que Porta opera ilegalmente pero que el Estado nacional no tiene injerencia en el tema. Desestimó el amparo pero intimó a que la empresa en 90 días realizara el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, y que la Secretaría de Ambiente de la Provincia informase “si la compañía posee o no licencia ambiental para producir bioetanol”. No llegaron a cumplirse los 90 días, cuando el Covid 19 pasó a gobernarlo todo, y Porta con su alcohol medicinal pasó de 100.000 a 500.000 litros diarios de producción, el 60% del mercado nacional. 

La empresa había obtenido la certificación de Empresa B, es decir, empresa destacada por su “desempeño social y ambiental”, según la ONG B Lab que asegura estar en 91 países y se autodefine con la misión de “transformar la economía para beneficiar a todas las personas y el planeta”: una muestra del rostro real de muchos discursos alrededor de negocios “sustentables”.  

VUDAS radicó un reclamo formal en B Lab, para que la ONG diera marcha atrás con semejante certificación pero la respuesta fue que la empresa no contaba con sentencia firme en relación a las denuncias de contaminación y daño ambiental. Esto es exactamente lo contrario de lo que plantean las leyes ambientales, que invierten la carga de la prueba: ante el peligro de contaminación, afectación de la salud y el ambiente, la actividad debe detenerse (aplicación del principio precautorio) hasta que la empresa demuestre la inocuidad de su funcionamiento. 

Otro eslabón de esa historia se produjo a fines de abril de este año cuando José Porta, “El Negro”, quien condujo la empresa durante las últimas décadas, falleció a los 65 años de cáncer de pulmón. 

Sobre elecciones

El reclamo contra Porta empalma con cientos de conflictos ambientales que pululan en Córdoba. En plan de comunicación, la comunidad impulsó la creación de la historieta ¡Un monstruo en el barrio!, (en www.vudas.wordpress.com) que describe lo que ha venido pasando desde aquel abril de 2012, cuando algo estalló en Porta y también en las cabezas y corazones del vecindario. Cuenta cómo salieron a la calle, cómo investigaron, sus presentaciones judiciales. Plantean en la historieta que descubrieron un proceso químico: “El que se genera destilando el cariño y los abrazos que nos damos. Los reconocimientos que recibimos (en referencia al Premio Berta Cáceres). El encuentro con la gente y con otras luchas”.   

El aire del Barrio San Antonio sigue impregnado de formaldehído, tolueno, xileno y el resto de las sustancias contaminantes. Actualmente el caso promovido por la comunidad está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y las vecinas presentaron además una cautelar sobre la cual deberá expedirse la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La propuesta es relocalizar la planta, que no se pierdan puestos de trabajo, que se realice un saneamiento del territorio y se brinde asistencia médica y psicológica a las familias afectadas.  

Mucha gente se fue del barrio, incluyendo obviamente a mujeres que perdieron sus embarazos o parieron bebés con malformaciones. Muchas otras personas optaron por quedarse (o no tuvieron otra opción) pese a lo que plantea Rosa: “Porta nos está comiendo. Se está comiendo la salud de las personas y el ambiente con una planta contaminante e ilegal”. 

Silvia: “Nos quedamos porque creemos en otro mundo posible. Para nosotros lo era antes de que llegue la fábrica. Era otro barrio. ¿Me tendría que ir porque según quién no vale la pena? Nosotras construimos saber, tenemos nuestras certezas. No vamos a ser zona de sacrificio. Elegimos decir sí a la salud, sí a la vida. Elegimos la afirmación y no la resignación”.

Familiares de Víctimas de Femicidios, Transfemicidios y Desaparecidas realizaron una asamblea abierta en Plaza de Mayo el 3 J. Elaboraron un documento que las ubica en el lugar que no siempre se les reconoce: el de protagonistas cruciales frente a situaciones que involucran violencia patriarcal e injusticias de todo tipo por parte del Estado. ¿Qué significa el concepto de reparación? ¿Cuáles son los enfoques imprescindibles para actuar en estos tiempos? El documento, lo colectivo, y los derechos humanos.

Texto: Claudia Acuña.

Re-parar es un término que contiene el significado necesario para ampliar los márgenes de reflexión sobre las violencias, cuyas consecuencias ciegan y estrechan las posibilidades de creación de una justicia-justa. 

Desborda el estrecho imaginario penal y abre el umbral que conduce a una experiencia concreta y posible, que ha nacido de la sociedad argentina y se ha convertido en modelo y programa de las instituciones globales.

Re-parar es, además, en su acepción callejera, otorgarle a ese verbo el aval de un prefijo que lo garantiza, refuerza y compromete.

Re-parar, tal como señala el profesor de Derecho Internacional Felipe Gómez Isa, “no es un fenómeno exclusivamente económico o material, sino que necesita un conjunto de medidas que tienden a modificar el imaginario político y social. En el fondo, se trata de un proceso político que busca un nuevo equilibrio en la sociedad en el que las víctimas sean reconocidas como tales y pasen a ocupar un papel central en el espacio político y social”.

Es este lugar el que exigen las Familias Víctimas de Femicidios, Transfemicidios y Desaparecidas en el documento que han elaborado tras la asamblea a cielo abierto que realizaron el 3 de junio en Plaza de Mayo, luego de escuchar, relato tras relato, los sufrimientos padecidos en su búsqueda de verdad y justicia. 

Ese documento fue entregado en mano y a la semana siguiente al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, a la ministra de Mujeres y Diversidades de la Nación, Ayelén Mazzina, a la Banca de la Mujer del Senado y remitido al presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto con un pedido de audiencia. 

El texto es en sí mismo elocuente y resume así todo aquello que merecería una larguísima y compleja reflexión sobre derechos humanos, violencias patriarcales, políticas de Estado y representaciones sociales.

Un texto para reflexionar

El documento dice textualmente:

“Nosotras, Familias Victimas de Femicidios, Transfemicidios y Desparecidas, reunidas el de 3 de junio de 2023 en la Plaza de Mayo, en una asamblea realizada a cielo abierto, escuchamos los testimonios de quienes sufren la violencia del Poder Judicial, la ineficacia del Poder Ejecutivo y el desprecio de quienes se autoperciben interlocutoras expertas. Analizamos luego lo común de cada experiencia en la búsqueda de verdad y justicia: lo narco, la policía, la fiscalía como trama de la impunidad. También sacamos cuentas: alcanzar una sentencia firme cuesta más de 25 años. Luego, pesamos nuestras cargas: el tiempo dedicado a golpear puertas, empujar causas; los daños que el maltrato y la impotencia cosechan en nuestra salud, los días de trabajo perdidos, las noches en vela, etc., etc. Todo lo cual nos llevó a comprender que es necesario lograr un cambio concreto y ya, para todas las familias y para que Nunca Más. Por todo esto decidimos concentrar nuestras exigencias en tres puntos:

1) Reparación a las familias víctimas de femicidios, transfemicidios y desaparecidas. La reparación económica de las víctimas constituye para Argentina una experiencia sobresaliente a nivel mundial. Hemos analizado este antecedente, tanto en el camino que requirió por parte de las víctimas para consagrar este derecho como en el modo en el que Estado lo implementó. El primer eslabón lo encontramos en el informe Nunca Más elaborado por la CONADEP donde recomendó: “Que se dicten las normas necesarias para que los familiares de las víctimas reciban asistencia económica: becas para estudio; asistencia social; puestos de trabajo”. Nutridas por esa experiencia y con la convicción de que las herramientas sociales creadas por el movimiento de derechos humanos nos han legado prácticas concretas para erradicar las violencias que sufrimos, consideramos que es necesario:

a) Desde el 1º de abril de 1996, fecha en la que el Senado y la Cámara de Diputados sancionaron con fuerza de ley N.º 24.632 la Convención de Belem Do Pará, las familias hemos sido víctimas del incumplimiento de esta norma y, por lo tanto, el Estado argentino debe admitir esa falta con una medida de reparación concreta, tal como está previsto en el artículo 7, inciso 6 de esa ley.

b) Debe sancionarse una ley de Reparación Integral a las familias víctimas de femicidios, transfemicidios y desaparecidas.

2) Transformación del Poder Judicial: Mucho se ha hablado de la reforma del Poder Judicial, sin dar un solo paso concreto. Es necesario y urgente, entonces, hacer algo ya. Hay tanto para modificar, tanto para crear y tanto para reflexionar que toda medida concreta resulta chiquita, frente a lo monstruoso de la realidad. Pero las familias sabemos que las cosas llevan tiempo, paciencia,  compromiso y un plan de acción puntual, que nos permita medir la diferencia que hay entre lo que nos proponemos y finalmente alcanzamos. En base a este aprendizaje, que nos ha permitido vencer barreras y lograr avances que parecían imposibles, consideramos que es necesario:

a) Crear una mesa de trabajo con eje central en la tarea de las fiscalías, en las que estén involucradas las Procuradurías y las familias.

b) Crear un Observatorio de las Fiscalías de Género a cargo de las universidades nacionales de cada localidad, que dediquen cátedras especializadas al seguimiento e informe de la labor fiscal en causas relacionadas con violencias de género, que sean de acceso público, libre y gratuito.

3) Que el Estado se haga cargo de:

a) los costos de querellas: en tanto logremos que las fiscalías trabajen cada causa en equipo con las familias, es necesario que el Estado tenga un programa para financiar querellas particulares y a los profesionales que eso requiere -letrados y peritos- porque se trata de honorarios absolutamente imposibles de asumir por las familias.

b) los pases libres de transporte de las familias, sean terrestres o aéreos, ya que debemos trasladarnos constantemente cientos de kilómetros para seguir las causas judiciales, entre otras tareas del reclamo de justicia que afrontamos con nuestros bolsillos.

Ninguno de estos costos representan una cifra importante para el Poder Ejecutivo: comparen, por ejemplo, lo que han aportado para que el 3 de junio se baile frente al Congreso y lo que significa que el lunes 5 le respondan a los hijos que dejó huérfanos el femicidio de la periodista correntina Griselda Blanco que no hay fondos para los gastos de su abogada.

Estos son nuestros tres pedidos.

Ahora están en sus manos”.

Re- parar significa, entonces, que la categoría “víctima”, a través de la cual el Poder Judicial reconoce los derechos de quienes sufren violencias, se transforme a partir de ahora en protagonista central de los procesos de cambio que requiere el actual procedimiento estatal de justicia. Así lo destacaba el 14 de julio de 2022 en la Asamblea General de la ONU el argentino Fabián Salvioli, Relator Especial para la Promoción de la Verdad, Justicia y Garantías de No Repetición: 

“En el pasado, las víctimas han sido consideradas principalmente de forma pasiva, como suministradoras de pruebas o declaraciones en los procesos de búsqueda de la verdad o como receptoras de reparaciones. Sin embargo, la lucha de las víctimas por la justicia consiste en llegar a tener una capacidad de acción para superar el victimismo y prevenir la violencia. Por lo tanto, la vía para salir de la violencia solo puede concebirse conjuntamente con las víctimas, que tienen la clave del camino para el cambio y, por consiguiente, para un enfoque de la justicia centrado en las personas”.

Condiciones de reparación

Re-parar requiere de un primer paso indispensable e ineludible: quien hizo daño debe aceptar la responsabilidad de sus acciones y este reconocimiento no se limita sólo a la admisión de que se ha violado la ley, sino a que con esa violencia se ha herido a la víctima, a su familia, a su comunidad y a toda la sociedad. 

Esta es la premisa de la que parte la llamada “justicia reparativa” cuyo primer congreso se realizó en la Universidad Nacional de Lanús entre el 8 y 10 de junio pasado, impulsado por las Defensorías del Pueblo de Buenos Aires, Santa Fe y Chaco, entre otros organismos. En sus conclusiones señala la segunda condición que construye el punto de partida hacia la construcción de otros paradigmas judiciales: 

“El punitivismo, a lo largo de la historia, ha demostrado su fracaso y en esta cuestión, las víctimas deben ser escuchadas. Especialmente, por respeto a su propio dolor”.

El tercero lo define el académico colombiano Pablo de Greiff en su trabajo Justicia y Reparaciones: 

“El Estado no puede sencillamente desconocer los reclamos de las víctimas con el argumento de que no hay recursos suficientes o alegando, sencillamente, que no hay manera de superar los problemas porque esto equivaldría a reconocer que no está en condiciones de sostener un régimen de justicia”.

Re-parar significa, entonces, la aceptación del daño infligido, el respeto a las víctimas y la asunción de la responsabilidad de garantizar el funcionamiento pleno del orden jurídico: tres condiciones indispensables, mínimas, urgentes que debe asumir el Estado para comenzar a construir otra justicia.

Las Familias Víctimas de Femicidios, Transfemicidios y Desaparecidas marcan una fecha en el calendario para señalar así desde cuándo la sociedad argentina soporta el daño que le ha infligido el Estado: 1º de abril de 1996. Es el día en que Argentina se comprometió a que “toda mujer tiene derecho a vivir una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”. Y a “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”. 

El 1º de abril de 1996 es también el fatídico día en que el policía Víctor Leonardo Sánchez mató con su arma reglamentaria a su pareja Jésica Leticia Sapura, crimen por el que fue condenado a 5 años de prisión en un juicio abreviado.

Re-parar, finalmente, significa eso: Nunca Más.

3J y después: voces para entender una realidad

Marisa, mamá de Luna Ortiz: Los Nunca Más

Estamos logrando que los familiares seamos un actor político. Nos une algo bien firme y concreto: ir por un Nunca Más al maltrato, a la revictimización de nuestras hijas y de nosotros mismos. Hay algunos que quieren quebrarnos por conveniencias políticas. No solamente somos familiares víctimas de femicidios, sino también de muchas desaparecidas. Sabemos que las campañas políticas salen muchas veces de un montón de negociados que hay por debajo con las diferentes mafias territoriales que nosotros denunciamos, y eso a muchos no les conviene.

Marta, mamá de Lucía Pérez: Quiénes somos

Somos familias organizadas a partir de un delito que se comete con las vidas de nuestras hijas. Asumimos este rol porque no nos queda otra. Yo no quise estar en este lugar. Pero tuvimos que tomar las riendas de lo que nos pasa porque no hay un Estado presente, ni hay nadie que haga las cosas como nosotros creemos. ¿Por qué? Porque conocemos las causas, sabemos lo que pasó. Y sabemos todo lo que se esconde detrás de esto. Por eso somos las personas más autorizadas para defender la causa de las muertes de nuestras hijas. Pero ese lugar lo tuvimos que tomar, porque si no, te dejan relegado. Dicen: “las familias no entienden, no saben, están perdidas”. Esa es la mirada del otro lado. Se creen que el saber lo tiene la persona que es abogada, o la académica. Pero no entienden: nosotros aprendimos desde el sufrimiento. El dolor es el que nos enseña. Yo nunca pensé que no iba a tener a Lucía. Ella podría haber estudiado, tener una carrera, una vida, y la arrebataron. Ese dolor desgarrador es lo que nos hace decir basta. Esto nunca más. Entonces nos plantamos, salimos a luchar por nuestros derechos y el de tantas chicas y mujeres a las que nadie defiende cuando son de los barrios y de los territorios, como si valieran menos. Por lo menos hemos logrado que nos escuchen. De aquí en más lo que queremos es: estar juntos, pensar, hablar, hacer. Desde ese lugar es donde podemos y somos.  Y desde ese dolor es que pudimos poner en marcha una lucha que no existía. 

Alfredo, papá se Carla Soggiu: El gobierno a escondidas

En el gobierno nacional están mirándose el ombligo, y tienen cajas que no quieren tocar. Gastan mal, y no quieren escuchar. Hicieron un ministerio, y teníamos esperanza de tener un aliado, que nos brinden herramientas, acompañamiento.  Pero fueron años de caminar a ciegas. Hace falta un compromiso que no tuvieron nunca. Tuvimos que juntarnos en la Plaza durante  años, presentando cartas una vez por mes, para que nos reciban en la Casa Rosada, cuando debería haber sido instantáneo, para brindarnos soluciones o contención al menos. Pero jugaron a las escondidas. Fueron tres años pidiendo una audiencia. Y cuando fuimos no hablamos nosotros, pudimos hablar muy poco. Estas artimañas no las tienen que hacer con gente como nosotros. Tienen que estar al servicio de la gente, no operando. Pero la lucha no la vamos a terminar. Ya nos quitaron a nuestras hijas. ¿Qué más nos van a sacar? Y encima se va sumando más gente, porque lamentablemente esto sigue pasando todo el tiempo.

Daniel, papá de Cecilia Basaldua: Reforma estatal

Las familias tenemos claro que hoy termina imponiéndose el único poder que no se elige: el judicial. Me doy cuenta ahora, porque me tocó padecerlo. Estaría buena una reforma en todos lados. El poder lo deberíamos tener quienes votamos, para que la gente elija tanto a los jueces como a los políticos.

Mónica, mamá de Araceli Fulles: La justicia al revés

Hay que empezar por la justicia, y por las investigaciones policiales. Porque para la policía siempre pasa lo mismo: primero, la culpa la tiene la víctima. Después, los familiares. En nuestro caso primero dijeron de todo de Araceli, y después fuimos investigados nosotros. Y mientras tanto, gracias a eso, los delincuentes que mataron a mi hija tuvieron tiempo de escaparse. Por esas cosas es que queremos cambiar toda esta realidad que nadie quiere cambiar. 

Gustavo, papá de Natalia Melmann: el mensaje

La condena es un antecedente social muy importante: la idea de que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Ese fue siempre el mensaje que nos dieron las Madres de Plaza de Mayo. Y sirve para toda la sociedad. Las familias ya lo entendimos: nunca vamos a abandonar.

Derechos humanos ahora y siempre; el film Argentina, 1985 y la crítica sobre el desdibujamiento del rol de los jueces; revelaciones sobre aquel juicio histórico, las “contemplaciones” de Alfonsín y la sentencia que ordenó seguir investigando. Las reformas policiales que no se continuaron, y el debate actual en seguridad; el medioambiente, las víctimas, las corporaciones que él mismo ha defendido. Charla, paradojas y dilemas con uno de los jueces que fue clave en este país, en momentos en los que la justicia es mala palabra. Por Sergio Ciancaglini.