Un grupo de organizaciones de Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina realizaron una presentación conjunta ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), acusando a los laboratorios Bayer por los impactos de los transgénicos y los agrotóxicos en los ambientes y en la salud en el Cono Sur. El caso de Pergamino  y los detalles de la presentación. Por Anabel Pomar.

Cinco organizaciones presentaron una denuncia internacional contra la multinacional Bayer –dueña de Monsanto y una de las líderes en la venta de plaguicidas y transgénicos en la región– como responsable directa de estar causando “graves consecuencias para la salud y conflictos por la tierra con comunidades indígenas y campesinas”, entre otros detalles de un largo texto describe cómo el paquete tecnológico (soja RR y glifosato) que desde la década del 90 ha reconfigurado radical y negativamente el modelo agro-productivo argentino. 

 La presentación es encabezada por Terra de Direitos (Brasil), BASE-IS (Paraguay), Fundación TIERRA (Bolivia), el Centro de Estudios Legales y Sociales (Argentina), Misereor y el Centro Europeo de Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR) y se da luego de una investigación amplia y de numerosas entrevistas con comunidades afectadas. “Comprobamos que la empresa promueve en Sudamérica un modelo de agricultura que provoca inseguridad alimentaria, escasez de agua, deforestación extrema, pérdida de biodiversidad” afirman los colectivos en la denuncia firmada. 

La presentación sostiene que Bayer AG viola las Directrices de la OCDE en sus operaciones en los cuatro países latinoamericanos. “La empresa no ha abordado adecuadamente los graves riesgos medioambientales y de derechos humanos vinculados a su modelo de negocio en la región”, asegura Sarah Schneider, experta en agricultura y nutrición global de Misereor, una de las organizaciones parte de la presentación conjunta.

La misma, para contextualizar y explicar la razón de una presentación regional, describe que: 

• Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina suman más del 99% de la producción de soja en Sudamérica y la soja transgénica ocupa gran parte de las tierras cultivables. 
• Se estima que, entre principios de los años 90 y 2017, más de 2 millones de hectáreas en el Cono Sur fueron arrasadas cada año para ceder lugar a los cultivos de soja transgénica. Con esa expansión se generalizó el uso de herbicidas a base de glifosato, incluida la marca comercial de Bayer (Roundup). 
• Desde su introducción, en asociación con las semillas de soja transgénica hasta la expiración de su patente, el Roundup de Bayer ha sido el líder general de los productos fitosanitarios.

La denuncia fue presentada en Alemania, ante las oficinas de la OCDE en ese país, ya que es donde la corporación Bayer tiene su casa matriz. 

El texto enumera varios incumplimientos que señalan que “Bayer no lleva a cabo una adecuada identificación y evaluación de riesgos como parte de sus esfuerzos de diligencia debida”. Agrega que Bayer realiza sus operaciones con una “falta de identificación sistemática de los riesgos ambientales, en particular los riesgos de deforestación, y, por último, una insuficiente priorización de los riesgos para su posterior evaluación”. Bayer tampoco “pone a disposición del público información clara, completa y comparable con un nivel suficiente de detalle sobre los impactos adversos reales y potenciales identificados”.

Responsabilidad empresaria

Integrada por 38 países la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) tiene como misión “diseñar mejores políticas para una vida mejor”. Su objetivo: “Promover políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todas las personas”.

Desde el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales, de Argentina), la abogada María José Venancio explica a MU por qué se eligió hacer la presentación ante ese organismo: “Decidimos ir a la OCDE porque ahí podemos denunciar directamente a la empresa en una presentación en conjunto entre todos los países. Las otras alternativas eran foros locales o internacionales, a las que solo pueden llegar casos por separado y para denunciar a los Estados”. 

 “Consideramos que son las empresas las que tienen responsabilidad en la vulneración de los derechos humanos tanto en los servicios que prestan como en los productos que liberan al mercado. Por supuesto que no les quitamos las responsabilidades que tienen los Estados, pero hay que empezar a interpelar a las corporaciones”, asegura. 

“Nosotros como sujetos, junto a las comunidades afectadas –aunque todos somos afectados en el tema de fumigaciones– consideramos que las herramientas de la OCDE ofrecen una posibilidad. Sus estándares no son perfectos pero son bastante altos, y nos permiten poner sobre la mesa esta situación de abuso y vulneración de derechos en los territorios”, concluyó la abogada.

Los casos denunciados

La enumeración es elocuente: contaminación, efectos adversos para la salud y violaciones del derecho a la salud, deforestación, destrucción de algunos de los ecosistemas más importantes del mundo, pérdida de acceso a la tierra, conflictos socioterritoriales a menudo violentos y pérdida de la soberanía alimentaria. “Las comunidades indígenas, rurales y semirrurales que viven en zonas de cultivo de soja en Argentina, Brasil, Bolivia y Paraguay están sufriendo graves impactos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente como consecuencia del modelo agroindustrial predominante basado en altos niveles de concentración de la tierra, el cultivo de semillas de soja transgénica y el uso intensivo de plaguicidas tóxicos”, sostiene la denuncia. 

En el documento presentado se describen cuatro casos testigo de los daños que Bayer provoca en el Cono Sur.  

• Afectaciones sobre tres comunidades indígenas Ava Guaraní (las aldeas Pohã Renda, Y’Hovy y Tekoha Ocoy) en el estado de Paraná, Brasil. El uso intensivo de plaguicidas en esos lugares ha contaminado ríos, alimentos, animales y pueblos indígenas. Plaguicidas que, incluso, son utilizados como arma química para confinar a los indígenas en una franja de tierra cada vez más pequeña. Dependientes de ríos y manantiales para acceder al agua, las aldeas reportan enfermedades frecuentes, como vómitos, dolores de cabeza, abortos espontáneos, dificultad para respirar, entre otras, especialmente entre los ancianos y los niños. También reportan la desaparición de especies silvestres de aves, abejas, mariposas, animales cazadores; disminución del número de peces en los ríos y pérdida de capacidad de producción de alimentos por aguas y ríos contaminados, generando impactos en la soberanía alimentaria de estos pueblos. Hay áreas fumigadas con plaguicidas al lado de casas y caminos de indígenas. En pruebas de laboratorio se verificó la presencia de glifosato y su principal metabolito, el ácido aminometilfosfónico (AMPA), en fuentes de agua de las tres aldeas. 
• Daños sobre dos territorios campesinos (Colonia Yeruti y Colonia Yvypè) en los departamentos de Caaguazú, San Pedro y Canindeyú en Paraguay. La Colonia Yeruti –a unos 212 km de la capital del país, Asunción– es un asentamiento rural de 223 lotes agrícolas asignados a beneficiarios de la reforma agraria, principalmente pequeños productores campesinos, para la producción de rubros de autoconsumo. “En la actualidad, el modelo sojero industrial se ha incrementado de forma exponencial y ha avanzado en un 60% sobre el área de la colonia. En 2011 varias personas fueron internadas con signos de intoxicación con agrotóxicos. Una de esas personas falleció y el caso fue denunciado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que emitió un dictamen favorable a las víctimas del caso”, explica el informe. La Colonia agrícola Yvype –a unos 245 km de Asunción– por su parte está dividida en 190 lotes agrícolas de 20 hectáreas cada uno, asignados inicialmente a agricultores campesinos como parte de la reforma agraria, para el desarrollo de la Agricultura Familiar Campesina. Actualmente la colonia está rodeada y penetrada por el monocultivo de soja impulsado por grandes y medianos productores que han expulsado, desalojado por la fuerza y criminalizado a los pobladores del lugar y las familias campesinas que resisten ese avance. 
• Daños sobre varias comunidades campesinas en el departamento de Santa Cruz, Bolivia. En esa región las plantaciones de la soja genéticamente modificada ocupan el 50% de las tierras cultivadas de Santa Cruz, el departamento que concentra 7 de cada 10 hectáreas de tierras agrícolas del país. En la década 2011-2022 se deforestaron cerca de 436.000 hectáreas de bosque directamente para cultivos de soja, lo que evidencia que el modelo se sostiene gracias a la incorporación permanente de nuevas de tierras a costa de los bosques tropicales y primarios. En esta transformación Bayer/Monsanto participó decisivamente no solo en la expansión territorial del modelo sojero, sino en la apertura legal del uso de la semilla de soja RR1. Desde finales de 1990, Monsanto ejerció presión sobre el gobierno central para que en 2005 se aprobara una medida definitiva (Decreto Supremo Nº 28225) a favor de esta empresa agroquímica. Actualmente, Bayer/Monsanto sigue siendo el mayor importador y comercializador del herbicida Roundup Ready. 

El caso de Pergamino

La cuarta situación denunciada es por daños a la salud en la comunidad periurbana de la ciudad de Pergamino, Argentina, en la que se describe particularmene el caso de Sabrina Ortiz. 

Sabrina y su familia vivían en el barrio Villa Alicia, Pergamino, lindante con campos de soja. En 2011 en su familia empezaron a tener problemas de salud graves como alergias y afecciones respiratorias, como consecuencia de las fumigaciones. Sabrina denunció además la pérdida de su embarazo de 6 meses. En 2014 y 2015 Sabrina sufrió dos ACV, patología asociada también a las fumigaciones. En 2017, de los resultados de los análisis en el área de Toxicología Ambiental del Hospital Austral surgió que tanto ella como sus hijos tienen altos porcentajes de glifosato y AMPA (que es el metabolito del glifosato) en orina. Su hijo Ciro (entonces 3 años) 120 veces más pesticidas que los supuestamente tolerados por el cuerpo. Su hija Fiamma, 100 veces más, y Sabrina, 58. Por las denuncias judiciales, el INTA detectó 18 moléculas de agrotóxicos en el agua de red y de pozo. Sabrina además sufrió distintas amenazas, incluso de muerte. Logró el éxito judicial de alejar las fumigaciones de las zonas urbanas y pobladas. El fallo del juez Carlos Villafuerte Ruzo fue apelado por el intendente –más defensor de las fumigaciones que de la ciudadanía– pero resultó confirmado al máximo nivel por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ordenando 1.095 metros de distancia para las fumigaciones terrestres y 3.000 para las aéreas. Toda esta situación, incluidos los múltiples casos de cáncer, está reflejada en la nota La capital del veneno (MU 163).

El caso de Sabrina está judicializado. En 2019 fueron procesados tres productores rurales por considerarlos prima facie coautores penalmente responsables del delito de “contaminación del ambiente en general, de un modo peligroso para la salud, mediante la utilización de residuos calificados peligrosos” y a dos integrantes del municipio por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. En el transcurso de la investigación se ordenaron allanamientos en los campos en los que se realizaban las fumigaciones y se encontraron productos de la marca comercial perteneciente a Monsanto S.A., hoy Bayer.

Búsqueda de justicia

Abel Areco, director de BASE-IS de Paraguay, aseguró a MU que la presentación le genera expectativas. “Inicialmente no estaba convencido de esta acción. Pero luego de estar en Berlín con autoridades y organizaciones, y ahora viendo las repercusiones que está teniendo, me genera más esperanza de que nuestro reclamo sea escuchado”. 

Areco lleva más de una década denunciando en distintas instancias, tanto en su país como en otras cortes internacionales, el daño que genera el modelo agroindustrial basado en agrotóxicos: “Los que llegan a esos foros son en general empresarios o productores, es raro que integrantes de organizaciones que denunciamos lo que sucede en los territorios tengamos acceso a estas instancias. La información regional, lo que vivimos en nuestros países, no suele llegar a la sociedad civil y a las autoridades en Europa. Esta es una oportunidad para que sepan qué es lo que implica este modelo para nuestra región”. 

Agrega: “Se habla mucho de las bondades del agronegocio para la alimentación mundial, pero hay aspectos que no son tenidos en cuenta: los impactos que acarrea, los sacrificios en cuanto a diversidad, la insostenibilidad de la producción actual”. 

Irene Mamani de la Fundación Tierra Bolivia habló también con MU y respondió sobre qué es lo que esperan lograr con esta presentación. “Queremos dejar un antecedente dentro del derecho internacional en materia de derechos humanos y empresas. Los pueblos de América Latina están preparados para levantar sus voces colectivas para exigir respecto a sus derechos frente a las empresas transnacionales que lucran a costa de bosques y territorios indígenas. Queremos hacer saber al mundo entero que la pérdida de nuestros bosques y la violación de los derechos territoriales tiene responsables directos. Uno de ellos es Bayer/Monsanto”.  

“Estamos felices”

¿Por qué la denuncia es solamente contra Bayer? Si bien hay varias empresas operando en la región, la multinacional denunciada tiene una posición predominante en el mercado. “Bayer es el líder latinoamericano en la comercialización de semillas de soja resistentes al glifosato y de los plaguicidas basados en esta sustancia”, responden los denunciantes. Los cuatro casos presentados evidencian de modo directo la participación de la empresa y/o sus productos. 

 “Al comprar Monsanto, Bayer tiene mayor responsabilidad porque adquirió la empresa que inició el modelo de soja transgénica y el uso del glifosato en nuestra región”, enmarca Abel Areco. “Eso es algo que opera a nivel mundial, pero en nuestro continente no se actúa de igual modo que en Europa. Acá se utilizan plaguicidas que allá están prohibidos por su peligrosidad, pero Europa permite que sus empresas los exporten al Cono Sur, por ejemplo”. 

Consultados por MU, desde Bayer confirmaron que conocen la presentación, pero hasta el momento de responder no les había sido entregada oficialmente. “Siempre estamos abiertos al diálogo y estamos felices de colaborar con las partes interesadas relevantes”, aseguraron en una respuesta que se inscribe en la defensa habitual de su producto y que sugiere que sus estudios de seguridad se basan en las directrices internacionales de la OCDE. 

Sobre los casos puntuales denunciados, el responsable de atención a los medios de la división de “Ciencia de cultivos” de la corporación, Alexander Hennig, asegura: “No hemos tenido conocimiento de los supuestos incidentes en Paraguay, Argentina y Brasil”.

En el párrafo final y “como nota al margen y para su contexto”, agregan en la respuesta: “Algunas ONG intentan constantemente desacreditar la agricultura convencional. Para ello, muy a menudo utilizan acusaciones que no resisten un escrutinio detallado y un análisis científico. Hay numerosos ejemplos de esto en los últimos años. Los objetivos populares suelen ser el glifosato y las semillas genéticamente modificadas. No porque estos productos no sean seguros (al contrario, son seguros), sino simplemente porque son los más reconocidos”. Las condenas en Estados Unidos, las prohibiciones en distintos lugares del mundo, los efectos de devastación ambientales (entre los que habría que considerar las inundaciones y sequías en parte alimentadas por el modelo agroindustrial), la clasificación de la IARC sobre el glifosato como posiblemente cancerígeno, parecen ir en sentido diferente. 

Las perspectivas agrícolas 2022-2031 de la OCDE-FAO prevén la expansión de las tierras de cultivo en América Latina en la próxima década, entre otras cosas debido a un aumento de la producción de soja, tendencia confirmada por el Departamento de Agricultura de EE.UU. para los cuatro países, donde Bayer comercializa sus productos. 

La OCDE dispone ahora de tres meses para decidir sobre la admisibilidad de la denuncia. Si lo hace,  podría realizar una mediación entre las partes afectadas y la corporación y, además, en caso de comprobarse la responsabilidad de la empresa, puede observar sus acciones, multarla y aplicarle sanciones económicas. Las comunidades afectadas esperan que, alguna vez, en algún foro, sus denuncias sean tenidas en cuenta para que cesen los daños a la vida en cada uno de esos territorios.