Mujeres travesti trans repasan en esta charla cómo viven el retiro del Estado de sus vidas y cómo está la calle. De la Ley de Cupo a los canales de atención, los discursos de odio y la violencia sobre los cuerpos. La prostitución y el rol policial. Cómo se organiza para “no dejárselas tan fácil” este colectivo ninguneado que reclama que se cumplan las leyes. Por Francisco Pandolfi.

En pie de lucha. Para lo que venga. Para lo que ya vino. modo furia travesti, contra una violencia del Estado que avanza y se multiplica. La resistencia del colectivo trans/travesti no viene de ahora, claro; pero el ahora se recrudece a diario con políticas regresivas del gobierno nacional en cuanto a géneros y diversidad. Para ejemplo, basta un botón: solo en la semana previa a la publicación de esta nota, el Ejecutivo anunció la eliminación del decreto que habilita el DNI no binario, así como las políticas de cupos laborales para mujeres y personas trans en el empleo público. Pero esa semana no fue la excepción, sino la regla; la norma de un gobierno que sigue aputopercibiéndose como “libertario”.

El retroceso es material y simbólico. Bien concreto. Es a corto y a largo plazo. Es el cierre del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), y es el aumento de los discursos de odio diseminados por el mismo oficialismo y sus trolls de redes sociales. Es el desfinanciamiento de la línea 144, que atendía a víctimas de violencia de género. Es el desguace del programa ACOMPAÑAR, que apoyaba económicamente a personas en riesgo de ser violentadas por su género. Es el avasallamiento a la ley de empleo trans, que nunca se cumplió del todo y que desde el 10 de diciembre tuvo un retroceso en su aplicación mediante despidos y no renovaciones de contrato.

Pato Laterra integra Zaguán Transindical, “un frente de travajadorxs estatales travas y no binarios de diferentes sindicatos y lugares de travajo” que desde fines de 2023 se organiza “en defensa del cupo laboral y por la reparación histórica del colectivo trans/travesti”. Llevan estadísticas que reflejan el estado de situación. Y el Estado de descomposición.

La Ley vigente de Cupo Laboral Trans establece que las personas travestis, transexuales y transgénero deben ocupar al menos el 1% de los cargos en el sector público nacional, donde hay alrededor de 550 mil personas. Ese 1% significaría 5.500 personas, pero la realidad que cuentan desde Zaguán es otra: “El último dato de implementación de la ley de cupos es de noviembre de 2023, donde había 955 personas, o sea que tampoco se cumplía, porque ese número significaba un 0.17% de personas trans en el Estado”. Sobre el tipo de contratación, dice Pato, profesor transmasculino de economía y género: “Solo el 22% está en planta permanente, el resto en modalidades temporales”. Los contratos de planta temporaria se renovaban anualmente, pero desde este año el lapso es cada tres meses. Y comparte, también, una información que será parte de un informe pronto a salir a la luz, que hizo junto al Observatorio laboral-sindical de ATE: “A las personas trans se las incorporó al Estado en el nivel más bajo. Y hoy, que el salario estatal viene en caída, el 57% está bajo la línea de pobreza, aun cobrando un salario estatal”.

La situación empeoró a partir de febrero cuando empezaron los despidos y las no renovaciones de contrato: “Hasta ahora fueron 150, ¡un montón! El 68% por ciento de los despidos se dieron en el Ministerio de Capital Humano y la mayor parte en áreas donde las personas trans garantizaban derechos a otras personas trans. Logramos alrededor de 50 reincorporaciones, sobre todo por vía gremial, pero hay 100 que no volvieron a sus espacios de trabajo. Estamos implementando medidas cautelares y distintas estrategias legales para que las reincorporen”.

Carla es uno de esos casos. Hacía un año que trabajaba en ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad. “Fue de un día para el otro que me comunicaron que no me renovarían el contrato. Tardé semanas en caer que estaba sin trabajo. Los abogados de ATE están siguiendo el reclamo, y somos muchas las que estamos en esta situación. Me cuesta mucho pensar, si se da la reincorporación, que voy a volver a un Estado en estas condiciones. Me pregunto si es necesario, si tengo ganas de estar en un lugar que no era hostil, pero que lo están volviendo así”.

Carla es de Salta, pero debió viajar a Buenos Aires para conseguir trabajo. Su provincia nunca adhirió a la ley de cupo laboral trans, al igual que otras doce: Jujuy, Santiago del Estero, Formosa, San Juan, La Rioja, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Mendoza, San Luis, Neuquén y Tierra del Fuego. “Tiré curriculums en dependencias del Estado nacional, pero nunca me llamaron. Cuando salió la propuesta de ANDIS vine a la Capital. Fue un año y quince días de mucho aprendizaje, hasta que llegó la carta de no renovación”.

En cuanto a la federalización del cupo, según Zaguán el 91% de las contrataciones se dio en organismos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Y el 73% de los despidos sucedieron fuera de Capital Federal, sobre todo en Santa Cruz, La Rioja, Mendoza y Tucumán. Pato Laterra pone en contexto: “Las primeras oleadas de despidos no fueron concentradas en el AMBA, sino en el resto del país, donde la ley no vino acompañada con una sensibilización. Entonces, esos organismos del sector público nacional lo primero que hicieron es sacarse de encima por discriminación a personas trans”. Esto recrudeció otro problema, que es el acceso al trabajo formal.

“Según datos del censo 2022, la tasa de informalidad de personas trans es altísima, casi el 50%; para el resto de la población es del 40%”.

Pendiendo de un hilo

En Jujuy existe una organización de chicas trans que promueve políticas públicas para el colectivo. Se llama Damas de Hierro y nació hace 16 años en la localidad de Palpalá. “De hierro” se debe a que históricamente se trató de una ciudad siderúrgica que latía al pulso de Aceros Zapla, hasta la privatización de los noventa q-ue arrasó con la fábrica y el pueblo. Daira Vigabriel es la actual presidenta y una de las fundadoras. “Estamos pendientes de un hilo. Viviendo el día a día, pero viviendo mal. Cada vez tenemos menos cosas. Ya no hay subsidios para las personas con VIH; están cortando los insumos para la salud; no hay preservativos ni tampoco reactivos. Pedimos mercadería y tampoco nos dan. Seguimos exigiendo que la provincia adhiera al cupo laboral y la respuesta es que no es prioridad. El gobierno está quieto en lo que respecta a nuestros derechos”. Desde Damas de Hierro hicieron un censo que abarcó a 223 personas trans femenina y masculina, que determinó que el 49% se encuentra desocupada o inactiva. Y que el 72% no tiene obra social ni prepaga.

Otro de los ejes que abordan es la violencia de géneros. El 7 de septiembre pasado Ana Paula Costas falleció tras 12 días internada luego de ser golpeada en la calle. Ana era una mujer trans. Y su crimen es uno de los siete travesticidios del año que denuncia el Observatorio Lucía Pérez de violencia patriarcal. Daira cambia la voz: “Paula era una amiga. Cuando fuimos a la Legislatura a pedir justicia por ella, la vallaron y no nos dieron respuesta. El tipo que la mató con un palazo en la cabeza anda suelto. Dicen que las cámaras que había donde la golpeó estaban empañadas y no se ve nada. La causa ya la cerraron”.

Daira tiene 39 años y es trabajadora sexual. “Es difícil laburar de otra cosa. Acá por ser trans nos discriminan y si vas a buscar laburo no te dan bolilla. Por eso muchas terminan migrando a otras provincias y sobre todo a otros países. Estamos sufriendo un vacío muy grande de posibilidades. Este gobierno da miedo por su falta de empatía y por cómo nos apunta a nosotras, pero no vamos a dejar de activar ni de luchar”.

Volver a la calle

Ayelén Beker es una reconocida cantante de cumbia, que también incursiona en otros géneros musicales como el rock. Nació en la localidad santafesina de Barrancas, aunque desde chica vivió en Rosario. El verbo en pasado (“vivió”) debe usarse desde hace un par de meses, cuando la migración interna la llevó a Buenos Aires: “Por ser muy furia travesti y por mi pensamiento se me cerraron puertas en Santa Fe. No me contrataban para cantar y cada vez debía sobrevivir más del trabajo sexual que por la música, que es lo que amo. Hoy vivo de ser puta, es mi sostén, pero hacerlo mucho tiempo me destruye. Elijo ser prostituta, no es que me pone triste, pero sí me angustia correrme de los lugares que me hacen bien, como es el arte”. Refuerza: “Este contexto es cada día peor, te lleva al abismo, a irte de espacios que una va formando, a quedarte sin laburo, a tener menos herramientas para subsistir. Antes, por ejemplo, podía ser seleccionada en algún programa de fomento que daba el INAMU (Instituto Nacional de la Música), que me permitía producir un disco, algún video, importantísimo para una artista independiente como yo. Todo eso, ya no está”. 

Ayelén no se queda quieta pese a la impotencia y proyecta formar una banda disidente para el año que viene, ya instalada en la porteñidad: “Sigo haciendo el duelo de haberme ido, de dejar todo lo que había construido; de dejar parte de mi familia afectiva, pero no me podía quedar allá”. Ahonda sobre lo que pasa en Santa Fe: “A muchas compas trans las echaron. En Rosario particularmente pasó lo mismo, pese a ser la primera ciudad que se adhirió al cupo laboral trans. Allá, en la municipalidad hacían entrar a cinco por año, cuando éramos 400 las travas. Las empresas tampoco ayudaron demasiado en dar empleo. A muchas de las despedidas las arrastraron de nuevo al trabajo sexual, no les queda otra”.

Lizzy tiene 26 años y hace dos migró desde su Perú natal. Vive en el barrio porteño de San Telmo, es travesti y trabajadora sexual. Cuenta lo que ve a su alrededor: “Muchas chicas trans perdieron el trabajo y regresan al mundo de la prostitución. Lo noté todo este año, y más en los últimos meses”. Algo que Lizzy no solo ve a su alrededor, sino que siente en su cuerpo, es el abuso y la violencia policial. “Nos tratan como quieren, se sacan el nombre para no ser identificados. Nos meten adentro de un hotel para que las cámaras no los tomen y nos quitan toda la ropa. Nos agreden o nos meten el dedo en las partes íntimas”.

“No somos libres”

Lizzy trabaja en Constitución, donde la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) tiene su sede que llaman Casa Roja. A una cuadra se está la Plaza Garay, que sirve de síntesis de lo que irrumpe tan a la vista como naturalizado en este barrio al sur de la ciudad de Buenos Aires: no menos de diez grupos de personas en situación de calle; en algunos casos, con los cuerpos flagelados por la pasta base. Allí, en un par de horas, desde AMMAR se hará una olla popular, como cada miércoles. Mientras un par de compañeras cocinan, otras dos charlan con MU. Yokhari Márquez Ortiz y Victoria Arriondo son coordinadoras del espacio. Ambas mujeres trans y trabajadoras sexuales. Yokhari sintetiza el entorno: “Los años 90 se quedaron en Constitución”. Hace una pausa, percibe el efecto que provoca la frase, y sigue: “Acá siempre fuimos violentadas, independientemente de quién gobierne. Fuimos y somos la caja chica de la policía, las que sufrimos sus detenciones arbitrarias”. En la charla, será recurrente el señalamiento a las fuerzas. 

Dice Victoria: “Lo principal que necesitamos es que cese la violencia policial. Te agarran, te ponen contra la pared, te desnudan, te revisan, te roban; estamos cansadas de denunciar eso”. Al preguntarles por la política pública primordial, dirá Yokhari: “Sacarnos a la policía de encima. El único y verdadero horror que tenemos es la policía. Nos desvisten, nos meten el dedo en el culo, nos obligan a hacer flexiones. Y lo más triste es que lo hace una oficial femenina”. Agregará: “Nos siguen diciendo ‘travestidos’, o llamando como tipos. Si esa violencia escucho de quien me tiene que cuidar, qué puedo esperar del resto. El Estado no quiere saber nada de nosotras, solo nos da los preservativos, que el mismo Estado nos lo quita cuando nos revisan, aduciendo que es una prueba de que estamos ejerciendo la prostitución y nos hacen una contravención. Acá nosotras vivimos en una jaula, no somos libres. Imagínense que no podemos estar en la calle con más de 30 mil pesos porque nos los roban y nos obligan a ir a la comisaría a justificar cómo obtuvimos esa plata. Fíjense adónde llega el abuso; yo no veo que a otro trabajador le hagan eso, ¿no?”.

Previo a la entrevista, en AMMAR se desarrollan dos actividades en paralelo. Por un lado, la Cruz Roja brinda un taller de primeros auxilios. Por el otro, trabajadoras sociales y estudiantes de la UBA de Trabajo Social dan una asesoría gratuita para la comunidad. Sale una persona y entra otra. Permanentemente. La demanda más alta se debe a la tramitación del subsidio habitacional, por los constantes desalojos que padece la población travesti/trans. “En nuestro espacio nos autofinanciamos y las trabajadoras sexuales podemos descansar, comer. Como el Estado nunca se acerca a nosotras, jugamos a ser el Estado para que nuestras compañeras tengan su DNI o un subsidio habitacional”. Luego, dirán que “afuera todo es muy hostil”. Y profundizarán sobre una diversidad de estigmas. “Cuando vamos a algún organismo público en muchos casos nos tratan como varones. La situación habitacional es tremenda, y tenemos a muchas compañeras en situación de calle porque no pueden alquilar al no tener recibo de sueldo y al ser discriminadas por ser personas trans. Para nosotras no solo es imposible el sueño de la casa propia, sino que nos queda lejos el sueño de alquilar. En materia de salud, lo mismo: vamos a tratarnos por un dolor de muela y nos ven y nos mandan a hacer un examen de HIV o de sífilis”. Y se reirán, para no llorar: “Imagínense en cuanto a la jubilación. No tenemos aportes. O en realidad sí: desde hace años, todos los días, lo que nos quita la policía. ¡Así que miren cuánto venimos aportando!

La estrategia

Maria Rachid es la presidenta de la Federación Argentina LGBT y titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo en CABA. Cree que la estrategia de este gobierno es obtener mayoría parlamentaria el año que viene y derogar la Ley de Identidad de Género, que establece que toda persona tiene derecho a que se reconozca su identidad de género autopercibida. “Es evidente que en medios muy importantes como Infobae ya están haciendo lobby para eso”. Plantea: “Nosotras articulamos con distintos organismos públicos de todo el país, pero ahora no hay Estado nacional con quien articular. Cerraron todos los espacios de diversidad, no existe política pública”. ¿La estrategia? “Estamos recurriendo a los estados locales para que, por ejemplo, provean las hormonas, los tratamientos de VIH, acciones que antes cubría el gobierno nacional y ya no”. 

Rachid avizora lo que viene: “La voluntad del Ejecutivo ya sabemos cuál es. A esto, tendremos que darle batalla. Si quieren derogar el DNI no binario, recurriremos a la justicia porque sería inconstitucional; presentaremos amparos y organizaremos movilizaciones. Vamos a luchar todo lo que sea necesario”.

Esa voluntad del gobierno la plasma Pato Laterra, con un dato: “La primera política que desarticuló, el 13 de diciembre, fue una política alimentaria para personas travestis/trans, que al Estado le costaba 2 pesos con cincuenta. Ahí vemos manifiesta toda la crueldad”.

Carla, la salteña ya radicada en Buenos Aires, completa: “No se la vamos a dejar fácil. Estas leyes están avaladas por gran parte de la sociedad y representan derechos humanos básicos”. 

Ayelén Beker, santafesina, recientemente desarraigada e instalada en CABA, saca fuerzas de donde sí las tienen: “Las travas somos las revolucionarias y a las que menos nos acompañan en este proceso. Necesitamos más apoyo comunitario en tiempos de individualismo y de un gobierno que nos pisa, que no nos tiene en su agenda, que nos prefiere muertas, pero que no lo va a lograr. Estamos vivas, empezando de nuevo a organizarnos entre minorías. Es un momento en el que gran parte de la sociedad está dormida y en el que tenemos que despertarla. La salida es una y ya la sabemos: salir a la calle”.

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