Florencio Varela, Flores y La Tablada: cartografía de tres narcofemicidios. Por Lucas Pedulla.

Un pueblo: Florencio Varela

La casa donde fueron asesinadas Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), entre la noche del 19 y la madrugada del 20 de septiembre, está ubicada en el cruce de Río Samborombón y Chañar, barrio de Villa Vatteone, en Florencio Varela, un municipio del sur del conurbano bonaerense a 36 kilómetros de las calles de Ciudad Evita donde las chicas fueron vistas por última vez. 

Es un barrio residencial, a ocho cuadras de la principal avenida –Eva Perón–, con casitas bajas, muchos árboles, mix de asfalto con calles de tierra, algunas familias construyendo uno o dos pisos sobre sus hogares, y otras que ofrecen sus oficios varios: venta suelta de artículos de limpieza, peluquería canina, peluquería humana ($5.000 el corte a jubilados), asesoramiento jurídico, o conejos a $6.000 (macho o hembra). A pocas cuadras hay un club deportivo, un centro cultural y el Hospital Mi Pueblo. 

El tránsito es incesante: es mediodía, pero las líneas 506 (barrio Senzabello) y 509 (barrio San Luis) de la empresa San Juan Bautista pasan repletas. También los micros escolares con niños y niñas de guardapolvo, apretados contra la ventana para ver esa casa de barrio que tiene una cinta de peligro que la cruza de punta a punta y un patrullero de la policía comunal que la custodia. De esa camioneta se baja un policía, se presenta como sargento y pide datos del medio con una sonrisa de ocasión: “No pasa nada, es para saber: allá está Crónica”, señala. Por el costado pasan caminando niños y niñas de la mano con sus madres porque a cinco cuadras hay una primaria, una secundaria y otro instituto. Miran de reojo la casa.

La cinta de peligro es precaria pero al menos delimita un perímetro: en los primeros días algunas cámaras de televisión entraron porque la escena no tenía custodia. La reja que da a la calle tiene un ramo de flores –ya marchitas– que alguien dejó. La luz blanca de la entrada sigue encendida. Y la puerta de madera de ingreso, custodiada por otra reja, está abierta, rota. Al estar ubicada exactamente en la esquina, tiene dos casas linderas, una sobre Samborombón y otra sobre Chañar. En Samborombón hay un garaje abierto. Están construyendo. “No hablo con la prensa”, dice un hombre, robusto. En la insistencia, repite elevando el tono: “No hablo con la prensa, te dije. Yo digo guau y ustedes publican miau”. Mataron a tres chicas, era para saber si había escuchado algo esa noche. El hombre mira: “¿Ves que sos un pelotudo? Esa es la pregunta que no tenés que hacer. Pelotudo”. 

En la casa de Chañar no atiende nadie, pero al lado se asoma una señora. Es jubilada de la mínima. “Por suerte tengo a mi hija”, dice. Esa noche, según cuenta, no escuchó nada: “A la chica que vivía ahí la veía a veces, pero nada raro. Fue una sorpresa para todo el barrio”. 

La palabra “sorpresa” aparece en boca de varios vecinos. Suena desubicada, no por irrespetuosa, sino fuera de eje, pero también es cierto que ese es uno de los objetivos de esta violencia: dejar sin palabras, atónitos, con nulas posibilidades de enunciar el horror.

También aparece en algunos kiosqueros. “Este es un barrio de laburantes: acá tenés albañiles, docentes, enfermeros del hospitalito –dice uno, que comenta que las ventas nunca estuvieron tan bajas como hoy–. De la casa no te puedo decir nada, solo que paso todos los días por ahí para llevar a mi hija a la escuela”. Otro repite lo que primero le sale: “Fue una sorpresa total”. Y un tercer comerciante fue el que contó a los móviles de televisión que atendió al novio de la mujer que alquila la casa. Notó que tenía sangre en la mano, dijo que dejó una mancha en la reja y que estaba con otro chico que le decía: “Ponete La Gotita para que se pegue”. Al día siguiente se lo cruzó y el joven saludó, como si nada. La pareja del comerciante vuelve a hablar de sorpresa: “Nunca vi nada raro ni de drogas. A él no lo veíamos tanto, pero sí a ella, que venía con su hijo. Todo súper normal”. 

La chica que alquilaba la casa es Celeste Magalí González Guerrero, 28 años, una de las detenidas. Al cierre de esta edición había declarado al fiscal Carlos Arribas múltiples detalles que la justicia deberá corroborar: explicó la estructura del clan (con Tony Janzen Valverde Victoriano, el “Pequeño J”, de 20 años, no como el jefe sino una pieza más), nombró a otros implicados y dijo que cuando llegó a la casa de madrugada vio a su pareja, Miguel Ángel Villanueva Silva (25, detenido), con uno de sus dedos sangrando y le contó cómo había matado a una de las chicas cuando intentó escaparse. Villanueva Silva es el que fue a comprar al kiosco con la mano ensangrentada. 

Guerrero también declaró que Pequeño J había llamado a su pareja dos días antes para pedirle la casa para una fiesta. Ese día, según dijo, ella les abrió el portón para entrar la Chevrolet Tracker de la que bajaron tres hombres: Pequeño J, Víctor Sotacuro Lázaro (41, detenido; indicó que le dio en mano mil dólares) y otro hombre de “tez blanca”, con “canas” y una “Glock”. También bajaron Brenda, Lara y Morena, y dijo que se las veía “alegres” y “contentas”: “Pensaban que venían a una fiesta”. La chica también dijo que al irse vio a tres hombres con guantes de látex. Y que todo fue transmitido por una aplicación para que lo viera uno de los jefes que, según su declaración, estaba en José C. Paz, noroeste del Gran Buenos Aires.

Contó que vendía droga a 17 cuadras de la casa y dijo que Matías Ozorio (28) era quien le traía cocaína en 100 o 120 envoltorios a un valor de 10 mil pesos cada uno. Ozorio vivía en el barrio Zavaleta, al sur de la Ciudad de Buenos Aires: estudió enfermería, tenía un trabajo en relación de dependencia en el Hospital Italiano –obra social, aportes, vacaciones, aguinaldo–, lugar del que se hizo echar, según sus familiares, para cobrar una indemnización que invirtió en el mundo cripto. Entre sus apuestas estuvo $Libra, bendecida por el presidente Javier Milei, cuyo desplome hizo a Ozorio perder todo y pedir un préstamo a un transa. Según Guerrero, fue una de las tres personas que cavaron los pozos en la casa de Varela con música a todo volumen. Como Pequeño J, Ozorio fue detenido en Perú. 

En el barrio los colectivos siguen repletos, el patrullero sigue en su lugar, los chicos siguen yendo a la escuela. Todo sigue. “Es un barrio tranquilo”, dice otro hombre, que se mete rápido a su hogar, justo enfrente. Otros miran las flores sobre la calle. Las fotos. Algunos sonríen con calidez, como entendiendo. Ya no hay nada más que hacer. Nos vamos.

Al ir hacia el auto, sentado en el cordón enfrente de su casa, está el hombre robusto. Hace una seña con la mano de vení. “Perdón, pá”, dice, ya con otra voz. “Te traté mal. Disculpá”. 

Nos sentamos al lado. No pasa nada, es entendible. 

“En serio, disculpá”, insiste. “¿Sabés lo que es que todos los días vengan periodistas a preguntar? Cada vez que me preguntan si escuché algo, porque siempre arrancan por ahí, se me revuelve todo. Tengo una hija de 20 años”. 

El hombre hace silencio. 

Mira la casa. 

“Todas las noches me duermo preguntándome cómo no escuché algo”, dice, moviendo la cabeza. 

“Era solo música, fuerte. Esa noche encima llovió, hubo tormenta. Y yo pienso: soy albañil, ¿sabés las veces que me lastimé y grité?, pero esa noche nada. Es obvio que si escuchaba algo iba a llamar a la policía. Tengo una hija. Pero qué te imaginás que al lado están matando tres chicas. Es un barrio de trabajadores: el de allá es pintor, el otro hace muebles de diseño, ella es abogada, el papá de él es cocinero. Y a la chica que alquilaba la conocíamos de barrio. No sabemos qué hacía. Pero a su hijo lo vimos crecer. Jugaba a la pelota acá, en el portón de casa”.

El hombre tiene los ojos llenos de lágrimas.

A la izquierda, la marcha multitudinaria en Flores que corrió a la policía el día de la aparición de los cuerpos. A la derecha, Georgina Orellano, secretaria general de AMMAR.

Dos pueblos: Flores

El barrio porteño de Flores es uno de los epicentros de la organización de las trabajadoras sexuales que comenzó a tejerse en los calabozos de la comisaría 50 –hoy la 7C– con la intención de estar unidas frente a la violencia policial. La memoria larga de algunas les permite comparar este momento con aquellos noventa: el mismo ensañamiento. ¿La diferencia? Antes se imponía la coima, que se distribuía en partes iguales para los agentes de Moralidad, del patrullero y del jefe de calle. Ahora no hay forma de frenar que las esposen, tiren al suelo y las arreen a los golpes a la comisaría. También existía otro vínculo con los vecinos, pero hoy les sacan fotos y las comparten en los grupos de whatsapp del barrio. Algunas hablan de “hipocresía moral” porque muchos de esos varones que enarbolan los insultos en la virtualidad, en la calle son sus prostituyentes.

Hace una década el censo de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR) había contabilizado 400 mujeres y trans distribuidas en tres turnos. En los últimos tiempos se sumó algo nuevo: un batallón de chicas muy jóvenes, con jeans achupinados, pestañas tuneadas, uñas esculpidas y labios rellenos con ácido, que recorren las calles del barrio en pequeños grupos, como si hubieran salido de bailar. Tienen 20, 23, 21, y algunas refieren estar “haciendo la calle” desde mucho más jóvenes. Hablan de hijos, hablan de sus barrios del conurbano y hablan de que no trabajan más allá de las once de la noche porque tienen miedo. Desde el triple narcofemicidio hay un policía por cuadra, lo que las obliga a caminar sin parar.

Unas y otras son jefas de hogar que trabajan para mantener a sus hijos. Unas y otras, en los últimos meses, se reunían en asamblea todos los miércoles: eran unas 40. Entre ellas estaban Brenda y Morena, quienes formaron parte del grupo que firmó un amparo para frenar la violencia policial. La denuncia quedó en la nada. Brenda no quiso firmar porque tenía un hijo y sabía que la única respuesta estatal a esas acciones era un recrudecimiento de esa violencia: le preocupaba que le quedaran antecedentes si iba presa. Las chicas que la conocieron cuentan cuál era el sueño de Brenda: quería trabajar mucho ahora que su hijo era chico, para cubrirle lo indispensable y luego retirarse. El de Morena: pintar su casa y revocarla.

La imagen de Lara por las calles de Flores irrumpió en un móvil de televisión dos meses antes de su cruel asesinato. Se la ve con anteojos de sol, campera, respondiendo con otra chica las denuncias de los vecinos. Dijo que se llamaba “Luna” y tenía “20 años”. El testimonio es revelador porque la denuncia de los vecinos en tándem con la violencia policial y la inacción judicial no hace que la oferta desaparezca, sino que se desplace a lugares cada vez más precarios. “Es la precarización de la precarización”, define una trabajadora con años de calle en Flores. “Eso empuja todo a mayor clandestinidad”.

Esa precariedad en contexto de crisis económica representa un combo complejo: los prostituyentes disminuyeron porque no tienen para pagar tarifas que arrancan en 10 mil por sexo oral o 20 mil la media hora más el turno en uno de los tres hoteles alojamiento que hay en esas cuadras donde la cocaína es más barata que las adolescentes. Así el mercado impulsa a los varones a cambiar sus consumos: sexo por droga. Y así, en la vulnerabilidad que camina las calles de Flores ingresa el narcomenudeo y con él el cambio del gobierno de esas calles: la policía ya no es la máxima autoridad, pero sí quien castiga con más ferocidad a quienes solo venden sus cuerpos. En las calles de Flores se está librando esa batalla a cielo abierto: la transición entre el pecado y el infierno. Lo que parece inevitable, entonces, es la consecuencia: “En vez de estar caminando ocho horas en el corredor, a la que vende cinco bolsitas le alcanza para pagarse la pieza y darle de comer a su hijo. Y las vende rápido. Entonces, sigue con 20 bolsitas y ya le alcanza para comprar también un par de zapatillas. Cuando llega a 30 va presa”. En AMMAR tienen registradas más de 80 chicas presas y muchas otras con pulseras y controles por causas de venta de drogas. 

Era lógico entonces que la primera marcha en repudio al triple narcofemicidio tuviera como escenario la Plaza Flores. “Acá empezó todo”, sintetizó aquel día Georgina Orellano, la presidenta de AMMAR. Lo que había comenzado era la expulsión hacia rincones oscurecidos por la impunidad. La movilización fue rebelde, como es este movimiento, y corrió a los efectivos policiales –literal– que huyeron al trote.

Luego, esas calles se llenaron de policías y de cámaras de televisión. Las más jóvenes caminan al trote ocultándose la cara con la tapa de los diarios. La pregunta inútil es si tienen miedo. Responden: “No, porque nunca vamos a meter la mano en la lata de un cliente”. 

El mensaje llegó.

Las velas, las antorchas, las palabas: imágenes de la marcha del silencio que las familias de Brenda, Lara y Morena hicieron en la rotonda de La Tablada a dos semanas de los asesinatos.

Tres pueblos: la Tablada

Las imágenes de una cámara de seguridad ubican a Brenda, Lara y Morena subiendo a la Chevrolet Tracker blanca a las 21.29 del viernes 19 de septiembre en la esquina de La Quila y El Tiburón. Al barrio se lo conoce como “los monoblocks de Tablada” o “los complejos de Ciudad Evita”, por los límites que comparten estas dos localidades de La Matanza –el municipio más habitado del país: más de 1.800.000 almas–: la Ruta Provincial 4 (referenciada como Camino de Cintura, avenida Diego Maradona o Monseñor Bufano), la Ruta 21, La Quila y la avenida Crovara (que quieren rebautizar “Papa Francisco”). Son aproximadamente 12 cuadras por 5. Algunos calculan que allí viven veinte mil personas, aunque suponen que son más por la multiplicación de construcciones o porque viven tres o cuatro familias por departamento. El barrio está dividido en los complejos 4, 5 y 6, y 17, 18 y 19.

Uno de sus ingresos está en la Rotonda de La Tablada, una geografía de permanente tránsito de colectivos, autos y camiones que las familias de las chicas transformaron en el principal escenario para exigir justicia. De un lado de la rotonda hay una YPF, del otro una estación de servicio PUMA, que tiene enfrente el predio del regimiento de La Tablada ocupado en 1989, hoy transformado en un hiper Chango Más con canchitas de fútbol. El ingreso al barrio es saludado por cuatro murales: la Virgen de Caacupé, el Papa Francisco, Maradona con su gol con la mano a los ingleses, y Narcóticos Anónimos. Brenda y Morena vivían allí. Lara también durante un tiempo, pero se mudó con la mamá a González Catán, otra localidad matancera. En los monoblocks sigue viviendo su abuela.

Hay comedores en el barrio que entregan 800 viandas por día, una escala que algunos referentes comparan con la pandemia. En los últimos dos años recrudecieron el hambre, las enfermedades –llaman la atención casos de sífilis y sarampión– y la falta de trabajo. En algunas escuelas certifican asignaciones familiares apenas para 10 ó 20 alumnos, lo que significa un 90 por ciento de padres y madres sin trabajo formal. En La Tablada cerraron algunas fábricas de calzado por la apertura de importaciones: muchas de las personas despedidas son vecinos y vecinas de los monoblocks. También cerraron otras dos fábricas de plásticos. El estómago saca cuentas rápidas: seis vecinos de algunas de estas pymes son seis familias en la calle, pero como las viviendas son compuestas el destino de esas seis afecta a 12 ó 24 personas de su círculo familiar. Salen algunas changas de construcción, pero ya ni siquiera el supermercado está tomando cajeros ni repositores, y los jóvenes con alguna posibilidad en el Mercado Central (los chicos, para bajar cajones) o en La Salada (las chicas, para atender y vender ropa) vuelven molidos de trabajar toda la noche por 20.000 pesos que –sienten, con razón– no justifica el tiempo ni sus cuerpos. Sobre todo si llegan a las cinco de la mañana y a las siete ya tienen que entrar al colegio. No hay demanda porque no hay oferta, y nada se mueve porque no hay plata.

El circuito que sí se mueve es lo narco, que gana cada vez más terreno. Los vendedores ambulantes que antes caminaban por las casas ofreciendo huevos o morrones hoy tienen que pagar peaje para transitar. Esa economía empieza a dar un rédito inmediato que la escuela demanda seis años de estudio, la posibilidad de ir a la universidad, pero sin garantía de un trabajo, como lo ven en aquellas empresas que cierran. Algunos jóvenes quieren estudiar e irse del país, como cuentan con dolor sus madres. Otros, irse del barrio. Y todos saben que con una tarde de campana pueden conseguir unas zapatillas Jordan y soñar con algún iphone o alguna moto. Las edades en que esos deseos se juegan el todo por el todo arrancan cada vez más temprano, de los 12 a los 20 años, una franja donde todo se ve y todo se entiende. Saben quiénes venden, por qué los vecinos se tirotean, y descreen de la policía que siempre se equivoca el lugar de acción: cómo puede ser que le hagan un allanamiento a X si todos saben que el que vende es Z. 

Laura, referente de AMMAR en Flores, en la esquina en la que se paraban Brenda y Morena. A la derecha, la casa del horror de Villa Vatteone, en Florencio Varela, donde aparecieron los cuerpos de las tres chicas. El contexto: la pobreza y lo narco.

La elección de la propia aventura toma decisiones cada vez más aceleradas y con menos margen de duda: campanear, ser soldadito, robarse un par de chanchos a pedido de otros, o el consumo de tussi, una droga de la que muchos empezaron a escuchar cada vez con más intensidad de un año a hoy. En las chicas se ven las famosas “UBI”, fiestas en casas con música, sexo y drogas, cuya ubicación se comparte por mensaje privado a último momento para integrantes exclusivos. Hay vecinos que descubrieron que ese era el término para describir lo que funciona al lado de sus casas. Son vecinos que también tienen miedo de perderlas: ya vieron que muchos fueron echados de sus hogares que luego son utilizados para vender droga o como casas de los hijos de. El consumo, a su vez, rompe todo: a los profes de fútbol les cuesta cada vez más completar los equipos para el partido del domingo y los ojos de quienes habitan estos espacios comunes están alertas para que no vendan en la canchita.

En medio de la destrucción cotidiana la economía narco resuelve algunas cosas concretas: abre un comedor, arma una cooperativa, limpia las calles, pone luces, coloca cámaras. “¿Cómo hacés?”, se pregunta un vecino, con los brazos abiertos. El lugar que nadie ocupa es terreno fértil, y la mano de obra son esas edades que antes con la escuela podían conocer el mar y hoy cursan una realidad donde un micro cuesta una fortuna. 

Lo poco que hay –que, a su vez, es un montón, con héroes y heroínas que de forma anónima le ponen el cuerpo todos los días– está estallado, pero ubica posibilidades y formas concretas de acción con la comunidad. Un tejido al que el retiro estatal le facilita la intoxicación con esta necroeconomía, un vórtice cuyo principal obstáculo es, precisamente, la organización social.

Esa que sigue, cuando todos se van, en estos barrios.

La que sigue también en la rotonda, marchando como las Madres en ronda, exigiendo justicia.

La que nos interpela para pensar no uno, ni dos, ni tres pueblos, sino todos los necesarios y todos los que faltan, para que todo lo que nos revelan Brenda, Lara y Morena no sea, sola y tristemente, un caso. 

Uno más.

Sobrevivió a una balacera entre bandas de soldaditos narco en 2010. Salió del barrio Villegas, en Ciudad Evita, con su hijo buscando otros destinos. Cuenta lo que vio en este tiempo, a través de sus padres adictos y sus amigas; las expectativas de vida (o de muerte), y las opciones: drogas, prostitución, violencia. ¿Cómo salir de un destino marcado? Los niños, la red, la voluntad y la esperanza. Filosofía, trabajo social y tejido: los estudios que elige como una fórmula  y una forma de hacer y ver vida. ¿Se puede? Por Claudia Acuña.

Tienen el nombre de aquello que teje la paciencia y eso la define. Nació, creció, murió y resucitó en el barrio de Villegas, uno de los cinco afluentes que conforman la cuenca de la tempestuosa Rotonda de La Tablada.  Su padre murió en un tiroteo con la policía; su madre, torturada por el sida. Ambos eran adictos y tuvieron dos hijas que antes de los 15 años ya eran madres y huérfanas. Lo importante, dirá, es todo lo que significó eso para ellas y antes: la vida en esos territorios se juega en la frontera entre la niñez y la adolescencia. “La mirada del barrio te marca a fuego en el momento en el que ni siquiera sabés quién sos. Yo, por ejemplo, como era hija de adictos ya era para todos y sin duda puta y drogadicta cuando todavía era virgen. Estos días miraba las fotos de las chicas masacradas y me veía a mí y a mis amigas en aquellos años”. Nenas jugando un peligroso juego de grandes. 

A esa edad, recordará: “Ya no tenés ninguna expectativa de salir del barrio y del destino que te tiene asegurado. Es una condena que transformás, para poder soportarla, en un trabajo, que es lo único que no hay ni habrá en el barrio: esa es la certeza. Y una cosa lleva a la otra: para poder hacerlo, consumís y para poder consumir –comida, droga- te prostituís. En esa situación quedás embarazada y no parás, al contrario: te obligás a hacer más. Y para hacer más, consumís más. He visto a chicas darles la teta a sus hijos de 8 o 9 años porque esa es la dosis que necesitan chicos gestados y amamantados por madres adictas. Y todo antes de los 20 años. Encima en la adolescencia temprana hay una competencia feroz que te obliga a demostrar quién sos cuando todavía no sos nada”. Algo –y no necesariamente alguien-que te grita “ey, vení a pararte acá en la esquina con nosotros, fúmate un porro o qué”.

 ¿O qué? 

Esa es la cuestión. 

“Es eso o la debilidad. No hay opción. Y para pertenecer y para tener, incluso para zafar tenés que violentarte, porque ser diferente te pone en riesgo”.

Vivir para contarla

El día en que la balearon -junio de 2010- Penélope tenía 28 años recién cumplidos. Era un poco más de las once y media de la noche y recién había llegado de trabajar en Mu cuando fue al kiosco para comprar dos alfajores para su hijo Agustín, de entonces 11 años. La calle 500 estaba como siempre. Vio a algunas personas en la esquina, pero no les prestó atención. Ni siquiera se quedó en el kiosco charlando un rato para poder volver rápido a casa: uno de dulce de leche, otro de chocolate. En ese momento escuchó los estampidos detrás de ella. Algo empezó a quemarla a la altura de los riñones. Quiso correr, pero sus piernas no. Se desplomó de rodillas. Y dijo: “Agustín”.

Después de los disparos el barrio se congeló en su propio silencio. Gritó. Jorge, hermano de una amiga, descifró esa voz y corrió a abrir la puerta. Sus padres le alertaron que era peligroso. Jorge sólo informó: “Es Peny” y salió.

Penélope estaba desangrándose en el piso. Jorge golpeó puertas que no abrían: era como estar encerrado al aire libre, sin salida. Algunos vecinos se asomaron. Corrió unos metros a lo de un remisero que se negó al traslado. Las amigas de Penélope suponen que eso se debió –en proporciones difíciles de estimar– al miedo y a que la sangre mancha el tapizado.

El tiempo también iba desangrándose. La policía y la ambulancia no llegaban y jamás llegaron: Villegas es un barrio ajeno a tales artefactos. Penélope se estaba muriendo. Jorge se paró delante de un automóvil que pasaba. Era una pareja joven, en un Fiat Uno. Subió a Penélope al asiento trasero. Bety, la madre de Jorge, se apretó adelante. El joven conductor atravesó un terreno para evitar toda una vuelta hasta llegar a la avenida Crovara: la vida se mide también en segundos y no le importaron los amortiguadores. En el camino Penélope tuvo una especie de sueño: estaba yendo a parir. La alucinación la mantenía alerta. “Hay que llegar” escuchaba. No sabe si lo decían otros o si era su propia voz.

Llegaron. Hospital Paroissien, de Isidro Casanova. Los médicos se abalanzaron sobre ella presionándola con ¿gasas? ¿trapos? Le tapaban las perforaciones de las balas que habían estallado dentro de su cuerpo. La presión era un dique para la inundación de sangre. Todavía no podía saber que perdería buena parte del hígado, un riñón, que tenía bombardeados el estómago, los intestinos, los pulmones… Solo sintió que las compresas aliviaban el flujo de sangre. Tuvo una certeza: “Zafé”, aunque días después estaría al borde del abismo media docena de veces.

Perforada, desangrada, ya estaba por caer bajo el efecto de los calmantes en el quirófano, cuando alcanzó a decirles a los médicos: “Qué linda es la vida”. Y se le cerraron los ojos.

Los que dispararon por la espalda acertaron tres veces. Las balas partidas estallaron dentro del cuerpo. Hirieron casi todo. Para saber si Penélope seguiría tejiendo su historia faltaba conocer una respuesta: la de su corazón, que es donde late todo su poder, que es enorme.

El tejido del abrazo

Ahora está trabajando sábados, domingos y feriados, de 10 a 20 en el Instituto San Martín, hogar de chicos condenados o procesados en causas judiciales similares a esa de la que fue víctima. La de ella se archivó por falta de pruebas. Solo sabe que sus victimarios tenían la misma edad que los chicos que hoy acompaña: entre 16 y 17 años. ¿Qué ve cuando los mira? “Niños, como mi hijo”. Dirá también que son todos muy pobres, que algunos están en situación de adicción, que no tienen un lugar a donde regresar cuando terminen de cumplir sus condenas, que incluso si lo tienen, son hogares destruidos por los mismos destinos sociales que derivaron en los delitos que están purgando y que todo, así, se retroalimenta, sin fin y sin solución. Lo que falta es lo que importa: la red que te permita tejer otra historia. “El otro día hicimos una asamblea y el tema eran los sueños y proyectos. Todos decían que querían tener dinero para sacar a su familia adelante. Y la verdad es que ya saben que al salir de ahí están marcados: antes de los 18 ya quedaron fuera del sistema y no hay nada que los ayude a encontrar otro camino que no sea el previsible. Sin esa esperanza la voluntad personal no alcanza”. 

Se curó las heridas estudiando: terminó el secundario en una escuela nocturna, luego cursó dos años del profesorado en Filosofía en el Joaquín V. González hasta que decidió que su experiencia sería más útil como trabajadora social. Hoy está a punto de alcanzar la tecnicatura en la Universidad Nacional de La Matanza, en mitad de la carrera y ante un nuevo precipicio: la motosierra la dejó sin trabajo. “Pedí una beca y me la dieron: 15 mil pesos. Cada materia insume unos 30 mil, promedio, en apuntes. Tuve que decidir: un kilo de carne o el apunte. Bueno: me tuve que acostumbrar a leer el PDF desde el celular”. Se puso a vender comida, a bordar bolsas y a mandar curriculums, sin parar. Hasta que obtuvo esta oportunidad, por contrato y como monotributista: 200 mil al mes. Los días hábiles cuida a una niña, para completar, pero su obsesión en que nada la aparte de su objetivo: tener un título. 

La pregunta es que le permitió crear y sostener su propio horizonte. “La mirada de otras personas que vieron en mi otra cosa. Al barrio llega, en el mejor de los casos, una mirada de conmiseración, de lástima, que despierta una rebeldía: no soy esto, puedo ser otra cosa. Y esa otra cosa es ser algo peor. Deshumanizarte. Lo que se necesita es ver más allá de lo que esa persona es en esas circunstancias tremendas, cada vez peores”. La postal de Villegas hoy es cegadora: cada vez hay más chicos, en cantidad y en edad. Están atados a las bolsitas de droga, como zombies. “Los están adormeciendo para que no se rebelen ni protesten ni sueñen”, define Penélope. Los distintos la pasan peor: Jorge, el vecino que la salvó, se suicidó.

La pregunta, por último, es qué hacer. “Yo organizaría una invasión de abrazos”, dice. El silencio antecede a la explicación, que es tan conmovedora como su propuesta: “¿Sabés cuál es el taller que tiene el cien por cien de participación en el Instituto? El de tejido”.

Penélope nos propone imaginar esa escena: chicos –varones- de 16 y 17 años sentados en ronda con dos agujas en la mano.

Descifrar qué significa esto es la salida que solo ella -Penélope, mi heroína- por su historia, por su sensibilidad y por su sabiduría, ve.

Más del 60% de hogares con jefatura femenina. Las políticas públicas de atención y acompañamiento comunitario arrasadas. Estado ausente, pobreza, desocupación:  las realidades que permiten a las redes narco usar a las mujeres como piezas descartables.  Por Evangelina Bucari.

El triple narcofemicidio de Morena., Brenda y Lara dejó al descubierto un tejido social que se deshilacha, donde el narcotráfico se vuelve refugio y condena, y donde las ausencias del Estado se pagan con vidas jóvenes.

¿Qué mecanismos de prevención, alerta y protección fallaron en la vida de estas chicas y de tantas otras? ¿Por qué desde los feminismos decimos que el Estado es responsable?

La antropóloga feminista Marcela Lagarde lo explica con claridad: “Para que se cumplan los principios de dignidad, integridad, igualdad y libertad, la vida de las mujeres no puede estar en riesgo. Es necesario crear condiciones sociales de seguridad que garanticen su protección: la seguridad, la vida, la libertad y la justicia son responsabilidades del Estado”. También señala la evidente feminización de la pobreza: “La explotación es mayor en las niñas y las mujeres debido a la desprotección social, sindical y a la asimétrica organización del trabajo, la doble jornada, la brecha salarial, la explotación infantil y la jerarquía laboral”.

Brenda era mamá de un bebé de un año. Morena vivía con su madre y dos hermanos. Lara, con su abuela. Sus muertes no fueron un hecho aislado: son el resultado de un modelo que expulsa y que, para la mirada de muchos, las convierte, a ellas y a sus familias, en “malas víctimas”.

La población feminizada

Un relevamiento de la Fundación TEMAS, con el asesoramiento técnico del Instituto de Investigaciones Gino Germani, reveló: 

Más del 60% de los hogares en barrios populares tiene jefatura femenina. En muchos casos, las madres son las únicas proveedoras. Tienen que trabajar más horas para sostener el hogar, y la sobrecarga se multiplica. Entre el 50% y el 60% de los hogares tiene al menos un menor a cargo.

Se trata de una población joven y feminizada. Una parte significativa de los hogares apela a recursos complementarios para sostener la vida cotidiana, sobre todo para acceder a alimentos. 

La asistencia a comedores comunitarios es elevada: el 41% de los hogares asiste a alguno, con picos del 60% en ciertos barrios. 

A su vez, el 74% de los hogares relevados percibe algún tipo de asignación estatal –pensiones, subsidios o programas sociales–, con variaciones entre el 60% y el 90% según el lugar.

Por eso, el ajuste y vaciamiento de las políticas públicas marca uno de los retrocesos más graves de los últimos años. No solo afecta a los programas destinados a prevenir la violencia, sino también a los que garantizan derechos económicos, educativos y de cuidado para mujeres, niñas y adolescente y personas LGTBIQ+. Las consecuencias se miden en vidas más precarias, más vulnerables y menos protegidas.

El cuidado desmantelado

Desde que Javier Milei es presidente, las políticas de cuidado nacionales se convirtieron en un campo arrasado: las que sobrevivieron al ajuste lo hicieron a costa de dejar afuera a miles de personas o de recortar montos. Según el sexto monitoreo de La cocina de los cuidados –un espacio multisectorial coordinado por el CELS, con participación de organizaciones sociales, sindicatos, iglesias, la academia, legisladoras y funcionarias de distintas fuerzas políticas–, en estos 21 meses de gobierno libertario, de 50 políticas de cuidado que existían cuando asumieron solo tres quedan activas. Y no solo eso: el informe señala que la falta de publicidad de las políticas y el desarme de los equipos que las llevaban adelante terminó afectando la posibilidad de que quienes las necesitan las conozcan y las soliciten.

Entre las pocas políticas que sobreviven esta es la situación:

La Asignación Universal por Hijo (AUH), un beneficio que se volvió fundamental para muchas familias, pero que sigue perdiendo cobertura. Esta suma mensual que se paga por cada hijo menor de 18 años cuando sus progenitores están desocupados, tienen empleos informales o son trabajadores del servicio doméstico, si bien fue la que menos recortes sufrió, achicó su alcance: disminuyó del 76% al 71% de los niños y niñas del país. En el presupuesto 2026 el gobierno nacional quiere eliminar su actualización automática. Es decir, el Poder Ejecutivo podría decidir si lo aumenta o no, cuándo y cómo. Quieren transformar un derecho en un bono discrecional.

La Tarjeta Alimentar, que sostiene la comida en 2,5 millones de hogares con 4,5 millones de chicos y chicas, sigue en 52.250 pesos por un hijo desde junio de 2024. Significa que en un año, perdió más de la mitad de su poder de compra. Para decirlo con sencillez: lo que antes alcanzaba para llenar una mesa, hoy apenas permite completar la mitad del plato.

Respecto del dema alimentario, el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, informó que desde el inicio de la actual gestión no se realizó ninguna compra nueva y que solo se distribuyeron los alimentos previamente adquiridos, lo cual muestra a dónde apuntó el ajuste implementado por el gobierno. En el informe del CELS se detalla que las tres líneas de financiamiento sostenidas por el organismo para la compra de alimentos tienen, hasta septiembre de 2025, solo un 28% de ejecución. El otro elemento relevante, es que para la alimentación sostenida por la producción de la agricultura familiar, los programas siguen en cero.

El 63% de quienes cobran el Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo) son mujeres; muchas de ellas, trabajadoras de espacios comunitarios y comedores. La cobertura del plan (congelado en $78.000 desde enero de 2024) sigue bajando: en los últimos siete meses el universo se redujo de 967.261 a 951.870 titulares. Según CEPA, el poder adquisitivo del programa cayó 21,1 puntos porcentuales respecto al primer semestre de 2024 y 75 si se lo compara con el primer semestre de 2023. 

Acceso a la educación 

Una de las primeras preguntas que dejó en evidencia el triple narcofeminicidio fue por qué una chica de 15 años no estaba en la escuela. Se trata de un tema crucial, que casi no figura en la agenda política o electoral, y sobre el que es necesario plantear algunos datos para pensar la respuesta:

Aunque la secundaria es obligatoria, el abandono sigue siendo alto: 8,2% en 2023. 

El ajuste en educación dejó huellas profundas: en 2025 la inversión nacional fue 50% menor que en 2023 y según el análisis realizado por la CTERA el presupuesto 2026 vuelve a ubicarse muy por debajo de los valores históricos (1,41% en 2023; 1,66% en 2015) con un 0,75% para la función educación y cultura. Por segundo año consecutivo, el gobierno mileista busca suspender la meta del 6% del PBI destinada a educación. 

En ese escenario, Progresar es –o era– la política más importante para acompañar a las juventudes. Nació como un apoyo económico y pedagógico para sostener trayectorias educativas de jóvenes entre 16 y 24 años. Hoy su cobertura se desplomó: según el informe del CELS, de 1,7 millones de beneficiarios en 2023 cayó a 726.000 en 2025. Un millón de jóvenes quedó afuera. Las becas están congeladas hace un año y perdieron 55% de su valor real.

Por la merma en la inscripción y los montos desactualizados, la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes impulsó el año pasado un amparo colectivo que fue aceptado por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, que ahora investiga al Ministerio de Capital Humano. La Defensoría también reclamó en un pronunciamiento ampliar la cobertura del programa a los adolescentes de 15 años, la edad más crítica del abandono escolar.

Cuando las escuelas pierden contacto con un estudiante, deben alertar al servicio local de protección, pero esos organismos están colapsados, con pocos equipos y miles de expedientes. En la Ciudad de Buenos Aires, programas como Puentes Escolares intentan revincular a los chicos y chicas con las aulas, aunque cada vez tienen menos recursos y los referentes también advierten que quieren sacarlos de los espacios territoriales.

La CTERA detalla además que el proyecto de ley presentado por el ejecutivo, del presupuesto desaparecen los programas FONID, Mejoramiento de la Calidad Educativa, Fortalecimiento Territorial y Acompañamiento de Organizaciones y Fortalecimiento de Jardines Infantiles. 

Uno de esos programas es el de Reparación Económica para Niños, Niñas y Adolescentes (RENNYA), o Ley Brisa, que reconoce el derecho de hijos e hijas de víctimas de femicidio, travesticidio o transfemicidio –menores de 21 años o personas con discapacidad sin límite de edad– a percibir una reparación equivalente a una jubilación mínima, junto con acompañamiento y acceso a la salud. 

Desde su implementación en 2018 y hasta noviembre de 2023 se tramitaron 2.034 solicitudes, de las cuales 1.659 fueron aprobadas. Según un pedido de acceso a la información realizado por MU, en 2023 hubo 295 solicitudes (se aprobaron 250), en 2024 fueron 221 (solo 71 aprobadas y liquidadas) y en 2025 apenas 34 permanecían en trámite (de enero a mayo). Mientras tanto, la cantidad de femicidios no baja: 204 mujeres asesinadas hasta el 9 de octubre de 2025 según datos del Observatorio Lucía Pérez, y con ellas, cientos de niñas y niños se quedaron sin cuidados parentales, como el hijo de Brenda, parte del universo que esta política debería proteger.

La reducción también alcanzó al Programa Acompañar, que otorga un ingreso a mujeres y diversidades en situación de violencia para favorecer su autonomía. De acuerdo con datos del Ministerio de Justicia obtenidos por MU, mientras en 2023 se brindó asistencia a 102.510 personas, en 2024 solo se otorgó a 3.572. Es decir, una caída del 96%. El traslado del programa tras el cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad implicó cambios sustanciales: se redujo la duración de seis a tres meses y se exige una denuncia judicial para acceder. A esto se suma el retraso en la evaluación de casos, incluso con denuncias que llevan más de un año sin respuesta.

El exitoso Plan ENIA, creado para prevenir embarazos no intencionales en la adolescencia,  también atraviesa una crisis. Hay varios proyectos en el Congreso que buscan sostenerlo por ley, y la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes presentó una acción colectiva para garantizar su continuidad. Según el CELS, a septiembre de 2025 solo se ejecutó el 54,8% del presupuesto (en todo 2024 fue apenas el 20%). Aunque se anunció una compra de anticonceptivos para el último trimestre del año, nada llegó a las provincias. El informe explica que la transferencia de responsabilidades a los gobiernos locales se hizo “sin planificación, ni mecanismos de transición ni traspaso de recursos”, lo que pone en riesgo la vida y la salud de las personas con capacidad gestante.

A esto se suma el cierre, a mediados de septiembre, de más de treinta Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC), espacios claves en la prevención de consumos problemáticos, gestionados por Sedronar y organizaciones sociales. El Ministerio de Salud justificó la medida con la existencia de supuestas “irregularidades”, una estrategia repetida en cada una de las motosierras libertarias.

Sin prevención ni resguardo

En el proceso de desmantelamiento de las áreas de género en el Estado nacional se borraron también las políticas que durante años se fueron consolidando buscando prevenir la violencia y acompañar a quienes la padecen. En este caso, el ajuste implicó que miles de mujeres, niñas y adolescentes quedaron sin resguardo.

Ese vaciamiento ya había sido advertido meses antes por la Conferencia Episcopal Argentina, en su documento Si el Estado se corre, avanza el narcotráfico, donde los obispos advirtieron: “Desfinanciar estas obras, demorar la ayuda o relegarlas a la buena voluntad de voluntarios agotados es una forma indirecta de condenar a muchos a la muerte. La retirada del Estado abre paso al avance del narcotráfico, que ocupa ese lugar vacío y se convierte en una suerte de Estado paralelo, donde los narcos ofrecen a los jóvenes una vida corta pero aparentemente mejor, a cambio de su dignidad, su libertad y, muchas veces, su vida”.

En el Congreso, la diputada Mónica Macha presentó un proyecto para declarar la emergencia en cuidados por dos años, con el objetivo de restituir 31 políticas públicas y actualizar las partidas presupuestarias. El reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que reconoció al cuidado como un derecho humano autónomo, refuerza esa urgencia y obliga a los Estados a asumir su responsabilidad indelegable.

Cuando la pobreza, la desocupación y la precarización son una constante, las desigualdades estructurales permiten que las redes narco usen a las mujeres como piezas descartables. 

En muchos casos, la prostitución crece de la mano de la droga. El narcotráfico ofrece trabajo rápido y paga bien; en los barrios lo dicen sin rodeos: es imposible competir con eso. La disputa por el territorio es brutal. Las capas profundas de la desigualdad hacen sus estragos. Los espacios comunitarios intentan resistir: alimentan, cuidan y acompañan. Pero no alcanza. Como no alcanzó para proteger a Morena, Brenda y Lara.