Barrio Ituzaingó, Córdoba. Contaminantes, suelo con cromo, plomo y arsénico. Y la frutilla de un postre que nadie debería comer: fumigaciones con agroquímicos. Hasta que un grupo de mujeres se organizó para denunciar lo que consideran un genocidio silencioso.

En Córdoba todos los nombres propios poseen su correspondiente artículo. No es extraño, entonces, que en una breve enumeración de casos, Sofía Gatica, una de las impulsoras del Grupo Madres de Ituzaingó diga: “La Viviana de enfrente cambió su casa por un camión y se mandó a mudar. Se fue con los chicos enfermos. El Juan de acá al lado se murió de lupus. Todos conocemos a alguien que está enfermo…”. Demasiado para un barrio de 5 mil habitantes. Pero ese “demasiado” comenzó a molestar a algunas vecinas. Y Sofía tomó la posta: “Hace siete años hice un relevamiento porque me parecía que algo pasaba. En nuestro barrio era común ver chicos con barbijo y mujeres con pañuelos. Y esto no es natural. Cada vez que iba a la casa de alguien me aportaba un dato; que tenía una hermana con cáncer, que sabían de un bebé nacido con malformaciones… Y en el medio de todo esto, una señora me dijo que para ella el tema era el agua, que la había hecho analizar. Entonces, le dije: Juntémonos”. En esa primera reunión, el marido de la vecina aportó un mapa donde marcó cada casa con enfermos. Eran 200.
 
A la calle
El biólogo Raúl Montenegro, docente en la Universidad de Córdoba y titular de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente (funam) respaldó desde el comienzo las inquietudes de los vecinos. Recuerda que convocó a un encuentro para hablar de organización. “Me enojé mucho porque a la reunión sólo fueron mujeres, los hombres estaban mirando un partido de fútbol. Con ellas trabajamos para establecer un protocolo, para pedir todos los estudios que hacían falta”.
Sofía Gatica no tardó en presentarse ante las autoridades del Ministerio de Salud provincial. Llevó las pruebas recogidas y dijo: “Investiguen por qué nos estamos muriendo”. Exigió que se analizara el suelo, el agua y el aire. Y también los transformadores. No hubo respuesta. Cuenta Sofía: “Volví a ver a los vecinos que había consultado y les dije: tenemos que salir. Y tuvimos que salir no una, sino mil veces hasta que nos escucharon”. Cuando las cámaras de la televisión provincial mostraron el reclamo de los vecinos de Ituzaingó, el ministro de Salud de entonces, Roberto Chuit los mandó a llamar y les concedió una entrevista. El funcionario admitió que el agua contenía endosulfan, un insecticida que se usa para fumigar los campos. También dispuso a regañadientes financiar los estudios solicitados.
Montenegro subraya: “Ituzaingó es uno de los barrios más estudiados del país desde el punto de vista ambiental. Con los estudios detectamos que había una anomalía en lo que es la morbimortalidad. Es decir, una irregularidad en la cantidad de enfermedades. Nos dimos cuenta de que se da un cóctel de contaminantes”. El especialista detalla los ingredientes: “Había un transformador que tenía pérdidas de aceite, había líneas de media tensión superpuestas con líneas de baja, contaminación del suelo con cromo, plomo y arsénico que es cancerígeno. Esta composición del suelo se debe a un proceso geológico. También había 200 tanques de agua sin tapa y todo lo que venía del campo o del propio movimiento del suelo del barrio se depositaba en el agua”. La cantidad máxima de arsénico que se encontró en el sedimento del agua de Ituzaingó fue de 44 partes por millón. En Argentina se permite 0.05 partes por millón, aunque la Organización Mundial de Salud recomienda sólo el 00.1. Además, agrega Montenegro, “todo el barrio estaba afectado por las fumigaciones con máquinas mosquito y por avionetas. Básicamente eran herbicidas; endosulfan”. Una sustancia que afecta al sistema nervioso central.
“El Grupo de Madres fue bautizado así en julio de 2002, cuando participamos de una reunión y nos preguntaron de dónde veníamos y a qué organización pertenecíamos”, relata Sofía, quien lleva anotado en cuadernos, día a día, todas las actividades realiza la organización. Estas notas son fundamentales: además de recordar la primera vez que expusieron la problemática del barrio en público, les sirven para relacionarse con las autoridades de turno. “Cuando le exigimos a un funcionario que cumpla lo prometido y éste nos contesta que nunca prometió nada, sacó el cuaderno y le digo: Usted dijo esto a tal hora, tal día. Por eso estamos acá”.
 
Divide y reinarás
En código de taxista de Córdoba capital, el barrio de Ituzaingó es zona roja. Es decir, un lugar al que sólo se va a la avenida principal, Juan Vucetich, o al que directamente conviene no ir. El barrio cuenta con dos generaciones de trabajadores desocupados, empobrecidos por la abundancia de planes sociales y punteros políticos. En ese escenario, la organización de estas mujeres divide al barrio. “Dicen que nosotras hemos desvalorizado la vivienda, que los jóvenes no consiguen trabajo por las denuncias que hacemos”, cuenta Corina Barboza, otra integrante del Grupo de Madres. “Esto tiene mucho que ver con los intereses políticos y económicos que se juegan. A la provincia no le conviene que se sepa lo que pasa acá. En una oportunidad vino el ministro de Salud y dijo ‘este barrio es como todos, no pasa nada’. Y sí pasa. Casi toda Córdoba fue arrasada para plantar soja. Las fumigaciones son la lluvia cotidiana, pero recién a partir de nuestras denuncias, la gente de otros lugares se comenzó a organizar y a denunciar el uso de plaguicidas y sus efectos”, explica. Completa la idea la docente Vita Ayllón, quien también pertenece el grupo. “Si vas de alpargatas a decir una verdad no te creen, pero si vas a decir una gran mentira de saco y corbata, si”.
 
Poniendo límites
La persistencia del Grupo de Madres de Ituzaingó obligó a que el gobierno provincial realizace análisis para determinar si en la sangre de un grupo de 30 niños había agroquímicos. Sofía opina que los resultados no son muy alentadores: “La totalidad de las muestras tiene pesticidas, y de los 30, hay 23 con niveles más altos de lo permitido”.
Sin embargo, cosecharon algunas buenas noticias. A principios de este año, a la luz de las acciones del Grupo de Madres, se conoció un fallo de la justicia cordobesa que estableció la figura penal de “contaminación dolosa del medio ambiente de manera peligrosa para la salud”. Esto impide la utilización de agrotóxicos a menos de 500 metros de zonas urbanas. En el caso de las fumigaciones aéreas, la distancia mínima deberá ser de 1.500 metros.
La decisión judicial mereció la primera plana del diario Página/12 del día 12 de enero de 2009, por lo que la presidenta Cristina Fernández pidió a la ministra de Salud, Graciela Ocaña “que se estudie si se están realizando trabajos con veneno en campos cerca de poblaciones”. Un abc de la política nacional es formar una comisión. Y si: eso se ha hecho. Para las Madres de Ituzaingó este pronunciamiento de la Jefa de Estado es, en cierto modo, un reconocimiento a la lucha que llevan adelante. Y un compromiso que anotaron en el cuaderno.
Marcela Ferreira, otra integrante del grupo, reflexiona: “En el fondo existe el miedo a admitir que este problema es muy grave. A veces es mejor no saber, eso se entiende. Pero el paso del tiempo sin hacer nada tampoco ayuda. Aprendí durante estos años que se tiene el derecho a vivir en un lugar sano. Uno tiene que salir a pelear por esto y no sólo por uno, sino por todos. Hemos seguido a pesar de los obstáculos y aquí estamos”.