Gastón Chillier, director del Cels. Considera que las políticas de mano dura son una estafa y un fracaso, que agravan los negocios policiales y el terrorismo de barrio. ¿Hay opciones? El caso Bariloche.


“La estafa del manodurismo está agotada. Las políticas de demagogia punitiva y ‘meta bala’ han sido un fracaso del que los gobiernos provinciales y el nacional tienen que hacerse cargo” dice Gastón Chillier, 40 años, abogado y director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (cels) desde 2006.
Para llegar a ver a Gastón, se pasa por un pasillo adornado por parte de la tragedia y de la historia: fotos en blanco y negro de Emilio Mignone y Augusto Conte, padres de desaparecidos y dos de los fundadores del cels. Chillier relaciona pasado y presente: “El componente nuevo en derechos humanos es que las políticas de seguridad y las policías apuntan claramente a un sector social: los pobres, jóvenes, excluidos, inmigrantes. Las violaciones durante la dictadura eran más ‘democráticas’ si vale la paradoja: apuntaron a la clase trabajadora, pero también hubo sectores de clase media que las sufrieron. Hoy las víctimas sistemáticas de las violaciones a los derechos humanos son los sectores populares”.
El revés de la realidad: “Los pobres son los que más sufren la inseguridad ciudadana, porque los sectores ricos o medios viven en zonas más custodiadas, o contratan ejércitos privados. La demanda de seguridad termina endureciendo las políticas de ´manodurismo´, demagogia punitiva o cualquier otro nombre que se le quiera dar, que suman un nuevo problema: delitos cometidos o amparados por una policía descontrolada. No se trata de gatillo fácil. Son gravísimas violaciones a los derechos humanos”. Por si hacía falta algún ejemplo flamante de todo este esquema, ocurrieron los crímenes de Bariloche.
Chillier viajó a Bariloche tras la serie de crímenes de junio, la pueblada repudiando esas muertes, y las contramarchas en favor de la policía: “Me impactaron la brutalidad de la acción policial y la cuestión social. Son dos países: el Bariloche turístico y el de los barrios altos. Cuando bajaban a celebrar los triunfos del Mundial (en la etapa pre-germana) la policía los echaba para que no se los viera”. Otro mito que se agota: el del país no racista. Nelson Mandela no se hubiera sorprendido. “La xenofobia y el racismo se perciben incluso en gente que tiene el corazón en el lugar correcto. Y en la policía, el racismo agrega un componente perverso, porque la composición social de los policías no es distinta de la de aquellos a los que matan. Pero nosotros consideramos que las policías están en un segundo nivel de responsabilidad. Pueden tener la responsabilidad penal (ser los que cometen el crimen, los que aprietan el gatillo), pero el primer nivel de responsabilidad es el político”.
¿Y en ese nivel político qué sucede?
El gobernador (Miguel Saiz, radical) apareció dos semanas después de los crímenes, recibió con absoluto desdén a los familiares: los maltrató. Saiz fumaba un cigarrillo sin mirarlos y les mostró las manos diciendo “no tengo las manos manchadas de sangre, miren”. Dijo que nadie iba a renunciar hasta que no haya responsabilidades penales, confundiendo lo penal con lo político. Y puso como secretario de Seguridad y Justicia al ex jefe de Policía, Víctor Cufré, cuestionado por hechos de corrupción y denuncias sobre trata de personas.
 
La desaparición y muerte de Otoño Uriarte en un caso de investigación sobre proxenetismo, el crimen del joven Atahualpa Martínez Vinaya, los “triples crímenes” rionegrinos son apenas algunos de los casos en los que la ausencia de voluntad política impide todo avance, y habilita toda sospecha sobre el aparato policial. Todo esto, recuerda Chillier, en un país donde el asesinato del maestro Carlos Fuentealba selló la historia de Jorge Sobisch en Neuquén; los crímenes de Kosteki y Santillán la de Duhalde y los asesinatos del 19 y 20 la de De la Rúa, por poner nombres emblemáticos.
 
 
La guerra del siglo XXI
Otra violencia: “Me pareció muy virulenta además la ausencia de la política nacional, que no se pronunció ante estas muertes, mientras la marcha por más seguridad fue fogoneada por la propia policía, con el jefe de la Regional que iba con un megáfono arengando desde atrás a la gente”.
¿Cómo entiende ese silencio del gobierno nacional? ¿Hay doble discurso para los derechos humanos pasados y los presentes?
Uno percibe que Argentina está en un lugar de cierto privilegio en algo nada menor, como juzgar delitos de lesa humanidad y el terrorismo de Estado. Hay 70 condenados, más de 300 causas. Pero eso convive con hechos como el de Bariloche, con las desapariciones de Luciano Arruga, de Iván Torres, sumadas a miles de crímenes en estos años que simbolizan una enorme deuda de la democracia: la seguridad no ha sido parte de la agenda política. Si antes la Doctrina de Seguridad Nacional planteaba que el enemigo era el comunista, ahora se reemplaza al comunista por el pobre, el joven, el excluido. Otro enemigo, pero no cambió ese paradigma de guerra. No han incorporado principios democráticos. Lo de Bariloche no es excepcional. El caso de Luciano Arruga, con la trama siniestra en la cual los niños son usados para robar para la policía. O el de Iván Torres, en Chubut, con amenazas y muertes de testigos, y que ya llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Más allá de avances en otros planos, como la Ley de Inmigración, el gobierno nacional hace mal en desentenderse de estas otras cuestiones que son violaciones graves a los derechos humanos, en las que el Estado puede terminar condenado por la comunidad internacional.
El argumento de Chillier implica que hablar de gatillo fácil sería como pensar que en la dictadura hubo “picana fácil”: “Es cierto. Gatillo fácil lleva a la idea de algo aislado o de policías zarpados. Aquí claramente la responsabilidad es política y no tiene que quedar en la impunidad. Tampoco se trata sólo de crear leyes y normas nuevas. No somos fetichistas. Las leyes son importantes, pero lo que tiene que cambiar son las prácticas”.
 
¿Pero este cambio se puede hacer hoy en estas policías?
Con esta Bonaerense o esta Federal, con la que creó Macri o con esta policía rionegrina, no. Espero que los gobiernos y políticos entiendan que este sistema no les sirve. La ecuación no cierra porque afecta la gobernabilidad democrática. No sé si están convencidos. Me bastaría con que entiendan que hasta como cálculo de costo-beneficio, no les conviene mantener este sistema de policías descontroladas.