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La batalla invisible

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Argentina originaria, el libro de Darío Aranda. Una investigación que recorre los principales temas y zonas de conflicto y traza las violentas continuidades del modelo económico extractivo. De norte a sur, cómo es el mapa actual de saqueos, pero también de resistencias.

La batalla invisibleEn Argentina no hubo un genocidio. Hubo dos. Se suele hablar de la dictadura, de los desaparecidos, de justicia. Pero existió un genocidio en el sentido original y más indiscutible del término, que sin embargo está desaparecido incluso del lenguaje progresista: el de los pueblos originarios. Hubo: campos de concentración, desaparecidos, torturas, robo de niños, asesinatos masivos. Además hubo saqueo liso y llano, esclavización, humillación.
Otra noticia: en muchos sentidos, este genocidio continúa cometiéndose, cosa de la que nadie va a enterarse leyendo los diarios pero sí Argentina Originaria, genocidios, saqueos y resistencias, un libro flamante de Darío Aranda, que arranca su recorrido con la siguiente escena: el cacique tehuelche Modesto Incayal, capturado junto a su familia, no fue a una cárcel ni a uno de los campos de concentración: lo exhibían en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Para mayor humillación, semidesnudo. Murió en 1888. Y muerto, también fue objeto de exhibición. “Como en el zoológico” dice Darío Aranda, pensando en aquel cacique tan distinto al de las historietas.
Darío lleva más de una década de sus 33 años de vida investigando estos temas: “En Argentina no se reconoce que la nación como tal fue fundada a partir de un genocidio. Creo que sobre todo es por una cuestión de clase. Hay una discriminación que persiste e ignora ese hecho sangriento”.
Del mismo modo se excluyen las resistencias que relata el libro, que han permitido que los pueblos indígenas sigan simbolizando temas, debates y estilos de vida que cada vez cobran más actualidad y que llegan hasta la recuperación de tierras y el cuestionamiento lúcido, y de hecho, a los actuales modos de producción.
Control remoto
En párrafo de Argentina Originaria:
 
“Contaban con un dios mucho antes de que la Iglesia Católica pisara lo que hoy es Argentina. Tenían formas de gobierno antes de que se instaurase el Virreinato del Río de la Plata. Y se regían por leyes propias mucho antes de que el país tuviera su primera Constitución Nacional.
Padecieron campos de concentración antes que el pueblo judío.
Conocieron de torturas y secuestros de bebés antes de la dictadura argentina de 1976.
Y defienden el territorio y los bienes naturales desde mucho antes de que se hablase de ecología”.
Sin embargo, los pueblos originarios argentinos son los desaparecidos de la Historia, y hasta de los billetes, donde se reivindica a Julio Argentino Roca -100 pesos- y la denominada “Campaña del Desierto” que implementó buena parte de las matanzas aquí narradas. Darío Aranda: “Me interesó el tema desde que estudiaba, y pude empezar a hacer colaboraciones en Página/12, primero con una mirada romántica o notas ‘color’ más anecdóticas y folklóricas”.
Una de las primeras cosas que descubrió Aranda no se refiere a los indígenas, sino a los periodistas. “Para mí hubo un momento importante, cuando pude ir a El Impenetrable. Fue un clic, porque lo que te marca es ir al lugar, conocer a las comunidades, hablar. Pero el libro me ayudó a pensar en el periodismo. Los medios grandes o comerciales no abordan el tema por desconocimiento y también por ignorancia. Es común oír decir que en Argentina no hay indígenas. El periodismo es un reflejo de esa ignorancia. Y hay además una cuestión de clase. Los periodistas son de clase media, urbana, y con la flexibilización laboral tienen varios trabajos. Por comodidad o conveniencia terminan convertidos en periodistas de escritorio. Ir al Chaco con 45 grados es más complicado que quedarse en la redacción con aire acondicionado. No digo que todos sean así. Pero hay mucho periodismo de agencias de noticias y de diarios que se cubre mirando televisión.
 
¿Televisión?
Claro, miran los noticieros, y después escriben las notas. O hablan por teléfono.
En política o economía, no siempre hablan con los protagonistas, sino con sus voceros y operadores.
Sí, ocurre hasta en el tema indígena. Cuando hay alguna actividad de pueblos originarios en Buenos Aires, para hacer una nota, los periodistas siempre prefieren hacer contacto con el abogado, con el antropólogo o con el técnico de la oenegé, si es que hay una. Hablan con los que son pares. No con los indígenas. Es un periodismo a distancia, sin conocimiento, sin vínculo.
Tal vez se trate de un nuevo oficio: periodismo de control remoto.
El enigma Cristina
Hay algo que Darío aclara con énfasis: “No me considero un especialista ni un experto, no me gustan esos motes. Algo conozco, viajé mucho, y aun así hace apenas cinco años que me enteré de los campos de concentración que se cuenta en el libro”. Uno de los casos relatados es el de la isla Martín García.
Tampoco le gusta la cuestión por la que se habla en nombre de los otros: “Es lo último que haría. Hay una palabra, ‘ellos’, que no nos sale con ese tono de distancia cuando hablamos de organizaciones urbanas. Sí con los indígenas. Quisiera borrar ese ‘ellos’, que refleja una contaminación del lenguaje que detesto”.
Sin reparación
Argentina Originaria bombardea datos e historias asombrosas, y propone tres ejes principales:

  • El genocidio como pasado y presente.
  • Las industrias extractivas.
  • Las resistencias.

“Creo que la omisión sobre el genocidio indígena también se corresponde con una cuestión de clase, que incluye a intelectuales de izquierda y de izquierda peronista o kirchnerista, que relativizan lo que ocurrió. Pasó para mí con un artículo que discute los reclamos de plurinacionalidad de los indígenas. Creo que el fondo del problema es que las comunidades indígenas debaten cosas que ponen en aprietos al progresismo, como el tema de los recursos naturales, a quién pertenecen, cómo se debieran cuidar, y cuál es el modelo de desarrollo”.
Darío plantea una comparación con la actitud hacia los 70: “Los familiares de desaparecidos tuvieron una indemnización del Estado, que algunos aceptaron y otros no, fue un debate para las familias. Pero nunca se esbozó una posibilidad siquiera similar para el tema indígena. Una reparación histórica, sea económica, o de sus territorios”.
El Bicentenario reflotó estos temas y hubo una gran marcha de diez días de comunidades indígenas, que se encontraron con la Presidenta. “Se le plantearon distintos temas. En un momento ella explicó que si hay una explotación petrolera en alguna comunidad indígena, se van a tomar todos los recaudos para que el desalojo sea lo menos traumático posible. Hablé luego con varios referentes indígenas que me dijeron: ‘No entendió nada’. Lo que esperaban era que ella dijera que nunca una comunidad iba a ser trasladada por una industria extractiva. Un indígena me preguntaba: ‘¿Ella no entendió, o nos transmitió una decisión tomada?’. Yo no tengo respuestas a esa pregunta. Las respuestas deberían darlas las comunidades”.
Pasado presente
El libro implica un viaje permanente por el territorio y por el tiempo. Cuenta sobre la Conquista del Desierto, pero también sobre la menos conocida conquista del desierto verde. Explica Darío: “En la Patagonia la Conquista mató o esclavizó a la gran mayoría de los indígenas, porque no se los necesitaba ahí. Eran grandes campos que no requerían mano de obra. En la campaña de las provincias del norte hubo muertos y asesinatos, pero se necesitaba mano de obra esclava para los ingenios y algodonales. En muchos casos los reclutaron en el Ejército, y las mujeres y niños fueron destinados a ser sirvientes. Y al quitarles las tierras se les quitó su sustento, su forma de vida, y se los obligó a introducirse en el mercado capitalista”.
¿Y actualmente?
Hoy se intenta lo mismo. Expulsarlos de las tierras para dedicarlas a los modelos extractivos, y convertir a los indígenas en mano de obra barata.
¿Y el Estado?
Es el que establece estas políticas. Un compañero, Hernán Scandizzo, me hizo notar lo siguiente: en ciertas épocas de la historia el “tema indígena”, como se lo suele llamar despectivamente, lo manejaba el Ministerio de Guerra: esos pueblos eran el enemigo. Hoy lo administra Desarrollo Social, porque es una cuestión asistencial. No ocurre como en otros países donde hay una Secretaría o un Ministerio de Asuntos Indígenas. Hay una decisión de que se los trate así.
Como una minoría en problemas.
Como una minoría que no puede resolver sus problemas sin asistencialismo, que no tiene su propia forma de desarrollo. Se trata a los indígenas como a una clase inferior, o sea las antípodas de lo que plantea el libro y he vivenciado en las comunidades. Cualquiera que vaya a las comunidades se va a dar cuenta de que hay mucha lucha, mucha dignidad, mucho deseo.
 
Por eso el libro denuncia los crímenes, pero a la vez respira un tono de respeto y confianza en lo que las personas de las comunidades indígenas son capaces de hacer. Darío explica algo institucional: “La política indígena de Argentina hoy está instalada en un entrepiso de la Secretaría de Ambiente, donde funciona el INAI, Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Hay técnicos con planteos que pueden resultar muy interesantes, pero están en ese entrepiso oscuro, hacinado, lleno de expedientes. Para mí, es toda una imagen de cómo el Estado encara la situación”.
Muertos de hambre
Un caso emblemático del tratamiento que se le da a los pueblos originarios ocurrió cuando murieron diez tobas en el Chaco por desnutrición, en 2007. “Los medios trataban el tema en forma amarilla, fotos patéticas, se impulsaron campañas de ayuda. Hubo donaciones. Caridad. Pero nadie se preguntaba por las causas de esas muertes”. La Defensoría del Pueblo demandó al gobierno chaqueño por el “exterminio de comunidades tobas, y la vulneración permanente y sistemática de sus derechos humanos básicos”, y la Corte Suprema tuvo que intervenir ordenando a Provincia y Nación que atendieran esa situación de urgencia.
En 2010 los tobas denunciaron ante el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, que no se ha solucionado el problema del agua, la distribución de bolsones de alimentos es ineficiente, y la mortalidad infantil continúa idéntica. Asistencialismo y prensa amarilla, puede verse, no aportaron al fondo del problema. “Lo que denuncian los pueblos Qom, Wichi y Mocoví es que la situación social y sanitaria se vincula con la falta de tierra y los desmontes”.
Otras palabras
Argentina Originaria explica que los intelectuales llaman “bienes comunes” y los economistas “recursos no renovables”, a lo que los pueblos ancestrales definen como “nuestra vida”. La diferencia no es semántica, sino ética. Por eso el libro se suma a quienes denuncian el exterminio indígena como un delito de lesa humanidad que se sigue cometiendo en el presente. Explica Darío: “Uno habla de las muertes concretas, como lo que ocurrió con Javier Chocobar en Tucumán, por ejemplo, cacique diaguita asesinado por defender su territorio. Lo mataron hace un año, nada menos que el 12 de octubre”. En el libro están identificados los responsables, un empresario y policías relacionados con las patotas del Malevo Ferreyra. Todos libres.
El modelo y el inodoro
Todo el trabajo está atravesado por la cuestión de los modelos de producción, que empujaron antes y ahora a quitarles las tierras a los indígenas (y a la sociedad). Dato al pasar: el 95 % del bosque nativo de Córdoba ya ha desaparecido merced al desmonte de lo que se llama “modelo de desarrollo”. Explica Aranda: “Hubo distintos modelos extractivos. En la Patagonia se implementó ocupando grandes extensiones de territorio. Se expulsó a los indígenas para criar ovejas, por el tema de la lana. Hay algo que estoy reflexionando: una industria que no sé si llamar extractiva, pero que choca muchas veces con los pueblos indígenas es el turismo que avanza sobre territorios. En el sur Villa La Angostura es una referencia, o la zona de Iguazú. Eso les cambia la forma de vida. Si vivís en 5.000 hectáreas y pasás a tener 50, puede entenderse de lo que se está hablando”.
Un caso obvio es la minería: “En Jujuy, en Neuquén, entre otras provincias. Pero además hay legislación internacional a la que adhirió Argentina, que protege a las comunidades indígenas, y no se cumple. El tema está reconocido en la Constitución Nacional, en las constituciones provinciales: cuando se va a hacer algo con el territorio que puede implicar cambios en la forma de vida de las comunidades, éstas deben ser consultadas y deben dar su aprobación para cualquier proyecto. Pero la realidad es que hoy llegan las empresas mineras o petroleras, y avanzan sin importar las consecuencias”.
Otro caso es Chubut. “El pueblo de Esquel se movilizó, ganó el plebiscito, se prohibió la minería, pero el gobierno busca entonces abrir a las explotaciones la zona de la Meseta, poblada por pequeños campesinos y pueblos indígenas. El gobierno la llama Zona de Sacrificio. La propia asamblea de Esquel denuncia la discriminación. Quieren convertir la zona más pobre en un inodoro minero. Ahí se ve la diferencia entre sectores que tienen la capacidad de gritar, movilizarse, actuar ante el Poder Judicial, y sectores pobres que no tienen esa visibilidad”.
Lo que viene
Con sus reclamos, los pueblos originarios están planteando, entre otras rarezas, que se cumplan las actuales leyes. “De aplicarse la legislación actual, los pueblos indígenas son la llave jurídica para frenar el avance de industrias extractivas (petróleo, minería, forestales, agrícolas) y obras de infraestructura (represas, grandes caminos) que afectan directamente sus territorios” se lee en Argentina Originaria. Por eso su autor agrega: “Ése es el enfrentamiento, que además tiende a crecer”.
 
¿Por qué?
Porque las industrias extractivas y la política que las acompaña avanzan no sólo en Argentina sino en toda Latinoamérica, y van a aumentar las luchas indígenas, campesinas, rurales, las de las asambleas socio ambientales. Mientras la lucha urbana parece haber retrocedido a partir de la primavera económica, con organizaciones cooptadas por el Estado en unos casos, o debilitadas en otros, con los conflictos rurales y ambientales sucede lo contrario.
¿A qué lo atribuís?
Me parece que mientras en los sectores urbanos se lucha por lo económico, por parar la olla, en el caso de los indígenas y también los campesinos, fundamentalmente, por lo que se lucha es por mantener una forma de vida. Pueden tener mejoras económicas, pero si peligra su forma de vida, que es su territorio, se movilizan. Los indígenas y campesinos son la prueba viva de lo que ha significado el avance de las industrias extractivas, el neoliberalismo, de lo que implicó en su historia y en lo que llaman los “modelos de muerte”. Ellos son los que van a poner el cuerpo, y van a la acción directa. Lo tienen más claro que los periodistas, los políticos y los académicos. Por eso va a haber más luchas para que eso no suceda, y por eso se ve que hay tanta organización.
Monocultivo & renta
Pese a sus años de trabajo y colaboraciones Aranda es de los que no ha logrado –al igual que tantos colegas– vivir del periodismo asalariado. ¿Será que las concentraciones mediáticas que provocan estas subocupaciones, son reflejo de las concentraciones territoriales? Según Argentina Originaria, “el 10 por ciento de las denominadas ‘explotaciones agropecuarias’ más grandes concentran el 78 por ciento de las tierras, mientras que el 60 por ciento de las fincas más pequeñas se reparte apenas el 5 por ciento de la superficie cultivable del país”.
Darío considera que frente a ese modelo de concentración, la atomización de las comunidades indígenas es una debilidad, pero también una fortaleza. “Ningún gobierno, ni nacional ni provincial, puede dominarlos. Por ahí se acuerda con una organización de segundo o tercer grado del pueblo mapuche, pero al mismo tiempo pueden aparecer comunidades que no están en esa organización y hacen explotar conflictos, luchan, resisten. Es una ventaja. Hagan lo que hagan otros, ellos están diciendo: nosotros estamos acá, no vamos a dejar que pasen por arriba nuestro”.
Debate sobre el atraso
La defensa del modelo sostiene que los recursos naturales deben utilizarse para permitir el progreso, contra el atraso. Aranda se rasca la barba: “Si encontraran petróleo en la Recoleta, ¿permitirían que se explote? En cambio en Formosa le inundaron el cementerio a una comunidad. Hay una falsa disyuntiva que plantean las propias comunidades. La soja era el progreso, el avance, insumos, maquinarias, transgénicos, dólares de las multinacionales. ¿Qué pasó en estos 14 años? Más de 300.000 familias campesinas fueron desterradas de sus lugares, engrosando las villas miseria de las grandes ciudades. Llegó el desmonte masivo, los efectos de los agrotóxicos en la salud humana. Se perdió la soberanía alimentaria en un país que antes producía para sus habitantes, y ahora produce forraje para animales chinos y europeos. ¿Eso es el progreso? Para mí la soja demuestra que progreso-atraso es una falsa disyuntiva”.
Darío explora una noción de autonomía y de democracia: “Estamos en una etapa en la que el progreso no lo tiene que decidir un iluminado desde arriba, y mucho menos una transnacional. El desarrollo de cada región lo tienen que decidir las propias comunidades: campesinas, indígenas y también las urbanas, como ocurrió en Esquel y el rechazo a la minería. ¿Por qué no hacemos lo mismo con todas las comunidades?”. La respuesta es inquietante: se haría lo que quieren las comunidades, y no lo que negocian políticos y empresas. “Pero eso sería lograr una autonomía, una democracia con mayúsculas, con la gente decidiendo, y no obedeciendo a funcionarios de escritorio, o a empresarios de Toronto”.
En el planteo de Aranda hay algo novedoso: más que identidad, postula que hay formas de vida que buscan defenderse. “Cosechar, criar animales, no vender tu fuerza de trabajo, disfrutar una cultura distinta a la de las ciudades. Lo que se les quiere ofrecer es que dejen de ser eso y pasen a ser parte de la manada que somos todos nosotros. Se quiere romper esa particularidad y que abandonen los territorios”.
¿Quiénes molestan?
Entre las luchas actuales, Darío cree que hay que hablar de reforma agraria, que no representa para las actuales comunidades una expropiación convocando a desalambrar, al estilo de los 70: “Hoy se habla de revisar los títulos de propiedad, como el caso de Benetton o tantos otros grandes terratenientes, para estudiar su legitimidad. Es enorme la cantidad de lugares sospechados de haber sido robados o mal comprados. Y en los casos en que se pueda repartir tierras, generar las condiciones para que sean aptas y suficientes para la producción y el consumo local, y para abastecer mercados cercanos. Esto podría lograr algo que plantea el Movimiento Nacional Campesino Indígena: la vuelta al campo de mucha familias, en la medida en que encuentren una posibilidad de vida y de producción dignas”.
¿Cómo funcionaría una idea como ésa, un cambio en los flujos migratorios y culturales, ante el actual modelo productivo? Sostiene Aranda: “Choca con el modelo de desarrollo que tiene el país, que es de extracción de recursos naturales, de bienes comunes. ¿Y qué es lo que molesta? Las poblaciones. Al mercado le molestan las poblaciones que resisten”. Entre la gente potencialmente molesta, las organizaciones indígenas estiman que hay 1.500.000 aborígenes en Argentina, que se autorreconocen como tales. Representan un 3,9 por ciento de la población, proporción mayor que la de Colombia, Venezuela, Paraguay y Brasil.
Un indicio sobre lo que logran las poblaciones molestas: el libro cuenta que en los últimos años el pueblo mapuche recuperó 233.000 hectáreas, once veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. “Volvió a sus tierras con el respaldo de tratados internacionales de rango superior al de las leyes locales, que imponen una concepción diferente de la tierra, e interpelan el concepto de propiedad individual en busca de rentabilidad, para suplantarlo por el de espacio colectivo”.

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El teatro sale a la calle por la derogación del decreto 345

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A 44 años del atentado al Teatro Picadero en plena dictadura, distintas salas, artistas, productores y gestores organizan un encuentro para conectar pasado y presente. De Teatro Abierto al Festival ENTRÁ, la organización contra el desmantelamiento del sector, representado en el decreto 345, para defender la cultura, la identidad y crear lo que viene.

Por María del Carmen Varela

El 6 de agosto de 1981, a pocos días de haberse iniciado el ciclo Teatro Abierto, el Teatro Picadero sufrió un atentado que lo dejó en ruinas. Por eso, 44 años después, bajo otro ataque sistemático a la cultura, la comunidad teatral sale a la calle para recordar y exigir.

La propuesta reza:

El Teatro está Abierto: ENTRÁ.

La historia no se repite igual, pero rima.

El miércoles próximo, de 17.30 a 19.30, en la puerta del Teatro Picadero, Pasaje Santos Discépolo 1857, CABA, trabajadorxs de las artes escénicas se reunirán para celebrar que el teatro sigue abierto y para defender al Instituto Nacional del Teatro que por el decreto 345 está siendo desmantelado.

La gacetilla anuncia la participación de Lorena Vega, Valeria Lois, Elisa Carricajo, Laura Paredes, Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y Mariano Sayavedra leyendo framentos de “Decir sí” de Griselda Gambaro, “El Acompañamiento” de Carlos Gorostiza, “Parlamento” del grupo Piel de lava y “Civilización” de Mariano Saba. Un diálogo entre obras que fueron parte de aquel ciclo y obras contemporáneas que hablan de nuestro presente. También habrá un cierre musical a cargo de Talleres Batuka.

Sigue la gacetilla: «Les invitamos a este evento que es, a su vez, un acto de conmemoración y un encuentro de resistencia. Como Teatro Abierto en los 80, hoy desde ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) seguimos encontrándonos para defender nuestra identidad cultural, nuestro teatro».

El texto poético que acompaña el mitín:

Ayer fue dictadura, hoy es democracia simulada

Ayer fue incendio, hoy es apagón

Ayer fue teatro como refugio, hoy es como grito

Ayer fue unión de artistas, hoy es red federal viva

Ayer y hoy: el teatro vuelve a responder como acto político y vital

En defensa de la cultura, exigimos la derogación del decreto 345.

Entrá porque es urgente

Entrá porque es ahora.

El emblemático ciclo Teatro Abierto arrancó el 28 de julio de 1981 en en el Teatro Picadero. Su organización fue un acto de resistencia en un contexto de dictadura que censuraba a dramaturgxs, directorxs teatrales, actores y actrices de la escena nacional. Un grupo de dramaturgxs comenzó a reunirse en la sede de Argentores para poner al teatro en acción: Así nació Teatro Abierto. Con una programación de 21 obras breves, se proyectó la realización de 3 funciones por día durante 3 meses. Con dramaturgxs como Carlos Gorostiza, Carlos Somigliana, Roberto Cossa, Pacho O´Donell, Griselda Gambaro y Aída Bortnik, entre otrxs, el ciclo se convirtió en un verdadero fenómeno artístico apenas iniciado. El público respondió a la convocatoria y se agotó la venta de abonos casi de inmediato. Una semana después, el 6 de agosto, se produjo el atentado que destruyó al Picadero. Al día siguiente se produjo una concurrida asamblea en el Teatro Lasalle y decidieron continuar. Varias salas teatrales ofrecieron sus instalaciones y finalmente el Tabarís, clásico espacio de la revista porteña, fue el elegido para reanudar el ciclo. Una semana más tarde, volvió Teatro Abierto con un apoyo multitudinario por parte del público que llenó la sala hasta la última función.

Contacto: +54 9 11 6914-3033 (Ana)

[email protected]

Instagram: @festivalentra

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Villa Lugano: una movilización en contra del “Máster Plan”

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Vecinas y vecinos del barrio del sur porteño resisten ante una obra que está haciendo el gobierno de la Ciudad a espaldas de la comunidad: tala de centenares de árboles añosos, el cierre de varios ingresos y egresos de la autopista Dellepiane y la colocación de un nuevo peaje (a 4 km de otro ya existente) para ampliar la recaudación. El silencio del gobierno local y el ruido de sus topadoras arrasando el espacio verde y público. La voz de la organización popular que no calla y sale a la calle, otra vez –este viernes y en una caravana de autos– para visibilizar lo que pasa en una de las zonas más postergadas de CABA: a las 18 horas desde Dellepiane Sur y Montiel hasta Dellepiane Norte y Piedra Buena.

Por Francisco Pandolfi

Desde noviembre del año pasado la comunidad de Villa Lugano resiste a una obra que ya está haciendo el Gobierno de la Ciudad sin licencia social ni escuchar a la vecindad: el Máster Plan Autopista Dellepiane, con un costo de más de 7.000 millones de pesos, tala de centenares de árboles, cierre de 14 ingresos y egresos a la autopista y otro peaje (a cuatro kilómetros del de avenida Lacarra). 

La organización popular no cesó desde el momento en que se enteraron de la iniciativa. Asambleas, audiencias públicas, semaforazos, volanteadas en los distintos sub barrios que forman parte de este barrio porteño bien al sur porteño. Y guardias, para evitar el talado de árboles en lo que las y los vecinos denuncian como “un ecocidio”, que está sucediendo desde marzo.

La comunidad hizo un relevamiento casa por casa con los frentistas a la autopista Dellepiane: más del 70% no tenía idea de la existencia del Máster Plan. Presentaron por escrito pedidos de información pública a AUSA (Autopistas), APRA (Agencia de Protección Ambiental), Ministerio de Infraestructura y a la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño, sin respuestas.

Sin embargo, la obra empezó aún incumpliendo la promesa de que antes habrían mesas de trabajo en conjunto. Este viernes, la comunidad decidió volver a manifestarse, en una caravana de autos para seguir visibilizando la problemática. Desde lavaca hablamos con el colectivo de vecinos apartidario No dividan Lugano que está al frente de denunciar la obra. 

Sobre lo negativo y lo positivo de la obra, dirán: “El Master plan Autopista Parque Dellepiane fue presentado como una mejora para el sur de la ciudad, pero en la práctica profundiza las desigualdades urbanas, degrada el ambiente y fragmenta el territorio. Lo negativo es abrumador”, y enumeran: 

• Implica la tala de más de 500 árboles añosos, sin plan de reforestación efectivo.

• Aumenta la huella de carbono y destruye espacios verdes sin compensación.

• Instala un Metrobus central inaccesible, que obliga a cruzar pasarelas extensas sin rampas adecuadas ni soluciones reales para personas mayores o con movilidad reducida.

• Divide al barrio aún más, eliminando accesos, aislando sectores y obstaculizando la vida cotidiana.

• No contempla una red multimodal de transporte, ni bicisendas, ni centros de transferencia.

• Instaura peajes en tramos que eran gratuitos, generando un nuevo costo para vecinos que hacen trayectos cortos todos los días.

Agregan: “Lo positivo, si lo hay, podría haber sido la oportunidad de pensar el área como un verdadero corredor verde y sustentable. Pero nada de eso fue incorporado, ni escuchado”. Y vuelven a enumerar, en este caso, sobre lo que es fundamental denunciar en esta obra:

• Fue diseñada sin participación ciudadana efectiva, sin diálogo real con la comunidad.

• Incumple múltiples normativas locales y nacionales, desde la Constitución de la Ciudad hasta leyes de accesibilidad, ambiente y derechos ciudadanos.

• Avanza a pesar de un amparo ambiental colectivo presentado por vecinos, vulnerando el Acuerdo de Escazú y los principios de justicia ambiental.

La obra es impulsada por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCBA), a través de su empresa estatal AUSA (Autopistas Urbanas S.A.), con financiamiento internacional de la CAF –Banco de Desarrollo de América Latina. Las veces que lavaca quiso comunicarse con la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño fue imposible. Nadie atiende. En relación a AUSA el prensa de la empresa explicó que la política interna es “no dar entrevistas en ON, que con los medios se manejan así”.

Dicen las y los vecinos: “El proyecto fue aprobado sin estudios de impacto ambiental adecuados, sin matrices de costo-beneficio transparentes y sin haber sido sometido a procesos participativos válidos. Hoy, la obra está en plena ejecución, avanzando a toda velocidad sin haber sido revisada tras la presentación del amparo ni durante las mesas de trabajo convocadas por la Justicia, una vez que ya habían iniciado la obra”.

¿Las mesas de trabajo están sirviendo de algo? ¿Hay escucha del gobierno porteño y de la empresa?

Las mesas de trabajo fueron convocadas por orden judicial. Pero en la práctica, no hay escucha real. El GCBA y AUSA llegan a las mesas con el proyecto cerrado, sin brindar información clave, sin contestar a los pedidos de acceso a la información, ni frenar las obras mientras se debate. Las propuestas alternativas presentadas por los vecinos (como usar colectoras, premetro, u otros modelos de movilidad sustentable) ni siquiera fueron consideradas. Las mesas han sido una formalidad dilatoria mientras la obra avanza sin freno.

¿Qué perjuicios ya están sucediendo y cuáles sucederán?

Tala de árboles, pérdida de sombra, humedad y biodiversidad; rotura de veredas, ruidos permanentes, vibraciones y molestias en la vida diaria; corte de accesos históricos, dejando barrios desconectados. Y si no se frena habrá un aumento de inseguridad vial, con colectivos cruzando carriles rápidos en maniobras riesgosas; aislamiento de sectores enteros del barrio; encarecimiento de la vida cotidiana por peajes, más transporte y pérdida de comercios barriales; mayor contaminación ambiental y sonora; desvalorización de las propiedades y deterioro del entorno.

¿Por qué este viernes 1 de agosto la comunidad hará una caravana?

Porque ya no alcanza con reclamar en silencio ni esperar respuestas que no llegan. Convocamos a una caravana vecinal pacífica para visibilizar el conflicto, frenar el avance destructivo de la obra, y exigir participación real. Será una caravana con autos, banderas argentinas y carteles. Queremos que nos vean y que nos escuchen.

La caravana saldrá a las 18 horas desde Dellepiane Sur y Montiel y finalizará en Dellepiane Norte y Piedra Buena. Participarán familias, organizaciones barriales, ambientalistas, arquitectos, docentes, jubilados, comerciantes. Al finalizar, se realizará una ceremonia simbólica con Flavia Carrión, antropóloga y comunicadora de sabiduría ancestral, en el Día de la Pachamama. “Será un acto de gratitud ambiental, una pausa colectiva para honrar a los árboles y el esfuerzo de toda nuestra gente; para agradecerle a la Tierra por seguir aguantándonos. Un momento para reencontrarnos con lo esencial: la naturaleza, la vida en comunidad y la defensa de lo que amamos”.

Esta misma vecindad organizada se formó el año pasado con el nombre “No dividan Lugano”, cuando evitó que el gobierno porteño hiciera una serie de pasos bajo a nivel, que hubiesen significado un abanico de perjuicios para el barrio. En ese entonces, cuando llegaron las topadoras, mujeres y hombres se atrincheraron para defender árboles de más de 100 años. En esta crónica contamos lo que fue ese proceso comunitario.

Un año después, el barrio de Lugano sigue en pie de resistencia. “Somos una comunidad que se levanta para defender a su barrio. Ya presentamos más de 800 firmas, relevamientos propios y propuestas alternativas. Pero nos siguen ignorando, y la obra sigue destruyendo. Por eso salimos a la calle, otra vez, y así lo seguiremos haciendo cada vez que haga falta”.

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Actualidad

Marcha de jubilados: balas y bolitas

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Siete detenidos y al menos 30 personas heridas, entre jubilados, curas, trabajadores de prensa (lavaca, Cítrica, Infonews, El Destape y C5N, entre ellos), defensores de derechos humanos, y un niño de 4 años que estaba con su familia en la Plaza de los Dos Congresos. Ese es uno de los saldos de otra semana de represión brutal a la protesta de cada miércoles, esta vez coordinada por la Policía de la Ciudad, que disparó postas de goma, balines con gas pimienta, granadas aturdidoras, golpeó con escudos y lanzó un nuevo tipo de gas que producía tos y vómitos. El despliegue también implicó tareas de inteligencia ilegal con efectivos que filmaban y fotografiaban manifestantes, según denunció la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que también relevó «policías armados con postas de plomo que están prohibidos». Los carteles, las reflexiones, y la creatividad: algunos integrantes de la marcha terminaron jugando a las bolitas en la calle con los balines policiales. 

Por Lucas Pedulla y Francisco Pandolfi. Fotos Juan Valeiro/ lavaca.org

Marcha de jubilados: balas y bolitas

El padre Paco Olveira muestra los balines que golpean y expulsan gas pimienta. Terminaron jugando con ellos a la bolita sobre la acera.

Otro miércoles de protesta de jubilados y otro miércoles de represión feroz y absurda enfocada principalmente a jubilados y a la prensa que cubría lo que estaba ocurriendo. Con ataques directos a los ojos y a los cuerpos. A las cámaras y a los celulares que registraban la bestialidad de las fuerzas de seguridad –el fotógrafo de lavaca, Juan Valeiro, entre ellos, con quemaduras de primer grado en el cuello y en la oreja–. No es difícil imaginar lo que hubiese ocurrido si ese ataque le hubiera llegado directamente a los ojos. Esta vez fue la Policía de la Ciudad la encargada de lanzar gases y disparos a mansalva en la intersección de Avenida de Mayo y Luis Sáenz Peña cuando la movilización pretendía ir hacia la Casa Rosada.

Marcha de jubilados: balas y bolitas

El fotógrafo Juan Valeiro de lavaca, uno de los periodistas atacados, como ocurrió con profesionales de Cítrica, Infonews, El Destape y C5N.

Hubo 7 detenidos (Agustín Cano, Leandro Maristains, Alejandro Carrizo, Federico Burgos, Francisco Ramos, Hugo Eischler y Javier Mendoza) y al menos 30 heridos según la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), entre ellos un niño de 4 años que estaba en la Plaza de los Dos Congresos junto a su familia.  

Marcha de jubilados: balas y bolitas

Escenas de otro miércoles de violencia estatal absurda.

Más allá de la violencia ordenada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la concentración de jubilados tuvo un eje concreto de reclamo: el “no al veto” del gobierno nacional a la suba de las jubilaciones y la emergencia en discapacidad. Sin embargo, Javier Milei ya avisó que vetará las leyes aprobadas por el Congreso. Tiene plazo hasta el lunes 4 de agosto, tiempo destinado a ofrecer distintas cuestiones no públicas a diputados que se sumen a apoyar el veto, como ha venido ocurriendo. ¿El argumento del oficialismo contra un ínfimo aumento a jubilados? “Va en contra del equilibrio fiscal”.

Marcha de jubilados: balas y bolitas

Una de las jubiladas víctimas del coraje policial contra ellas, y de un nuevo gas tóxico, un símbolo de esta época.

Con la camiseta de Independiente y máscara del Hombre Araña, un jubilado entendió el mapa económico que traza esa decisión, y lo señaló con un cartel en tono bíblico: en el Génesis se habla de un sueño con vacas gordas y vacas flacas, referencia a los períodos de prosperidad y a los de dificultades. El jubilado escribió una actualización argentina de aquella imagen que ya no tiene forma de sueño sino de pesadilla. 

  • “Vacas gordas, jubilados flacos”.
Marcha de jubilados: balas y bolitas

El Hombre Araña es del Rojo, y releyó el Génesis.

Números y un café

Carlos trabajó cuarenta años en el Correo y no falta ningún miércoles a la marcha de jubilados y jubiladas con su remera ya mítica de Chacarita. Tanto, que casi nadie sabe que se llama Carlos y la gente le dice “Chaca”. Hoy caminó por Rivadavia con dos vendas que le envolvieron sus dos antebrazos. “Como todos los miércoles, venimos a reclamar y te cagan a palos. Acá tenés la prueba”, dijo a lavaca  mostrando sus moretones. “Pero ya lo dije: esta sangre mía Bullrich la va a pagar”.

Héctor acaba de cumplir 75 años: “Decir que la suba de las jubilaciones atenta contra el equilibrio fiscal es una payasada. Milei lo deja claro cuando le baja las retenciones al campo, como dijo el sábado en la Sociedad Rural. Para nosotros nada y para los ricos todo, esa es la política del gobierno. ¿El beneficio para el campo no genera déficit fiscal? Milei es una máquina de mentir”. El hombre cuenta sus propias y reales retenciones: “Ya no salgo más que los miércoles acá. Ya no tengo la vida que tenía antes, no puedo viajar ni tomarme un café”.

Marcha de jubilados: balas y bolitas

Policías en acción, frente a jubilados que reclaman por sus haberes amputados por la motosierra.

De ratificarse el veto a los jubilados, la suba de agosto no será del 7,2% como fija la ley aprobada (el haber mínimo $441.600), sino del 1,62% en base al último índice de inflación de junio de 2025, por lo que la jubilación mínima será de $ 314.243,51.

Abus en la calle 

Alicia tiene 63 años y lleva un pañuelo firmado por siete de sus nietos: “Abus en lucha”, “Aguanten los jubilados”. No entiende la distribución de la riqueza. O sí, pero la ve obscena: “La baja de las retenciones y el veto a los jubilados es una guasada total”. Sus retenciones: “Ya no me puedo dar más un gustito. Vivo el día a día, ya no estoy comprando nada ni semanal ni mensual”.

En la marcha hubo muchos carteles al respecto: 

  • No al veto: nuestra indigencia es tu superávit
  • Ni veto ni represión: fuera el FMI
  • No al veto a las leyes en jubilaciones
  • No al veto: cobarde estafador (y la cara de Milei). 

Ana, 74 años, trajo su propia pancarta: “Baja las retenciones a los ricos, hambrea a los viejos”. Cuenta que su hijo trabaja en el Correo y teme ser despedido, que su nieta encontró trabajo en un Todo Moda pero la echaron a los dos meses. Para ella todo el pueblo debería movilizarse: “No sólo los jubilados y los del Garrahan. Todos”. 

Marcha de jubilados: balas y bolitas

No hay plata para el cine argentino (el Gaumont como símbolo) pero sí para filmar ilegalmente a manifestantes.

Walter (66) y Julio (62) llegaron de Campana, norte de la provincia de Buenos Aires. Sumaron otros dos carteles: “Viejo: no te quedes en tu casa, vení a luchar” y “Ayudame a luchar. El próximo viejo sos vos”. Walter movió la cabeza de un lado para el otro al recordar el discurso de Milei en la Sociedad Rural: “Un tipo desquiciado, frente a toda la oligarquía, los terratenientes, los dueños de la tierra. Él mismo dice: ‘soy cruel’. Nos la está haciendo parir. Nos quitó la medicación, todo un desastre”.

Julio coincidió: “Ahí ves realmente para quién gobierna. Hasta el que tiene séptimo grado, como yo, se da cuenta”. 

Marcha de jubilados: balas y bolitas

Jubilado hablándole a la pared.

Roberto, 62 años, de Trelew (Chubut), lo escucha: “Pero hay que seguir viniendo, compañeros. Son totalmente inescrupulosos. Hoy hablaba con un amigo que me decía que había que respetar el voto popular, pero Hitler también ganó con el voto popular. Si no salimos a la calle, no sé qué más va a pasar”. 

Vallas a donde vayas

El Congreso estuvo totalmente vallado. Vallas sobre Entre Ríos, Riobamba, Yrigoyen, Rivadavia. “Este quilombo lo hizo la Buillrich”, gritó un cincuentón a los automovilistas que se quejaban porque avanzar por las calles lindantes era un imposible.

Luis llevó un cartel: “Menstruación=sueldo de jubilado; viene una vez y se va a los tres días”. Dijo que lo escuchó a Milei cuando anunció en La Rural la baja de las retenciones al agro. “Lo que me dolió fue que la gente aplaudió cuando dijo que iba a vetar nuestro aumento. La gente del campo aplaude a todos los que empiezan con la “m” de mierda: Martínez de Hoz, Menem, Macri y ahora Milei”. 

Marcha de jubilados: balas y bolitas

Mensaje para el tal vez próximo embajador de Trump en Argentina. Un apellido que parece un mandato.

Después de la radio abierta, como cada miércoles, empezó la movilización. Las columnas bajaron a Hipólito Yrigoyen, cuya circulación no estaba cortada y marcharon por la calle. “Luche que se van”, fue otra vez el hit, al que siguió “que se vayan todos”. Uno de los temas, con dedicatoria explícita: “A dónde está, que no se ve, esa famosa CGT”. Nobleza obliga: ni la CGT ni ningún partido político, con la cabeza en las elecciones legislativas y no en la calle.

La violencia y las bolitas

Sobre Yrigoyen, casi Luis Sáenz Peña, se divisaba un camión hidrante que se retiró. La columna dobló al final de la Plaza para ir hacia Avenida de Mayo con la intención de seguir la marcha hacia Plaza de Mayo. Sin embargo, en otro operativo de pésima coordinación –esta vez por la Policía de la Ciudad– la manifestación se mezcló entre autos y colectivos que seguían pasando. 

Marcha de jubilados: balas y bolitas

“¡Por la vereda!”, gritaron algunos jubilados. Pero en ese momento, los efectivos cortaron de cordón a cordón empezando con la respuesta física violenta. El operativo estuvo acompañado, como suele ocurrir, por oficiales con cámaras que filmaron y sacaron fotos (con el objetivo de realizar algún tipo de “inteligencia” y amedrentamiento a quienes ejercen el derecho de reclamar). 

La movilización avanzó pero rápidamente empezaron las detonaciones de escopeta con postas de goma y de granadas. Dispararon balines de armas byrna, redondos y de colores, que impactaban en los cuerpos, provocando lastimaduras y liberación del gas que llevan dentro. También lo hicieron sobre la vereda, donde se supone que no hay “protocolo”. Detuvieron, golpearon y gasearon fundamentalmente a trabajadores y trabajadoras de prensa, como cada semana. El efecto de esos spray, que poseen una sustancia espesa y viscosa: penetra los poros y quema durante horas. El fotógrafo de lavaca, Juan Valeiro, como otros reporteros (Cítrica, Infonews, C5N y El Destape, entre otros), fueron atendidos en la misma plaza y en el Instituto Patria. “Quemadura de primer grado”, diagnosticaron a nuestro compañero.

Marcha de jubilados: balas y bolitas

¿Qué escudan los escudos?

Nadie fue ajeno a esta nueva ofensiva. La policía disparó un gas que generaba tos hasta el punto de provocar arcadas y vómitos. La sensación era extraña, porque no había un sabor ácido ni picante, pero provocaba una tos ronca. El efecto llegaba incluso a las calles aledañas, aparentemente ajenas al la marcha. “El registro del despliegue policial evidencia su brutalidad e irracionalidad”, denunció la CPM, organismo que precisó otro detalle alarmante: “Se relevaron también policías armados con armas con postas de plomo que están prohibidas, y acciones de inteligencia ilegal”. 

Agregó la CPM que el ataque incluyó a defensores de derechos humanos, cuyo hostigamiento tenía como fin evitar el registro de los hechos.

Sin embargo, la gente no se fue.

La gente se quedó. La policía avanzaba, seguía gaseando, y la gente siguió. 

“¡Tienen miedo!”, gritó una jubilada. “¡Tienen miedo!”.

Uno de los primeros detenidos había sido el padre Paco Olveira. Lo golpearon, lo gasearon y lo salvó la gente. Se llevó de recuerdo dos de los balines de la Policía. “Es el último arma que trajo Bullrich”, explica y muestra a lavaca. “Te tiran y salta el gas. No te deja respirar. Y duele, porque nos dieron unos cuantos en los pies. Gracias a Dios hoy no tiraron a los ojos”.

De fondo, la jubilada siguió gritando: “¡Tienen miedo!”.

Otro miércoles de protesta de jubilados se diluía entre detenciones y balines de gas. Entre un cordón con armas largas sobre Rivadavia y un grupo de la motorizada dispuesto a salir sobre Rodríguez Peña. Sin embargo, mientras el padre Paco seguía mostrando los balines, alguien propuso:

–Juguemos a las bolitas.

Todos se rieron, por el absurdo de la situación. 

De nuevo, frente al horror, la creatividad social. 

Y así, frente a policías que seguían filmando ahora una burla, un párroco y una jubilada arrodillados en la calle, jugaron a las bolitas con los balines para cerrar otro miércoles argentino.

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