Edgardo murió hace un año al caer en un pozo del arroyo Susana que, según anuncia la página web del municipio de La Matanza, debería estar entubado.

En la canchita del barrio Arco Iris, en Gregorio de Laferrere, el fútbol continúa despertando alegrías. El escenario pareciera demostrar que todo pasa, y que todo sigue igual. Pero algo queda, y algo ha cambiado. En el potrero lindante al arroyo Susana, en el cruce de las calles Sudamérica y La Bastilla, no juegan todos. Desde el 19 de febrero de 2010, cuando una corriente de agua se lo llevó, cada equipo juega con uno menos.
Edgardo Gelabert tenía 11 años cuando sus ganas de reír lo instaron a jugar, pese a la lluvia que azotaba a La Matanza. Se resbaló y nada lo contuvo. La ausencia de las barandas entre los pilotes, la ausencia de la malla de seguridad, la falta del entubamiento de ese tramo del canal –como tantos a lo largo y a lo ancho de la provincia que permanecen a cielo abierto– lo asesinaron.
Hoy, ahora, la obra sigue igual que como estaba cuando Edgardo tropezó. Sin embargo, la página web del municipio de La Matanza desinforma acerca del desarrollo de los trabajos hidráulicos: “Desagües pluviales del Arroyo Susana –Barrio Central y Barrio Arco Iris. Obra finalizada”.
En 2001 comenzaron las obras en el arroyo Susana con el objetivo de evitar las frecuentes inundaciones y los focos infecciosos que se generaban a causa del agua estancada. Tras una paralización debida a la crisis económica nacional, se retomaron en 2003. Desde finales de ese año, el canal presenta la misma fisonomía, sin barandas ni seguridad ni entubamiento. La causa de la muerte de Edgardo reside en ese “olvido”.
El peloteo
Tras el accidente, el abogado de la familia Gelabert, Christian Blanco, presentó un recurso de amparo en octubre de 2010 contra el municipio de La Matanza, para que se entube la totalidad del arroyo. El Juzgado Penal Juvenil Nº 2 falló a favor del municipio, responsabilizando a la provincia de Buenos Aires, pues tiene la jurisdicción de las aguas según el artículo 28 de la Constitución provincial. No obstante, el letrado le adjudica también al municipio parte de la culpa: “En forma conjunta con la provincia o por separado, el municipio tiene funciones de fiscalización sobre cuestiones que pueden afectar el medio ambiente y, en este caso, a las aguas”.
Tras la apelación del fallo de primera instancia, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Martín ratificó el dictamen del juzgado. A principios de abril se elevó a la Corte Suprema provincial un recurso de queja, pero a pesar de que el Código Procesal establece el límite de cinco días para que la Corte se pronuncie, desde el máximo tribunal aseguraron que el fallo se conocerá recién en tres meses. Además de las acciones legales impulsadas por la familia, existe una causa penal abierta en la Fiscalía Nº 6 de La Matanza. El abogado cuenta de qué se trata: “Está caratulada como lesiones leves, cuando hubo una muerte. Vamos a exigir el cambio de carátula, a homicidio o muerte dudosa”. En los próximos días, la familia iniciará también una causa civil contra el municipio por daños y perjuicios.
La empresa que estuvo encargada de la obra que aún está sin terminar es la firma Vialmani S.A. El ingeniero de la compañía Alejandro Martín ofrece su versión: “La obra comenzó en febrero de 2001 y se paralizó en junio, por la crisis. Continuó en agosto de 2003 y se finalizó lo pautado en diciembre de ese año; la obra está firmada por el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, y estuvo a cargo de la Dirección Provincial de Unidad Ejecutora de Obras del Gran Buenos Aires. El municipio sí que tuvo que ver, fue el controlador de la obra”. El director de la Dirección Provincial era entonces Javier Urbiztondo. El ministro de Infraestructura, Raúl Rivara.
En septiembre de 2010, siete meses después de la muerte de Edgardo, sus vecinos enviaron una carta documento a la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de La Matanza. En la respuesta firmada por el Departamento de Ingeniería Hidráulica, se responsabiliza a la provincia. Dice textualmente: “Se informa que es necesario realizar trabajos de protección como ser colocar barandas en las márgenes del arroyo Susana. La misma es imprescindible para salvaguardar la seguridad de las personas. Se sugiere girar la siguiente petición a la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras Hidráulicas a los fines de proceder a su materialización por ser de su incumbencia”. El paso del tiempo aún mantiene el despojo de responsabilidades. De la Dirección Provincial aseguran: “Siempre desde la Municipalidad te van a decir eso, que no tienen nada que ver, pero para este tramo del arroyo ellos licitaron la obra”.
Tomala vos, dásela a él, que el responsable, mejor sea aquél. Se pasan la vida echándose culpas. Se pasan las vidas…
Edgardo sentía que su lugar en el mundo era el Centro Cultural Entre Amigos, donde había construido su pasión por las artesanías y el ajedrez. Juan Carlos Arévalo, integrante del centro y miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, sintetiza lo que sienten los familiares y vecinos: “Necesitamos saber quién dio el final de la obra, para encontrar el responsable del delito”.
Según los documentos que mantiene en su poder Vialmani S.A., la obra inconclusa la firmó, como finalizada, en diciembre de 2003 la Provincia de Buenos Aires, cuyo gobernador en ese entonces era Felipe Solá. La venia la obtuvo del municipio de La Matanza, comandado en aquel tiempo por Alberto Balestrini, hoy afectado por una lesión cerebral.
Somos nadie
Luego de que las barandas inexistentes no pudieran contenerlo, después de que la malla de metal se convirtiera en invisible, y tampoco pudiera abrazarlo, la escena del crimen permanece intacta. Ni una muerte, en este caso, alteró la desidia de años. Beatriz, la mamá de Caio, escupe su bronca: “A mediados de marzo fui a la Municipalidad y me dijeron que el intendente, Fernando Espinoza, me iba a citar, pero aún no tuve noticias”.
Las agendas de los funcionarios colapsan. Espinoza no tiene una hora para atender a Beatriz, aunque ya pasaron más de mil desde la muerte de su hijo. La misma excusa, de minutos escasos, manifestó el secretario de Obras Públicas de La Matanza, Herminio Bayón, para dialogar acerca del no desarrollo de esta y otras obras en la zona. El delegado de Laferrere en el momento del accidente, Marcelo Roca, nunca se acercó a la familia. La actual delegada de Laferrere, Paula Avelar, aún no se comprometió con la causa. Rodeada de desinterés, prosigue Beatriz: “Nosotros para ellos no somos nada. Lo podrían solucionar tan fácil, pero es que sólo le pasó a un chico. Cuando mueran dos o tres más, ahí quizá le den importancia”.
Antes de la muerte de Edgardo, varios petitorios habían sido firmados por la asamblea vecinal del lugar, denunciando los trabajos incompletos y el peligro latente. Una yegua y un potrillo, caídos al arroyo, presagiaron la fatalidad. Pero las agendas están llenas. Luego de la muerte de Edgardo, el municipio ni siquiera colocó alguna señalización para indicar prevención. Las señales de abandono abundan, las señales de humo, también. Edgardo es un Número, un Nadie, un NN para muchos. En cambio, ante la indiferencia ajena, en el potrero de Arco Iris, cada equipo promete que jugará siempre con uno más.