Formosa. Un viaje de Darío Aranda a la provincia que tiene 40 conflictos por tenencia de tierra y ambientales y que afectan a 565 mil personas y más de 3 millones de hectáreas.

El hombre recita extractos del himno en voz alta, casi a los gritos: “Libertad, libertad, libertad…”. Intercala estrofas: “A la noble igualdad…”. Y remata: “Para nosotros no hay libertad, y mucho menos hay igualdad”. Es el cierre de la asamblea de la Interwichi, espacio de coordinación de ocho comunidades indígenas de Las Lomitas, Formosa, y el discurso que brota de Francisco López, 80 años, dirigente wichi, pastor de la Iglesia anglicana y encargado de desnudar los sarcasmos de la argentinidad.
Las Lomitas está ubicada en el centro de la provincia más pobre del país, sobre la ruta nacional 81, a cuatro horas de la capital provincial. Fundada en 1914, doce mil habitantes, es la bisagra entre el oeste del chaco salteño que dominan los productores ganaderos, y el este del pueblo Guaraní, derramado allí desde Paraguay, Misiones y Corrientes. De ambos lados, sobreviven los pueblos originarios wichi, pilagá, nivaclé y qom.
Apretaditos y arrinconados
menos de diez cuadras del centro de Lomitas, calles de tierra complicadas, la camioneta avanza a paso de hombre y se hamaca por caminos más hostiles que los del rally Dakar. Barrio periurbano, comunidad Lote 47, casas de barro, algunas nuevas de ladrillos y techos de chapa. Un jardín de infantes, una galería amplia y, lindero, un salón: el espacio de reunión.
Una decena de hombres reciben de pie. Saludos de rigor y unas sillas que aparecen y se reparten para dar comienzo a la ronda de presentación. Avelino Rodríguez, camisa celeste a cuadros, pantalón azul, 45 años, gorro de visera: “Algunos dicen que estamos bien, que no nos falta nada. Mire a su alrededor y usted verá. Por eso salimos a reclamar”.
No es casual su primera intervención. Gildo Insfrán (vicegobernador entre 1987 y 1994, gobernador desde 1995 hasta la actualidad: 25 años en el poder), suele resaltar que Formosa fue la primera provincia en sancionar una ley de reconocimiento a las comunidades indígenas y afirma que el 99 por ciento de las comunidades tiene título comunitario. “La ley dice que los pueblos indígenas debemos tener tierras aptas y suficientes”, explica Rodríguez. Hace un silencio. “Acá somos 60 familias en diez hectáreas. ¿Le parecen aptas y suficientes?”. Recuerda que incluso el cementerio de la comunidad se transformó en parcelas que alambró un empresario.
Mariano López tiene 36 años, camisa roja, jean, metro 70, fornido. Le cuesta vencer la timidez. Es de los dirigentes jóvenes. Le piden que hable y se anima: “Es que acá hay señores de mucha plata que se quedan con nuestra tierras. Hoy no vienen más con armas para matarnos, vienen con plata grande por nuestros territorios. Nos corren, desmontan, estamos apretaditos, arrinconados. Nos van corriendo hacia el pueblo, para que ya no volvamos al monte”. Dice que saben que las leyes están del lado del indígena, pero “no le importa a ellos”. “Ellos”: políticos, jueces, policías, empresarios, medios de comunicación.
En la galería contigua, siete niños wichi, de prolijos guardapolvos a cuadrillé azul, formados frente a la bandera argentina. Recitan la misma oración que se repite día a día en miles de colegios: “Bandera de la Patria, celeste y blanca, símbolo de la unión y la fuerza con que nuestros padres nos dieron independencia y libertad”. Todos los lugares comunes que agradecen a la patria, la unidad nacional y la igualdad. A cinco metros, los padres wichi describen la realidad y vuelven ficción cualquier entonación patriótica. Dos realidades, demasiado contraste.
Lo que sobra
La Interwichi está compuesta por ocho comunidades de la zona de Lomitas: 1.400 familias. En 2009 cortaron la ruta 81 por reclamos nada extravagantes: tierras, comida, trabajo, salud, educación, viviendas. Hoy confiesan que les llevó mucho tiempo decidirse a cortar la ruta. Son un pueblo paciente, pero el vaso rebalsó. “Era mucha la necesidad. Y muchas las mentiras”, recuerda el joven dirigente wichi Confiesa que se inspiraron viendo en la televisión los piquetes de Buenos Aires.
El corte llevaba semanas sin respuesta oficial. En mayo, cuando el frío ya golpeaba Formosa, murieron en esa ruta María Cristina López, 22 años, y Mario García, de 48. Las condiciones climáticas, la poca alimentación y la falta de atención primaria de salud fueron para ellos un cóctel trágico. Las muertes motivaron la tardía respuesta oficial. Increíble. El defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, no se solidarizó con los wichi ni se acercó a los familiares de los fallecidos. Todos lo contrario: culpó a la Interwichi por las muertes y acusó a las oenegés de estar detrás del corte de ruta y, por tanto, ser responsables de las muertes. Todos los funcionarios provinciales siguieron esa argumentación. Recuerdan que en esa época hubo también mucha “persecución, cooptación y compra de dirigentes”.
Avelino Rodríguez explica que la Interwichi no tiene cacique ni líder, que las decisiones se acuerdan entre todos, y advierte: “Si un dirigente acepta el negocio del Gobierno, pierde la confianza de la comunidad”. Mariano López complementa al toque: “Y pierde el derecho (a ser dirigente de la comunidad). Siempre hay personas que se compran y se venden”.
Casi dos horas de charla. El abuelo-pastor-dirigente, Francisco López, prolija camisa amarilla, habla firme y fuerte. Se ofrece a cerrar la conversación con un agradecimiento a Dios. El pastor toma la palabra: treinta segundos, cuatro menciones “al Señor”, dos pedidos (que los visitantes tengan buen regreso a sus hogares, y salud para “ellos y sus familias”). Y sorprende con un cierre que vincula el más allá con el más acá: “Que todos sepan que Dios es el jefe de los jefes. Y que no queremos ser esclavos de gobernadores”.
Modelo formoseño
La ruta provincial 28 podría ser la envidia de todo automovilista de la Capital Federal. Su estado es, sin dudas, mejor que el de cualquier autopista privatizada. El problema: fue pensada (y construida) con la doble función de ruta y de dique. Elevada en algunos tramos 75 centímetros y en otros cinco metros, hace de muro de contención. Así alteró radicalmente el funcionamiento del Bañado la Estrella, un humedal de 400 mil hectáreas habitado por comunidades indígenas y criollos con histórica posesión. “El Bañado tenía épocas de agua y épocas en que se retiraba. Entonces los animales se alimentaban y hasta podíamos sembrar. Ahora no es más un bañado: es un lago de 30 kilómetros de largo por 20 kilómetros de ancho”, denuncia la Asociación de Productores de Bañado la Estrella (Aprobae), al costado mismo de la ruta y con vista panorámica a la zona inundada.
La camioneta avanza sobre la ruta, rumbo al norte, y a cada kilómetro se realzan los contrastes. A la derecha, típico paisaje del Chaco semiárido: tierra, vegetación baja, quebrachos, algarrobos y palo santo. A la izquierda, territorio inundado, plantas acuáticas y árboles muertos, ahogados por la alteración del bañado. La ruta-dique cumple su función. A la vera, aún trabajan palas mecánicas, perfeccionan unas compuertas que dejen pasar el líquido hacia el este, antes olvidado por el Estado provincial y ahora de sumo interés, especialmente para empresarios foráneos.
Ramón Verón, 57 años, hombre alto y corpulento. Anteojos de mucho aumento, chomba marrón y sombrero de ala ancha atado al mentón. Típico criollo, productor ganadero, presidente de Aprobae, que denuncia que hay mil familias perjudicadas por la alteración del humedal. Explica que las consecuencias económicas son “angustiantes”: más de 40 mil vacunos perdidos. Pero más lamenta que los jóvenes ya comienzan a irse a la ciudad, forma sutil de desalojar a campesinos: provocar las condiciones para que las nuevas generaciones dejen los campos. “Acá usted ve claramente los excedentes de la soja. Los que llegan son lo que tienen plata de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, los que metieron soja en sus campos y traen la ganadería para acá, y por eso nos quieren correr a los siempre vivimos en estas tierras. Es injusto”.
Pablo Chianetta milita en la Asociación para la Promoción de la Cultura y el Desarrollo (APCD), con 25 años de trabajo con comunidades indígenas y familias criollas, acompaña en la recorrida. “Nadie está en contra de las obras, pero claramente lo que el gobierno impulsa es un corrimiento de poblaciones indígenas y campesinas de sus territorios para entregarlos a otros, particularmente para la ganadería intensiva. Con esta ruta inundó a quienes siempre vivieron en el lugar, y volvió atractivas a otras zonas (mirá para el este), donde se podrá contar con agua, con rutas y con ‘muchas facilidades’ para desmontar y traer ganado”. Chianetta no duda de que el gobernador Insfrán impulsa el modelo de agronegocios: desmontes, ganadería y agricultura intensiva, y expulsión de población ancestral.
El reparto
El suplemento Campo del diario La Nación del 31 de marzo pasado, explicitó la estrategia: “Plan de colonización en Formosa”, tituló, y mostró la foto de Insfrán con el titular de Federación Agraria, Eduardo Buzzi. La noticia remarcaba que el plan sería para hijos de productores locales. Y asegura: “Buzzi reconoció que existen fuertes coincidencias en que en la tierra que esté disponible en la provincia, o en algunos lotes, se pueda encarar una experiencia de colonización con hijos de agricultores formoseños y dándole también oportunidades a hijos de productores que no son formoseños para que puedan venir a Formosa trabajar en el campo”, señala el artículo. Cita textual una frase de Buzzi: “Hay una decisión de la provincia, de puertas abiertas, así que para nosotros fue una reunión positiva (…) Esta es una provincia que todavía tiene tierras”, resaltó.
Margarita Parada tiene 25 años. Forma parte de Aprobae, también perjudicada por la construcción de la ruta y la alteración del Bañado la Estrella. Vive en el paraje de Gualcazar, al noroeste provincial, a 200 kilómetros de la ruta 28, pero igual sufre la alteración del Bañado la Estrella. A ellos no le inundaron el campo, sino al revés: les sacaron el agua. Desde entonces, todo los ahoga: poca agua, menos pastos, animales con hambre, bolsillos flacos. “Me indignó verlo a (Eduardo) Buzzi con Insfrán. Meta sonrisas, dijeron que van a traer a los hijos de chacareros de la Pampa Húmeda para acá. ¿Y nosotros? ¿Nos vamos a la Pampa Húmeda?”, reclama molesta.
El perfil productivo de la provincia es explícito y está plasmado en un documento público de 250 páginas llamado “Formosa 2015”, donde se detallan las obras de infraestrucutra (como la ruta-dique) y la preponderancia del avance del modelo agropecuario. La Red Agroforestal Chaco Argentina, colectivo integrado por oenegés y técnicos de la región, lo explica así: “El Plan Formosa 2015 aspira a elevar a 500 mil hectáreas la superficie productiva agrícola en la provincial, aumentando 2,5 veces la superficie productiva actual. Con este horizonte, sólo declaró el 1 por ciento de sus bosques como área protegida”.
Según el último relevamiento de la Redaf, en Formosa hay al menos 40 conflictos por tenencia de la tierra y ambientales. Afectan a 565 mil personas y 3,4 millones de hectáreas.
Sangre pilagá
El tronco del quebracho tiene un metro de alto y está a la vera de la ruta y a metros de un alambrado. En un lateral tiene una placa de bronce: “En este lugar fueron asesinados los hermanos Kolymaina, Nerón, Tengon, Sanat, Añsolé, Karona, Pocasale, Tagesena y muchos más”. Allí, sobre la ruta 28 y a 200 metros de la entrada a Las Lomitas, se recuerda así la Matanza de Rincón Bomba, ocurrida en 1947, durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón. Fue un 10 de de octubre, cuando la Gendarmería Nacional avanzó a fuerza de metralla y fusiles contra el pueblo Pilagá. La historia oficial justificó el crimen disfrazándolo de “enfrentamiento” y motivado por un malón indígena. No hubo un solo gendarme herido, pero durante décadas se mantuvo la historia militar. Así, la Gendarmería se apropió del territorio pilagá. En abril de 2010, familias pilagá de tres comunidades decidieron volver a su territorio: 547 hectáreas. La Federación Pilagá, conformada por veinte comunidades —unas 3.000 personas— apoya políticamente la recuperación.
A cinco metros del recordatorio de la matanza, Gendarmería colocó un cartel de letras blancas: “Propiedad privada. Prohibido pasar”. Las comunidades pilagá ingresaron igual. Recuperaron lo suyo. Se asentaron, rechazaron los intentos de desalojos y contestaron con otro cartel de dos metros de alto y uno de ancho, tallado en algarrobo: “Artículo 75, inciso 17, Constitución Nacional. Se reconoce la pre existencia étnica y cultural de los pueblos originarios”.
En el territorio recuperado, en el mismo lugar donde fue la masacre de 1947, bajo unos árboles añejos, hay una reunión de la Federación Pilagá. Saturnino Miranda es el presidente. Tiene 49 años, pertenece a la comunidad kilómetro 14, lleva jean, camisa roja a cuadros pequeños y gorra con visera. “Somos un pueblo de paciencia, no cortamos rutas, tenemos mucha paciencia, desde 1492 que tenemos paciencia, pero el Estado debe escuchar, no pedimos regalos, tienen que cumplir la ley. Acá vivieron nuestros antepasados, no es de empresarios ganaderos ni de Gendarmería: es del Pueblo Pilagá”.
La palabra circula entre los referentes de la comunidad. Un anciano, espalda doblada, muy delgado, poco más de medio metros de alto, barba desprolija, movimientos lentos: Pablo Palaveccino. Se lo observa débil. Es sobreviviente de la masacre de 1947. Habla mitad en pilagá, mitad en español. Todos hacen silencio porque su voz apenas se escucha. Recuerda cómo sus “hermanos” caían a su lado, sangrando, por balas. Lo habrá contado muchas veces, pero igual se lo escucha triste. Inesperadamente su relato salta hacia el presente: “No nos perdonan porque somos los primeros de Argentina. Hay pobreza tremenda”. Finalmente, nos mira a todos directo a los ojos y dice: “La tierra la tenemos que recuperar”.