CABA
¿Dónde está Daniel?
Daniel Solano. La madrugada del 5 de noviembre lo emboscó la policía, lo golpeó y lo hizo desaparecer. Su padre, Gualberto comenzó la búsqueda y reconstruyó una historia que revela la trama de la explotación laboral en Río Negro y la complicidad judicial. Pero también descubrió en quién confiar, dónde apoyarse y cómo construir una condena social.
“No puede atentarse permanentemente contra el pueblo, contra sus hijos humildes, con toda impunidad. Creemos que la opinión pública debe permanecer informada para que desaparezcan, en el castigo y en el oprobio, esos miserables que pretenden ‘hacer méritos’ sobre la tortura, el asesinato aleve y la persecución indiscriminada e implacable.
Por eso, con toda la crudeza necesaria cumplimos con nuestro deber de informar, y aclaramos nuestra espera
en la justicia de la que aguardamos
su palabra final”.
De la introducción al artículo
“Yo también fui un fusilado”,
Rodolfo Walsh, 1956, tomada
de El violento oficio de escribir.
Las chicas de Macuba hacían su show de strippers en la “Fiesta del jean roto”, mientras Daniel Solano no sabía que estaba empezando a desaparecer. Tampoco sabía, en esa autodenominada megadisco de Choele Choel, Río Negro, que algunos de los que le servían cerveza entre risas eran sus entregadores.
Retrato de Daniel: guaraní de la comunidad Misión Cherenta (Tartagal, Salta), pintón, obrero, 27 años, arquero de manos firmes en su Deportivo Guaraní, secundario completo, joven amistoso, serio, trabajador, familiero.
Se divertía con sus compañeros la madrugada del sábado 5 de noviembre de 2011, una manera de distraerse de aquello que lo estaba hartando: era la tercera vez que recorría los 2.300 kilómetros desde Tartagal hasta la cosecha de manzanas en Río Negro, en la localidad de Lamarque (a 17 kilómetros de Choele Choel), donde vivía hacinado con otros 150 trabajadores en un galpón y dedicaba el día entero al trabajo contratado por Agrocosecha S.R.L., empresa tercerizada a cuenta de Expofrut Argentina, sello criollo de la multinacional de origen belga Univeg.
A esos obreros se los llama “golondrinas”, exceso verbal que pinta como aves viajeras a personas explotadas: la palabra explotación, en este caso, no es panfletaria sino técnica.
Ese mismo viernes Daniel había cobrado su primer mes en la cosecha. El acuerdo era por unos 2.000 pesos mensuales (90 por día, de 10 a 12 horas de trabajo), pero le habían pagado sólo 800 pesos. Contó los billetes sin gestos, y tomó dos decisiones:
1) Se convenció de la necesidad de concretar lo que venía murmurando con algunos de sus compañeros: hacer un paro en la cosecha el lunes siguiente para reclamar que les pagaran lo pactado. No hablaba con desconocidos: al menos 60 habían llegado con él desde Salta.
2) Con parte del dinero compró un celular. Lo hizo a las 19 horas del 4 de noviembre y para recobrar contacto con sus amigos y familiares de Misión Cherenta; especialmente su novia, María Luisa, y su padre, Gualberto Solano. Lo llamó, se pusieron al día con pocas palabras, y el hijo le contó al padre su idea de iniciar el reclamo.
Daniel tampoco sabía aun qué tempestades estaba gestando su aleteo huelguista en el universo de Lamarque, donde la empresa siempre tuvo aceitada relación con la policía y con la Brigada Operativa de Rescate y Antitumulto (BORA), grupo antimotines provincial que funcionaba cual seguridad privada y, a la vez, pública de Expofrut.
La cuna de Walsh
Lamarque tiene unos 8.000 habitantes y ostenta variados orgullos: es sede de la Fiesta Nacional del Tomate y la Producción, y cuna de ese hombre llamado Rodolfo Walsh, nacido en 1927, desaparecido en 1977.
La casa natal de Walsh se ubica en la estancia El Curundú, en la que su padre oficiaba como mayordomo. A veces la realidad es un poco irreal: el lugar es hoy una de las propiedades de la misma multinacional Expofrut-Univeg, con la policía y el BORA como paisaje interno. Y en El Curundú están el galpón y las gamelas o casillas donde dormían hacinados los trabajadores, incluso Daniel Solano.
Las chicas de Macuba continuaban exhibiendo lo suyo en la “Fiesta del jean roto”. A las 2.40 de la madrugada Daniel fue sacado a los empujones, se dijo, por los tres policías que hacían sus “adicionales” como seguridad del lugar.
Una vez que el joven estuvo en la calle, ocurrió algo que no es una exhibición de magia negra, sino de historia argentina.
Desapareció.
Apuntes
Daniel Solano sigue desaparecido. Su caso enhebra una asombrosa historia de trata de personas, explotación laboral, miserias humanas indecibles, modelo económico, complicidades policiales, judiciales y empresarias.
Frente a la desaparición, hubo apariciones:
Algunos vecinos de la comunidad aborigen de Tartagal, con ánimo de ayudar a los Solano.
La investigación y reconstrucción de lo realmente ocurrido, concretadas a base de voluntad, imaginación, Youtube y Facebook, desnudando las mentiras policiales y judiciales.
La invención de acciones, movimientos y contactos, cada vez más, para quebrar la impunidad y el silencio alrededor del caso.
El acampe en carpa de familiares y amigos frente al juzgado de Choele Choel durante más de seis meses, incluyendo huelgas de hambre y visitas de intendentes y del gobernador provincial.
Todo sustentado en la tenacidad de una familia.
Y de un padre.
La historia blablablá
La versión policial/judicial tuvo durante varias semanas un guión básico: Daniel Solano se emborrachó en Macuba con algunos compañeros de trabajo, salió expulsado por los guardias del lugar, caminó hacia la izquierda, se internó en la oscuridad y nunca se supo más de él. Tal vez se había ido con una chica. Tal vez decidió ir a gastarse a Neuquén lo que había cobrado, y otros blablablá usuales en estos casos.
Aquella tarde del sábado 5 de noviembre los llamados y mensajitos a Daniel desde su comunidad salteña no tenían respuesta. Llamaron las cuatro hermanas, llamó su novia María Luisa. Y comenzaba a inquietarse el padre de Daniel.
Gualberto Solano, 57 años, es silencioso hasta cuando habla, poco y en un susurro. Trabajaba para Pluspetrol en Tartagal, manejando máquinas de la industria petrolera. Así fue toda su vida. Sobrellevó la muerte de su esposa quince años atrás con su estilo: silencio y trabajo. Una especie de coreografía laboral que permitió que sus hijos terminaran el secundario. “Siempre trabajamos para salir adelante. Mi hijo era así, buscaba empleo. En Salta es difícil. Por eso iba al sur”, dice, o calla, Gualberto.
Punteros
El 6 y el 7 de noviembre Daniel seguía sin aparecer. Junto a sus hijas y su yerno, Hugo Ortiz, Gualberto llamó a Hugo Domínguez, de Agrocosecha, uno de los reclutadores de trabajadores norteños para la cosecha frutícola. Domínguez les dice que Daniel no está, que quizás ha ido a visitar Neuquén o Bahía Blanca, quién sabe. Luego de ese llamado, Domínguez se presenta en la Comisaría 17 de Lamarque para dejar constancia de esa ausencia.
En esos días la familia también logra conectarse telefónicamente con algunos de los jóvenes de la comunidad guaraní que habían viajado junto a Daniel a Río Negro, que cuentan en voz muy baja otra historia: Daniel no se había ido sino que algunos policías lo habían golpeado a la salida de Macuba, se lo habían llevado, y nadie sabía nada.
Un padre en viaje
El 8 de noviembre Gualberto tomó impulso, unos pesos, y empezó un viaje que le llevaría dos días hasta Choele Choel junto a una de sus hijas y a su yerno, Hugo Ortiz.
Los recibieron los representantes de Expofrut, les dieron alojamiento, les transmitieron tranquilidad: había una causa por averiguación de paradero a cargo de la jueza Marisa Bosco y del fiscal Miguel Ángel Flores. Los recibió la propia policía, asegurándoles que estaban investigando todo. Gualberto estaba confundido, recostado también en la confianza que le transmitía su yerno sobre la seriedad de todas estas personas.
Pero Daniel no aparecía.
De las conversaciones con los trabajadores de Expofrut no obtenían más que silencios. Pasaron cuatro semanas.
Justicia Youtube
A comienzos de diciembre, en Tartagal, varias familias de la Misión Cherenta llamaron a un abogado conocido: Sergio Heredia. Le contaron lo que sabían, y que todo seguía empantanado en el misterio. Le pidieron ayuda.
Heredia tiene 51 años, un estudio exitoso -dice “todos me conocen, firmo autógrafos en Tartagal”-, dejó el trabajo a cargo de sus hermanos, compró una camioneta y zarpó hacia Choele Choel con Sara García, una de las amigas de Daniel Solano. “Puedo hacer un viaje así, sin tiempo fijo de regreso, porque tengo hasta la ventaja de que soy divorciado”.
El 5 de diciembre llegó a Río Negro. Se encontró con Gualberto, con el yerno, fue al juzgado, leyó el expediente. El 7 de diciembre dijo: “Esto es un asesinato. Esto lo hizo la policía con la complicidad de la empresa. Aquí lo que hay que buscar es dónde escondieron el cuerpo”.
Cada cosa que hacía la filmaba: cada testimonio, cada hallazgo, cada contradicción. Todo lo fue subiendo a Youtube. Detectó, por ejemplo, que la jueza Bosco decía en el expediente que Daniel había sido visto por un testigo el día 6 de noviembre. Heredia buscó al mismo testigo que en realidad decía que lo había visto el 5. La diferencia es notable: es la que define a Daniel como obrero desaparecido, o como turista patagónico.
Heredia fue convenciendo a los trabajadores de hablar ante la cámara, para su propia seguridad, y para no quedar complicados en algo que tenía forma, aspecto, y olor a crimen.
En uno de los videos se escucha la voz del propio abogado que dice: “Acá hay muchas contradicciones, hay cosas que en los papeles no dicen los datos concretos, y a pesar de que acá hay gente que le molesta que yo grabe, como la jueza que se encarga de ver mis videos, yo grabo todo porque no sé qué va a pasar acá. Entonces es la mejor manera de dejar constancia, cosa que después nadie se rectifique”.
Los obreros fueron relatando los maltratos por parte de la policía y del BORA, las intimidaciones, golpes, requisas, amenazas, como una Oficina de Personal sin máscara, para tener domesticada a esa población de cientos de trabajadores. Y todo subía a Youtube.
En Tartagal entrevistó además a la novia de Daniel, que mostró el mensaje que él envió a la 1.30 de la madrugada cuando estaba yendo hacia Choele Choel. “Te ext mi amor dame mandam una tarj de 10 ok. . ok”. (sic) Con esto y los testimonios pudo probar que Daniel recién llegó a Macuba a las 2.05, y fue sacado a las 2.40. Todo subía a Youtube, desmintiendo al expediente y la teoría de la “borrachera”, para la que Daniel no había tenido ni tiempo.
Heredia además se plantó ante Gualberto para decirle que el yerno, Hugo Ortiz, estaba jugando para el otro equipo: “Lo compraron los de la empresa, y ayudaba a que la causa no pudiese avanzar”. Ortiz volvió a Tartagal.
Replay: ¿qué pasó con Daniel?
A fuerza de información dura, comenzó a gestarse otra mirada del caso. Heredia y su socio, Leandro Aparicio, abogado penalista de Bahía Blanca, reconstruyeron la historia. La propia empresa Agrocosecha tenía bien conceptuado a Daniel, lo incluyeron en el equipo de fútbol (pocas veces tan clara la imagen de ponerse la camiseta), lo veían como un líder natural y respetado por los otros trabajadores. “Le ofrecieron convertirse en buchón de la empresa, en puntero. Darle unos pesos más, algunos privilegios, y que funcionara para tranquilizar al resto. Daniel no aceptó. No le gustó”. Heredia sospecha una reacción mafiosa: “Los tipos pensaron que tenían que dar un mensaje. Este era el preferido, pero podemos hacérsela pasar muy mal. Si se la damos a él, podemos dársela a cualquiera”.
Por lo pronto, le pagaron como a todos, menos de la mitad de lo estipulado. Pero el mecanismo más sutil surge de la cláusula 18 del contrato con Agrocosecha. Cuenta Heredia: “Viniendo desde Tartagal en el micro, los paraban en la ruta y les hacían firmar un contrato trucho con una cláusula, según la cual el que tenía cualquier problema con la policía o la justicia podía ser despedido sin pago, indemnización ni pasaje de vuelta”. Esto implica otra causa judicial que presentó Heredia por estafa laboral. Dice el abogado: “Se supone que Agrocosecha cobra el 4% de lo que le corresponde al trabajador, pero en la práctica se quedaban con casi dos tercios de ese ingreso que paga Expofrut Univeg. Pero la multinacional no es ajena al negocio, es parte del problema y todo eso lo tenemos acreditado”.
Strippers antes de una paliza
Si Daniel Solano no era lo que hoy suele llamarse “líder positivo”, según cierta lógica binaria de moda, pasaba a ser un posible líder negativo. La empresa, reconstruyeron los abogados, coordinó la trampa con varios trabajadores, a partir de la insistencia para llevarlo a Macuba. Allí se hacía fácil provocar cualquier incidente con los policías que trabajaban simultáneamente para el local y para la empresa.
Heredia cree que aprovecharon una salida de las desnudistas o strippers, con el público hipnotizado, para generar los empujones que justificaron que los tres custodios sacaran a Daniel del local. Había unos 15 “golondrinas” en Macuba, no todos cómplices de la maniobra, pero nadie salió a ayudarlo, o a ver qué pasaba. En la puerta había testigos, que los abogados fueron detectando.
Cuentan que Daniel Solano fue brutalmente golpeado en el piso, se levantó y enfrentó a los policías. Les tiró con su zapato. Uno de esos policías, Juan Francisco Barrera, lo provoca invitándolo a la esquina. A la vuelta del boliche, calle sin iluminación, había una camioneta Ecosport polarizada, focos apagados, y tres policías dentro.
El homicidio del gobernador
Los doctores Sergio Heredia y Leandro Aparicio llegaron hasta este punto en la reconstrucción. La sorpresa vendría más tarde.
Heredia ya había decidido seguir el caso hasta el final, definitivamente mudado a Choele Choel. “Por suerte me ha ido muy bien en mi profesión, mis hermanos siguen manejando el estudio que tenemos en Tartagal, y yo me volqué de lleno a cumplir con mi palabra con la comunidad guaraní. No gano un peso, al revés: pago hasta los chocolatines. Pero vamos a llegar hasta el final”.
Heredia es un abogado con perfil mediático, que compitió como candidato a intendente en la interna peronista salteña contra las listas del actual gobernador Juan Urtubey, y perdió. Buscando datos MU se conectó con Juan Carlos Jipy Fernández, referente de la Union de Trabajadores Desocupados, UTD-Mosconi: “Es un amigo de muchos años”, dice Fernández, quien también fue candidato a intendente, pero en Mosconi.
Heredia logró interesar en el tema al vicegobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck. El abogado Aparicio propone una teoría: “Sergio llegó sin ningún compromiso con nadie: ni políticos, ni jueces ni gobernantes. Eso le dio total libertad”, frase que merecería un tratado de ciencias políticas.
“Ayudó que hubiera un nuevo gobierno recién asumido, que quería despegarse de los 24 años de mugre, decadencia y corrupción de la gestión radical. Si hubiera sido al revés, radicales reemplazando peronistas, hubiera sido igual. El nuevo quiere quedar limpio con respecto al anterior”.
El vicegobenador escuchó a los abogados, recibió a Gualberto Solano, vio Youtube, y comenzó una tarea que llevaría a la disolución del BORA, al pedido de juicio político contra la jueza Marisa Bosco y el fiscal Miguel Angel Flores por parte de ocho intendentes del Valle Medio (apoyado por Weretilneck) , y el apartamiento de ambos funcionarios de la causa, reemplazados por el juez Víctor Soto y el fiscal Guillermo Brodato. En medio de esta saga, cuando terminaba 2012, el gobernador Carlos Soria fue asesinado por su esposa. La llegada de Weretilneck a la gobernación reforzó objetivamente la posibilidad de avanzar en la investigación.
La ley de la calle
En febrero Gualberto Solano seguía en Choele Choel, sin moverse, pero conmoviendo a los rionegrinos. Poco después fue despedido de Pluspetrol, hecho que muestra un ADN tal que podría ampliar la investigación del científico Marcelino Cereijido Hacia una teoría general sobre los hijos de puta (Tusquets, 2011). Gualberto fue tan parco como siempre: “Me vine a buscar a mi hijo con vida, y ellos me dejan sin trabajo”.
Sin recursos, con apoyo de la comunidad, se instaló frente al juzgado con una carpa: símbolo del reclamo, pero además alojamiento concreto para don Gualberto, que murmuró: “Vine a buscar a mi hijo. Si me le hicieron algo, quiero el cuerpo y me retiro”.
La frase es de una perfección estremecedora: si le hicieron algo a Daniel, se lo hicieron también a Gualberto (¿no nos lo hicieron a todos, estamos tan blindados que no lo percibimos?). Con una especie de resignación fruto de una vida demasiado curtida, Gualberto no pide lo clásico: memoria, verdad, ni justicia.
Quiere el cuerpo. No pide: quiere.
Y al querer el cuerpo de su hijo, quiere todo lo demás.
Y al hacerlo, desnuda un sistema.
En esa dureza de Gualberto hay otra cosa sin palabras: una sensibilidad paterna –que acaso parece tantas veces inexistente, o exclusiva cualidad materna– para dedicar la vida a buscar al hijo.
La condena social
Sus hijas se turnaron para acompañarlo. Y siempre estuvo Sara García, gran amiga de Daniel. Choele Choel se movilizó a su lado, en la calle: marchas, charlas, pintadas, movidas, visitas escolares, volanteadas, comunicación. Claudia Michelene, profesora de Historia en los colegios de Lamarque y Darwin, fue de las fundadoras de la Comisión de Apoyo a los Familiares de Daniel Solano. “Al principio Gualberto estaba mareado por los encubridores, las pistas falsas. Cuando llegó el abogado Heredia todo cambió. Se entendió lo que pasaba. Claro: se estaba acusando a una multinacional belga, lo que implica tocar a gente poderosa, a los dueños del pueblo”, dice Claudia, que agrega: “El grupo BORA trabajaba como seguridad de Agrocosecha y Expofrut. La policía encubría las palizas, todos están atravesados por la misma lógica”.
En julio hubo una manifestación de apoyo a los policías acusados. Michelene relata: “Llegaron tres colectivos llenos de trabajadores de Agrocosecha, obligados, a hacer número para apoyar a sus patrones y a los que les pegan en las gamelas”.
¿Para qué son las cadenas?
La movilización social incluyó la llegada, por ejemplo, de Julieta Vinaya, la madre de Atahualpa Martínez, 19 años, asesinado por la espalda en 2008 en Viedma, también Río Negro, también a la salida de un bar, también la policía. Hay quien ve otros parecidos entre Atahualpa y Daniel. Jóvenes, morochos, originarios, sonrientes: demasiado para cierto establishment criollo. Julieta llegó a Choele Choel para acompañar una huelga de hambre de Gualberto, y para encadenarse con él como forma de protesta para agilizar al Poder Judicial.
“¿Y vos para qué te vas a encadenar?” le preguntó Gualberto intrigado. “Sé lo que usted está pasando. Yo busco al asesino de mi hijo. Usted busca el cuerpo del suyo. La angustia es la misma. La unión hace la fuerza”, dijo Julieta y fue a la ferretería a comprar una cadena.
–¿Para qué la necesita?– le preguntó el ferretero.
–Para encadenarme al juzgado– contestó ella.
El ferretero sugirió una medida un tanto holgada.
Cuenta Julieta: “Con la huelga de hambre Gualberto perdió 17 kilos, tuvo una descompensación y lo internaron. El encadenamiento siguió luego con el acampe. Venían de las escuelas, le daban fuerza a Gualberto, era muy emocionante. Él se alegraba muchísimo viendo a los chiquitos. Le decían: ‘Vos tenés que comer Gualberto’ y él sonreía como nunca lo había visto sonreir”. Entre cadenas y acampes, iban contando personas citadas a declarar que entraban a la Fiscalía. Enfrente también había mucho movimiento de coches que llegaban y se iban. Julieta: “Un día me di cuenta: eran todos tipos. ¡Justito frente a la Fiscalía había un prostíbulo!”.
Adiviná quién llamó
La reconstrucción de lo ocurrido a Daniel Solano estaba empastada. Todo lo que va de 2012 continuó con el abogado Sergio Heredia haciendo entrevistas, investigando y subiendo videos de testigos a Youtube. Otros quedaron como testigos protegidos. Obreros que se atrevieron a decir lo que sabían. Varios tuvieron que irse de Río Negro ante la amenaza que significaba declarar. Un periodista que reveló sus fuertes indicios sobre que Daniel había sido asesinado en la Comisaría 8° de Choele Choel.
Heredia posteó también en su muro de Facebook un artículo de la revista Sudestada, que en tono de ficción, mencionaba la relación de una jueza con un policía, para colmo involucrado en la desaparición de Daniel. Marisa Bosco reaccionó desmintiendo todo, los familiares de policías hicieron marchas declarándose “perseguidos políticos”, dijeron que todo lo relacionado con la desaparición de Solano era una mentira, y en ese momento sonó el teléfono de una radio.
Llamaba una joven, indignada ante las manifestaciones policiales, diciendo que había visto lo que le ocurrió a Daniel Solano al salir de Macuba.
Diario de motoneta
No hubo testimonio al aire. La gente de la radio llamó a Heredia y de allí surgió el contacto del abogado con la testigo. Esta joven estaba a la vuelta de Macuba aquella madrugada, con su pareja, en plan romántico. Allí llevaron a Daniel Solano tras golpearlo en la puerta del local. Ella vio a la Ecosport estacionarse muy cerca, con policías dentro. Los que estaban en Macuba llegaron, entonces, a esa calle oscura con un muchacho y siguieron pegándole. La joven se acercó a preguntar: “¿Por qué le pegan?”. Escuchó las últimas palabras de Daniel Solano: “¿Por qué me pegan, si yo no hice nada?”
Escuchó, además, que Daniel lloraba, mientras lo arrastraban al vehículo, que arrancó con las luces apagadas.
En la moto de su compañero, la pareja salió a seguir a la Ecosport hasta un camping llamado Isla 92. Llegó otro auto, un Fiat Duna rojo, con más policías.
Cuenta Heredia: “Esta chica se retiró, pero decidió volver al camping. En ese momento se cruza con un policía, Pablo Bender, que la amenaza. Era el dueño del Duna rojo. La chica se va y decide no contar lo que vio. Pero cuando se difunde la noticia de la desaparición del joven, ella va a la comisaría y dice que sabe quiénes son los que se lo llevaron. Le dicen que le van a tomar la denuncia, y aparecen dos de los policías que ella había visto aquella madrugada: Bender y Gabriel Berthe. La chica se puso a llorar. Bender la amenazó de muerte”.
El relato completo de la joven ante el juzgado duró siete horas. En ese momento, el juez Soto decidió la prisión de 7 policías. Quedaron detenidos Sandro Gabriel Berthe, Pablo Federico Bender y Juan Francisco Barrera, por “apremios ilegales, privación ilegítima de la libertad y homicidio agravado”. Y Pablo Andres Albarrán Cárcamo, Pablo Quindel y Diego Cuello como “partícipes necesarios en relación a los delitos de privación ilegítima de la libertad y homicidio agravado” y en calidad de autores del delito de “incumplimiento de deberes del funcionario público”. Y el oficial Héctor Martínez por “apremios ilegales, privación ilegal de la libertad y homicidio agravado”. Hubo además 10 policías trasladados, entre ellos, el comisario Raúl Aramendi, de quien se acreditó su relación directa con la empresa mientras era el encargado del sumario del caso.
La acusación presentada por Heredia involucra a 34 personas, incluyendo también integrantes de las empresas, a los que considera autores intelectuales de la desaparición y posible crimen de Daniel Solano.
Recorrida mediática
Gualberto, su hermano Pablo, sus abogados Sergio Heredia y Leandro Aparicio llegaron a Buenos Aires para agitar también el tema en una ciudad que por momentos parece amurallada frente a lo exterior (que llaman interior). Heredia tiene en su computadora un archivo fotográfico. Aparicio armó una lista con 10 medios y llama insistentemente para coordinar entrevistas.
Consiguió algo casi ecuménico: una entrevista en Canal 7 y otra en TN. Don Gualberto anda con la mirada entre perdida y curiosa, ante el manicomio porteño. Los periodistas le aconsejan a Heredia que recurra a todas sus dotes mediáticas y de argumentación para que las cosas se entiendan en no más de 40 segundos. Aparicio cuenta que le costó más con los diarios, pero que una casualidad lo cruzó con Horacio Verbitsky, quien le aportó el dato para conectarse con Página/12. En el diario les dicen que no pueden ir a verlos. Van ellos al diario. Logran la entrevista. Por poner un caso salteño, hace unos años pasó lo mismo con José Pepino Fernández, de la UTD Mosconi, que tenía la osadía de estar a tres cuadras de esa redacción. Por poner un caso de desaparición, Vanesa, la hermana de Luciano Arruga, cuenta que Clarín no le quiso hacer una nota cuando desapareció Luciano,“porque ya salió en Página/12”. Tal vez haya excepciones, pero el periodismo no logra reproducir su antigua belleza, como les ocurre a las personas con botox y a los animales embalsamados.
Los juzgados, la política, los medios.
El caso de Daniel Solano muestra cómo cada una de esas dimensiones es un territorio a conquistar, o más aún, un territorio a crear (crear justicia, política y comunicación) para poder hacerse oír.
Don Gualberto fue a Plaza de Mayo, y se puso un pañuelo en la cabeza. Sin palabras, todo dicho.
Panóptico al revés
¿Qué pudo lograr que un caso que parecía destinado a la impunidad como tantos otros, lograra abrirse paso, permitiera cambiar un paradigma de silencio, y el comienzo del juzgamiento de una red que limita por un lado con la policía, pero por el otro con empresas criollas y multinacionales?
Algunas hipótesis:
La presencia tozuda y de más de 8 meses de Gualberto Solano, su sencillo reclamo: “quiero el cuerpo”, terminó destrozando toda una trama de culpabilidad y encubrimiento.
El apoyo social que generó, por pura conducta y casi sin palabras, en el mismo lugar donde todo había ocurrido.
Dice el abogado Aparicio: “La llegada del de afuera (Heredia llegado desde Salta), sin ningún compromiso, permite actuar y tomar decisiones sin importar las roscas internas, con absoluta libertad”.
Otra idea de Aparicio: “Yo tengo la teoría del panóptico invertido. El panóptico (las torres de los guardianes en las cárceles) que plantea Michel Foucault es el del vigilante que observa a todos. Pero en los pueblos funciona al revés. Somos pocos, nos conocemos mucho, y a veces es la comunidad la que está mirando al que tiene el poder, la que lo está vigilando, la que sabe la verdad, y la que lo denuncia con conocimiento de causa”.
Las redes sociales, que en este caso generaron la posibilidad de otra mirada sobre el caso, con información. Generaron un medio de comunicación en sí mismo, para comprender la desaparición de Daniel Solano.
La llegada de un gobierno provincial necesitado de despegarse de ciénagas heredadas. Si se lo ve en términos convencionalmente políticos: la necesidad de que no le marquen la cancha.
El caso no se movió según dogmatismos políticos. “Hubo organizaciones que decían que nos iban a acompañar si ponían la bandera adelante en las marchas. Con esa lógica, mejor seguir solos”, dice el abogado, aunque lograron el efecto contrario.
Dice Heredia: “Yo lo que quiero ahora es cumplir con mi palabra”.
Dice Aparicio: “Hacer algo digno, hacer lo que a uno le gusta. Y si le gusta, hacerlo a fondo”. Aparicio reconoce, de paso, que desde que empezó todo esto “me vinieron como 50 casos laborales, porque la gente no le tiene confianza a los abogados cuando ve que terminan favoreciendo a las empresas, contra los intereses de su defendido”.
Para Heredia la posibilidad de juzgar a los siete policías es apenas el comienzo de un caso que debe abarcar a los autores ideológicos (las empresas) y los encubridores judiciales y policiales.
Pero fue Rosa Bru, la mamá de Miguel, desparecido de agosto de 1993, la que se encandenó durante casi un año frente a los tribunales para exigir justicia, la que movilizó cielo y tierras, personas y personajes, la que logró que se juzgue a los policías responsables, la que aun espera que le digan dónde está su hijo, la que nos advierte: “Que los policías estén presos en esta etapa no garantiza que no sean exonerados después. Ha pasado muchas veces y para que no siga pasando hay que seguir movilizándose no meses, sino años: hasta que la sentencia esté firme, hasta que no pase más”.
Nunca más.
Gualberto Solano está callado. Nada lo cura de una ausencia que no se alivia con fotos ni con nada de lo que se diga o se juzgue.
Gualberto Solano quiere el cuerpo de su hijo.
Y porque lo quiere, es que ha podido escribirse toda esta historia, que continuará.
Portada
Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso
La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes […]

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.
Fotos: Juan Valeiro.
Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.
“Pan y circo”, dice.
Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.
Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.



Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.
Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.
Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El poco pan
La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:
“Si no hay aumento,
consiganló,
del 3%
que Karina se robó”.
Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.
Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El mucho circo
Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.
Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.
“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.
Silencio.
“¿Me pueden decir sí o no?”.
Silencio.
Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.
Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”
“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.
La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.
Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:
- “Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.
- “El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.
- El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.
El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.
Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Artes
Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.
Por María del Carmen Varela.
«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).
En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.
El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.
Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.
“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.
Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

CABA
Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.
Por María del Carmen Varela
Fotos Lina Etchesuri para lavaca
Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.
Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.


Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.


Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.
Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.
Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.
El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.
Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.
Continuará.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.


Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

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