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Argentina transgénica

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El gobierno aprobó una nueva soja y una variedad de papa transgénica para consumo humano. Las irregularidades y ocultamientos, los funcionarios/empresarios, la falta de investigación científica y el rechazo de otros países, investigados por Darío Aranda.

Bruno Bauer

Bruno Bauer

El gobierno nacional aprobó una nueva soja transgénica. En este caso, bajo un discurso épico y nacionalista por haber sido desarrollada por científicos del Conicet (el mayor ámbito de ciencia del país) y empresarios argentinos. Según la publicidad, la nueva semilla es más productiva y resistente a la sequía. “No se trata sólo de eventos tecnológicos, sino también económicos y sociales que van a producir más alimento par la humanidad”, prometió la Presidenta por cadena nacional.

También se aprobó la primera papa transgénica. Entre los científicos-empresarios del proyecto figuran el jefe de Gabinete del Ministerio de Ciencia, Alejandro Mentaberry, con incidencia en los ámbitos que dieron luz verde a su propio desarrollo transgénicos (Conabia y Senasa). También sobresale como responsable Fernando Bravo Almonacid, especialista en biotecnología vegetal, docente de la Universidad de Quilmes e integrante de la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), organismo clave en la aprobación de transgénicos.

En ambos casos, Mentaberry y Bravo Almonacid presentan claros conflictos de intereses. Desarrollan transgénicos y, a la vez, forman parte de espacios de aprobación de esas mismas semillas.

En los últimos doce años el gobierno aprobó 26 transgénicos de soja, maíz, algodón y papa. Nunca antes se habían aprobado tantos. Los expedientes son secretos y no se conocen estudios de impacto en el ambiente ni en la salud de la población.

Sí son públicas las consecuencias directas del avance transgénico: corrimiento de la frontera agropecuaria, desmontes, agrotóxicos, más desalojos de campesinos y pueblos originarios.

Transgénico “nacional”

«Es un enorme paso para la biotecnología argentina, que logra el primer evento de tolerancia a sequía aprobado a nivel global e ingresa así al selecto grupo de países que consiguieron eventos biotecnológicos”. El artículo periodístico, repleto de elogios para el anuncio de la Presidenta, provino del diario Clarín, el 6 de octubre, luego de que se dieran a conocer los nuevos transgénicos.

Se trata de un desarrollo del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral, dependiente del Conicet (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), y la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Según la publicidad oficial, trabajaron sobre un gen de girasol y su inserción en el gen de la soja. El objetivo fue “aumentar las capacidades de la planta para tolerar condiciones de sequía”. Señalaron que “se puede dar un aumento de los rindes de entre el 10 y el 100 por ciento”.

Detrás de la semilla

Para desarrollar este transgénico el Estado estrechó alianza con la empresa Bioceres, un grupo privado compuesto por el “rey de la soja” Gustavo Grobocopatel (Grupo Los Grobo, el mayor pool de siembra del país), Víctor Trucco (presiente honorario de Aapresid, que reúne a empresarios referentes del agronegocio e impulsores de los transgénicos en Argentina), y el científico Moisés Burachik (férreo impulsor de los transgénicos y secretario ejecutivo de la Conabia entre 2004 y 2010). Otro socio de Bioceres es Hugo Sigman (Grupo Insud), multifacético empresario que posee desde laboratorios farmacéuticos hasta la editorial Capital Intelectual, el mensuario Le Monde Diplomatique y fue productor de la película Relatos Salvajes.

Sigman suele hacer eje en la responsabilidad social empresaria. En su propio sitio destaca: “Nos interesa el cuidado de las personas, las políticas sustentables con el medio ambiente y devolver a la sociedad parte de lo que recibimos”.

Al mismo tiempo, Sigman es director de la Cámara de Biotecnología, que reúne a todos los empresarios del sector, e impulsa monocultivos forestales y transgénicos.

Del aspecto científico de la nueva soja está a cargo la bióloga Raquel Chan, del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral y el Conicet. “Este desarrollo significaría mayor producción de alimentos, con una población mundial que crece cada vez más”, afirmó, en sintonía con el argumento central del agronegocio y la falsa necesidad de más alimentos para la humanidad: está comprobado que el hambre se debe a la injusta distribución, y no a la falta de alimentos.

Otro de sus tópicos en diversas entrevistas va en línea con lo dicho por el ministro de Ciencia, Lino Barañao, sobre este asunto: “También implicaría un crecimiento del PBI, un aumento de la riqueza del país”.

Bioceres ya conformó su alianza con la compañía Arcadia Biosciences, de Estados Unidos, que se materializó en una empresa conjunta (Verdeca) que trabaja en sociedad con la multinacional Dow Agrosciences para utilizar el gen tolerante a sequía.

Presidenta

El lunes 5 de octubre, desde Tecnópolis y por cadena nacional, la Presidenta celebró la nueva soja. “Es un gran día porque, ustedes saben que yo soy una enamorada de la ciencia y la tecnología, tal como se lo había dicho el otro día a la doctora Raquel Chan, esa brillante bióloga, que hoy nos permite el primer evento biotecnológica de soja resistente a la sequía, la primera en el mundo”.

Cristina Fernández de Kirchner afirmó que los nuevos transgénicos (soja y papa) “serán fundamentales para la economía de los productores y permitirá un fuerte desembarco en mercados internacionales”. Remarcó que es la primera vez que la patente no estaba en manos de una transnacional, sino de un consorcio estatal-privado.

Doce años

El espacio clave para la aprobación de transgénicos en Argentina es la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), creada en 1991 y cuyos integrantes fueron secretos hasta fines de 2014. De 47 especialistas, más de la mitad (27) pertenecen a empresas (Monsanto, Syngenta, Bayer, Dow, Ledesma, Don Mario) o son científicos que realizan trabajos para las mismas compañías.

El más claro conflicto de intereses se observa en el máximo responsable de la Conabia y director de Biotecnología del Ministerio de Agricultura, Martín Lema, quién escribió el “paper científico” Desarrollo de construcción basada en criterios de evaluación de riesgo para cultivos junto a Monsanto, Syngenta, Bayer, Basf y Dow Agroscience: todas empresas a las que debe controlar.

Desde 1996, la Conabia aprobó 33 eventos transgénicos de maíz, soja y algodón y, ahora, papa. El 78 por ciento de ellos (26) tuvieron luz verde durante el kirchnerismo. Las empresas favorecidas fueron Monsanto (12 semillas transgénicas), Syngenta (siete), Pioneer-Dupont (cuatro), Dow Agrosciences (tres), Bayer (dos) y Nidera y Basf (una cada empresa). En algunos casos, las semillas aprobadas son compartidas por dos compañías.

En sólo dos casos (soja RR, de 1996 y soja Intacta RR2, de Monsanto, en 2012) los expedientes fueron públicos. El primero por una filtración durante el conflicto por la resolución N° 125. El segundo, por una demanda judicial. En ambos casos se denunció que los procedimientos de aprobación estuvieron plagados de irregularidades y se confirmó que el Estado no realiza estudios propios. El gobierno de Argentina aprueba los transgénicos en base a los estudios de las empresas interesadas, las mismas compañías que integran la Conabia y que son juez y parte al momento de liberar soja, maíz y algodón transgénico, todos con uso masivo de agroquímicos.

Martín Lema no habla con la prensa. Sí habló Federico Trucco, director de Bioceres: “Conabia determinó que estos genes de tolerancia a sequía no son un riesgo para el ambiente”. Luego el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) determinó que también son inocuos para la salud humana.

Ni Conabia ni Senasa respondieron los llamados de MU ni hicieron públicos los dictámenes de aprobación.

Papa

«Por primera vez en la historia Argentina podrá comercializar cultivos biotecnológicos nacionales”, tituló la gacetilla del Ministerio de Agricultura el 5 de octubre. Se refería en particular a la primera papa transgénica. En el mismo tono triunfalista, el diario La Nación celebró: “Hito de la bioeconomía”.

El beneficio, según la publicidad oficial, consiste en que la papa se hace resistente al Virus PVY, muy común en el cultivo y que la vuelve menos productiva.

La empresa a cargo de la papa transgénica es Tecnoplant, del Grupo Sidus, y el Conicet interviene mediante el Instituto de Ingeniería Genética y Biología Experimental (Ingebi). El periodista Patricio Eleisegui reveló que uno de los responsables del proyecto es Alejandro Mentaberry, que también es jefe de gabinete del Ministerio de Ciencia. La cartera tiene incidencia en el Conicet y en la Conabia. Se suele llamar a esta ubicación “conflicto de intereses” o, también, estar de ambos lados del mostrador.

El Grupo Sidus es un viejo conocido del ministro Lino Barañao, quien trabajó allí formalmente en la clonación de animales.

El otro referente en el desarrollo de la papa transgénica es Fernando Bravo Almonacid. Y también presenta conflicto de intereses: integra la Conabia, espacio que aprobó el organismo genéticamente modificado que él mismo presentó.

Ninguna de estas relaciones cruzadas aparece en las gacetillas oficiales que celebraron el nuevo “evento biotecnológico”.

Informes negados

El Centro Estudios Legales del Medio Ambiente (Celma) presentó en junio de 2014 un pedido de informes al Ministerio de Agricultura sobre la papa de la empresa Tecnoplant-Sidus. La única investigación científica pública que avala ese transgénico se remite a 2012: Prueba de campo. Evaluación de flujo de genes y estudios precomerciales de papa transgénica seleccionada por su resistencia al Virus Y (PVY, por su sigla en inglés), en la revista Investigación transgénica.

El abogado Fernando Cabaleiro, del Celma, solicitó información sobre el tipo de monitoreo que se realizó en los campos luego de la liberación de dicho evento, cuáles fueron las medidas de control adoptadas para prevenir el escape de las semillas genéticamente modificadas y de los tubérculos, y el detalle de las evaluaciones completas que debían presentar las empresas peticionantes sobre la seguridad de las manipulaciones genéticas en la papa (tanto en el ambiente como en la salud humana).

También solicitó información respecto a “si está comprobado que las papas transgénicas son inmunológicamente activas y, en caso afirmativo, se señale si ha estudiado el impacto tanto en seres humanos como en animales”.

El abogado requirió que se prevea una instancia de participación ciudadana, a fin de que la población en general y la comunidad científica independiente puedan acceder a los estudios ambientales y sobre inocuidad alimentaria, y así formular las observaciones pertinentes.

La oenegé advirtió a las autoridades nacionales sobre “el riesgo grave e irreparable de contaminación genética a la papa andina que implica la liberación de la papa transgénica”. Explicó que se trata de un cultivo de alto riesgo de contaminación debido a que los tubérculos que quedan en el suelo tras la cosecha pueden crecer la temporada siguiente. “Se exige acceder a los estudios sobre los efectos en la salud humana y el ambiente presentados por la empresa Tecnoplant y que sean puestos a disposición de la ciudadanía en general”, detalla el pedido de informes.

El Ministerio de Agricultura nunca respondió. El abogado Fernando Cabaleiro advierte: “Nunca hicieron pública la evaluación sobre la inocuidad alimentaria, ya que la papa es de consumo directo. Suelen hacer estudios en ratas de sólo tres meses meses, cuando deben ser de dos años. Y, muy grave, la papa transgénica se aprobó sin haber descartado sus posibles efectos cancerígenos”.

Acá no

El Parlamento Andino (órgano deliberativo de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile) prohibió la papa transgénica en 2006 para sus países miembros. Destacó la posibilidad de contaminación de la papa convencional y la inestabilidad del cultivo transgénico. “Se solicita a los gobiernos de los países andinos la suspensión de los ensayos en terreno, manipulación y experimentación de papa genéticamente modificada para eliminar el riesgo de variabilidad genética de esta especie”, señala el artículo 1º de la resolución del Parlamento Andino.

El artículo 2º va más allá: “Solicitar a los gobiernos de la región suspender cualquier acción relacionada con la propagación en el medio ambiente, uso comercial, transporte, utilización, comercialización y producción de papa genéticamente modificada”.

También promovió la elaboración de leyes nacionales que establezcan el principio de precaución: “Cuando exista una amenaza de reducción o pérdida sustancial de la diversidad biológica no debe alegarse la falta de pruebas científicas inequívocas como razón para aplazar las medidas encaminadas a evitar o reducir al mínimo esa amenaza”.

Elizabeth Bravo, doctora en ecología de microorganismos e integrante de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos (RALLT), explicó que el Instituto Internacional de la Papa de Perú había comenzado ensayos con cultivos transgénicos. “Fue tan fuerte el rechazo de los países que el Parlamento Andino debió prohibirlos”, recordó.

Sobre la posibilidad de que, mediante transgénicos, se combatan los virus de la papa (como se publicita en Argentina), la investigadora ecuatoriana no dudó: “Los transgénicos con resistencia a virus no han resultado porque han generado nuevos virus” (de manera similar que los antibióticos). Bravo lamentó que en Argentina se dejen de lado los argumentos de otros países del continente y se dé vía libre a un cultivo muy cuestionado en toda la zona andina.

El Parlamento Andino destacó que la papa tiene una importancia cultural y social muy grande entre las poblaciones y que desde su domesticación, hace diez mil años, el cultivo se expandió en una franja extensa, que abarca desde los Andes venezolanos hasta Chile.

“Una vez que se libera una variedad transgénica en un país es imposible frenar la contaminación genética”, alerta el documento oficial. Entre las fundamentaciones de la prohibición en los cinco países, el Parlamento Andino advirtió que “la presencia de papa transgénica puede constituir una fuente de contaminación de los transgenes, los mismos que pueden entrar en la cadena productiva de la papa nativa, a través de polinización abierta o de las prácticas culturales, que se basan fundamentalmente en el intercambio de diversidad genética”.

También recordó que los cultivos transgénicos “son esencialmente inestables, y tienen la capacidad de interferir en los procesos ecológicos, evolutivos y biológicos de las variedades no transgénicas”.

La Red por una América Latina Libre de Transgénicos recordó otros dos hechos:

Monsanto ocultó durante ocho años un estudio sobre papa transgénica que determinaba que no es apta para consumo humano. La investigación del Instituto de Nutrición de la Academia de Ciencias Médicas de Rusia, informó en 1998 que el transgénico causaba “daños significativos sobre los órganos de las ratas en el estudio”.

En 2009, el gobierno de Sudáfrica rechazó la autorización de papa transgénica, decisión sorprendente ya que sí había autorizado soja, maíz y algodón modificados genéticamente. Pero en el caso de la papa enumeró once motivos para la negativa, entre ellos: “Riesgos a la salud humana, el ambiente y la comunidad campesina”, que podrían suscitarse al introducir las papas modificadas genéticamente.

Acá tampoco

La organización ambiental internacional Amigos de la Tierra emitió un comunicado del 2 de octubre pasado: “Gran paso contra los cultivos transgénicos en la Unión Europea. Once países reclaman su prohibición”.  Alemania, Austria, Chipre, Croacia, Francia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Países Bajos y Polonia solicitaron a la Comisión Europea (CE) la prohibición de varios cultivos modificados genéticamente que ya había sido aprobados. También se sumaron regiones como Valonia (Bélgica) e Irlanda del Norte, Gales y Escocia (Reino Unido). Y otros tres países (Italia, Bélgica y Dinamarca) evalúan seguir el mismo camino. Todos rechazan el cultivo de nuevos transgénicos en sus territorios.

“Estamos viendo una avalancha de peticiones de prohibición de cultivos transgénicos a lo largo y ancho de toda Europa. Nunca ha habido una señal tan evidente de que los cultivos y alimentos transgénicos y las empresas que los comercializan no son bienvenidos”, explicó Liliane Spendeler, directora de Amigos de la Tierra, y destacó cuál es el siguiente paso: “Se debe avanzar hacia otro modelo agrario”.

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