La represión del 19 y 20 de diciembre de 2001 en el banquillo. Por primera vez se juzga a la cúpula que ordenó una represión, pero en la sala los familiares escuchan los alegatos en soledad. Qué está en juego en este juicio.

Enrique Mathov

lavaca nació en diciembre del 2001 y éstas fueron sus primeras palabras: “El 20 de diciembre, la jueza María Romilda Servini de Cubría en persona cruzó la Plaza de Mayo, esquivando gases lacrimógenos y pedradas, intentando encontrar allí al responsable de la represión. Eran las 11.30 de la mañana cuando la jueza habló con el uniformado de mayor rango que encontró en el tumulto. Sus palabras fueron claras: “Soy la jueza federal de turno. Le ordeno el cese inmediato del operativo de desalojo de la plaza. Informe a quien corresponda que yo estoy a cargo de la seguridad de estas personas”.

El uniformado le respondió que el mensaje sería transmitido al comisario mayor Norberto Edgardo Gauderio, responsable de la Mesa de Situación de la Policía Federal en ese momento”.

Casi 14 años más tarde y tras 20 meses de audiencias, el juicio por cinco de las muertes ocurridas en Capital Federal y por 80 heridos en la represión entró en su etapa final. Lo que se intenta develar es cuál fue el recorrido que siguieron las palabras de la jueza Servini de Cubría, ya que así -de la Plaza a la Casa Rosada- se conocería la cadena de mando que fue responsable del operativo policial. Y de esas muertes.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que representa a la familia de Diego Lamagna y Gastón Riva, reveló en su alegato final el cruce de llamadas que siguió a la irrupción de la jueza en la Plaza:

El comisario Gaudiero llama a Raúl Andreozzi, subjefe de la Policía Federal.

Andreozzi llama a Rubén Santos, ex jefe de la Policía Federal.

Santos llama a Enrique Mathov, secretario de Seguridad.

Mathov llama al entonces ministro del Interior, Ramón Mestre.

Además de la cadena de mandos que operó el día 20, lo que develan las llamadas es el nulo efecto que tuvo la orden de la jueza: los mandos policiales lejos de frenarla, recrudecieron la represión.

El saldo es conocido: siete muertos en Capital Federal, en total 36 contando las provincias, centenares de heridos y más de 4.000 detenidos.

Cadena de mandos

El juicio oral comenzó con 12 años de retraso, en febrero del 2014, según una investigación que arrancó mucho antes y tuvo como principal procesado al ex presidente de la Nación, Fernando de la Rúa, quien tras un largo trámite judicial fue desprocesado en diciembre de 2012. De la Rúa declaró como testigo el 8 de julio de este año y derivó culpas a la Policía Federal, desligando a su secretario de seguridad Enrique Mathov, pero cuidando también de no plantear que la Policía actuó de forma autónoma.

Por entonces ya había muerto, en 2003, el ex secretario del Interior, Ramón Mestre y así el único funcionario de Estado de alto rango que quedó sentado en el banquillo es Mathov, ex secretario de Seguridad.

La estrategia de defensa de De la Rúa, Mathov y Mestre siempre funcionó en bloque hasta la muerte de este último, cuando Mathov -y trás él, los mandos policiales- comenzaron a descargar culpas en el ministro fallecido. Más de 500 testimonios después, la responsabilidad de Enrique Mathov parece ir delinéandose.

La mamá de Gustavo Benedetto, uno de los jóvenes asesinados aquel día, dijo a MU que una condena “haría descansar a mi hijo, a todos los muertos ese día y a los chicos que el Estado sigue matando”.

En un principio se estimó que el juicio duraría hasta principios de este año, pero hoy ya es una realidad que la sentencia llegará en 2016. “Ahora todos hablan que se viene de nuevo el 2001, pero los familiares escuchan los alegatos solos”, resumieron las víctimas presentes en la sala.

Los responsables

Los argumentos para relacionar las muertes del 20 de diciembre con los responsables del operativo se basan en el abuso de autoridad, la violación de los deberes de funcionario público y la ruptura del principio de confianza: la querella plantea que no se podía confiar aquel 20 de diciembre en una policía que ya el día anterior había matado a una persona (Jorge Cárdenas). Para probarlo se citaron una serie de testigos  que identificaron, en líneas generales, las siguientes responsabilidades:

Enrique Mathov: Según los testimonios mantuvo una reunión el día 19 de diciembre de 2001 con el ministro del Interior, Ramón Mestre; el jefe de la Policía, Rubén Santos; el subjefe Andreozzi, Raúl Andreotti y los jefes de Prefectura y Gendarmería. Los testigos señalaron su “persistencia” en la orden de desalojar la Plaza de Mayo “a cualquier precio” y caracterizaron su “dureza”.

El entonces jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, también formó parte de esa reunión y habría sido uno de los más activos impulsores para la concreción del operativo en esos términos. Si Mathov estaba encargado de la coordinación y supervisión, Santos era el brazo ejecutor. Según revelan las llamadas de ese día, fue quien dio la orden a las 9:20 de la mañana del 20 de diciembre: “Desalojen la Plaza, quiero 50 detenidos”, dijo.

Raúl Andreotti, en aquel momento Superintendente de Seguridad Metropolitana, al igual que el director general de operaciones Norberto Gaudiero son señalados por haber coordinado el operativo desde la Sala de Operaciones, ordenando “envíos de personal” a determinados puntos de la ciudad, de un modo que provocó más violencia, heridos y muerte.

La culpa

La estrategia del ex secretario Enrique Mathov fue escudarse en su carácter de funcionario federal, planteando que esos días su tarea se centró en “solucionar los problemas de las provincias”. “Según su declaración es lo mismo que exista o no un secretario de Seguridad”, plantea Rodrigo Borda, el abogado del CELS a cargo de este juicio.

La figura que encuentra esta causa para encuadrar el accionar de Mathov durante el 19 y 20 de diciembre del 2001 es el carácter “culposo” de cinco muertes. Explica Borda: “La responsabilidad es culposa no porque esto es un accidente de tránsito o una mala praxis, sino porque conceptualmente, al no poder acreditarse que De la Rúa o Mathov dieron la orden de disparar a matar, nosotros planteamos que, sin embargo, eso no inhibe que se los puedan imputar a título de negligencia o imprudencia, como incumplimiento de sus deberes funcionales. No estamos discutiendo la responsabilidad política: estamos discutiendo si además es culpable penalmente. La política es opinable y discutible; la penal, no. Por eso también se exige un nivel de precisión, de prueba y de requisitos para llegar a esa conclusión. La sentencia penal fija un registro histórico”.

Hacia allí va este juicio.

Hacia allí vamos.