CABA

Ni fuego ni soga

Publicada

hace 10 años

20/11/2015

Los chicos que mueren en las cárceles. MU reunió a funcionarios, expertos, académicos y familiares para conversar sobre lo que nadie habla: los menores presos. Sin datos oficiales ni controles de los institutos de encierro, el desafío es qué hacer además de denunciar.

Una de las instituciones más serias que investiga y produce información sobre la penalidad juvenil resume la situación actual: “Políticas de fuego y soga”. Lo dice Ana Laura López, integrante del Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH). Ante la inexistencia de estadísticas oficiales sobre la cantidad de niños y niñas privados de su libertad en Argentina, este grupo de estudios elaboró una base de datos propia a partir del recorte de noticias en diarios y revistas. “Es una parte muy ínfima de lo que sucede”, asume López, socióloga e investigadora del CONICET.

La base de datos contabiliza 61 jóvenes muertos mientras estaban a cargo del Estado, es decir, encerrados en el sistema penal.

Los resultados:

Las muertes se produjeron en 14 provincias: Buenos Aires (14), Córdoba y Santa Fe (7), Salta (6), Catamarca y CABA (5), Tucumán y Corrientes (4), Mendoza, Misiones y Río Negro (2), Jujuy, Formosa y Santiago del Estero (1).

El 75% tenían 16 y 17 años (21 y 25 casos, respectivamente). La edad marca una población definida: según un informe del 2012 (pero con datos del 2010) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el 80% de los 1.508 jóvenes registrados privados de su libertad tenía entre 16 y 17 años.

El 56% (34 casos) murió en comisarías. Dato: resoluciones, acordadas y fallos judiciales y ministeriales prohiben la detención y/o retención de niños, niñas y adolescentes en comisarías. Sin embargo, no asombra ni estremece: 9 de cada 10 jóvenes encuestados fueron detenidos en comisarías. El GESPyDH habla de un “consenso implícito” que legitima esta ilegalidad: ningún chico encuestado fue entrevistado por el juez, el fiscal o el defensor.

El 44% murió en institutos.

31 chicos (50%) murieron quemados. 24 chicos (39%) murieron ahorcados.

Otros 3 murieron por golpes y 3 más por infecciones y disparos.

Ni fuego ni soga

“Fuego y soga”, resume López. “El sistema penal viola derechos humanos de grandes y de chicos. La transversalidad del sistema es para todos los pobres. Sólo al cura Grassi le permiten pasar 10 años de proceso penal en todas las instancias de apelación en libertad. Esto a un pobre no le pasa. Al sistema penal no vamos a entrar nosotros ni nuestros hijos ni nuestros sobrinos. Van a llegar los pobres. Para ellos es este sistema, que tiene como condición inmanente la discrecionalidad y la arbitrariedad. Un sistema tan perverso que por la muerte de Lucas Simone (17 años, fallecido el 27 de julio en el Manuel Rocca, uno de los tres centros de régimen cerrado de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia) no hay nadie responsable, e hipotéticamente el único que pueda llegar a serlo es su compañero de celda. Simone, además, es un cuerpo que nadie reclama: estaba en situación de calle.” Un caso testigo de lo más brutal de esta máquina.”

En Rosario, el Colectivo de Investigación Militante sobre los Jóvenes y el Poder Punitivo realizó un seguimiento sobre aquellos que ingresaron al Instituto para la Recuperación del Adolescente (IRAR, de máxima seguridad). El resultado: en los últimos 5 años, aproximadamente 60 chicos murieron por “causas violentas” luego de pasar por la institución. Tampoco hay cifras oficiales: el dato se construye a partir de los diarios y el seguimiento de los niños con los que el Colectivo había desarrollado un vínculo. Las “causas violentas” pueden ser asesinatos de la policía o los llamados “ajustes de cuentas” (terminología que, en muchos casos, es la ventana para enmascarar la violencia policial, señalan).

En 2010, un relevamiento sobre 48 chicos ingresados al IRAR arrojó el siguiente mapa:

El 94% era de la periferia rosarina: villas miseria, asentamientos, viviendas populares.

El 83% no terminó la escuela primaria. Ninguno terminó la secundaria.

Sólo el 23% vive con ambos padres. Otro 23% no vive con ninguno. El 44%, sólo con la madre.

El 21% tiene la madre o el padre muertos.

El Colectivo describe que los tiempos de encierro de los jóvenes están “predefinidos” por la justicia. ¿Por qué? El dato es interesante: durante un período de cuatro años (2009 a 2012), el Colectivo reflejó que la frecuencia de ingresos y el tiempo de encierro de los jóvenes era exactamente el mismo. En cada uno de los períodos, la curva se repite.

No importa la causa ni el barrio ni el pibe: el patrón judicial es exacto.

“Esto ocurre, por un lado, por la selectividad policial. Es un mercado regulado, de cifras negras y blanqueos. Ejemplo: un chico cae en una detención, sale y roba de vuelta. Cuando llega al instituto, figura que fue detenido sólo una vez, pero él te dice que en realidad cayó 5. ¿Qué pasó con las otras cuatro? La policía no lo registra: o te saca lo que robaste o llaman a tu familia para que paguen una fianza. Los chicos ya saben: guardan una plata en sus casas previendo esa situación. Forma parte del presupuesto familiar. Cuando pagan, lo largan sin haberlo registrado”. Eso, en la jerga, es estar en negro. ¿Qué pasa con los que no tienen plata? “Muchas veces lo torturan: la pena es el castigo físico, pero se van en libertad. A veces prefieren eso sólo para no ir al IRAR. Entonces, de 10 pibes agarrados: a 5 les sacan plata y a otros 5 los blanquean. Ahí la jueza es la que decide. Hay cinco juzgados y ninguno está coordinado, pero la cifra se repite: todos mandan la misma cantidad”.

El Colectivo subraya que todos llegaban al IRAR golpeados por la policía, una práctica “totalmente naturalizada dentro de la institución y todavía más por el Poder Judicial”. En el informe, explican que la presión de los trabajadores empujó a la implementación de un mecanismo que obliga a la propia institución a realizar una denuncia penal por esos abusos ante la fiscalía.

En 2011, detectaron 56 denuncias sobre 206 jóvenes ingresados.

En 2012 -sobre la misma cantidad-, 75 denuncias.

Muchos chicos no quisieron denunciar para no dejar constancia de su nombre, “porque después tienen que volver al mismo barrio y relacionarse con la misma comisaría a la que denunció”.

¿Qué denuncian estas muertes, estas cifras, estos jóvenes?

Una máquina.

Para Laura Musa -directora de Fundación Sur, experta en niñez-, la madre de esa máquina es el Régimen Penal de Minoridad, establecido por la dictadura en 1980 con el decreto/ley N°22.278 firmado por Jorge Rafael Videla, que otorga facultades al juez para disponer de los chicos “en peligro material o moral” y meterlos en los institutos “por proteción”. Argentina es el único país en América Latina que no cuenta con una legislación propia. “Es una cuestion cultural”, describe Musa. “Son 100 años de patronato que establece que el Estado protege y cuida a los niños de los pobres porque los pobres no saben cómo hacerlo. Por eso sigue existiendo ese sistema que modelaron: te cubre asistencialmente, para que no te mueras, pero no para que tengas el derecho a vivir con tu familia. Castiga que seas pobre y que no hayas ido a la escuela”.

Uno de los avances fue la sanción en 2005 de la ley N° 26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, donde se incorporó como pieza vital un inciso que establece la prohibición del uso de la privación de la liberad como forma de protección de los jóvenes. Como consecuencia de esa restricción, en 2006, Fundación Sur presentó -junto al CELS- un habeas corpus colectivo en favor de 60 niños menores de 16 años privados de su libertad “bajo protección” en el instituto San Martín, en la Ciudad de Buenos Aires. Tras varias idas y vueltas la causa llegó a la Corte Suprema de Justicia luego que la Sala III de la Cámara de Casación Penal declarara inconstitucional el decreto dictatorial, ordenara la libertad progresiva de todos los chicos y exhortara a la sanción de una nueva ley.

Sin embargo, atenta a “la gravedad institucional del hecho”, la Corte suspendió la ejecución del fallo, y en 2008 votó por unanimidad una nueva sentencia. El veredicto, de 20 páginas, es contradictorio: recorre con argumentos la inconstitucionalidad del decreto firmado por Videla, pero no lo anula, y pese a citar la Convención y los preceptos de la CIDH en materia de niñez e instar al Estado a buscar “alternativas a la internación en instituciones”, rechazó la liberación de los niños del San Martín. ¿Por qué? Muchas voces coincidieron en ese momento que el tribunal fue susceptible a la “presión pública”, en una escena política donde la “inseguridad” era tema de conversación diario. La explicación de la Corte: “La situación, que ya es seria, podría agravarse generando una vulneración de los derechos que se intentan proteger”. La respuesta directa y sin vueltas la dieron Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay en diversas entrevistas periodísticas: coincidieron en que esos niños estaban “marcados” a morir en los barrios por la policía.

“Son obras de la hipocresía”, critica Musa. “Los protegieron dejándolos presos”. Fundación Sur, nuevamente con el CELS, denunció la sentencia a la Corte Interamericana.

Emilio García Méndez -presidente de Fundación Sur- considera ese fallo como “el mayor retroceso en materia de derechos humanos de la infancia en la historia de la democracia”.

La máquina se desnuda ante la muerte. Un caso: Diego Borjas, 17 años, de Moreno. Murió en diciembre de 2014 por las quemaduras que sufrió en una celda de aislamiento en el instituto Agote. La celda no tenía luz ni baño ni agua, y las dimensiones eran tan chicas (1,8 por 3 metros) que la Defensoría Pública las pasó de largo (la investigación sobre este crimen institucional está en la MU de marzo). Para la Defensoría -en cambio-, esa celda no era aislamiento, negación que responde a ocultarla: está prohibida por todas las normativas nacionales e internacionales.

“Los jóvenes no tienen defensores, no tienen juicios y no tienen quien inspeccione los institutos”, cuestiona Ariel Cejas Meliare, director general de Protección de Derechos Humanos en Cárceles de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), institución que mantiene un conflicto de larga data con la Sennaf: no los deja monitorear los institutos de la Ciudad porque no los reconoce como “el órgano competente”. Advierte Cejas Meliare: “Después de más de 30 años de democracia, el único lugar de detención que no tiene ningún tipo de control son los institutos de menores”. La puja -apoyada por Fundación Sur, el CELS y Amnesty International- trepó por todas las instancias judiciales y ahora espera resolución de la Corte Suprema. En el medio, uno de los fallos en contra fue de la Cámara del Crimen. “El argumento fue que estábamos ante un colectivo de chicos sensible, propenso a las drogas y la falta de cariño”, recuerda Cejas Meliare. “Esperamos que la Corte se pronuncie antes de fin de año”.

Musa señala que a los institutos pueden entrar titiriteros, artistas plásticos, obras de teatro, talleres de música, pero no organismos que fiscalicen el funcionamiento. “Y quienes están allí encerrados son sujetos de Derecho, pero si quiero entrar a decirles que su condición jurídica está siendo afectada, no puedo”.

Ana Laura López -del Grupo de Estudios- critica el hermetismo de la Sennaf. “Hay que caracterizar una gestión que durante más de 10 años tuvo una actitud de notable vehemencia sobre cualquiera que quisiera saber algo y pudiera hacer entrar en conflicto el dispositivo de la crueldad. No sólo bloqueó el ingreso a organismos de monitoreo, sino que también ha bloqueado la producción de datos y el acceso a la información. Sabemos cuántos presos adultos hay, pero no sabemos cuántos son los presos menores de 18 años. También deberíamos saber cuántos entran y cuántos salen: no sólo la estadística de stock, sino la estadística de flujo, porque los sistemas penales en el siglo 21 tienden a hacer circular entre el gueto urbano y la cárcel a una cantidad de población fluctuante enorme. ¿Cuánto tiempo están detenidos? ¿Por qué delitos? No sabemos nada, por lo cual hay un estado de indefensión de la niñez penalizada mucho mayor que la de los adultos. Y sin información no hay debate posible”.

Otro nudo de esta máquina lo desenreda Liliana del Carmen Basualdo, madre de Diego Borjas, quién participó de esta charla. Su relato ilumina el sector más oscuro de esta máquina. “Cuando pedí ayuda no sabía adónde ir. Fui a Tribunales cuando mi hijo no vino a casa: me dijeron que la única manera de poder ayudarme era cuando lo encontraran cometiendo un delito”. Diego tenía problemas de adicción. Viajaba a la Ciudad a trabajar de trapito. Lo derivaron al Agote tras un intento de robo. “De parte del instituto, nunca supe bien por qué estaba preso. Tampoco me di cuenta de preguntar si tenía un defensor. No me informaban nada. Días antes de que pasara todo esto, Diego me decía que estaba harto. No quería hablar más con nadie, ni ir a la psicóloga, ni ir al colegio, que por favor le dijera a los operadores que no lo molestaran más. Yo me siento responsable porque no supe cómo moverme”.

La abogada Verónica Heredia, experta en hábeas corpus y litigios internacionales, aclara: “No podemos culpar a una ley de la dictadura por esta falta de comunicación. Que nadie le haya explicado por qué y en qué condiciones estaba detenido su hijo no depende de ninguna ley. Es cierto: la ley es terrible, la hicieron tres militares, pero hoy sigue vigente y fue escrutada por todos los constitucionalistas posibles. ¿Cómo es posible? Si uno va a la defensa pública, vamos a ver muy buenas personas, muy buenos abogados, pero que no quieren ser notificados siquiera para saber qué pasa. Quizá haya que encontrar otro lenguaje, construir otras herramientas, porque seguimos dando vueltas entre nosotros mismos a las mismas cosas desde hace 30 años. A lo mejor lo que tenemos que pensar es qué estamos haciendo mal nosotros”.

¿Qué estamos haciendo? Ana Laura López responde: “Es falaz pensar que lo único que podemos hacer con los menores que cometen delitos es ofrecerles el sistema penal. Los daña, los marca y les genera sufrimiento. Y si algún joven puede rearmarse y construir algo, siempre es a pesar de eso y nunca gracias. Es más fácil decir que si a los jóvenes no se los puede perseguir penalmente ya no hay nada que hacer. Y hay mucho: tenemos que pensar qué otras cosas podemos hacer que atravesarlos por las prácticas punitivas del sistema penal”.

Verónica Heredia resume:

Hay una descripción del problema.

Hay una ley: es inconstitucional.

Hay denuncias.

Hay estructuras especializadas en niñez y adolescencia, situación de cárcel, asesorías.

Hay personal especializado.

Los jóvenes se siguen muriendo.

¿Entonces?

Heredia conluye: “La expresión más cruda de esta realidad es la que expresa la mamá de Diego Borjas. La cuestión es cómo planteamos esta situación para que esta realidad que todos conocemos pueda ser modificada de alguna manera”.

¿Hacia allí vamos?

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Juicio a la historia

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Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

Publicada

hace 13 horas

08/10/2025

La marcha pacífica de jubilados y jubiladas volvió a ser reprimida por la Policía de la Ciudad para impedir que llegara hasta la avenida Corrientes. La Comisión Provincial por la Memoria confirmó cuatro detenciones (entre ellas, un jubilado) que la justicia convalidó y cuatro personas heridas. Una fue una jubilada a quien los propios manifestantes salvaron de que los uniformados la pasaran por arriba. En medio del narcogate de Espert, quien pidió licencia en Diputados por “motivos personales”, las imágenes volvieron a exhibir la debilidad del Gobierno, golpeando a personas con la mínima que no llegan a fin de mes, mientras sufría otra derrota en la Cámara baja, que aprobó con 140 votos afirmativos la ley que limita el uso de los DNU por parte de Milei.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla.

Fotos: Juan Valeiro.

Un jubilado de setenta y tantos eleva un cartel bien alto con sus dos manos.

“Pan y circo”, dice.

Pero el “pan” y la “y” están tachados, porque en este miércoles, como en esta época, lo que falta de pan sobra de circo. El triste espectáculo lo ofrece una vez más la policía, hoy particularmente la de la Ciudad, que desplegó un cordón sobre Callao, casi a la altura de Sarmiento, para evitar que la pacífica movilización de jubilados y jubiladas llegara hasta la avenida Corrientes. Detrás de los escudos, aparecieron los runrunes de la motorizada para atemorizar. Y envalentonados, los escudos avanzaron contra todo lo que se moviera, con una estrategia perversa: cada tanto, los policías abrían el cordón y de atrás salían otros uniformados que, al estilo piraña, cazaban a la persona que tenían enfrente. Algunos zafaron a último milímetro.

Pero los oficiales detuvieron a cuatro: el jubilado Víctor Amarilla, el fotógrafo Fabricio Fisher, un joven llamado Cristian Zacarías Valderrama Godoy, y otro hombre llamado Osvaldo Mancilla.

Sin pan y a puro circo: la represión a jubilados para tapar otra derrota en el Congreso

Las detenciones de Cristian Zacarías y del fotógrafo Fabricio Fisher. La policía detuvo al periodista mientras estaba de espaldas. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En esa avanzada, una jubilada llamada María Rosa Ojeda cayó al suelo por los golpes y fue la rápida intervención de los manifestantes, del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA), y de otros rescatistas los que la ayudaron. “Gracias a todos ellos la policía no me pasó por encima”, dijo. Su única arma era un bastón con la bandera de argentina.

Como en otros miércoles de represión, la estrategia pareciera buscar que estas imágenes opaquen aquellas otras que evidencian el momento de debilidad que atraviesa el Gobierno. Hoy no sólo el diputado José Luis Espert, acusado de recibir dinero de Federico «Fred» Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por una causa narco, se tomó licencia alegando “motivos personales”, sino que la Cámara baja sancionó, por 140 votos a favor, 80 negativos y 17 abstenciones, la ley que limita el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) por parte del Presidente. El gobierno anunció un clásico ya de esta gestión: el veto.

Por ahora, el proyecto avanza hacia el Senado.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El poco pan

La calle preveía este golpe, y por eso durante este miércoles se cantó:

“Si no hay aumento,

consiganló,

del 3%

que Karina se robó”.

Ese tema fue el hit del inicio de la jornada de este miércoles, aunque hilando fino carece de verdad absoluta, porque las jubilaciones de octubre sí registraron un aumento: el 1,88%, que llevó el haber mínimo a $326.298,38. Sumado al bono de 70 mil, la mínima trepó a $396 mil. “Es un valor irrisorio. Seguimos sumergidos en una vida que no es justa y el gobierno no afloja un mango, es tremendo cómo vivimos”, cuenta Mario, que no hay miércoles donde no diga presente. “Nos hipotecan el presente y el futuro también, cerrando acuerdos con el FMI que nos impone cómo vivir, y no es más que pan para hoy y hambre para mañana, aunque el pan para hoy te lo debo”.

Victoria tiene 64 años y es del barrio porteño de Villa Urquiza. Cuenta que desde hace 10 meses no puede pagar las expensas. Y que por eso el consorcio le inició un juicio. Cuenta que otra vecina, de 80, está en la misma. Cuenta que es insulina dependiente pero que ya no la compra porque no tiene con qué. Cuenta que su edificio es 100% eléctrico y que de luz le vienen alrededor de 140 mil pesos, más de un tercio de su jubilación. Cuenta que está comiendo una vez por día y que su “dieta” es “mate, mate y mate”. Vuelve a sonreír cuando cuenta que tiene 3 hijos y 4 nietos y cuando dice que va a resistir: “Hasta cuando pueda”.

A María Rosa la salvó la gente de que la policía la pasara por arriba. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El mucho circo

Desde temprano hubo señales de que la represión policial estaba al caer. A diferencia de los miércoles anteriores, la Policía no cortó la avenida Rivadavia a la altura de Callao. Tampoco cortó el tránsito, lo que permitió que los jubilados y las jubiladas cortaran la calle para hacer semaforazos. Después de media hora, cuando la policía empezó a desviar el tránsito y la calle quedó desolada, comenzó la marcha, pero en vez de rodear la Plaza de los Dos Congresos como es habitual, caminó por Callao en dirección a Corrientes, hasta metros de la calle Sarmiento, donde se erigió un cordón policial y empezó a avanzar contra las y los manifestantes.

Desde atrás, irrumpieron con violencia dos cuerpos en moto: el GAM (Grupo de Acción Motorizada) y el USyD (Unidad de Saturación y Detención), pegando con bastones e insultando a quienes estaban en la calle. “Vinieron a pegarme directamente, mi pareja me quiso ayudar y lo detuvieron a él, que no estaba haciendo nada”, cuenta Lucas, el compañero de Cristian Zacarías, uno de los detenidos.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cercaron el lugar una centena de efectivos de la policía porteña, que no permitieron a la prensa acercarse ni estar en la vereda registrando la escena.

“¿Alguien me puede decir si la detención fue convalidada”, pregunta Lucas al pelotón policial.

Silencio.

“¿Me pueden decir sí o no?”.

Silencio.

Un comerciante mira y vocifera: “¿Sabés lo que hicieron a la vuelta? Subieron a la vereda con las motos”.

Otro se acerca y pregunta: “¿A quién tienen detenido acá, al Chapo Guzmán?”

“No”, le responde seco un periodista: “A un pibe y a un jubilado”.

La Comisión Provincial por la Memoria confirmó las cuatro detenciones (fue aprehendida una quinta persona y derivada al SAME para su atención) y cuatro personas heridas. El despliegue incluyó la presencia también de Policía Federal, Prefectura y Gendarmería detrás del Congreso mientras el despliegue represivo fue «comandado por agentes de infantería de la Policía de la Ciudad». El organismo observó que después de semanas donde el operativo disponía el vallado completo, en los últimos miércoles el dispositivo dejó abierta una vía de circulación que es la que eligen las fuerzas para avanzar contra los manifestantes.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

También se hizo presente Fabián Grillo, papá de Pablo, que sufrió esa represión el 12 de marzo, en esta misma plaza, y continúa su rehabilitación en el Hospital Rocca. “Su evolución es positiva”, comunicó la familia. El fotorreportero está empezando a comer papilla con ayuda, continúa con sonda como alimento principal, se sienta y se levanta con asistencia y le están administrando medicación para que esté más reactivo. “Seguimos para adelante, lento, pero a paso firme”, dicen familiares y amigos. El martes, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero por el disparo. El domingo se cumplirán siete meses y lo recordarán con un festival.

Pablo Caballero mira toda esta disposición surrealista desde un costado. Tiene 76 años y cuatro carteles pegados sobre un cuadrado de cartón tan grande que va desde el piso del Congreso hasta su cintura:

“Roba, endeuda, estafa, paga y cobra coimas. CoiMEA y nos dice MEAdos. Miente, se contradice, vocifera, insulta, violenta, empobrece, fuga, concentra. ¿Para qué lo queremos? No queremos, ¡basta! Votemos otra cosa”.
“El 3% de la coimeada más el 7% del chorro generan 450% de sobreprecios de medicamentos”.
El tercer cartel enumera todo lo que “mata” la desfinanciación: ARSAT, INAI, CAREM, CONICET, ENERC, Gaumont, INCAA, Banco Nación, Aerolíneas, Hidrovía, agua, gas, litio, tierras raras, petróleo, educación. Una enumeración del saqueo.

El cuarto cartel lo explica Pablo: “Cobro la jubilación mínima, que equivale al 4% de lo que cobran los que deciden lo que tenemos que cobrar, que son 10 millones de pesos. No tiene sentido. Por eso, hay que ir a votar en octubre”.

Pablo mira al cielo, como una imploración: «¡Y que se vayan!».

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

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Artes

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

Publicada

hace 2 meses

22/08/2025

La revista Llegás lanza la 8ª edición de su tradicional encuentro artístico, que incluye 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas. Del 31 de agosto al 12 de septiembre habrá espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. El festival llega con una victoria bajo el brazo: este jueves el Senado rechazó el decreto 345/25 que pretendía desguazar el Instituto Nacional del Teatro.

Por María del Carmen Varela.

«La lucha continúa», vitorearon este jueves desde la escena teatral, una vez derogado el decreto 345/25 impulsado por el gobierno nacional para vaciar el Instituto Nacional del Teatro (INT).

En ese plan colectivo de continuar la resistencia, la revista Llegás, que ya lleva más de dos décadas visibilizando e impulsando la escena local, organiza la 8ª edición de su Festival de teatro, que en esta ocasión tendrá 35 obras a mitad de precio y algunas gratuitas, en 15 salas de la Ciudad de Buenos Aires. Del 31 de agosto al 12 de septiembre, más de 250 artistas escénicos se encontrarán con el público para compartir espectáculos de teatro, danza, circo, música y magia.

El encuentro de apertura se llevará a cabo en Factoría Club Social el domingo 31 de agosto a las 18. Una hora antes arrancarán las primeras dos obras que inauguran el festival: Evitácora, con dramaturgia de Ana Alvarado, la interpretación de Carolina Tejeda y Leonardo Volpedo y la dirección de Caro Ruy y Javier Swedsky, así como Las Cautivas, en el Teatro Metropolitan, de Mariano Tenconi Blanco, con Lorena Vega y Laura Paredes. La fiesta de cierre será en el Circuito Cultural JJ el viernes 12 de septiembre a las 20. En esta oportunidad se convocó a elencos y salas de teatro independiente, oficial y comercial.

Esta comunión artística impulsada por Llegás se da en un contexto de preocupación por el avance del gobierno nacional contra todo el ámbito de la cultura. La derogación del decreto 345/25 es un bálsamo para la escena teatral, porque sin el funcionamiento natural del INT corren serio riesgo la permanencia de muchas salas de teatro independiente en todo el país. Luego de su tratamiento en Diputados, el Senado rechazó el decreto por amplia mayoría: 57 rechazos, 13 votos afirmativos y una abstención.

“Realizar un festival es continuar con el aporte a la producción de eventos culturales desde diversos puntos de vista, ya que todos los hacedores de Llegás pertenecemos a diferentes disciplinas artísticas. A lo largo de nuestros 21 años mantenemos la gratuidad de nuestro medio de comunicación, una señal de identidad del festival que mantiene el espíritu de nuestra revista y fomenta el intercambio con las compañías teatrales”, cuenta Ricardo Tamburrano, director de la revista y quien junto a la bailarina y coreógrafa Melina Seldes organizan Llegás.

Más información y compra de entradas: www.festival-llegas.com.ar

Un festival para celebrar el freno al vaciamiento del teatro

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CABA

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Publicada

hace 2 meses

07/08/2025

A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.

Por María del Carmen Varela

Fotos Lina Etchesuri para lavaca

Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.

Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.

Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.

Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.

El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.

Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.

Continuará.