#NiUnaMás

3 propuestas al Estado: Familiares Víctimas de Femicidios entregaron una carta a Horacio Pietragalla

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hace 4 meses

13/06/2023

El Secretario de Derechos Humanos recibió a la madre de Lucía Pérez, Marta Montero, a los padres de Cecilia Basaldúa, Daniel y Susana, al padre de Carla Soggiu, Alfredo, a los padres de Luna Ortíz, Facundo y Marisa, y al tío de Marina Inés Tripodi en la sede en la ex Esma. Allí los familiares contextualizaron la entrega de una carta que resume en 3 puntos las principales propuestas de políticas urgentes para apoyar el reclamo de búsqueda de justicia, síntesis a la que llegaron tras la asamblea pública del 3J en Plaza de Mayo. Reparación, reforma judicial y costos: los principales ejes, la carta completa, y las historias que grafican los reclamos.

“Después de escucharnos entre cada uno de los padres salió este documento”.

Con esas palabras Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, le extiende la carta al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti. Días atrás, el sábado 3J, viajó también desde Mar del Plata para reunirse junto a decenas de familiares en lo que resultó una asamblea pública inédita e histórica en la que padres y madres de mujeres asesinadas y desaparecidas narraron sus casos y conectaron así los reclamos más urgentes que los atraviesan: impunidad judicial, complicidad narco-policial, falta de apoyo estatal.

Alrededor de la Pirámide de Mayo, rescataron las banderas de “Nunca Más” para proponer una mirada con enfoque de derechos humanos de la violencia machista. Por eso, el siguiente paso fue visitar al ex centro clandestino de detención Esma para acercar una síntesis al Estado de aquel encuentro en el cual, además de historias, nacieron reclamos y propuestas concretas.

3J: El Nunca Más del Ni Una Menos, con una asamblea histórica de Familiares Víctimas de Femicidios en Plaza de Mayo

Las historias

Una de las familias lleva gastados más de 3 millones en el proceso judicial, entre abogados, peritos, traslados y otras yerbas.

Otra tuvo que poner todos sus ahorros y vender pertenencias para pagar un proceso que, encima, está a punto de quedar impune.

Otra, después de 4 años de la muerte de una hija, se hace cargo de sus dos nietos sin percibir la Ley Brisa, que obliga al Estado a pagar una pensión a las y los huérfanos por femicidio.

Otra de ellas – le cuenta al propio secretario Pietragalla- tiene la causa judicial dividida en cinco partes, haciendo imposible el seguimiento por parte de un abogado que le cobra por causa. “Nadie quiere agarrar la causa de mi hija, porque dicen que ponen en peligro su vida”, cuenta además, hecho que a ninguna de las familias le parece anormal.

Cada relato va urdiendo la razón de por qué este grupo de víctimas de femicidios se encuentra en la Secretaría de Derechos Humanos: se trata de un grupo de víctimas organizado que pelea por justicia contra las tramas narco territoriales, la complicidad policial y la impunidad judicial como parte de un mismo monstruo que los acecha y los amenaza, pero no los amedrenta.

En el medio, el Estado, y también las propias familias que, después de las pérdidas, viven poniendo dinero de sus bolsillos para enfrentar procesos que encima, en su mayoría, terminan en la impunidad. “Estamos cansadas”, resume Marisa al sentarse en la silla. “Es repetitiva la violencia que estamos viviendo de todo el Estado, del Poder Judicial, pero también del Ejecutivo”.

Facundo, su marido, suma: “Sin parte económica el Estado no existe. Todo lo que hacemos lo hacemos solos, y nos cuesta”. Y aclara que tuvo que faltar al trabajo para venir a la reunión. Marta recuerda que su marido, Guillermo, fue despedido tras más de 20 años en el mismo empleo por sus faltas sucesivas al tener que salir a pedir justicia por su hija.

“Nos sentimos solos, nos cuesta que las instituciones estén involucradas en serio. Nos sentimos desprotegidos. La única herramienta que tuvimos las familias todos estos años fue salir a las calles”, vuelve a tomar la palabra Marisa.

La carta entregada ayer a Pietragalla propone una Ley de Reparación para las víctimas de femicidios que recoge el guante del informe Nunca Más elaborado por la CONADEP donde recomendó: «Que se dicten las normas necesarias para que los familiares de las víctimas reciban asistencia económica: becas para estudio; asistencia social; puestos de trabajo».

En su carta los familiares proponen dos variantes de aplicación. Pietragalla, especialista en materia de derechos humanos, habló sobre las dificultades de debatir una nueva normativa pero propuso solicitar un mayor presupuesto para la Ley de Víctimas, entre otras estrategias que se comprometió a consensuar con el Ministerio de Mujeres y Géneros de Nación.

“Que estén organizados es importantísimo. La ampliación de presupuesto de la ley de víctimas es fundamental. La ampliación de volumen del Ministerio de Géneros, también” dijo Pietragalla durante el encuentro.

Otro de los puntos refiere a la mentada reforma judicial, que los familiares proponen a arrancar por una urgente capacitación de fiscales, los principales impulsores de las investigaciones judiciales que, según las experiencias vividas por los familiares, son la punta del ovillo de la impunidad: comienzan mal y tarde, ocultan pruebas o no saben cómo buscarlas, enredan los procesos, no tienen perspectiva de género ni de derechos humanos. Daniel Basaldúa resume de qué están hablando: “No podemos hacer justicia porque son narcofemicifios. Por eso necesitamos apoyo, porque peleamos sola contra poderes muy grandes”.

Por eso el pedido apela a una respuesta política y urgente. “Si hay alguna chance de pelearle a lo marco es por el bagaje de derechos humanos”, sumó Claudia Acuña, periodista de lavaca que acompaña a las familias en su reclamo de justicia y construcción de derechos.

Otra de las propuestas que surgieron sobre tablas en la reunión tuvo que ver con una nueva reglamentación de la Ley Brisa, que hoy requiere tener tanto al proceso caratulado como “femicidio” – algo que por la propia desidia estatal la mayoría de las veces no sucede- así como una sentencia de tenencia familiar ya finalizada, algo que también la propia justicia suele demorar años.

Otra propuesta de último momento la sugirió Marta Montero, que hasta las 21 de la noche del día anterior no sabía si tendría pasajes para viajar, y entonces propuso agregar a los reclamos el pedido de un pase libre de transporte para familiares de víctimas, ya que usualmente deben trasladarse cientos de kilómetros para seguir las causas judiciales o para mantener reuniones como ésta.

A las 20 de la noche, después de más de dos horas de charla, las madres y padres seguían conversando en medio de la ex Esma, camino a la salida sobre la calle Libertador.

“Es poquito lo que pedimos”, decía Alfredo Soggiu, padre de Carla Soggiu. “Yo hubiese agregado la idea de sacar las causas de los juzgados donde está garantizada la impunidad, que haya una fuerza especial”, suma y enseguida otro sigue.

Y así, entre las propuestas de la carta (ver abajo) y las ideas que siguen brotando los familiares proponen crear los derechos que faltan que no son otra cosa que los dolores que viven día a día.

Esta tarde recibí a un grupo de familiares de víctimas de femicidios, transfemicidios y desaparecidas, quienes nos hicieron la entrega de un petitorio redactado el pasado 3 de junio en la Plaza de Mayo, en el marco del “Ni una menos”.
Entre otras cosas, solicitan una mayor… pic.twitter.com/mTjVuduKsC
— Horacio Pietragalla Corti ⭐️⭐️⭐️ (@pietragallahora) June 13, 2023

La carta

Nosotras, Familias Victimas de Femicidios, Transfemicidios y Desparecidas, reunidas el de 3 de junio de 2023 en la Plaza de Mayo, en una asamblea realizada a cielo abierto, escuchamos los testimonios de quienes sufren la violencia del Poder Judicial, la ineficacia del Poder Ejecutivo y el desprecio de quienes se autoperciben interlocutoras expertas. Analizamos luego lo común de cada experiencia en la búsqueda de verdad y justicia: lo narco, la policía, la fiscalía como trama de la impunidad. También sacamos cuentas: alcanzar una sentencia firme cuesta más de 25 años. Luego, pesamos nuestras cargas: el tiempo dedicado a golpear puertas, empujar causas; los daños que el maltrato y la impotencia cosechan en nuestra salud, los días de trabajo perdidos, las noches en vela, etc.. Todo lo cual nos llevó comprender que es necesario lograr un cambio concreto y ya, para todas las familias y para que Nunca Más. Por todo esto decidimos concentrar nuestras exigencias en tres puntos:

1) Reparación a las familias víctimas de femicidios, transfemicidios y desaparecidas. La reparación económica de las víctimas constituye para Argentina una experiencia sobresaliente a nivel mundial. Hemos analizado este antecedente, tanto en el camino que requirió por parte de las víctimas para consagrar este derecho como en el modo en el que Estado lo implementó. El primer eslabón lo encontramos en el informe Nunca Más elaborado por la CONADEP donde recomendó: «Que se dicten las normas necesarias para que los familiares de las víctimas reciban asistencia económica: becas para estudio; asistencia social; puestos de trabajo.”

Nutridas por esa experiencia y con la convicción de que las herramientas sociales creadas por el movimiento de derechos humanos nos han legado prácticas concretas para erradicar las violencias que sufrimos, consideramos que es necesario:

a) Desde el 1 de abril de 1996, fecha en la que el Senado y la Cámara de Diputados sancionaron con fuerza de ley N.º 24.632 la Convención de Belem Do Pará, las familias hemos sido víctimas del incumplimiento de esta norma y, por lo tanto, el Estado argentino debe admitir esa falta con una medida de reparación concreta, tal como está previsto en el artículo 7, inciso 6 de esa ley.

b) Debe sancionarse una ley de Reparación Integral a las familias víctimas de femicidios, transfemicidios y desaparecidas.

2) Transformación del Poder Judicial: Mucho se ha hablado de la reforma del Poder Judicial, sin dar un solo paso concreto. Es necesario y urgente, entonces, hacer algo ya. Hay tanto para modificar, tanto para crear y tanto para reflexionar que toda medida concreta resulta chiquita, frente a lo monstruoso de la realidad. Pero las familias sabemos que las cosas llevan tiempo, paciencia, compromiso y un plan de acción puntual, que nos permita medir la diferencia que hay entre lo que nos proponemos y finalmente alcanzamos. En base a este aprendizaje, que nos ha permitido vencer barreras y lograr avances que parecían imposibles, consideramos que es necesario:

a) Crear una mesa de trabajo con eje central en la tarea de las fiscalías, en las que estén involucradas las Procuradurías y las familias.

b) Crear un Observatorio de las Fiscalías de Género a cargo de las universidades nacionales de cada localidad, que dediquen cátedras especializadas al seguimiento e informe de la labor fiscal en causas relacionadas con violencias de género, que sean de acceso público, libre y gratuito.

3) Que el Estado se haga cargo de:

a) los costos de querellas: en tanto logremos que las fiscalías trabajen cada causa en equipo con las familias, es necesario que el Estado tenga un programa para financiar querellas particulares y a los profesionales que eso requiere -letrados y peritos- porque se trata de honorarios absolutamente imposibles de asumir por las familias y que no representan una cifra importante para el Poder Ejecutivo: comparen por ejemplo, lo que han aportado para que el 3 de junio se baile frente al Congreso y lo que significa que el lunes 5 le respondan a los hijos que dejó huérfanos el femicidio de la periodista correntina Griselda Blanco que no hay fondos para pagarle a su abogada.

b) Que el Estado se haga cargo de los pases libres de transporte de las familias, ya sean terrestres o aéreos, ya que debemos trasladarnos constantemente cientos de kilómetros para seguir las causas judiciales, entre otras tareas del reclamo de justicia que afrontamos con nuestros bolsillos.

Estos son nuestros tres pedidos.

Ahora están en sus manos.

Re-parar la violencia: la propuesta de Familiares Víctimas de Femicidios

Femicidio de Julieta Riera: se anuló el juicio que declaró culpable a Jorge Christen, hijo de una ex jueza

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Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»

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hace 4 días

25/09/2023

Un funcionario judicial de Tucumán fue condenado por abuso sexual: 4 años, obligación de reparación económica, capacitación y placas en Tribunales. El hecho no es aislado: el Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro que incluye 420 funcionarios (integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las cúpulas de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católica) denunciados por violencia de género. Los argumentos e implicancias de un fallo ejemplar.

Jorge Edmundo Mistretta, exjefe de despacho de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, jubilado desde 2019, fue condenado a cuatro años por abuso sexual contra dos de sus empleadas. Los abusos ocurrieron en 2013 y 2015: incluye tocarle los pechos a una de ellas y querer besarla, comentarios sexuales groseros, e intento de tocar a otra de las denunciantes.

En el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, compuesto por la jueza María Noel Costa, y los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal, se ordenó:

La inmediata detención, aunque cumplirá prisión domiciliaria por su estado de salud.
Una indemnización de $4.4 millones de pesos y 3.6 millones de pesos para cada una de las víctimas.
La realización de un programa de capacitación sobre perspectiva de género y en política de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
Se solicitó a Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia Nacional que “se arbitren los mecanismos administrativos necesarios por una medida restaurativa que contemple la incorporación a una de las oficinas judiciales de esa jurisdicción -de la Cámara o del Tribunal Oral -, debiendo garantizar la ‘no revictimización’ de una de las víctimas”.
Además se recomendó que se coloquen placas en tribunales donde sucedieron los hechos que digan: “Un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia. No a la violencia ni al acoso”.

Los fundamentos se conocerán el próximo 29 de septiembre.

El “caso” no es aislado. El Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas.

El registro incluye ya 420 funcionarios denunciados, entre intendentes, diputados, fiscales, sargento, jueces, asesores, concejales, cabos, decano, sacerdotes y un largo etcétera. De todos los denunciados 99 son del Poder Judicial, al igual que Jorge Edmundo Mistretta; 139 del Poder Ejecutivo; 62 del Poder Legislativo; 67 de la Iglesia Católica; y 53 de las cúpulas de las fuerzas de seguridad.

El padrón de funcionarios denunciados se puede ver acá

Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia» — El Poder Judicial es el segundo del Estado con más denuncias. Datos de Observatorio Lucía Pérez.

El Estado argentino se comprometió en 2020 a llevar un registro público de funcionarios judiciales denunciados por violencia de género como parte de un acuerdo amistoso alcanzado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta el momento lo hizo de forma incompleta y escasa, por ello comenzó a realizarlo, de manera autogestiva, el Observatorio Lucía Pérez que sumó además otros poderes para completarlo y con esa información reflexionar acerca de qué relación hay entre la ausencia de políticas públicas de contención y prevención y estas prácticas impunes.

Lo que se ve: la consigna “El Estado es responsable” se hace carne en la sistematización de esta información. No lo es solamente por omisión, o ineficaz: es un Estado violento.

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Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

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hace 3 semanas

06/09/2023

La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación contra sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia. Este año se logró la condena a prisión perpetua de dos de los responsables del crimen, pero la familia además reclama el juzgamiento de los policías ya que su inacción resultó clave para que Iara resultara asesinada. Mónica, la madre de la joven: «Si esos funcionarios policiales hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.

Por Natalia Aramayo desde San Salvador de Jujuy

La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación al sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia.

Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de Palpalá, estaban imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras la denuncia de la familia de Iara. El 22 de julio del año pasado el Ministerio Público de la Acusación informó que la investigación se había dado por finalizada y el fiscal de la causa solicitó la citación de los acusados a juicio.

Desde entonces la familia espera la fecha de juicio, pero con lo que se acaban de encontrar es con el sobreseimiento dictado por el juez Rodolfo Nino Fernández, del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública.

Mónica Cunchila, mamá de Iara, expresó en conferencia de prensa en San Salvador: “Esta decisión nos dañó, nos lastimó demasiado, no podemos entender cómo trabaja la justicia”. Mónica llevaba en sus manos los fundamentos que dio el juez: el texto ocupa solamente media carilla. “Imprimí los fundamentos para leer y empaparme» expresó, “pero el fundamento del juez es media carilla, y no me dice por qué tomó esa decisión”.

Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia — Mónica Cunchila junto a su marido Juan José Rueda (los padres de Iara) mostrando a la prensa la decisión del juez: «Si los policías hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.

El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, manifestó que tras entregar el recurso de apelación, el fiscal a cargo de la causa, Diego Funes, también se sumó a la presentación, y que además el propio fiscal general de la provincia, Lello Sánchez, se comunicó con la familia.

«El día que nos enteramos de la decisión del juez Fernández fue sentir que nos mataron a Iara nuevamente», dijo Mónica tras conocer la decisión. El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, sostuvo: “Creemos que estos ocho policías tienen que estar sentados en el banquillo de acusados, porque claramente omitieron, no buscaron, no rastrillaron, dejaron a la deriva a Iara y la familia. No tenemos dudas que son responsables, junto a otras personas de lo que fue la pésima y paupérrima búsqueda y rastrillaje de Iara”.

La comunidad en la calle fue la garantía para que se descubriese a los culpables. Ahora el juez Rodolfo Nino Fernández sobreseyó a policías que con su inacción (¿o complicidad?) se dedicaron a no buscar a Iara, que tenía 16 años al desaparecer. El cuerpo fue encontrado por vecinas y vecinos que asumieron la búsqueda mientras la policía no hacía nada.

Iara Rueda: La negligencia policial mata

Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre de 2020 salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz.

Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda.

Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz.

En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.

El cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de pies y manos. En ese lugar su familia construyó un altar.

“La dejaron abandonada”

El juicio oral y público por el femicidio comenzó el 13 de abril y finalizó este 3 de mayo cuando el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 condenó a prisión perpetua a Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad como autores penalmente responsables de los delitos de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.

El tercer acusado, Fernando Tomás Fernández, fue condenado por el mismo delito pero se consideró al crimen “triplemente agravado por el vínculo”. Dado que al momento del hecho era menor de edad se pidió remitir la copia de la sentencia al Juzgado de Menores que hasta el día de hoy, cuatro meses después, no fijó pena alguna.

Además del juicio por el femicidio, la familia de Iara impulsó desde el primer momento la denuncia contra los funcionarios policiales que no aplicaron los protocolos de búsqueda tal como la legislación lo establece. Sostiene el abogado de la familia: «Además, en el juicio llevado a cabo, donde se condenó a los tres imputados, se demostró que hubo negligencia por parte de la policía al no seguir los rastros que marcó uno de los canes de la policía en la casa de Tomás Fernández”, por lo cual cree incongruente la decisión del juez.

Volver a las marchas

“El caso de Iara marcó un antes y un después no solo en la justicia jujeña sino que también en la sociedad y no puede tener este triste final, con una resolución de un juez que desliga de responsabilidades a estos sujetos. Nadie la buscó, nadie respondió por ella, la dejaron abandonada a ella y a la familia, ¿y ahora nadie responde por eso?».

Mónica es clara sobre cómo continúa la situación: “Volvemos a las marchas, a las calles, de manera pacífica, para exigir no solamente que el juez Fernández de marcha atrás con esta medida, sino que estas leyes se cumplan, para que no vuelva a suceder. Si esos funcionarios hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.

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216 femicidios y travesticidios en 8 meses de 2023

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hace 4 semanas

31/08/2023

216 femicidios y travesticidios en 8 meses de 2023

Durante este agosto sangriento registramos en el Observatorio Lucía Pérez 32 femicidios.

Preocupa porque en agostos de años anteriores, el registro era en muchas ocasiones, menos de la mitad. Preocupa también porque es el mes de 2023 donde más crímenes machistas registramos.

Este agosto Emma, la más pequeña, tenía 2 meses. No fue la única infancia asesinada: Thiago, asesinado junto a su madre María, tenía 13; Morena, 14; Nelsa, 15; y Magalí, también 15. En lo que va del año, son 15 las infancias asesinadas.

En el otro extremo etario de una línea que transversaliza la violencia de este mes está Susana, tenía 83 años.

Las nombramos en el deseo de nombrar a todas. A cada una de las víctimas de los 216 femicidios y travesticidios de lo que va del año. Compañeras de colegio, hijas, amigas, vecinas, 71 de ellas eran madres, por lo que registramos a hoy 155 huerfanxs por la violencia femicida.

Este año registramos también 217 tentativas de femicidios y travesticidios, 27 ocurrieron en el mes de agosto.

Marchamos exigiendo que paren de matarnos 263 veces en el año, este agosto salimos a la calle 33 veces a marchar.

Nos preguntamos: ¿qué más hacer para ponerle freno a la violencia femicida?

Sobre el Observatorio Lucía Pérez:

El Observatorio Lucía Pérez es una herramienta de análisis, debate y acción creada por lavaca.org para erradicar la violencia patriarcal de nuestras vidas y nuestras sociedades.

Realizamos una serie de padrones que compartimos en nuestra web de manera libre, los cuales los confeccionamos en talleres que realizamos con víctimas de violencias, familias sobrevivientes de femicidios, organizaciones sociales y activistas del movimiento trans.

Los datos así recogidos, sumados al seguimiento de lo publicado en medios de todo el país, son luego chequeados y precisados con fuentes judiciales y periodísticas. Cada mes realizamos un resumen que es analizado con víctimas y familias sobrevivientes de femicidios. Anualmente realizamos un informe que compartimos con organizaciones sociales y referentes de la política y la cultura.

Todo la información que producimos es de público y libre acceso.

Agradecemos que si es de tu interés, cites la fuente.

Acá podes encontrar toda la información: www.observatorioluciaperez.org

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