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3 propuestas al Estado: Familiares Víctimas de Femicidios entregaron una carta a Horacio Pietragalla
El Secretario de Derechos Humanos recibió a la madre de Lucía Pérez, Marta Montero, a los padres de Cecilia Basaldúa, Daniel y Susana, al padre de Carla Soggiu, Alfredo, a los padres de Luna Ortíz, Facundo y Marisa, y al tío de Marina Inés Tripodi en la sede en la ex Esma. Allí los familiares contextualizaron la entrega de una carta que resume en 3 puntos las principales propuestas de políticas urgentes para apoyar el reclamo de búsqueda de justicia, síntesis a la que llegaron tras la asamblea pública del 3J en Plaza de Mayo. Reparación, reforma judicial y costos: los principales ejes, la carta completa, y las historias que grafican los reclamos.
“Después de escucharnos entre cada uno de los padres salió este documento”.
Con esas palabras Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, le extiende la carta al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti. Días atrás, el sábado 3J, viajó también desde Mar del Plata para reunirse junto a decenas de familiares en lo que resultó una asamblea pública inédita e histórica en la que padres y madres de mujeres asesinadas y desaparecidas narraron sus casos y conectaron así los reclamos más urgentes que los atraviesan: impunidad judicial, complicidad narco-policial, falta de apoyo estatal.
Alrededor de la Pirámide de Mayo, rescataron las banderas de “Nunca Más” para proponer una mirada con enfoque de derechos humanos de la violencia machista. Por eso, el siguiente paso fue visitar al ex centro clandestino de detención Esma para acercar una síntesis al Estado de aquel encuentro en el cual, además de historias, nacieron reclamos y propuestas concretas.
Las historias
Una de las familias lleva gastados más de 3 millones en el proceso judicial, entre abogados, peritos, traslados y otras yerbas.
Otra tuvo que poner todos sus ahorros y vender pertenencias para pagar un proceso que, encima, está a punto de quedar impune.
Otra, después de 4 años de la muerte de una hija, se hace cargo de sus dos nietos sin percibir la Ley Brisa, que obliga al Estado a pagar una pensión a las y los huérfanos por femicidio.
Otra de ellas – le cuenta al propio secretario Pietragalla- tiene la causa judicial dividida en cinco partes, haciendo imposible el seguimiento por parte de un abogado que le cobra por causa. “Nadie quiere agarrar la causa de mi hija, porque dicen que ponen en peligro su vida”, cuenta además, hecho que a ninguna de las familias le parece anormal.
Cada relato va urdiendo la razón de por qué este grupo de víctimas de femicidios se encuentra en la Secretaría de Derechos Humanos: se trata de un grupo de víctimas organizado que pelea por justicia contra las tramas narco territoriales, la complicidad policial y la impunidad judicial como parte de un mismo monstruo que los acecha y los amenaza, pero no los amedrenta.
En el medio, el Estado, y también las propias familias que, después de las pérdidas, viven poniendo dinero de sus bolsillos para enfrentar procesos que encima, en su mayoría, terminan en la impunidad. “Estamos cansadas”, resume Marisa al sentarse en la silla. “Es repetitiva la violencia que estamos viviendo de todo el Estado, del Poder Judicial, pero también del Ejecutivo”.
Facundo, su marido, suma: “Sin parte económica el Estado no existe. Todo lo que hacemos lo hacemos solos, y nos cuesta”. Y aclara que tuvo que faltar al trabajo para venir a la reunión. Marta recuerda que su marido, Guillermo, fue despedido tras más de 20 años en el mismo empleo por sus faltas sucesivas al tener que salir a pedir justicia por su hija.
“Nos sentimos solos, nos cuesta que las instituciones estén involucradas en serio. Nos sentimos desprotegidos. La única herramienta que tuvimos las familias todos estos años fue salir a las calles”, vuelve a tomar la palabra Marisa.
La carta entregada ayer a Pietragalla propone una Ley de Reparación para las víctimas de femicidios que recoge el guante del informe Nunca Más elaborado por la CONADEP donde recomendó: “Que se dicten las normas necesarias para que los familiares de las víctimas reciban asistencia económica: becas para estudio; asistencia social; puestos de trabajo”.
En su carta los familiares proponen dos variantes de aplicación. Pietragalla, especialista en materia de derechos humanos, habló sobre las dificultades de debatir una nueva normativa pero propuso solicitar un mayor presupuesto para la Ley de Víctimas, entre otras estrategias que se comprometió a consensuar con el Ministerio de Mujeres y Géneros de Nación.
“Que estén organizados es importantísimo. La ampliación de presupuesto de la ley de víctimas es fundamental. La ampliación de volumen del Ministerio de Géneros, también” dijo Pietragalla durante el encuentro.
Otro de los puntos refiere a la mentada reforma judicial, que los familiares proponen a arrancar por una urgente capacitación de fiscales, los principales impulsores de las investigaciones judiciales que, según las experiencias vividas por los familiares, son la punta del ovillo de la impunidad: comienzan mal y tarde, ocultan pruebas o no saben cómo buscarlas, enredan los procesos, no tienen perspectiva de género ni de derechos humanos. Daniel Basaldúa resume de qué están hablando: “No podemos hacer justicia porque son narcofemicifios. Por eso necesitamos apoyo, porque peleamos sola contra poderes muy grandes”.
Por eso el pedido apela a una respuesta política y urgente. “Si hay alguna chance de pelearle a lo marco es por el bagaje de derechos humanos”, sumó Claudia Acuña, periodista de lavaca que acompaña a las familias en su reclamo de justicia y construcción de derechos.
Otra de las propuestas que surgieron sobre tablas en la reunión tuvo que ver con una nueva reglamentación de la Ley Brisa, que hoy requiere tener tanto al proceso caratulado como “femicidio” – algo que por la propia desidia estatal la mayoría de las veces no sucede- así como una sentencia de tenencia familiar ya finalizada, algo que también la propia justicia suele demorar años.
Otra propuesta de último momento la sugirió Marta Montero, que hasta las 21 de la noche del día anterior no sabía si tendría pasajes para viajar, y entonces propuso agregar a los reclamos el pedido de un pase libre de transporte para familiares de víctimas, ya que usualmente deben trasladarse cientos de kilómetros para seguir las causas judiciales o para mantener reuniones como ésta.
A las 20 de la noche, después de más de dos horas de charla, las madres y padres seguían conversando en medio de la ex Esma, camino a la salida sobre la calle Libertador.
“Es poquito lo que pedimos”, decía Alfredo Soggiu, padre de Carla Soggiu. “Yo hubiese agregado la idea de sacar las causas de los juzgados donde está garantizada la impunidad, que haya una fuerza especial”, suma y enseguida otro sigue.
Y así, entre las propuestas de la carta (ver abajo) y las ideas que siguen brotando los familiares proponen crear los derechos que faltan que no son otra cosa que los dolores que viven día a día.
La carta
Nosotras, Familias Victimas de Femicidios, Transfemicidios y Desparecidas, reunidas el de 3 de junio de 2023 en la Plaza de Mayo, en una asamblea realizada a cielo abierto, escuchamos los testimonios de quienes sufren la violencia del Poder Judicial, la ineficacia del Poder Ejecutivo y el desprecio de quienes se autoperciben interlocutoras expertas. Analizamos luego lo común de cada experiencia en la búsqueda de verdad y justicia: lo narco, la policía, la fiscalía como trama de la impunidad. También sacamos cuentas: alcanzar una sentencia firme cuesta más de 25 años. Luego, pesamos nuestras cargas: el tiempo dedicado a golpear puertas, empujar causas; los daños que el maltrato y la impotencia cosechan en nuestra salud, los días de trabajo perdidos, las noches en vela, etc.. Todo lo cual nos llevó comprender que es necesario lograr un cambio concreto y ya, para todas las familias y para que Nunca Más. Por todo esto decidimos concentrar nuestras exigencias en tres puntos:
1) Reparación a las familias víctimas de femicidios, transfemicidios y desaparecidas. La reparación económica de las víctimas constituye para Argentina una experiencia sobresaliente a nivel mundial. Hemos analizado este antecedente, tanto en el camino que requirió por parte de las víctimas para consagrar este derecho como en el modo en el que Estado lo implementó. El primer eslabón lo encontramos en el informe Nunca Más elaborado por la CONADEP donde recomendó: “Que se dicten las normas necesarias para que los familiares de las víctimas reciban asistencia económica: becas para estudio; asistencia social; puestos de trabajo.”
Nutridas por esa experiencia y con la convicción de que las herramientas sociales creadas por el movimiento de derechos humanos nos han legado prácticas concretas para erradicar las violencias que sufrimos, consideramos que es necesario:
a) Desde el 1 de abril de 1996, fecha en la que el Senado y la Cámara de Diputados sancionaron con fuerza de ley N.º 24.632 la Convención de Belem Do Pará, las familias hemos sido víctimas del incumplimiento de esta norma y, por lo tanto, el Estado argentino debe admitir esa falta con una medida de reparación concreta, tal como está previsto en el artículo 7, inciso 6 de esa ley.
b) Debe sancionarse una ley de Reparación Integral a las familias víctimas de femicidios, transfemicidios y desaparecidas.
2) Transformación del Poder Judicial: Mucho se ha hablado de la reforma del Poder Judicial, sin dar un solo paso concreto. Es necesario y urgente, entonces, hacer algo ya. Hay tanto para modificar, tanto para crear y tanto para reflexionar que toda medida concreta resulta chiquita, frente a lo monstruoso de la realidad. Pero las familias sabemos que las cosas llevan tiempo, paciencia, compromiso y un plan de acción puntual, que nos permita medir la diferencia que hay entre lo que nos proponemos y finalmente alcanzamos. En base a este aprendizaje, que nos ha permitido vencer barreras y lograr avances que parecían imposibles, consideramos que es necesario:
a) Crear una mesa de trabajo con eje central en la tarea de las fiscalías, en las que estén involucradas las Procuradurías y las familias.
b) Crear un Observatorio de las Fiscalías de Género a cargo de las universidades nacionales de cada localidad, que dediquen cátedras especializadas al seguimiento e informe de la labor fiscal en causas relacionadas con violencias de género, que sean de acceso público, libre y gratuito.
3) Que el Estado se haga cargo de:
a) los costos de querellas: en tanto logremos que las fiscalías trabajen cada causa en equipo con las familias, es necesario que el Estado tenga un programa para financiar querellas particulares y a los profesionales que eso requiere -letrados y peritos- porque se trata de honorarios absolutamente imposibles de asumir por las familias y que no representan una cifra importante para el Poder Ejecutivo: comparen por ejemplo, lo que han aportado para que el 3 de junio se baile frente al Congreso y lo que significa que el lunes 5 le respondan a los hijos que dejó huérfanos el femicidio de la periodista correntina Griselda Blanco que no hay fondos para pagarle a su abogada.
b) Que el Estado se haga cargo de los pases libres de transporte de las familias, ya sean terrestres o aéreos, ya que debemos trasladarnos constantemente cientos de kilómetros para seguir las causas judiciales, entre otras tareas del reclamo de justicia que afrontamos con nuestros bolsillos.
Estos son nuestros tres pedidos.
Ahora están en sus manos.
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Conmovedora acción contra los femicidios en el estadio Maradona
Todas las luces del Estadio Diego Armando Maradona se apagaron. Minutos antes del partido de Argentinos Juniors contra Barracas Central, solo se encendió un reflector: el que iluminaba las butacas de la platea Francis Cornejo. Cada una de las butacas con un nombre.
Tamara
Vanesa
Sheila
Abril
Rocio
Elena
Ana
Los nombres en las butacas del estadio de Argentinos Juniors. Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
Aquí se puede ver la imagen de cómo fue ese momento.
Fue el modo que se utilizó para mostrar los 277 nombres de víctimas de femicidios y travesticidios en lo que va de este año hasta hoy: 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer.
En la oscuridad absoluta la voz del estadio dijo desde todos los parlantes: “Esas butacas vacías, cada una con el nombre de una víctima de femicidio, son un recordatorio doloroso: en lo que va del año 277 mujeres han sido asesinadas por el solo hecho de ser mujer. No son solo cifras, son historias, son ausencias”.
Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
Y un aplauso conmovedor y sincero inundó todo el estadio.
La acción fue impulsada por Secretaría de Género de Argentinos Juniors junto al Observatorio Lucía Pérez para visibilizar la violencia machista en nuestro país.
Las integrantes de la Secretaría de Géneros de Argentinos Juniors y del Observatorio Lucía Pérez. Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
“La idea fue dejar un espacio vacío de la tribuna con los nombres de las mujeres asesinadas durante este año, y mostrar así la falta, que ellas hoy no están pudiendo venir a la cancha. Tomamos el mensaje del Observatorio: no son solo cifras, sino que detrás de cada uno de estos nombres , hay una historia”, dice a lavaca Mariel Alonso en la previa al partido mientras se repartían volantes con la invitación a visitar la web de la Secretaría del club y conocer la acción que se estaba por llevar a cabo.
Las camisetas de los jugadores adaptadas para el evento programado por la Secretaría de Géneros del club. Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
Las butacas vacías se iluminaron luego de la entrada en calor de los jugadores, que minutos después salieron a la cancha con un parche en la camiseta oficial que dice 25N, en homenaje a este día. Los suplentes salieron al campo con una remera especialmente diseñada para hoy que en la espalda tenía un dibujo que entre mujeres y banderas dejaba ver dos mensajes: “25N” y “Rompamos el silencio”.
Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
“Hacer estas acciones en un club es fundamental”, explica Vanina Sánchez, secretaria de Géneros de la Asociación Atlética Argentinos Juniors. “Los clubes de fútbol no son solamente de fútbol, son también espacios donde las mujeres y los hombres venimos a pasarla bien, a alentar por nuestros colores, y son lugares donde estas batallas hay que darlas. Es súper importante que como institución deportiva podamos dar un mensaje: el de que es importante involucrarnos, defender nuestros derechos, y pedir también justicia por todas las mujeres que ya no están”.
Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
El Observatorio Lucía Pérez, que lleva el nombre de la joven asesinada en Mar del Plata, es una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca con el objetivo de generar el primer padrón autogestionado y público de femicidios y travesticidios de Argentina. Toda la información está disponible y es de libre acceso con el objetivo de que aporte así a encontrar una solución frente a la violencia. Toda la info se puede ver acá: https://observatorioluciaperez.org/
Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
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No son cifras
La cifra de violencia contra las mujeres registró un nuevo salto: 277 femicidios y travesticidios se produjeron hasta hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, según la información del Observatorio Lucía Pérez, primer padrón autogestionado sobre violencia patriarcal. Por esa razón la Secretaría de Género de la Asociación Atlética Argentinos Juniors impulsa junto al Observatorio una acción para visibilizar la violencia machista en nuestro país. Esta noche Argentinos juega a las 21.15 en su estadio Diego Armando Maradona contra Barracas Central.
Se dejarán 277 butacas vacías de una de las tribunas para poner el foco así en todas las mujeres que nos faltan. Además los jugadores saldrán a la cancha con un parche en su camiseta que recuerda la importancia de seguir reclamando por el fin de estos crímenes.
La investigación cotidiana del Observatorio Lucía Pérez elevó el registro de femicidios y travesticidios en lo que va del año a 277 hasta hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Además, a raíz de esos crímenes, quedaron 161 huérfanxs. Como respuesta hubo 288 marchas y movilizaciones en búsqueda de justicia.
El Observatorio Lucía Pérez, que lleva el nombre de la joven asesinada en Mar del Plata en 2016, es una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca con el objetivo de generar el primer padrón autogestionado y público de femicidios y travesticidios de Argentina.
Mediante una docena de padrones que se actualizan diaria y mensualmente se construye una cartografía de la violencia y la descripción de cómo opera el Poder Judicial, la policía y las pocas medidas de protección con la que cuentan las víctimas antes de ser asesinadas.
De los 277 femicidios y travesticidios:
- 25 habían realizado denuncias previamente.
- 70 de ellas tenían hijxs, lo que provoca la cifra de 161 huérfanxs. En muchos casos sus hijxs presenciaron el crimen, como en el femicidio de Rosa Vanesa Mamani Vargas, asesinada el primer día del año; o el de Ramona Isabel Morínigo, asesinada en febrero frente a su hijo de 15 años; o el de Analía Celeste Oliva, cuyos hijos de 11 y 15 años fueron quienes encontraron el cuerpo.
- Tres de ellas estaban embarazadas.
- 30 estuvieron desaparecidas antes de confirmarse que habían sido asesinadas.
- 24 eran menores de edad.
Cada una de ellas no es una cifra, son madres, hijas, hermanas, vecinas, amigas, compañeras, hinchas por las que pedir justicia.
Por eso que en este día la Secretaría de Género de Argentinos Juniors impulsa junto al Observatorio Lucía Pérez una acción para visibilizar la violencia machista en nuestro país. Esta noche, en el partido contra Barracas Central, se dejarán 277 butacas vacías de una de las plateas para poner el foco así en todas las que nos faltan. Además los jugadores saldrán a la cancha con un parche en su camiseta que recuerda la importancia de seguir reclamando por el fin de estos crímenes.
Toda la información generada por el Observatorio Lucía Pérez está disponible y es de libre acceso con el deseo de que aporte así a encontrar una solución frente a la violencia. Se puede ver acá: https://observatorioluciaperez.org/
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Jury a los jueces Gómez Urso y Viñas: sin culpa y con cargo
Absolvieron a los jueces responsables del fallo del primer juicio (2018) por el femicidio de Lucía Pérez, que fue luego anulado por el Tribunal de Casación por la falta de perspectiva de género y la re victimización de Lucía (16 años) y obligó a un segundo juicio realizado en 2023. Ese nuevo proceso, con otros magistrados, sí condenó por el femicidio ocurrido en octubre de 2016 a Matías Farías y Juan Pablo Offidani, quienes además vendían droga en la puerta de la escuela a la que concurría Lucía. Detalles de lo ocurrido hoy y la voz de Guillermo Pérez, el padre de la víctima: “Mensaje más mafioso que este no se me ocurre”.
Por Anabella Arrascaeta
Terminó hoy el juicio político a los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas quienes fueron absueltos de la acusación de “negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta” por su actuación en el primer juicio por el femicidio de Lucía Pérez. En esa oportunidad ambos –junto al juez Aldo Carnevale que evitó el proceso al jubilarse anticipadamente– firmaron un fallo vergonzoso en 2018 que, en resumen, victimizó a Lucía de su propio femicidio, y absolvió a los acusados. Esa sentencia fue anulada por el Tribunal de Casación, que ordenó un nuevo juicio realizado en 2023 en el que finalmente se condenó a los autores del femicidio.
La llegada a este jury (más allá de su resultado) sienta un precedente histórico sobre el control social y político al Poder Judicial.
El Tribunal que analizó el caso fue encabezado por el presidente de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Soria, y conformado por integrantes del Poder Legislativo.
No hubo audiencia sino un comunicado leído por el secretario del jury Ulises Giménez de modo virtual, y en contacto con las partes.
La familia de Lucía Pérez tuvo que ver la lectura de la sentencia por YouTube, al igual que los abogados de la querella. No se difundieron tampoco los fundamentos, que se darán a conocer mañana y se enviarán por mail a las partes.
Solo se informó la decisión unánime de absolver a los jueces y de solicitar a su vez a la Suprema Corte “la posibilidad de optimizar la capacitación en materia de género”.
El voto de absolución incluye al propio Daniel Soria y a los legisladores:
- Senador Gustavo Soos (Unión por la Patria).
- Senadora Gabriela Demaría (Unión por la Patria).
- Diputada Maite Milagros Alvado (Unión por la Patria).
- Senador Ariel Martínez Bordaisco (UCR).
- Diputada Susana Haydee González (Unión por la Patria).
Hacia el final, antes de que desconectaran la transmisión, la ex diputada Araceli Ferreyra, una de las impulsoras del juicio político, hizo oír su voz de repudio: “Lucía Pérez, presente, ahora y siempre”.
La familia: “Mensaje mafioso”
Guillermo Pérez, el padre de Lucía, habló desde Mar del Plata con lavaca:
Su primera reflexión: “Estamos asumiendo el cachetazo. Esto no es un mensaje para nosotros, es para la sociedad. Lo veo así. Ahora vamos a aclarar la cabeza, apagar los celulares, intentar dormir un poco. Todavía no hablamos con nuestro abogado”.
Sobre la absolución: “Pienso que los legisladores tienen que pagar el precio político. Los legisladores tanto como el presidente de la Corte estuvieron cuando a los jueces se los suspendió, ahí también fue por unanimidad, y ahora dicen otra cosa. Todavía no sabemos los fundamentos. Pero mensaje más mafioso que este, no se me ocurre”.
La contradicción: “Los legisladores tienen que pagar un costo. ¿Qué tengo que hacer, ir a verlo a Milei? ¿Qué tenemos que hacer? Es una contradicción este fallo, dice que tienen que hacer capacitación sobre violencia y los absuelven. Todavía no alcanzo a entender, quisiera saber los fundamentos de la sentencia”.
Otra reflexión: “Podemos tomar la sentencia, pero políticamente todo tiene un costo porque traicionaron a una sociedad. No nos traicionaron solo a nosotros. Ahora ¿quién les va a creer?”
El fallo
El fallo se dictó de manera virtual –dado que hoy se conmemora aniversario de la ciudad de La Plata y se dispuso asueto administrativo– y se siguió colectivamente en distintos puntos de Mar del Plata, La Plata, y CABA.
La familia de Lucía escuchó la sentencia rodeada de quienes la acompañan en la búsqueda de justicia en La Casa de Lucía, un espacio de encuentro y aprendizaje destinado a prevenir las violencias.
El fallo se dio a conocer un día antes de que se cumplan 35 años de la Convención sobre los Derechos de los Niños, y a menos de una semana del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
“Narcofemicidio“
El jury había comenzado el pasado lunes 11 de noviembre (https://lavaca.org/ni-una-mas/lucia-perez-asi-comenzo-el-juicio-politico-a-los-jueces-que-buscaron-dejar-impune-el-femicidio/).
Durante dos días hubo audiencias presenciales en el salón “Nunca Más” del Senado bonaerense donde desfilaron testigos convocados tanto por la acusación como por la defensa.
Los primeros argumentaron sobre el mal desempeño de los jueces Gómez Urso y Viñas, detallando momentos del juicio en los que atacaron a la familia y a sus testigos, así como los extractos del fallo que, según el representante del Ministerio Público Fiscal, Marcelo Lapargo, “desobedecieron leyes y normativas nacional e internacionales”.
Expusieron también Guillermo Pérez y Marta Montero, los padres de Lucía, quienes describieron el calvario en el que convirtió su vida tras la muerte de su hija y también tras la primera sentencia: “El primer juicio fue una tortura”, resumió Guillermo. Luego declaró Matías Pérez, hermano de Lucía, quien dijo con lágrimas en los ojos: “Lo único que sigo viendo es como se nos sigue pasando la vida pidiendo justicia”.
Luego fue el turno de Gustavo Melmann, papá de Natalia, asesinada, violada y torturada cuando era una niña de 14 años; María Elena Naddeo, ex presidenta del Consejo de los Derechos de lxs Niñxs; Laureana Malacalza que en el momento del juicio era Coordinadora del Observatorio de Género de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires; Natalia Gauna que en el momento del juicio trabajaba en la Defensoría y fue veedora de todas las audiencias; Fernando Fernández y Alejandro Agote, ambos trabajadores judiciales de Mar del Plata.
En esta crónica, la descripción de sus aportes e intervenciones en el jury: https://lavaca.org/ni-una-mas/lucia-perez-asi-comenzo-el-juicio-politico-a-los-jueces-que-buscaron-dejar-impune-el-femicidio/
Flavia Delmas, ex Secretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género de la Provincia de Buenos Aires, sintetizó en una nota su responsabilidad en el proceso: “Estos jueces, Viñas y Gómez Urso, tuvieron que discernir qué había sucedido entre una niña adolescente de 16 años, estudiante secundaria, y dos personas mayores –uno de 23 años y otro de 41 años– que vendían estupefacientes en la puerta de su escuela. Es decir, dos hombres pertenecientes a una banda criminal que buscaba captar niñas adolescentes para el consumo. La invisibilidad de lo evidente, el afán de extirpar las jerarquías y los estatus que se desplegaron en esas apenas 24 horas previas al femicidio, es una de las principales operaciones de poder que se han producido en el juicio acontecido en Mar del Plata en 2018. Sin lugar a dudas este caso es paradigmático ya que devela un tipo de femicidios que nada tienen que ver con los más extendidos en nuestro país: los de violencia doméstica. Esto implicaba un desafío para los jueces: producir la distinción de un fenómeno creciente, que es el NARCO FEMICIDIO”. Y concluyó: “Ante este desafío, los jueces acusados en el jury tomaron el atajo corto: culpar a la víctima”.
Por su parte, la defensa convocó a tres abogados: al ex abogado de la familia de Lucía, al abogado Esteban Viñas, primo de uno de los jueces imputados e integrante de la Red de Jueces Penales; y a la abogada de Matías Farías, condenado por el femicidio de Lucía Pérez.
El proceso
El jury político que culminó hoy representa un hito de cómo luchar frente a las injusticias. La familia de Lucía Pérez, tras su femicidio, logró la anulación del primer juicio (2018) y realizar un nuevo proceso a cargo de otro Tribunal, en el que Matías Farías fue condenado a cadena perpetua por el femicidio y Juan Pablo Offidani a 15 años de prisión, considerado “partícipe secundario”. Este fallo contrastaba con el primero, que los había condenado solo a 8 años de prisión por la venta de drogas en la puerta de la escuela a la que concurría Lucía.
En el segundo juicio, llevado a cabo en 2023, los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone determinaron por unanimidad que estaba acreditado el abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes del que fue víctima Lucía Pérez. Y en el fallo ponderaron a su vez su doble rol de víctima mujer y niña amparado por normativa internacional y nacional y por los parámetros de perspectiva de género.
Nada de esto había sido considerado en el primer juicio. Por eso, el 22 de mayo de 2019 en la Cámara de Diputados de la Nación se anunció la presentación del pedido de destitución a los jueces del Tribunal en lo Criminal N°1 de Mar del Plata: Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, quien finalmente pidió la jubilación anticipada.
Dos años más tarde, en abril de 2021, la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses resolvió acusar a los jueces Viñas y Gómez Urso por “negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta”. Desde ese momento fueron preventivamente destituidos y dejaron de cobrar el 40% de sus honorarios.
En paralelo, la Corte Suprema bonaerense aprobó este mismo año una Guía Práctica para que jueces y juezas apliquen la perspectiva de género que justamente cita ese fallo. La guía señala: “La estereotipación debe ser desarticulada” porque “trae como consecuencia la negación de un derecho, la imposición de una carga mayor o degradación, provocando de ese modo la perpetuación de prácticas que entrañan violencia y discriminación desde el Poder Judicial, pudiendo caer en violencia institucional”.
Los argumentos para la destitución de los jueces eran varios. Por parte del Ministerio Público Fiscal, el fiscal Marcelo Lapargo sostuvo en su pedido de destitución: “Si en vez de discriminar por la conducta sexual previa de Lucía, lo hubieran hecho porque Lucía era negra, judía o evangélica, estaría clarísimo, no estaríamos ni discutiendo. El tema es que la conducta sexual parece algo en lo que estamos autorizados a meternos (…) Discriminar no es un hecho menor. Discriminar a una niña, a una menor de edad, no es un hecho menor. Tratar de entender que su valía se ser amparada por las leyes se define por los hallazgos de una autopsia, no es un hecho menor”. Y dijo después a modo de conclusión: “En definitiva los magistrados causaron una grave ofensa a la familia y un grave desprestigio al poder judicial”.
Nada de esto fue tenido en cuenta para la absolución de hoy, que además reintegra a ambos jueces a sus cargos y les restituye la totalidad de sus salarios.
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