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Femicidio de Julieta Riera: se anuló el juicio que declaró culpable a Jorge Christen, hijo de una ex jueza

Prisión domiciliaria durante el proceso judicial, salidas transitorias para visitar familiares, anulación de un juicio que lo encontró culpable: hijo de una ex jueza, Jorge Christen sigue haciendo gala de su impunidad por el femicidio de Julieta Riera. La familia de la joven elevó un recurso a la Corte Suprema y apela a que la visibilidad del caso desarme la impunidad local. La voz de la familia ante los riegos a tener que volver a pasar por un posible nuevo proceso: “¿Y nosotros? ¿Quién piensa en nuestra salud física y mental? Porque todo esto es desgastante e implica volver atrás en el tiempo, cosa que es sumamente doloroso para toda la familia. Ya basta de impunidad”.
Por Franca Boccazzi
La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos anuló, tras una sentencia inédita, el juicio que condenó a Jorge Julián Christe a cadena perpetua por el femicidio de su pareja, María Julieta Riera. El argumento para justificar la decisión fue que se observaron errores en el proceso y que por eso debe hacerse nuevamente. Esto no sólo implica un retroceso en la obtención de justicia de la familia de la víctima, que había logrado llegar a la verdad y a una sentencia firme para el culpable, sino que ahora tendrán que afrontar otro juicio de cero, con todo el dolor que eso implica: volver a reconstruir la historia y las pruebas para demostrar que Julieta no se cayó del balcón, como sostuvo siempre la defensa del acusado, sino que él la arrojó. Tanto el fiscal de la causa, Ignacio Aramberry, como la abogada de la familia, Corina Beisel, mostraron preocupación por la decisión del tribunal y ya están trabajando para llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ana Brugo, madre de Julieta, considera la posibilidad de que esta medida es otro privilegio más que obtuvo Christe por ser hijo de una ex jueza de Paraná.
A pesar de no pronunciarse sobre los pedidos de absolución y libertad inmediata que había solicitado la defensa del femicida, el tribunal integrado por les jueces Claudia Mizawak, Daniel Carubia y Miguel Giorgio sí resolvió por mayoría, con dos votos a favor (de Mizawak y Carubia) y uno en contra (de Giorgio), hacer lugar a la anulación del juicio por jurados celebrado en abril del 2021, echando para atrás la decisión del Tribunal de Casación que había ratificado el fallo del jurado popular que, de forma unánime, había encontrado a Christe culpable bajo el cargo de homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y por haber sido cometido mediando violencia de género.
Los caballitos de batalla de la anulación
“El juicio no estuvo mal hecho”, sostuvo Corina Beisel en diálogo con Radio La Red. La abogada de la familia de Riera explicó que la representante de Jorge Christen presentó un recurso de Impugnación Extraordinaria argumentando que hubo dos fotografías que no se mostraron durante la investigación penal preparatoria y esto ya es suficiente para decir que se violó el derecho a la defensa. Sin embargo, para Beisel la decisión del STJ es cuestionable: «He visto otros casos en los cuales, a pesar de estas cuestiones, han soslayado algunas cosas ya que han valorado la copiosa prueba que nos lleva a esta premisa de que, si suprimimos la prueba cuestionada, se arribaría a la misma conclusión».
Por otra parte, en la sentencia se critica al juez en su modo de instruir al jurado por decir “en, al menos 8 oportunidades, la necesidad de llegar a un veredicto unánime, sin explicar claramente la posibilidad de declarar “estancado” el juicio por inexistencia de unanimidad”. En realidad, es obligación explicarle al jurado la necesidad de llegar a una decisión unánime tanto para condenar como para absolver. Además, el “estancamiento” no está considerado como una tercera vía de resolución a menos que el jurado plantee dificultades en la deliberación como puede pasar en casos donde no hay pruebas suficientes. Entonces, al no ser obligatoria la instrucción sobre el estancamiento, es aún más grave que el STJ haya expresado que la omisión de esta instrucción es parte causal de la anulación de un juicio donde hubo un veredicto unánime de un jurado popular que además fue ratificado por la Cámara de Casación de Paraná.
El principio y el contexto
María Julieta Riera tenía 24 años cuando el 30 de abril del 2020 en la madrugada su pareja de 31 años, Jorge Julián Christen, la arrojó desde el octavo piso del departamento donde convivían, a pocas cuadras del centro de Paraná. La caída de 19 metros de altura hizo que muriera inmediatamente. Luego la autopsia confirmó, además, que Julieta tenía lesiones producto de haber recibido violencia física previo a la caída.
Lo primero que hizo Jorge después de esta escena fue subirse a su moto y pasar por la casa de su mamá, la ex jueza Ana María Stagnaro, y de ahí a la comisaría para dar aviso de que su pareja se había caído del balcón.
A partir de ese momento quedó detenido y 4 meses más tarde logró obtener el beneficio de la prisión domiciliaria para pasar el resto del proceso judicial en la casa de su madre. Un año después fue condenado a prisión perpetua y llevado a la Unidad Penal 1 de la capital entrerriana. Tanto Ana Brugo como Corina Beisel cuentan que Christen obtuvo varias salidas transitorias para visitar a su hijo en casa, cuando en realidad lo común es que las familias tengan que dirigirse al penal para encontrarse con la persona privada de libertad. Beisel grafica el beneficio contando que ella, como abogada, tiene muchos clientes condenados que hace años están en prisión y aún no lograron una salida transitoria.
Prisión domiciliaria durante el proceso judicial, salidas transitorias para visitar familiares, anulación de un juicio por jurado donde 12 personas encontraron culpable a Christen: estos aspectos son considerados privilegios por ser un hijo del poder. No sólo por las posibles influencias de Stagnaro en el ámbito judicial sino también por los recursos económicos que posibilitaron que la familia de Jorge pagara peritos y consultores externos, además de una abogada como Mariana Barbitta que cuenta con una amplia trayectoria y sin ejercer en Entre Ríos se matriculó especialmente en esta provincia para atender el caso.
Es por esto que para la familia de Julieta fue crucial el acompañamiento de la comunidad paranaense, de organizaciones sociales y feministas en todas las instancias del juicio. Gracias a la incontable cantidad de movilizaciones, incluso en pandemia, el caso alcanzó la suficiente visibilización para que la familia pudiera conseguir un juicio justo que duró dos semanas, con la certeza de un proceso transparente y un jurado conformado por 12 ciudadanes. “Yo doy gracias a la sociedad porque es lo único que tengo, que me ayuda y que me da fuerzas para seguir”, le contó Ana Brugo a lavaca.
Cómo se sigue
Si bien la anulación del juicio no implica la inocencia de Jorge Christen, ahora su defensa tiene la posibilidad de obtener prisión domiciliaria o incluso la libertad del acusado mientras espera el nuevo juicio. Esto es un motivo de preocupación para la familia de Riera, no solo por el temor a ser agredides o de cruzarse por la calle con el femicida de Julieta, sino también por el riesgo de que Christen se dé a la fuga. Más allá de los recursos económicos del condenado que posibilitarían que esto suceda, para Corina el atenuante principal es la actitud que tuvo después de haber matado a su pareja: no quedarse en el lugar del hecho junto al cuerpo y llamar al 911, y en su lugar ir a la casa de la madre y luego a la comisaría para hacer pasar la situación como un accidente. Para la abogada, este comportamiento demuestra que “no es una persona fiable”.
Por eso, tanto la fiscalía como Beisel se ocuparon rápidamente de elevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y apelan a que la visibilidad del caso ayude a que el proceso avance lo más rápido posible.
Mientras tanto, Ana y su familia deben lidiar con el shock emocional que implicó la anulación del juicio. Al día siguiente de recibir la noticia la mamá de Julieta tuvo que volver a recurrir a tratamiento psicológico y el duelo que habían empezado luego de obtener justicia con la condena a prisión perpetua de Christen, ahora se transforma nuevamente en un proceso angustiante y extenuante. Al respecto ella expresó: “¿Y nosotros? ¿Quién piensa en nuestra salud física y mental? Porque todo esto es desgastante e implica volver atrás en el tiempo, cosa que es sumamente doloroso para toda la familia, es terrible”.
Sin embargo esta sensación no opaca el deseo de agotar todas las instancias necesarias para que el femicida de Julieta tenga su sentencia definitiva: “Sabemos que el proceso en Nación es más lento, pero como familia estamos dispuestos a remover cielo y tierra porque esto no puede quedar así: nosotros atravesados por el dolor y con impunidad. Ya basta de impunidad”.
Nota
Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»
Un funcionario judicial de Tucumán fue condenado por abuso sexual: 4 años, obligación de reparación económica, capacitación y placas en Tribunales. El hecho no es aislado: el Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro que incluye 420 funcionarios (integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las cúpulas de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católica) denunciados por violencia de género. Los argumentos e implicancias de un fallo ejemplar.
Jorge Edmundo Mistretta, exjefe de despacho de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, jubilado desde 2019, fue condenado a cuatro años por abuso sexual contra dos de sus empleadas. Los abusos ocurrieron en 2013 y 2015: incluye tocarle los pechos a una de ellas y querer besarla, comentarios sexuales groseros, e intento de tocar a otra de las denunciantes.
En el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, compuesto por la jueza María Noel Costa, y los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal, se ordenó:
- La inmediata detención, aunque cumplirá prisión domiciliaria por su estado de salud.
- Una indemnización de $4.4 millones de pesos y 3.6 millones de pesos para cada una de las víctimas.
- La realización de un programa de capacitación sobre perspectiva de género y en política de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
- Se solicitó a Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia Nacional que “se arbitren los mecanismos administrativos necesarios por una medida restaurativa que contemple la incorporación a una de las oficinas judiciales de esa jurisdicción -de la Cámara o del Tribunal Oral -, debiendo garantizar la ‘no revictimización’ de una de las víctimas”.
- Además se recomendó que se coloquen placas en tribunales donde sucedieron los hechos que digan: “Un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia. No a la violencia ni al acoso”.
Los fundamentos se conocerán el próximo 29 de septiembre.
El “caso” no es aislado. El Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas.
El registro incluye ya 420 funcionarios denunciados, entre intendentes, diputados, fiscales, sargento, jueces, asesores, concejales, cabos, decano, sacerdotes y un largo etcétera. De todos los denunciados 99 son del Poder Judicial, al igual que Jorge Edmundo Mistretta; 139 del Poder Ejecutivo; 62 del Poder Legislativo; 67 de la Iglesia Católica; y 53 de las cúpulas de las fuerzas de seguridad.
El padrón de funcionarios denunciados se puede ver acá

El Estado argentino se comprometió en 2020 a llevar un registro público de funcionarios judiciales denunciados por violencia de género como parte de un acuerdo amistoso alcanzado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta el momento lo hizo de forma incompleta y escasa, por ello comenzó a realizarlo, de manera autogestiva, el Observatorio Lucía Pérez que sumó además otros poderes para completarlo y con esa información reflexionar acerca de qué relación hay entre la ausencia de políticas públicas de contención y prevención y estas prácticas impunes.
Lo que se ve: la consigna “El Estado es responsable” se hace carne en la sistematización de esta información. No lo es solamente por omisión, o ineficaz: es un Estado violento.
Nota
Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación contra sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia. Este año se logró la condena a prisión perpetua de dos de los responsables del crimen, pero la familia además reclama el juzgamiento de los policías ya que su inacción resultó clave para que Iara resultara asesinada. Mónica, la madre de la joven: «Si esos funcionarios policiales hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.
Por Natalia Aramayo desde San Salvador de Jujuy
La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación al sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia.
Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de Palpalá, estaban imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras la denuncia de la familia de Iara. El 22 de julio del año pasado el Ministerio Público de la Acusación informó que la investigación se había dado por finalizada y el fiscal de la causa solicitó la citación de los acusados a juicio.
Desde entonces la familia espera la fecha de juicio, pero con lo que se acaban de encontrar es con el sobreseimiento dictado por el juez Rodolfo Nino Fernández, del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública.
Mónica Cunchila, mamá de Iara, expresó en conferencia de prensa en San Salvador: “Esta decisión nos dañó, nos lastimó demasiado, no podemos entender cómo trabaja la justicia”. Mónica llevaba en sus manos los fundamentos que dio el juez: el texto ocupa solamente media carilla. “Imprimí los fundamentos para leer y empaparme» expresó, “pero el fundamento del juez es media carilla, y no me dice por qué tomó esa decisión”.

El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, manifestó que tras entregar el recurso de apelación, el fiscal a cargo de la causa, Diego Funes, también se sumó a la presentación, y que además el propio fiscal general de la provincia, Lello Sánchez, se comunicó con la familia.
«El día que nos enteramos de la decisión del juez Fernández fue sentir que nos mataron a Iara nuevamente», dijo Mónica tras conocer la decisión. El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, sostuvo: “Creemos que estos ocho policías tienen que estar sentados en el banquillo de acusados, porque claramente omitieron, no buscaron, no rastrillaron, dejaron a la deriva a Iara y la familia. No tenemos dudas que son responsables, junto a otras personas de lo que fue la pésima y paupérrima búsqueda y rastrillaje de Iara”.

La comunidad en la calle fue la garantía para que se descubriese a los culpables. Ahora el juez Rodolfo Nino Fernández sobreseyó a policías que con su inacción (¿o complicidad?) se dedicaron a no buscar a Iara, que tenía 16 años al desaparecer. El cuerpo fue encontrado por vecinas y vecinos que asumieron la búsqueda mientras la policía no hacía nada.
Iara Rueda: La negligencia policial mata
Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre de 2020 salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz.
Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda.
Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz.
En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.
El cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de pies y manos. En ese lugar su familia construyó un altar.

“La dejaron abandonada”
El juicio oral y público por el femicidio comenzó el 13 de abril y finalizó este 3 de mayo cuando el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 condenó a prisión perpetua a Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad como autores penalmente responsables de los delitos de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.
El tercer acusado, Fernando Tomás Fernández, fue condenado por el mismo delito pero se consideró al crimen “triplemente agravado por el vínculo”. Dado que al momento del hecho era menor de edad se pidió remitir la copia de la sentencia al Juzgado de Menores que hasta el día de hoy, cuatro meses después, no fijó pena alguna.
Además del juicio por el femicidio, la familia de Iara impulsó desde el primer momento la denuncia contra los funcionarios policiales que no aplicaron los protocolos de búsqueda tal como la legislación lo establece. Sostiene el abogado de la familia: «Además, en el juicio llevado a cabo, donde se condenó a los tres imputados, se demostró que hubo negligencia por parte de la policía al no seguir los rastros que marcó uno de los canes de la policía en la casa de Tomás Fernández”, por lo cual cree incongruente la decisión del juez.

Volver a las marchas
“El caso de Iara marcó un antes y un después no solo en la justicia jujeña sino que también en la sociedad y no puede tener este triste final, con una resolución de un juez que desliga de responsabilidades a estos sujetos. Nadie la buscó, nadie respondió por ella, la dejaron abandonada a ella y a la familia, ¿y ahora nadie responde por eso?».
Mónica es clara sobre cómo continúa la situación: “Volvemos a las marchas, a las calles, de manera pacífica, para exigir no solamente que el juez Fernández de marcha atrás con esta medida, sino que estas leyes se cumplan, para que no vuelva a suceder. Si esos funcionarios hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.

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216 femicidios y travesticidios en 8 meses de 2023






Durante este agosto sangriento registramos en el Observatorio Lucía Pérez 32 femicidios.
Preocupa porque en agostos de años anteriores, el registro era en muchas ocasiones, menos de la mitad. Preocupa también porque es el mes de 2023 donde más crímenes machistas registramos.
Este agosto Emma, la más pequeña, tenía 2 meses. No fue la única infancia asesinada: Thiago, asesinado junto a su madre María, tenía 13; Morena, 14; Nelsa, 15; y Magalí, también 15. En lo que va del año, son 15 las infancias asesinadas.
En el otro extremo etario de una línea que transversaliza la violencia de este mes está Susana, tenía 83 años.
Las nombramos en el deseo de nombrar a todas. A cada una de las víctimas de los 216 femicidios y travesticidios de lo que va del año. Compañeras de colegio, hijas, amigas, vecinas, 71 de ellas eran madres, por lo que registramos a hoy 155 huerfanxs por la violencia femicida.
Este año registramos también 217 tentativas de femicidios y travesticidios, 27 ocurrieron en el mes de agosto.
Marchamos exigiendo que paren de matarnos 263 veces en el año, este agosto salimos a la calle 33 veces a marchar.
Nos preguntamos: ¿qué más hacer para ponerle freno a la violencia femicida?
Sobre el Observatorio Lucía Pérez:
El Observatorio Lucía Pérez es una herramienta de análisis, debate y acción creada por lavaca.org para erradicar la violencia patriarcal de nuestras vidas y nuestras sociedades.
Realizamos una serie de padrones que compartimos en nuestra web de manera libre, los cuales los confeccionamos en talleres que realizamos con víctimas de violencias, familias sobrevivientes de femicidios, organizaciones sociales y activistas del movimiento trans.
Los datos así recogidos, sumados al seguimiento de lo publicado en medios de todo el país, son luego chequeados y precisados con fuentes judiciales y periodísticas. Cada mes realizamos un resumen que es analizado con víctimas y familias sobrevivientes de femicidios. Anualmente realizamos un informe que compartimos con organizaciones sociales y referentes de la política y la cultura.
Todo la información que producimos es de público y libre acceso.
Agradecemos que si es de tu interés, cites la fuente.
Acá podes encontrar toda la información: www.observatorioluciaperez.org
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