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Alerta Jujuy: entrevista a la mamá de Iara, de Palpalá

Publicada

hace 5 años

09/11/2020

Iara Rueda fue desaparecida y asesinada y su familia se revela frente a la trama femicida. Las sospechas sobre el poder jujeño. La falta de búsqueda estatal: el protocolo que no se usó y el falso “cerrojo”. La (in) actividad de la policía. Y la organización creciente de las víctimas en una provincia que lleva al menos 13 femicidios en este 2020, que este domingo movilizó en Abra Pampa, Tilcara y Humahuaca. Por Inés Hayes y Melissa Zenobi.

Alerta Jujuy: entrevista a la mamá de Iara, de Palpalá — Fotos: Julia Carrizo

Esta nota forma parte de la MU 152 y fue posible gracias al aporte de nuestres cómplices. #HaceteCómplice acá para seguir apoyando el periodismo sin patrón.

Mónica Cunchila tiene 47 años. Nació, se crió y formó su familia junto a su compañero, Juan José Rueda, en Palpalá, una localidad de 50 mil habitantes, a 13 kilómetros de San Salvador de Jujuy. “Soy de Palpalá desde siempre, nunca me fui a ningún lado. Trabajo en la sala de técnicos profesionales de un ministerio, y como estatal estoy afiliada a la Asociación Trabajadores del Estado”, se presenta. Es mamá de Rocío, 21 años; Mariel, 15 años; Candela 12 años; y lo era de Iara, que tenía 16 años.

El miércoles 23 de septiembre su vida cambió para siempre. Iara salió de su casa para ir al gimnasio –como era su costumbre– en su bicicleta verde, con su mochila y una botella de agua. Después de su rutina deportiva, volvió a su casa, se bañó, se cambió de ropa y fue a llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Esa tarde fue la última vez que su familia la vio con vida. “Yo creo que a mi hija la venían estudiando desde hacía tiempo”, cuenta Mónica, a un mes de su asesinato.

Iara tenía 16 años, una vida por delante y muchos sueños que concretar. Vivía con su mamá, su papá y sus hermanas, con quienes compartían el fanatismo por Freddy Mércuri, a quien homenajeaban en largas tardes de guitarreada. Por esos días de septiembre, Iara y sus hermanas planeaban cambiarse el color de su pelo, y también querían dibujar y pintar las paredes de su habitación. Estaba en cuarto año del secundario, y quería ser perito criminalista. “Ella era muy buena alumna, muy responsable y muy solidaria. Tanto Iara como sus hermanas nos dicen dónde y con quién están. Con mi marido calculamos los tiempos, las llevamos y traemos, las llamamos siempre al fijo o al celular”, cuenta Mónica.

El 23 de septiembre a la tardecita cuando Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta supo que algo le había pasado. Inmediatamente fueron a la Brigada de Investigación de Palpalá: “Ellos tenían que activar el operativo cerrojo, que corresponde ante la denuncia de una niña desaparecida, pero en lugar de eso dijeron que ya iba a volver, que debía estar en lo de un noviecito, que era adolescente, rebelde”. Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes. Mónica y Juan José presentaron luego una denuncia penal por “abandono de persona” contra los funcionarios judiciales y policiales que no buscaron a la joven como lo indican las legislaciones vigentes.

Como tantas madres en la historia de nuestro país, a sólo un mes de la desaparición seguida de asesinato de su hija, Mónica se convirtió en una luchadora: mientras volantea por las calles de San Salvador de Jujuy reclamando la sanción de la Ley de Emergencia en Violencia de Género (la familia Rueda Cunchilo y la Multisectorial de Mujeres de Jujuy proponen que se llame Iara), escucha a otras víctimas de violencia, las contiene e impulsa la organización de las familias de toda la provincia para pedir justicia por sus hijas.

¿Qué fue lo primero que hicieron cuando se dieron cuenta de la ausencia de Iara?

Fuimos directamente a hacer la denuncia a la Brigada de Investigación de Palpalá.

¿Y qué les dijeron?

Ellos lo único que decían era ‘se ha ido con el noviecito’; y yo les decía que más allá de que se hubiera ido con el noviecito, la tenían que buscar igual: es una menor de edad. Pero en ese momento yo no conocía la resolución firmada por el propio ministro de Seguridad Ekel Meyer, que dice que si desaparece un menor o una menor de 18 años debe activarse un código rojo, que es un operativo cerrojo por el que en dos horas se tienen que cerrar todos los ingresos a la ciudad y usar todos los elementos que se tengan para la búsqueda de esa persona: infantería, caballería, drones, perros. Pero acá no se usó nada.

¿Conocías esa resolución?

No, la conocí después de que apareció Iara. Eso estaba cajoneado, guardado, pero tiene que ser público para que a cada papá o mamá que busca a su hija o hijo, no le digan que tiene que esperar 24 horas, porque son menores de edad y corren riesgo sus vidas. Esas primeras horas son fundamentales; en la misma resolución lo dice, corre riesgo la vida de esa persona. Por eso ahora estamos tratando de que todo el pueblo conozca esa resolución. Yo me enteré por los abogados y también dice que tienen que rastrear los celulares. A pesar de que les insistí a los de la Brigada que siguieran el registro del celular de Iara, nunca lo hicieron. Ella salió con el celular porque contestó a una llamada en la que le pedían un trabajo práctico. A ella la engañaron y no volvió más. Ahí la agarraron, cuando fue a llevar el trabajo de la escuela. Mi sobrino la buscó por el número y me dijo “la tienen acá”, y fuimos y les dimos ese dato a la Brigada, pero en vez de hacer cerrojo y buscarla casa por casa, no han hecho nada. Tienen esa resolución firmada por el Ministro de Seguridad de la provincia, pero el mismo ministro después se lavó las manos. Si hubiera sido la hija o la nieta del gobernador, o la hija de Ekel Meyer, hubiesen rascado las piedras, hasta encontrarla.

¿Y qué hizo el gobierno provincial?

El lunes 28 informaron que apareció Iara asesinada y esa noche el gobernador Morales dijo en cadena que, ante una desaparición, tenían que buscar inmediatamente, pero la resolución ya estaba y no la buscaron. Quieren quedar bien con la sociedad, pero no, ya está. Acá parece que tiene más autoridad Ekel Meyer que el propio gobernador. Sale siempre en los informes del Comité Operativo de Emergencias (COE). Ni Meyer hizo cumplir la resolución que él mismo firmó; cómo puede ser que los comisarios de toda la provincia no sepan de esta resolución. ¿Para qué está? Tiene que irse.

¿Por qué creés que toda la comunidad ayudó a buscarla?

Acá todos nos conocen, somos gente de trabajo, hemos empezado vendiendo sándwiches cuando mis hijas eran chiquitas. Empezamos con dos gaseosas y un kilo de pan y fuimos creciendo. Las nenas iban diciendo “sándwich, sándwich” y los vecinos las vieron crecer, salíamos como los patitos en fila, todos juntos. La gente nos conoce bien y nos dice “no puedo creer que les haya pasado a ustedes”, porque si a alguien le faltaba algo o necesitaba una mano, siempre estábamos. Una vez, en pleno invierno, mi marido se encontró con un señor que vivía en la calle y se sacó la campera nueva y se la dio porque iba a dormir en el piso para que al menos estuviera abrigado.

¿Iara era solidaria como ustedes?

Sí, así era Iara, igual que mi marido. ¿Sabés lo que hizo mi hija el año pasado? Vino Sebastián Yatra, un famoso que les gusta a los chicos. Ella ahorró peso por peso el dinero que le dábamos para cosas de la escuela y le compró la entrada a la mejor amiga para que pudiera ir a verlo. Así era ella. Iba a comprarle la entrada a la amiga y ella no iba a ir, entonces le dimos la plata para que también fuera. Ella era muy solidaria, muy querida. Por eso Palpalá la buscó, y por eso la llora Jujuy. Creo que mi hija estuvo en el corazón de cada jujeño.

¿Cómo se llevaba con sus hermanas?

Todas son así de solidarias. Sabes lo lindo que era verlas a todas juntas tocando la guitarra. Ella era muy fanática de Freddy Mercury. Y ahora se juntan a tocar y lloran: la quieren ver.

Mónica, ¿vos qué creés que pasó con Iara?

Yo creo que a mi hija la estaban estudiando. Creo que fueron las dos personas que están detenidas, pero también hay más gente porque mi hija es alta, para que te des una idea, su bici es rodado 29. ¿Cómo puede ser que a la hora que desapareció, justo en ese momento se cortó la luz durante 20 minutos? Y qué casualidad que cuando apareció el cuerpo también se cortó la luz en un barrio donde los vecinos nos cuentan que jamás se corta la corriente. Y una hora y media después de iniciado el rastreo, apareció el cuerpo en un lugar donde ya habíamos buscado…

¿Y quién maneja la electricidad en Palpalá?

Yo espero que se averigüe quién maneja la electricidad. Pero tiene que ser alguien que sabe. Da para pensar. A mi hija la mataron en otro lado y después plantaron el cuerpo. Mi hija estuvo muerta 4 días a la intemperie en otro lado, y apareció justo cuando pusieron la caballería y todo para la búsqueda. Cuando me llamaron y me dijeron “tenés que ser fuerte”, a mí el corazón me empezó a latir aceleradamente. ¿Sabés cuántas horas duermo por día? Dos horas. Cuando me quiero dormir escucho su voz, la escucho pedir ayuda y no puedo creer que no esté con nosotros.

¿Cómo siguen ahora?

No van a lograr que yo deje de pelear por justicia, se tienen que hacer responsables. Esto tiene que cambiar, esta gente tiene que irse. ¿Por qué el pueblo les tiene que pagar un sueldo para que calienten la silla? Mi hija está muerta y recién ahora se ha abierto la Legislatura, recién ahora se ponen a trabajar. Meyer no para de abrir secretarías. Quieren que lo vean bien pero es tarde. Ponen a amigos en esas secretarías, y es gente incompetente, que no sabe ni prender una computadora. Tienen que poner gente que quiera trabajar, que tenga compromiso, que les importe el pueblo. Seguiremos marchando para que las cosas cambien: que los diputados trabajen como corresponde, para defendernos, para cuidarnos. Si dicen que hay drones y perros: tienen que ser para el pueblo, no para estar guardados. No hay que esperar a que pasen estas cosas para salir, tiene que ser algo de todos los días. Además las cámaras tienen que funcionar, porque en la tele dicen “pusimos cien cámaras” y después resulta que no andan.

¿Cómo es la organización con las otras familias?

Nos estamos juntando con otros papás y mamás para ayudarnos mutuamente. Porque este dolor no nos lo saca nadie, pero nos apoyamos mutuamente para reclamar justicia. Estamos todas juntas. Esto no es partidario, estamos pidiendo que se encuentren a los asesinos de nuestras hijas. Queremos justicia. Yo antes no sabía nada de todo esto, porque estaba muy metida en mis cosas, en mi trabajo, en mis hijas. Por ahí no veía las noticias y no me enteraba. Pero con las marchas, mucha gente se nos acercó y nos dicen “yo sufro violencia, yo sufro acoso laboral y no sé qué hacer porque me da miedo quedarme sin trabajo”. Hoy viene alguien y te cuenta “a mi hermana el novio le pega”. Hay un montón de casos así, que yo desconocía. Entonces ahora vamos a empezar a reunirnos, para cuidarnos. Tenemos que contenernos entre nosotras. Ya tenemos un grupo de whatsapp porque somos de distintas partes de la provincia de Jujuy: de Tilcara, de Alto Comedero, de Palpalá, de Maimará, de San Salvador. No tenemos que dejar de juntarnos, y seguiremos haciendo marchas y reclamando justicia.

¿Alguien del entorno de Meyer te llamó?

No, nadie. Ekel Meyer me debe odiar.

Hicieron la marcha de las velas a un mes del asesinato, ¿cómo sigue la lucha?

Sí, y acá marchamos todos los martes, y lo vamos a seguir haciendo, aunque seamos sólo mi marido, mis hijas y yo: vamos a seguir pidiendo justicia. Son marchas pacíficas, tranquilas, porque mi hija era pacífica. Pero atrás nuestro nos sigue la policía con los palos. Acá nos conocemos todos, en las marchas al Comité Operativo de Emergencias siempre hay infiltrados. En otra marcha, íbamos muy tranquilos todos los papás y mamás y apareció un infiltrado, de la nada, a saltar las vallas. Están esperando que pase lo que pasó en Tucumán: que busquemos a los asesinos y que los matemos. Lo hacen para perjudicar las marchas, para decir que somos problemáticos. Pero vamos a seguir más unidos que nunca, reclamando justicia.

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Informe femicidios 2025: el año del negacionismo de Estado

Publicada

hace 7 días

02/01/2026

Por el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez

Femicidios y transfemicidios: 271

Tentativas de femicidios 243

Infancias huérfanas por femicidios 153

Femicidas suicidados 31

Marchas para exigir justicia 223

Si la única verdad es la realidad este 2025 es contundente. La cifra de 271 femicidios y transfemicidios no alcanza, sin embargo, a dar dimensión real de lo que significan estos crímenes en los que el Estado tiene una responsabilidad directa, que es justamente lo que nos advierte este año. La intervención sistémica y decidida, convertida en política de Estado, para negar la figura de femicidio es parte de esta realidad que deforma los datos y la información pública “hasta distorsionar esa verdad para amoldarla a su perspectiva”, tal cual no advierte Hanna Arendt en su libro Los orígenes del totalitarismo. El objetivo, nos alerta, Arendt, es que ya no podamos distinguir lo verdadero de lo falso.

Esta operación que fue definida conceptualmente como “negacionismo” es analizada en clave contemporánea por la filósofa italiana Donatella Di Cesare en su libro Si Auschwitz no es nada. “Los negacionistas -que operan como dobermans del pensamiento- que nos preguntan por una cifra -¿hay 6 millones de judíos exterminados por el Holocausto? ¿hay 30 mil desaparecidos por la dictadura Argentina?- no tienen una duda real. De hecho ni siquiera son dudas: son intervenciones políticas.” Lo que hacen con esa pregunta es negar o aminorar esos hechos. “Su pretensión es hacer pasar a las víctimas por farsantes, a los testigos por mentirosos y a los sobrevivientes por falsificadores”.

¿Por qué?

Responde Di Cesare: “porque los primeros en instalar la negación fueron los perpetradores de los crímenes cometidos”.

¿Hay entonces 271 femicidios y transfemicidios?

Sí y también hay más, que han quedado ocultos tras el procedimiento negacionista estatal destinado a disminuir la cifra y a dificultar el acceso a la información a los sistemas de control ciudadano, tales como los que realizamos en nuestro Observatorio.

Una posible conclusión: al aplicar este procedimiento negacionista a los femicidios y transfemicidios el Estado está confesando su participación.

Veamos cómo.

En Argentina este año se avanzó un paso más en el proceso negacionista: la construcción de las cifras que se adecuen al objetivo ideológico de quienes administran el Estado. Para lograrlo tienen a su favor el manejo total de las herramientas y la capacidad absoluta de trabajar en todos los campos hasta obtener el resultado deseado y a través de cada eslabón que compone al Estado:

Poder Judicial: Jugó un rol decisivo en esta operación al negar la figura de femicidio en casos concretos-el crimen de la periodista Griselda Blanco es uno de los más dramáticos ejemplos-, y recaratulando otros en instancias de apelación. El primero fue el de Lucía Pérez, justamente el que originó el primer Paro de Mujeres. No hay ni siquiera pudor en ocultar su intención.

En estos días de diciembre, además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá pronunciarse sobre el primer caso de femicidio que llega a esa instancia y ya se sabe que las opiniones de los jueces están divididas porque tuvieron que recurrir a la convocatoria de dos miembros más para que se expidan. El resultado incidirá en la aplicación de esa figura penal en todos los restantes.

Julieta González desapareció el Día de la Primavera de 2016. Tenía 21 años. Su cuerpo fue encontrado en un descampado de Cacheuta, Mendoza, atado de pies y manos y con un golpe en la cabeza. En la investigación judicial se encontraron rastros de piel del imputado bajo las uñas de Julieta, sangre de Julieta en su vehículo y búsquedas en internet que había hecho el sospechoso sobre si podía «detectar ADN de fetos en cadáveres» y «cómo deshacerse de un cuerpo», lo que reforzó la hipótesis de que la había matado al enterarse de que estaba embarazada. Todas pruebasque involucraron a Andrés Di Cesare, un joven de 26 años, hijo de un notable empresario local, con el que tenía una relación, aunque ambos tenían pareja. El tribunal de primera instancia consideró el crimen como homicidio simple y condenó a Di Cesare a 18 años de prisión. En la apelación fiscal el tribunal de Casación aplicó la figura de femicidio y lo condenó a reclusión perpetua. Apeló entonces la defensa y ahora es la Corte Suprema de Nación quien debe decidir si se aplica la figura o no. La duda: si está acreditada la relación entre la víctima y su victimario. En fallo de primera instancia que negó la figura femicidio el tribunal argumentó que “para que se configure la relación de pareja debe existir cierta singularidad, notoriedad y estabilidad entre los miembros de la misma, aun cuando se base en una relación fundamentalmente de contenido sexual. Esta referencia a lo sexual indefectiblemente debe llevar un cierto compromiso emocional puesto que de otro modo caemos en la mera genitalidad, lo que por cierto no permite por sí configurar el concepto de pareja”. (SIC) También se dedicó -como ya es costumbre y a pesar de que los tratados internacionales suscriptos por el Estado argentino lo impiden- a analizar la conducta de la víctima, a quien consideró “decidida, independiente y de personalidad extrovertida”, negando así la otra condición legal para aplicar esa figura: la de vulnerabilidad y desigualdad.

El solo hecho de que existan dudas en el máximo tribunal de justicia sobre la aplicación de la figura de femicidio en este caso ya debe considerarse una señal de alerta que debería movilizar a todo el movimiento de mujeres y diversidades como aquel 6 de junio de 2015, pero no: así estamos este 2025.

En la primera foto, parte de la acción llevada a cabo en Mar del Plata el último 31 de diciembre contra la libertad a uno de los responsables del femicidio de Lucía Pérez. En la segunda, el mismo día, imagen de la movilización de las mujeres en Tucumán por el sobreseimiento de los ex jugadores de Vélez Sarsfield acusados de violación.

Poder Legislativo: tiene en su agenda inmediata el tratamiento de leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo, entre las más importante la que elimina del Código Penal la figura de femicidio, pero también la que criminaliza las “falsas denuncias”, aun cuando su incidencia es mínima en la realidad. No existen, por otro lado, ninguna iniciativa de la oposición para impulsar otro tipo de proyectos que aseguren las condiciones de contención y prevención de estas violencias. Ningún sector político trabajó en la declaración de emergencia de violencia de género ante el desmantelamiento de los escasos programas de ayuda a las víctimas, que han sufrido el mismo trato brutal que personas con discapacidad, por poner solo un ejemplo de sectores que han impuesto a los y las legisladoras la defensa de sus derechos a través de movilizaciones constantes y con claros reclamos que lograron así obtener el apoyo social necesario para presionar al Congreso, así como también iniciar amparos en la justicia que ayudaron a restablecer esos derechos: la motosierra es ilegal, hasta que el Congreso decida lo contrario.

Poder Ejecutivo: Este 2025 el Ministerio de Seguridad, a través del Sistema Integral de Estadísticas Criminales, dio a conocer las cifras correspondientes al año 2024. No figura ya el femicidio como delito. No hay datos oficiales, salvo el registro que da a conocer cada año la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación, que ha tenido que cambiar su sistema de contabilización de casos para adecuarlo a los compromisos internacionales, ya que hacerlo sólo a través de las caratulas judiciales implicaba validar el sesgo. Este año en el registro del Ministerio de Seguridad la violencia de género sólo está representada en el apartado “delitos contra la integridad sexual”, categoría penal donde se contabilizan, entre otros, las violaciones. En CABA aumentaron un 38%, cifra suficiente para encender la alarma, el grito, el reclamo.

Según los registros de nuestro Observatorio –que coinciden con lo que informó este noviembre la Defensoría del Pueblo de la Nación- las provincias más castigadas por los femicidios fueron Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Chaco y Jujuy. En tanto los femicidios territoriales volvieron a golpear a Santa Fe (especialmente a Rosario) rozando los niveles de 2022, el año con mayor cantidad de víctimas.

Esta cartografía de la violencia femicida nos señala el dato que importa, la realidad que duele y la urgencia que nos interpela: la mayoría de las víctimas de esta violencia letal son las pobres. Lo señala también el informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación (“En general, la mayoría de las víctimas de femicidio provienen de un estrato socioeconómico bajo.”) y lo determina la situación general que sufre esa población de mujeres y trans que ya no tiene ni los mismos derechos ni el mismo acceso a los mecanismos para garantizarlos que el resto de la población. La consecuencia es que tampoco tiene derecho a la vida. Lo que urge, entonces, es algo que hoy representa es la cifra que falta: la masiva solidaridad social de quienes, por sus privilegios de clase, pueden abrazar sus causas.

Año 2025

Femicidios por mes

Enero 31

Febrero 27

Marzo 27

Julio 27

Octubre 25

Junio 19

Abril 18

Agosto 18

Noviembre 18

Septiembre 16

Mayo 14

Diciembre 31

Funcionarios denunciados por violencia de género

Poder Ejecutivo 22

Poder Judicial 16

Fuerzas de Seguridad 12

Poder Legislativo 7

Iglesia Católica 4

TOTAL 61

Violaciones

PROVINCIA	2024	2023	% de aumento
CABA	498	309	38%
SAN LUIS	61	52	18%
CÓRDOBA	261	229	12%
CORRIENTES	111	101	10%
CHUBUT	214	201	6%
BUENOS AIRES	2.307	2.242	3%

Fuente: Estadísticas Criminales. Ministerio de Seguridad de la Nación

Femicidios territoriales

2025-2022

Santa Fe 104

Buenos Aires 35

Córdoba 4

Otras 10 provincias 11

TOTAL 154

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Lucía Pérez: la trama de la injusticia

Publicada

hace 3 semanas

18/12/2025

“¿Por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles?” preguntó ayer el abogado Juan Pablo Gallego ante sucesivos cambios de carátulas, sospechosas reprogramaciones de fechas y maniobras que parecen revelar un entramado que busca la impunidad y la negación del femicidio de Lucía, que tenía 16 años. Ocurrió durante una audiencia en el que uno de los acusados pide salidas transitorias. El trasfondo de idas y venidas fue descripto por el abogado: “Lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad”.

Por Claudia Acuña

Hay que explicar lo inexplicable. Desde que el 8 de octubre de este año la Cámara de Casación modificó el segundo fallo por el crimen de Lucía Pérez para negar su femicidio se desató una catarata de maniobras –de alguna manera hay que llamarlas– para intentar liberar a sus femicidas.

El fallo de Casación confirmó la culpabilidad de Juan Pablo Offidani y Matías Farías y los condenó por los delitos de violación agravada por el uso de estupefacientes y por tratarse de una menor de edad, pero no por su crimen: Lucía simplemente se murió. Esta negación del femicidio tiene como consecuencia un disparate jurídico: por un lado, la familia apeló está decisión; pero al mismo tiempo esta apelación no puede avanzar hasta que no se determine el monto de la condena que le correspondería a Farías por esta nueva tipificación. Si es complicado de comprender, imagínense lo que significa para esta familia soportar lo que la obliga a padecer el Poder Judicial. A saber:

Para poder determinar el monto de la pena que le correspondería a Farías –que en el segundo fallo y luego del juicio anulado había sido condenado por femicidio y por lo tanto a prisión perpetua– podría corresponderle entonces entre 8 y 20 años de prisión. Para establecer exactamente cuánto, de acuerdo a la evaluación de atenuantes y agravantes, se inventó un tribunal compuesto por tres jueces de diferentes juzgados. Serán los responsables de la audiencia de Cesura que, según dictaminó luego de una audiencia donde acordó con las partes –querella y defensa– cómo sería el procedimiento, se realizará el 29 de abril de 2026 y durante tres días.

Imagen de la audiencia. A la izquierda, el abogado Juan Pablo Gallego. Arriba, la foto principal, la movilización que acompañó a la familia.
Unos días después la familia recibió una notificación que le comunicaba que esa audiencia se adelantaba a septiembre. Como su abogado, Juan Pablo Gallego, no estaba ni enterado de esta anticipación –y además se encontraba en España para la fecha pautada– se presentó un escrito denunciado esta irregularidad y solicitando se mantenga lo debidamente acordado: 29 de abril de 2026. Así será.
Un mes después hubo otra novedad: el nuevo fiscal –cuyo rol se supone que es acusatorio– pidió el cese de la prisión de Farías, aun cuando las instancias de apelación y de establecimiento del nuevo monto de pena estaban pendientes de resolución.
Unos días después llegó el turno de Offidani: solicitó salidas transitorias. La audiencia que se realizó este miércoles en los tribunales de Mar del Plata fue para decidir si las otorgaban o no.

En esa audiencia el doctor Gallego sintetizó lo que todo este proceder judicial despierta como duda “¿por qué se procede de esta manera tan irregular y que revictimiza a esta familia una y otra vez para salvar a personas que se supone que son dos perejiles? ¿Hay algo más detrás de esta causa que permite forzar tanto los procedimientos judiciales? Si nosotros, como parte querellante, no renunciamos a que se le aplique a ambos la figura de femicidio y eso está todavía en trámite, ¿qué se busca con esto? ¿Qué se fuguen antes de que se resuelva la cuestión central?”

Como respuesta la doctora Romina Merino, abogada defensora de Offidani, propuso: “Miremos para adelante”.

El doctor Gallego replicó:

“Nosotros no vamos a dejar de mirar lo que pasó porque lo que pasó es un hecho aberrante, que implicó la muerte atroz de una adolescente de 16 años en circunstancias probadas de narco criminalidad y eso implica una doble responsabilidad del Estado: por tratarse de una menor y por estar frente a una banda que vendía drogas en la puerta de un colegio, delito por el que cumplen una condena ratificada”.

El juez de garantías que debe evaluar el pedido de Offidani tiene ahora cinco días para determinar si cumple o no con los procedimientos necesarios para obtener los beneficios de la libertad transitoria.

En tanto la familia de Lucía sigue esperando justicia.

Matías, el hermano de Lucía y sus padres Guillermo y Marta.

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Adiós a Claudia Rodríguez: la Trans andina que propuso politizar el amor

Publicada

hace 1 mes

02/12/2025

Referente del movimiento trans latinoamericano, activista, poeta, escritora y tanto más, escribió sobre su infancia, la militancia trans, la vida sexual y se autoproclamó Miss Sida en 2007. Claudia Falleció este 29 de Noviembre. Su pelea incluyó al pueblo mapuche, la educación pública, los sin techo, y planteó siempre una filosa crítica al neoliberalismo, que quita posibilidades de vida y las transforma solo en posibilidad de consumo. En uno de sus viajes a la Argentina compartió con la revista MU sus ideas sobre el orgasmo, el feminismo sin resentimiento, la creación, y por qué hay que politizar el amor. Un modo de homenajearla, de recordarla, y a la vez de volver a estar en contacto con un pensamiento y una acción que dejan una sensible huella cultural, artística y política.

Por María del Carmen Varela

Foto: Lina Etchesuri

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