#NiUnaMás
Alerta Jujuy: entrevista a la mamá de Iara, de Palpalá
Iara Rueda fue desaparecida y asesinada y su familia se revela frente a la trama femicida. Las sospechas sobre el poder jujeño. La falta de búsqueda estatal: el protocolo que no se usó y el falso “cerrojo”. La (in) actividad de la policía. Y la organización creciente de las víctimas en una provincia que lleva al menos 13 femicidios en este 2020, que este domingo movilizó en Abra Pampa, Tilcara y Humahuaca. Por Inés Hayes y Melissa Zenobi.

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Mónica Cunchila tiene 47 años. Nació, se crió y formó su familia junto a su compañero, Juan José Rueda, en Palpalá, una localidad de 50 mil habitantes, a 13 kilómetros de San Salvador de Jujuy. “Soy de Palpalá desde siempre, nunca me fui a ningún lado. Trabajo en la sala de técnicos profesionales de un ministerio, y como estatal estoy afiliada a la Asociación Trabajadores del Estado”, se presenta. Es mamá de Rocío, 21 años; Mariel, 15 años; Candela 12 años; y lo era de Iara, que tenía 16 años.
El miércoles 23 de septiembre su vida cambió para siempre. Iara salió de su casa para ir al gimnasio –como era su costumbre– en su bicicleta verde, con su mochila y una botella de agua. Después de su rutina deportiva, volvió a su casa, se bañó, se cambió de ropa y fue a llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Esa tarde fue la última vez que su familia la vio con vida. “Yo creo que a mi hija la venían estudiando desde hacía tiempo”, cuenta Mónica, a un mes de su asesinato.
Iara tenía 16 años, una vida por delante y muchos sueños que concretar. Vivía con su mamá, su papá y sus hermanas, con quienes compartían el fanatismo por Freddy Mércuri, a quien homenajeaban en largas tardes de guitarreada. Por esos días de septiembre, Iara y sus hermanas planeaban cambiarse el color de su pelo, y también querían dibujar y pintar las paredes de su habitación. Estaba en cuarto año del secundario, y quería ser perito criminalista. “Ella era muy buena alumna, muy responsable y muy solidaria. Tanto Iara como sus hermanas nos dicen dónde y con quién están. Con mi marido calculamos los tiempos, las llevamos y traemos, las llamamos siempre al fijo o al celular”, cuenta Mónica.
El 23 de septiembre a la tardecita cuando Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta supo que algo le había pasado. Inmediatamente fueron a la Brigada de Investigación de Palpalá: “Ellos tenían que activar el operativo cerrojo, que corresponde ante la denuncia de una niña desaparecida, pero en lugar de eso dijeron que ya iba a volver, que debía estar en lo de un noviecito, que era adolescente, rebelde”. Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes. Mónica y Juan José presentaron luego una denuncia penal por “abandono de persona” contra los funcionarios judiciales y policiales que no buscaron a la joven como lo indican las legislaciones vigentes.
Como tantas madres en la historia de nuestro país, a sólo un mes de la desaparición seguida de asesinato de su hija, Mónica se convirtió en una luchadora: mientras volantea por las calles de San Salvador de Jujuy reclamando la sanción de la Ley de Emergencia en Violencia de Género (la familia Rueda Cunchilo y la Multisectorial de Mujeres de Jujuy proponen que se llame Iara), escucha a otras víctimas de violencia, las contiene e impulsa la organización de las familias de toda la provincia para pedir justicia por sus hijas.
¿Qué fue lo primero que hicieron cuando se dieron cuenta de la ausencia de Iara?
Fuimos directamente a hacer la denuncia a la Brigada de Investigación de Palpalá.
¿Y qué les dijeron?
Ellos lo único que decían era ‘se ha ido con el noviecito’; y yo les decía que más allá de que se hubiera ido con el noviecito, la tenían que buscar igual: es una menor de edad. Pero en ese momento yo no conocía la resolución firmada por el propio ministro de Seguridad Ekel Meyer, que dice que si desaparece un menor o una menor de 18 años debe activarse un código rojo, que es un operativo cerrojo por el que en dos horas se tienen que cerrar todos los ingresos a la ciudad y usar todos los elementos que se tengan para la búsqueda de esa persona: infantería, caballería, drones, perros. Pero acá no se usó nada.
¿Conocías esa resolución?
No, la conocí después de que apareció Iara. Eso estaba cajoneado, guardado, pero tiene que ser público para que a cada papá o mamá que busca a su hija o hijo, no le digan que tiene que esperar 24 horas, porque son menores de edad y corren riesgo sus vidas. Esas primeras horas son fundamentales; en la misma resolución lo dice, corre riesgo la vida de esa persona. Por eso ahora estamos tratando de que todo el pueblo conozca esa resolución. Yo me enteré por los abogados y también dice que tienen que rastrear los celulares. A pesar de que les insistí a los de la Brigada que siguieran el registro del celular de Iara, nunca lo hicieron. Ella salió con el celular porque contestó a una llamada en la que le pedían un trabajo práctico. A ella la engañaron y no volvió más. Ahí la agarraron, cuando fue a llevar el trabajo de la escuela. Mi sobrino la buscó por el número y me dijo “la tienen acá”, y fuimos y les dimos ese dato a la Brigada, pero en vez de hacer cerrojo y buscarla casa por casa, no han hecho nada. Tienen esa resolución firmada por el Ministro de Seguridad de la provincia, pero el mismo ministro después se lavó las manos. Si hubiera sido la hija o la nieta del gobernador, o la hija de Ekel Meyer, hubiesen rascado las piedras, hasta encontrarla.
¿Y qué hizo el gobierno provincial?
El lunes 28 informaron que apareció Iara asesinada y esa noche el gobernador Morales dijo en cadena que, ante una desaparición, tenían que buscar inmediatamente, pero la resolución ya estaba y no la buscaron. Quieren quedar bien con la sociedad, pero no, ya está. Acá parece que tiene más autoridad Ekel Meyer que el propio gobernador. Sale siempre en los informes del Comité Operativo de Emergencias (COE). Ni Meyer hizo cumplir la resolución que él mismo firmó; cómo puede ser que los comisarios de toda la provincia no sepan de esta resolución. ¿Para qué está? Tiene que irse.

¿Por qué creés que toda la comunidad ayudó a buscarla?
Acá todos nos conocen, somos gente de trabajo, hemos empezado vendiendo sándwiches cuando mis hijas eran chiquitas. Empezamos con dos gaseosas y un kilo de pan y fuimos creciendo. Las nenas iban diciendo “sándwich, sándwich” y los vecinos las vieron crecer, salíamos como los patitos en fila, todos juntos. La gente nos conoce bien y nos dice “no puedo creer que les haya pasado a ustedes”, porque si a alguien le faltaba algo o necesitaba una mano, siempre estábamos. Una vez, en pleno invierno, mi marido se encontró con un señor que vivía en la calle y se sacó la campera nueva y se la dio porque iba a dormir en el piso para que al menos estuviera abrigado.
¿Iara era solidaria como ustedes?
Sí, así era Iara, igual que mi marido. ¿Sabés lo que hizo mi hija el año pasado? Vino Sebastián Yatra, un famoso que les gusta a los chicos. Ella ahorró peso por peso el dinero que le dábamos para cosas de la escuela y le compró la entrada a la mejor amiga para que pudiera ir a verlo. Así era ella. Iba a comprarle la entrada a la amiga y ella no iba a ir, entonces le dimos la plata para que también fuera. Ella era muy solidaria, muy querida. Por eso Palpalá la buscó, y por eso la llora Jujuy. Creo que mi hija estuvo en el corazón de cada jujeño.
¿Cómo se llevaba con sus hermanas?
Todas son así de solidarias. Sabes lo lindo que era verlas a todas juntas tocando la guitarra. Ella era muy fanática de Freddy Mercury. Y ahora se juntan a tocar y lloran: la quieren ver.
Mónica, ¿vos qué creés que pasó con Iara?
Yo creo que a mi hija la estaban estudiando. Creo que fueron las dos personas que están detenidas, pero también hay más gente porque mi hija es alta, para que te des una idea, su bici es rodado 29. ¿Cómo puede ser que a la hora que desapareció, justo en ese momento se cortó la luz durante 20 minutos? Y qué casualidad que cuando apareció el cuerpo también se cortó la luz en un barrio donde los vecinos nos cuentan que jamás se corta la corriente. Y una hora y media después de iniciado el rastreo, apareció el cuerpo en un lugar donde ya habíamos buscado…
¿Y quién maneja la electricidad en Palpalá?
Yo espero que se averigüe quién maneja la electricidad. Pero tiene que ser alguien que sabe. Da para pensar. A mi hija la mataron en otro lado y después plantaron el cuerpo. Mi hija estuvo muerta 4 días a la intemperie en otro lado, y apareció justo cuando pusieron la caballería y todo para la búsqueda. Cuando me llamaron y me dijeron “tenés que ser fuerte”, a mí el corazón me empezó a latir aceleradamente. ¿Sabés cuántas horas duermo por día? Dos horas. Cuando me quiero dormir escucho su voz, la escucho pedir ayuda y no puedo creer que no esté con nosotros.

¿Cómo siguen ahora?
No van a lograr que yo deje de pelear por justicia, se tienen que hacer responsables. Esto tiene que cambiar, esta gente tiene que irse. ¿Por qué el pueblo les tiene que pagar un sueldo para que calienten la silla? Mi hija está muerta y recién ahora se ha abierto la Legislatura, recién ahora se ponen a trabajar. Meyer no para de abrir secretarías. Quieren que lo vean bien pero es tarde. Ponen a amigos en esas secretarías, y es gente incompetente, que no sabe ni prender una computadora. Tienen que poner gente que quiera trabajar, que tenga compromiso, que les importe el pueblo. Seguiremos marchando para que las cosas cambien: que los diputados trabajen como corresponde, para defendernos, para cuidarnos. Si dicen que hay drones y perros: tienen que ser para el pueblo, no para estar guardados. No hay que esperar a que pasen estas cosas para salir, tiene que ser algo de todos los días. Además las cámaras tienen que funcionar, porque en la tele dicen “pusimos cien cámaras” y después resulta que no andan.
¿Cómo es la organización con las otras familias?
Nos estamos juntando con otros papás y mamás para ayudarnos mutuamente. Porque este dolor no nos lo saca nadie, pero nos apoyamos mutuamente para reclamar justicia. Estamos todas juntas. Esto no es partidario, estamos pidiendo que se encuentren a los asesinos de nuestras hijas. Queremos justicia. Yo antes no sabía nada de todo esto, porque estaba muy metida en mis cosas, en mi trabajo, en mis hijas. Por ahí no veía las noticias y no me enteraba. Pero con las marchas, mucha gente se nos acercó y nos dicen “yo sufro violencia, yo sufro acoso laboral y no sé qué hacer porque me da miedo quedarme sin trabajo”. Hoy viene alguien y te cuenta “a mi hermana el novio le pega”. Hay un montón de casos así, que yo desconocía. Entonces ahora vamos a empezar a reunirnos, para cuidarnos. Tenemos que contenernos entre nosotras. Ya tenemos un grupo de whatsapp porque somos de distintas partes de la provincia de Jujuy: de Tilcara, de Alto Comedero, de Palpalá, de Maimará, de San Salvador. No tenemos que dejar de juntarnos, y seguiremos haciendo marchas y reclamando justicia.
¿Alguien del entorno de Meyer te llamó?
No, nadie. Ekel Meyer me debe odiar.
Hicieron la marcha de las velas a un mes del asesinato, ¿cómo sigue la lucha?
Sí, y acá marchamos todos los martes, y lo vamos a seguir haciendo, aunque seamos sólo mi marido, mis hijas y yo: vamos a seguir pidiendo justicia. Son marchas pacíficas, tranquilas, porque mi hija era pacífica. Pero atrás nuestro nos sigue la policía con los palos. Acá nos conocemos todos, en las marchas al Comité Operativo de Emergencias siempre hay infiltrados. En otra marcha, íbamos muy tranquilos todos los papás y mamás y apareció un infiltrado, de la nada, a saltar las vallas. Están esperando que pase lo que pasó en Tucumán: que busquemos a los asesinos y que los matemos. Lo hacen para perjudicar las marchas, para decir que somos problemáticos. Pero vamos a seguir más unidos que nunca, reclamando justicia.
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Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

La marcha en La Matanza, a dos semanas del triple narcofemicidio.
Por Lucas Pedulla
Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org
En silencio.
La marcha empieza 21:29, horario en el que las chicas se subieron, hace dos semanas, a la camioneta Chevrolet Tracker blanca. Para quienes no conocen este lugar –rotonda de La Tablada, cruce de Camino de Cintura y avenida Crovara, La Matanza–, el silencio que acompaña la movilización de las familias de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez no se termina de dimensionar.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El perímetro está cortado desde muy temprano por la policía bonaerense y apenas algunas motos del barrio o ambulancias urgentes pasan por una intersección que, en un día común, es puro bocinazo, ruido y tránsito sin parar.
Así, en silencio, esta marcha grita que hace dos semanas ya no hay ningún día común.
“El barrio está de luto”, dice Brian, un joven muy dulce que acompaña a la familia de Morena. “Antes se escuchaba música, había fiesta, baile. Ahora, nada”.
Eric, de 28 años, al lado de la familia de Brenda: “El barrio está triste”.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Las chicas que acompañan a Estela, mamá de Lara Gutiérrez, mueven la cabeza de un lado a otro: “Queremos justicia”, dicen. No quieren decir más. ¿Hay algo más?
De a poco, desde los monoblocks que custodian esta rotonda bajo la mirada de murales del Papa Francisco y Diego Maradona, los vecinos fueron llegando. Algunos volvían de trabajar, otros se sumaban después de cenar. Hay jubiladas, adolescentes y muchos niños y niñas que sostienen velas en cuellos de botellas de plástico. Sabrina, la mamá de Morena, marcha mirando el frente. Paula, mamá de Brenda, lleva en brazos a su nieto de un año. Hay mucho dolor, y son los niños los que marcan con una mirada de fuego una fotografía fuera de lugar, una cámara que parece no respetar este duelo.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En silencio, nadie habla.
Solo los pasos en una ronda a la rotonda en sentido inverso a las agujas del reloj, como las Madres en Plaza de Mayo, o los jubilados en el Congreso.
Quizá de manera inconsciente, sin saberlo, en este gesto las familias respondan una pregunta innecesaria que circula en algunos colectivos que se desvían de recorrido por el corte: “¿Por qué marchan si hay detenidos?”. Precisamente, porque el nunca más se sostiene en movimiento, como una forma de gritarle a la agenda política y social que este horror no tiene justicia.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En silencio, la ronda termina.
Las familias se reúnen y sacan bengalas y globos blancos que todo este barrio que marcha estuvo inflando durante la tarde. “Ahora”, ordena Sabrina, y los globos se sueltan.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Las bengalas se encienden.
Las familias se abrazan, se descargan.
Y un nene, que no llega a los diez años, dice lo único que hay que decir: “Justicia”.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
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La sociedad contra el narco: cómo se organizan los barrios
Cómo enfrentan el avance narco dos centros barriales de la Villa 21/24 (CABA) y Puerta de Hierro (La Matanza) que reciben a jóvenes adictos. Lo que cuentan esos jóvenes: la realidad del barrio, los transas, los efectos de la crisis, las cosas que logran transformar vidas. Lo que se puede cambiar y lo que no en esta investigación que compartimos: La vida como viene, publicada en la revista MU.
Por Lucas Pedulla
Fotos: Juan Valeiro
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Femicidios territoriales: las tramas de la violencia

Lo narco, la violencia, los femicidios. Un tema que acaba de provocar el horror a partir tres crímenes: Lara Gutiérrez, 15 años, Brenda del Castillo, 20 años y Morena Verdi, 20 años. El Observatorio Lucía Pérez y la Cooperativa lavaca vienen siguiendo e investigando desde hace años esta realidad. Ese trabajo se plasma en un libro que ya está en imprenta: Femicidios, narcotráfico y Estado, del cual adelantamos aquí el prólogo. El concepto femicidios territoriales abarca a aquellos que no se ajustan a los modelos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación de agentes estatales, tales como policías, agentes penitenciarios y fiscales. La definición de lo «narco», el sentido y el contenido del territorio y sus tramas de relaciones, el poder. Y los cuerpos que narran una historia personal y colectiva, que debemos comprender para trazar una radiografía de época.
por Claudia Acuña, Florencia Paz Landeira y Anabella Arrascaeta
Desde el Observatorio Lucía Pérez registramos e interrogamos todos los días las cifras de la violencia patriarcal. Desde ese ejercicio cotidiano sostenido durante ya doce años proponemos la categoría de “femicidios territoriales” para intentar comprender la singularidad de crímenes como los de Lucía Pérez, Melina Romero, Iara Rueda, Luna Ortiz o Araceli Fulles, por citar solo algunos casos paradigmáticos. Se trata de femicidios que no se ajustan a los modelos epistémicos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación de agentes estatales, tales como policías, agentes penitenciarios y fiscales. Participación activa, en tanto que genera condiciones de posibilidad para estas muertes en esos territorios; y también participación concreta, al garantizar y perpetuar la impunidad de esos femicidios, falseando pruebas y entorpeciendo procesos judiciales. Marta Montero, madre de Lucía Pérez, prefiere llamarlos “narcofemicidios”. Sumamos a este concepto la referencia al territorio porque quizá nos permita enfocar los factores que los producen: los narco-femicidios se originan en narco-territorios concretos en los cuales la actividad delictiva ya cuenta con impunidad estatal.
En primer lugar es necesario definir a qué denominamos “narco”:
- Narco es un término que hace referencia a una actividad criminal que se lleva a cabo “con la participación ilícita de actores del Estado2. “
- Lo narco opera a través de una necromáquina cuya tarea es acallar, atemorizar y doblegar resistencias hasta esclavizar las fuerzas de producción necesarias para extraer capital de todo lo vivo: cuerpos, territorios, medio ambiente, datos.3
- Lo narco produce una forma característica de femicidio porque le otorga a ese crimen un significado político y cultural. En palabras de Reguillo, “mata dos veces: la del asesinato y la de tu muerte convertida en dato”. Tal como define la filósofa italiana Adriana Cavarero cuando traza una relación entre el genocidio del Holocausto y estos crímenes, en ambos casos se trata de “una violencia que no se contenta con matar porque sería demasiado poco: al destruir el cuerpo singular constituye el acto del fin no de la vida, sino de la condición humana”.
Lo narco gobierna territorios azotados por las políticas neoliberales que durante décadas destruyeron tanto puestos de trabajo como instituciones estatales que debían contener y reparar las consecuencias.
Estas características unen la postal de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, con la de Palpalá, en Jujuy, escenas del crimen de los femicidios de Araceli Fulles y Iara Rueda. Dominan también puertos como los de Mar del Plata y Rosario, ciudades hermanadas por los nombres de Lucía Pérez y cada una de las mujeres masacradas en balaceras. Pero son solo aquellos femicidios que con gran esfuerzo de sus familias y su comunidad han logrado trascender con nombre y rostro la opacidad que caracteriza toda narco- actividad – desde la venta de sustancias hasta sus crímenes y fundamentalmente, sus activos financieros y redes políticas- lo que nos ha obligado a fijar la mirada en esos territorios.
¿Qué vimos?
En San Martín vimos que Araceli Fulles, de 22 años, estuvo venticinco días desparecida sin que ninguno de los rastrillajes organizados por la policía la encontraran. Su cuerpo fue hallado finalmente por su hermano el 27 de abril de 2017, enterrado debajo de la cama del sospechoso, Darío Badaracco, quien justo en ese momento estaba declarando ante la fiscal, que lo dejó ir. El hombre fue detenido en otro barrio de la periferia dos días después y gracias a que una mujer paraguaya, embarazada y en ojotas, lo corrió y entregó a los gendarmes que militarizaban el barrio. Tiempo después ese único detenido fue asesinado: le hicieron tragar agua hirviendo en la prisión de Sierra Chica, en la que el Servicio Penitenciario tenía a cargo su custodia hasta el juicio. Finalmente, en un tribunal rodeado por miles de personas que clamaban “Justicia por Araceli”, los autores materiales del femicidio fueron condenados a prisión perpetua, pero en enero de 2024 la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires absolvió a Marcelo Ezequiel Escobedo, Hugo Martín Cabañas y Carlos Damián Cassalz, quienes habían sido condenados el 4 de noviembre de 2021 por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de San Martín. Los jueces Daniel Carral, Victor Violini y Ricardo Maidana ordenaron su inmediata liberación, cuestionando el accionar del perito Marcos Herrera, quien había ofrecido gratuitamente sus servicios a la familia de Araceli en aquellos desesperados días de búsqueda. Los magistrados en su fallo ordenaron que la Fiscalía General de San Martín investigue su actuación en esta causa, ante la posible comisión de un delito de acción pública, y solicitaron al presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y a la Procuración General que “se evalúe la posibilidad de establecer protocolos de actuación en materia de rastros odoríficos, así como en la acreditación de las certificaciones y habilitaciones”. La posible actuación dolosa de este perito dejaba, así, inválida la sentencia. La familia apeló el fallo y hasta hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación adeuda una respuesta. En tanto, los imputados están en libertad.
Por el crimen de Araceli no fueron sometidos a ningún proceso judicial ni el comisario ni los agentes que encubrieron a la banda de narcomenudeo que operaba en el barrio y mató a Araceli. Hubo, sí, varias condenas a autoridades policiales en otros procesos judiciales contemporáneos al que investigó el femicidio de Araceli y que probaron las vinculaciones en ese territorio entre bandas narcos y fuerzas de seguridad. Una de ellas fue en septiembre de 2023, cuando la jueza federal Alicia Vence procesó con prisión preventiva al comisario Osvaldo Javier Calderón y dos oficiales de la Comisaría Primera de San Martín que fueron filmados mientras recibían coimas para liberar a dos integrantes de una banda narco.
Territorios, cuerpos y violencias
Al hablar de territorio nos referimos no solo a la base material y orgánica de los ecosistemas, sino también a la historia y las relaciones que se han entretejido de modo constitutivo. El territorio aparece entonces como una trama de redes de relaciones que, en su dimensión conflictiva y contradictoria, configura experiencias y sujetos singulares marcados por variables procesos de jerarquización y de desigualdad.
Hay en la palabra “territorio” una serie de sentidos contradictorios anudados. Por un lado, en su propio origen etimológico aparece asociada a una voluntad de control y de dominio, en un lenguaje bélico y de conquista. Pero el territorio, en sus usos sociales y locales, también alude al saber de la experiencia, a una relación de alteridad respecto de espacios institucionales y burocratizados. El territorio, en este sentido, puede ser una analogía de la calle o, para decirlo en términos más amplios, del espacio de la vida cotidiana. El territorio también es, en un sentido más literal, la tierra. El cuerpo –nuestro cuerpo– puede ser también vivido e interpelado como territorio, pero no todos los cuerpos se constituyen en territorios en disputa, sino especialmente aquellos cuerpos feminizados, racializados, empobrecidos y marginados. Se va armando así un mapa imaginario de cuerpos y territorios simultánea e inextricablemente sometidos a procesos de desvalorización, violencia y explotación; de despojos múltiples de la vida en todas sus formas.
Pensados los territorios como configurados por relaciones de poder, las desigualdades de género se despliegan y concretan en ellos de un modo fundamental. Desde esta perspectiva, entonces, el territorio aparece como espacio tallado en donde se producen y reproducen desigualdades étnico-raciales, de género, de clase, de edad y deviene, así, un espacio de disputa. Los territorios son campos de fuerza, producto y objeto de disputas, resistencias y dominios. Por lo tanto, están siempre en devenir, nunca acabados, nunca cerrados; contingentes.
¿Es posible trazar una frontera clara y objetiva entre el cuerpo y el territorio? ¿Qué paisaje habita nuestros cuerpos? Al respecto, la filósofa feminista Donna Haraway pregunta provocadoramente por qué nuestros cuerpos deberían terminar en la piel. Los cuerpos están situados e interconectados de forma profunda con la trama de la vida. Pensar en lo viviente desde la interconexión, la interdependencia y la existencia de flujos continuos nos abre la mirada a reconocer patrones comunes que, en nuestro espacio y tiempo, hablan de formas sistemáticas de extracción de valor, despojo y violencia extractivista. Se trata de advertir la concurrencia entre procesos de pobreza y desigualdad, de violencias de género y ambientales, que expresan una lógica depredadora común que exponen cotidiana y persistentemente a las personas, a los territorios y, en última instancia, a la vida.
Hace ya décadas que, desde los feminismos, se han señalado analogías entre la explotación de los territorios desde la lógica de la ganancia capitalista y la explotación de los cuerpos feminizados desde la lógica patriarcal. En este sentido, Vandana Shiva afirma que la apropiación de recursos crea una cultura de la violación: violación de la Tierra, de las economías locales y también de las mujeres. El modelo extractivista concibe a los territorios y los cuerpos feminizados como recursos a explotar y como zonas a sacrificar en función de consolidar una forma de dominación. De hecho, en la base del ordenamiento moderno-colonial, no solo se saquearon territorios, sino también cuerpos racializados y esclavizados. En la actualidad, esta cualidad extractiva, apropiadora y cosificadora de los cuerpos aparece como nodal a la violencia femicida.
Desde esta lente, el extractivismo no es solo un modo de saqueo y explotación de la naturaleza, sino que también implica una racionalidad y una relacionalidad particulares. Es un modo de concebir las relaciones con otros humanos y no humanos y el espacio que co-habitamos. Las prácticas extractivistas se asientan en jerarquías raciales, de género y clase, multiplican las formas de violencia y exacerban las injusticias.
El extractivismo configura no solo territorios sino también relaciones sociales y las subjetividades de quienes los habitan. Se trata de prácticas sistemáticas de extracción de la vida en todas sus formas y dimensiones. Las violencias de todo tipo son consustanciales al extractivismo y se refuerzan como forma de producción de lo social.
Esta relación inherente entre extractivismo y violencia se expresa en la desestructuración de las tramas sociales y comunitarias, en el despojo de los medios de subsistencia y de sostenimiento de la vida, en la polarización y estratificación social, en el agravamiento de la criminalización y la represión estatal y, también, en la violencia contra las mujeres y el recrudecimiento de formas patriarcales de dominación y opresión. Para nombrar este entrelazamiento entre las formas neocoloniales del despojo de los espacios de vida y la profundización de las jerarquías de género, se ha propuesto el concepto de “repatriarcalización de los territorios”. Sobre todo, han sido los estudios sobre proyectos extractivistas vinculados a la minería y los combustibles fósiles los que alertaron cómo estos conducen a la masculinización de los territorios, con un aumento significativo de la violencia de género y la explotación sexual.
En el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries de 2023, en un taller sobre Pueblos fumigados, una mujer decía que nuestros territorios nos exponen y nos entrampan entre el femicidio y el cáncer. En este y otros espacios de activismo, queda claro que las mujeres no son las únicas afectadas por este entrecruzamiento de violencia ambiental y de género, sino que también son las primeras en advertir las consecuencias del modelo extractivista en sus cuerpos, los de sus hijos y los de sus comunidades. Se constituyen, así, en la primera línea de la defensa de los territorios y rápidamente se vuelven blanco de persecución y amenazas cuya expresión más extrema son los femicidios extractivistas.
En este contexto, lo narco resulta un eslabón clave de la cadena de extracción de ganancias en cuerpos y territorios que han sido oscurecidos por la desigualdad social producida por las políticas económicas neoliberales. Lo narco convierte en consumidores y productores a aquellas poblaciones que el sistema formal descarta. La antropóloga Rita Segato lo describe como un segundo Estado. Sin embargo, consideramos que en países no europeos esa dualidad es, en realidad, una unidad y que ese desdoblamiento es la clave constitutiva en la que se establecieron los Estados coloniales para garantizar la gobernabilidad. Recordamos también que en Argentina se utiliza el término “en blanco” y “en negro” para distinguir la economía “formal” de la “informal”, entendiendo por “formal” la del mercado y por “informal” la ancestral. Aquello, entonces, que habita el “Estado en Negro” es la resistencia y lo narco es la respuesta para neutralizarla, ante la impotencia del “Estado en Blanco”.
Desde la perspectiva que venimos sosteniendo, todavía parece necesario remarcar el carácter sistémico y civilizatorio de esta crisis y continuar desanudando las lógicas androcéntricas y patriarcales de las formas de producción basadas en el despojo, la extracción y el aniquilamiento de cuerpos y territorios.
Las víctimas de femicidio y sus familias organizadas en busca de justicia nos enseñaron que para deconstruir las violencias que culminaron en estas muertes no basta con problematizar el amor romántico y los ideales de pareja. Ni tampoco alcanza con desafiar las fronteras de lo doméstico, ni las estrategias de empoderamiento. Se volvió necesario indagar en las fuerzas estructurales y cotidianas que están minando las tramas comunitarias de sostenimiento y reproducción de la vida. Y situar a los femicidios en un aumento generalizado de la violencia, la narcocriminalidad con alto involucramiento policial y penitenciario y de la crueldad y, en términos más amplios, en procesos extractivos y de despojo y precarización de las condiciones de existencia donde todos los bienes aumentan su valor a ritmo constante hasta volverse inaccesibles, excepto la vida, que cada vez vale menos. Mejor dicho, algunas vidas: el componente de clase y raza marca a fuego la categoría de femicidios territoriales.
Desde esta óptica pusimos la lupa en Rosario, ciudad que nos señala cómo el cuerpo de las mujeres emerge como un renovado territorio de disputa en el contexto del entramado narco-policial-penitenciario de la ciudad. Coincidimos con Rossana Reguillo cuando caracteriza a estas violencias como “pasillos”: “vestíbulos entre un orden colapsado y otro que todavía no es, pero está siendo. De ahí su enorme poder fundante y su simultánea ligereza”. La tensión actual es producto de la crisis del Estado en Blanco que deja expuesto al Estado en Negro y provoca la disputa por el control de todo el aparato.
Lo que la violencia hace emerger sin pudor es a aquellos territorios en disputa, sí, todavía. Pero una disputa desigual, invisibilizada por los supuestos creadores de sentido social: medios y academia.
La sociedad mexicana y en especial las mujeres de Ciudad Juárez, batallan desde hace décadas contra la máquina femicida ante el monumental silencio académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la mayor unidad de producción de teoría social iberoamericana. Silencio que funciona como un enorme operativo de lavado epistémico de lo narco.
Los territorios argentinos que luchan hoy para que el narco-fascismo no termine de capturar el aparato del Estado y con él, la democracia, requieren toda la luz y compañía que muchos sectores políticos, culturales y sociales les siguen negando.
Los femicidios territoriales abren surcos y dejan al descubierto hilos de injusticias e impunidad que, como fibra poderosa sedimentada en el tiempo, amenazan a la vida en su totalidad y refuerzan modos estructuralmente desiguales de ser y estar en el mundo.
Acá estamos, entre ruinas, caminando con la tierra resquebrajada de muerte a nuestros pies.
Las mujeres, travestis y trans nos vemos empujadas a pensar desde el dolor para intentar regar nuestros territorios arrasados y dotarlos de horizontes de verdad y de justicia.
Nuestras muertas nos duelen, pero también nos hablan.
Sus cuerpos narran una historia personal y colectiva.
En tiempos de análisis políticos y especulaciones electorales, ¿no son las historias de estos femicidios y transfemicidios las que debemos comprender para trazar una radiografía de época?
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