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Alerta Jujuy: entrevista a la mamá de Iara, de Palpalá

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Iara Rueda fue desaparecida y asesinada y su familia se revela frente a la trama femicida. Las sospechas sobre el poder jujeño. La falta de búsqueda estatal: el protocolo que no se usó y el falso “cerrojo”. La (in) actividad de la policía. Y la organización creciente de las víctimas en una provincia que lleva al menos 13 femicidios en este 2020, que este domingo movilizó en Abra Pampa, Tilcara y Humahuaca. Por Inés Hayes y Melissa Zenobi.

Alerta Jujuy: entrevista a la mamá de Iara, de Palpalá
Fotos: Julia Carrizo

Esta nota forma parte de la MU 152 y fue posible gracias al aporte de nuestres cómplices. #HaceteCómplice acá para seguir apoyando el periodismo sin patrón.

Mónica Cunchila tiene 47 años. Nació, se crió y formó su familia junto a su compañero, Juan José Rueda, en Palpalá, una localidad de 50 mil habitantes, a 13 kilómetros de San Salvador de Jujuy. “Soy de Palpalá desde siempre, nunca me fui a ningún lado. Trabajo en la sala de técnicos profesionales de un ministerio, y como estatal estoy afiliada a la Asociación Trabajadores del Estado”, se presenta. Es mamá de Rocío, 21 años; Mariel, 15 años; Candela 12 años; y lo era de Iara, que tenía 16 años. 

El miércoles 23 de septiembre su vida cambió para siempre. Iara salió de su casa para ir al gimnasio –como era su costumbre– en su bicicleta verde, con su mochila y una botella de agua. Después de su rutina deportiva, volvió a su casa, se bañó, se cambió de ropa y fue a llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Esa tarde fue la última vez que su familia la vio con vida. “Yo creo que a mi hija la venían estudiando desde hacía tiempo”, cuenta Mónica, a un mes de su asesinato. 

Iara tenía 16 años, una vida por delante y muchos sueños que concretar. Vivía con su mamá, su papá y sus hermanas, con quienes compartían el fanatismo por Freddy Mércuri, a quien homenajeaban en largas tardes de guitarreada. Por esos días de septiembre, Iara y sus hermanas planeaban cambiarse el color de su pelo, y también querían dibujar y pintar las paredes de su habitación. Estaba en cuarto año del secundario, y quería ser perito criminalista. “Ella era muy buena alumna, muy responsable y muy solidaria. Tanto Iara como sus hermanas nos dicen dónde y con quién están. Con mi marido calculamos los tiempos, las llevamos y traemos, las llamamos siempre al fijo o al celular”, cuenta Mónica. 

El 23 de septiembre a la tardecita cuando Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta supo que algo le había pasado. Inmediatamente fueron a la Brigada de Investigación de Palpalá: “Ellos tenían que activar el operativo cerrojo, que corresponde ante la denuncia de una niña desaparecida, pero en lugar de eso dijeron que ya iba a volver, que debía estar en lo de un noviecito, que era adolescente, rebelde”. Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes. Mónica y Juan José presentaron luego una denuncia penal por “abandono de persona” contra los funcionarios judiciales y policiales que no buscaron a la joven como lo indican las legislaciones vigentes. 

Como tantas madres en la historia de nuestro país, a sólo un mes de la desaparición seguida de asesinato de su hija, Mónica se convirtió en una luchadora: mientras volantea por las calles de San Salvador de Jujuy reclamando la sanción de la Ley de Emergencia en Violencia de Género (la familia Rueda Cunchilo y la Multisectorial de Mujeres de Jujuy proponen que se llame Iara), escucha a otras víctimas de violencia, las contiene e impulsa la organización de las familias de toda la provincia para pedir justicia por sus hijas.   

¿Qué fue lo primero que hicieron cuando se dieron cuenta de la ausencia de Iara?

Fuimos directamente a hacer la denuncia a la Brigada de Investigación de Palpalá. 

¿Y qué les dijeron?

Ellos lo único que decían era ‘se ha ido con el noviecito’; y yo les decía que más allá de que se hubiera ido con el noviecito, la tenían que buscar igual: es una menor de edad. Pero en ese momento yo no conocía la resolución firmada por el propio ministro de Seguridad Ekel Meyer, que dice que si desaparece un menor o una menor de 18 años debe activarse un código rojo, que es un operativo cerrojo por el que en dos horas se tienen que cerrar todos los ingresos a la ciudad y usar todos los elementos que se tengan para la búsqueda de esa persona: infantería, caballería, drones, perros. Pero acá no se usó nada. 

¿Conocías esa resolución?

No, la conocí después de que apareció Iara. Eso estaba cajoneado, guardado, pero tiene que ser público para que a cada papá o mamá que busca a su hija o hijo, no le digan que tiene que esperar 24 horas, porque son menores de edad y corren riesgo sus vidas. Esas primeras horas son fundamentales; en la misma resolución lo dice, corre riesgo la vida de esa persona. Por eso ahora estamos tratando de que todo el pueblo conozca esa resolución. Yo me enteré por los abogados y también dice que tienen que rastrear los celulares. A pesar de que les insistí a los de la Brigada que siguieran el registro del celular de Iara, nunca lo hicieron. Ella salió con el celular porque contestó a una llamada en la que le pedían un trabajo práctico. A ella la engañaron y no volvió más. Ahí la agarraron, cuando fue a llevar el trabajo de la escuela. Mi sobrino la buscó por el número y me dijo “la tienen acá”, y fuimos y les dimos ese dato a la Brigada, pero en vez de hacer cerrojo y buscarla casa por casa, no han hecho nada. Tienen esa resolución firmada por el Ministro de Seguridad de la provincia, pero el mismo ministro después se lavó las manos. Si hubiera sido la hija o la nieta del gobernador, o la hija de Ekel Meyer, hubiesen rascado las piedras, hasta encontrarla. 

¿Y qué hizo el gobierno provincial?

El lunes 28 informaron que apareció Iara asesinada y esa noche el gobernador Morales dijo en cadena que, ante una desaparición, tenían que buscar inmediatamente, pero la resolución ya estaba y no la buscaron. Quieren quedar bien con la sociedad, pero no, ya está. Acá parece que tiene más autoridad Ekel Meyer que el propio gobernador. Sale siempre en los informes del Comité Operativo de Emergencias (COE). Ni Meyer hizo cumplir la resolución que él mismo firmó; cómo puede ser que los comisarios de toda la provincia no sepan de esta resolución. ¿Para qué está? Tiene que irse.  

Alerta Jujuy: entrevista a la mamá de Iara, de Palpalá

¿Por qué creés que toda la comunidad ayudó a buscarla?

Acá todos nos conocen, somos gente de trabajo, hemos empezado vendiendo sándwiches cuando mis hijas eran chiquitas. Empezamos con dos gaseosas y un kilo de pan y fuimos creciendo. Las nenas iban diciendo “sándwich, sándwich” y los vecinos las vieron crecer, salíamos como los patitos en fila, todos juntos. La gente nos conoce bien y nos dice “no puedo creer que les haya pasado a ustedes”, porque si a alguien le faltaba algo o necesitaba una mano, siempre estábamos. Una vez, en pleno invierno, mi marido se encontró con un señor que vivía en la calle y se sacó la campera nueva y se la dio porque iba a dormir en el piso para que al menos estuviera abrigado. 

¿Iara era solidaria como ustedes?

Sí, así era Iara, igual que mi marido. ¿Sabés lo que hizo mi hija el año pasado? Vino Sebastián Yatra, un famoso que les gusta a los chicos. Ella ahorró peso por peso el dinero que le dábamos para cosas de la escuela y le compró la entrada a la mejor amiga para que pudiera ir a verlo. Así era ella. Iba a comprarle la entrada a la amiga y ella no iba a ir, entonces le dimos la plata para que también fuera. Ella era muy solidaria, muy querida. Por eso Palpalá la buscó, y por eso la llora Jujuy. Creo que mi hija estuvo en el corazón de cada jujeño. 

¿Cómo se llevaba con sus hermanas?

Todas son así de solidarias. Sabes lo lindo que era verlas a todas juntas tocando la guitarra. Ella era muy fanática de Freddy Mercury. Y ahora se juntan a tocar y lloran: la quieren ver. 

Mónica, ¿vos qué creés que pasó con Iara?

Yo creo que a mi hija la estaban estudiando. Creo que fueron las dos personas que están detenidas, pero también hay más gente porque mi hija es alta, para que te des una idea, su bici es rodado 29. ¿Cómo puede ser que a la hora que desapareció, justo en ese momento se cortó la luz durante 20 minutos? Y qué casualidad que cuando apareció el cuerpo también se cortó la luz en un barrio donde los vecinos nos cuentan que jamás se corta la corriente. Y una hora y media después de iniciado el rastreo, apareció el cuerpo en un lugar donde ya habíamos buscado… 

¿Y quién maneja la electricidad en Palpalá?

Yo espero que se averigüe quién maneja la electricidad. Pero tiene que ser alguien que sabe. Da para pensar. A mi hija la mataron en otro lado y después plantaron el cuerpo. Mi hija estuvo muerta 4 días a la intemperie en otro lado, y apareció justo cuando pusieron la caballería y todo para la búsqueda. Cuando me llamaron y me dijeron “tenés que ser fuerte”, a mí el corazón me empezó a latir aceleradamente. ¿Sabés cuántas horas duermo por día? Dos horas. Cuando me quiero dormir escucho su voz, la escucho pedir ayuda y no puedo creer que no esté con nosotros. 

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¿Cómo siguen ahora? 

No van a lograr que yo deje de pelear por justicia, se tienen que hacer responsables. Esto tiene que cambiar, esta gente tiene que irse. ¿Por qué el pueblo les tiene que pagar un sueldo para que calienten la silla? Mi hija está muerta y recién ahora se ha abierto la Legislatura, recién ahora se ponen a trabajar. Meyer no para de abrir secretarías. Quieren que lo vean bien pero es tarde. Ponen a amigos en esas secretarías, y es gente incompetente, que no sabe ni prender una computadora. Tienen que poner gente que quiera trabajar, que tenga compromiso, que les importe el pueblo. Seguiremos marchando para que las cosas cambien: que los diputados trabajen como corresponde, para defendernos, para cuidarnos. Si dicen que hay drones y perros: tienen que ser para el pueblo, no para estar guardados. No hay que esperar a que pasen estas cosas para salir, tiene que ser algo de todos los días. Además las cámaras tienen que funcionar, porque en la tele dicen “pusimos cien cámaras” y después resulta que no andan. 

¿Cómo es la organización con las otras familias?

Nos estamos juntando con otros papás y mamás para ayudarnos mutuamente. Porque este dolor no nos lo saca nadie, pero nos apoyamos mutuamente para reclamar justicia. Estamos todas juntas. Esto no es partidario, estamos pidiendo que se encuentren a los asesinos de nuestras hijas. Queremos justicia. Yo antes no sabía nada de todo esto, porque estaba muy metida en mis cosas, en mi trabajo, en mis hijas. Por ahí no veía las noticias y no me enteraba. Pero con las marchas, mucha gente se nos acercó y nos dicen “yo sufro violencia, yo sufro acoso laboral y no sé qué hacer porque me da miedo quedarme sin trabajo”. Hoy viene alguien y te cuenta “a mi hermana el novio le pega”. Hay un montón de casos así, que yo desconocía. Entonces ahora vamos a empezar a reunirnos, para cuidarnos. Tenemos que contenernos entre nosotras. Ya tenemos un grupo de whatsapp porque somos de distintas partes de la provincia de Jujuy: de Tilcara, de Alto Comedero, de Palpalá, de Maimará, de San Salvador. No tenemos que dejar de juntarnos, y seguiremos haciendo marchas y reclamando justicia.

¿Alguien del entorno de Meyer te llamó?

No, nadie. Ekel Meyer me debe odiar. 

Hicieron la marcha de las velas a un mes del asesinato, ¿cómo sigue la lucha?

Sí, y acá marchamos todos los martes, y lo vamos a seguir haciendo, aunque seamos sólo mi marido, mis hijas y yo: vamos a seguir pidiendo justicia. Son marchas pacíficas, tranquilas, porque mi hija era pacífica. Pero atrás nuestro nos sigue la policía con los palos. Acá nos conocemos todos, en las marchas al Comité Operativo de Emergencias siempre hay infiltrados. En otra marcha, íbamos muy tranquilos todos los papás y mamás y apareció un infiltrado, de la nada, a saltar las vallas. Están esperando que pase lo que pasó en Tucumán: que busquemos a los asesinos y que los matemos. Lo hacen para perjudicar las marchas, para decir que somos problemáticos. Pero vamos a seguir más unidos que nunca, reclamando justicia. 

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Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

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La audiencia realizada en Mar del Plata para determinar la pena de Matías Farías por el crimen de Lucía Pérez reveló las contradicciones de un sistema judicial que lleva nueve años sin resolver el caso. El tribunal enfrenta el desafío de aplicar una condena bajo un delito que según Casación pasó a ser un «acceso carnal agravado», mientras la querella insiste en que se trata de un femicidio. La definición del abogado Juan Pablo Gallego: «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles». Los cruces entre la defensa y la acusación que dejan al descubierto las tensiones en torno a la violencia machista y la impunidad.

Por Claudia Acuña (Desde Mar del Plata) (En la imagen de portada, los padres de la menor asesinada junto a Familiares de Víctimas de Femicidio y de la Campaña Somos Lucía).

La audiencia de admisión de pruebas para establecer la pena que le corresponde a Matías Farías por el crimen de Lucía Pérez tuvo características tan inauditas como lo es esta nueva etapa de la intervención del Poder Judicial. El presidente del tribunal, Javier Riquert, tuvo que dar explicaciones para que se comprendiera lo incomprensible de este nuevo proceso judicial, que ya lleva nueve años (el femicidio ocurrió el 9 de octubre de 2016) y ha sufrido tres sentencias diferentes y un juicio anulado.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

El tribunal: el presidente Javier Riquert en el centro, Federico Cecchi y Paula Soulé. No pueden juzgar por femicidio por orden de Casación. La querella sigue denominando al crimen de Lucía como un femicidio.

Riquert explicó que el Tribunal de Casación —responsable de cambiar el delito por el que fue juzgado Farías, de femicidio a acceso carnal agravado— ordenó que se realizara esta instancia judicial de «cesura», dedicada exclusivamente a determinar la pena, que en este caso puede oscilar entre 8 y 20 años de prisión. Para definir cuánto corresponde dentro de ese rango, el tribunal —integrado por jueces de tres fueros distintos: Riquert, Federico Cecchi y Paula Soulé— debe analizar atenuantes y agravantes.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

En primera fila escuchan Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía, junto a su otro hijo, Matías. El abogado de la familia es Juan Pablo Gallego (en el centro de la imagen) con el fiscal Carlos Russo a su izquierda.

Por ello, tanto la acusación —representada por la querella de la familia de Lucía, a cargo del doctor Juan Pablo Gallego, y el fiscal Carlos Russo— como la defensa oficial de la doctora Laura Solari, presentaron sus solicitudes de prueba. Riquert también aclaró que era necesario cumplir con este requisito para que las apelaciones presentadas pudieran ser evaluadas y resueltas. En síntesis: se trataba de un trámite imprescindible para que las objeciones a este nuevo fallo prosperaran. Sin embargo, todo indica que lo que se inicia con este capítulo no será un mero formalismo.

Lo que siguió fue una puja por el control del relato de lo ocurrido. Acostumbrada a dominar las audiencias con su estilo incisivo, la doctora Solari intentó impugnar todas las pruebas solicitadas por la querella, que incluían una inspección ocular en la escena del crimen, la declaración de testigos clave del segundo juicio y el testimonio de una posible víctima de Farías, quien —ante la noticia del nuevo fallo— había expresado en redes sociales su temor por su posible liberación. El doctor Gallego, por su parte, destacó la contradicción de que la defensora se opusiera a la inspección ocular pero solicitara como prueba las fotos de la inspección realizada por el tribunal que había condenado a Farías por femicidio y a prisión perpetua. La paradoja la resolvió la secretaria del tribunal: no había registros fotográficos ni videos de aquella diligencia en el expediente.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

De azul, la abogada de Farías, Laura Solari: la puja por el control del relato del crimen de Lucía Pérez.

Tras varios cruces infructuosos para la defensa, el presidente del tribunal esbozó el posible rumbo: tres jornadas de debate, en las que se presentarían pruebas, se visitaría la escena del crimen y se daría a conocer el monto de la condena. La fecha se anunciaría en los próximos días, junto con la resolución sobre la admisión de las pruebas solicitadas.

En el ambiente quedó flotando el anticipo de lo que se debatirá: por un lado, el negacionismo de la violencia de género; por el otro, la insistencia en que el crimen de Lucía fue un femicidio, aunque este tribunal no pueda reconocerlo por orden de Casación. «Aunque los jueces vean un femicidio, no pueden juzgarlo», declaró Gallego a las puertas del tribunal marplatense. «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles».

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

Familiares de Víctimas de Femicidios con integrantes de la Campaña Somos Lucía, escuchan lo que les explica el abogado de la familia Juan Pablo Gallego: «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles».

Mientras el abogado hablaba ante el grupo de Familias Víctimas de Femicidios e integrantes de la Campaña Somos Lucía —que acompañaban a la familia en la calle soportando el viento helado y la lluvia—, un grito inesperado irrumpió: «Yo compartí la cárcel con ese monstruo, y la pasé muy mal». La voz, quebrada, pertenecía a un joven de jeans y campera negra, que la lanzó con paso apresurado antes de ingresar al edificio donde, se supone, se imparte justicia.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

El acompañamiento en la calle pese al frío marplatense y judicial.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

El abrazo y la espera: habrá tres nuevas audiencias.

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El crimen de la periodista Griselda Blanco: cómo negar un femicidio

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El femicidio de la periodista correntina Griselda Blanco fue víctima del Poder Judicial: en un juicio abreviado condenaron a su asesino por homicidio simple, sin considerar la brutalidad de su asesinato ni investigar las conexiones de su crimen con sus denuncias periodísticas. “Estamos tan tristes que no podemos ni hablar”, dirá Fabián, el hijo mayor de Griselda. Cuenta que el acuerdo se selló entre la fiscal y la defensa del asesino y que ellos simplemente fueron notificados del acuerdo. “Llegamos a esta etapa con pruebas perdidas y la constante amenaza de que si íbamos a un juicio oral se iban a dedicar a ensuciar la memoria de mi madre. Realmente es imposible luchar contra este sistema: es como andar contra el viento. Perdimos toda esperanza”.

Griselda fue asesinada en su casa de Curuzú Cuatiá en 2023. El viernes el juez Martín José Vega, titular del Juzgado de Garantías de Curuzú Cuatiá, avaló el acuerdo y de esa manera Darío Alfredo Ricardo Holzweissig deberá cumplir la pena por el delito de homicidio simple: 12 años y 6 meses de prisión, no de cumplimiento efectivo por no reconocerse en este fallo el componente de violencia de género. El acuerdo fue alcanzado entre la defensa del imputado y el Ministerio Público Fiscal, representado por Clara Belén Arrúa, titular de la Unidad Fiscal.

En la última emisión de su programa en Facebook Griselda había acusado al comisario  Walter Maciel por seguir en su puesto de policía pese a que una oficial lo había denunciado por abuso sexual. Maciel está ahora detenido por encubrimiento en el caso de Loan Peña, el niño desaparecido en Corrientes hace casi un año. Dijo Griselda en su último programa y día de vida: “Diana Yardín es policía. Es de Curuzú Cuatiá, pero se encontraba ejerciendo su labor en Monte Caseros. Nadie se solidarizó con Diana. Todos encubren a este individuo: comisario Maciel. Aún no lo apartaron de la fuerza como hicieron con ella”, sostuvo la periodista asesinada.

Y continuó: “Solo pedimos justicia. Que intervengan los fiscales, por favor. No podemos tener un violador en la fuerza”. La denuncia del abuso había sido radicada en la justicia en 2019 por la oficial y también incluiría presuntas amenazas y maniobras de encubrimiento, delito por el que ahora está detenido el comisario en el caso del pequeño desaparecido.

Al informar sobre el escandaloso cierre del caso el diario Norte sintetizó: “Griselda Blanco era una periodista incisiva, una co­municadora social que utili­zaba su voz para denunciar injusticias y dar voz a quie­nes no la tenían. Su asesi­nato no solo fue un crimen contra una persona, sino también un ataque a la li­bertad de prensa. La forma en que la Justicia abordó su caso tiene un eco profundo en la sociedad, especialmen­te para el libre ejercicio del perio­dismo”.

El crimen de la periodista Griselda Blanco: cómo negar un femicidio

Fotos Sebastián Smok para lavaca.

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La tesis del gran bonete

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¿Cómo informar sobre femicidios? ¿Quién sabe cómo hacerlo? Una polémica tesis promocionada por Rita Segato desliza la responsabilidad del Estado a los medios, en momentos en los que el gobierno pretende derogar la figura legal de femicidio. Las falacias y generalizaciones que construyen una orden de silencio. 

Por Claudia Acuña

Las periodistas somos responsables de los femicidios. Mientras tipeo esta frase me invade un sentimiento que solo explica el clásico «no sé si reírme o llorar”.  Desde que la escuché pòr primera vez en el año 2020, de boca del entonces gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, hasta ahora, que la repite una integrante del movimiento transfeminista del Valle de Punilla, en Córdoba, han pasado varios años, pero aquella primera vez y esta última tienen un contexto en común: esas provincias habían sufrido en poco tiempo una serie de femicidios que sembraron protestas sociales importantes. En el caso de Jujuy, estaban todas sus rutas cortadas con adolescentes que sostenían cartulinas escritas a mano exigiendo justicia, mientras las fuerzas de seguridad disparaban gases para dispersarlas. En esta ocasión, en Punilla la movilización también fue masiva.

Lo que cambió, y no es poco, es otro contexto: en estos momentos el Estado argentino intenta imponer la derogación de la figura jurídica de femicidio.

Otro cambio: el ex gobernador Morales, por entonces interesado en que no se difundan las protestas –que por cierto fueron las primeras que azotaron su gobierno– citó a Rita Segato como autora de la tesis que responsabiliza a los medios de comunicación de sembrar femicidios, ya que al informar sobre ellos los contagiaba. En plena pandemia de coronavirus esa palabra significaba meter el dedo en una herida social. Investigué entonces de qué galera había sacado Morales ese argumento: había escuchado a Segato en una capacitación que la académica le dio a su gabinete, por zoom y en el marco de un programa financiado por ONU Mujeres. Cuatro años después ya tenemos un libro que lo justifica, con prólogo de Segato y suscripto por su alumna, la brasileña Daniela Gontijo. Tuve la oportunidad de conocerla en La Paz, Bolivia, cuando intenté conversar con ella sobre su tesis. Le pregunté si sabía que la Organización Mundial de la Salud había comunicado su autocrítica por solicitar a los medios que no informen sobre suicidios, un argumento que en su tesis es basal para extenderlo a los femicidios. Sigo esperando su respuesta.

La principal diferencia, sin embargo, es que ahora esa frase es repetida por una comunicadora y activista que ha participado de la organización de la protesta en el Valle de Punilla. Está preocupada, angustiada diría, por su rol. Y lo que es peor, insegura. Es ella, entonces, quien motiva esta nota, que escribo con hartazgo.

Las raíces de la información

¿Cómo se informa “bien” un femicidio? ¿De eso se trata este debate? No. Y por varios motivos. El primero es el primero: el término femicidio tiene una larga y dolorosa historia política y social. Resumo: la palabra encuentra sus orígenes en la expresión feminicide, “desarrollada inicialmente en el área de los estudios de género y la sociología por Diana Rusell y Jane Caputi a principios de la década de los 90 (…) concepto que surge con una intención política: desvelar el sustrato sexista o misógino de estos crímenes que permanece oculto cuando se hace referencia a ellos a través de palabras neutras como homicidio o asesinato” (Toledo 2009: pp23-24).

Tal como advirtió la antropóloga Marcela Lagarde al aplicarlo a la situación desesperada de Ciudad de Juárez, México, “femicidio no es solo una palabra: es toda una teoría”. ¿Qué teoría sostiene la palabra femicidio? La responsabilidad del Estado en estos crímenes. Explica Lagarde: “Son crímenes que no responden a una problemática derivada de la mal llamada violencia doméstica o intrafamiliar, sino que es parte de una problemática mucho más grave y compleja. La conexión entre el género y la clase social en los femicidios de Ciudad Juárez es clara: sus torturadores y asesinos actuaban porque querían y porque podían hacerlo, amparados por unas estructuras sociales y gubernamentales que propiciaban la impunidad de sus actos.” Esto decimos cuando decimos “femicidio”: lo sistémico de lo biográfico.

Esta concepción teórica y política aplicada a Ciudad de Juárez tuvo su consecuencia jurídica cuando el Estado de México fue condenado por la Corte Interamericana con el fallo conocido como Campo Algodonero. De ahí derivan todas y cada una de las herramientas legales que cada país latinoamericano fue obligado a adoptar para prevenir, erradicar y hacer justicia por la violencia que sufrimos mujeres, travestis, trans y diversidades sexuales.

¿Cómo señalar entonces en cada femicidio la responsabilidad estatal que lo propicia? De eso se trata este debate. La respuesta, digámoslo rápido y fácil, es el territorio.

Como marco teórico a esta territorialización de la información sobre la violencia femicida propongo leer Capitalismo Gore, de Sayak Valencia, escritora, filósofa y artista performática mexicana. Es su tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid y, por eso mismo, es interesante conocer su origen porque leída hoy resuena como una respuesta contundente a esta otra tesis: “Originalmente la iba a hacer sobre epistemología feminista. Para mí era muy importante revisar cómo se producen ciertos grados de verdad o ciertas ficciones políticas que encumbran el conocimiento como algo que parece incuestionable si está mediado por el sello cientificista”. En eso estaba, entonces, cuando en un alto en sus estudios viajó a visitar a su familia a su Tijuana natal y en el camino que la llevaba del aeropuerto a su casa vio desde el auto y a la vera de la autopista un cadáver descuartizado. Así decidió cambiar el tema de su tesis y así nació un término –Capitalimo Gore– para  denominar aquello que la había sacudido: “el capitalismo gore sería la forma material de explotación que va atravesada de colonialismo, machismo, sexismo, crimen organizado, y corrupción”, sintetiza en una entrevista que le realizaron diez años después de la primera publicación.

Dirá también en esa entrevista Sayak Valencia: “El pensamiento es siempre contextual y si tratamos de hacer universalizaciones tajantes de ese pensamiento ya estaremos cayendo en una tentación solipsista, al considerar que tenemos las verdades absolutas sobre fenómenos que no serían explicables de manera sencilla en primera instancia. La necropolítica, la biopolítica y el uso de la violencia se dan de manera contextual porque su intensidad depende de los países, las condiciones económicas, lo gubernamental, lo social, lo cultural, en suma, dependiendo de la regionalización del mundo. No es igual de explícita la violencia racista contra ciertas poblaciones en territorios indígenas en México y la violencia racista que se da en Estados Unidos contra la población afro, que otro tipo de violencias como el negar servicios de salud a las poblaciones trans o a crear condiciones hostiles que provocan violencia y que terminan en una especie de necroadministración, o como dice Ariadna Estévez, en una administración del sufrimiento para que ciertas poblaciones sean dejadas de lado y mueran en ese apartamiento de lo social”. Esta última frase resuena especialmente en la actualidad y en la lucha de cada miércoles de las y los jubilados.

Reitera Sayak: “Creo que hay que seguir pensando lo biopolítico y lo necropolítico de manera contextual”.

¿Cuál es entonces el contexto en el que debemos fijar la atención ante cada femicidio y, mucho más, ante su reiteración producida en pocos días? El territorio. En el Jujuy gobernado por Gerardo Morales, en el Valle de Punilla azotado por la sistemática impunidad de los femicidios que allí se padecen, en las tramas de complicidad policial y judicial que han sembrado el terreno propicio para que la mimesis suceda, una y otra vez, sin sanción, ni contención ni reparación, que es finalmente aquello que expresa el grito de justicia que sin descanso nos hace oír el movimiento transfeminista organizado que también habita esas tierras, porque ya sabemos: donde hay criminalidad organizada en este país también hay resistencia.

En estos contextos, las órdenes de silencio no solo son peligrosas: suenan cómplices.

Emitirlas en nombre del saber es, además, perverso.

¿Quién sabe y quién no sabe informar sobre la violencia femicida? ¿De eso se trata este debate? No. Lo que tenemos que discutir es quién tiene autoridad sobre el saber. Y el saber es saber hacer resistencia a estas violencias.

¿Cuáles son las fuentes de información adecuadas, especialmente en tiempos en los que el poder se vuelve opaco e inaccesible? La narcocriminalidad ha impuesto esa barrera a la verdad del poder. Su privilegiada posición de economía “en negro” e “informal” ni siquiera nos permite conocer las cifras con las que maneja el mundo, en general, desde cada territorio en particular, pero sí alcanza para reconocer que aquello que llamamos ultraderecha tiene entre sus patrocinadores estos oscuros capitales que la promueven. ¿Hay entonces una relación entre la motosierra que destroza los pocos programas de contención de víctimas de violencia, la iniciativa de la administración Milei de erradicar la figura jurídica de femicidio y la manifiesta violencia misógina de la narcocriminalidad? Es pregunta.

También sabemos que eso que llamamos Academia, aquí en Latinoamérica, no ha producido investigaciones, estudios y publicaciones que relacionen la violencia femicida con el crecimiento de la narcocriminalidad, que en los territorios siempre tiene la forma de narcomenudeo porque esa es la lógica de gestión del negocio. Sí ha producido, y lo sigue haciendo, mucho análisis sobre los medios de comunicación que, en tiempos de redes virtuales, agigantan el rol de los formatos clásicos, en una operación que produce una restauración por repetición de marcos desactualizados –descontextualizando alcances de tiradas y audiencias, por ejemplo– y, a la vez, deslizan el eje del debate central: del Estado hacia los medios.

Ante cada femicidio hablemos del Estado. Narremos por ejemplo, el marco social-económico que afectó a víctimas y victimarios, nombremos los crímenes impunes sucedidos en ese territorio, los antecedentes de los fiscales encargados de investigar esos femicidios, los servicios y programas desmantelados en esa zona para prevenir y contener violencias, los funcionarios denunciados por violencia sexual, la cantidad de denuncias realizadas y cómo fueron atendidas, etcs y etcs.

Hablemos incluso de aquello que la política etiqueta como “inseguridad”, palabra detrás de la cual se esconden las tramas de complicidad policial-judicial (eso es el Estado) que alientan y sostienen las violencias.

Luego, si nos sobra tiempo, charlamos sobre el rol de los medios en la producción y reproducción de los femicidios.

Recién entonces, diré lo que puedo aportar al respecto, tras más de treinta años de informar, investigar y reflexionar sobre el tema y compilar información sobre casi 6.000 femicidios producidos en este país:

  1. Cuando era editora del principal diario de la Argentina recibí la recomendación de la Organización Mundial de la Salud sobre el peligro de informar sobre casos de suicidios, ya que provocaban contagio: resumo así la larga instrucción que señalaba ese peligro. En aquel momento el director del diario era Roberto Guareschi y encontré en él un aliado para imponer esa orden de silencio. Me pareció adecuada. Creí ser responsable de aplicarla y controlar que se lleve adelante, no solo en ese diario: enseñé a mis estudiantes a no informar. Cuando veinte años después leí la autocrítica de la OMS, admitiendo el contundente fracaso de esa restricción, aprendí la lección: en el periodismo el silencio nunca es opción. Tampoco lo es para una víctima de violencia.
  2. Cuando vi la tapa de un diario de México con la foto a toda página de una mujer colgada de un árbol, con la cabeza encapuchada, desnuda y con la leche maternal emanando todavía de su cuerpo destrozado comprendí aquello que escribió Sayek Valencia sobre la espectacularidad de la violencia: los medios completaban el trabajo de los sicarios. Ellos mataban a una mujer, los medios amenazaban a todo el resto. Estamos en Argentina, muy lejos de esa horrorosa maquinaria mediática de reproducción de la violencia. Estamos, además, en un oficio de periodistas profesionales, organizadas, formadas, muchas de ellas orgullosamente feministas y en gran parte, abrazadas a los movimientos sociales que las sostienen más que los medios donde trabajan en condiciones precarizadas, injustas, brutales. Ellas no lo son. Y es todo un esfuerzo no dejarse impregnar por la decadencia de la producción de noticias que hoy padecemos.
  3. Por último, hago mía las palabras de Helen Álvarez, la periodista boliviana integrante de Mujeres Creando, cuando en una mesa de debate con la autora de la Tesis del Gran Bonete, refutó: “No pienso dedicar un minuto de mi vida a discutir cómo mejorar medios comerciales, porque puede que logres que se escriba allí sobre un femicidio tal como pretendes que está bien, pero cuando das vuelta la página te vas a encontrar con un reportaje al jugador de fútbol que hizo el gol de la semana, sin mencionar que fue acusado de violación la anterior, y en la sección Economía, la noticia del ministro anunciando recortes de los programas sociales”. Como siempre, hay que contextualizar la frase: Helen fue la editora de la sección Economía del principal diario de Bolivia y es la mamá de Andrea, víctima de femicidio. Helen sabe.
  4. Por último, una noticia que nos da una pista sobre por dónde ir: en qué anda Sayek Valencia ahora. “Actualmente me encuentro investigando algo que denomino política post mortem, que son los agenciamientos prácticos que vienen de las personas que han sobrevivido a acontecimientos traumáticos y violentos. Es decir, son las prácticas, agenciamientos y acciones puestas en marcha por personas que han sufrido el asesinato, el femicidio o la desaparición de alguien que aman y que a partir de ese acontecimiento violento se han organizado para exigir justicia. Política post mortem sería esta forma de agenciamiento político que viene después de la masacre, después del trauma, después de la muerte de un ser querido, y que sigue luchando por esos muertos a través de las resistencias, de las búsquedas y de la dignificación del reclamo de justicia social”.
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