#NiUnaMás
Botón de muestra. Lo que revela la causa por el femicidio de Carla Soggiu
La familia supo de casualidad, 20 meses después, sin ser notificada, que la causa de su hija estaba archivada. El expediente que oculta y tergiversa, pese a que la declaración de la mamá de Carla brindó precisiones suficientes como para investigar la muerte de la joven como un femicidio, y alertaba sobre la falta de funcionamiento del sistema de botón antipánico. La no declaración del ex vicejefe del gobierno porteño Diego Santilli sobre este punto. El audio de los últimos momentos de Carla. Una historia que demuestra paso a paso cómo lo judicial puede encubrir la responsabilidad estatal y archivar procesos, convalidando la impunidad. Por Claudia Acuña.

Foto: Lina Etchesuri
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Hay un sonido que la familia de Carla Soggiu nunca olvidará.
Es el del audio que le hizo escuchar la Policía de la Ciudad donde quedó registrada la última de las cinco activaciones que Carla hizo de su botón antipánico.
Ya no se escucha su voz pidiendo ayuda como en las grabaciones anteriores, sino el ruido de agua que se mueve y lo que podría ser un elemento golpeando contra otro y el gemido de alguien que se ahoga. “Me hicieron escuchar a mi hija morir”, recuerda Alfredo.
Carla murió intentando sobrevivir hasta el último minuto de su vida. Así quedó acreditado en la autopsia, donde se constató que sufrió una “asfixia mecánica por sumersión”, y así lo testimonian las insistentes activaciones de su botón antipánico, advirtiendo que estaba perdida y necesitaba ayuda.
Para su familia, a Carla la mataron dos veces. Primero, el 26 de diciembre de 2018, cuando su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, mientras la más pequeña de sus dos hijes era testigo obligada de esa escena de terror. En esa sesión de tortura que duró dos días le produjo una lesión en el cráneo que –según creen sus padres– derivó en la desestabilización y desorientación que sufrió días después. La segunda muerte de Carla, entonces, fue aquel 15 de enero de 2019, cuando pidió ayuda y la Policía de la Ciudad nunca pudo encontrarla, a pesar de que su botón antipánico contaba con geolocalización. Su cuerpo fue hallado cuatro días más tarde en el Riachuelo.
Ahora a Carla la mataron por tercera vez.

Las fojas de la impunidad
Por los crímenes que padeció Carla se abrieron dos expedientes judiciales. El primero culminó cuando El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 20 de la Capital Federal, a cargo del juez Pablo Laufer, condenó a 6 años de prisión a Sergio Fuentes por secuestrar, atar, violar y golpear salvajemente a Carla. La familia de Carla se enteró del inicio de ese juicio oral cuando la secretaria del juzgado llamó a su casa para preguntar por Carla. Le respondieron que estaba muerta. Le informaron entonces que ya no podían presentarse como querellantes y tuvieron que asistir al juicio como parte del público.
La otra causa judicial comenzó el 15 de enero de 2019 cuando Rosana, su mamá, denunció que había desaparecido. Este expediente, foja por foja, es la prueba del delito.
Justicia ciega
La declaración de la mamá de Carla ocupa la foja 4, es decir, el inicio del expediente. Es completa y precisa. Allí está todo lo que necesita el fiscal César Augusto Troncoso para determinar qué estaba denunciando Rosana.
Dice que su hija está perdida y que un patrullero fue a su casa tres veces porque activó el botón antipánico, una clara señal de que el sistema de geolocalización no estaba funcionando.
Dice también que Carla fue víctima de la violencia de su ex pareja y aporta el número de juzgado y causa en que consta la denuncia, un dato contundente para considerar que se trataba de un caso de violencia de género que obliga a la fiscalía a aplicar el protocolo correspondiente.
Dice algo más que en los tres cuerpos y casi 500 fojas de esta causa no vuelve a nombrarse: el nombre y edad de los hijes de Carla, que para la justicia serán invisibles.
A partir de allí todo el primer cuerpo de esta causa caratulada como “muerte por causa dudosa” es una sucesión de papeles que ordenan la búsqueda.
La foja 175 da cuenta del hallazgo de un cuerpo.
Lo encontró por un trabajador que realizaba tareas de limpieza en el Riachuelo.

Lo que falta
El segundo cuerpo de la causa es el que importa.
Los principales puntos:
A fojas 288 el fiscal general Diego Iglesias, en aquel momento a cargo de la unidad especialmente dedicada a violencia de género, la pide al fiscal Troncoso que le informe “mediante oficio papel o electrónico”, si existe “indicio de vinculación” del caso con ese tipo de violencia, en cuyo caso le recuerda debe aplicarse el procedimiento correspondiente. A fojas 290 responde la fiscalía a través de su secretaria María Celina Bo: “No se investiga un homicidio doloso vinculado con violencia de género y, por consiguiente, no se precisa la intervención ni colaboración de dicha unidad”.
A fojas 311 se remite completo el expediente generado por el secuestro, violación y golpiza (Causa N 7581154) y su fallo completo. También, la denuncia de Carla ante la Oficina de Violencia Doméstica, que calificó su situación “de alto riesgo”. Sin embargo, el fiscal jamás consideró en sus conclusiones que la muerte de Carla se produjera en un contexto de violencia de género. Para el fiscal Troncoso Carla “se murió”.
A fojas 349 se cita a declarar al vicejefe de la Ciudad, Diego Santilli. Responde que prefiere hacerlo por escrito, pero no hay constancia de su declaración, a pesar de que a lo largo del expediente es tres veces requerida. La declaración que nunca realizó Santilli es clave para determinar por qué no funcionó el sistema de geolocalización del botón antipánico. Una versión periodística aseguró que esa falla no se produjo solo en el botón que tenía Carla, sino que dejaron de funcionar los 3.000 que entregaron ese año a las mujeres que el Estado porteño se comprometió así a proteger. ¿Por qué no funcionó? Porque había vencido el contrato con la empresa Coradir –que proveía el servicio– y hubo un vacío de varios días hasta que se hizo cargo el nuevo proveedor, la empresa Soflex. En ese vacío se extravió la vida de Carla.
A fojas 335 el fiscal Troncoso requiere al gobierno de la ciudad “todos los contratos relativos al implementación del servicio del botón antipánico”. No hay copia de dichos contratos en el expediente.
A fojas 406 el fiscal Troncoso niega las copias de esos contratos a la fiscal Cristina Caamaño Iglesia Paiz, quien había iniciado una investigación por el no funcionamiento del botón antipánico a partir de una nota publicada por el portal El Destape. Esta fiscal también había citado a Santilli y requerido los contratos al gobierno de la ciudad, que respondió que las había enviado al fiscal Troncoso… que le negó la copia “por no se ser parte de la causa”. A fojas 413 el fiscal Troncoso denuncia a Caamaño ante el fiscal general “por haberse excedido de sus funciones”.
A fojas 468 consta que el fiscal devolvió esos contratos “por carecer de interés en esta causa”. No da detalles ni explicaciones.
A fojas 470 el fiscal Troncoso ordena el archivo de la causa por considerar que “el hecho a investigar no constituye delito alguno”.

Preguntas y respuestas
Cómo se enteró la familia de Carla del archivo de la causa que investigaba el crimen de su hija es otra de las violencias que debió soportar. Merece, por eso mismo, una larga explicación.
La familia de Carla es una de las quince que se encuentran cada segundo miércoles de cada mes en Plaza de Mayo para presentar en Casa Rosada un pedido de audiencia con el presidente Alberto Fernández. El Presidente –que hasta ahora y tras quince solicitudes de audiencia, nunca las recibió– derivó uno de esos pedidos a la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, quien los entrevistó en marzo, junto a un grupo de asesoras. En esa reunión, las familias le entregaron un resumen de la situación que padecían. En el caso de la familia de Carla: los dos niñes no recibían la pensión que les correspondía por la ley Brisa y la investigación judicial se había convertido en una maraña desquiciada.
A la semana de esa reunión cada familia fue entrevistada en forma individual y durante dos largas horas por otras dos asesoras del ministerio para supuestamente elaborar un informe más detallado. Durante largos meses no tuvieron novedades hasta que el ministerio respondió uno de los pedidos puntuales: que los ayuden a conseguir los peritos que requería cada causa. La respuesta fue por teléfono: el ministerio –que cuenta con un presupuesto de 6 mil millones sub ejecutado– no tenía recursos para pagar los honorarios de los peritos.
Las familias se organizaron entonces para conseguirlos y lograron una reunión con el equipo de la perito Virginia Kreimer, quien escuchó durante más de tres horas los padecimientos judiciales que soportaban, entre ellos, los padres de Carla. La doctora Kreimer les pidió, entonces, una serie de datos de la causa que debían solicitarle al abogado particular. Ese abogado se los había sugerido el periodista Chiche Gelblung, quien tras escucharlos en una entrevista, se conmovió al verlos desamparados. Así llegó a la causa como abogado querellante Juan Manuel Dragani , el 23 de enero de 2019. El abogado es conocido por su participación en los programas de Viviana Canosa y por representar a las hermanas Dalma y Yanina Maradona. En el expediente que investiga la muerte de Carla consta que su actuación se limitó a pedir copias y a presentar un supuesto testigo que nunca pudo ser ubicado.
Los padres de Carla lo llamaron para solicitarle los datos requeridos por Kreimer. Tardaron varias semanas en concretar la entrevista. El mismo día que iban a verlo –ya era mediados de noviembre de este año– recibieron un llamado de una abogada “del ministerio”.
-Vayan a verlo y después lo llamo- les dijo.
Fueron.
Al regreso recibieron un nuevo llamado de la abogada.
-¿Qué les dijo?
-Que la causa estaba parada
-¿No les dijo que el fiscal la mandó a archivar?
La causa había sido archivada en marzo de 2020. Un año y ocho meses antes. Jamás los notificaron.
La respuesta de Rosana, la mamá de Carla, fueron lágrimas. La de Alfredo apuntó directo a los ojos del ministerio:
-¿Ven por qué queremos que el Presidente nos reciba? ¿Ven por qué no podemos luchar solos contra todo esto?
Sí: veían.
20 minutos de eternidad
Tras el secuestro y la violación Carla volvió a vivir a la casa de sus padres, esta vez con sus hijos de 2 y 5 años. Para sostener a su familia repartía volantes de un estudio jurídico, limpiaba casas y a veces atendía un puesto de diarios. “Al tener hidrocefalia no la tomaban en ningún lado y ella hacía lo que podía para ganarse unos mangos”, cuenta su papá.
Aquel 15 de enero de 2019, Carla salió a trabajar con su botón antipánico. Fue la última vez que la vio su familia. Cerca de las 18 horas, tal como quedó capturado en una cámara de seguridad, un amigo la acompañó hasta la parada de la línea 32, en Avenida Sáenz al 500, cerca de Nueva Pompeya, desde donde Carla volvería a su casa. Al ver que no regresaba, sus padres llamaron a la policía. “En ese momento y después de todo lo que había pasado, veinte minutos eran una eternidad”, dice Alfredo. También dice que en la autopsia consta que aquel, su último día, Carla llevaba el botón antipánico refugiado entre la bombacha y el jean. “Mi hija protegió hasta último momento ese aparato que tenía que protegerla”.
En esa imagen se sintetiza todo lo que su familia necesita ahora: justicia.
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Nota
Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación contra sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia. Este año se logró la condena a prisión perpetua de dos de los responsables del crimen, pero la familia además reclama el juzgamiento de los policías ya que su inacción resultó clave para que Iara resultara asesinada. Mónica, la madre de la joven: «Si esos funcionarios policiales hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.
Por Natalia Aramayo desde San Salvador de Jujuy
La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación al sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia.
Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de Palpalá, estaban imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras la denuncia de la familia de Iara. El 22 de julio del año pasado el Ministerio Público de la Acusación informó que la investigación se había dado por finalizada y el fiscal de la causa solicitó la citación de los acusados a juicio.
Desde entonces la familia espera la fecha de juicio, pero con lo que se acaban de encontrar es con el sobreseimiento dictado por el juez Rodolfo Nino Fernández, del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública.
Mónica Cunchila, mamá de Iara, expresó en conferencia de prensa en San Salvador: “Esta decisión nos dañó, nos lastimó demasiado, no podemos entender cómo trabaja la justicia”. Mónica llevaba en sus manos los fundamentos que dio el juez: el texto ocupa solamente media carilla. “Imprimí los fundamentos para leer y empaparme» expresó, “pero el fundamento del juez es media carilla, y no me dice por qué tomó esa decisión”.

El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, manifestó que tras entregar el recurso de apelación, el fiscal a cargo de la causa, Diego Funes, también se sumó a la presentación, y que además el propio fiscal general de la provincia, Lello Sánchez, se comunicó con la familia.
«El día que nos enteramos de la decisión del juez Fernández fue sentir que nos mataron a Iara nuevamente», dijo Mónica tras conocer la decisión. El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, sostuvo: “Creemos que estos ocho policías tienen que estar sentados en el banquillo de acusados, porque claramente omitieron, no buscaron, no rastrillaron, dejaron a la deriva a Iara y la familia. No tenemos dudas que son responsables, junto a otras personas de lo que fue la pésima y paupérrima búsqueda y rastrillaje de Iara”.

La comunidad en la calle fue la garantía para que se descubriese a los culpables. Ahora el juez Rodolfo Nino Fernández sobreseyó a policías que con su inacción (¿o complicidad?) se dedicaron a no buscar a Iara, que tenía 16 años al desaparecer. El cuerpo fue encontrado por vecinas y vecinos que asumieron la búsqueda mientras la policía no hacía nada.
Iara Rueda: La negligencia policial mata
Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre de 2020 salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz.
Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda.
Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz.
En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.
El cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de pies y manos. En ese lugar su familia construyó un altar.

“La dejaron abandonada”
El juicio oral y público por el femicidio comenzó el 13 de abril y finalizó este 3 de mayo cuando el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 condenó a prisión perpetua a Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad como autores penalmente responsables de los delitos de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.
El tercer acusado, Fernando Tomás Fernández, fue condenado por el mismo delito pero se consideró al crimen “triplemente agravado por el vínculo”. Dado que al momento del hecho era menor de edad se pidió remitir la copia de la sentencia al Juzgado de Menores que hasta el día de hoy, cuatro meses después, no fijó pena alguna.
Además del juicio por el femicidio, la familia de Iara impulsó desde el primer momento la denuncia contra los funcionarios policiales que no aplicaron los protocolos de búsqueda tal como la legislación lo establece. Sostiene el abogado de la familia: «Además, en el juicio llevado a cabo, donde se condenó a los tres imputados, se demostró que hubo negligencia por parte de la policía al no seguir los rastros que marcó uno de los canes de la policía en la casa de Tomás Fernández”, por lo cual cree incongruente la decisión del juez.

Volver a las marchas
“El caso de Iara marcó un antes y un después no solo en la justicia jujeña sino que también en la sociedad y no puede tener este triste final, con una resolución de un juez que desliga de responsabilidades a estos sujetos. Nadie la buscó, nadie respondió por ella, la dejaron abandonada a ella y a la familia, ¿y ahora nadie responde por eso?».
Mónica es clara sobre cómo continúa la situación: “Volvemos a las marchas, a las calles, de manera pacífica, para exigir no solamente que el juez Fernández de marcha atrás con esta medida, sino que estas leyes se cumplan, para que no vuelva a suceder. Si esos funcionarios hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.

#NiUnaMás
216 femicidios y travesticidios en 8 meses de 2023






Durante este agosto sangriento registramos en el Observatorio Lucía Pérez 32 femicidios.
Preocupa porque en agostos de años anteriores, el registro era en muchas ocasiones, menos de la mitad. Preocupa también porque es el mes de 2023 donde más crímenes machistas registramos.
Este agosto Emma, la más pequeña, tenía 2 meses. No fue la única infancia asesinada: Thiago, asesinado junto a su madre María, tenía 13; Morena, 14; Nelsa, 15; y Magalí, también 15. En lo que va del año, son 15 las infancias asesinadas.
En el otro extremo etario de una línea que transversaliza la violencia de este mes está Susana, tenía 83 años.
Las nombramos en el deseo de nombrar a todas. A cada una de las víctimas de los 216 femicidios y travesticidios de lo que va del año. Compañeras de colegio, hijas, amigas, vecinas, 71 de ellas eran madres, por lo que registramos a hoy 155 huerfanxs por la violencia femicida.
Este año registramos también 217 tentativas de femicidios y travesticidios, 27 ocurrieron en el mes de agosto.
Marchamos exigiendo que paren de matarnos 263 veces en el año, este agosto salimos a la calle 33 veces a marchar.
Nos preguntamos: ¿qué más hacer para ponerle freno a la violencia femicida?
Sobre el Observatorio Lucía Pérez:
El Observatorio Lucía Pérez es una herramienta de análisis, debate y acción creada por lavaca.org para erradicar la violencia patriarcal de nuestras vidas y nuestras sociedades.
Realizamos una serie de padrones que compartimos en nuestra web de manera libre, los cuales los confeccionamos en talleres que realizamos con víctimas de violencias, familias sobrevivientes de femicidios, organizaciones sociales y activistas del movimiento trans.
Los datos así recogidos, sumados al seguimiento de lo publicado en medios de todo el país, son luego chequeados y precisados con fuentes judiciales y periodísticas. Cada mes realizamos un resumen que es analizado con víctimas y familias sobrevivientes de femicidios. Anualmente realizamos un informe que compartimos con organizaciones sociales y referentes de la política y la cultura.
Todo la información que producimos es de público y libre acceso.
Agradecemos que si es de tu interés, cites la fuente.
Acá podes encontrar toda la información: www.observatorioluciaperez.org
Nota
Caso Iara Nardelli: dos pericias descartan la hipótesis de un suicidio

“Cuando se sume el dictamen de policía científica a la causa, va a terminar de quedar en evidencia el mal trabajo que hizo la fiscalía y que sólo les interesa cerrar el caso rápido”, expresó el abogado de la familia de Iara Nardelli, Maximiliano Orsini, en diálogo con lavaca. La investigación sobre la muerte de la joven de 16 años mostró avances significativos que derriban la principal hipótesis de la fiscal a cargo de la causa, Romina Díaz, según la cual Iara se suicidó y una jauría atacó su cuerpo sin vida: solo se encontaron huesos del cuerpo.
Ahora se agregó a la causa una pericia caligráfica y la inminente publicación del estudio de la policía científica que analizó la ropa de Iara, al que se refiere el abogado Orsini quien además solicitó activar el protocolo por femicidio. Por su parte, Mariela Quintinilla, mamá de Iara, contó que en 55 días de investigación (Iara desapareció el 30 de junio) la fiscal sólo se comunicó con ella el 10 de julio para avisarle cuando hallaron parte de los restos de Iara: “Ni siquiera me llamaron a declarar”.
Por Franca Boccazzi
Cuando el 20 de julio el Poder Judicial confirmó que la mandíbula diseccionada, parte de una cabeza y una tibia que habían encontrado 10 días atrás en un descampado marplatense eran de Iara, empezó la averiguación de causales de su muerte. Pero desde el Juzgado de Familia Nº2 a cargo de la causa, siempre se sostuvo la hipótesis de que la adolescente se había suicidado y tanto Mariela Quintinilla, mamá de Iara, como el abogado de la familia, Maximiliano Orsini, coinciden en que no hubo voluntad de investigar si se trató de un crimen. “Aun cuando la situación era muy dudosa y no coincidía con un suicidio, la Fiscalía no dio lugar a mi pedido de que se active el protocolo por femicidio”, explica el abogado.
Pero ahora el caso está por dar un giro trascendente. Se acaba de sumar a la causa el informe de la pericia caligráfica que analizó unas cartas escritas por Iara y la conclusión es contundente. En palabras del abogado: “No se encontraron signos que hagan pensar en un suicidio, sino que se trata de una adolescente con problemas propios de la edad”.
Además, Orsini aseguró a lavaca que de manera extra oficial se sabe que la policía científica ya analizó las prendas de Iara encontradas en el descampado, y está por sumarse a la causa su informe donde se confirma que “las roturas de la ropa no fueron causadas por un animal, sino por una acción humana”. Esto, a su vez, cuestiona la otra hipótesis que la fiscal sostiene sin fundamentos claros: sólo aparecieron restos óseos, sin restos blandos, porque el cuerpo fue atacado por perros en jauría.

Iara Nardelli: El barrio habla, la justicia no escucha
Ante la pasividad del juzgado para llegar a la verdad de lo que pasó con Iara, Mariela no se quedó de brazos cruzados. Junto a Marta Montero, mamá de Lucía Pérez que la viene acompañando y ayudando con su reclamo hace casi dos meses, recorrió el barrio donde desapareció su hija y se encontró con más información: hay vecinos y vecinas que conocían a Iara y afirman que era una joven alegre y con proyectos, y no ven posible que se haya suicidado. “No se lo creen ni ahí”.
La mamá de Iara también confirmó a lavaca que, en esas recorridas, pudo conseguir información valiosa para la causa pero quiere esperar a declarar para luego compartirla públicamente. “Estamos a 55 días y lo que me molesta es que no me dan novedades, todavía estamos esperando la filmación de las cámaras de la zona y ni siquiera me llamaron a declarar”.
El estigma que entorpece la investigación
Iara era de Miramar pero desde el 2021 vivía en la institución Aldeas Infantiles que se encarga de hospedar a jóvenes en situación de vulnerabilidad en la ciudad marplantense. La jueza María Silvina Lezcano fue quien dio la orden luego de que Iara pasara por un cuadro de depresión.
Al momento de su desaparición era una joven activa, que iba a la escuela, hacía un curso de peluquería, tenía amigas e incluso estaba de novia. Pero la Fiscalía actuó con tal prejuicio que no tuvo en cuenta cómo estaba Iara actualmente sino cómo era su salud mental hacía dos años: ni siquiera esperó los resultados de las pericias para determinar las causas de muerte y enseguida se adelantó a confirmar un suicidio.
Pero si es un suicidio, caben muchos interrogantes.
- ¿No es extraño que solo se encontraran restos óseos en vez de un cuerpo cuando sólo habían pasado 10 días desde que Iara había desaparecido?
- ¿Cómo se explica el suicidio cuando se encontró un cráneo, las prendas a 150 metros y la bombacha a 200 metros?
- ¿Por qué y cómo desapareció el celular?.
Orsini hizo todas estas preguntas una y otra vez para intentar abrir la mirada judicial para que se siga la línea de investigación que plantea que a Iara la mataron en otro lugar y plantaron la escena en el descampado.
En cambio, la explicación de la fiscal Romina Díaz fue tan simple como decir que solo había huesos debido al ataque de una jauría de perros que también habían roto y esparcido la ropa. “Todo el tiempo se aferraron a la idea del suicidio para cerrar el caso rápido, no dieron lugar a mi pedido de activación de protocolo de femicidio y ahora con los resultados de las pericias se va a demostrar que se equivocaron, pero en el medio ya se perdió un montón de tiempo”, explicó el abogado.
Mariela y Orsini ahora están a la espera de que se publique el informe de la Policía Científica para que se haga oficial y se sume a la causa. Tienen esperanzas de que, con esta evidencia, a la Fiscalía no le quede otro remedio que evaluar seriamente que Iara no se quitó la vida sino que la mató otra persona y de ahí en más la investigación cobre la urgencia e importancia que debería haber tenido desde el 20 de julio, cuando se confirmó el hallazgo de restos de Iaria en ese descampado cercano a Aldeas Infantiles.
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