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Femicidios territoriales: es la policía

Publicada

hace 4 años

23/12/2020

Un nuevo concepto para comprender crímenes que integran a la policía y el Poder Judicial con las redes de delincuencia: femicidios territoriales. Desde El loco de la ruta hasta los casos recientes. Un análisis de las estructuras mafiosas y el funcionamiento de los territorios en manos de las fuerza de seguridad. Por Claudia Acuña.

Femicidios territoriales: es la policía — Foto: Lina Etchesuri

Lucía Pérez, Melina Romero y Araceli Fulles fueron las primeras en advertirnos las coincidencias de sus crímenes. Hasta ellas, los femicidios eran clasificados en nuestro padrón a partir de las categorías creadas por la academia de género para analizar la trama de violencias que arrasa con tantas vidas, año tras año. Pero sus casos se rebelaron a esas categorías. No eran “femicidios íntimos”. No las mató un novio celoso o un marido despechado. Y tampoco sus muertes aceptaban la categoría de excepción, que clasifica como “femicidio no íntimo” a aquellos crímenes que no se adaptan a la regla general. Había una regla, pero era otra.

¿Cuál?

La camioneta que fue requisada por la policía y en la que se encontró droga “con intención de comercializar” estaba estacionada todos los días frente a la puerta del colegio de Lucía, al mediodía. La banda que abordó a Melina era habitué del bolicheal que fue a festejar sus 17 años. La del corralón que descuartizó a Araceli contaba con la protección de la policía que estuvo a cargo de la investigación de su desaparición. Lucía en Mar del Plata, Melina y Araceli en San Martín nos estaban gritando una pregunta: sin esa trama de impunidad territorial, ¿sus crímenes hubiesen sido posibles?

Llamamos entonces femicidios territoriales a los crímenes que se produjeron en un marco de impunidad institucional, en el cual la policía local tiene una responsabilidad central. Eso significa concretamente el grito “El Estado es responsable”.

No se trata de una consigna, sino de un profundo análisis político que nace de la sociedad que lo padece y lo combate día a día. Sus características son tan claras y contundentes que no hay margen de dudas: este año, cuando las vecinas se enteran del crimen de Ludmila Pretti en la bonaerense Morón o de Iara Rueda en la jujeña Palpalá, lo primero que hacen es plantarse frente a la comisaría. Y con esta reacción inmediata y espontánea dejan en claro que ya saben aquello que ninguna academia reconoce: que esa trama de impunidad territorial garantiza que hacer justicia resulte imposible. Para evitar que se arruinen pruebas, se demoren búsquedas, se deje escapar a los criminales, se alteren evidencias y se eludan las responsabilidades institucionales la respuesta es la que sintetizó Tania, la hermana de Jéssica Fernández, baleada por su ex, al que la policía dejó huir: “Si hay que romper se rompe, si hay que quemar se quema, pero de acá no nos movemos hasta que el culpable esté entre rejas”. Y “acá” es una barrera de mujeres frente a la puerta de la comisaría del Cuartel V de Moreno. Tres horas después el responsable del ataque estaba encerrado.

Mar del Plata

Analizar la trama de impunidad en clave geopolítica es indispensable para comprender los femicidios territoriales. Lucía nos ubica en Mar del Plata y lo primero que encontramos allí es un trabajo maravilloso realizado en 2005 por Marta Fontela, que forma parte de la investigación titulada Femicidios e impunidad. Citamos extensamente este trabajo porque nos lleva, entre otras cosas, de Mar del Plata a San Martín, ya veremos cómo.

Fontela analizó la causa judicial que inició el juez Pedro Hooft sobre los crímenes que popularmente conocimos como del “loco de la ruta” y que implicaron la desaparición de 17 mujeres en situación de prostitución ocurridas entre 1996 y 2001. Algunas fueron encontradas descuartizadas, otras nunca. Resume Fontela: “En Mar del Plata, se iniciaron en el año 1996, con el asesinato de Adriana Jacqueline Fernández una serie de crímenes y desapariciones de mujeres, hasta la fecha no resueltos. En el momento en que escribo este artículo, solo se ha llegado a condenar a dos suboficiales de la Policía de la provincia de Buenos Aires, pero no por las desapariciones y muertes, respecto a las cuales no se pudo probar su participación, sino por asociación ilícita en delitos relacionados con la promoción y facilitación de la prostitución”.

Luego compila los datos de la única causa judicial que pronunció un fallo: “La única investigación que tuvo algún resultado fue llevada a cabo por el Juzgado Criminal y Correccional de Transición N° 1 de Mar del Plata, a cargo del juez Pedro Hooft, que investigó los casos de las desapariciones forzadas de Silvana Caraballo, Verónica Chávez y Ana María Nores. La sentencia muestra esa red de complicidades y vinculaciones entre los proxenetas y distintos poderes del Estado”.

En la causa originariamente intervino el Juzgado Departamental N° 7, quedando a cargo de Hooft a fines de septiembre de 1998, al cambiar la organización de la justicia penal en la provincia. En la primera etapa la investigación estuvo a cargo de la policía. Debido a que no había avances, Hooft solicitó instructores judiciales al procurador general de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires. Estos instructores comenzaron la investigación en marzo de 2001, virtualmente desde cero, aunque con un aporte que mostraba entrecruzamientos telefónicos que acreditaban la existencia de múltiples y permanentes comunicaciones de este tipo entre los sectores de la prostitución organizada de Mar del Plata y dependencias policiales, judiciales y municipales. Una noticia de la agencia Telam del 23 de noviembre de 2003 señala que según un informe del procurador de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, firmado por el doctor De La Cruz, que analiza las llamadas entrantes y salientes de teléfonos de oficinas del Comando en Jefe del Ejército a raíz de la investigación de secuestros, homicidios y delitos graves, se verificaron 18 cruces telefónicos vinculados con el caso de las mujeres en prostitución de Mar del Plata. De los allanamientos realizados en los prostíbulos surgieron datos que permitieron vincular las desapariciones de Ana M. Nores, Silvana Caraballo y Verónica Chávez. La causa cita el informe elaborado por el Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada, que detalla que al 9 de agosto de 2002 se registran al menos 28 víctimas entre mujeres presuntamente en situación de prostitución, entre desaparecidas y asesinadas.

Surge del expediente que durante 1997 y hasta los primeros meses del año 1998, “al menos ocho policías varones operaron coordinadamente en hechos delictivos referidos a la prostitución organizada, facilitando su promoción, la protección en calles y prostíbulos, así como su custodia y seguridad. Estos policías cumplían funciones dentro de la organización delictiva, se encargaban de cobrar compulsivamente a cada mujer una suma semanal, las custodiaban, registraban patentes de vehículos de clientes, etc. Semanalmente cobraban a los prostíbulos para permitir su funcionamiento”. A esas comisarías iban las compañeras de las desaparecidas a denunciar que no estaban y rogar que las encuentren con vida.

En nuestro padrón histórico los femicidios en Mar del Plata suman 68, de los cuales 31 representan femicidios territoriales.

El fiscal

El fallo cita extensamente lo que declararon las testigos. La madre de Verónica Chávez atestiguó que a Silvana Caraballo “le habían dado una paliza por hacer mal un trabajo… y que Caraballo gustaba del fiscal García Berro”. Agregó que el día antes de su desaparición, “Verónica Chávez comentó que estaba trabajando en el guardarropas de un boliche en cuya inauguración estuvo el fiscal…”. Otra testigo informa que “a Verónica Chávez la llamaba Marcelo (el fiscal García Berro) y la llevaba en un Corsa… y que luego de la desaparición no llamó nunca más”.

Concluye Fontela: “Basta leer estos párrafos, que son solo un extracto de una extensa y muy bien fundada sentencia, para que aparezca a la vista de cualquiera la responsabilidad de la policía y de funcionarios judiciales en la explotación de la prostitución, así como la sospecha fundada de su intervención en los crímenes que se investigan. Sin embargo, por los requisitos y características del establecimiento de la verdad jurídica, fue necesario que los dos policías aceptaran las pruebas que resultan del expediente, en el marco de un juicio abreviado en el que la fiscal y los defensores pactaron penas de cuatro años y cuatro años y dos meses respectivamente. Quedan en esta causa cuatro personas más en calidad de prófugos, entre policías y regentes de un prostíbulo y otros procesados”.

Este proceso generó que el fiscal Marcelo García Berro fuera apartado de su cargo. Los motivos los resume una nota publicada el 16 de agosto de 2002 en el diario La Nación: “El nombre de García Berro apareció en el expediente casi desde la primera hora. Como ‘Marcelo (oficina abogado) Chevrolet Corsa 5187 (Poder Judicial)’ fue anotado por Chávez en su agenda personal, a la que tuvo acceso La Nación. Por el sistema Excalibur se constató que llamaba al prostíbulo de La Perla con frecuencia y varios testigos lo vieron en ese auto cerca del domicilio de la mujer”.

Entre los fundamentos de la sentencia del juez Hooft se establece que “queda semiplenamente acreditado que, al menos durante 1997 y 1998 (el fiscal) Marcelo García Berro, haciendo pública ostentación de su condición de fiscal, trasladándose permanentemente en la zona roja con un vehículo oficial-judicial y utilizando, además, en forma asidua líneas telefónicas asignadas al Poder Judicial mantuvo frecuentes comunicaciones con distintos prostíbulos y/o personas vinculadas con la prostitución, cuyas actividades constitutivas de delitos de acción pública cubría o tapaba”.

Hoy el fiscal García Berro ejerce en los tribunales de San Martín. Es miembro del Consejo Fiscal en representación de la agrupación Unión Progresista de Fiscales.

García Berro es fiscal en las causas por crímenes de la dictadura en la Zona IV, Campo de Mayo, Contraofensiva y los Vuelos de la muerte. En tanto, el juez Hoof fue acusado por crímenes durante la dictadura, que derivaron en un juicio político que lo absolvió. En su defensa adujo que las acusaciones eran consecuencia de la investigacion del “loco de la ruta”.

San Martín

El femicidio de Melina Romero es uno de los más escandalosos casos de impunidad fiscal. Poder Judicial y policía se empecinaron en no buscar a Melina durante semanas, mientras diversos medios nacionales atacaban a la víctima. El cuerpo asesinado y corrompido fue encontrado por mujeres cartoneras del Movimiento Evita el 23 de septiembre de 2014. Melody, amiga de Melina, relató que vio cómo un menor apodado Toto, Joel Fernández (Chavito), Elías Fernández (Narigón) y César Sánchez (Pai César) intervinieron en el hecho. Toto fue sobreseído ante un tribunal de menores, y Melody fue acusada por falso testimonio, soportó un juicio y fue sobreseída.

La fiscal María Fernanda Billone desistió de acusar a los otros tres implicados. El abogado de la mamá de Melina, Marcelo Biondi, sintetizó lo que este procedimiento fiscal representa: “Es la primera vez en mi carrera que veo que la fiscalía desista de un juicio por homicidio”. La fiscal Billone le dijo a Ana, la mamá de Melina, que lo hacía por indicación de sus superiores. El superior es el fiscal general de San Martín Marcelo Lapargo. Sin acusación fiscal Biondi, como querellante particular, solo acusó a Chavito Fernández, que fue condenado a 13 años de cárcel por el delito de “homicidio preterintencional” (sin intención de matar). La sentencia fue apelada, pero la mamá de Melina ya no tiene abogado que la represente.

Tres años después del crimen de Melina, en el mismo territorio de San Martín, desaparece Araceli Fulles. Su cuerpo fue encontrado en la casa de la madre de Darío Badaracco, un hombre del barrio, vinculado a la policía. La orden de requisar esa casa fue dada por el juzgado al comienzo de la investigación, pero la policía dijo no haber encontrado nada. Badaracco declaró tres veces ante la fiscal Graciela López Pereyra, la última en la misma mañana del hallazgo del cuerpo, y a pesar de que resultó sospechoso, no fue detenido. Escapó y fue apresado por una mujer embarazada que lo reconoció, lo corrió y alertó a las fuerzas de seguridad. Badaracco estaba detenido en el penal de Sierra Chica cuando en abril de 2019 lo mataron: le hicieron tragar agua hirviendo. Los otros implicados en el femicidio de Araceli son Carlos Cazals y sus empleados Marcelo Ezequiel Escobedo y Hugo Martín Cabañas.

Al día siguiente del hallazgo del cuerpo de Araceli la división de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense separó de sus cargos al subcomisario Hernán Humbert, al oficial principal José Gabriel Herlein y al numerario Elián Ávalos, hermano de uno de los implicados en el femicidio. Todos pertenecían a la Comisaría 5ª de San Martín, la misma en la que la familia de Araceli presentó la denuncia de su desaparición.

La familia está amenazada y con custodia policial permanente: “Estoy con mis hijos, mi nieto, mi nuera, mi esposo y la custodia”, dice Mónica a tres años del asesinato de su hija. El juicio oral tenía fecha para este año (26 de mayo) pero “hasta ahora todavía no me avisaron qué va a pasar”.

Todos los imputados llegan en libertad al juicio.

La impunidad

Fontela señala en su trabajo otros femicidios que tienen similares características: “El análisis de algunas investigaciones judiciales y periodísticas indicarían la conexidad entre instituciones del Estado y las bandas de tratantes y/o narcotraficantes que operan en todo el país. Si ejemplificamos con algunos casos, tres de las desapariciones en Mar del Plata (Nores, Caraballo y Chávez), el asesinato en Rosario de Sandra Cabrera, Natalia Melmann en Miramar, Leyla Nazar en Santiago del Estero, Marita Verón, Fernanda Aguirre (desaparecidas en Tucumán y Entre Ríos respectivamente) y el triple crimen de Cipolletti, encontramos estas similitudes. En la mayoría de los casos, hay policías y funcionarios de otros poderes del Estado involucrados, que forman parte de las redes de prostitución, fiestas privadas en las que obligaron a participar a las mujeres (Chávez, Nazar, Melmann), prostíbulos como los de Sierra de los Padres o La Perla (Mar del Plata)”.

Este año sumamos a esta lista los femicidios de Iara Rueda y Cesia Reinaga, en Jujuy. Desde que se produjeron esos crímenes durante todas las semanas se realizaron puebladas en la provincia de Jujuy reclamando justicia, a pesar de que en todo ese tiempo, el gobernador realizó un sinfín de anuncios para apaciguar los reclamos. Incluso la Legislatura provincial sancionó una de las principales demandas: la Ley de emergencia, a la que bautizó Ley Iara. No hizo, sin embargo, lo único que motiva el indignado reclamo social: separar e investigar a la policía.

El desafío

Los femicidios territoriales nos interpelan a hacer memoria de la batalla de la sociedad argentina contra la violencia institucional. Impone, en primer lugar, clasificarlos como una violación a los derechos humanos, es decir, comprender estos crímenes como un delito que comete el Estado, por acción, por omisión y por reiteración. Implica, además, señalar con claridad y precisión que es necesario que un equipo especializado, experto e imparcial, sea el encargado de investigar estos crímenes desde el primer momento en que se producen y para evitar que las tramas territoriales impidan el desarrollo de una investigación en los términos que requiere el Estado de Derecho.

Y lo que es más importante, nos permiten reconocer en el rico tesoro de lucha que nos legaron Madres, Abuelas, Sobrevivientes e Hijes las herramientas creativas, políticas y comunicacionales que nos van a dar la fuerza que necesitamos para construir lo que queremos: una vida sin violencias.

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Conmovedora acción contra los femicidios en el estadio Maradona

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hace 1 mes

26/11/2024

Todas las luces del Estadio Diego Armando Maradona se apagaron. Minutos antes del partido de Argentinos Juniors contra Barracas Central, solo se encendió un reflector: el que iluminaba las butacas de la platea Francis Cornejo. Cada una de las butacas con un nombre.

Tamara

Vanesa

Sheila

Abril

Rocio

Elena

Ana

Conmovedora acción contra los femicidios en el estadio Maradona

Los nombres en las butacas del estadio de Argentinos Juniors. Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.

Aquí se puede ver la imagen de cómo fue ese momento.

Fue el modo que se utilizó para mostrar los 277 nombres de víctimas de femicidios y travesticidios en lo que va de este año hasta hoy: 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer.

En la oscuridad absoluta la voz del estadio dijo desde todos los parlantes: “Esas butacas vacías, cada una con el nombre de una víctima de femicidio, son un recordatorio doloroso: en lo que va del año 277 mujeres han sido asesinadas por el solo hecho de ser mujer. No son solo cifras, son historias, son ausencias”.

Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.

Y un aplauso conmovedor y sincero inundó todo el estadio.

La acción fue impulsada por Secretaría de Género de Argentinos Juniors junto al Observatorio Lucía Pérez para visibilizar la violencia machista en nuestro país.

Las integrantes de la Secretaría de Géneros de Argentinos Juniors y del Observatorio Lucía Pérez. Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.

“La idea fue dejar un espacio vacío de la tribuna con los nombres de las mujeres asesinadas durante este año, y mostrar así la falta, que ellas hoy no están pudiendo venir a la cancha. Tomamos el mensaje del Observatorio: no son solo cifras, sino que detrás de cada uno de estos nombres , hay una historia”, dice a lavaca Mariel Alonso en la previa al partido mientras se repartían volantes con la invitación a visitar la web de la Secretaría del club y conocer la acción que se estaba por llevar a cabo.

Las camisetas de los jugadores adaptadas para el evento programado por la Secretaría de Géneros del club. Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.

Las butacas vacías se iluminaron luego de la entrada en calor de los jugadores, que minutos después salieron a la cancha con un parche en la camiseta oficial que dice 25N, en homenaje a este día. Los suplentes salieron al campo con una remera especialmente diseñada para hoy que en la espalda tenía un dibujo que entre mujeres y banderas dejaba ver dos mensajes: “25N” y “Rompamos el silencio”.

Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.

“Hacer estas acciones en un club es fundamental”, explica Vanina Sánchez, secretaria de Géneros de la Asociación Atlética Argentinos Juniors. “Los clubes de fútbol no son solamente de fútbol, son también espacios donde las mujeres y los hombres venimos a pasarla bien, a alentar por nuestros colores, y son lugares donde estas batallas hay que darlas. Es súper importante que como institución deportiva podamos dar un mensaje: el de que es importante involucrarnos, defender nuestros derechos, y pedir también justicia por todas las mujeres que ya no están”.

Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.

El Observatorio Lucía Pérez, que lleva el nombre de la joven asesinada en Mar del Plata, es una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca con el objetivo de generar el primer padrón autogestionado y público de femicidios y travesticidios de Argentina. Toda la información está disponible y es de libre acceso con el objetivo de que aporte así a encontrar una solución frente a la violencia. Toda la info se puede ver acá: https://observatorioluciaperez.org/

Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.

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No son cifras

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hace 1 mes

25/11/2024

La cifra de violencia contra las mujeres registró un nuevo salto: 277 femicidios y travesticidios se produjeron hasta hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, según la información del Observatorio Lucía Pérez, primer padrón autogestionado sobre violencia patriarcal. Por esa razón la Secretaría de Género de la Asociación Atlética Argentinos Juniors impulsa junto al Observatorio una acción para visibilizar la violencia machista en nuestro país. Esta noche Argentinos juega a las 21.15 en su estadio Diego Armando Maradona contra Barracas Central.

Se dejarán 277 butacas vacías de una de las tribunas para poner el foco así en todas las mujeres que nos faltan. Además los jugadores saldrán a la cancha con un parche en su camiseta que recuerda la importancia de seguir reclamando por el fin de estos crímenes.

La investigación cotidiana del Observatorio Lucía Pérez elevó el registro de femicidios y travesticidios en lo que va del año a 277 hasta hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Además, a raíz de esos crímenes, quedaron 161 huérfanxs. Como respuesta hubo 288 marchas y movilizaciones en búsqueda de justicia.

El Observatorio Lucía Pérez, que lleva el nombre de la joven asesinada en Mar del Plata en 2016, es una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca con el objetivo de generar el primer padrón autogestionado y público de femicidios y travesticidios de Argentina.

Mediante una docena de padrones que se actualizan diaria y mensualmente se construye una cartografía de la violencia y la descripción de cómo opera el Poder Judicial, la policía y las pocas medidas de protección con la que cuentan las víctimas antes de ser asesinadas.

De los 277 femicidios y travesticidios:

25 habían realizado denuncias previamente.
70 de ellas tenían hijxs, lo que provoca la cifra de 161 huérfanxs. En muchos casos sus hijxs presenciaron el crimen, como en el femicidio de Rosa Vanesa Mamani Vargas, asesinada el primer día del año; o el de Ramona Isabel Morínigo, asesinada en febrero frente a su hijo de 15 años; o el de Analía Celeste Oliva, cuyos hijos de 11 y 15 años fueron quienes encontraron el cuerpo.
Tres de ellas estaban embarazadas.
30 estuvieron desaparecidas antes de confirmarse que habían sido asesinadas.
24 eran menores de edad.

Cada una de ellas no es una cifra, son madres, hijas, hermanas, vecinas, amigas, compañeras, hinchas por las que pedir justicia.

Por eso que en este día la Secretaría de Género de Argentinos Juniors impulsa junto al Observatorio Lucía Pérez una acción para visibilizar la violencia machista en nuestro país. Esta noche, en el partido contra Barracas Central, se dejarán 277 butacas vacías de una de las plateas para poner el foco así en todas las que nos faltan. Además los jugadores saldrán a la cancha con un parche en su camiseta que recuerda la importancia de seguir reclamando por el fin de estos crímenes.

Toda la información generada por el Observatorio Lucía Pérez está disponible y es de libre acceso con el deseo de que aporte así a encontrar una solución frente a la violencia. Se puede ver acá: https://observatorioluciaperez.org/

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Jury a los jueces Gómez Urso y Viñas: sin culpa y con cargo

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hace 1 mes

19/11/2024

Absolvieron a los jueces responsables del fallo del primer juicio (2018) por el femicidio de Lucía Pérez, que fue luego anulado por el Tribunal de Casación por la falta de perspectiva de género y la re victimización de Lucía (16 años) y obligó a un segundo juicio realizado en 2023. Ese nuevo proceso, con otros magistrados, sí condenó por el femicidio ocurrido en octubre de 2016 a Matías Farías y Juan Pablo Offidani, quienes además vendían droga en la puerta de la escuela a la que concurría Lucía. Detalles de lo ocurrido hoy y la voz de Guillermo Pérez, el padre de la víctima: “Mensaje más mafioso que este no se me ocurre”.

Por Anabella Arrascaeta

Terminó hoy el juicio político a los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas quienes fueron absueltos de la acusación de “negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta” por su actuación en el primer juicio por el femicidio de Lucía Pérez. En esa oportunidad ambos –junto al juez Aldo Carnevale que evitó el proceso al jubilarse anticipadamente– firmaron un fallo vergonzoso en 2018 que, en resumen, victimizó a Lucía de su propio femicidio, y absolvió a los acusados. Esa sentencia fue anulada por el Tribunal de Casación, que ordenó un nuevo juicio realizado en 2023 en el que finalmente se condenó a los autores del femicidio.

La llegada a este jury (más allá de su resultado) sienta un precedente histórico sobre el control social y político al Poder Judicial.

El Tribunal que analizó el caso fue encabezado por el presidente de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Soria, y conformado por integrantes del Poder Legislativo.

No hubo audiencia sino un comunicado leído por el secretario del jury Ulises Giménez de modo virtual, y en contacto con las partes.

La familia de Lucía Pérez tuvo que ver la lectura de la sentencia por YouTube, al igual que los abogados de la querella. No se difundieron tampoco los fundamentos, que se darán a conocer mañana y se enviarán por mail a las partes.

Solo se informó la decisión unánime de absolver a los jueces y de solicitar a su vez a la Suprema Corte “la posibilidad de optimizar la capacitación en materia de género”.

El voto de absolución incluye al propio Daniel Soria y a los legisladores:

Senador Gustavo Soos (Unión por la Patria).
Senadora Gabriela Demaría (Unión por la Patria).
Diputada Maite Milagros Alvado (Unión por la Patria).
Senador Ariel Martínez Bordaisco (UCR).
Diputada Susana Haydee González (Unión por la Patria).

Hacia el final, antes de que desconectaran la transmisión, la ex diputada Araceli Ferreyra, una de las impulsoras del juicio político, hizo oír su voz de repudio: “Lucía Pérez, presente, ahora y siempre”.

La familia: “Mensaje mafioso”

Guillermo Pérez, el padre de Lucía, habló desde Mar del Plata con lavaca:

Su primera reflexión: “Estamos asumiendo el cachetazo. Esto no es un mensaje para nosotros, es para la sociedad. Lo veo así. Ahora vamos a aclarar la cabeza, apagar los celulares, intentar dormir un poco. Todavía no hablamos con nuestro abogado”.

Sobre la absolución: “Pienso que los legisladores tienen que pagar el precio político. Los legisladores tanto como el presidente de la Corte estuvieron cuando a los jueces se los suspendió, ahí también fue por unanimidad, y ahora dicen otra cosa. Todavía no sabemos los fundamentos. Pero mensaje más mafioso que este, no se me ocurre”.

La contradicción: “Los legisladores tienen que pagar un costo. ¿Qué tengo que hacer, ir a verlo a Milei? ¿Qué tenemos que hacer? Es una contradicción este fallo, dice que tienen que hacer capacitación sobre violencia y los absuelven. Todavía no alcanzo a entender, quisiera saber los fundamentos de la sentencia”.

Otra reflexión: “Podemos tomar la sentencia, pero políticamente todo tiene un costo porque traicionaron a una sociedad. No nos traicionaron solo a nosotros. Ahora ¿quién les va a creer?”

El fallo

El fallo se dictó de manera virtual –dado que hoy se conmemora aniversario de la ciudad de La Plata y se dispuso asueto administrativo– y se siguió colectivamente en distintos puntos de Mar del Plata, La Plata, y CABA.

La familia de Lucía escuchó la sentencia rodeada de quienes la acompañan en la búsqueda de justicia en La Casa de Lucía, un espacio de encuentro y aprendizaje destinado a prevenir las violencias.

El fallo se dio a conocer un día antes de que se cumplan 35 años de la Convención sobre los Derechos de los Niños, y a menos de una semana del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

“Narcofemicidio“

El jury había comenzado el pasado lunes 11 de noviembre (https://lavaca.org/ni-una-mas/lucia-perez-asi-comenzo-el-juicio-politico-a-los-jueces-que-buscaron-dejar-impune-el-femicidio/).

Durante dos días hubo audiencias presenciales en el salón “Nunca Más” del Senado bonaerense donde desfilaron testigos convocados tanto por la acusación como por la defensa.

Los primeros argumentaron sobre el mal desempeño de los jueces Gómez Urso y Viñas, detallando momentos del juicio en los que atacaron a la familia y a sus testigos, así como los extractos del fallo que, según el representante del Ministerio Público Fiscal, Marcelo Lapargo, “desobedecieron leyes y normativas nacional e internacionales”.

Expusieron también Guillermo Pérez y Marta Montero, los padres de Lucía, quienes describieron el calvario en el que convirtió su vida tras la muerte de su hija y también tras la primera sentencia: “El primer juicio fue una tortura”, resumió Guillermo. Luego declaró Matías Pérez, hermano de Lucía, quien dijo con lágrimas en los ojos: “Lo único que sigo viendo es como se nos sigue pasando la vida pidiendo justicia”.

Luego fue el turno de Gustavo Melmann, papá de Natalia, asesinada, violada y torturada cuando era una niña de 14 años; María Elena Naddeo, ex presidenta del Consejo de los Derechos de lxs Niñxs; Laureana Malacalza que en el momento del juicio era Coordinadora del Observatorio de Género de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires; Natalia Gauna que en el momento del juicio trabajaba en la Defensoría y fue veedora de todas las audiencias; Fernando Fernández y Alejandro Agote, ambos trabajadores judiciales de Mar del Plata.

En esta crónica, la descripción de sus aportes e intervenciones en el jury: https://lavaca.org/ni-una-mas/lucia-perez-asi-comenzo-el-juicio-politico-a-los-jueces-que-buscaron-dejar-impune-el-femicidio/

Flavia Delmas, ex Secretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género de la Provincia de Buenos Aires, sintetizó en una nota su responsabilidad en el proceso: “Estos jueces, Viñas y Gómez Urso, tuvieron que discernir qué había sucedido entre una niña adolescente de 16 años, estudiante secundaria, y dos personas mayores –uno de 23 años y otro de 41 años– que vendían estupefacientes en la puerta de su escuela. Es decir, dos hombres pertenecientes a una banda criminal que buscaba captar niñas adolescentes para el consumo. La invisibilidad de lo evidente, el afán de extirpar las jerarquías y los estatus que se desplegaron en esas apenas 24 horas previas al femicidio, es una de las principales operaciones de poder que se han producido en el juicio acontecido en Mar del Plata en 2018. Sin lugar a dudas este caso es paradigmático ya que devela un tipo de femicidios que nada tienen que ver con los más extendidos en nuestro país: los de violencia doméstica. Esto implicaba un desafío para los jueces: producir la distinción de un fenómeno creciente, que es el NARCO FEMICIDIO”. Y concluyó: “Ante este desafío, los jueces acusados en el jury tomaron el atajo corto: culpar a la víctima”.

Por su parte, la defensa convocó a tres abogados: al ex abogado de la familia de Lucía, al abogado Esteban Viñas, primo de uno de los jueces imputados e integrante de la Red de Jueces Penales; y a la abogada de Matías Farías, condenado por el femicidio de Lucía Pérez.

El proceso

El jury político que culminó hoy representa un hito de cómo luchar frente a las injusticias. La familia de Lucía Pérez, tras su femicidio, logró la anulación del primer juicio (2018) y realizar un nuevo proceso a cargo de otro Tribunal, en el que Matías Farías fue condenado a cadena perpetua por el femicidio y Juan Pablo Offidani a 15 años de prisión, considerado “partícipe secundario”. Este fallo contrastaba con el primero, que los había condenado solo a 8 años de prisión por la venta de drogas en la puerta de la escuela a la que concurría Lucía.

En el segundo juicio, llevado a cabo en 2023, los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone determinaron por unanimidad que estaba acreditado el abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes del que fue víctima Lucía Pérez. Y en el fallo ponderaron a su vez su doble rol de víctima mujer y niña amparado por normativa internacional y nacional y por los parámetros de perspectiva de género.

Nada de esto había sido considerado en el primer juicio. Por eso, el 22 de mayo de 2019 en la Cámara de Diputados de la Nación se anunció la presentación del pedido de destitución a los jueces del Tribunal en lo Criminal N°1 de Mar del Plata: Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, quien finalmente pidió la jubilación anticipada.

Dos años más tarde, en abril de 2021, la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses resolvió acusar a los jueces Viñas y Gómez Urso por “negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta”. Desde ese momento fueron preventivamente destituidos y dejaron de cobrar el 40% de sus honorarios.

En paralelo, la Corte Suprema bonaerense aprobó este mismo año una Guía Práctica para que jueces y juezas apliquen la perspectiva de género que justamente cita ese fallo. La guía señala: “La estereotipación debe ser desarticulada” porque “trae como consecuencia la negación de un derecho, la imposición de una carga mayor o degradación, provocando de ese modo la perpetuación de prácticas que entrañan violencia y discriminación desde el Poder Judicial, pudiendo caer en violencia institucional”.

Los argumentos para la destitución de los jueces eran varios. Por parte del Ministerio Público Fiscal, el fiscal Marcelo Lapargo sostuvo en su pedido de destitución: “Si en vez de discriminar por la conducta sexual previa de Lucía, lo hubieran hecho porque Lucía era negra, judía o evangélica, estaría clarísimo, no estaríamos ni discutiendo. El tema es que la conducta sexual parece algo en lo que estamos autorizados a meternos (…) Discriminar no es un hecho menor. Discriminar a una niña, a una menor de edad, no es un hecho menor. Tratar de entender que su valía se ser amparada por las leyes se define por los hallazgos de una autopsia, no es un hecho menor”. Y dijo después a modo de conclusión: “En definitiva los magistrados causaron una grave ofensa a la familia y un grave desprestigio al poder judicial”.

Nada de esto fue tenido en cuenta para la absolución de hoy, que además reintegra a ambos jueces a sus cargos y les restituye la totalidad de sus salarios.

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