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Qué nos revela la palabra femicidio y por qué es necesario recordarlo hoy

Publicada

hace 3 años

01/08/2022

Presentamos el informe julio 2022 del Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez. Se registraron 187 femicidios y travesticidios en todo el país durante el año, de los cuales 45 sucedieron en la provincia de Santa Fe, concentrados especialmente en Rosario. «En Santa Fe, se está feminizando la muerte», analiza en el informe la antropóloga Florencia Paz Landeira. Y agrega: «La expansión del crimen organizado y de economías ilegales en las sociedades latinoamericanas, en esos territorios de frontera -no en un sentido jurisdiccional, sino simbólico- donde el Estado se retrae y des-protege está profundizando la subordinación y violencia hacia mujeres racializadas y marginalizadas». El Observatorio Lucía Pérez realiza un registro diario de manera autogestiva de violencias patriarcales de todo el país para dar cuenta la dimensión de la violencia machista en Argentina.

187 femicidios y transfemicidios en lo que va de 2022 en todo el país. 187 vidas sustraídas y cuerpos que la violencia patriarcal apila de forma continua. ¿Cómo las miramos? ¿Cómo interpretamos esta violencia que sistemática y activamente desprotege las vidas de las mujeres y las personas trans para exponerlas a muertes violentas?

La categoría de feminicidio/femicidio -y, posteriormente, la de transfemicidio- fue producida por activistas y académicas feministas que, desde hace décadas, intentan responder a estas preguntas. En palabras de la mexicana Julia Monárrez Fragoso, son categorías que nos proveen un medio para entender por qué ciertas mujeres son convertidas en sujetos asesinables y desechables. En este sentido, se trata de una categoría analítica y política para comprender las formas extremas y sistemáticas de la violencia de género, arraigadas en relaciones de poder y en nociones patriarcales de las mujeres como sujetos subordinados, como propiedad u objeto de los varones. Esta cualidad extractiva, apropiadora y cosificadora de los cuerpos aparece como una constante de la violencia femicida.

La impunidad es otra de estas constantes. De hecho, aun cuando socialmente se encuentre más extendida la categoría de femicidio, la de feminicidio fue acuñada por Marcela Lagarde para enfatizar la implicancia estatal en estos crímenes, ya sea por omisión, negligencia, participación o complicidad. En este sentido, por su carácter sistemático, por estar imbricado con variadas formas de opresión y por este fracaso de los Estados en garantizar el respeto de la vida de las mujeres y sus derechos humanos se ha propuesto clasificar a los femicidios como crímenes de lesa humanidad y como una forma generizada de genocidio.

Femicidio es también una categoría jurídica, relativamente novedosa en términos históricos y con derivas particulares en distintos países. En este plano, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente al caso conocido como “Campo Algodonero” vs. México constituye un hito fundamental. Este fallo (noviembre de 2009) sentó las bases de una interpretación jurídica de los femicidios desde una perspectiva de género, en tanto vincula los homicidios y desapariciones de niñas y mujeres en Ciudad Juárez con la violencia misógina y la subordinación y discriminación estructurales por género. La expresión “homicidio de mujer por razones de género”, utilizada en el fallo, ha permeado legislaciones de numerosos países, incluida la Argentina. Se encuentra allí también una definición clave en términos del proceso judicial: “para determinar si un homicidio de mujer es un feminicidio se requiere conocer quién lo comete, cómo lo hace y en qué contexto”.

Qué nos revela la palabra femicidio y por qué es necesario recordarlo hoy

A nivel regional, otro instrumento importante es el “Modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio)”. Allí se señala que, para establecer la especificidad de estos crímenes, deben ser considerados como femicidios las muertes violentas de mujeres que denotan una motivación especial o un contexto que se funda en una cultura de violencia y discriminación por razones de género. Como indicadores, destacan que se trata de muertes violentas a través de las que se pretende refundar y perpetuar los patrones que culturalmente han sido asignados a lo que significa ser mujer, tales como subordinación, debilidad, sentimientos, delicadeza, feminidad, a la vez que reproducen asociaciones entre la masculinidad y el poder para determinar la vida y el cuerpo de las mujeres, para castigarlas o sancionarlas, y en última instancia, para preservar los órdenes sociales de inferioridad y opresión. El documento también ofrece claves para investigar y analizar una muerte violenta de una mujer desde una perspectiva de género: abordar la muerte violenta de las mujeres no como un hecho coyuntural y circunstancial sino como un crimen sistemático, cuya investigación requiere de la debida diligencia de las instituciones del Estado; ir más allá de posibles líneas de investigación que se centran en planteamientos individuales; evitar juicios de valor sobre las conductas o el comportamiento anterior de la víctima y romper con la carga cultural y social que responsabiliza a la víctima por lo que le pasó; visibilizar las asimetrías de poder y la forma en que las desigualdades de género permean los roles, las normas, las prácticas y las significaciones culturales entre hombres y mujeres; buscar alternativas legislativas en materia de prevención de los asesinatos de mujeres por razones de género, reconociendo que, históricamente, las mujeres han sido discriminadas y excluidas del ejercicio pleno y autónomo de sus derechos.

En Argentina, el entramado normativo que define el abordaje de la violencia de género y del femicidio lo constituyen la ley 26.485 (2009) de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y la ley 26.791 (2012), conocida como “agravante por femicidio”, incorporado en el inciso 11 del artículo 80 del Código Penal. Sin embargo, estas leyes no se traducen mecánicamente en la incorporación de una perspectiva de género en el procesamiento judicial de estos crímenes, sino que se trata de un proceso aún en curso de disputas simbólicas y políticas.

¿Qué nos permite pensar Rosario?

Hace diez días, en Rosario ocurrió algo inusual. Dos hermanas, Marianela y Estefanía Gorosito, fueron asesinadas y arrojadas en un basural. Este crimen, que se presume tendrían vinculación con el entramado narco de la ciudad, fue caratulado como femicidio por el fiscal Patricio Saldutti. Aquí lo inusual. Porque, como es sabido, el asesinato de mujeres de inusual no tiene nada. Pero sí es infrecuente que femicidios sin un componente de violencia sexual explícita, sin móvil claro y sin un vínculo de intimidad entre víctima y victimario sean calificados como tales por la justicia. Desde hace años los movimientos feministas y de mujeres han logrado visibilizar las formas de violencia de género más íntimas y la alta frecuencia en que familiares, parejas y conocidos resultan los victimarios. Sin embargo, esto no debe conducir a lecturas simplificadas de la violencia y, sobre todo, a interpretaciones jurídicas restrictivas de las figuras penales y los protocolos. En relación a las hermanas Gorosito, en la audiencia el fiscal argumentó que el protocolo de femicidio corresponde porque está claro que se trata de: «la muerte violenta de dos mujeres, víctimas vulnerables, madres con hijos menores (uno cada una), en un contexto de violencia de género de relieve, por la violencia y la atrocidad con la que se cometió y por la forma y lugar de descarte de sus cuerpos».

En Santa Fe, se está feminizando la muerte. Desde que empezó el año, hubo 45 femicidios en la provincia, concentrados especialmente en Rosario. En comparación con el período 2015-2021, en 2022 se duplicó la proporción de mujeres asesinadas. Distintas voces asocian esta problemática con el narcotráfico, que configura a su vez escenarios de mayor crueldad y atrocidad en los crímenes. Sin embargo, lo que se empieza a conocer como narco-femicidios no son (solo) cosas de narcos. La expansión del crimen organizado y de economías ilegales en las sociedades latinoamericanas, en esos territorios de frontera -no en un sentido jurisdiccional, sino simbólico- donde el Estado se retrae y des-protege está profundizando la subordinación y violencia hacia mujeres racializadas y marginalizadas, como analizó Monárrez Fragoso en esta charla con Marta Montero, organizada por el Observatorio. Cuerpos en disputa en territorios en disputa.

Hace más de diez años, la filósofa feminista de Tijuana, Sayak Valencia, publicó el libro Capitalismo Gore. Allí retoma el concepto de “necropolítica”, elaborado por el camerunés Achille Mbembe, para abordar la relación entre política y muerte y comprender cómo los Estados emergen, se consolidan y sostienen en la reproducción de la muerte. Retomando y discutiendo con la idea foucaltiana de biopolítica, Mbembe argumenta que la amenaza de muerte violenta sigue prevaleciendo como técnica de gobierno en escenarios contemporáneos. Desde este enfoque, la obra de Valencia ha contribuido a mostrar cómo el Estado-nación neoliberal engendra mundos cotidianos de muerte que incluyen formas de violencia ordinaria y normalizada de racismo y machismo. A partir de investigar espacios de frontera y subordinados basados en la violencia, el narcotráfico y el necropoder, Valencia denominó capitalismo gore a la forma de explotación atravesada de colonialismo, machismo, sexismo, crimen organizado y corrupción. Mundos cotidianos de muerte estructurados por lógicas coloniales y generizadas, donde el valor de la vida y la humanidad se distribuyen de forma desigual.

Por Florencia Paz Landeira. Doctora en Antropología Social. Becaria posdoctoral del LICH-CONICET. Integrante del Programa de Estudios Sociales en Género, Infancia y Juventud (UNSAM).

La ciudad rota: el femicidio de Daiana Abregú

El juicio al revés

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La tesis del gran bonete

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hace 3 semanas

31/03/2025

¿Cómo informar sobre femicidios? ¿Quién sabe cómo hacerlo? Una polémica tesis promocionada por Rita Segato desliza la responsabilidad del Estado a los medios, en momentos en los que el gobierno pretende derogar la figura legal de femicidio. Las falacias y generalizaciones que construyen una orden de silencio.

Por Claudia Acuña

Las periodistas somos responsables de los femicidios. Mientras tipeo esta frase me invade un sentimiento que solo explica el clásico «no sé si reírme o llorar”. Desde que la escuché pòr primera vez en el año 2020, de boca del entonces gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, hasta ahora, que la repite una integrante del movimiento transfeminista del Valle de Punilla, en Córdoba, han pasado varios años, pero aquella primera vez y esta última tienen un contexto en común: esas provincias habían sufrido en poco tiempo una serie de femicidios que sembraron protestas sociales importantes. En el caso de Jujuy, estaban todas sus rutas cortadas con adolescentes que sostenían cartulinas escritas a mano exigiendo justicia, mientras las fuerzas de seguridad disparaban gases para dispersarlas. En esta ocasión, en Punilla la movilización también fue masiva.

Lo que cambió, y no es poco, es otro contexto: en estos momentos el Estado argentino intenta imponer la derogación de la figura jurídica de femicidio.

Otro cambio: el ex gobernador Morales, por entonces interesado en que no se difundan las protestas –que por cierto fueron las primeras que azotaron su gobierno– citó a Rita Segato como autora de la tesis que responsabiliza a los medios de comunicación de sembrar femicidios, ya que al informar sobre ellos los contagiaba. En plena pandemia de coronavirus esa palabra significaba meter el dedo en una herida social. Investigué entonces de qué galera había sacado Morales ese argumento: había escuchado a Segato en una capacitación que la académica le dio a su gabinete, por zoom y en el marco de un programa financiado por ONU Mujeres. Cuatro años después ya tenemos un libro que lo justifica, con prólogo de Segato y suscripto por su alumna, la brasileña Daniela Gontijo. Tuve la oportunidad de conocerla en La Paz, Bolivia, cuando intenté conversar con ella sobre su tesis. Le pregunté si sabía que la Organización Mundial de la Salud había comunicado su autocrítica por solicitar a los medios que no informen sobre suicidios, un argumento que en su tesis es basal para extenderlo a los femicidios. Sigo esperando su respuesta.

La principal diferencia, sin embargo, es que ahora esa frase es repetida por una comunicadora y activista que ha participado de la organización de la protesta en el Valle de Punilla. Está preocupada, angustiada diría, por su rol. Y lo que es peor, insegura. Es ella, entonces, quien motiva esta nota, que escribo con hartazgo.

Las raíces de la información

¿Cómo se informa “bien” un femicidio? ¿De eso se trata este debate? No. Y por varios motivos. El primero es el primero: el término femicidio tiene una larga y dolorosa historia política y social. Resumo: la palabra encuentra sus orígenes en la expresión feminicide, “desarrollada inicialmente en el área de los estudios de género y la sociología por Diana Rusell y Jane Caputi a principios de la década de los 90 (…) concepto que surge con una intención política: desvelar el sustrato sexista o misógino de estos crímenes que permanece oculto cuando se hace referencia a ellos a través de palabras neutras como homicidio o asesinato” (Toledo 2009: pp23-24).

Tal como advirtió la antropóloga Marcela Lagarde al aplicarlo a la situación desesperada de Ciudad de Juárez, México, “femicidio no es solo una palabra: es toda una teoría”. ¿Qué teoría sostiene la palabra femicidio? La responsabilidad del Estado en estos crímenes. Explica Lagarde: “Son crímenes que no responden a una problemática derivada de la mal llamada violencia doméstica o intrafamiliar, sino que es parte de una problemática mucho más grave y compleja. La conexión entre el género y la clase social en los femicidios de Ciudad Juárez es clara: sus torturadores y asesinos actuaban porque querían y porque podían hacerlo, amparados por unas estructuras sociales y gubernamentales que propiciaban la impunidad de sus actos.” Esto decimos cuando decimos “femicidio”: lo sistémico de lo biográfico.

Esta concepción teórica y política aplicada a Ciudad de Juárez tuvo su consecuencia jurídica cuando el Estado de México fue condenado por la Corte Interamericana con el fallo conocido como Campo Algodonero. De ahí derivan todas y cada una de las herramientas legales que cada país latinoamericano fue obligado a adoptar para prevenir, erradicar y hacer justicia por la violencia que sufrimos mujeres, travestis, trans y diversidades sexuales.

¿Cómo señalar entonces en cada femicidio la responsabilidad estatal que lo propicia? De eso se trata este debate. La respuesta, digámoslo rápido y fácil, es el territorio.

Como marco teórico a esta territorialización de la información sobre la violencia femicida propongo leer Capitalismo Gore, de Sayak Valencia, escritora, filósofa y artista performática mexicana. Es su tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid y, por eso mismo, es interesante conocer su origen porque leída hoy resuena como una respuesta contundente a esta otra tesis: “Originalmente la iba a hacer sobre epistemología feminista. Para mí era muy importante revisar cómo se producen ciertos grados de verdad o ciertas ficciones políticas que encumbran el conocimiento como algo que parece incuestionable si está mediado por el sello cientificista”. En eso estaba, entonces, cuando en un alto en sus estudios viajó a visitar a su familia a su Tijuana natal y en el camino que la llevaba del aeropuerto a su casa vio desde el auto y a la vera de la autopista un cadáver descuartizado. Así decidió cambiar el tema de su tesis y así nació un término –Capitalimo Gore– para denominar aquello que la había sacudido: “el capitalismo gore sería la forma material de explotación que va atravesada de colonialismo, machismo, sexismo, crimen organizado, y corrupción”, sintetiza en una entrevista que le realizaron diez años después de la primera publicación.

Dirá también en esa entrevista Sayak Valencia: “El pensamiento es siempre contextual y si tratamos de hacer universalizaciones tajantes de ese pensamiento ya estaremos cayendo en una tentación solipsista, al considerar que tenemos las verdades absolutas sobre fenómenos que no serían explicables de manera sencilla en primera instancia. La necropolítica, la biopolítica y el uso de la violencia se dan de manera contextual porque su intensidad depende de los países, las condiciones económicas, lo gubernamental, lo social, lo cultural, en suma, dependiendo de la regionalización del mundo. No es igual de explícita la violencia racista contra ciertas poblaciones en territorios indígenas en México y la violencia racista que se da en Estados Unidos contra la población afro, que otro tipo de violencias como el negar servicios de salud a las poblaciones trans o a crear condiciones hostiles que provocan violencia y que terminan en una especie de necroadministración, o como dice Ariadna Estévez, en una administración del sufrimiento para que ciertas poblaciones sean dejadas de lado y mueran en ese apartamiento de lo social”. Esta última frase resuena especialmente en la actualidad y en la lucha de cada miércoles de las y los jubilados.

Reitera Sayak: “Creo que hay que seguir pensando lo biopolítico y lo necropolítico de manera contextual”.

¿Cuál es entonces el contexto en el que debemos fijar la atención ante cada femicidio y, mucho más, ante su reiteración producida en pocos días? El territorio. En el Jujuy gobernado por Gerardo Morales, en el Valle de Punilla azotado por la sistemática impunidad de los femicidios que allí se padecen, en las tramas de complicidad policial y judicial que han sembrado el terreno propicio para que la mimesis suceda, una y otra vez, sin sanción, ni contención ni reparación, que es finalmente aquello que expresa el grito de justicia que sin descanso nos hace oír el movimiento transfeminista organizado que también habita esas tierras, porque ya sabemos: donde hay criminalidad organizada en este país también hay resistencia.

En estos contextos, las órdenes de silencio no solo son peligrosas: suenan cómplices.

Emitirlas en nombre del saber es, además, perverso.

¿Quién sabe y quién no sabe informar sobre la violencia femicida? ¿De eso se trata este debate? No. Lo que tenemos que discutir es quién tiene autoridad sobre el saber. Y el saber es saber hacer resistencia a estas violencias.

¿Cuáles son las fuentes de información adecuadas, especialmente en tiempos en los que el poder se vuelve opaco e inaccesible? La narcocriminalidad ha impuesto esa barrera a la verdad del poder. Su privilegiada posición de economía “en negro” e “informal” ni siquiera nos permite conocer las cifras con las que maneja el mundo, en general, desde cada territorio en particular, pero sí alcanza para reconocer que aquello que llamamos ultraderecha tiene entre sus patrocinadores estos oscuros capitales que la promueven. ¿Hay entonces una relación entre la motosierra que destroza los pocos programas de contención de víctimas de violencia, la iniciativa de la administración Milei de erradicar la figura jurídica de femicidio y la manifiesta violencia misógina de la narcocriminalidad? Es pregunta.

También sabemos que eso que llamamos Academia, aquí en Latinoamérica, no ha producido investigaciones, estudios y publicaciones que relacionen la violencia femicida con el crecimiento de la narcocriminalidad, que en los territorios siempre tiene la forma de narcomenudeo porque esa es la lógica de gestión del negocio. Sí ha producido, y lo sigue haciendo, mucho análisis sobre los medios de comunicación que, en tiempos de redes virtuales, agigantan el rol de los formatos clásicos, en una operación que produce una restauración por repetición de marcos desactualizados –descontextualizando alcances de tiradas y audiencias, por ejemplo– y, a la vez, deslizan el eje del debate central: del Estado hacia los medios.

Ante cada femicidio hablemos del Estado. Narremos por ejemplo, el marco social-económico que afectó a víctimas y victimarios, nombremos los crímenes impunes sucedidos en ese territorio, los antecedentes de los fiscales encargados de investigar esos femicidios, los servicios y programas desmantelados en esa zona para prevenir y contener violencias, los funcionarios denunciados por violencia sexual, la cantidad de denuncias realizadas y cómo fueron atendidas, etcs y etcs.

Hablemos incluso de aquello que la política etiqueta como “inseguridad”, palabra detrás de la cual se esconden las tramas de complicidad policial-judicial (eso es el Estado) que alientan y sostienen las violencias.

Luego, si nos sobra tiempo, charlamos sobre el rol de los medios en la producción y reproducción de los femicidios.

Recién entonces, diré lo que puedo aportar al respecto, tras más de treinta años de informar, investigar y reflexionar sobre el tema y compilar información sobre casi 6.000 femicidios producidos en este país:

Cuando era editora del principal diario de la Argentina recibí la recomendación de la Organización Mundial de la Salud sobre el peligro de informar sobre casos de suicidios, ya que provocaban contagio: resumo así la larga instrucción que señalaba ese peligro. En aquel momento el director del diario era Roberto Guareschi y encontré en él un aliado para imponer esa orden de silencio. Me pareció adecuada. Creí ser responsable de aplicarla y controlar que se lleve adelante, no solo en ese diario: enseñé a mis estudiantes a no informar. Cuando veinte años después leí la autocrítica de la OMS, admitiendo el contundente fracaso de esa restricción, aprendí la lección: en el periodismo el silencio nunca es opción. Tampoco lo es para una víctima de violencia.
Cuando vi la tapa de un diario de México con la foto a toda página de una mujer colgada de un árbol, con la cabeza encapuchada, desnuda y con la leche maternal emanando todavía de su cuerpo destrozado comprendí aquello que escribió Sayek Valencia sobre la espectacularidad de la violencia: los medios completaban el trabajo de los sicarios. Ellos mataban a una mujer, los medios amenazaban a todo el resto. Estamos en Argentina, muy lejos de esa horrorosa maquinaria mediática de reproducción de la violencia. Estamos, además, en un oficio de periodistas profesionales, organizadas, formadas, muchas de ellas orgullosamente feministas y en gran parte, abrazadas a los movimientos sociales que las sostienen más que los medios donde trabajan en condiciones precarizadas, injustas, brutales. Ellas no lo son. Y es todo un esfuerzo no dejarse impregnar por la decadencia de la producción de noticias que hoy padecemos.
Por último, hago mía las palabras de Helen Álvarez, la periodista boliviana integrante de Mujeres Creando, cuando en una mesa de debate con la autora de la Tesis del Gran Bonete, refutó: “No pienso dedicar un minuto de mi vida a discutir cómo mejorar medios comerciales, porque puede que logres que se escriba allí sobre un femicidio tal como pretendes que está bien, pero cuando das vuelta la página te vas a encontrar con un reportaje al jugador de fútbol que hizo el gol de la semana, sin mencionar que fue acusado de violación la anterior, y en la sección Economía, la noticia del ministro anunciando recortes de los programas sociales”. Como siempre, hay que contextualizar la frase: Helen fue la editora de la sección Economía del principal diario de Bolivia y es la mamá de Andrea, víctima de femicidio. Helen sabe.
Por último, una noticia que nos da una pista sobre por dónde ir: en qué anda Sayek Valencia ahora. “Actualmente me encuentro investigando algo que denomino política post mortem, que son los agenciamientos prácticos que vienen de las personas que han sobrevivido a acontecimientos traumáticos y violentos. Es decir, son las prácticas, agenciamientos y acciones puestas en marcha por personas que han sufrido el asesinato, el femicidio o la desaparición de alguien que aman y que a partir de ese acontecimiento violento se han organizado para exigir justicia. Política post mortem sería esta forma de agenciamiento político que viene después de la masacre, después del trauma, después de la muerte de un ser querido, y que sigue luchando por esos muertos a través de las resistencias, de las búsquedas y de la dignificación del reclamo de justicia social”.

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Nota

57 femicidios en el año, infancias huérfanas cada dos días: Informe mensual del Observatorio Lucía Pérez

Publicada

hace 2 meses

28/02/2025

Según datos del Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez, hubo 26 femicidios durante febrero, contabilizando un total de 57 en los dos primeros meses del año. Estos crímenes dejan, a la vez, un saldo de 35 infancias huérfanas. Si bien existe una ley que obliga al Estado a brindarles una protección integral económica, de acompañamiento y de acceso a la salud, desde que asumió la actual gestión no se otorgó ninguna: la Ley Brisa no se cumple. Los otros indicadores de la violencia patriarcal de este 2025: 43 intentos de femicidio, 15 desaparecidas, 595 funcionarios denunciados.

El cuerpo de Carolina Ríos, 43 años, fue encontrado por una de sus diez hijas. Maite y Carolina, las mayores, le pidieron luego a la prensa que difundiera este mensaje : “Necesitamos ayuda para poder criar, vestir y mandar a nuestros hermanitos a la escuela. Hoy estamos destruidas, y hacemos todo lo posible para seguir adelante y no quebrarnos ante nuestros hermanos menores».

Tres días antes asesinaban a Ailén Oggero, de 32 años, delante de sus hijos de 11 y 4 años. El mayor fue quien avisó del crimen a los vecinos.

A Otilia Cubilla Jara, de 65 años, también la encontró asesinada su propio hijo.

Estos son solo tres de los 26 femicidios y travesticidios que ocurrieron durante febrero.

Una síntesis de la violencia que marca los dos primeros meses del año:

57 femicidios en el año, infancias huérfanas cada dos días: Informe mensual del Observatorio Lucía Pérez

Toda la información sobre cada uno de estos casos está disponible en la web del Observatorio Lucía Pérez, el primero y único autogestionado y público.

Una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por nuestra cooperativa.

www.observatorioluciaperez.org

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Arte contra la impunidad femicida

Publicada

hace 2 meses

14/02/2025

«Hoy, en el día del cumpleaños de nuestra hija, nos enteramos por los medios de una nueva injusticia. Es otra violencia institucional más que sufre nuestra familia y el tercer fallo que pretenden imponer a un mismo crimen: el femicidio. Hoy inauguramos El cuarto de Lucía, arte contra la violencia femicida. Durante mucho tiempo estuvimos preparando este momento. Queremos invitarlos a que nos acompañen. El camino de conseguir justicia es demasiado largo. Gracias por estar. Familia de Lucía Pérez».

Con ese comunicado Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía, respondieron desde Mar del Plata al fallo del Tribunal de Casación Penal que, el día en el que Lucia cumpliría 25 años, dieron a conocer (sin informar a la familia ni a sus abogados) su decisión de revocar el fallo por femicidio contra Matías Farias, dejándolo solo en el marco del abuso sexual.