#NiUnaMás

Crimen organizado

Publicada

hace 4 años

22/12/2021

La guerra contra las mujeres, de México a Argentina. Un encuentro histórico entre la mexicana Julia Monárrez Fragoso y Marta Montero puso en común cómo actúa el sistema de crímenes contra las mujeres en Latinoamérica. En México calculan 11 femicidios diarios. El rol del narcotráfico, la complicidad del Estado, las promesas incumplidas, los cuerpos, las resistencias y la necesidad de tener datos propios. Las coincidencias entre Mar del Plata y Ciudad de Juárez. Y todos los derechos y las condenas logradas, frente a la falta de medidas efectivas: “Logramos de todo, y no tenemos nada”. Por el Observatorio Lucía Pérez.

Crimen organizado — Marta Montero es enfermera, mamá de Lucía Pérez. Ella y su familia rechazaron desde el primer momento el fallo del Tribunal Oral 1 de Mar del Plata que dejó impune el femicidio de su hija. Se logró anular el juicio y habrá además juicio político a dos de los magistrados. Trabaja junto a la Campaña Nacional Somos Lucía, colectivo de mujeres que reclama justicia y reparación a las víctimas. En honor a su hija fue bautizado este Observatorio de Violencia Patriarcal.

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Tener datos

Julia Monárrez Fragoso: Como ustedes hacen desde el Observatorio, hice una base de datos sobre los crímenes de mujeres en Ciudad de Juárez. Era necesario porque queríamos saber era cuáles eran las zonas de alto riesgo. Además, los datos permiten ver una fotografía, saber la edad, de dónde venía la niña, la mujer, cuál es el ministerio público que está encargado del caso, etcétera. Porque ustedes saben que México tiene un problema de justicia: hay ministerios que tienen hasta 2.000 expedientes. Entonces la base de datos permite tener un seguimiento rápido y que no le vuelvan a preguntar a la persona el nombre de su hija, qué le pasó, cada vez que va: los datos ya están ahí.

Guerra contra mujeres

Julia: Lo primero que encontramos fue que hay una densidad alta en relación con la desaparición de las niñas y mujeres desde 1995 a 2021. Al principio estaba concentrado en esto que es el norponiente de la ciudad, que es de la zona más precarizada, y el centro histórico. En el 2004 calculamos que no se tomaban medidas de prevención, justicia, y una serie de elementos que tienen que ver con estas atrocidades, iban a ir descendiendo al sur. Hipotéticamente esto tardaría 20 años, solamente que a partir del 2008 tuvimos, y todavía está aquí, la mal llamada guerra contra las drogas. El número de mujeres y niñas desaparecidas aumentó exponencialmente, y el número de mujeres asesinadas también.

La voluntad de no hacer

Julia: Después analizamos las densidades: número de mujeres desaparecidas por kilómetro cuadrado. Aquí, en la zona central son casi 4 mujeres que desaparecen por kilómetro cuadrado. Ciudad de Juárez es una ciudad multi céntrica, una ciudad que se desbordó con la llegada de una industrialización transfronteriza y la dejó completamente desarticulada. Ciudad Juárez tiene casi 2 millones de habitantes, y hay personas que deben hacer 3 horas para llegar a la fiscalía. Y otro tanto para volver. Esa es una problemática muy grave y una desatención por parte del gobierno. No es falta de voluntad política, sino que la voluntad política es no hacer.

Los soldaditos

Marta Montero: Acá en Mar del Plata está pasando muchísimo, no solo con mujeres, sino con varones. Los varones son los soldaditos que ellos adiestran, cuando los quieren hacer desaparecer, o cambiar, o no quieren seguir haciendo lo que están haciendo, les pegan dos tiros en la rodilla. Yo trabajo en un hospital público: aparecen en la guardia del hospital los soldaditos con tiros en la rodilla. Esos soldaditos no denuncian a nadie. Nadie les hizo eso. Está prohibido denunciar. Se van con todo lo que eso significa: el que sobrevive, sobrevive, y el que no, se irá al cementerio. Esa es la realidad que vivimos en Mar del Plata.

Ajuste de cuentas

Julia: cuando Marta explica que los niños que llegan no dicen quién les disparó, no lo dicen porque quieren seguir vivos. Lo que hemos visto en Ciudad Juárez es la posibilidad de recuperar con mayor facilidad el nombre de la niña o de la mujer asesinada, o su domicilio. ¿Por qué? Porque las periodistas tienen un posicionamiento ético ante la muerte de los demás. Se iban a sus casas a preguntar por qué había sido asesinada esa mujer, para dar una información más completa. Pero hoy no se puede. Y no se puede porque ponen en peligro a esa familia. Si se supone que fueron asesinadas por miembros del crimen organizado, los miembros de esas mismas bandas le van a decir a los familiares que no deben decir nada porque van a ir por los otros miembros de esa familia. Entonces ahí queda. Y figura como la narco-ejecución, como la imagen de que se están matando entre ellos.

El reclutamiento

Marta: El tema de la droga en Mar del Plata es temerario. Estamos hablando de menores. Una piba capta a mi hija para llevarla a estos tres tipos que vendían drogas. Después van adiestrando a estas chicas a través de la escuela, el medio donde se pueden comunicar y estar juntas. Pasa en todas partes: esta gente te las capta y las termina llevando a esta destrucción. Porque hablamos de una destrucción total, de una familia, y de ese núcleo de vida que tenía Lucia: se destruye todo. Y como Lucía, tantas Lucias.

El lenguaje

Julia: Yo siempre he dicho que el género no necesariamente actúa en contra nuestra porque las mamás que perdieron a sus hijas en México, ya sea por desaparición o feminicidio, pudieron salir a la calle, y expresaron el dolor y la demanda de justicia. Aquí le llaman levantar. Tenemos como un lenguaje militar: va un comando armado, que está compuesto de brazos de los cárteles de las drogas que vienen todos encapuchados, traen armas de alto calibre y pueden entrar a cualquier casa y llevarse a un chico o chica. Eso es levantar a una persona. La pueden encontrar después, o nunca. O pueden estar en fosas clandestinas, que nosotros tenemos un montón en México

El loco de la ruta

Marta: Las voy a llevar unos años atrás, hace 30 años acá había un tipo que se llamaba el loco de la ruta, pero no era ningún loco de la ruta: eran la propia policía, los propios fiscales, los jueces, hijos de. Y a las mujeres que se prostituían, las mulas como le dicen ellos, cuando no querían hacer lo que ellos ordenaban, las terminaban matando y tirando al costado de la ruta. Nunca se supo nada de todo eso. Con esa impunidad y de esa manera se maneja esa gente. Y se siguen manejando. Acá la prostitución, la venta de droga en Mar del Plata, es siniestra.

Poseer matando

Julia: Tiene que ver eso que dice Marta con la violación y con los cuerpos abandonados en lugares inhóspitos. Pero después, cuando una va investigando, resulta que había niñas y mujeres muy jóvenes asesinadas inmediatamente y otras que no. Esto ya había sido muy estudiado: la situación en la que se juntan dos deseos para estos hombres que matan: el deseo de la lujuria y el deseo de la sangre. El deseo de poseer completamente a alguien. Y la única manera de poseerlo y que nadie más tenga derecho a ese cuerpo es matándolo.

El sistema

Julia: Sin embargo vimos, por el tiempo que pasa hasta que se encuentra el cuerpo, lo que decían los forenses: que había chicas que permanecían cautivas por mucho tiempo. Ahí se arma otro elemento: unas asesinadas inmediatamente, otras asesinadas después de mucho tiempo. Y lo que pasó en el caso de Campo Algodonero (sentencia histórica en contra del Estado mexicano por la desaparición de tres mujeres) permitió demostrar que habían sido desaparecidas en distintas épocas: todas llevaban diferente tiempo desaparecidas. Esto era una marca, una organización y una sistematización del asesinato de estas mujeres.

Desaparecidas

Julia: Pero también hay otras cuestiones, que han hecho incluso que viniera a México el Equipo Argentino de Antropología Forense. Hay 56 chicas que todavía no han sido identificadas. ¿Y qué quiere decir que no sean identificadas? Si las madres de Ciudad de Juárez y las madres de Chihuahua dieron su ADN para hacer su cotejo genético, quiere decir que probablemente esas mujeres venían de Centro América o de la Región Andina a Ciudad de Juárez: nadie las va a reclamar. Pese a que se le dijo al gobierno que tenía que cruzar noticias o realizar un llamamiento a los 32 estados que componen la República Mexicana diciendo que si alguien no encontraba a su hija, a su esposa, podría acceder a hacerse un ADN para cotejar, después de tantos años, todavía no se hace eso. Y no se ha hecho eso en un país en el que nosotros ahorita tenemos más de 90.000 personas desaparecidas en un lapso de 15 años.

El Estado es responsable

Julia: Entonces el feminicidio de mujeres que tiene que ver con este uso y abuso de su sexualidad: es extraer del cuerpo todo lo que el asesino quiere. Y es tan complejo que tiene varias hipótesis de quiénes pueden ser los asesinos. Y yo estoy completamente segura de que los gobiernos saben quiénes son los asesinos. Porque tiene que haber esa red de complicidad. Porque un gobierno como el nuestro, que ha sido avergonzado internacionalmente, y que tiene la sentencia del Campo Algodonero, y que es el que más recomendaciones recibe de parte de organizaciones internacionales de derechos humanos de las mujeres, no puede o no tiene claridad, y no reconoce que estamos ante una atrocidad de graves consecuencias para las mujeres. Nos hacen una diferenciación entre las mujeres que son asesinadas por hombres a los que conocían, y lo llaman feminicidio, y luego separan a las mujeres que son asesinadas por el crimen organizado y le llaman narco-defunciones. Yo llamo a ambos feminicidios. ¿Por qué? Porque finalmente, la guerra que tenemos aquí, y el crimen organizado, la guerra viene desde EE. UU y es una guerra puritana y racista y clasista y sexista. Quienes están muriendo aquí son las mujeres mexicanas, quienes están muriendo aquí son los hombres mexicanos.

Dólares por muertes

Julia: Es una complejidad que tiene que ver no solamente con lo que pasa en el interior de nuestras sociedades, sino también con lo que pasa internacionalmente. Qué es lo que significa esta trata de mujeres y de niñas que deja millones de dólares para otras naciones, para el crimen organizado, y para nosotras deja la miseria y la muerte.

Creo que una lo puede analizar desde estas cuestiones de los patriarcados complementarios que se dan en que los gobiernos de otras naciones permiten en sus países el uso lúdico de las sustancias de los narcóticos; y para nuestros países estas sustancias se convierten en cuestiones de muerte para quienes se involucran.

Desnacionalizadas

Julia: Pero hemos visto que hay un gran número de mujeres que vienen de Colombia, de Venezuela a trabajar en los bares, en estos “dance” donde bailan, lugares donde circula mucho la droga y donde están estos hombres que son parte de estas organizaciones. ¿Cuál es la libertad que tienen estas mujeres frente a estos hombres? ¿Cuánta es la libertad que tienen frente a esa desnacionalización? Entonces, claro, es muy fácil llegar y decir que a dos mujeres venezolanas o colombianas las mataron porque tenían un asunto de drogas o que no habían pagado. O que se sentaron con otro hombre, que era del otro bando, y son asesinadas porque es como si fuesen propiedad de estos hombres que tiene poderes extra, más allá de Estado. A mí me parece muy difícil cuando preguntan lo siguiente: ¿cómo podemos terminar con esto? Yo creo que nosotras, cuando escribimos los artículos o hacemos publicaciones y sitios web como el que tienen ustedes, denunciamos la injusticia. Sin embargo, es el Estado quien debe contar lo que representan esas ganancias que se obtienen de las mujeres explotadas de nuestros países.

Crimen organizado

Julia: Hay cosas que en nuestra América Latina están cundiendo cada vez más y tienen que ver con esos otros elementos que están ahí, con el incremento de muertes artificiales que no tienen nada que ver con las muertes naturales ni con el deterioro biológico. Algo que tiene que ver con estructuras injustas como el capitalismo, como la desigual distribución de la riqueza, como el desplazamiento de poblaciones de un lugar a otro, sus asentamientos irregulares en zonas fronterizas como la nuestra. Y como consecuencia, personas inmersas en estas cuestiones de crimen organizado. O sea: no es que las mujeres estén inmersas en el crimen, sino que el crimen organizado y estas economías de sombras están aquí presentes en las economías de nuestras sociedades latinoamericanas. Y toda esta estructura se ciñe sobre mujeres racializadas o de clases sociales marginales y de identidades sexuales diferentes.

La palabra femicidio

Julia: En Ciudad de Juárez cambió mucho el haber utilizado la palabra feminicidio. Y yo creo que la respuesta tiene varios elementos. Sobre todo, el estar en la calle. La primera generación que sale, familiares de víctimas, no salen solas: salen con organizaciones, salen con activistas feministas que yo he llamado “sujetos alternativos de la justicia”. Cuando el Estado no responde, entonces salen las feministas y las derecho-humanistas y exponen la problemática de su localidad hacia toda la Nación. Y se suma el hecho también de que estemos junto al país más poderoso y vengan las feministas de la Universidad de Texas, de la Universidad de Nuevo México, y empiecen a hacer boicot. Y con esta liberalización de la economía, los sindicatos desaparecen: las mujeres obreras no salieron a reclamar por sus compañeras obreras. ¿Pero por qué no lo hicieron? Porque si salían perdían el empleo. Entonces salimos o salieron quienes tenemos resuelta de una forma u otra nuestra vida económica y podemos manifestarnos y estar junto con las familias de las víctimas.

Lo que falta

Julia: Pero además las primeras protestas eran diarias, no había tanto Internet ni todo esto que existe. Entonces plantear todos los días una denuncia y hacer oir las voces para articular demandas, se convirtió en un tema diario, cotidiano. Si no hubiese sido por un movimiento feminista internacional, esto no se hubiese podido llevar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, con todo lo que logramos, no tenemos nada: seguimos teniendo jovencitas sacrificadas y casos como Arroyo del Navajo (cementerio clandestino de mujeres) con más de 43 jóvenes de quienes se han entregado 23 fragmentos de cuerpos, no los cuerpos enteros. Estamos hablando de una nueva modalidad que es el espectáculo de la violencia, el espectáculo para la sociedad y para las mujeres. Si llevamos el registro de las mujeres asesinadas y desaparecidas ahora también queremos denunciar y hacer esa arqueología de las promesas no cumplidas.

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Temas:Ciudad de Juárez derechos humanos femicidios Julia Monárrez Fragoso lucía pérez Marta Montero

La fuerza del delito. Femicidios y violencia policial

Travesticidios: el odio como factor del crimen

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Del dicho al hecho: Los crímenes de odio baten récords

Publicada

hace 8 horas

09/06/2026

En 2025 se produjeron 227 crímenes de odio contra personas de la comunidad LGTBIQ+: 60% más que el año anterior. En la Argentina mileísta, cada 38 horas una persona es atacada a causa de su orientación sexual o identidad de género. El combustible: la violencia y discriminación desde el gobierno, empezando por el Presidente, y el desmantelamiento de políticas públicas. La precarización de la vida privada y lo que ocurre cuando el Estado se retira.

Por Evangelina Bucari

En la Argentina mileísta, cada 38 horas una persona es atacada a causa de su orientación sexual o identidad de género. En Cañuelas, un hombre le prendió fuego a la casa de una pareja de lesbianas. En Recoleta, dos mujeres, de 26 y 24 años, caminaban de la mano cuando un hombre las frenó y las increpó: una terminó con la nariz fracturada; la otra, con lesiones en la mano. En Palermo, un joven gay fue brutalmente golpeado y le rompieron la mandíbula. En Neuquén, Azul Mía Natasha Semeñenko fue asesinada, sin haber podido “ser Azul del todo” porque no recibió su hormonización.

Ninguno de estos hechos violentos de 2025 fue excepcional. El año pasado se registraron 227 crímenes de odio contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans (travestis, transexuales y transgéneros) y otras identidades disidentes. Según el informe anual del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, fue el año más violento desde la creación de este organismo, con un crecimiento de más del 60% respecto de 2024, cuando se habían registrado 140 casos. Se trata, dice el relevamiento, de un aumento “abrupto, excepcional y cualitativamente distinto a la progresión observada en los años anteriores”.

La violencia por odio hacia el colectivo LGBT+ se intensificó en un contexto de desmantelamiento de políticas públicas, vaciamiento de organismos de protección, paralización de la agenda legislativa en materia de derechos y consolidación de discursos fascistas que estigmatizan a la diversidad.

Para María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Ciudad de Buenos Aires e integrante de la Federación Argentina LGBT+ (FALGBT), el drástico aumento de estos crímenes en Argentina no puede separarse de los discursos de odio que provienen del gobierno nacional. “Tanto el presidente como funcionarios y allegados se expresan de manera violenta y discriminatoria hacia la comunidad LGBT en general y, principalmente, hacia la comunidad trans”, describe Rachid. “Y eso –agrega– genera mayor violencia y discriminación en la vida cotidiana. Esos discursos terminan legitimando, avalando y fomentando la violencia hacia nuestra comunidad”.

Esa realidad se percibe en lo cotidiano. Ayito Cabrera, director y fundador de la organización Espacio Tolomocho –que nuclea a personas trans con discapacidad–, advierte que el aumento no se limita a los casos visibles, sino que se expresa en formas más silenciosas y estructurales de violencia, atravesadas por la precarización económica y el desfinanciamiento.

“Los pedidos de ‘apañe’ de personas trans se multiplicaron considerablemente”, resume. Ese crecimiento, explica, tiene directa vinculación con la dificultad de acceder a un trabajo que permita sostener condiciones básicas de vida: comer cuatro veces al día, estudiar y alquilar. Cientos de personas travestis, trans y no binarias perdieron sus empleos en ámbitos estatales y muchas se quedaron sin acceder a medicamentos o tratamientos.

RADIOGRAFÍA

El informe elaborado por la FALGBT y las Defensorías del Pueblo de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires permite visibilizar la violencia cotidiana y su naturaleza.

Más de un tercio de los casos corresponde a ataques contra el derecho a la vida, que incluyen asesinatos, suicidios o muertes vinculadas a condiciones estructurales, mientras que casi dos tercios son agresiones físicas que no terminaron en muerte. Rachid aclara que hay un subregistro, “porque hay casos donde no se desarrolla ninguna línea de investigación relacionada a la posibilidad de un crimen de odio”.

En ese punto aparece uno de los datos más significativos del período: las agresiones físicas se duplicaron en un año y pasaron de 73 a 147 casos, un incremento del 101,4%.

Las muertes vinculadas a crímenes de odio se mantienen altas y con un patrón sostenido. En 2024 se registraron 67 casos (17 asesinatos, 44 muertes por violencia estructural y 6 suicidios), mientras que en 2025 la cifra ascendió a 80 (16 asesinatos, 53 muertes por violencia estructural y 11 suicidios), es decir, un aumento del 19,4%. Ese crecimiento incluye un dato especialmente preocupante: los suicidios casi se duplicaron en un año.

Las mujeres trans siguen siendo las más afectadas y concentran el 62,56% de los casos registrados. En segundo lugar se ubican los varones gays (22,03%), seguidos por varones trans (7,93%), lesbianas (5,73 %) y personas no binarias (1,76%).

Pero el documento advierte algo más: es un fenómeno que se expande. Entre 2024 y 2025, los ataques contra varones trans pasaron de 5 a 18 casos. Y las agresiones contra personas no binarias, que ni siquiera aparecían en registros anteriores, se duplicaron.

Ayito Cabrera describe con crudeza cuando además hay intersección de violencias. “Quienes somos personas trans con discapacidad vivimos una doble vulnerabilidad y una discriminación estructural histórica”, advierte. En ese contexto, señala, la falta de políticas públicas agrava condiciones ya precarias y profundiza el abandono.

Para el fundador de Espacio Tolomocho, las identidades trans –en especial, las transmasculinidades– se convirtieron en blanco de discursos que buscan deslegitimar derechos conquistados. “En esta intersección, nuestra identidad se ha convertido en chivo expiatorio de una campaña internacional de las derechas globales. En nuestro territorio, eso se traduce en necesidades básicas –salud, vivienda, trabajo– gravemente afectadas: las hormonas se han vuelto prácticamente inaccesibles, la atención sanitaria se deteriora y la falta de empleo impide sostener una vivienda”, detalla Ayito.

En este sentido, las cifras no pueden interpretarse de forma aislada, sino como parte de un entramado de violencias estructurales, simbólicas e institucionales que impactan de lleno en las condiciones de vida.

Otro tema preocupante es un crecimiento sostenido de agresiones en comisarías y establecimientos penitenciarios, junto con un dato que marca un punto de quiebre: la participación de fuerzas de seguridad pasó de 17 casos en 2024 a 64 en 2025. Esto consolida a la violencia institucional como uno de los principales vectores de agresión, en especial contra la población trans y, en particular, contra las mujeres trans.

Rachid señala que esto no resulta sorpresivo. “Cuando aparecen o se instalan gobiernos de derecha, las fuerzas de seguridad se sienten más avaladas para ejercer su violencia hacia los grupos vulnerados en general y la población LGBT en particular”, explica.

LA ANTIAGENDA

El hecho de que el registro más alto de toda la serie histórica del Observatorio se produzca durante el gobierno de Javier Milei es un dato cargado de sentido. Desde que comenzó su mandato, siguiendo la agenda de ultraderecha de su amigo Donald Trump, el presidente argentino promovió discursos que cuestionan derechos, deslegitiman identidades de género diversas y contribuyen a habilitar formas más intensas de violencia contra las personas LGBT+, como quedó demostrado durante su intervención en Davos en enero de 2025.

Esa violencia simbólica vino acompañada de la eliminación de programas, organismos y dispositivos estatales que cumplían funciones centrales en la prevención de la violencia y el acompañamiento de las víctimas. La disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), por ejemplo, dejó a la población LGBT+ sin un canal institucional específico para denunciar actos discriminatorios. El informe lo sintetiza en una frase que funciona como advertencia: “Allí donde el Estado se retira, el odio encuentra condiciones para expandirse”.

Esa relación entre discurso y violencia también aparece en la experiencia cotidiana de las organizaciones. Para María Rachid, los informes no solo marcan un aumento de los crímenes de odio, sino que evidencian su vínculo con los discursos que circulan desde el poder.

Agrega que, a partir de expresiones públicas de funcionarios y del propio Milei, se produjo un cambio perceptible: crecieron las denuncias, las consultas y también la violencia cotidiana. “Hay evidencia de esa relación directa. Lo muestran los informes, pero también se puede ver en las redes sociales de cualquier organización LGBT”, plantea Rachid.

Ocurre que cuando esos discursos provienen de una voz de autoridad como lo es el Poder Ejecutivo Nacional, el impacto es concreto. No solo habilitan la violencia, también la legitiman.

Desde el Espacio Tolomocho explican que lo que antes circulaba como insulto marginal hoy es retomado por funcionarios y medios, ampliando su alcance y su legitimidad social, y habilitando agresiones físicas, institucionales y discursivas con mayor impunidad.

Las consecuencias de ese proceso también se observan en el acceso a derechos básicos, como la ley de cupo laboral. Los despidos en la administración pública y la falta de implementación efectiva de estas normativas profundizaron la exclusión de la población trans y empujaron a muchas personas a situaciones de extrema precarización.

En este contexto, espacios como Tolomocho adquieren otro sentido y se transforman en redes de contención y cuidado, un recurso fundamental en tiempos hostiles. “Somos personas trans con discapacidad profesionales en nuestras áreas, editamos libros, hacemos muestras de arte, damos clases, trabajamos en accesibilidad. Apostamos a la educación y al arte como formas de construir otra sociedad”, explican.

En un clima social marcado por el ascenso de los discursos de odio, la discriminación y el individualismo, la respuesta vuelve a ser colectiva. La organización, la denuncia y la presencia en las calles se tornan fundamentales ante una avanzada antiderechos que tiene en el propio Estado nacional a uno de sus impulsores.

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Nota

La marcha en Córdoba: detrás de los ojos de Agostina

Publicada

hace 5 días

04/06/2026

Córdoba llegó a la undécima edición del Ni Una Menos con una herida abierta y reciente: el femicidio de Agostina Vega, de 14 años, ocurrido días antes en la ciudad. La convocatoria no necesitaba más argumento que ese flequillo y esa mirada. Córdoba salió a la calle bajo la lluvia este 3J, once años después del grito que fundó esta fecha, con la misma urgencia y con la misma pregunta sin respuesta.

Por Bernardina Rosini

El trole que recorre los barrios del oeste de la ciudad viene casi lleno faltando dos horas para la marcha. El parabrisas anticipa el motivo: el rostro pequeño de Agostina Vega, 14 años. Era fácil intuir que será una marcha que desbordará una ciudad que expresa hartazgo. Nadie mira los barrios de Córdoba, nadie atiende a su gente. Los que ocupan los sillones más mullidos de las oficinas del poder local sobrevuelan las veredas estalladas, no las caminan. Los cordobeses respondieron muy bien a los discursos contra la casta porque describe con precisión algo que ya conocen de cerca: un Estado que administra con diligencia donde hay recursos e influencia, y que llega tarde, mal o nunca adonde no los hay.

La marcha en Córdoba: detrás de los ojos de Agostina

El flequillo y los ojos de Agostina. Fotos: lavaca.org.

Lo que no se puede creer

Son las 18 horas y comienza excepcionalmente puntual la undécima edición del 3J. Llueve, llueve, llueve, como si la meteorología comprendiera mejor de duelos que quienes toca narrarlos. Miguel y Elizabeth, los abuelos de Agostina, encabezan la multitud. De frente, el arco de cámaras y cronistas. Un grupo de sikuris hace una ofrenda a las víctimas de la fecha, queman hierbas y hacen sonar su música. Recién entonces todo empieza. Tres horas llevará recorrer las diez cuadras dispuestas a paso lento y apretado, bajo paraguas que cubren a propios y ajenos. Una mujer contempla desde el cordón y llora desconsolada: «Es la primera vez que vengo. Es la primera vez en una marcha. Yo no puedo creer lo que hicieron con esa niña.» Está junto a su hija de 19 años y no sabe si sumarse al recorrido. Llora y llueve. Desde una mesa que intenta protegerse del agua se reparten lienzos con los ojos serigrafiados de Agostina. Los ojos y su flequillo de nena.

Varones

Hay varios hombres presentes: padres con sus hijas, grupos de amigos, novios. «Con los pares que no tienen sensibilidad al tema, la conversación se vuelve muy estratégica, hay que evitar el choque frontal. Mi método es a través del interrogante, que puedan encarnar la pregunta», comparte Gonzalo, de 41 años.

Acompañando la marcha y una percepción sobre los varones: «Reconocer la miseria propia es difícil». ¿Cómo es el camino para llegar desde allí, al reconocimiento del problema? Fotos: lavaca.org

«Para cualquiera reconocer la miseria propia es difícil. El problema es que el varón no asimila. Pero si asimila, reconoce; si reconoce, cuestiona; si cuestiona, suelta; y si suelta, lucha. Son muchos procesos por delante». Un grupo de docentes toma esa misma dificultad para reclamar por la ESI. «Es un cambio que requiere tiempo, pero tenemos que empezar en serio hoy, y la ESI es la mejor herramienta para trabajarlo con los chicos. Insisten con diluirla, como mínimo», se lamenta Graciela, maestra de nivel inicial en una escuela de barrio Juniors.

La familia encabezando la marcha en Córdoba. Fotos: Nany Palazzini /lavaca.org

La marcha se detiene frente a grandes mosaicos fotográficos que vuelven a traer los ojos de Agostina. Su mirada se despliega ocupando todo el ancho de la calle. Todos quedan detrás de ella. Ya no existe la división entre quienes la conocían -y hablaban de su risa y sus anhelos- y quienes aventuraban, con violencia, sentencias sobre su sexualidad. Todos detrás de sus ojos. Todos debajo de la lluvia.

Dónde está Delicia

Se grita al cielo preguntando dónde está Delicia Mamaní Mamaní, la joven de 25 años desaparecida desde noviembre pasado, cuando salió de su hogar en el paraje rural Punta de Agua, Malagueño, con destino a la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó en el centro de Córdoba, donde cursaba el segundo año del profesorado de Educación Primaria. También en este caso los primeros obstáculos surgieron en las propias dependencias estatales. La mamá de Delicia intentó hacer la denuncia en medio de una profunda barrera lingüística -el aymara es su lengua materna- y ninguna Unidad Judicial de la zona la recibió durante los primeros días clave. Ante la desidia, fue la comunidad educativa del Carbó la que asumió un rol activo: organizó movilizaciones, consiguió el patrocinio ad honorem de abogadas y logró judicializar la causa una semana más tarde. También en este caso, justicia a fuerza de organización y de calle.

Paula, del barrio Portal de Córdoba, lleva un maquillaje de lágrimas rojas. No lágrimas: llanto rojo, angustioso. Levanta un cartel que recuerda que hace once años el padre de su hija abusó de la niña. Su lucha nació en las mismas fechas que esta marcha, y también la falta de respuesta. «No sucedió nada. Hice denuncias, peritajes, pero él está recorriendo Europa y ya ves dónde estoy yo«.

Justicia sin apellido

Del otro lado del cartel, el nombre de una amiga: «Jessica Barrera, presente.» Una vecina a quien el ex novio mató metiéndose por la puerta trasera de su casa. Ella había hecho la denuncia. Tenía custodia policial en ese mismo momento. Luego buscó su nombre en los padrones de femicidios y no lo encuentro. A Paula la acompaña una amiga: «Me llevó toda la noche hacer la denuncia. Me dieron un botón antipánico y a mí me sirvió. Pero es cierto que estás ocho, diez horas esperando y quién sabe qué va a resultar después.»

Lo narrado por el fiscal Garzón en la conferencia de prensa días atrás no le resultó ajeno a nadie que alguna vez haya tenido que sentarse a esperar justicia sin apellido que lo respalde.

La marcha empieza a dispersarse, pero no hay un momento claro en que finalice. Simplemente ocurre, como todo lo que se sostiene once años: porque alguien decide seguir. No hay documento, no hay escenario al que llegar. Es con las de al lado, es detrás de los ojos de Agostina, es debajo del reparo ofrecido. Once años de marchar.

Las mujeres de Córdoba ganando las calles, pese a la lluvia, y pese a todo. Fotos: Nany Palazzini /lavaca.org

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El 3J porteño: Vamos

Publicada

hace 6 días

04/06/2026

Por Claudia Acuña

Fotos: Juan Valeiro

Muchas: eso fuimos. Muchísimas más que la última vez y ojalá que menos que la próxima, o mejor: que no sea necesario una próxima. Que al fin podamos descansar y dedicarnos a otra cosa en lugar de escribir con marcador en un cartón: “Ayer estaba viva. Hoy mi hermana es la foto de este cartel” o salir del trabajo donde estamos paradas ocho horas por dos pesos para sumarnos últimas, con lágrimas regando las mejillas y la convicción de exigir justicia por la compañera que acuchilló su novio hace dos días, en ese femicidio que en la tele informaron como resultado de “una infidelidad”. Con esa orfandad de sensibilidad y respeto, que abona el permiso social para carnear mujeres están hablando en los medios de Noelia, 30 años, de Temperley, la compañera de este grupo de chicas que no pueden decir dónde trabajan porque la firma se los prohibió. “Ella ya lo había denunciado porque sufría su violencia, se había separado y ese día iba a sacar sus cosas de la casa. Él le dijo que no iba a salir viva de ahí, la tomó de rehén y ella pidió ayuda al 911, la policía demoró y cuando llegó no supo cómo intervenir: fue peor”, cuentan temblando. Masacradas primero, criminalizadas luego, silenciadas después, lo que queda es estar ahí con los carteles escritos a las apuradas y el llanto incontenible, al final de la concentración que un grupo decidió que no sea marcha ni disponer de lugar donde el dolor de las familias descanse (aprendan de Córdoba, orgas porteñas), pero no importa porque no es lo importante.