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El juicio al revés

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La madre de la víctima y la del acusado, contra la impunidad. Lucas Bustos, único imputado por el femicidio de Cecilia Basaldúa, fue absuelto el 1º de julio. La decisión fue celebrada por la familia de la víctima que consideraba a Bustos inocente, o “perejil”. Tras el veredicto la madre de Cecilia dio un fuerte abrazo a la madre del acusado. MU las reunió en esta nota. Lo que las une: la lucha contra la impunidad, la complicidad policial y de la fiscalía, que deberá ser investigada. Y lo que resta para saber el trasfondo del crimen y que exista verdadera justicia. Por Bernardina Rosini.

El juicio al revés
Dos Susanas: las madres de Cecilia y Lucas. Fotos: Bernardina Rosini

Las dos tienen casi la misma altura, son pequeñas, menudas. Tienen, también, el mismo nombre: Susana. Una de ellas cuenta que su nombre se refiere a la alegría. Busco, es verdad: alegría y flor de loto, flor que sobrevive en entornos difíciles, en el agua pantanosa. 

Agua turbia. Justamente el codo de río donde encontraron el cuerpo de Cecilia Basaldúa no es un lugar donde se vaya a pasear, a darse un baño. Cecilia estuvo desaparecida 20 días en Córdoba, donde había decidido asentarse después de un largo recorrido por Latinoamérica, para escribir un libro sobre esa experiencia viajera. En medio de la pandemia, el 25 de abril de 2020 su cuerpo sin vida apareció con signos de abuso sexual y estrangulamiento. 

Sus padres, Daniel y Susana habían viajado a Capilla del Monte el día anterior para participar de las actividades de búsqueda y presenciar los operativos. La fiscal a cargo de la investigación del crimen era Paula Kelm. La familia denuncia que se encargó desde el primer momento de manipular la causa: los testimonios, las pruebas, las líneas de investigación. La última persona que la vio con vida, Mario Mainardi, dueño de la casa donde Cecilia se estaba alojando, no fue investigado como sospechoso. Sin embargo, pudo averiguar la familia Basaldúa, él regaló y vendió pertenencias de Cecilia en los días siguientes; en su casa dieron positivo once puntos de luminol -sustancia que revela la presencia de rastros de sangre-; borró los mensajes de su celular; pintó la casa; y se mudó repentinamente a Rosario. 

Susana, mamá de Cecilia, pidió desde el primer momento que se lo investigara, y a través de él, que se haga justicia, y también verdad. Por eso está sentada junto a otra Susana, la mamá de Lucas Bustos, el joven que fue detenido por la fiscal, aun cuando la única prueba en su contra era el testimonio de oficiales de la policía que dijeron que lo habían escuchado confesar el crimen. La fiscal no esperó resultados de pruebas de ADN ni obtener algún otro indicio que demostrara siquiera algún encuentro entre Lucas y Cecilia. Cerró la investigación y la elevó a juicio. La familia de Cecilia no acompañó la acusación, entonces esta historia empieza con lo insólito: un juicio en el que la querella y la defensa estaban de acuerdo. Y del otro lado, la impunidad.

Susana Villarreal nació en Córdoba capital hace 67 años y cuando pisaba los 30 se trasladó a unos 100 kilómetros, a las afueras de Capilla del Monte. Vive camino a Los Mogotes, una zona rural a la vera del río Calabalumba. Allí, con su marido crio a sus nueve hijos. Cuenta todo esto mientras la jornada final del juicio que tiene como único imputado de homicidio a su hijo menor se toma un receso. Está acompañada de sus hijas, al igual que en las jornadas anteriores; discreta, siempre silenciosa, de mirada gentil.

El juicio llevó exactamente dos meses: se inició el pasado 3 de mayo. Desde ese entonces venía sucediendo lo que se esperaba de este proceso: la exhibición de la debilidad de las pruebas que sostienen la acusación contra su hijo Lucas Bustos; y las irregularidades de la investigación que encabezó, en general, la fiscal Paula Kelm. 

Dice que no cree en la justicia, mucho menos en esta fiscal: la misma Kelm que cerró la investigación con Lucas como único sospechoso, ya metió preso a su hijo mayor por un supuesto robo de celular que, asegura la madre, no se cometió. “Sigue preso, sí. Yo sé que no fue él. Tenía trabajo estable, tenía un sueldo. No va a entrar a una casa para robar un celular. No somos gente violenta, para nada. Conozco a mis hijos: sé que Lucas es incapaz de matar a alguien”, dice a MU.

Lucas tiene 24 años, es peón de albañil y ayudaba a su hermano en la construcción de su casa al momento en que la policía fue a buscarlo. No habló en todo el juicio: solo cumplió con la formalidad de dar sus datos biográficos al Tribunal en la sesión de apertura y responder aquellas preguntas que los jueces hicieron “con el fin de conocerlo”: consultaron sobre sus consumos de alcohol y sustancias. La siguiente pregunta fue si era beneficiario de algún plan social. Y eso fue todo.

La libertad perdida

Susana Reyes tiene 65 años, nació en Salta. A los 19 años se mudó a Buenos Aires. Habla de una infancia maravillosa, dice que la fuerza que tiene se debe a que creció feliz en su tierra norteña. Tuvo cuatro hijos; Cecilia Basaldúa, la mayor. 

Trabaja en el Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires, pero cuando los niños eran pequeños, era cajera en un supermercado. Por entonces imaginaba la infancia de sus hijos en la ciudad: quería que tuvieran actividades. Probó con clases de baile, pero a Cecilia no le interesaba bailar. Una tarde de verano la vio en el patio repetir los movimientos de una película de arte marcial y acto seguido la anotó, a sus 8 años, en clases de Taekwondo. A los 15 Cecilia ya ostentaba el cinturón negro de la disciplina. Después vino el hockey sobre césped y hielo. En esta última modalidad llegó a integrar la Selección Argentina. “Era ágil como el viento”, describe su madre. Con la Selección viajó a México a competir y decidió quedarse para iniciar un viaje por Latinoamérica. Así, la deportista devino mochilera. 

Susana siempre alentó a que Cecilia explorara sus facetas, “que vaya hacia donde quisiera ir”. Cecilia se lo agradecía cada tanto, a la distancia, a través de mensajes de Facebook. Podía compartir con su mamá lo que se iba encontrando, el mundo que la sorprendía. Cinco años recorriendo pueblos, ciudades, montes, islas y ríos… Quería tomarse un tiempo y escribir un libro sobre esa experiencia. Con ese objetivo se fue a Capilla del Monte en marzo de 2020, donde la agarró la pandemia.

“El último mensaje que le envié a Cecilia fue una oración de la Virgen de Guadalupe, la virgen mestiza de origen mexicano, al iniciar su viaje me envió un rosario de la virgencita”, dice su mamá. 

Ese mensaje no tuvo respuesta.

El juicio al revés

En Capilla

La desaparición y muerte de Cecilia ocurrió en un momento particularmente desfavorable: recién declarada la pandemia y decretado el aislamiento obligatorio. Inmovilidad y recursos dispuestos a un único efecto. Desprotección, dificultad para comunicarse, para trasladarse. Miedo y confusión. El accionar de la fiscal Paula Kelm y del cuerpo policial local se evidenciaba antojadizo e impune. La fiscal no sintió necesidad de recorrer el terreno del caso que investigaba; la policía judicial no intervino y la policía local se ocupó del procedimiento. A su manera. 

“La investigación la dirigía yo”, alardeó el comisario Diego Bracamonte a la hora de dar testimonio. Unos días después el juicio entró en una pausa por la presentación de las abogadas de la familia Basaldúa de una prueba considerada “trascendental”: a pocos días de la desaparición de Cecilia y a 600 metros de donde se halló finalmente su cuerpo, una familia denunció ante la policía de Capilla del Monte que había encontrado en una casa deshabitada que es de su propiedad una habitación con manchas de sangre en la cama, un colchón, sábanas y hasta un velador. Realizaron la denuncia y, comandada por Bracamonte, la policía se acercó y tomó muestras. Pero la fiscalía no dio curso a la investigación y los análisis sobre las muestras nunca se hicieron.

Susana, la mamá de Lucas, recuerda esa mañana temprana en la que tres patrulleros llegaron a su casa. Los policías preguntaban si habían visto a alguien sospechoso por aquella zona. Allá, tan distantes del pueblo, los Bustos no habían visto nada raro. A la tarde la policía regresó para, supuestamente, tomar una declaración formal y dejarla asentada en la comisaría. Se llevaron a dos de los hermanos: Santiago y Lucas. 

“Mi hijo menor es mi tesoro, lo dejaron detenido y yo no podía verlo. Su hermano me contó temblando que escuchaba desde otra habitación de la comisaría los golpes que le daban. Pretendían que reconozca algo que no había hecho”, relata. 

Lucas estuvo dos años preso. 

Mientras tanto, el director provincial de Defensa Civil, Diego Concha –funcionario de larga trayectoria local– renunció y quedó detenido inmediatamente por una denuncia de abuso sexual a una joven bombera que posteriormente se quitó la vida. Se sumó a la denuncia de una ex pareja que señaló que le había gatillado un arma en la cabeza en medio de una discusión. Recientemente se solicitó se coteje el ADN de Concha por el caso de un femicidio ocurrido en 2015. 

Otro de los policías involucrados en la investigación, el oficial Ariel Zárate, testificó de manera virtual en el juicio por encontrarse detenido en otra causa, por “robo, lesiones leves calificadas y privación ilegítima de la libertad” a una joven de 21 años. 

Mientras esta nota se escribe, el comisario inspector Diego Bracamonte fue desplazado de sus funciones y se pide su procesamiento por encubrimiento. Días atrás falleció un hombre de 36 años en el vestíbulo de la comisaría de La Falda: se publicaron videos de agentes policiales dándole una golpiza a ese hombre que padecía un brote psicótico. 

En Capilla del Monte se repite: no son casos aislados. Se trata de una red de impunidad que funciona regionalmente, en sintonía con la fiscalía. 

El juicio al revés

La fuerza y la presencia

Hay distintas formas de concebir la fuerza. Amador Fernández Savater escribió un libro llamado La fuerza de los débiles motivado por la pregunta sobre aquellos movimientos que no teniendo el poder, la superioridad numérica, los recursos, la estructura, sin embargo logran incidir, generar un cambio e incluso vencer a los poderosos.

¿Cómo ellas pudieron lograr atravesar el sistema policial y judicial corrupto de Punilla, sortear un proceso trucho y liberar a Lucas tras dos años preso injustamente? Amador señala que la fuerza de los débiles radica en el plus de fuerza que otorga, como base, la activación de lo propio. Cuando uno pelea por sí mismo, para sí mismo y por los suyos. Por otro lado, la potencia de la sensibilidad, de la solidaridad, de la empatía: el otro me importa. Esto sostenido por los vínculos, que acogen, sostienen y apoyan. 

Y los padres de Cecilia lo han tenido claro: localmente conformaron “La Mesa de Trabajo por Verdad y Justicia por Cecilia Basaldúa”, además son parte del grupo  “Familiares Sobrevivientes de Femicidios” con quienes se reúnen mensualmente en Plaza de Mayo para compartir experiencias, información, sentires, la visibilización de los casos y las demandas al Estado. 

Los días que duró el juicio, en las afueras de los tribunales de Cruz del Eje hubo acampe feminista, olla popular, batucada, performances y radio abierta.

Susana Villarreal, horas antes del veredicto dijo que dejaba la suerte de su hijo en manos de Dios, que para ellos la justicia no está, pero sí puede estar la protección del cielo. Mientras lo decía las puertas de Tribunales temblaban: son bombos, cantos, bailes y golpes sobre las ventanas. “Ahora, ahora, resulta indispensable, justicia por Cecilia, el Estado es responsable”.

Al concluir los alegatos finales, la madre de Cecilia quiso decir unas palabras. La sangre india de la que se jacta hizo lo suyo. Señalando al fiscal Sergio Cuello planteó: “Esto fue un mamarracho. Sostuvo el pedido de perpetua para un joven inocente, sin tener pruebas. Nunca las tuvieron. Faltó a su palabra, prometió que iríamos hacia la verdad. Voy a pedir un juicio político para vos”.

Hay, también, distintas formas de concebir la muerte. Esta fue una. Susana Reyes cuenta que practicar yoga le ayuda mucho: años atrás la había sacado de una depresión por la pérdida de su padre. Que por la pandemia, las clases se hacen en la plaza. Que se acuesta, respira, mira moverse el verde allá arriba. Cierra los ojos, inmóvil como una montaña. Siente, de pronto, la presencia de Cecilia.

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Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»

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Un funcionario judicial de Tucumán fue condenado por abuso sexual: 4 años, obligación de reparación económica, capacitación y placas en Tribunales. El hecho no es aislado: el Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro que incluye 420 funcionarios (integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las cúpulas de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católica) denunciados por violencia de género. Los argumentos e implicancias de un fallo ejemplar.

Jorge Edmundo Mistretta, exjefe de despacho de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, jubilado desde 2019, fue condenado a cuatro años por abuso sexual contra dos de sus empleadas. Los abusos ocurrieron en 2013 y 2015: incluye tocarle los pechos a una de ellas y querer besarla, comentarios sexuales groseros, e intento de tocar a otra de las denunciantes. 

En el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, compuesto por la jueza María Noel Costa, y los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal, se ordenó: 

  • La inmediata detención, aunque cumplirá prisión domiciliaria por su estado de salud.
  • Una indemnización de $4.4 millones de pesos y 3.6 millones de pesos para cada una de las víctimas.
  • La realización de un programa de capacitación sobre perspectiva de género y en política de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
  • Se solicitó a Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia Nacional que “se arbitren los mecanismos administrativos necesarios por una medida restaurativa que contemple la incorporación a una de las oficinas judiciales de esa jurisdicción -de la Cámara o del Tribunal Oral -, debiendo garantizar la ‘no revictimización’ de una de las víctimas”.
  • Además se recomendó que se coloquen placas en tribunales donde sucedieron los hechos que digan: “Un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia. No a la violencia ni al acoso”.

Los fundamentos se conocerán el próximo 29 de septiembre.

El “caso” no es aislado. El Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas. 

El registro incluye ya 420 funcionarios denunciados, entre intendentes, diputados, fiscales, sargento, jueces, asesores, concejales, cabos, decano, sacerdotes y un largo etcétera. De todos los denunciados 99 son del Poder Judicial, al igual que Jorge Edmundo Mistretta; 139 del Poder Ejecutivo; 62 del Poder Legislativo; 67 de la Iglesia Católica; y 53 de las cúpulas de las fuerzas de seguridad.  

El padrón de funcionarios denunciados se puede ver acá

Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»
El Poder Judicial es el segundo del Estado con más denuncias. Datos de Observatorio Lucía Pérez.

El Estado argentino se comprometió en 2020 a llevar un registro público de funcionarios judiciales denunciados por violencia de género como parte de un acuerdo amistoso alcanzado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta el momento lo hizo de forma incompleta y escasa, por ello comenzó a realizarlo, de manera autogestiva, el Observatorio Lucía Pérez que sumó además otros poderes para completarlo y con esa información reflexionar acerca de qué relación hay entre la ausencia de políticas públicas de contención y prevención y estas prácticas impunes.

Lo que se ve: la consigna “El Estado es responsable” se hace carne en la sistematización de esta información. No lo es solamente por omisión, o ineficaz: es un Estado violento. 

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Nota

Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

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La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación contra sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia. Este año se logró la condena a prisión perpetua de dos de los responsables del crimen, pero la familia además reclama el juzgamiento de los policías ya que su inacción resultó clave para que Iara resultara asesinada. Mónica, la madre de la joven: «Si esos funcionarios policiales hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”. 

Por Natalia Aramayo desde San Salvador de Jujuy

La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación al sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia.

Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de Palpalá, estaban imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras la denuncia de la familia de Iara. El 22 de julio del año pasado el Ministerio Público de la Acusación informó que la investigación se había dado por finalizada y el fiscal de la causa solicitó la citación de los acusados a juicio.

Desde entonces la familia espera la fecha de juicio, pero con lo que se acaban de encontrar es con el sobreseimiento dictado por el juez Rodolfo Nino Fernández, del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública. 

Mónica Cunchila, mamá de Iara, expresó en conferencia de prensa en San Salvador: “Esta decisión nos dañó, nos lastimó demasiado, no podemos entender cómo trabaja la justicia”. Mónica llevaba en sus manos los fundamentos que dio el juez: el texto ocupa solamente media carilla. “Imprimí los fundamentos para leer y empaparme» expresó, “pero el fundamento del juez es media carilla, y no me dice por qué tomó esa decisión”. 

Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia
Mónica Cunchila junto a su marido Juan José Rueda (los padres de Iara) mostrando a la prensa la decisión del juez: «Si los policías hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.

 El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, manifestó que tras entregar el recurso de apelación, el fiscal a cargo de la causa, Diego Funes, también se sumó a la presentación, y que además el propio fiscal general de la provincia, Lello Sánchez, se comunicó con la familia.  

«El día que nos enteramos de la decisión del juez Fernández fue sentir que nos mataron a Iara nuevamente», dijo Mónica tras conocer la decisión. El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, sostuvo: “Creemos que estos ocho policías tienen que estar sentados en el banquillo de acusados, porque claramente omitieron, no buscaron, no rastrillaron, dejaron a la deriva a Iara y la familia. No tenemos dudas que son responsables, junto a otras personas de lo que fue la pésima y paupérrima búsqueda y rastrillaje de Iara”.

Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

La comunidad en la calle fue la garantía para que se descubriese a los culpables. Ahora el juez Rodolfo Nino Fernández sobreseyó a policías que con su inacción (¿o complicidad?) se dedicaron a no buscar a Iara, que tenía 16 años al desaparecer. El cuerpo fue encontrado por vecinas y vecinos que asumieron la búsqueda mientras la policía no hacía nada.

Iara Rueda: La negligencia policial mata

Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre de 2020 salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz.  

Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda.

Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz.

En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.  

El cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de pies y manos. En ese lugar su familia construyó un altar. 

Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

“La dejaron abandonada”

El juicio oral y público por el femicidio comenzó el 13 de abril y finalizó este 3 de mayo cuando el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 condenó a prisión perpetua a Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad como autores penalmente responsables de los delitos de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.

El tercer acusado, Fernando Tomás Fernández, fue condenado por el mismo delito pero se consideró al crimen “triplemente agravado por el vínculo”. Dado que al momento del hecho era menor de edad se pidió remitir la copia de la sentencia al Juzgado de Menores que hasta el día de hoy, cuatro meses después, no fijó pena alguna.

Además del juicio por el femicidio, la familia de Iara impulsó desde el primer momento la denuncia contra los funcionarios policiales que no aplicaron los protocolos de búsqueda tal como la legislación lo establece. Sostiene el abogado de la familia: «Además, en el juicio llevado a cabo, donde se condenó a los tres imputados, se demostró que hubo negligencia por parte de la policía al no seguir los rastros que marcó uno de los canes de la policía en la casa de Tomás Fernández”, por lo cual cree incongruente la decisión del juez.

Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

Volver a las marchas

“El caso de Iara marcó un antes y un después no solo en la justicia jujeña sino que también en la sociedad y no puede tener este triste final, con una resolución de un juez que desliga de responsabilidades a estos sujetos. Nadie la buscó, nadie respondió por ella, la dejaron abandonada a ella y a la familia, ¿y ahora nadie responde por eso?». 

Mónica es clara sobre cómo continúa la situación: “Volvemos a las marchas, a las calles, de manera pacífica, para exigir no solamente que el juez Fernández de marcha atrás con esta medida, sino que estas leyes se cumplan, para que no vuelva a suceder. Si esos funcionarios hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”. 

Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia
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216 femicidios y travesticidios en 8 meses de 2023

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Durante este agosto sangriento registramos en el Observatorio Lucía Pérez 32 femicidios.

Preocupa porque en agostos de años anteriores, el registro era en muchas ocasiones, menos de la mitad. Preocupa también porque es el mes de 2023 donde más crímenes machistas registramos.  

Este agosto Emma, la más pequeña, tenía 2 meses. No fue la única infancia asesinada: Thiago, asesinado junto a su madre María, tenía 13; Morena, 14; Nelsa, 15; y Magalí, también 15. En lo que va del año, son 15 las infancias asesinadas.

En el otro extremo etario de una línea que transversaliza la violencia de este mes está Susana, tenía 83 años. 

Las nombramos en el deseo de nombrar a todas. A cada una de las víctimas de los 216 femicidios y travesticidios de lo que va del año. Compañeras de colegio, hijas, amigas, vecinas, 71 de ellas eran madres, por lo que registramos a hoy 155 huerfanxs por la violencia femicida.

Este año registramos también 217 tentativas de femicidios y travesticidios, 27 ocurrieron en el mes de agosto. 

Marchamos exigiendo que paren de matarnos 263 veces en el año, este agosto salimos a la calle 33 veces a marchar. 

Nos preguntamos: ¿qué más hacer para ponerle freno a la violencia femicida?

Sobre el Observatorio Lucía Pérez:

El Observatorio Lucía Pérez es una herramienta de análisis, debate y acción creada por lavaca.org para erradicar la violencia patriarcal de nuestras vidas y nuestras sociedades. 

Realizamos una serie de padrones que compartimos en nuestra web de manera libre, los cuales los confeccionamos en talleres que realizamos con víctimas de violencias, familias sobrevivientes de femicidios, organizaciones sociales y activistas del movimiento trans. 

Los datos así recogidos, sumados al seguimiento de lo publicado en medios de todo el país, son luego chequeados y precisados con fuentes judiciales y periodísticas. Cada mes realizamos un resumen que es analizado con víctimas y familias sobrevivientes de femicidios. Anualmente realizamos un informe que compartimos con organizaciones sociales y referentes de la política y la cultura.

Todo la información que producimos es de público y libre acceso.

Agradecemos que si es de tu interés, cites la fuente.

Acá podes encontrar toda la información: www.observatorioluciaperez.org

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