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El juicio al revés

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La madre de la víctima y la del acusado, contra la impunidad. Lucas Bustos, único imputado por el femicidio de Cecilia Basaldúa, fue absuelto el 1º de julio. La decisión fue celebrada por la familia de la víctima que consideraba a Bustos inocente, o “perejil”. Tras el veredicto la madre de Cecilia dio un fuerte abrazo a la madre del acusado. MU las reunió en esta nota. Lo que las une: la lucha contra la impunidad, la complicidad policial y de la fiscalía, que deberá ser investigada. Y lo que resta para saber el trasfondo del crimen y que exista verdadera justicia. Por Bernardina Rosini.

Dos Susanas: las madres de Cecilia y Lucas. Fotos: Bernardina Rosini

Las dos tienen casi la misma altura, son pequeñas, menudas. Tienen, también, el mismo nombre: Susana. Una de ellas cuenta que su nombre se refiere a la alegría. Busco, es verdad: alegría y flor de loto, flor que sobrevive en entornos difíciles, en el agua pantanosa. 

Agua turbia. Justamente el codo de río donde encontraron el cuerpo de Cecilia Basaldúa no es un lugar donde se vaya a pasear, a darse un baño. Cecilia estuvo desaparecida 20 días en Córdoba, donde había decidido asentarse después de un largo recorrido por Latinoamérica, para escribir un libro sobre esa experiencia viajera. En medio de la pandemia, el 25 de abril de 2020 su cuerpo sin vida apareció con signos de abuso sexual y estrangulamiento. 

Sus padres, Daniel y Susana habían viajado a Capilla del Monte el día anterior para participar de las actividades de búsqueda y presenciar los operativos. La fiscal a cargo de la investigación del crimen era Paula Kelm. La familia denuncia que se encargó desde el primer momento de manipular la causa: los testimonios, las pruebas, las líneas de investigación. La última persona que la vio con vida, Mario Mainardi, dueño de la casa donde Cecilia se estaba alojando, no fue investigado como sospechoso. Sin embargo, pudo averiguar la familia Basaldúa, él regaló y vendió pertenencias de Cecilia en los días siguientes; en su casa dieron positivo once puntos de luminol -sustancia que revela la presencia de rastros de sangre-; borró los mensajes de su celular; pintó la casa; y se mudó repentinamente a Rosario. 

Susana, mamá de Cecilia, pidió desde el primer momento que se lo investigara, y a través de él, que se haga justicia, y también verdad. Por eso está sentada junto a otra Susana, la mamá de Lucas Bustos, el joven que fue detenido por la fiscal, aun cuando la única prueba en su contra era el testimonio de oficiales de la policía que dijeron que lo habían escuchado confesar el crimen. La fiscal no esperó resultados de pruebas de ADN ni obtener algún otro indicio que demostrara siquiera algún encuentro entre Lucas y Cecilia. Cerró la investigación y la elevó a juicio. La familia de Cecilia no acompañó la acusación, entonces esta historia empieza con lo insólito: un juicio en el que la querella y la defensa estaban de acuerdo. Y del otro lado, la impunidad.

Susana Villarreal nació en Córdoba capital hace 67 años y cuando pisaba los 30 se trasladó a unos 100 kilómetros, a las afueras de Capilla del Monte. Vive camino a Los Mogotes, una zona rural a la vera del río Calabalumba. Allí, con su marido crio a sus nueve hijos. Cuenta todo esto mientras la jornada final del juicio que tiene como único imputado de homicidio a su hijo menor se toma un receso. Está acompañada de sus hijas, al igual que en las jornadas anteriores; discreta, siempre silenciosa, de mirada gentil.

El juicio llevó exactamente dos meses: se inició el pasado 3 de mayo. Desde ese entonces venía sucediendo lo que se esperaba de este proceso: la exhibición de la debilidad de las pruebas que sostienen la acusación contra su hijo Lucas Bustos; y las irregularidades de la investigación que encabezó, en general, la fiscal Paula Kelm. 

Dice que no cree en la justicia, mucho menos en esta fiscal: la misma Kelm que cerró la investigación con Lucas como único sospechoso, ya metió preso a su hijo mayor por un supuesto robo de celular que, asegura la madre, no se cometió. “Sigue preso, sí. Yo sé que no fue él. Tenía trabajo estable, tenía un sueldo. No va a entrar a una casa para robar un celular. No somos gente violenta, para nada. Conozco a mis hijos: sé que Lucas es incapaz de matar a alguien”, dice a MU.

Lucas tiene 24 años, es peón de albañil y ayudaba a su hermano en la construcción de su casa al momento en que la policía fue a buscarlo. No habló en todo el juicio: solo cumplió con la formalidad de dar sus datos biográficos al Tribunal en la sesión de apertura y responder aquellas preguntas que los jueces hicieron “con el fin de conocerlo”: consultaron sobre sus consumos de alcohol y sustancias. La siguiente pregunta fue si era beneficiario de algún plan social. Y eso fue todo.

La libertad perdida

Susana Reyes tiene 65 años, nació en Salta. A los 19 años se mudó a Buenos Aires. Habla de una infancia maravillosa, dice que la fuerza que tiene se debe a que creció feliz en su tierra norteña. Tuvo cuatro hijos; Cecilia Basaldúa, la mayor. 

Trabaja en el Ministerio de Educación de la ciudad de Buenos Aires, pero cuando los niños eran pequeños, era cajera en un supermercado. Por entonces imaginaba la infancia de sus hijos en la ciudad: quería que tuvieran actividades. Probó con clases de baile, pero a Cecilia no le interesaba bailar. Una tarde de verano la vio en el patio repetir los movimientos de una película de arte marcial y acto seguido la anotó, a sus 8 años, en clases de Taekwondo. A los 15 Cecilia ya ostentaba el cinturón negro de la disciplina. Después vino el hockey sobre césped y hielo. En esta última modalidad llegó a integrar la Selección Argentina. “Era ágil como el viento”, describe su madre. Con la Selección viajó a México a competir y decidió quedarse para iniciar un viaje por Latinoamérica. Así, la deportista devino mochilera. 

Susana siempre alentó a que Cecilia explorara sus facetas, “que vaya hacia donde quisiera ir”. Cecilia se lo agradecía cada tanto, a la distancia, a través de mensajes de Facebook. Podía compartir con su mamá lo que se iba encontrando, el mundo que la sorprendía. Cinco años recorriendo pueblos, ciudades, montes, islas y ríos… Quería tomarse un tiempo y escribir un libro sobre esa experiencia. Con ese objetivo se fue a Capilla del Monte en marzo de 2020, donde la agarró la pandemia.

“El último mensaje que le envié a Cecilia fue una oración de la Virgen de Guadalupe, la virgen mestiza de origen mexicano, al iniciar su viaje me envió un rosario de la virgencita”, dice su mamá. 

Ese mensaje no tuvo respuesta.

En Capilla

La desaparición y muerte de Cecilia ocurrió en un momento particularmente desfavorable: recién declarada la pandemia y decretado el aislamiento obligatorio. Inmovilidad y recursos dispuestos a un único efecto. Desprotección, dificultad para comunicarse, para trasladarse. Miedo y confusión. El accionar de la fiscal Paula Kelm y del cuerpo policial local se evidenciaba antojadizo e impune. La fiscal no sintió necesidad de recorrer el terreno del caso que investigaba; la policía judicial no intervino y la policía local se ocupó del procedimiento. A su manera. 

“La investigación la dirigía yo”, alardeó el comisario Diego Bracamonte a la hora de dar testimonio. Unos días después el juicio entró en una pausa por la presentación de las abogadas de la familia Basaldúa de una prueba considerada “trascendental”: a pocos días de la desaparición de Cecilia y a 600 metros de donde se halló finalmente su cuerpo, una familia denunció ante la policía de Capilla del Monte que había encontrado en una casa deshabitada que es de su propiedad una habitación con manchas de sangre en la cama, un colchón, sábanas y hasta un velador. Realizaron la denuncia y, comandada por Bracamonte, la policía se acercó y tomó muestras. Pero la fiscalía no dio curso a la investigación y los análisis sobre las muestras nunca se hicieron.

Susana, la mamá de Lucas, recuerda esa mañana temprana en la que tres patrulleros llegaron a su casa. Los policías preguntaban si habían visto a alguien sospechoso por aquella zona. Allá, tan distantes del pueblo, los Bustos no habían visto nada raro. A la tarde la policía regresó para, supuestamente, tomar una declaración formal y dejarla asentada en la comisaría. Se llevaron a dos de los hermanos: Santiago y Lucas. 

“Mi hijo menor es mi tesoro, lo dejaron detenido y yo no podía verlo. Su hermano me contó temblando que escuchaba desde otra habitación de la comisaría los golpes que le daban. Pretendían que reconozca algo que no había hecho”, relata. 

Lucas estuvo dos años preso. 

Mientras tanto, el director provincial de Defensa Civil, Diego Concha –funcionario de larga trayectoria local– renunció y quedó detenido inmediatamente por una denuncia de abuso sexual a una joven bombera que posteriormente se quitó la vida. Se sumó a la denuncia de una ex pareja que señaló que le había gatillado un arma en la cabeza en medio de una discusión. Recientemente se solicitó se coteje el ADN de Concha por el caso de un femicidio ocurrido en 2015. 

Otro de los policías involucrados en la investigación, el oficial Ariel Zárate, testificó de manera virtual en el juicio por encontrarse detenido en otra causa, por “robo, lesiones leves calificadas y privación ilegítima de la libertad” a una joven de 21 años. 

Mientras esta nota se escribe, el comisario inspector Diego Bracamonte fue desplazado de sus funciones y se pide su procesamiento por encubrimiento. Días atrás falleció un hombre de 36 años en el vestíbulo de la comisaría de La Falda: se publicaron videos de agentes policiales dándole una golpiza a ese hombre que padecía un brote psicótico. 

En Capilla del Monte se repite: no son casos aislados. Se trata de una red de impunidad que funciona regionalmente, en sintonía con la fiscalía. 

La fuerza y la presencia

Hay distintas formas de concebir la fuerza. Amador Fernández Savater escribió un libro llamado La fuerza de los débiles motivado por la pregunta sobre aquellos movimientos que no teniendo el poder, la superioridad numérica, los recursos, la estructura, sin embargo logran incidir, generar un cambio e incluso vencer a los poderosos.

¿Cómo ellas pudieron lograr atravesar el sistema policial y judicial corrupto de Punilla, sortear un proceso trucho y liberar a Lucas tras dos años preso injustamente? Amador señala que la fuerza de los débiles radica en el plus de fuerza que otorga, como base, la activación de lo propio. Cuando uno pelea por sí mismo, para sí mismo y por los suyos. Por otro lado, la potencia de la sensibilidad, de la solidaridad, de la empatía: el otro me importa. Esto sostenido por los vínculos, que acogen, sostienen y apoyan. 

Y los padres de Cecilia lo han tenido claro: localmente conformaron “La Mesa de Trabajo por Verdad y Justicia por Cecilia Basaldúa”, además son parte del grupo  “Familiares Sobrevivientes de Femicidios” con quienes se reúnen mensualmente en Plaza de Mayo para compartir experiencias, información, sentires, la visibilización de los casos y las demandas al Estado. 

Los días que duró el juicio, en las afueras de los tribunales de Cruz del Eje hubo acampe feminista, olla popular, batucada, performances y radio abierta.

Susana Villarreal, horas antes del veredicto dijo que dejaba la suerte de su hijo en manos de Dios, que para ellos la justicia no está, pero sí puede estar la protección del cielo. Mientras lo decía las puertas de Tribunales temblaban: son bombos, cantos, bailes y golpes sobre las ventanas. “Ahora, ahora, resulta indispensable, justicia por Cecilia, el Estado es responsable”.

Al concluir los alegatos finales, la madre de Cecilia quiso decir unas palabras. La sangre india de la que se jacta hizo lo suyo. Señalando al fiscal Sergio Cuello planteó: “Esto fue un mamarracho. Sostuvo el pedido de perpetua para un joven inocente, sin tener pruebas. Nunca las tuvieron. Faltó a su palabra, prometió que iríamos hacia la verdad. Voy a pedir un juicio político para vos”.

Hay, también, distintas formas de concebir la muerte. Esta fue una. Susana Reyes cuenta que practicar yoga le ayuda mucho: años atrás la había sacado de una depresión por la pérdida de su padre. Que por la pandemia, las clases se hacen en la plaza. Que se acuesta, respira, mira moverse el verde allá arriba. Cierra los ojos, inmóvil como una montaña. Siente, de pronto, la presencia de Cecilia.

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Funcionarios denunciados: entre la violencia de género y la violencia institucional

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Presentamos el informe de agosto 2022 del Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez. Este mes el foco está puesto en el padrón de funcionarios denunciados por violencia de género que el Observatorio lleva adelante. Lo que se ve: un sistema que expresa la mutua imbricación entre la violencia patriarcal y la violencia institucional, con la impunidad como puente. El Observatorio Lucía Pérez lleva registrados 345 los funcionarios denunciados, “ya no hablamos solo de un Estado ausente o ineficaz, sino de un Estado violento”, expresa en el informe la antropóloga Florencia Paz Landeira.

A mediados de agosto, Marcelo Guzmán, funcionario judicial de Tierra del Fuego, fue separado de su cargo luego de la denuncia pública y judicial por violencia de género realizada por su esposa, Carla Kirstein. El juez Javier De Gamas Soler dictó el procesamiento de Guzmán por los delitos de “lesiones graves agravadas por haber sido cometidas contra su pareja en el marco de una situación de violencia de género” (en un hecho) y “lesiones leves” (en otros dos) y ordenó una prohibición de acercamiento. Carla decidió hacer la denuncia por redes sociales, movida por el miedo y la impotencia no solo por la recurrencia de la violencia y la situación de dependencia en que se encontraba, sino también por las barreras en el acceso a la justicia: “Fui a ver a varios abogados para que me representaran y cuando se enteraban quién era mi marido y para quién trabajaba, ponían cualquier excusa para no tomar el caso”. Su historia habla de entramados de poder institucionales que silencian, encubren, obstruyen y que, en definitiva, avalan y perpetúan la violencia.  

Es la historia de Carla, pero no es un “caso”, es un sistema que expresa la mutua imbricación entre la violencia patriarcal y la violencia institucional, con la impunidad como puente. El Observatorio Lucía Pérez registra en su padrón 345 denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas. El registro -que formalmente le corresponde al Estado argentino, en función de los compromisos asumidos ante la CIDH y que hasta hoy incumple- se basa, a su vez, en la hipótesis de que estas denuncias encarnan la persistencia de sentidos y prácticas machistas y misóginas en las burocracias estatales y la resistencia a la transversalización de la perspectiva de género que, en concreto, resultan en la ausencia o debilidad de las políticas públicas para prevenir y contener la violencia contra mujeres y trans.

Cuando reiteramos la consigna “El Estado es responsable”, solemos referirnos a formas sistemáticas de complicidad, omisión y/o insuficiencia en las políticas para erradicar la violencia de género. La responsabilidad estatal encuentra en este registro de funcionarios denunciados su rostro más grotesco y encarnado. El poder político que el puesto les confiere aparece reforzando e incrementando posiciones de privilegio y dominio fundadas en estructuras de género desiguales. Ya no hablamos solo de un Estado ausente o ineficaz, sino de un Estado violento. Las denuncias alcanzan a jueces civiles y de familia, fiscales, comisarios, jefes de policía, es decir, agentes estatales que deberían estar implicados en prevenir las violencias, sancionar a quienes las ejercen y proteger a las víctimas.

Observatorio Lucía Pérez

El Estado ¿por fuera de la ley?

Es sabido que el Estado no es un bloque homogéneo y coherente, sino que está habitado y atravesado por tensiones, contradicciones y balances de poder. Este mismo Estado que denunciamos como responsable de la violencia patriarcal, ha instrumentado leyes y políticas tendientes a reconocer y combatir las desigualdades de género, movido por las luchas y demandas de los movimientos feministas.

La ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sancionada en 2009, incluye en su definición y caracterización de la violencia a la violencia institucional, definida como: “aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil” (Artículo 6, b). Ya en 1996, el Estado argentino ratificó la Convención de Belém do Pará, en la que los estados acordaron “abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación” (Artículo 7, a).

En esta misma línea, en 2010, el Comité de la CEDAW instó a velar por que jueces, abogados, fiscales y defensores públicos conocieran los derechos de las mujeres y las obligaciones del Estado para garantizarlos y alentó a que se impartan capacitaciones sobre género a quienes integran el sistema de justicia. Recién ocho años después, en el país se sancionó la ley 27.499, que establece la capacitación obligatoria en temáticas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública. Esta ley es conocida como Ley Micaela, en homenaje a Micaela García, militante feminista y víctima de femicidio en abril de 2017.

En este contexto de avances en términos legislativos y en la asunción de compromisos por parte del Estado, ¿qué implica pensar a la violencia de género ejercida por funcionarios públicos como violenta institucional? La investigadora María Pita[i] propone pensar a la violencia institucional como categoría política local, construida progresivamente como resultado de la articulación entre la reflexión y la acción de la militancia del campo de los derechos humanos. Aunque su sentido más restringido remite a la violencia policial y penitenciaria, se ha convertido en una herramienta para la lucha política de uso cada vez más amplio y extendido por diversos colectivos de víctimas y de demanda de justicia con foco en denunciar la recurrencia y la sistematicidad de la implicación de agentes estatales en el ejercicio de las violencias. Implicación que se traduce en hechos de violencia concretos, pero también en formas rutinarias y sedimentadas de construcción de poder e impunidad. Al denunciar la violencia de género ejercida por funcionarios como violenta institucional apuntamos a evidenciar el encubrimiento corporativo y la persistencia sistemática de estereotipos, prejuicios y patrones discriminatorios por género en las prácticas estatales y judiciales. Implica también seguir insistiendo en que la violencia de género es un asunto de derechos humanos.

Poder policial y violencia de género

El 5 de junio, Daiana Abregú, de 26 años, apareció muerta en la celda de una comisaría de Laprida, provincia de Buenos Aires, tras ser demorada por una contravención. Desde el inicio, la policía sostuvo que Daiana se suicidó, pero nada cierra en esa hipótesis. La última autopsia evidencia asfixia por sofocación y lesiones de autodefensa. Lo que sí quedó expuesto es la trama de encubrimientos y complicidad entre la fuerza de seguridad y las áreas de justicia.

El Observatorio Lucía Pérez tiene registradas 41 denuncias a altos mandos de las fuerzas de seguridad. Los femicidios policiales[ii], como el de Daiana, son la expresión más extrema de la vulneración de derechos de las mujeres dentro del universo de la violencia institucional. Como en muchos otros casos de uso ilegal de la fuerza policial, existen prácticas de encubrimiento que suelen consistir en falsear el relato de lo sucedido y manipular la escena para que coincida con su versión. En este sentido, la violencia de género ejercida por integrantes de las fuerzas de seguridad no puede pensarse como agresiones individuales y particulares, sino como parte de una institución con históricas prácticas de violencia encubierta y de reproducción de formas machistas de construcción de poder.

En muchos casos, las mujeres víctimas de la violencia de género ejercida por agentes policiales son también integrantes de las fuerzas de seguridad. A partir de una investigación con la Red Nacional de Mujeres Policías con Perspectiva de Género, Mariana Sirimarco[iii] señala que la regla en las fuerzas policiales es que los hombres denunciados son encubiertos, mientras que las mujeres denunciantes, son castigadas. Sirimarco afirma que la violencia de género -en particular, la  violencia  policial  contra  mujeres  policías- es  parte constitutiva del ejercicio del poder policial, porque éste se asienta en sentidos sobre lo territorial, lo violento y lo masculino avasallante. Ambas  estructuras  de  poder, la  policial y la masculina-patriarcal, se sostienen en lo mismo: en el ejercicio de dominio y pertenencia del otro-bajo-mando. De esta forma, la violencia de género ejercida por policías pone en evidencia rasgos comunes a todos los funcionarios denunciados: una forma de construir y ejercer el poder (político) fundada en la masculinidad violenta, autoritaria y avasallante.

Por Florencia Paz Landeira. Doctora en Antropología Social. Becaria posdoctoral del LICH-CONICET. Integrante del Programa de Estudios Sociales en Género, Infancia y Juventud (UNSAM).


[i] Pita, M. (2017). Pensar la Violencia Institucional: vox populi y categoría política local. Espacios de crítica y producción, 53(9), 33-42.

[ii] https://violenciapolicial.org.ar/violencia-policial/#!#femicidios

[iii] Sirimarco, M. (2021). Sexo, violencia y desigualdad. Mujeres en la policía. Delito y Sociedad, 30(51),

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Zona de peligro: femicidios en el norte del conurbano

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Causas mal caratuladas, que no investigan los contextos de las muertes y dejan libres a sus responsables. Jueces y fiscales que ningunean a las familias que son amenazadas en sus barrios. La culpabilización de las víctimas, las conexiones narco, las movilizaciones a través de las cuales se logran algunos avances. Y la pérdida de todo, hasta del miedo: tres familias cuentan a MU cómo soportan la impunidad de cada día. Por Delfina Pedelaq y Anabella Arrascaeta.

Plaza de General Pacheco, Tigre: las familias frente al cajoneo de las causas, contra la complicidad judicial y policial. Fotos: Gastón Stark
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La ciudad rota: el femicidio de Daiana Abregú

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La joven de 26 años apareció muerta en la celda de la comisaría de Laprida, provincia de Buenos Aires, tras ser demorada por una contravención. Desde entonces, la policía sostiene que se suicidó con su propia campera, pero la justicia comprobó diferentes falacias en ese relato que llevaron a la detención de cinco efectivos bonaerenses. La investigación para determinar qué pasó con Daiana aún continúa, mientras la familia busca verdad y justicia. Por Facundo Lo Duca.

La foto de Daiana en la plaza principal. Foto: Mauro Arias
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La última Mu: La mirada indiscreta

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