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La peor deuda: las víctimas invisibles

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Las infancias huérfanas por los femicidios son las víctimas ignoradas por las políticas estatales y los análisis académicos. En muchos casos fueron testigos de los crímenes, en otros perdieron a ambos padres: una asesinada, otro suicidado. El trámite para que se haga efectiva la Ley Brisa hace imposible que la ayuda llegue cuando más la necesitan. Por Anabella Arrascaeta.

La peor deuda: las víctimas invisibles

Al cuerpo de Fátima lo encontró su hija de 13 años. Alejandra tenía un bebé de un año. Las hijas de Érica, de 7 y 3 años, quedaron al cuidado de sus hermanos mayores, de 19 y 20 años, y de sus tías. La hermana de Florencia, en San Luis, quedó a cargo de sus dos sobrinos. Los hijos de Rosana, de 13, 6 y 3, encontraron en Jujuy el cuerpo de su mamá, y el de su papá, el femicida, ahorcado. Yanina era madre de seis hijes. 

No son casos aislados. El sistema femicida dejó a más de 320 niños, niñas y adolescentes huérfanos durante 2020. Esta cifra seguramente es mayor: muchas veces las fuentes de información ni registran la cantidad de hijes que tenían las víctimas. Y así como el Estado no da información oficial sobre la cantidad de femicidios que se producen cada mes, tampoco lo hace sobre la cantidad de hijes que han perdido a sus madres en estos crímenes. Las infancias son las víctimas invisibles de los femicidios y esa invisibilización no es un mero descuido: el Estado tiene muchas deudas con ellas por no prevenir, por no cuidar, por no erradicar, y por no reparar.

El Observatorio Lucía Pérez decidió llevar registro de las infancias huérfanas por sugerencia de las propias familias. Fueron abuelas, abuelos, tías, quienes nos señalaron también la ausencia de ayuda estatal, porque son quienes se hacen cargo de sostener la vida de esos niñes: el desayuno, la ropa, la escuela. 

La falta de ley

El 19 de junio de 2017 en Mar del Plata Rafael Inglera apuñaló a Nancy Segura. Su hija Mili, que en ese momento tenía 4 años, vio cómo su papá mataba a su mamá. Brian, que tenía 11, estaba en la casa de Yésica, su tía, hermana de Nancy, que tras ese crimen se convirtió en madre adoptiva de sus dos sobrinos. Yésica tiene además un hijo de 10 años, y un bebé de meses. 

Las dos hermanas eran vendedoras ambulantes: vendían juntas kits de limpieza. A veces Yésica también limpia casas. En una de sus recorridas le contó a una mujer del barrio Bosque Peralta Ramos lo que había pasado con su hermana y que estaba preocupada por sus sobrines. “Tengo una amiga que puede ayudarte”, la esperanzó. Así conoció a Yamila Zavala Rodríguez, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo-Mar del Plata y de la Comisión Provincial por la Memoria, que la acompañó en la presentación para que sus sobrines reciban la Ley Brisa, que establece una reparación económica para les hijes de víctimas de femicidios, hasta los 21 años y sin límite de tiempo si existe alguna discapacidad. La reparación es equivalente al monto de una jubilación mínima, mensual y además contempla la atención integral de salud. Fue la primera presentación para la reparación que hubo en Mar del Plata. 

En la votación de la ley -que se aprobó por unanimidad el 4 de julio de 2018- la entonces diputada Fernanda Raverta, oriunda de Mar del Plata, contó la historia de Mili y  Brian-“Estos niños perdieron a su mamá en manos de un femicida”- y describió también a Yésica “una tía que tiene mucho coraje, que es muy humilde, pero que todos los días pelea para poder, por ejemplo, festejarles el cumpleaños a sus sobrinos”. La diputada terminó su intervención en el recinto leyendo una carta que Yésica había escrito a su hermana y había publicado en sus redes sociales. Durante la cuarentena Fernanda Raverta fue designada al frente de la ANSES, organismo donde se realiza el trámite para acceder a la Ley Brisa. 

Cuando este año comenzó el aislamiento, Yésica estaba embarazada de siete meses. No podía salir a trabajar como vendedora ambulante y solo uno de sus sobrinos estaba cobrando la reparación: Brian. Mili todavía no: el trámite demoró más porque la niña tiene una discapacidad.  Antes del inicio del aislamiento Yésica había llevado a su sobrina al Hospital Materno donde le hicieron todos los estudios requeridos para acceder a la pensión, pero por la pandemia, vencieron. Yésica ya sabe que el año próximo tendrá que volver a empezar con los trámites que garanticen lo que a su sobrina le corresponde de por vida. 

Cambiar algo y todo

«La justicia acá es muy lenta, casi inoperante”, dice Cintia del MTE Rural, compañera de Rosana Mazala que el día de su cumpleaños, 28 de septiembre de este año, fue asesinada por su marido en Perico, Jujuy. Sus hijos encontraron el cuerpo de su mamá y de su papá, que después del femicidio se ahorcó. “Los chicos hasta el momento no reciben ningún beneficio. Hubo mucha gente que se acercó para decirle que iban a hacer lo posible, pero hasta ahora, nada. No se está cumpliendo esta ley acá, y creo que deberían moverse rápido: ese beneficio es fundamental para los niños. Lo necesitan: estamos en tiempo de crisis y no hay trabajo”. 

Alejandra Nahir Álvarez, de 17 años, tenía un bebé de un año. Fue asesinada por su ex pareja, en San Salvador de Jujuy. Días después del femicidio la abogada Mariana Vargas,  patrocinante de la familia e integrante de la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy, acompañó a José y Deolinda -padres de Alejandra-, a una audiencia con el gobernador Gerardo Morales. José llevaba en brazos a su nieto. En la reunión no permitieron que ingrese la abogada, así que escribió una carta para señalarle una prioridad: “Señor Gobernador: la Ley Brisa recién va a poder ser percibida por los abuelos del bebé de Alejandra cuando la causa penal por femicidio se eleve a juicio oral. Hasta tanto ello ocurra, es necesario ver qué subsidio mensual equivalente puede percibir el bebé a través de sus abuelos y desde la provincia”.

Lo que la doctora Morales detalla con claridad es todo lo que padecen  las familias sobrevivientes de femicidios cuando quedan a cargo de sus nietes: la tramitación de la reparación no es un mero trámite: requiere patrocinio legal. Así se lo explicó la abogada a Morales: “Hay dos trámites importantes a realizar: la guarda/tutela de ese bebé en los Tribunales de Familia, y luego la supresión del apellido paterno en los juzgados de primera instancia. Necesitamos que ambos trámites gocen de Justicia Gratuita. El primero hace a todas las cuestiones que hoy requiere el bebé: obra social, iniciar trámites de Ley Brisa, y un perito (asistente social), que es un costo que las familias de víctimas de femicidio deben tener garantizado”.  

Respuestas oficiales

El acceso a la reparación garantizada por la Ley Brisa es difícil, engorroso y lento, principalmente porque el inicio del trámite es el inicio de un juicio. Es decir: para poder hacer el pedido de la reparación económica se requiere el inicio de un proceso penal, lo que implica tener recursos para poder contratar un abogado o esperar a tener un abogado oficial, que hoy demora varios meses. 

La Comisión Permanente de Seguimiento que tiene como finalidad monitorear y controlar el régimen de reparación económica está presidida por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y conformada por el Ministerio de las Mujeres, Diversidad y Género y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).  

Desde ANSES informaron a MU que el organismo “recepciona la documentación y genera el expediente electrónico que tramitan los tres organismos: ANSES, Ministerio de Mujeres, Diversidad y Géneros y SENNAF. Sobre el procedimiento informaron: “Una vez iniciado, es remitido al Ministerio de las Mujeres, Diversidad y Género, donde se coteja la documentación y se realiza el primer contacto con la persona que solicitó la reparación. Se elabora un informe técnico de la situación actual de la familia, que es remitido a la SENNAF para su evaluación, aprobación o eventual observación o desestimación, en el caso de corresponder. A su vez, tanto el Ministerio de las Mujeres, Diversidad y Género como la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia tienen competencias para brindar acompañamiento en el proceso de reparación, de acuerdo a la especificidad de cada organismo”. 

Actualmente el alcance del derecho establecido en la Ley Brisa llega  a 794 niñas, niños, adolescentes y jóvenes informó a MU el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, Gabriel Lerner. En diciembre de 2019 eran 350 las reparaciones entregadas, por lo cual enfatizan que hubo un incremento de 226,85%. “Hay 268 titulares en la provincia de Buenos Aires, siguiendo en cantidad las provincias de Santa Fe con 76, Mendoza con 66 y Córdoba con 60”, detalla Lerner. Desde octubre la reparación por mes es de  18.129 pesos. 

Las respuestas del secretario de Niñez, Gabriel Lerner:

¿La Secretaría tiene un cálculo estimado de tiempo que demoran las familias en acceder a la reparación?

Ahora la Secretaría está acompañando a conseguir las constancias, pero lo que hace más complejo es el tema de las dos constancias judiciales necesarias: hay que acreditar por un lado, la situación procesal del expediente penal que acredite la existencia de un hecho de femicidio y por otro lado, la constancia de otro juzgado de otra competencia, que es el Juzgado de Familia, que acredite la guarda del niño o la niña. Una vez que están esas dos constancias, en dos meses los trámites son asignados, a menos que las constancias no sean claras. Por eso nosotros, además de ponernos de acuerdo entre los organismos del Estado, nos pusimos en contacto con las familias, porque el problema es que los procedimientos judiciales son diferentes en todas las provincias. Por ejemplo: en la justicia nacional existen los auto procesamientos; eso implica que ni bien se  inicia un proceso al poco tiempo hay una persona imputada y se dicta el procesamiento, pero en la provincia de Buenos Aires no hay autoprocesamiento: hasta que no hay elevación a juicio no hay ningún fallo intermedio. Cada provincia tiene su particularidad en las guardas, en las tutelas y en los temas penales. 

¿Consideran que hay que cambiar el procedimiento?

Nosotros no lo podemos cambiar, es un tema de la ley. Les mandamos informes a los legisladores con todo esto. 

Otro problema son las carátulas, cuando las investigaciones no son llevadas adelante con femicidios.

Ese no es un problema de la ley, es un problema de si se está accediendo a la justicia o no. Si la justicia considera que no hubo femicidio no va a haber RENNYA (Reparación Económica para Niños, Niñas y Adolescentes).

¿Tienen diálogo con las familias?

No tenemos contacto con todas las familias. Sí tenemos contacto con las que necesitan acompañamiento, que necesitan asesoramiento, pero algunas  tramitan la reparación mediante apoderados. El problema aparece cuando hay se demora una documentación para completar el trámite. Yo me he abocado para que esto se acelere, que haya acceso más masivo. 

¿Se está garantizando el acompañamiento al acceso a la salud?

No ha habido mayores demandas, pero tendríamos que poder armar más sólidamente el programa. 

Alerta roja: informe sobre los canales de denuncia de violencias

El 8 de abril de 2020, a pocos días de iniciado el aislamiento social obligatorio, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta fue invitada a exponer ante la Banca de la Mujer del Senado de la Nación para informar sobre las medidas dispuestas por el Estado para prevenir el impacto de esta medida sanitaria en las mujeres víctimas de violencias.  En su extensa declaración, la ministra detalló dos medidas concretas: la declaración de la línea 144 como “servicio esencial” y la campaña barbijo rojo.

El pobre resultado cosechado por esa campaña exime de cualquier análisis sobre su eficacia, pero la persistencia del Estado Nacional en promocionar a la línea 144 como única puerta de acceso a los programas de prevención y asistencia a víctimas de violencia machista representa un problema central, con graves implicancias, tal como advertimos en nuestro informe de mayo de 2020. 

Los canales actuales

El Estado Nacional tiene tres líneas de atención a víctimas de violencia, aunque promociona solo una: 

La línea 144, creada a partir de la sanción de  Ley 26.485, que depende del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, con dos excepciones: Capital Federal y provincia de Buenos Aires. Esto implica que cualquier llamado recibido desde otras provincias es atendido por el centro de operaciones que funciona en CABA, que clasifica el caso y deriva la consulta a los recursos disponibles en el territorio donde  se origina la demanda. 

 Una consecuencia de la organización de la línea 144 la sufren los datos que suministran las fuentes estatales y, por lo tanto, deben considerarse oficiales. Mientras que la Ciudad de Buenos Aires informó en junio un aumento del 48% en las denuncias recibidas por esa línea durante la cuarentena, el Ministerio de Mujeres reportó un aumento del 29%. La diferencia en las cifras se explica en la multiplicidad de canales para denunciar violencia que hay a lo ancho y largo del territorio nacional. Un ejemplo: la provincia de Santa Fe implementó  el Teléfono Verde y una línea de Whatsapp. El Teléfono Verde recibió, en abril de 2020,  un promedio de 25 consultas  por cada día de aislamiento, pero en mayo las llamadas recibidas a través del servicio de mensajería superaron a las de la línea gratuita. Se trata de la provincia que registra mayor cantidad de femicidios desde que se llevan registros y en la que en cinco ciudades (incluidas la cabecera provincial y Rosario) hubo 8.733 denuncias de violencia de género durante el primer mes de cuarentena: desde el 20 de marzo al 27 de abril de este año.

Este año, además, quedó expuesto públicamente un dato alarmante: las trabajadoras que atienden la línea 144 denunciaron que ellas mismas están siendo sometidas a una situación de violencia laboral por parte del Estado. A la vulnerabilidad contractual, la ausencia de obra social y la inestabilidad laboral que padecen se sumó un atraso en el pago de los haberes. Por eso en mayo realizaron un paro para visibilizar la situación, con  el riesgo que implicó abandonar esa tarea que fue considerada esencial en el contexto de la cuarentena. 

La línea 137 depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación. Según explica su directora. Eva Giberti, es federal y “es suficiente marcar su número y las profesionales y los choferes policías llegarán dispuesto/as a enfrentar  violencias y acompañar a las víctimas”.   No hay información oficial sobre cuántas intervenciones realiza este programa.

En los hechos, ante una emergencia la línea a la que se pide urgente intervención es la 911, que conecta con la policía. Este año por primera vez se difundieron los datos sobre cuántas intervenciones realizó la línea 911 por casos de violencia de género durante la pandemia: recibió un total de 127.812 llamadas. Se trata, nada menos, de los casos más graves y de la demanda más urgida, que al sistematizarse podrían ofrecer  una cartografía de prevención mucho más certera que la que brindan los datos parciales de la línea 144.

Nuestro informe de junio reiteró: “Es urgente la unificación de los datos, diversificados por la multiplicidad de sistemas de ingreso de denuncias que al no centralizarse ni sistematizarse, invisibiliza información que permitiría prevenir y contener estas violencias. Reiteramos: no existe en todo el país una línea telefónica, sino varias, así como en cada ciudad argentina hay varios canales para denunciar violencias, sin duda motivados por la gran demanda que cosecha el aislamiento y la pandemia. Es tarea del Estado nacional unificar esa información en un registro único que permita focalizar así territorios, necesidades y, lo que es más importante, a dónde dirigir recursos”.

El cambio histórico

En noviembre, el Estado argentino anunció por segunda vez la creación de un sistema unificado de denuncias por violencia de género.

 La primera fue en abril de 2019, cuando a través de la  Resolución 351/2019 publicada en el Boletín Oficial  el 23 de abril de 2019,  creó el sistema Nacional de Denuncias por Violencia de Género (SIVIOGEN), dependiente del Ministerio de Seguridad, en ese momento a cargo de la ministra Paricia Bullrich. La resolución destaca en su primer objetivo que se propone “articular las bases de datos, diversificar y consolidar fuentes de información, como también coordinar, estandarizar e interoperar las diferentes bases”.

El segundo anuncio de lo mismo fue este año a través de la Resolución 408/2020, que comienza citando a la anterior –cuya implementación y resultados nunca fueron informados- para crear el Sistema Único de Registro por Violencia de Género (URGE), también dependiente del Ministerio de Seguridad, ahora a cargo de la ministra Sabina Andrea Federic.

La resolución reconoce que el Estado Nacional nunca creó la herramienta informática necesaria para hacer efectivo el sistema centralizado que anunció y promocionó Bullrich en los medios, y ordena a la Subsecretaría de Programación Federal y Articulación Legislativa que realice “el seguimiento de la implementación” de esta resolución. 

A partir de ahora que así sea, entonces,  es responsabilidad de la titular del área, la doctora Silvia La Ruffa.

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Femicidios, cifras y vidas: lo que Bullrich oculta

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Por el Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez

Todas las administraciones del Estado se han adjudicado falsamente la baja de femicidios y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich acaba de rendirle tributo a esta tradición. Pero las cifras del Observatorio Lucía Pérez, construidas a partir de casos judiciales, denuncias y relevamientos provinciales, demuestran una realidad diferente.

Antes de los números, una aclaración: el 2023 fue el primer año en que el Estado nacional publicó estadísticas criminales sin clasificar. Lo hizo con un archivo Excel desordenado que abarcaba una década, sin distinguir delitos ni consolidar provincias. Algunas jurisdicciones directamente no informaron datos en categorías sensibles, como violaciones. Así, la ciudadanía no puede verificar ni auditar los números oficiales.

En ese vacío, las declaraciones de Bullrich remiten a una lógica conocida: la de la inflación. Como con los precios, la diferencia entre los números oficiales y la vida real se amplía cuando se manipula o se oculta información.

Por eso, este Observatorio público y autogestionado carga 12 padrones de manera diaria. Para realizar un seguimiento estructural de la violencia machista, y también para controlar el rol del Estado.

A diferencia de los 178 registrados que mencionó la ministra, el Observatorio Lucía Pérez contabiliza 217 femicidios y travesticidios en lo que va del 2025. Estos son las cifras que pueden verse y verificarse, ya que el OLP es un padrón público:

Femicidios, cifras y vidas: lo que Bullrich oculta

Otro dato que se oculta es el que representan los femicidios cometidos y sufridos por integrantes de fuerzas de seguridad, que están bajo la responsabilidad de la ministra.

En 2025, el primer femicidio del año fue el de una mujer policía asesinada con su arma reglamentaria (Guadalupe Mena). Y el último, ocurrido apenas el 26, también: Daiana Raquel Da Rosa.

Si bien existen medidas para en estos casos limitar su acceso por parte de los uniformados por “representar un riesgo inminente para la víctima”, como indica la resolución 471/2020 del Ministerio de Seguridad de la Nación, los datos muestran que esto no siempre se cumple. Según el relevamiento de funcionarios denunciados por violencia de género del Observatorio Lucía Pérez, 71 de ellos pertenecen a las fuerzas de seguridad. Es decir que muy probamente porten armas.

Armas reglamentarias, vínculos jerárquicos y falta de sanción disciplinaria conforman una trama donde la violencia institucional se reproduce dentro y fuera de las comisarías. ¿Y Bullrich?

Más preguntas que emergen: ¿cómo se mide el porcentaje de crueldad? Los “narcofemicidios” de Lara, Brenda y Morena muestran una violencia cada vez más planificada y asociada a redes delictivas con complicidad del Estado.

Otra cifra invisibilizada en este crimen social que es un femicidio es la de las infancias huérfanas. En lo que va de 2025, el Observatorio registra 139 infancias huérfanas por femicidios. En todo 2024 fueron 173. Y detrás de cada una hay un Estado que sigue sin garantizar la Ley Brisa, que establece una reparación económica y acompañamiento a hijas e hijos de víctimas de femicidio.

Mientras la violencia machista sigue cobrando vidas, multiplicando huérfanos y exponiendo la precariedad institucional, el Estado tergiversa y oculta.

La pregunta es: ¿por qué?

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Un mes sin Brenda, Lara y Morena: lo que se sabe de la trama narcofemicida

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Este lunes se está cumpliendo un mes del triple narcofemicidio. La causa que investiga el asesinato de Brenda (20), Morena (20) y Lara (15) tiene nueve personas detenidas y tres prófugas. Una de ellas es Alex Ydone Castillo, acusado de ser el dueño de los 30 kilos de cocaína que habrían sido robados, posible móvil de los brutales asesinatos. 


Lo increíble: Castillo estaba preso pero fue excarcelado “por razones humanitarias” durante la pandemia del coronavirus, según lo reveló el periodista de Infobae Federico Fahsbender. En su artículo se detalla que Ydone Castillo había sido detenido en Argentina por una circular roja de Interpol –emitida desde Perú, su país de origen– por “un movimiento de 51 kilos de cocaína”. Fue la Sala II de Casación la que lo excarceló. Desde que quedó en libertad, el gobierno peruano tampoco envió en los plazos pertinentes el pedido formal de extradición. Y siguió libre.

Los otros dos prófugos de la causa del triple narcofemicidio son David González Huamani (“El loco David” o “El Tarta”, por tartamudo) y Manuel Valverde, tío de Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, que está detenido en Perú a la espera de un juicio de extradición. 

Los narcos robados

A Huamani, Celeste Magalí Guerrero (una de las detenidas que mayor información aportó) lo reconoció dentro de su casa del barrio Villa Vatteone. Fue una de las personas reconocida por tener guantes de látex. Huamani también aparece en la declaración de Víctor Sotacuro, detenido en Villazón, frontera con Bolivia, acusado de manejar el auto de apoyo a la Chevrolet Tracker blanca que levantó a las chicas en las calles de Ciudad Evita el 19 de septiembre. Sotacuro dijo que fue Huamani quien lo contrató para hacer los viajes de esa noche y que le pidió que le llevara ropa para cambiarse. Sotacuro declaró que lo fue a buscar a Varela y lo llevó hasta la 1-11-14, en el Bajo Flores, y dijo que Huamani estaba sucio de barro, al igual que otros dos hombres que se subieron a su auto. La mamá de Morena lo señaló como el que maneja la droga en Las Antenas, un barrio de Lomas del Mirador, y en la Palito, en San Justo, dos localidades de La Matanza. 

Según una de las hipótesis de la investigación, los prófugos Castillo, Huamani y Valverde integran la organización cuya droga había sido robada. Sobre ellos pesan órdenes de captura internacional. Esa línea también busca a otros tres sospechosos, todavía no identificados, pero que en el expediente aparecen como “NN Paco”, “NN Nero”, y el “canoso de la Glock”, en referencia al arma que llevaba un hombre que Guerrero ubicó en su casa, bajándose de la camioneta con Pequeño J, en las calles Río Samborombón y Chañar. 

Quiénes están en prisión

Hasta el momento las nueve personas detenidas son:

  • Daniela Ibarra (19) y Maximiliano Parra (18), quienes encontraron limpiando con lavandina la casa de Varela.
  • Celeste Magalí Guerrero (28) que alquilaba la casa. Su declaración aportó múltiples detalles que la justicia debe corroborar. Por un lado, explicó la estructura del clan, con jerarquías divididas en “Abuelos”, “Papás”, “Tíos”, “Pequeños” y “Mulos”, según el orden de importancia en la organización. Según su declaración, Pequeño J, que era presentado como el líder de una banda narco transnacional, en realidad tenía un rol menor, aunque lo ubicó en la escena del crimen. También declaró cómo esa noche fueron a comprar artículos de limpieza y bidones de nafta. 
  • Miguel Villanueva Silva (25), pareja de Guerrero. A ambos los detuvieron en un hotel alojamiento. Ella declaró que, al llegar a la casa de madrugada, lo vio con la mano ensangrentada y, según dijo, le confesó que había matado a una de las chicas al intentar escaparse. Un kiosquero del barrio de Florencio Varela dijo que Silva había ido a comprar con otro chico y que le dejó una mancha de sangre en la reja del comercio, que su mujer terminó limpiando. 
  • Ariel Giménez (29), uno de los acusados de cavar la fosa en la casa. 
  • Víctor Lázaro Sotacuro (41). Al principio se creía que solo era remisero pero, según Guerrero, tiene un lugar importante en la estructura. El hombre declaró que nunca estuvo en la escena, que no era el dueño de la droga robada, que tampoco era el jefe de la banda y que su apodo no era “El Duro”, como había dicho Guerrero. De todas formas, según La Nación, Sotacuro pagaba las cocheras en las que se estacionaban los cuatro vehículos de la banda: la Chevrolet Tracker blanca (que fue incendiada), el Volkswagen Fox blanco que manejó, un Renault 19 gris y un Chevrolet Cruze negro. Sus abogados pidieron un careo con Guerrero por supuestas “contradicciones”. 
  • Florencia Ibáñez (30), sobrina de Sotacuro, acompañante en el Volkswagen Fox, fue detenida luego de salir de los estudios de A24, donde defendió a su tío y dijo que habían pasado por el recorrido de la Tracker de casualidad. El fiscal Arribas dijo que Ibáñez reconoció que el móvil de los femicidios había sido un robo de un cargamento de droga que pertenecía a su pareja, el prófugo Alex Ydone Castillo.
  • Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, 20 años. Guerrero lo ubicó en su casa con Sotacuro y el “canoso de la Glock”. También dijo que Pequeño J había llamado a Villanueva para pedirle la casa para una fiesta. Está detenido en el penal de Cañete, en Perú, a la espera de la extradición. La declaración de Guerrero lo rebajó en la estructura: hoy está acusado de organizar dealers. Según la investigación, el abuelo y el papá de Valverde también se dedicaban al negocio narco. Su padre fue asesinado. Una cámara de seguridad ubicó a “Pequeño J” el 6 de septiembre a la salida de un pool de Flores con Lara y otra joven. 
  • Matías Ozorio (28), ladero de Pequeño J. Su historia es increíble y grafica una época: el periodista Carlos Burgueño contó que el joven tenía un trabajo en relación de dependencia en el Hospital Italiano –obra social, aportes, vacaciones, aguinaldo–, lugar del que se hizo echar, según sus familiares, para cobrar una indemnización que invirtió en el mundo cripto. Entre sus apuestas estuvo $Libra, bendecida por el presidente Javier Milei, cuyo desplome hizo a Ozorio perder todo y pedir un préstamo a un transa. Ya no se despegó de lo narco. Según Guerrero, fue una de las tres personas que cavó los pozos en la casa de Varela. Como Pequeño J, fue detenido en Perú. Guerrero también declaró que Ozorio le traía cocaína en 100 o 120 envoltorios que ella vendía a un valor de $10.000 cada uno. 

Vínculo de confianza

Según publicó La Nación, el fiscal Carlos Arribas describió: “Tras producirse la referida sustracción cuyos autores fueran presumiblemente allegados o conocidos las víctimas, fue que mediante maniobras de engaño, y ardides y aprovechándose de su especial condición de vulnerabilidad, integrantes de la organización mencionada precedentemente, en su mayoría de sexo masculino, lograron establecer un vínculo de confianza con las tres jóvenes, por lo que el 19 de septiembre de 2025, a las 21.29, consiguieron las jóvenes abordaran una Chevrolet Tracker blanca con dominio que había sido robado, en la que viajaban al menos tres personas. El vehículo contaba con el apoyo de un Volkswagen Fox blanco en el que circulaban al menos otras dos personas de la organización y de Chevrolet Cruze negro”. 

Según las publicaciones, todavía no está claro quiénes integran el grupo que habría robado el cargamento de cocaína. Pero la descripción de la estructura hace presumir que la causa está próxima a pasar a la órbita de la Justicia Federal.

Ya pasó un mes. 

Las familias de Brenda, Lara y Morena siguen exigiendo justicia. 

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Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

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Por Evangelina Bucari

Fotos: Carlos Luna @un_chino.of

Azul Mía Natasha Semeñenko soñaba con “ser Azul del todo”. Había iniciado su hormonización, esperaba turno para realizarse una cirugía de modificación corporal y, como escribió su compañera de trabajo y amiga Ivana Meske, “buscó amor en todas sus formas”. “No tuvo una ley de identidad de género que la protegiera en su infancia –recordó–; fue excluida, juzgada, maltratada. Aun así, siempre tejió redes: trabajamos con ella el cambio de DNI, buscó apoyo en el sistema de salud y batalló por operarse. ‘Voy a ser Azul cuando me operen’, solía decir”. No logró cumplir ese sueño porque fue asesinada. A dos días del hallazgo de su cuerpo, la lloran y despiden en el Cementerio Central de la ciudad de Neuquén.

Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

El 25 de septiembre, día de su cumpleaños 49, Azul dejó de responder mensajes. Sus compañeras de trabajo se preocuparon y la buscaron; el Estado no lo hizo tan rápido. Si bien les tomaron la denuncia, la Policía recién publicó la búsqueda el 30, cinco días después. Tras marchas y movilizaciones junto al movimiento trans y feminista para visibilizar su desaparición, tres semanas más tarde, el 15 de octubre a la noche, el Ministerio Público Fiscal neuquino informó la identificación de un cuerpo hallado en un canal de Valentina Norte: era ella, había sido víctima de un transfemicidio. De acuerdo con la autopsia preliminar, sufrió heridas punzocortantes en tórax y brazos y fracturas en la cara. La investigación está ahora a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi.

La vida de Azul no había sido fácil. Como muchas otras chicas trans, su camino estuvo atravesado por diferentes formas de discriminación, violencias y vulneraciones: estaba alejada de su entorno familiar, con quienes no tenía contacto; tiempo atrás había tenido que ejercer el trabajo sexual como forma de subsistencia y, en algún momento, había caído en consumos problemáticos. Por eso, cuando en 2017 entró a trabajar en la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia como maestranza, ese espacio y sus compañeras se transformaron en su familia elegida junto a sus amigas trans que la acompañaban en su proceso. Con el cambio de gobierno en 2023, había sido trasladada de área y actualmente trabajaba como auxiliar en el Centro de Atención a las Víctimas de Violencia de Género.

Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

La bandera en la marcha.

Apenas conocida la noticia del transfemicidio, el 16 de octubre hubo una gran marcha y abrazo colectivo. Durante la manifestación, se sumó Marcos, el hermano de Azul, que compartió el dolor de la familia pese a estar distanciados y su pedido de que el caso no quede impune.

En ese encuentro llegó el desahogo y se multiplicaron los recuerdos de quienes compartían los días con ella y la describieron: atenta con todos, llevando siempre “un matecito o café caliente”, preguntando todo el tiempo si alguien necesitaba algo o haciéndose cargo de cubrir tareas si alguien faltaba; una mujer tímida pero alegre, que personalizó su rinconcito en la oficina y que ahora nadie se anima a tocar. “Escuchar los relatos muestra cómo para Azul el trabajo fue un lugar de pertenencia. Fueron las compañeras quienes tomaron la búsqueda desde el primer día”, destacó Mariana Sarin, secretaria de Género de la CTA Autónoma provincial y delegada de ATE.

Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

La presencia mapuche en el acto por Azul.

Cecilia Vacarezza era compañera de Azul desde sus inicios y se habían reencontrado este año en la Dirección Provincial de Protección Integral de las Violencias. La recuerda llegando en bicicleta y siendo de las últimas en irse: “Era querida por todas y todos. Luchó por su identidad, estaba feliz porque podía ser ella misma. Nos arrebataron su vida de una forma brutal”, contó entre sollozos por mensajes de WhatsApp. Muchas no podían ni hablar.

“El primer día que llegó estaba tímida. Le pregunté cómo quería que la llamara y me dijo ‘Azul’. Desde entonces se fue ganando su lugar, con su libertad, su alegría y su forma única de ser”, escribió en redes Rosana Arévalo, otra compañera de trabajo. “Voy a extrañar que camine por los pasillos cantando en inglés –continúo–, que me diga ‘Amore, ¿te traigo algo?’, que me escriba para pedirme ayuda o que me cuente que ya atendió a todos. Voy a extrañar sus stickers, sus audios, su risa pilla, sus mensajes”.

Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

Las voces de ternura y afecto se replican. Carolina Guajardo, exsubsecretaria de Niñez y Adolescencia, fue su jefa: “En su aspecto se notaban las marcas de una vida dura, pero en su actitud siempre fue amorosa y muy atenta”, recuerda. Rememora las charlas que tenían, los consejos que pedía, su deseo de ser “realmente Azul” y lo leal que era. Repite la anécdota del cafecito, y cree que era así porque estaba muy agradecida después de una “vida que le había sido vulnerada millones de veces”.

La violencia avanza

El asesinato de Azul se inscribe en una violencia persistente: desde enero, el Observatorio Lucía Pérez contabiliza 213 femicidios y transfemicidios. La estadística no alcanza para decir quién era, pero explica el miedo y la bronca que se tradujeron en calle. “Somos parte de una marea que dice basta. El Estado es responsable de garantizar la vida y la seguridad de todas”, dice Vacarezza con angustia. 

Para quienes reclaman justicia y piden que haya más prevención, la decisión del Gobierno provincial de declarar dos días de duelo en memoria de Azul y disponer banderas a media asta en edificios públicos “no reemplaza la política pública”. “El Gobierno provincial decretó dos días de duelo, pero nadie se comunicó con la familia durante la búsqueda: es un parche en medio de la campaña”, cuestionó Guajardo, que además es parte de la colectiva feminista La Revuelta.

Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

Por su parte, Sarin apuntó al sistema judicial “machista y patriarcal” y a la necesidad de “exigir justicia en la calle”. “Desde las organizaciones denunciamos que la política de odio hacia mujeres y diversidades del gobierno de Milei mata; el desmantelamiento de los servicios de asistencia también mata”, afirmó la referente de la CTA y detalló que Azul es la tercera víctima reconocida de asesinato por violencia de género en la provincia, pero que “hay otras muertes violentas catalogadas como suicidios” y que siguen reclamando por Luciana Muñoz, desaparecida hace 15 meses.

Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

Para la secretaria de Género de la CTA Autónoma neuquina, el transfemicidio de Azul ocurre en una provincia donde a igual que a nivel nacional “las políticas de género fueron vaciadas y el clima de odio se traduce en retrocesos concretos”.

Sarin también advirtió sobre el avance de grupos conservadores evangelistas en Neuquén. Uno de los ejemplos que dio es el de la candidata que encabeza la lista de senadores libertarios por la provincia, Nadia Márquez, hoy diputada nacional con protagonismo en la Cámara Baja. Su padre, un pastor evangélico, fue uno de los pocos que recibió fondos de ayuda alimentaria desde el Ministerio de Capital Humano nacional. «Ellos hacen política para volver a encerrar a las mujeres en la casa, para volver a meter a niñas y niños bajo la égida de la familia y que no tengan derechos garantizados por el Estado. Entendieron que el movimiento de mujeres y diversidades, con su cuestionamiento al orden patriarcal, era un riesgo para su poder político y económico, y decidieron ir contra nosotras”, aseguró la dirigenta.

Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

También alertó sobre otros grupos antifemnistas como la organización Padres de Río Negro y Neuquén, “que obtuvo declaración de interés legislativo”. Explicó que son padres que promueve la idea de que los niños son ‘rehenes’ de sus madres» y detalló que «instalaron un tráiler frente al Juzgado de Familia, justo donde las mujeres deben presentarse a denunciar. Lo llenaron de carteles y banderas: para ir a denunciar, hay que pasar por el medio de eso”.

“Trabajo en la 148 y veo a diario casos que no encuentran respuesta; a veces el botón antipánico no funciona o no hay. Decimos ‘riesgo de femicidio’, pero ¿qué significa si no se actúa?”, interpeló Guajardo.

Hasta ahora no se sabe qué pasó. La última conexión del celular de Azul se ubicó en la zona del río Neuquén; su cuerpo fue hallado envuelto y atado, en avanzado estado de descomposición. El paso de los días borra pruebas. Por eso, queda una certeza entre quienes la quisieron: la pelea es por memoria y justicia y se convocó para una gran movilización para el 21 de octubre para pedir por el esclarecimiento del crimen. “Vamos a seguir, ya tenemos comprada la vereda de la Ciudad Judicial”, concluyó Sarin.

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