Las infancias huérfanas por los femicidios son las víctimas ignoradas por las políticas estatales y los análisis académicos. En muchos casos fueron testigos de los crímenes, en otros perdieron a ambos padres: una asesinada, otro suicidado. El trámite para que se haga efectiva la Ley Brisa hace imposible que la ayuda llegue cuando más la necesitan. Por Anabella Arrascaeta.

Al cuerpo de Fátima lo encontró su hija de 13 años. Alejandra tenía un bebé de un año. Las hijas de Érica, de 7 y 3 años, quedaron al cuidado de sus hermanos mayores, de 19 y 20 años, y de sus tías. La hermana de Florencia, en San Luis, quedó a cargo de sus dos sobrinos. Los hijos de Rosana, de 13, 6 y 3, encontraron en Jujuy el cuerpo de su mamá, y el de su papá, el femicida, ahorcado. Yanina era madre de seis hijes. 

No son casos aislados. El sistema femicida dejó a más de 320 niños, niñas y adolescentes huérfanos durante 2020. Esta cifra seguramente es mayor: muchas veces las fuentes de información ni registran la cantidad de hijes que tenían las víctimas. Y así como el Estado no da información oficial sobre la cantidad de femicidios que se producen cada mes, tampoco lo hace sobre la cantidad de hijes que han perdido a sus madres en estos crímenes. Las infancias son las víctimas invisibles de los femicidios y esa invisibilización no es un mero descuido: el Estado tiene muchas deudas con ellas por no prevenir, por no cuidar, por no erradicar, y por no reparar.

El Observatorio Lucía Pérez decidió llevar registro de las infancias huérfanas por sugerencia de las propias familias. Fueron abuelas, abuelos, tías, quienes nos señalaron también la ausencia de ayuda estatal, porque son quienes se hacen cargo de sostener la vida de esos niñes: el desayuno, la ropa, la escuela. 

La falta de ley

El 19 de junio de 2017 en Mar del Plata Rafael Inglera apuñaló a Nancy Segura. Su hija Mili, que en ese momento tenía 4 años, vio cómo su papá mataba a su mamá. Brian, que tenía 11, estaba en la casa de Yésica, su tía, hermana de Nancy, que tras ese crimen se convirtió en madre adoptiva de sus dos sobrinos. Yésica tiene además un hijo de 10 años, y un bebé de meses. 

Las dos hermanas eran vendedoras ambulantes: vendían juntas kits de limpieza. A veces Yésica también limpia casas. En una de sus recorridas le contó a una mujer del barrio Bosque Peralta Ramos lo que había pasado con su hermana y que estaba preocupada por sus sobrines. “Tengo una amiga que puede ayudarte”, la esperanzó. Así conoció a Yamila Zavala Rodríguez, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo-Mar del Plata y de la Comisión Provincial por la Memoria, que la acompañó en la presentación para que sus sobrines reciban la Ley Brisa, que establece una reparación económica para les hijes de víctimas de femicidios, hasta los 21 años y sin límite de tiempo si existe alguna discapacidad. La reparación es equivalente al monto de una jubilación mínima, mensual y además contempla la atención integral de salud. Fue la primera presentación para la reparación que hubo en Mar del Plata. 

En la votación de la ley -que se aprobó por unanimidad el 4 de julio de 2018- la entonces diputada Fernanda Raverta, oriunda de Mar del Plata, contó la historia de Mili y  Brian-“Estos niños perdieron a su mamá en manos de un femicida”- y describió también a Yésica “una tía que tiene mucho coraje, que es muy humilde, pero que todos los días pelea para poder, por ejemplo, festejarles el cumpleaños a sus sobrinos”. La diputada terminó su intervención en el recinto leyendo una carta que Yésica había escrito a su hermana y había publicado en sus redes sociales. Durante la cuarentena Fernanda Raverta fue designada al frente de la ANSES, organismo donde se realiza el trámite para acceder a la Ley Brisa. 

Cuando este año comenzó el aislamiento, Yésica estaba embarazada de siete meses. No podía salir a trabajar como vendedora ambulante y solo uno de sus sobrinos estaba cobrando la reparación: Brian. Mili todavía no: el trámite demoró más porque la niña tiene una discapacidad.  Antes del inicio del aislamiento Yésica había llevado a su sobrina al Hospital Materno donde le hicieron todos los estudios requeridos para acceder a la pensión, pero por la pandemia, vencieron. Yésica ya sabe que el año próximo tendrá que volver a empezar con los trámites que garanticen lo que a su sobrina le corresponde de por vida. 

Cambiar algo y todo

«La justicia acá es muy lenta, casi inoperante”, dice Cintia del MTE Rural, compañera de Rosana Mazala que el día de su cumpleaños, 28 de septiembre de este año, fue asesinada por su marido en Perico, Jujuy. Sus hijos encontraron el cuerpo de su mamá y de su papá, que después del femicidio se ahorcó. “Los chicos hasta el momento no reciben ningún beneficio. Hubo mucha gente que se acercó para decirle que iban a hacer lo posible, pero hasta ahora, nada. No se está cumpliendo esta ley acá, y creo que deberían moverse rápido: ese beneficio es fundamental para los niños. Lo necesitan: estamos en tiempo de crisis y no hay trabajo”. 

Alejandra Nahir Álvarez, de 17 años, tenía un bebé de un año. Fue asesinada por su ex pareja, en San Salvador de Jujuy. Días después del femicidio la abogada Mariana Vargas,  patrocinante de la familia e integrante de la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy, acompañó a José y Deolinda -padres de Alejandra-, a una audiencia con el gobernador Gerardo Morales. José llevaba en brazos a su nieto. En la reunión no permitieron que ingrese la abogada, así que escribió una carta para señalarle una prioridad: “Señor Gobernador: la Ley Brisa recién va a poder ser percibida por los abuelos del bebé de Alejandra cuando la causa penal por femicidio se eleve a juicio oral. Hasta tanto ello ocurra, es necesario ver qué subsidio mensual equivalente puede percibir el bebé a través de sus abuelos y desde la provincia”.

Lo que la doctora Morales detalla con claridad es todo lo que padecen  las familias sobrevivientes de femicidios cuando quedan a cargo de sus nietes: la tramitación de la reparación no es un mero trámite: requiere patrocinio legal. Así se lo explicó la abogada a Morales: “Hay dos trámites importantes a realizar: la guarda/tutela de ese bebé en los Tribunales de Familia, y luego la supresión del apellido paterno en los juzgados de primera instancia. Necesitamos que ambos trámites gocen de Justicia Gratuita. El primero hace a todas las cuestiones que hoy requiere el bebé: obra social, iniciar trámites de Ley Brisa, y un perito (asistente social), que es un costo que las familias de víctimas de femicidio deben tener garantizado”.  

Respuestas oficiales

El acceso a la reparación garantizada por la Ley Brisa es difícil, engorroso y lento, principalmente porque el inicio del trámite es el inicio de un juicio. Es decir: para poder hacer el pedido de la reparación económica se requiere el inicio de un proceso penal, lo que implica tener recursos para poder contratar un abogado o esperar a tener un abogado oficial, que hoy demora varios meses. 

La Comisión Permanente de Seguimiento que tiene como finalidad monitorear y controlar el régimen de reparación económica está presidida por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y conformada por el Ministerio de las Mujeres, Diversidad y Género y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).  

Desde ANSES informaron a MU que el organismo “recepciona la documentación y genera el expediente electrónico que tramitan los tres organismos: ANSES, Ministerio de Mujeres, Diversidad y Géneros y SENNAF. Sobre el procedimiento informaron: “Una vez iniciado, es remitido al Ministerio de las Mujeres, Diversidad y Género, donde se coteja la documentación y se realiza el primer contacto con la persona que solicitó la reparación. Se elabora un informe técnico de la situación actual de la familia, que es remitido a la SENNAF para su evaluación, aprobación o eventual observación o desestimación, en el caso de corresponder. A su vez, tanto el Ministerio de las Mujeres, Diversidad y Género como la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia tienen competencias para brindar acompañamiento en el proceso de reparación, de acuerdo a la especificidad de cada organismo”. 

Actualmente el alcance del derecho establecido en la Ley Brisa llega  a 794 niñas, niños, adolescentes y jóvenes informó a MU el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, Gabriel Lerner. En diciembre de 2019 eran 350 las reparaciones entregadas, por lo cual enfatizan que hubo un incremento de 226,85%. “Hay 268 titulares en la provincia de Buenos Aires, siguiendo en cantidad las provincias de Santa Fe con 76, Mendoza con 66 y Córdoba con 60”, detalla Lerner. Desde octubre la reparación por mes es de  18.129 pesos. 

Las respuestas del secretario de Niñez, Gabriel Lerner:

¿La Secretaría tiene un cálculo estimado de tiempo que demoran las familias en acceder a la reparación?

Ahora la Secretaría está acompañando a conseguir las constancias, pero lo que hace más complejo es el tema de las dos constancias judiciales necesarias: hay que acreditar por un lado, la situación procesal del expediente penal que acredite la existencia de un hecho de femicidio y por otro lado, la constancia de otro juzgado de otra competencia, que es el Juzgado de Familia, que acredite la guarda del niño o la niña. Una vez que están esas dos constancias, en dos meses los trámites son asignados, a menos que las constancias no sean claras. Por eso nosotros, además de ponernos de acuerdo entre los organismos del Estado, nos pusimos en contacto con las familias, porque el problema es que los procedimientos judiciales son diferentes en todas las provincias. Por ejemplo: en la justicia nacional existen los auto procesamientos; eso implica que ni bien se  inicia un proceso al poco tiempo hay una persona imputada y se dicta el procesamiento, pero en la provincia de Buenos Aires no hay autoprocesamiento: hasta que no hay elevación a juicio no hay ningún fallo intermedio. Cada provincia tiene su particularidad en las guardas, en las tutelas y en los temas penales. 

¿Consideran que hay que cambiar el procedimiento?

Nosotros no lo podemos cambiar, es un tema de la ley. Les mandamos informes a los legisladores con todo esto. 

Otro problema son las carátulas, cuando las investigaciones no son llevadas adelante con femicidios.

Ese no es un problema de la ley, es un problema de si se está accediendo a la justicia o no. Si la justicia considera que no hubo femicidio no va a haber RENNYA (Reparación Económica para Niños, Niñas y Adolescentes).

¿Tienen diálogo con las familias?

No tenemos contacto con todas las familias. Sí tenemos contacto con las que necesitan acompañamiento, que necesitan asesoramiento, pero algunas  tramitan la reparación mediante apoderados. El problema aparece cuando hay se demora una documentación para completar el trámite. Yo me he abocado para que esto se acelere, que haya acceso más masivo. 

¿Se está garantizando el acompañamiento al acceso a la salud?

No ha habido mayores demandas, pero tendríamos que poder armar más sólidamente el programa. 

Alerta roja: informe sobre los canales de denuncia de violencias

El 8 de abril de 2020, a pocos días de iniciado el aislamiento social obligatorio, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta fue invitada a exponer ante la Banca de la Mujer del Senado de la Nación para informar sobre las medidas dispuestas por el Estado para prevenir el impacto de esta medida sanitaria en las mujeres víctimas de violencias.  En su extensa declaración, la ministra detalló dos medidas concretas: la declaración de la línea 144 como “servicio esencial” y la campaña barbijo rojo.

El pobre resultado cosechado por esa campaña exime de cualquier análisis sobre su eficacia, pero la persistencia del Estado Nacional en promocionar a la línea 144 como única puerta de acceso a los programas de prevención y asistencia a víctimas de violencia machista representa un problema central, con graves implicancias, tal como advertimos en nuestro informe de mayo de 2020. 

Los canales actuales

El Estado Nacional tiene tres líneas de atención a víctimas de violencia, aunque promociona solo una: 

La línea 144, creada a partir de la sanción de  Ley 26.485, que depende del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, con dos excepciones: Capital Federal y provincia de Buenos Aires. Esto implica que cualquier llamado recibido desde otras provincias es atendido por el centro de operaciones que funciona en CABA, que clasifica el caso y deriva la consulta a los recursos disponibles en el territorio donde  se origina la demanda. 

 Una consecuencia de la organización de la línea 144 la sufren los datos que suministran las fuentes estatales y, por lo tanto, deben considerarse oficiales. Mientras que la Ciudad de Buenos Aires informó en junio un aumento del 48% en las denuncias recibidas por esa línea durante la cuarentena, el Ministerio de Mujeres reportó un aumento del 29%. La diferencia en las cifras se explica en la multiplicidad de canales para denunciar violencia que hay a lo ancho y largo del territorio nacional. Un ejemplo: la provincia de Santa Fe implementó  el Teléfono Verde y una línea de Whatsapp. El Teléfono Verde recibió, en abril de 2020,  un promedio de 25 consultas  por cada día de aislamiento, pero en mayo las llamadas recibidas a través del servicio de mensajería superaron a las de la línea gratuita. Se trata de la provincia que registra mayor cantidad de femicidios desde que se llevan registros y en la que en cinco ciudades (incluidas la cabecera provincial y Rosario) hubo 8.733 denuncias de violencia de género durante el primer mes de cuarentena: desde el 20 de marzo al 27 de abril de este año.

Este año, además, quedó expuesto públicamente un dato alarmante: las trabajadoras que atienden la línea 144 denunciaron que ellas mismas están siendo sometidas a una situación de violencia laboral por parte del Estado. A la vulnerabilidad contractual, la ausencia de obra social y la inestabilidad laboral que padecen se sumó un atraso en el pago de los haberes. Por eso en mayo realizaron un paro para visibilizar la situación, con  el riesgo que implicó abandonar esa tarea que fue considerada esencial en el contexto de la cuarentena. 

La línea 137 depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación. Según explica su directora. Eva Giberti, es federal y “es suficiente marcar su número y las profesionales y los choferes policías llegarán dispuesto/as a enfrentar  violencias y acompañar a las víctimas”.   No hay información oficial sobre cuántas intervenciones realiza este programa.

En los hechos, ante una emergencia la línea a la que se pide urgente intervención es la 911, que conecta con la policía. Este año por primera vez se difundieron los datos sobre cuántas intervenciones realizó la línea 911 por casos de violencia de género durante la pandemia: recibió un total de 127.812 llamadas. Se trata, nada menos, de los casos más graves y de la demanda más urgida, que al sistematizarse podrían ofrecer  una cartografía de prevención mucho más certera que la que brindan los datos parciales de la línea 144.

Nuestro informe de junio reiteró: “Es urgente la unificación de los datos, diversificados por la multiplicidad de sistemas de ingreso de denuncias que al no centralizarse ni sistematizarse, invisibiliza información que permitiría prevenir y contener estas violencias. Reiteramos: no existe en todo el país una línea telefónica, sino varias, así como en cada ciudad argentina hay varios canales para denunciar violencias, sin duda motivados por la gran demanda que cosecha el aislamiento y la pandemia. Es tarea del Estado nacional unificar esa información en un registro único que permita focalizar así territorios, necesidades y, lo que es más importante, a dónde dirigir recursos”.

El cambio histórico

En noviembre, el Estado argentino anunció por segunda vez la creación de un sistema unificado de denuncias por violencia de género.

 La primera fue en abril de 2019, cuando a través de la  Resolución 351/2019 publicada en el Boletín Oficial  el 23 de abril de 2019,  creó el sistema Nacional de Denuncias por Violencia de Género (SIVIOGEN), dependiente del Ministerio de Seguridad, en ese momento a cargo de la ministra Paricia Bullrich. La resolución destaca en su primer objetivo que se propone “articular las bases de datos, diversificar y consolidar fuentes de información, como también coordinar, estandarizar e interoperar las diferentes bases”.

El segundo anuncio de lo mismo fue este año a través de la Resolución 408/2020, que comienza citando a la anterior –cuya implementación y resultados nunca fueron informados- para crear el Sistema Único de Registro por Violencia de Género (URGE), también dependiente del Ministerio de Seguridad, ahora a cargo de la ministra Sabina Andrea Federic.

La resolución reconoce que el Estado Nacional nunca creó la herramienta informática necesaria para hacer efectivo el sistema centralizado que anunció y promocionó Bullrich en los medios, y ordena a la Subsecretaría de Programación Federal y Articulación Legislativa que realice “el seguimiento de la implementación” de esta resolución. 

A partir de ahora que así sea, entonces,  es responsabilidad de la titular del área, la doctora Silvia La Ruffa.