Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez. Un padrón abierto y autogestionado. Un acompañamiento a los familiares víctimas de la máquina femicida. Un seguimiento de la impunidad judicial. Y un espacio para recordar las vidas de mujeres, trans y travestis asesinadas por hombres. Inspirado en y pensado para las jóvenes como Lucía Pérez, que construirán un mundo con otra mirada, sin machismo y con la memoria que intenta dejar sentado este registro.

No son cifras. 
Es el registro social de aquello que el Estado no hace, a pesar de estar obligado. 
No son números. 

Es la cartografía de la violencia patriarcal y la descripción de cómo opera el Poder Judicial, la policía y las pocas medidas de protección con las que cuentan las víctimas antes de ingresar a esta dolorosa planilla.

Así se presenta el primer registro público y autogestivo de violencia patriarcal, el Observatorio Lucía Pérez. Con la autorización de su familia, el nombre y la mirada de Lucía son el sello de este observatorio que viene a exponer con identidades y análisis la realidad violenta que padecen miles de mujeres, travestis, trans, lesbianas y niñas en Argentina. 

El monitoreo de los medios de comunicación y las redes sociales, lo que organizaciones sociales y feministas denuncian, el boca a boca, y los mails que envían con información de causas y dolores, engrosan semana a semana la planilla que releva los casos de femicidios, travesticidios, muertes por abortos clandestinos y desaparecidas. Todos los meses la cifra aumenta: más crímenes de odio, más desaparecidas en contextos de violencia, más abortos que se complican por la clandestinidad, más infancias que quedan huérfanas. 

La mirada se completa con familias sobrevivientes de femicidios que aportan análisis y perspectivas para elaborar los informes que el Observatorio Lucía Pérez publica mensualmente. “¿Cómo poner fin a estas violencias? ¿Cómo construir el Nunca Más del Ni Una Menos?”, son las dos preguntas clave que el Observatorio codo a codo con las familias hacen desde y para la sociedad.

Lo que se ve duele: impunidad; violencia judicial, estatal y policial; desidia; desinformación, y falta de políticas públicas efectivas. 

Así las respuestas se construyen desde los pies. El último informe muestra a vecinas y vecinos de distintos puntos del país movilizados frente a los femicidios que hubo en sus territorios. Explica el informe: “Hasta tanto el Estado anuncie las respuestas que necesitamos, la sociedad argentina debe exponerse, desafiar la cuarentena, el frío y la comodidad para gritar en las calles lo que se niegan a escuchar”. 

Escuchemos.

Justicia patriarcal

La máquina femicida tiene múltiples engranajes. Uno es el Poder Judicial. El acceso es restrictivo. Los procesos son lentos, revictimizantes e insuficientes. No hay que ir más lejos que el nombre del Observatorio para verlo: aun cuando el fallo de Lucía Pérez fue anulado, tres jueces -dos de los cuales siguen en funciones- condenaron la venta de drogas y no el femicidio y abuso de una joven de 16 años. 

Cristina Montserrat Hendrickse, abogada, militante transfeminista e integrante del Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez, analiza la situación judicial a partir de los datos que revela el padrón autogestivo: “Advertimos una reticencia en general a calificar los femicidios como tales. Hay una gran proporción de este tipo de actitudes de querer desplazar el hecho del concepto de femicidio en una calificación menor. Y esto es importante no solo desde lo cultural en cuanto a la visibilización, sino también en cuanto a la condena. La pena prevista para el homicidio simple es de 8 a 25 años y la de femicidio es perpetua. La creación de la figura del femicidio en el año 2012, además de aumentar la pena y tratar de aumentar la mayor prevención individual y general respecto del femicidio, cumple una función de visibilización, de evitar el negacionismo de esta pandemia – la de los femicidios – que sufre no sólo la Argentina, sino toda la humanidad”. 

¿Con qué perspectiva el poder judicial da tratamiento a la violencia machista?

Hay una clara deficiencia en cuanto al Poder Judicial en la medida que se resisten a encuadrar la violencia de género como tal cuando tenemos un varón agresor y una víctima mujer, ahí tenemos la desigualdad. Cuando tenemos los elementos que caracterizan a esta violencia y la califican de otra manera, por ejemplo como homicidio simple, averiguación de muerte o resistencia, en vez de calificarlo como femicidio. 

#AbortoLegalYA

En lo que va del año, al menos tres mujeres fallecieron por practicarse abortos clandestinos durante el aislamiento por la pandemia de Covid-19: dos en la Provincia de Buenos Aires y una en Formosa. También, en Santiago del Estero, a una niña de 12 años que había sufrido un abuso sexual no le garantizaron la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) cuando la solicitó.  El Observatorio informó que “durante la cuarentena los llamados a la Línea de Salud Sexual del Ministerio de Salud para acceder a abortos legales subieron más de 500 por ciento” y que según esta fuente oficial “pasaron de un promedio de 5 a 11 consultas diarias a 70 cada 24 horas. En el aislamiento social, preventivo y obligatorio la demanda telefónica para ser acompañada en el acceso a un aborto legal creció 536 por ciento”.

El registro de las muertes por abortos clandestinos es parte del padrón que el Observatorio lleva adelante día a día. 

Infancias huérfanas

Según el Observatorio Lucía Pérez, este año más de 200 niños, niñas y adolescentes perdieron a su madre por la violencia machista. Esta cifra podría ser mayor: no siempre se puede acceder a saber la cantidad de hijxs que tenían las víctimas. La decisión de incorporar en el padrón el registro de cuántos hijes tenía la victima de femicidio nació desde las familias. El acompañamiento que se hacen les permitió ver claramente cómo el Estado está ausente en el después. Son las propias familias quienes se hacen cargo de sostener y costear la vida de les niñes: desde el desayuno de cada día hasta la ropa o la escuela. 

A dos años de la sanción de la Ley Brisa, son muchas las dificultades de los familiares que tienen a su cargo lograr que las criaturas accedan al resarcimiento que el Estado debe entregar: atención integral de la salud y una reparación económica que equivale a una jubilación mínima (hoy 16.864 pesos) hasta los 21 años y sin límite de tiempo si hay alguna discapacidad. 

El Observatorio relevó en uno de sus informes las declaraciones periodísticas de Florencia Marinaro, subsecretaria de Mujeres, Género y Diversidad de Santa Fe, quien ante la consulta y demanda del acceso a la reparación admitió “la complejidad del trámite”, y detalló: “Para iniciar el trámite, que es un juicio en sí, se requiere no solo tener el cuidado de los niños, sino recursos para contratar un abogado o bien esperar para que el sobrecargado sistema judicial lo haga a través de abogados oficiales”. 

La implementación de la Ley Brisa depende del comité Permanente de Seguimiento (COPESE) que integran la Secretaría de Niñez, el ANSES y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación. Informa el ANSES a MU que “en julio el alcance del derecho totalizó en 642 personas”. Sin embargo, mirando la cifra de femicidios de los últimos años la pregunta es urgente: ¿cómo hará el Estado para rastrear y llegar a todxs?

El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad informó por su parte que “en conjunto con ANSES y SENNAF, se está analizando la normativa vigente con el fin de agilizar la accesibilidad a la reparación”. 

Ninguna de las dos carteras informó qué funcionarios están a cargo de gestionar la Reparación Económica para las Niñas, Niños y Adolescentes. 

Construir el límite

Frente a la falta de datos oficiales la respuesta es colectiva y por abajo. Las organizaciones sociales y feministas salen a denunciar los casos y las realidades que se viven en los territorios. De esa red se nutre este Observatorio, que viene a mostrar con sus informes las ausencias del Estado a lo largo y ancho del país respecto a la violencia patriarcal. La sociedad construye herramientas y contención donde el Estado hace agua. 

Así, con estos datos autogestionados a la vista, se piensa cómo actuar, qué presente tejemos para cambiar el futuro. “El Observatorio aporta una realidad en la cual vivimos, estos datos son las mujeres muertas con nombre y apellido, con su edad, quiénes eran y quién las mató. Es deplorable y tristísimo para las mujeres tener que salir a pedirle al Estado que se haga presente para que no nos maten. Lo vamos a seguir haciendo porque nada ha cambiado, vamos a salir a la calle, en nuestras casas no nos vamos a quedar”, asegura Marta Montero, la mamá de Lucía Pérez.  

El Observatorio marca ese faro:

“Sin datos, estamos a ciegas.
Sin políticas, estamos condenadas.
Construimos con este padrón una herramienta para desobedecer ese destino”.

Generación Ni Una Menos

El cuerpo de Ludmila Pretti -14 años- fue encontrado semidesnudo y dentro de una bolsa el domingo 6 de septiembre, en la casa de Cristian Jerez, un joven de 19 años, en la localidad de Francisco Álvarez, partido bonaerense de Moreno. Jerez está detenido: estuvo prófugo un día después de que se escapara de la comisaría, luego de haber hablado incluso con el papá de la joven, diciendo que iba a buscar su DNI y nunca regresó. La inoperancia desató la rabia frente a la unidad policial, principalmente de las amigas de Ludmila, jóvenes de 14 y 15 años, que terminó con represión. Esas mismas chicas encabezaron una movilización a la UFI N°4 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez para exigir justicia. Esas mismas chicas se pararon cara a cara con oficiales de la Bonaerense -dos días después de que esa fuerza se amotinara alrededor de la Quinta de Olivos- y les cantaron: “Yo sabía que a los femicidas los cuida la policía”. Candela, una joven de 20 años de Álvarez, lleva un cartel que dice: «La policía no nos cuida, nos cuidan nuestras amigas». La joven explica no sólo qué significa ese cartel, sino también la lectura de una nueva generación que pone el cuerpo y los pies en la calle para exigir, con rabia y dolor, justicia por sus amigas: “Todas salimos a luchar por lo mismo. El cartel significa que la policía nunca está presente. Siempre que nos pasa algo, nunca está. La culpa es de los asesinos y violadores que ellos dejan sueltos. Por eso nos cuidan nuestras amigas: nos preguntamos si llegamos, nos pedimos la ubicación. Nos tenemos entre nosotras”. La marcha también es una ceremonia: así una joven de 23 años pide el micrófono y cuenta -por primera vez- que hace 10 años una persona mató a hachazos a su mamá y a su hermana, de 3 años. Por eso, frente al cordón policial también está Bianca, 14 años, una de las mejores amigas de Ludmila, que sintetiza a la perfección el abrazo que recibe la joven: “Esto es rabia”.